Temas de interés nacional e internacional....

Bachelet y su propuesta en educación: más Estado,

por María Paz Arzola.

La candidata Presidencial, Michelle Bachelet, entregó recientemente su programa de Gobierno. En materia educacional pretende llevar a cabo grandes cambios, entregando al Estado funciones que no ha demostrado ser capaz de asumir exitosamente, y minimizando la injerencia de las escuelas y las familias.

Pareciera que la tranquilidad de los recursos frescos que supuestamente traerá la eventual reforma tributaria, le dio una inmensa ambición al equipo de la candidata de la Concertación más el Partido Comunista, mientras que les hizo olvidar la cautela para plantear medidas realistas que puedan ejecutarse en cuatro años, y de la experiencia de los sistemas educativos en el mundo, así como de lo que se ha hecho en últimas décadas en nuestro país (incluyendo su propio Gobierno entre el 2006 y 2009).

Una de las principales medidas que plantea la reforma educacional de Bachelet 2014, está establecer la educación “como un derecho social”, creando “garantías explicitas en acceso, calidad y financiamiento”. ¿Significará esto que el Estado deberá responder por la insatisfacción de un estudiante en alguno de estos ámbitos, tan ambiguos por lo demás? ¿Será capaz de hacerlo? Ya vimos lo que ocurrió con la Universidad del Mar: el Estado, a través de la Comisión Nacional de Acreditación, certificó su calidad, pero se equivocó. Y hoy está tratando de compensar a miles de jóvenes que fueron víctimas de su error.

En educación parvularia, tal como lo hizo en su anterior Gobierno, la hoy candidata propone crear más salas cunas y jardines infantiles. Pero falta una propuesta que apunte a mejorar la calidad, de manera que las madres confíen y quieran llevar a sus niños a este nivel educativo. Para esto, no sólo se debe aumentar el número de profesionales por niño, sino también mejorar su formación.

En educación escolar se pretende fortalecer el rol del Estado como proveedor. Para lograr esto, en primer lugar, expropiará la libertad que tienen hoy los privados con fines de lucro de emprender proyectos educativos. Si un estudiante quiere recibir recursos públicos para asistir al establecimiento educativo de su elección, sólo podrá hacerlo si el Estado, primero, está de acuerdo. Así, niños de escasos recursos que estudian en excelentes colegios -como el Francisco Ramírez de San Ramón, Martín Abejón de Constitución, o Ignacio Carrera Pinto de Coronel-, no recibirán financiamiento público y deberán cambiarse a la escuela Municipal más cercana, quizás de resultados mediocres, y que de hecho por alguna razón no fue elegida en primera instancia. De la mano con lo anterior, va el fin del financiamiento compartido: en lugar de focalizar los recursos escasos en los sectores más vulnerables, financiando lo que ellos no pueden, se reemplazarán los recursos que aportan quienes sí están en condiciones de hacerlo.

En segundo lugar, para fortalecer la educación pública se propone una nueva institucionalidad que se haga cargo de las escuelas municipales, incluso de aquellas Comunas que hoy lo están haciendo bien. No queda claro por qué esta administración sería mejor que la actual, si de hecho no resuelve los problemas de fondo del sector Municipal: excesiva burocracia y falta de autonomía de las escuelas, y desalineamiento entre atribuciones y responsabilidades, que no permite atraer a buenos profesores. Esto nos recuerda al Transantiago, un experimento construido desde arriba, que costó y sigue costando millones de dólares, pero que no fue una solución para los santiaguinos, pues no se puso en sus zapatos ni pensó en la realidad local.

En educación superior se plantea avanzar en gratuidad, pero en seis años, de manera que en el próximo período se llegaría al 70%; es decir, diez puntos más que lo que dejará el Gobierno de Sebastián Piñera (60%). Falta explicitar de qué forma se hará y explicarle a los 8 de cada 10 jóvenes del 20% más pobre del país, que de todas formas esta gratuidad no será para ellos, pues no les resolverá los verdaderos problemas que deben enfrentar y por los cuales la educación superior ni siquiera es una alternativa para ellos. Del mismo modo, habrá que explicarle a las universidades y sus estudiantes que el financiamiento no será gratis: el Estado se instalará en sus salas de clase, para definir qué carreras se deben impartir, de qué forma deben dictarse, quiénes deben estudiarlas y dónde deberán trabajar luego de egresar.

