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sábado, 9 de noviembre de 2013

Temas para meditar a una semana de las elecciones…






El país que yo quiero,
por Sergio Melnick.


Ya entrado el siglo 21, parece sorprendente ver que la mayoría de los candidatos siguen atrapados en ideologías más o menos obsoletas del siglo 20. Ideologías que simplemente no dan respuesta a los desafíos de este siglo como por ejemplo las nuevas formas humanas de reproducción tecnológica que se nos vienen, la manipulación genética y clonación inminente, los transgénicos, la enorme revolución económica que proviene de la nano tecnología, la nueva mente tecnológica colectiva en formación que será la web 4.0, el lenguaje post simbólico (clave en educación), la irrelevancia de la distancia y la explosión mundial del turismo, las nuevas formas de globalización y de Gobierno mundial en ciernes, los problemas planetarios de la ecología, los nuevos y diversos conceptos de familia, el inminente ascenso al poder de la mujer, y tantos otros asuntos de esa naturaleza.


En estos temas nadie posee “la verdad” y necesitamos debatirlos con altura. En paralelo, la discusión sobre el mercado versus el Estado es casi patética. Hoy ya nada es realmente privado, todo es público más allá de la propiedad. Los Estados son lentos, burocráticos, ineficaces e ineficientes, quitan libertades esenciales, y son presa habitual de la corrupción. La empresa privada también. A su vez, la complejidad es tan grande que prácticamente todos los mercados requieren hoy de regulaciones. Se imponen nuevos estándares a nivel mundial que se deben aceptar y nuevos tipos de relación público privado. El mundo opera a velocidad de internet, es ya una sola gran red de valor en la economía, los aeropuertos del mundo están atochados, las ciudades atoradas de autos y contaminación y todo ello será cada vez peor por la enorme afluencia que trae consigo la tecnología actual.


Esa es la base de los descontentos que reclaman pero no proponen, y los políticos tampoco, paralizados mirando al pasado. En ese contexto, en general, las propuestas de los candidatos parecen vacías y casi todas mirando por el retrovisor.


La intolerancia campea en nuestra política y parece que se ladran en vez de escucharse, incapaces de ponerse de acuerdo, que es esencialmente su trabajo y responsabilidad. No hay en la mesa ideas novedosas, caen en populismos de diversa especie ofreciendo soluciones milagrosas en sólo un par de años. Hasta hay candidatos que plantean modelos asambleístas en pleno siglo 21, y que por cierto algunos estudiantes empujan como si fuese la gran novedad o panacea. Un famoso historiador que se quedó en el pasado los torea en ese sentido tan añejo.


Yo quiero un país en que los políticos sepan ponerse de acuerdo, que sepan transar en caminos intermedios que satisfacen a la mayoría. Los fundamentalistas no deben tener mucho espacio real en la política, lo mismo las religiones que por definición no pueden transar nada a partir de sus dogmas. Es decir, quiero un país tolerante y con respeto por el pensar del otro.


Un país en que la libertad humana sea el norte, y la diversidad, un mérito; no un pecado. Un país donde el Estado sea regulador y controlador, no ejecutor, salvo raras excepciones. Cuando éste administra pasa a ser Juez y parte y lo hace entonces muy mal en general. Quiero un país sin encapuchados ni violentos, con alto respeto cívico.


Quiero un país con un sistema educativo diverso y ejemplar, propio del siglo 21, no anquilosado, menos ideologizado y controlado por el Estado. Quiero un país con igualdad de oportunidades, no con igualdad de resultados, que incentive el esfuerzo y la responsabilidad de todos. Quiero un país de personas que piensan por sí mismas, que no sigan puras consignas y slogans.


Quiero un país sin pobreza extrema, sin grandes concentraciones de poder, sea éste económico, geográfico, político, social, religioso, intelectual. Quiero un país con gran capital social, es decir con confianzas reales. Quiero un país que desafíe como un todo a la delincuencia y la erradique. Un país que acoja a sus viejos, que respete sus Leyes, que tenga buena televisión y calidad de entretención, transporte público decente, poca burocracia, mucho emprendimiento y cada vez más personas independientes en su trabajo.


