Chantajistas en tiempos de elecciones,
por Joaquín García Huidobro.
“O haces lo que quiero o paro el país”. Hay
chilenos que parecen haber olvidado que no existe democracia sin Legalidad,
gente que cree que el respeto a la Ley esta muy bien… para los otros. Ayer era
los funcionarios del Registro Civil, de Correos o los mineros. En estos días
son los empleados Municipales. Todos ellos se encuentran en una posición única:
ejercen funciones que son vitales para la marcha de la República y se
aprovechan de ellas para extorsionarnos.
Otro tanto sucedió con la huelga del Servicio
Médico Legal, afortunadamente depuesta el viernes. Sus funcionarios estaban
entregando solo cuatro cuerpos al día en Santiago, y uno en el resto del país.
Parece que olvidaron lo que significa recibir a un hijo o un hermano muerto, ¿o
ese principio era sagrado solo respecto de los hechos que ocurrieron hace años,
pero ahora dejó de ser importante? Su servicio de Ginecología, que atiende a
las mujeres que han sufrido violaciones, operó varias veces a media máquina.
¿Qué razón le darían a una mujer que estaba sufriendo la mayor angustia que
cabe imaginar? ¿Le dirán que la época electoral es el momento preciso para
negociar y que tuvo mala suerte al ser violada en noviembre? Los cadáveres y el
dolor se transforman en un medio de presión.
Como si lo anterior fuera poco, los huelguistas
afirman que sus paralizaciones son pacíficas. Triste concepto de paz el suyo.
¿Puede ser pacífico dejar a una ciudad sepultada de basura y poner en riesgo la
salud de millones de chilenos? ¿No es acaso violento que se impida a una
familia recibir a uno de los suyos que murió asesinado o en un accidente? Si
uno les hace ver su despropósito, dicen que sus pretensiones son justas.
Parecen afectados por la amnesia. En efecto, ¿no habíamos acordado vivir en un Estado
de Derecho? ¿No habíamos renunciado a la posibilidad de hacernos Justicia por
mano propia, para tomar decisiones mirando el bien de Chile y no las presiones
de grupos particulares?
Nadie piensa que esas autoridades son
infalibles. Pero si a uno no le gusta el criterio con que reparten los
recursos, siempre tiene la oportunidad de elegir a otros Gobernantes. Hoy no es
el momento de huelgas, sino de votar. Su proceder indica que los chantajistas
no están dispuestos a jugar a la democracia.
La radicalidad que mostraron los huelguistas y
la intransigencia de sus posturas parecen revelar un talante narcisista, la
creencia de que su caso es completamente singular. ¿Solo ellos piensan ser
víctimas de una injusticia? ¿No tendrían los Bomberos iguales o mejores razones
para paralizar, puesto que todavía no pueden reconstruir muchos cuarteles
afectados por el terremoto? ¿No podrían irse a huelga los Carabineros en
protesta por las injusticias de que son objeto por parte de ciertos movimientos
sociales? Pero no, los huelguistas pueden dormir tranquilos porque saben que Bomberos
y Carabineros son distintos, no están dispuestos a tomar medidas que pongan en
peligro los altos intereses de la Patria.
Hasta hace unos días, los empleados Municipales
mantenían “turnos éticos”. Pero como había que apretar la presión, incluso ese
mínimo ha sido atropellado: esos turnos se terminaron. Parece que la ética es
buena solo mientras no moleste demasiado. Con esto, su movilización ha
terminado de perder cualquier resto de legitimidad que le quedara.
Los hechos de estos días muestran que en Chile
se ha instalado una cultura del chantaje. El que se limita a pedir es un tonto:
hay que extorsionar, poner en peligro los bienes fundamentales de la
convivencia.
¿Cómo explicar este penoso fenómeno? Las causas
son variadas. De una parte, es el fruto de una educación que hace caso omiso de
los deberes. Como dice Derrick, si una persona ha sido educada solo en términos
de derechos, su reacción natural será preguntarse a cada paso: “¿Estoy
disfrutando de todos mis derechos?”. Como el mundo es imperfecto, la respuesta
será parcialmente negativa, y estará acompañada de una constante frustración y
de sistemáticos reproches a la sociedad. El descontento que observamos en nuestro
país no es una casualidad, sino el resultado de una pedagogía unilateral, que
bajo la retórica del empoderamiento produce ciudadanos narcisistas.