Por último, se propone la creación de universidades Estatales en Aysén y O’Higgins, sobre las cuales no debe haber estudio de factibilidad, pues de hecho en O’Higgins ya fracasó un intento similar el 2008, lo que no sólo significó una pérdida de millones de recursos, sino peor aún, fue una decepción para jóvenes que creyeron en un sueño que rápidamente se hundió.

Una razón para votar es que no nos obliguen a hacerlo,

por Eugenio Guzmán.

Los seres humanos, y entre ellos específicamente un “fenotipo” particular, los políticos, tienen una increíble capacidad para atribuir intenciones a objetos y fenómenos como, asimismo, inferir a partir de allí conclusiones, que si se las analiza en detalle, no necesariamente se han de seguir.

En este sentido, el ex Ministro de Relaciones Exteriores y actual Senador y Presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, al igual que su hermano, el también Senador Patricio Walker, han interpretado los dichos de Bachelet sobre el voto voluntario como un giro en la dirección de discutir la oportunidad de volver al voto obligatorio.

La verdad sea dicha, las expresiones de Bachelet sólo hacen referencia a un cambio de opinión respecto de los efectos que éste tiene en materia de abstención. En concreto, ella señala: “Me ha cambiado la opinión (los resultados de las Municipales), porque yo antes creía que era importante el voto voluntario, porque obligaba a las fuerzas políticas a tener estrategias atractivas para que a la gente le diera ganas de ir a votar, y yo creía que a los chilenos les encantaba ir a votar, pero parece que era porque estábamos obligados a ir a votar, entonces estamos tratando de entusiasmar a la gente de que vaya a votar. Convencer a la gente que cree que yo ya estoy elegida de decir que aquí no hay carrera corrida”.

En buenas cuentas, precisamente el cambio de opinión es respecto de cuánto les gusta votar a los chilenos. Pero eso no es todo, Bachelet confirma su visión original acerca de la importancia de que los partidos (y también los candidatos) entusiasmen a la gente a ir a votar. En consecuencia, lejos de ello, las atribuciones e intencionalidad atribuida a los dichos de Bachelet no son para nada evidentes.

Más allá de interpretaciones y exégesis, importa destacar que parece poco serio que a menos de dos años de publicada la Ley, y uno de ser aplicada, se sugiera su cambio y obligar a los chilenos a votar, suponiendo que ello mejorará la calidad de nuestra democracia y candidatos.

Sólo a modo de ejemplo, entre las sociedades con los mayores niveles de libertad política y respeto a las libertades civiles en el mundo, en sólo 12 de ellas existe voto obligatorio, y de ellas en 9 o no existen sanciones, o las multas asociadas son poco significativas. Democracias como la norteamericana, sueca, neozelandesa y alemana, por citar algunas, no han necesitado del voto obligatorio para el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, independiente del número de votantes. Nadie cuestionaría que por tener voto voluntario, se trata de democracias cuya calidad sea débil. Y en el caso de países como Italia, Holanda y Grecia, que con voto obligatorio pero sin sanciones o en que en la práctica no las aplican, deja en evidencia que la solidez democrática hay que buscarla en otros factores distintos de la obligatoriedad.

Existen argumentos a favor y en contra, pero lo concreto es que la obligatoriedad no se traduce en mayor interés por los asuntos políticos a juzgar por el grado de confianza en partidos políticos a nivel mundial. Por su parte, la abstención puede reflejar muchos fenómenos, desde el escepticismo respecto de las elecciones al conformismo con la política. En todo caso, resulta sorprendente que los efectos de obligar a votar, tales como incentivar decisiones poco informadas y conductas negativas, tales como el voto nulo y blanco, no sean recordados. En este sentido, lo mejor que pueden hacer quienes no quieren que se les obligue a votar, por paradójico que parezca, es precisamente hacerlo.