La Nueva Mayoría está anclada en el pasado, hoy arrinconada por el PC, y basada en el resentimiento, la venganza, promueve la polaridad como ya lo hicieron antes. Es cosa de escuchar a los Andrade, Carmona, Quintana, Girardi, Pizarro, Elizalde, Navarro, que son quienes realmente Gobernarían detrás de Bachelet. La derecha a su vez está desarticulada y sin rumbo. Sabe gestionar, pero no sabe encantar ni comunicar, elementos clave en este siglo.


Necesitamos mirar al futuro con nuevas ideas, nuevos líderes, y más amistad cívica para lograr otros 30 años de progreso como los que tuvimos hasta aquí.


Cuidado con la trampa,
por Rolf Lüders.


Desde que se iniciaron las transformaciones económicas a mediados de los años 70, Chile ha estado creciendo -como tendencia- a tasas significativamente mayores que los países desarrollados. En efecto, desde entonces, el PIB per cápita de Chile más que se duplicó como porcentaje de aquel de Estados Unidos, la pobreza disminuyó notoriamente y, últimamente, incluso la distribución del ingreso ha tendido a hacerse más igual. 


Ello ha generado una clara sensación de bienestar y riqueza, al punto de que en los recientes debates presidenciales casi todos los candidatos -recogiendo ese sentir- manifestaron que la abundancia de recursos permitiría implementar una serie de ambiciosos programas redistributivos. Parece no existir conciencia de que tal abundancia es la consecuencia de la aplicación del así llamado modelo, y que la falta de prudencia y prolijidad en materia económico-social nos puede hacer caer en la trampa de los países de ingresos medios. Si lo hacemos, podremos dejar de llegar -como todos deseamos- al pleno desarrollo en el futuro previsible. 


Se conoce como trampa de los países de ingresos medios el hecho empíricamente irrefutable de que la mayoría de los países que alcanzan un PIB per cápita de alrededor de US$ 16.000, como Chile, sufren una fuerte desaceleración en su crecimiento, dejando de converger hacia los ingresos de países avanzados. 


Dos investigaciones recientes sobre el tema, de Aiyar, Duval, Puy, Wu y Zhang (2013) y de Eichengreen, Park y Shin (2013), estiman econométricamente las múltiples causas de la trampa. Cabe destacar una serie de esos factores de riesgo que hacen improbable una trampa en el caso de Chile: la demografía, las instituciones (respeto por la Ley y la protección del derecho de propiedad), un cambio de régimen político de autoritario a democrático, la composición de la producción, crisis financieras, una moneda subvaluada y el sistema de comunicaciones. Factores de algún riesgo significativo podrían ser la calidad de la educación secundaria y superior (que dificulte el desarrollo de actividades intensivas en tecnología), la aún deficiente infraestructura energética y caminera, el porcentaje relativamente bajo de comercio con nuestros vecinos y la macroeconomía, por nuestra dependencia del precio de los recursos naturales, especialmente el cobre.


Factores de riesgo obvios son la relativamente alta tasa de crecimiento económico previa, las comparativamente elevadas tasas de inversión, la regulación excesiva y el tamaño del Estado. Los dos primeros factores son un riesgo por el fenómeno de reversión a la media. Los dos últimos lo son porque el crecimiento se produce cuando el sector privado tiene la capacidad y el espacio para desarrollarse e innovar.


En este último sentido, y a juzgar -implícitamente- por las propuestas de la mayoría de los candidatos Presidenciales, es preocupante la falta de conciencia que tiene la ciudadanía de que aún estamos lejos del desarrollo, y que seguir creciendo es una condición necesaria para continuar con la mejora del empleo y de los salarios. Para lograr lo último, debemos tomar las medidas pertinentes y conocidas para evitar caer en la trampa de los países de ingresos medios.