Por el contrario, cuando una persona ha sido
educada en términos de deberes, tenderá espontáneamente a preguntarse si hace
todo lo que debe a favor de los demás. La respuesta será, en parte, negativa,
pero el descontento se dirigirá contra sí mismo y dará origen a un deseo de
superación.
Detrás de esa serie de huelgas de servicios
vitales para el país, está también la pérdida de la noción de bien común. “Si
dañando al país consigo lo que quiero, ¿qué importa?”. Muchos conciben la vida
social como un juego de suma cero, donde la única manera de que yo gane es que
otro pierda. Para ellos no existe un bien que sea común a todos, sino solo una
lucha despiadada de diversos intereses particulares que buscan capturar en su
favor el aparato estatal.
Pero no todos los que están en huelga son unos
narcisistas. En ocasiones, su reacción es comprensible porque resulta el fruto
de años de rencor acumulado: “Otros han abusado de mí, ahora es mi turno de
desquitarme”. Sin embargo, es un mal camino, que solo consigue expandir el
resentimiento.
No faltan tampoco los políticos que han
mantenido posiciones ambiguas. Les parece que estos desordenes les convienen.
La sensación de ingobernabilidad comprobaría que solo ellos pueden Gobernar.
Otras veces es una simple cobardía: hay Alcaldes que no se atreven a pasar un
mal rato y dejan todo el problema a la autoridad.
El Gobierno ha mantenido una actitud
responsable. Para él habría sido muy fácil ceder indiscriminadamente y dejar
que la próxima administración se las arregle como pueda. Ha hecho bien al
proceder con firmeza, aun a riesgo de ser poco simpático. Así debe ser. La
democracia es una formidable apuesta a favor del sentido común de las personas,
de su capacidad de moderar sus demandas y pensar en el bien social. En suma, no
consiste en tratar a los ciudadanos como niños consentidos.
¿Le fue rentable septiembre?,
por Axel Buchheister.
La pregunta se refiere a si el Presidente
Piñera acertó al asumir la agenda digitada por la Nueva Mayoría durante ese mes
respecto de la cuestión de derechos humanos, reviviendo los fantasmas del
pasado, lo que terminó complicando a su propio sector. Los hitos de su acción
personal fueron la alusión a los cómplices pasivos, el cierre del penal
Cordillera y decir que Evelyn Matthei se equivocó al votar Sí en el plebiscito.
La opinión que tiende a asentarse es que
efectivamente acertó, prueba de lo cual son los resultados de las encuestas
conocidas recientemente, en que mejora su aprobación. Conforme el sondeo del
CEP mejoró entre una medición y otra de 31% a 34%, y en la reciente encuesta
Adimark alcanzó el emblemático 40%, cifra que suena a punto de quiebre y que
además se asimila a la adhesión electoral de la centroderecha. Lo confirmaría
también el alza en los atributos de liderazgo y toma de decisiones, en que el
cierre del mentado penal sería el detonante.
Puede ser, pero hay también otras
explicaciones. Desde luego, una -que no es incompatible con la visión anterior-
es el hecho de que está llegando al fin de su mandato, lo que gatilla
instintivamente un análisis en perspectiva por parte de la gente, con opiniones
más de “balance” que de coyuntura. Ricardo Lagos y Michelle Bachelet
incrementaron sistemáticamente su aprobación hacia el final; con Eduardo Frei
no fue así, porque terminó con una coyuntura económica mala, que nubló el
panorama de su mandato. Y como en Chile las cosas han estado bien, a pesar de
las quejas, merced en realidad al modelo más que lo que hayan hecho los Presidentes,
la gente le dispensa al que se va su aprobación. Esta explicación garantiza que
la buena racha ascendente del Presidente continuará.
Hay una tercera hipótesis, no compatible con la
primera: que lo único que el Presidente logró fue la aprobación de quienes no
votaron por él ni nunca lo harán, como tampoco por la centroderecha. Partidarios
de la izquierda que, preguntados en agosto por su aprobación, la negaban, que
después de septiembre, regocijados, la conceden. Pero requeridos a decir si
votarían por él, la respuesta sería “jamás”. Todo, a costa del desaliento, la
confusión, la división o el enfado entre muchos de sus votantes. El 40% de
aprobación puede ser una victoria pírrica; o sea, no obtuvo realmente nada y
produjo daño.