La nueva Constitución y la economía,

por Sergio Verdugo.

Aunque  persisten las dudas respecto del mecanismo que se plantea para aprobar la Constitución que propone Bachelet (y a las dificultades que implica presentar un proyecto de esta envergadura algunos días antes de la elección), sus contenidos aún no han sido discutidos, en especial en lo que se refiere a la doctrina económica que existe detrás de esta iniciativa.

En primer lugar, el proyecto suscribe la tesis del Estado Social y la implementación de derechos sociales mediante el auxilio de los Tribunales. Ello abrirá muchos debates relativos al rol del Estado en su carácter de regulador y actor dentro del mercado, del crecimiento del gasto público y del aparato burocrático, del rol de los particulares en áreas que persiguen fines sociales y, probablemente, al mayor rol protagónico (y no subsidiario) de las empresas Estatales.

 En segundo lugar, el proyecto no es muy preciso respecto de algunas instituciones que son importantes para la economía del país, como ocurre con el Banco Central y la Contraloría General de la República. El proyecto sólo dispone que se garantizará su autonomía mediante lo que establezcan las Leyes, las que serán aprobadas o modificadas por simples mayorías. Lo anterior podría significar el riesgo de una mayor vulnerabilidad de la autonomía y carácter técnico tanto en la toma de decisiones en materia monetaria como en el control de las finanzas públicas.

Lo anterior es especialmente delicado si no se reducen las enormes facultades Legislativas del Presidente de la República. Un Jefe de Estado tan poderoso como el nuestro, teniendo simple mayoría y contando con los enormes poderes Legislativos que posee, tendrá pocos incentivos para llegar a acuerdos con la oposición en la determinación de las reformas a estos organismos.

En tercer lugar, el proyecto omite algunas cuestiones elementales para la tradición Constitucional. En él se menciona la propiedad privada, pero no se dice nada respecto de las garantías para quienes sufren una expropiación (siendo la más importante el pago de una indemnización); ni tampoco menciona el estatuto tributario (impuestos). Nuestra regulación actual ordena que los tributos sean creados y modificados por Ley, acogiendo el viejo principio que dice que no habrá impuestos sin representación Parlamentaria. Ambos principios (indemnización para el expropiado y legalidad del tributo) están diseñados para proteger a los contribuyentes de la arbitrariedad del Ejecutivo, y su omisión reduce el control político sobre el Presidente. Si la omisión de estos principios se debe a que el proyecto pretende mantener las reglas Constitucionales actuales que no explicita, la lógica podría aplicarse a todas las cuestiones que no menciona, como el Consejo de Seguridad Nacional.

El mayor perdedor con esta propuesta podría ser el propio Congreso, el que vería reducida su influencia si no se rectifican algunas de estas cuestiones. Muchas otras propuestas ofrecían un mejor equilibrio en la relación entre el Presidente y el Congreso, cuestión que debería ser considerada por Bachelet si se quiere evitar el camino del cesarismo Presidencial que, sumado al fantasma de la reelección del Presidente, podrían convertir a Chile en un país menos democrático.

Jueces y transparencia,

por Ricardo Leiva.

La propuesta del Gobierno de crear un Observatorio Judicial ha sufrido ya tantos contratiempos, que se ha desviado la atención del problema de fondo: la necesidad de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema Judicial chileno.

Según la última encuesta UDP, los Tribunales de Justicia forman la institución menos confiable de Chile tras los partidos políticos y el Congreso: el 42% de los chilenos confía nada en los Tribunales y otro 45% confía poco. Pero los datos arrojan diferencias sociales significativas: el 30% del segmento medio-alto desconfía totalmente de la Justicia, en comparación con el segmento bajo, donde ese porcentaje sube al 50%. Seguramente, las personas menos pudientes perciben que sólo quienes pueden pagar buenos abogados tienen derecho a acceder a la Justicia.

Otros sondeos de opinión, como la encuesta CEP, arrojan idénticos resultados, lo  que nos lleva a concluir que los Tribunales chilenos afrontan una crisis reputacional potente, que se agrava con el tiempo.