Tocqueville y el declive de la sociedad civil,
por Axel Kaiser.


En su clásico “La democracia en América”, Alexis de Tocqueville escribiría que Estados Unidos era “el país del mundo que ha tomado la mayor ventaja de las asociaciones (…) los americanos de todas las edades, condiciones y mentalidades (…) no solamente tienen asociaciones comerciales e industriales donde todos toman parte, sino miles de otro tipo (…) de esta forma crean hospitales, prisiones y escuelas”. Una razón fundamental para la formación del capital social americano, observó el genio francés, era la profunda desconfianza del pueblo estadounidense en el Gobierno.


Tocqueville ilustraría este punto al contrastar una campaña contra el abuso de alcohol realizada por asociaciones civiles americanas con lo que habría ocurrido en su país natal. Según Tocqueville, si los participantes de la campaña hubieran vivido en Francia, cada uno de ellos se habría dirigido individualmente al Gobierno para exigirle que fiscalizara los bares de la nación. Y es que los franceses, observó el compatriota y contemporáneo de Tocqueville, Frédéric Bastiat, esperaban del Estado todos los beneficios imaginables, mientras los americanos no esperaban nada que no viniera de ellos mismos. En palabras de Tocqueville el americano “aprende desde que nace a confiar en sí mismo para enfrentar los obstáculos y los males de la vida”, descreyendo de la autoridad y asociándose para lograr todo lo que la voluntad humana es capaz de alcanzar mediante la actuación libre de los individuos.


Cuando Thomas Jefferson, el tercer Presidente de Estados Unidos, sostuvo que “el Gobierno es mejor cuanto menos Gobierna”, estaba recogiendo la esencia de ese espíritu individualista y solidario-asociativo americano. Sería ese mismo espíritu el que sufriría un deterioro sostenido con el avance de nuevas ideologías, entre las que destacó el movimiento progresista de fines del siglo XIX. Con Franklin Roosevelt y el New Deal, el progresismo daría un golpe letal a la tradición liberal clásica sobre la que se fundó Estados Unidos (Epstein, 2012). Las nuevas ideas, proclives a la colectivización de la responsabilidad, llevaron a una creciente expansión del Estado y a un correspondiente debilitamiento de la sociedad civil estadounidense.


Tocqueville, anticipando que los americanos podrían caer en la seducción de encontrar seguridad a través del Estado, les profetizó un oscuro destino: “La moralidad e inteligencia de un pueblo democrático arriesgará no menores amenazas que su industria y comercio si el Gobierno viene a ocupar el lugar de las asociaciones en todos lados”. El tiempo ha dado la razón al pensador francés. El Estado norteamericano ha crecido desde un 7% del PIB a principios del siglo XX, a cerca de un 45% del PIB en nuestros días. Además del riesgo de default y los múltiples problemas económicos derivados de esta hipertrofia Estatal, las asociaciones civiles han experimentado un declive significativo llevando a la pérdida de movilidad social y a mayores desigualdades (Skocpol, 2003; Murray, 2012).


Los americanos, en otras palabras, se han vuelto menos prósperos, más dependientes del poder político y menos responsables por sus pares. Esto no es sorpresivo. Como explicó el mismo Tocqueville, un Gobierno limitado es fundamental para la existencia de una sociedad civil pujante. Este ideal, no está de más decirlo, es completamente opuesto a lo que buscaron los movimientos totalitarios, cuyo objetivo fue precisamente la politización absoluta de la sociedad, es decir, la anulación de toda asociatividad entre ciudadanos. De este modo nada puede existir fuera del Estado, lo que es lo mismo que decir que nada puede existir fuera del control del Gobernante.


En la mentalidad totalitaria, incluso programas como la Teletón, por poner un ejemplo local, deberían ser Estatizados. Así, la responsabilidad de ayudar al prójimo ya no corresponde a grupos civiles, sino a funcionarios Estatales cuyo poder se incrementa con cada asociación que desintegran, hasta que por esa vía asumen el control total sobre la vida de las personas.