¿Cuál es la hipótesis correcta? Difícil
afirmarlo con certeza, pero es posible que el resultado de esa ecuación, entre
los que no son y aprueban, y los que son y no aprueban, esté produciendo
efectos en la intención de voto de la candidata Presidencial de la
centroderecha, que según todos los sondeos dista del piso del sector, lo que ha
generado una inquietud que se transmite al resultado de las Parlamentarias,
respecto de las cuales sobran los rumores de doblajes en todas partes -a
nuestro entender, sin mucho fundamento-, pero que envuelven el peligro de la
profecía autocumplida.
Lo cierto es que estamos a una semana de
conocer la verdad. Si los resultados dan la razón a los agoreros, habrá cuentas
por cobrar. Y ahí quizás se ratifique algo que hemos sostenido antes: la
obsesión por figurar en las encuestas puede ser mala consejera y, a la larga,
un mal negocio.
Temor infundado sobre el Observatorio de Jueces,
por Cristóbal Lira.
El Observatorio de Jueces ha provocado
diferentes reacciones en el mundo académico y de los diferentes actores del
sistema procesal penal, algunas positivas y otras naturalmente reactivas a lo
desconocido. En ningún caso el Poder Ejecutivo pretende intervenir en las
funciones Constitucionales de Poder Judicial, particularmente revisar los
fundamentos o contenidos de las resoluciones. Muy lejos de eso, el proyecto
busca esencialmente el análisis estadístico de las sentencias de los Juzgados
de Garantía y Tribunales Orales en lo Penal para ser una contribución a quienes
tienen la responsabilidad de desarrollar políticas públicas en materia de
control y sanción de delitos.
Algunas personas han señalado que la
información de las sentencias en materia penal es de acceso público para
terceros; sin embargo, eso tiene sus matices, puesto que escuchar una lectura
resumida en una audiencia pública o acceder a la página web del Poder Judicial,
y así saber si se dictó o no una sentencia, no es lo mismo que acceder como
terceros no intervinientes en el proceso a la actuación Judicial íntegra
(digital o físicamente) para observar en detalle su contenido y así levantar
información estadística de calidad que hoy no existe. Incluso la Ley establece
que, en todo caso, dicha información será pública transcurridos cinco años, por
lo que el Observatorio de Jueces podría encontrarse, no lo sabemos, con
limitaciones de hecho que le permitan ver solo hacia el pasado menos cercano
para reorientar los esfuerzos y estudios en materia de delincuencia hacia el
futuro.
Este enfoque estadístico del proyecto nos
permitirá conocer, por ejemplo, qué está ocurriendo a nivel Judicial en
determinados delitos y zonas del territorio, definiendo futuros cambios
normativos, capacitación o coordinación de las Policías y Fiscales en forma
mucho más precisa. Esa información hoy se encuentra dispersa o es de difícil
acceso público. Como no pretende revisar contenidos o fundamentos del fallo
desde el punto de vista del derecho, sino que solo un análisis cuantitativo de
nivel superior, el Observatorio de Jueces es una propuesta innovadora en cuanto
a estudiar de mejor forma el eslabón de sanción del delito y no para revisar un
régimen disciplinario o de control de los Jueces por sustentar determinados
criterios Jurídicos.
Otra iniciativa de igual envergadura, y que ya
se encuentra dando frutos, es el Sistema Táctico de Análisis del Delito (STAD),
que ocupa actualmente Carabineros de Chile y que le permite a los Mandos
locales, Regionales y Nacionales tomar medidas de prevención situacional hacia
el futuro, analizando en forma comparativa los datos del pasado, los que son
sistematizados y asociados de una manera que les da mayor valor agregado para
la toma de decisiones.
Mismo camino ha tomado el Ministerio Público
con el STAD Investigativo, que no es otra cosa que un análisis cuantitativo de
mayor nivel para evaluar las órdenes de investigar recibidas tanto de
Carabineros de Chile como de la PDI, lo que permitiría mejorar los tiempos de
respuesta y la calidad de los informes Policiales que reciben los fiscales.