A sucesivos fallos Judiciales que resultan incomprensibles para la ciudadanía, como la reciente suspensión del proceso contra los activistas que se tomaron el ex Congreso, se suma una aparente “impunidad” de los Jueces para dictaminar sin rendir cuentas a nadie, ya que su sistema de calificaciones ha sido reiteradamente considerado como ineficiente por destacados profesores de Derecho.

Como la delincuencia es el problema que más preocupa a los chilenos (CEP, julio-agosto 2013) y el Gobierno siente que parte de la solución pasa por los Tribunales, éste anunció la creación del mentado Observatorio, el que ahora saldrá adelante gracias a la decisión de la Universidad Adolfo Ibáñez.

La Corte Suprema respondió a la iniciativa de La Moneda señalando que ésta podía restarle independencia al Poder Judicial. La pérdida de independencia suele ser el argumento de quienes no comprenden que la autonomía institucional en las naciones democráticas tiene como contrapartida una rendición de cuentas cabal, medible y frecuente. Instituciones como el Banco Central son autónomas, pero también muy confiables, gracias a que cumplen metas cuantificables (mantener la inflación en un rango del 2 al 4%), rinden cuentas ante la opinión pública y el Senado cada tres meses, divulgan diariamente información de calidad urbi et orbi y hasta publican las minutas de sus sesiones de Consejo para conocer los fundamentos de sus decisiones.

Sólo una institución transparente puede ser plenamente autónoma y confiable. Los Jueces son servidores públicos y sus decisiones afectan la vida de todos los ciudadanos. Precisamente porque forman un poder independiente, en democracia tienen la responsabilidad de justificar públicamente los fundamentos de sus decisiones, y evidentemente esos motivos y actuaciones pueden y deben ser escrutados y/o rebatidos por cualquiera, pues hasta los reyes hoy se ven sometidos a la crítica y al control ciudadano. La transparencia y la rendición de cuentas son el prerrequisito de la legitimidad democrática y la independencia que son esenciales para una sólida administración de la Justicia.

Dificultades para consensuar la Ley de Lobby.

La Ley de Lobby que se está tramitando en el Congreso consiguió ser aprobada de manera general en el Senado, pero varios de sus artículos fueron pasados a Comisión mixta por no contar con los acuerdos necesarios. Algunos de los que han tenido mayor intensidad de debate se refieren a la necesidad de que no solo los Parlamentarios, sino también sus asesores, difundan de manera transparente las reuniones que sostengan con representantes de grupos de interés. La precisa redacción de los artículos de una Ley de esta especie —y, como consecuencia de lo anterior, los detalles rutinarios a que conduzca su aplicación práctica— resultan cruciales para que una Legislación sirva en forma adecuada a los objetivos que motivaron su proposición, algo a lo que, horizontalmente, todos aspiran.

El lobby —esto es, la entrega de información interesada por parte de quienes resultan afectados positiva o negativamente por una determinada Legislación— a los Parlamentarios, miembros del Poder Ejecutivo y grupos asesores, todos los cuales participan finalmente en su redacción, presentación y eventual aprobación o rechazo, es una actividad que, lejos de ser indeseable per se, es necesaria: es la manera que tienen quienes cargan con la responsabilidad de llevar adelante ese proceso —Ejecutivo y Legislativo— de recibir información relevante para tomar sus decisiones, así como para conocer las legítimas preocupaciones de los interesados, sean estos empresas, organizaciones ciudadanas u otras instancias.

Sin embargo, no pocos han querido presentar al lobby como una actividad intrínsecamente sospechosa o corrupta, cuyas acciones solo apuntarían a modificar las decisiones de la autoridad por medios ilícitos o indebidos. Precisamente, lo que una buena Ley de lobby debe buscar es establecer una línea divisoria entre aquel que es legítimo y socialmente útil, y aquel que sea ilícito. Pero eso no es en absoluto fácil de lograr, puesto que las conductas legítimas y las ilícitas pueden tener, unas y otras, un aspecto formal exterior muy similar, que hace difícil distinguirlas. De allí que la Ley respectiva deba buscar maneras indirectas, que minimicen las opciones de ocurrencia de las ilícitas.