Para una democracia, los efectos de la politización de la sociedad civil no son menos perversos. Cuando el Estado controla y define los aspectos más importantes de la existencia de las personas —salud, educación, pensión, etcétera—, la política se convierte en una lucha encarnizada por hacerse del inmenso poder en juego. Pero lo que es peor, los ciudadanos arman facciones que entran en una batalla permanente por los recursos repartidos desde el Gobierno, ahora convertido en la fuente central del bienestar de la población. Como consecuencia, el conflicto pasa a ocupar el lugar de la colaboración voluntaria destruyendo las bases de la asociatividad y la paz social.


En Chile, este análisis no debiera olvidarse en tiempos en que se plantea la idea de poner fin al Estado subsidiario, para incrementar dramáticamente el control que los políticos ejercen sobre la vida de los ciudadanos. Un camino, como sabemos por Tocqueville, que solo conducirá al declive de nuestra sociedad civil y a un deterioro todavía mayor de nuestra democracia.


A la hora del balance en las urnas.


Parece lógico que en el momento de sufragar, los votantes se pregunten si están hoy mejor o peor que al término del Gobierno anterior, encabezado por quien es hoy la principal candidata de oposición. Llama la atención que, aunque la gestión del primer Gobierno de la Alianza haya cosechado muy importantes logros en lo económico y lo social, según las encuestas, la candidata oficialista no logre captar suficiente apoyo popular.


La lista de las realizaciones del Gobierno es impresionante. Aunque últimamente la economía se ha desacelerado, el crecimiento promedio del cuatrienio se estima será de alrededor de 5,5% anual, considerablemente superior al 3,3% del período anterior. A diferencia de entonces, esta vez la inflación se ha mantenido por debajo del objetivo del 3%, de modo que no ha sido necesario que el Banco Central suba drásticamente la tasa de interés, como ocurrió en 2007, cuando la inflación se empinó a casi 10%. De hecho, últimamente la autoridad monetaria ha rebajado los intereses.


Como resultado de la expansión de la economía, la creación de empleos ha alcanzado un ritmo récord; el desempleo se sitúa a su nivel más bajo en más de 20 años; los salarios reales crecen con vigor; los presupuestos Fiscales en educación, salud, vivienda y otros programas sociales se benefician de la mayor recaudación tributaria; la pobreza disminuye, y probablemente también la desigualdad.


La coalición de Gobierno parece haber fallado en transmitir a la opinión pública que estos logros económicos y sociales son, al menos en parte, resultado de su gestión y estarían por tanto en riesgo si la Concertación —unida ahora al PC— volviera al poder. Invitado a un debate televisivo nocturno, el domingo pasado, el Presidente Piñera, con la impecable argumentación de un doctor en economía, demostró que el buen desempeño de la economía nacional no puede atribuirse a una mejoría externa. Sostuvo que bajo su Gobierno Chile ha crecido más rápido que el promedio mundial y latinoamericano, mientras que en la Presidencia de Bachelet sucedía al revés. Es cierto que el precio del cobre ha sido alto, pero los mayores costos en la industria del cobre han neutralizado ese factor. En su opinión, nuestra expansión económica —afectada también por el terremoto y el esfuerzo de la reconstrucción— se explica por adecuadas políticas macro y microeconómicas, entre las que destacó la Agenda de Impulso Competitivo, las facilidades para crear empresas y los estímulos a la innovación.