Advirtiendo la magnitud y el potencial de esta
iniciativa, la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) decidió financiar completamente
este Observatorio Judicial. Como Gobierno, nos satisface plenamente esta
decisión. Aseguramos así la implementación del Observatorio, su continuidad en
el tiempo y se disipa cualquier duda que se haya expresado acerca de su
dependencia de cualquier Gobierno. Hemos contribuido así a que se cree un
instrumento que ha sido valorado positivamente por una ciudadanía que entiende
que en la evaluación permanente de la gestión de todas las instituciones de la
persecución penal se encuentra la clave para enfrentar con políticas públicas
de calidad el desafío de seguir reduciendo con eficacia la delincuencia.
En consecuencia, ningún Juez debe considerar el
Observatorio de Jueces como una amenaza a su independencia, sino como una
herramienta del mundo de la sociología, de la estadística o de la criminología
que nos permitirá, en tanto sociedad, contar con los insumos básicos para poder
mejorar las políticas públicas de control y sanción del delito. Finalmente, la
pregunta que debemos hacernos es: ¿Tienen derecho los ciudadanos a saber cómo
fallan los Tribunales y los Jueces? Sí tienen. Y en la era de la información y
de la transparencia, no se les puede negar ese derecho.
Logorrea,
por Pedro Gandolfo.
Es posible plantearse, aunque sea un tanto
utópico en estos períodos, la cualidad casi terapéutica que tendría en la vida
privada —y, sobre todo, en la vida pública nacional— una ascesis de la lengua,
ese músculo invertebrado, cultivando una suerte de “arte de callar”.
El sometimiento de la palabra a algún tipo de
contención, incluyendo la obligación de la mudez, tiene orígenes remotos que lo
ligan al estoicismo y al cristianismo. Sin embargo, los beneficios de estos
ejercicios no tardaron en extenderse al ámbito civil. En los tratados
cortesanos del siglo XVIII, por ejemplo, se incluyen dentro de las virtudes del
hombre prudente la vigilancia permanente sobre lo que se dice y cómo se dice:
el hombre se puede perder en la palabra, y nunca es más dueño de sí que cuando
calla.
Subyace a esta sensata recomendación un modelo
posible de concebir el cuerpo, como un recipiente amenazado de modo constante
de perder la substancia por el contenido. En la palabra prodigada, en el gesto
evasivo y mecánico, en el discurso incontenible, precisamente, el sujeto
arriesga dejar de pertenecer a sí mismo, perder su sustrato. Es buen consejo,
pues, ahorrarse en la palabra, premunirse de buenos filtros y mantenerlos en
óptimo estado. El silencio contiene propiedades curativas que conviene
cultivar: virtud mínima, arte de lo poco o casi nada, pero que, no obstante,
puede suplir la incapacidad en el limitado, la sabiduría en el iletrado, la
brillantez en el opaco. El hablar poco, preciso y útilmente es una contribución
al bienestar y la paz públicos. Los procesos de desintegración civil suelen ir
acompañados de inflaciones verbales, retórica simplificadora, abundante y
violenta.
En nuestras sociedades contemporáneas y
urbanas, neuróticamente empeñadas en preguntar, conversar y difundirlo todo, el
arte de callar es un arte paradójico y precario. Hoy es casi de mal gusto
responder “No sé”, “No tengo una opinión sobre ello”, “Preferiría no responder”
o, incluso, una simple respuesta escueta y esencial. Los antiguos griegos
estimaban de gran manera una virtud que denominaron parresia (palabra que
podría traducirse como “franqueza” o “libertad de opinión”), la capacidad para
expresar la propia opinión, posibilidad ligada a libertad y autonomía
individual: los esclavos carecían de ella.
Hoy, 2.500 años después, esa libertad se halla
amagada no ya por el Estado, sino por el exceso de opinión, por el dominio de
la doxa —la opinión común—, ese aserrín masticado por miles de bocas. La
logorrea galopante, la labia insustancial, el diletantismo intelectual, la
retórica populista arriesgan sustituir al pensar, al estudiar y al investigar
auténticos.
Una mirada a la economía mundial,
por Hernán Büchi.