Procurar la transparencia de las reuniones entre quienes hacen lobby y los miembros y funcionarios del Ejecutivo o del Congreso es, ciertamente, un requisito esencial. Pero extremar esa transparencia hasta paralizar la vida de las autoridades sería impracticable. Encontrar un justo equilibrio aconseja revisar acuciosamente la Legislación comparada. Es probable que imponer sanciones ejemplares a quienes transgredan la normativa y velar por la efectiva aplicación de las mismas sea un buen inhibidor de conductas indeseadas, en aquella parte en que ese justo equilibrio no haya podido impedir que ocurra.

Deterioro patrimonial urbano.

La sucesiva pérdida —sea por los terremotos, ahora por los incendios o siempre por la despreocupación o irresponsabilidad de ciudadanos y autoridades— de las construcciones de valor patrimonial que aún se conservan en distintas ciudades de Chile es doblemente lamentable tanto por su valor intrínseco como por su escaso número, en comparación con la riqueza de otras naciones latinoamericanas en la materia. Ello ocurre a lo largo del país, pero en el último tiempo la alarma se ha concentrado en el caso de Valparaíso por el riesgo de perder la distinción de nivel mundial que le fue otorgada a su centro histórico. También, por desgracia, Santiago viene siendo víctima desde hace décadas de un deterioro parecido, y en la madrugada de ayer vivió un episodio más con el incendio del Palacio Aldunate.

Ese edificio, situado en la esquina de calle Ejército con la Alameda y construido en 1915, forma parte del antiguo sector residencial que alcanzó su mayor esplendor a inicios del siglo pasado, antes de que comenzara la emigración de los santiaguinos con mayores recursos hacia el “barrio alto”. Aparte de sus méritos arquitectónicos, este lugar fue la sede —cuando ya no cumplía su primer destino de lujosa vivienda familiar— de las actividades de los jóvenes católicos, que fueron muy intensas en especial en la década de 1940. En la dirección de Ejército 1 se reunían los universitarios de la AUC, de donde surgieron numerosos dirigentes destacados luego en la política, y en Ejército 3, en el segundo piso del inmueble, la Juventud de la Acción Católica, movimiento que reunió 15.000 afiliados en todo Chile con la asesoría y liderazgo religioso y social del padre Alberto Hurtado.

No hace mucho, cerca de ahí, se dañó —en forma no tan irreparable— el edificio de Alameda con Dieciocho, pero el desacuerdo del propietario con la autoridad respectiva y la poca flexibilidad de las normas sólo han permitido reparar la fachada. Antes (tras largos años de abandono) hubo mejor solución para el Palacio Pereira. Las exigencias para los dueños son rígidas y los estímulos para la conservación, mínimos. Algo similar ocurre con los barrios cuya identidad se intenta proteger. Un comité de asesoría Presidencial estudió meses atrás propuestas para armonizar los intereses privados y públicos en base a subsidios y usos razonables y controlados que respeten el patrimonio, aprovechando experiencias extranjeras, pero se requiere una política urbana integral y quizás un vínculo más estrecho del Consejo de Monumentos Nacionales con los Ministerios relacionados, incluido por cierto el de Cultura.

La Alcaldesa de Santiago ha manifestado voluntad de recuperar el entorno de la Plaza de Armas y cuidar el futuro de algunos barrios, y lamentó este “ritmo de incendios” que afectó al Palacio Aldunate, pidiendo que los residentes de los edificios históricos prevengan y cuiden su seguridad. Lo importante es que estas catástrofes, que siguen repitiéndose, detonen de una vez por todas una reacción capaz de encontrar, como las hay en otros países, la fórmula adecuada para una solución definitiva antes de que sea demasiado tarde.

Inestabilidad en economía mundial.

La decisión del Banco Central Europeo de recortar su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, para dejarla en 0,25% anual, su menor nivel histórico, da cuenta de que la economía mundial sigue sujeta a importantes riesgos, si bien algo más acotados que los previstos a comienzos de año, lo que obliga a una actitud de especial cautela.