Chile está en compás de espera ante una
decisión que será de gran importancia. La mayoría de las propuestas para la
elección del próximo domingo son rupturistas. Se insinúa o propone modificar la
Constitución y sus reglas al margen del orden institucional.
Los cambios al régimen tributario son mayores y
tendrán efectos relevantes en el mediano plazo. La discusión sobre mejorar la
educación ha devenido en una carrera por cercenar opciones a la ciudadanía y Estatizar
más el sistema.
Ninguna de las ideas es nueva, sino que tienen
un sabor anacrónico de posturas ideológicas pasadas y probadamente fracasadas.
La complacencia del Partido Comunista con el programa de su pacto es el mejor
signo de lo anterior.
El resultado electoral y la forma en que se
implementen las propuestas será determinante para el futuro del país. Pero
casos como el de Venezuela demuestran que el proceso de deterioro, aunque
inexorable, puede ser lento, especialmente si las condiciones externas son
favorables. El precio del petróleo fue por un tiempo el salvavidas de Chávez.
El contexto externo que enfrentaríamos tendrá
al parecer dos caras. Por una parte, la turbulencia mundial iniciada el 2008 y
la pérdida de confianza en el sistema financiero estarían llegando a su fin.
Ello no quiere decir que no habrá ciclos más o menos positivos, pero vivir al
borde del abismo, como hicimos hasta el 2012, amenazados por el colapso del
Euro, está quedando atrás.
El 2014 será, en ese sentido, el primer año de
normalidad. No es posible proyectar todavía si regresaremos al período de auge
que vivimos en la década previa al 2007, donde el mundo se expandió sobre el 4%
anual y con ello miles de millones salieron de la miseria.
Que este auge sea otra vez posible dependerá de
los cambios institucionales que se están produciendo, especialmente en países
líderes como Estados Unidos, Europa y China. En todo caso, del 2014 podemos
esperar un buen año, con una expansión cercana al 3,5% y donde la mayoría del
mundo desarrollado habrá dejado atrás la recesión.
Estados Unidos crecerá al 2,5%, sus mejores
resultados después de 2007. La forma como la nueva conducción de la Reserva
Federal comience a normalizar su política monetaria será clave para ese país y
para el mundo, pero aunque el camino sea largo, la tendencia es al crecimiento
y a una menor volatilidad.
La inflación se ve contenida y ello permitirá
actuar sin precipitaciones. Hace unos meses comprobamos que ese proceso
generará cambios a nivel global. La insinuación del actual Presidente del Fed
de que comenzaría el proceso de normalización produjo alzas de tasas y mayor
valor del dólar en muchas latitudes, incluido Chile, y deberemos prepararnos
para ello.
Europa, tras dos años de recesión, tendrá un
año positivo aunque países como Grecia seguirán afectados. La inflación
contenida ha dado oportunidad al Banco Central Europeo para continuar su
política expansiva y es así como acabamos de ver otra baja de tasa.
A diferencia de Estados Unidos, Europa tiene
pendientes mejoras institucionales para manejar crisis financieras, pero ello
no debiera afectar las proyecciones en el corto plazo.
Japón se encamina a un tercer año de
crecimiento y con signos de salir de su proceso deflacionario. Desde inicios de
los noventa Japón no ha encontrado la estabilidad política que le permita
recuperar algo del dinamismo de la postguerra. Más allá de un 2014 de
crecimiento, lo interesante será ver si con un nuevo liderazgo político,
romperá el círculo vicioso de las últimas décadas. En suma, el mundo
desarrollado estará sincronizadamente en crecimiento.
Dentro del mundo en desarrollo, China entrará a
su tercer año de 7% a 8% de avance, lo que la estabiliza bajo sus cifras
históricas del 10%. Pero es un éxito si las autoridades recién asumidas lo logran
mantener en el mediano plazo.
India y Latinoamérica, especialmente Brasil,
tendrán un desempeño mediocre, pero su peso en la economía mundial es bajo.
En resumen, esta primera dimensión del contexto
externo parece favorable a Chile, que con políticas adecuadas logró aprovechar
en el pasado.
Sin embargo, hay otra faceta menos alentadora.
Cuando a mediados de los 2000 el mundo se torna turbulento y nuestras políticas
acumulaban deterioros, nos rescató el superciclo de los commodities, en particular
del cobre.
Pero el país se acostumbró al mayor bienestar y
los costos internos erosionaron nuestra competitividad. A futuro es improbable
que contemos con una nueva bonanza que catapulte el cobre aún más alto. Ello
hará que nos debamos esforzar para satisfacer expectativas crecientes de la
población. Un mundo dinámico nos dará la oportunidad, pero de las elecciones
que vienen depende si haremos lo necesario para aprovecharla. Por el momento, y
de acuerdo a la mayoría de las propuestas, puede ser que no lo hagamos.
Libre elección para todos.
Una de las propuestas más valiosas que surgió
durante esta campaña Presidencial fue la que proponía ampliar a todos los
usuarios de Fonasa la modalidad de libre elección. Mediante este sistema, los
beneficiarios no están “amarrados” a atenderse en los servicios públicos con un
médico asignado y pueden buscar el doctor y al establecimiento que más les
acomode. Fonasa, en esta modalidad, opera en la práctica como un seguro, que
financia parte del pago (se estima que un 60% en promedio) y el usuario cancela
de su bolsillo lo restante. Actualmente, cerca de 3.5 millones de chilenos no
acceden a este sistema, mientras que el resto ya la tiene o está en isapres,
que funcionan de manera similar, aunque con cotizaciones particulares.
La medida inicialmente estaba en el programa de
Evelyn Matthei, pero el Gobierno decidió adelantar la implementación y firmó el
martes un proyecto de Ley que suma a todas las personas del llamado tramo A de
Fonasa a este beneficio, lo que no sólo implica mayor libertad para escoger el
médico y el lugar de hospitalización, sino que también operaciones, exámenes y
otros costos asociados a la salud. La llegada al Congreso de esta Ley es una
muy buena noticia, ya que implica que el nivel de ingreso no determina el
derecho de las personas de escoger algo tan personal e importante como el
médico tratante o el lugar de hospitalización. En el Congreso se comenta que el
proyecto podría ser aprobado en este período, pero le jugaría en contra que la
agenda Parlamentaria de salud ya es compleja por la tramitación del Plan Unico
de salud –que reforma el sistema de Isapres– y el polémico proyecto de
medicamentos. Así, esta iniciativa de Ley podría sumarse a las más de 130 del
Gobierno que se encuentran atascadas y que difícilmente verán la luz en los
cuatro meses que quedan de la actual administración.
El escenario hoy.
La modalidad de libre elección aplica para
todos los asegurados clasificados en los tramos B, C y D de Fonasa (que en
síntesis son todas aquellas personas que cotizan su 7% de salud y sus cargas
familiares).También tienen derecho a comprar bonos, y elegir atenderse con
prestadores privados, todos los adultos mayores que reciben una pensión
previsional o una del tipo básica solidaria. Mediante la compra de bonos pueden
financiar consultas médicas, exámenes, procedimientos quirúrgicos,
hospitalización y Pago Asociado a Diagnóstico (PAD) en distintos prestadores
adscritos a esta modalidad. Pese a los beneficios que trae, sólo el 9% del
presupuesto global de Fonasa se va en este ítem.
Los nuevos beneficiados.
Las
personas que están en el tramo A de Fonasa corresponden a todos los chilenos
que viven en hogares que carecen de ingresos o de un trabajo formal. La Ley
establece que, también, la mujer embarazada y los niños hasta los 6 años de
edad tienen derecho por Ley al acceso y gratuidad en las atenciones de salud en
la red pública. Según los datos de Fonasa, de los 13 millones de afiliados, más
de 3 millones están categorizados en el Tramo A, lo que equivale a un 24% del
total de asegurados por Fonasa.
Hoy, los afiliados de este tramo poseen una
cobertura financiera de 100% dentro de la red pública de salud (no necesitan de
copago para ninguna prestación en el sector público) pero la otra cara de la
moneda es que si quieren un médico particular deben pagar el 100% de la
consulta. A mediados del 2012 se les dio acceso a la modalidad de libre
elección a 658 mil pensionados que eran parte del tramo A de Fonasa, pero aún
quedan los restantes que se incluirán en esta nueva Ley.
Los puntos a favor.