Diversos expertos han puesto de manifiesto que la economía global podría estar dando los primeros pasos hacia un cuadro deflacionario, fenómeno de difícil identificación y, por lo mismo, de compleja resolución, caracterizado por una espiral de bajas de precios que puede llevar a un estancamiento económico. La inflación interanual de la zona euro se ubicó en 0,7% en octubre, muy por debajo del 2,5% de hace sólo un año, lo que previsiblemente incidió en la decisión del BCE de recurrir al estímulo monetario, dejando abierta la puerta para otro tipo de medidas “no convencionales”.

El promedio de inflación de los países Ocde se ubica en 1,5% (contra el 2,2% de 2012), mientras que la inflación en Estados Unidos también se ubica por debajo del 2%, objetivo implícito de la Reserva Federal. Estos fenómenos tienen el potencial de afectar la relativamente tenue recuperación que se ha observado en la economía mundial, y obligará a los gobiernos y bancos centrales a una tarea de constante monitoreo.

La economía chilena ha entrado en una senda de desaceleración. El Imacec de septiembre fue preliminarmente de 3,9%, lo que sumado a otras variables ha hecho anticipar a varios economistas que en 2014 el PIB podría expandirse en torno a 4%, o incluso bajo esta cifra, mientras la inflación doméstica se ubica bajo el rango meta que ha fijado el Banco Central. El cuadro interno algo más adverso, sumado al incierto escenario externo, no parece haber tenido la debida atención en la presente contienda electoral, lo que debería ser corregido.

Enfoques Internacionales: 2016 en la mira de EE.UU.

Christie arrasó, con más del 60% de los votos, en un Estado que apoyó ampliamente a Obama el año pasado. Y si bien algunos piensan que eso se debió a su personalidad y a la manera como enfrentó los devastadores efectos de un huracán que azotó su Estado, muchos creen que obtuvo el éxito por su enfoque político moderado y pragmático, que lo diferencia de la derecha representada por la facción del Tea Party. En efecto, Christie ha trabajado con los demócratas sin inconvenientes, y ha criticado la manera divisiva de hacer política en Washington.

Tras las elecciones, se abrió el debate sobre cómo debe el Partido Republicano trabajar para recuperar el poder en 2016. En la línea de Christie están quienes consideran que el ideologismo del Tea Party ha producido el alejamiento de muchos votantes, y que es hora de moderar las propuestas y actuar con mayor realismo ante los temas económicos y sociales que dividen fuertemente al electorado. En el otro lado, las posturas principistas tienen también partidarios, y algunos consideran que la derrota por pocos puntos de Ken Cuccinelli, en Virginia, se debió más a la falta de recursos para la campaña que a un rechazo categórico de su línea política. A Cuccinelli, que encabezó una implacable campaña contra el programa de salud de Obama, puede haberle pasado la cuenta el shutdown del Gobierno, que afectó fuertemente a los habitantes del Estado, pero también el hecho de que en temas valóricos no estuvo en sintonía con el electorado.

Si Christie tiene opciones de ganar las primarias de su partido, en 2016, se verá con el tiempo. Por ahora, una señal de que sí podría hacerlo es que los demócratas lo consideran el más duro rival y ya han iniciado una campaña para desprestigiarlo.

Vuelco total en la política de Nueva York.

De las varias ciudades importantes que elegían a sus Alcaldes, Nueva York era con mucho la más interesante, porque ahí estaba en juego el legado de dos Ediles emblemáticos que terminaron con la alta criminalidad. Rudolph Giuliani y Michael Bloomberg bajaron las altas tasas de delitos hasta hacer de Nueva York una de las grandes urbes más seguras del mundo. Más policías en las calles, prioridad a la prevención del crimen y un sistema informático que mejora la gestión policial fueron algunas de las medidas que contribuyeron a disminuir la violencia desde mediados de la década de 1990, al punto que en lo que va de este año la tasa de homicidios cayó 27% respecto de 2012, y podría ser equiparable a la de los años 50.

El electorado neoyorquino dio un vuelco total a la política de la ciudad, después de 20 años de dominio republicano. Bill de Blasio, el Alcalde electo, anunció que terminará con la política de “detener y registrar” (stop and frisk), que para muchos es clave para prevenir el delito, pero que para el demócrata y sus partidarios es discriminatoria e indigna para las minorías, ya que son los hombres de color y los hispanos los objetivos principales de esta inspección. Una Juez dictaminó que lo que hacía la policía era inconstitucional. Habrá que esperar a ver qué medidas efectivas tomará como alcalde para mantener controlado el delito, y si con ellas la ciudad sigue siendo un ejemplo de lucha antidelincuencia.

Otra de las medidas anunciadas por De Blasio —un ex simpatizante de los sandinistas nicaragüenses, quien estudió en la New York University y en Columbia, y llegó a ser asesor de la campaña Senatorial de Hillary Clinton— es la de subir los impuestos a los más ricos para financiar mayor cobertura preescolar y alargamiento de la jornada colegial. La desigualdad le molesta a De Blasio, pero ella es propia de un lugar como Nueva York, donde los empresarios van a hacer dinero y los inmigrantes pobres buscan oportunidades. Lograr el equilibrio entre los dos mundos, sin deteriorar la urbe, es el gran reto del nuevo Alcalde.

Reforma para evitar reelección en Brasil.

Los últimos Presidentes de Brasil han ganado una reelección por amplio margen. Algo parecido ocurre en el nivel de Gobernadores y Alcaldes. Dilma Rousseff, quien se recuperó de una abrupta caída de popularidad, podría ser la última Mandatario en buscar un segundo período si prospera el proyecto de una comisión de la Cámara Baja. Los Diputados afirman que “el proceso de reelección crea distorsiones”, como adelantar las campañas con un “Presidente-candidato” que usa el aparato público para su beneficio, lo cual “genera una disputa desigual”.

En América Latina se ha expandido la fiebre por las reelecciones indefinidas. En Ecuador, Bolivia y Venezuela ya ocurre así. Los partidarios de Cristina Kirchner estaban muy proclives a hacerlo. En el caso de Brasil, como Colombia y otros, los Mandatarios solo pueden reelegirse una vez, costumbre copiada de EE.UU., donde el período Presidencial de cuatro años fue considerado corto para cumplir todas las promesas, pero suficiente para comprobar la capacidad del Ejecutivo.

Correspondencia destacada.

Señor Director:

Derechos sin obligaciones.

En relación con la proposición de varios candidatos de “universidad gratuita para todos”, llama la atención, igual que muchas otras proposiciones de corte similar, que el énfasis está puesto en garantizar derechos, pero en ninguna parte aparece como una contrapartida natural la de establecer obligaciones.

En el caso de “universidad gratuita para todos”, cabe preguntarse si ello significará un incentivo para los estudiantes a estudiar más y hacer un esfuerzo para terminar sus carreras en un plazo razonable, o, más bien, como ha sucedido en otros países cercanos, esta situación llevará a muchos, sobre todo a los de mayores recursos, a prolongar innecesariamente su grata vida universitaria financiada por los recursos de todos.

Gastón Josephson Reizin.

Señor Director:

Reforma tributaria.

El equipo económico de Michelle Bachelet informó que la reforma tributaria propuesta recaudaría 3% del PIB. Estimo que dicha reforma no recaudará más del 2% del PIB una vez en régimen: 0,5% vía menor elusión y 1,5% por mayores tributos. Lo anterior bajo el fuerte supuesto de “ceteris paribus”; es decir, asumiendo que el crecimiento del país no baja producto de dicha reforma y otras medidas que implementarían. ¿Financiarán la menor recaudación vía una mayor reforma tributaria, más endeudamiento del Estado, o incumpliendo compromisos?

Paul Fontaine B.

Nuestra posición en las próximas elecciones.

Nosotros no seremos cómplices de entregar al país amarrado de pies y manos a la corrupta concertación + el partido comunista (Nueva Pillería o Nueva Porquería), por eso simplemente votaremos por Evelyn Matthei como candidato a la Presidencia de la Republica, por postulantes al Parlamento que no sean estatistas y por aspirantes a CORES de ideas libertarias...

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.