Quienes
abogan por una salud exclusivamente basada en prestadores Estatales ordenado en
un rígido sistema geográfico parecen olvidar que la salud es un tema íntimo y
familiar que difícilmente puede organizarse centralizadamente. Algunas familias
privilegiarán la cercanía al centro de salud, otros confiarán más en algún
hospital algo más lejano y habrá también quienes prefieran consultar a varios
especialistas hasta tomar una decisión. Nada más “de piel” para una madre que
el ginecólogo o que el pediatra de los niños. En situaciones de enfermedades
crónicas, también es clave la sintonía del enfermo y su familia con los
doctores tratantes. La modalidad de libre elección permite coordinar estas
preferencias sin imponer a los ciudadanos una sola y única manera de tratar sus
enfermedades y monitorear su salud. Es el Estado el que financia, pero los
chilenos los que escogen. Ya en el ámbito de los principios, es injusto que
sólo algunos, por el nivel de ingresos, puedan tomar opciones tan vitales como
el hospital o el médico a quienes confían su vida y la de los suyos.
La libertad de elegir, un principio fuerte en
los noventa, ha ido ganando espacio en la política habitacional, educacional y
de salud, pero aún no se ha legitimado 100% en la sociedad. El debate del lucro
que pasó de la educación superior a todos los ámbitos de relación entre Estado
y prestadores privados y los intentos por eliminar el copago en la educación
particular subvencionada que se han visto en esta campaña Presidencial quieren
limitar esa libertad. Es de esperar que los chilenos valoren el poder tomar
decisiones tan importantes como la educación y la salud y no cederle al Estado
el derecho de elegir por ellos.
Programa de reformas en China.
En línea con las ambiciosas metas que se ha
impuesto el Gobierno de duplicar el crecimiento del país y el PIB per cápita al
2020, la cúpula del Partido Comunista chino comenzó el sábado una reunión
plenaria del Comité Central que puede resultar histórica si es que
efectivamente se terminan confirmando las reformas económicas y sociales que se
han anunciado, pues se trataría de transformaciones que profundizarían los
cambios impulsados por Deng Xiaoping hace tres décadas, orientados a una mayor
liberalización económica de la potencia asiática.
De ratificarse el nuevo programa de medidas,
surgen razonables interrogantes sobre la posibilidad de que éstas se extiendan
al plano de las restringidas libertades políticas que afectan a sus ciudadanos,
ya que China sigue sometida a un régimen no democrático, que no permite la
disidencia y donde la información está sometida al control oficial.
Las reformas que se pretende implementar
responden a la necesidad del Gobierno chino de enfrentar una serie de desafíos
que han surgido en el último tiempo, entre ellos, el menor crecimiento de su
economía (el desempeño de 7,7% en lo que va del año es el más bajo desde 1999)
y la dependencia de ésta a las exportaciones, importantes focos de corrupción y
varios conflictos sociales. De hecho, este cónclave se entiende como la primera
demostración de fuerzas al interior del PC chino que tiene la nueva dupla en el
poder, conformada por el Presidente Xi Jinping y el Premier Li Keqiang, quienes
asumieron en marzo de este año.
Ambos deberán demostrar si tienen la capacidad
de imponer su sello al mando del Gobierno para llevar adelante con éxito la
nueva etapa que pretenden encabezar. Si lo logran, podrán comenzar a dejar
atrás los escándalos que afectaron a la cúpula del partido, y que llevaron a la
reciente condena del popular dirigente del partido, Bo Xilai, acusado de
corrupción y abuso de poder.
Temas económicos:
La nueva revolución mexicana.
En poco más de un año desde su elección, el ex
gobernador del estado de México ha avanzado en un buen número de cambios
estructurales en educación, telecomunicaciones, energía, política, lo laboral,
financiero, hacendario y social. La génesis de estas iniciativas es el Pacto
por México, un acuerdo del Gobierno con los partidos de oposición, motivado por
los magros resultados económicos, para implementar las reformas para despertar
de una vez por todas a ese gigantesco y rico país. La situación es tanto más preocupante,
dadas las inmejorables condiciones para los países latinoamericanos en vías de
desarrollo en los últimos años. Chile, Colombia y Perú han aprovechado las
oportunidades más que México. Tres reformas —educación, energía y laboral— han
recibido la mayor atención de los especialistas:
Reforma educacional: buena partida, incierto final
En febrero de 2013 se aprobó la esperada
reforma Constitucional educacional, la primera del Pacto por México. Ella busca
un mejoramiento constante mediante la creación de un Sistema Nacional de
Evaluación de Logros, un Sistema de Información y Gestión Educativa, la
promoción de la autogestión de las escuelas y la modificación del servicio
profesional docente. En esto último, la Ley fija nuevos criterios de la
evaluación obligatoria para el ingreso, promoción y retención de los
profesores. Esta reforma fue pésimamente recibida por los poderosos sindicatos
de profesores, que llamaron a grandes movilizaciones en agosto y septiembre.
Pero sin una transformación del antiguo sistema educacional, dominado por esos
sindicatos, el país no tendrá la capacidad para revertir sus paupérrimos
logros, ni menos cambiar su estrategia de desarrollo desde los recursos
naturales a la innovación y el emprendimiento. Las familias parecen haber
advertido lo feble de las críticas de los profesores, lo que ha restado fuerza
a las protestas.
Sin embargo, el Gobierno ha debido transar con
los huelguistas y es incierto que alcance resultados relevantes con un
sindicato de maestros que es, con mucho, el más fuerte de Latinoamérica.
Reforma energética: aplicación nada fácil
La mala situación de Petróleos Mexicanos,
Pemex, confirma la necesidad de las reformas de Peña Nieto. Acumuladas por
años, sus ineficiencias le cuestan al Fisco más de siete mil millones de
dólares al año. Solo en los primeros nueve meses de 2013, tuvo pérdidas por
7.121 millones de dólares.
Adicionalmente, México sufre un gran atraso en
infraestructura y capacidad extractiva, lo que ha impedido el pleno
aprovechamiento de sus hidrocarburos. Brasil y Colombia le han sacado ventaja
en esto, atrayendo inversiones privadas.
Por eso, la reforma energética tiene por principal
meta atraer capitales privados al sector y apunta en la dirección correcta. Sin
embargo, su aprobación no será fácil. En la discusión en el Congreso, esta
iniciativa se ha transformado en la moneda de cambio de la oposición para
permitir el avance en las otras reformas. El Presidente tendrá que desplegar
toda su habilidad política para poder sacarla adelante. Tristemente, los mismos
cálculos políticos que han hipotecado el crecimiento de México la están
poniendo en jaque.
Reforma laboral y la debilidad del empleo.
Los bajos niveles de productividad laboral han
sido una característica histórica del mercado laboral mexicano. La modificación
de la Ley Federal del Trabajo de noviembre de 2012 busca revertir esta
situación, mediante la formalización de empleos por horas, la autorización de
contratos a prueba y la promoción de la subcontratación, entre otras medidas
flexibilizadoras. El Banco de México ha estimado que esos cambios significarán
la creación de 194 mil nuevos empleos formales en el país que posee la mayor
tasa de informalidad (59%) de América Latina.
Lamentablemente, la desaceleración económica ha
limitado los efectos de la reforma. La generación de empleos formales en los
primeros ocho meses de 2013 ha sido menor que la de 2012. Los expertos estiman
que cuando el sector privado cobre conciencia de los cambios, las tasas de
formalización y empleo mejorarán, pero cabe preguntarse si los políticos podrán
esperar esos efectos.
Una carta para meditar seriamente:
Señor Director:
Rostros cubiertos.
En Francia, el 13 de junio de 2010 entra en
vigencia la Ley que prohíbe el uso de pasamontañas en las manifestaciones. Lo
que impulsó al Gobierno de Sarkozy a promulgar esta Ley fueron los violentos
disturbios en Estrasburgo en la última reunión de la OTAN.
En Canadá, a fines del 2012, se aprobó la Ley
que prohíbe el rostro cubierto en las manifestaciones. Su infracción tiene
hasta 10 años de cárcel. En Nueva York, EE.UU., el uso de máscaras o
pasamontañas en las protestas está prohibido desde el año 1854. En Rusia se
prohibió su uso en las protestas el año 2012. En México está en estudio su
aplicación.
En nuestro país, en tanto, llevamos más de tres
años con los “Atilas” sueltos en las calles destruyendo todo a su paso.
Rodolfo Saldivia Klenner.