¿Por qué entonces la indiferencia electoral ante la opción de un segundo Gobierno de la Alianza? Tal vez porque el Gobierno no ha sabido conectar esos resultados con sus propias acciones. Las convicciones que inspiran su programa con frecuencia aparecen confundidas con consideraciones de mera buena gestión, o directamente disimuladas para apaciguar a la oposición. Ha validado alzas de impuestos y aumentos de regulaciones que antes repudiaba. Consciente de sus costos políticos, ha dejado mucho de la agenda pro competitividad a medio camino y ha eludido las reformas más profundas para destrabar los cuellos de botella que en materia de energía, infraestructura y mercado laboral pueden terminar frenando el crecimiento. Está en lo cierto el Presidente en cuanto a que su Gobierno inicialmente desató una ola de buenas expectativas, de creación de empresas, de inversiones nacionales y extranjeras, de mejoramientos de productividad. Pero la duración de ese impulso depende de la concreción de los anuncios y los planes pro crecimiento. A ojos de los votantes, tal vez ni la coalición de Gobierno ni el bloque opositor den hoy suficientes garantías de su compromiso con un desarrollo acelerado como el que vislumbraron cuatro años atrás.


Los últimos episodios de la campaña.


A pocos días de la múltiple elección Presidencial, Parlamentaria y —por primera vez— de Consejeros Regionales, todo lo que ocurre en la vida pública es visto en clave electoral, en una semana de temario bastante variado y a veces con más proyecciones para el próximo Gobierno que en la coyuntura inmediata. El alza del respaldo al Presidente Piñera refuerza su peso político personal, y quizás eso explique el intento de envolverlo en el caso Cascadas. La polémica por el proyecto de un Observatorio Judicial y el anuncio de más de cien denuncias por supuestos actos de intervencionismo Gubernamental con críticas opositoras al Contralor, afectan al oficialismo, mientras las deserciones en la Democracia Cristiana muestran una faceta diferente de la grave crisis que vive esa colectividad. Hubo además, en el final de una campaña poco común, más foros con los nueve candidatos, ahora algo más activos. Pero ese alto número de actores no permite explicar sus propuestas y ratifica el escaso beneficio de este formato para el ciudadano común, aunque los postulantes minoritarios se den a conocer y pongan en el debate algún tema novedoso, sin mucha probabilidad de alterar los resultados finales y con una obvia tentación de caer en el populismo o en la crítica agresiva e infundada, lo que justifica una revisión futura del sistema de debates Presidenciales.


El regreso de las encuestas.
Si bien se sigue desconfiando de su capacidad real de predecir resultados mientras no se conozcan mejor el comportamiento electoral y el grado de concurrencia del nuevo padrón, se ha renovado la tendencia a efectuarlas en materia política. La última consulta mensual de Adimark —donde hay un 40% de apoyo al Jefe del Estado con alza de tres puntos en una serie realizada siempre con el mismo procedimiento— confirmaría la efectividad del logro de una meta que Sebastián Piñera se había propuesto y que lo sitúa hoy como la primera figura de su sector. Pese a que allí sus opiniones en torno a los 40 años del golpe militar deben haberle restado adhesiones, parece que éstas se ampliaron hacia otros ámbitos, aunque faltaría saber si se mantendrán en el tiempo. Por otra parte, como ocurrió con Bachelet y Frei, eso no se traspasa fácilmente a los partidos de la Alianza (al igual que la oposición, con bajísimo respaldo) ni a Evelyn Matthei. Ella ha optado por asumir toda la responsabilidad de un eventual fracaso electoral, evitando, en aras de la unidad, culpar a quienes sin duda han cometido graves errores en una campaña con obstáculos y desafíos poco comunes, muchos ausentes y escasa disciplina partidaria.


Observatorio Judicial.
La idea de la candidata oficialista de crear un sistema de análisis y difusión de los fallos Judiciales puede ser discutible sobre todo por la oportunidad en que surgió, aunque apela a una mayor transparencia en un asunto de real preocupación ciudadana. Incluso la Universidad Adolfo Ibáñez había expresado su interés en asumir esta iniciativa como una tarea académica, pero fue quizás la decisión del Gobierno de intervenir en el proyecto y financiarlo lo que introdujo una confusión que lo frenó finalmente, quedando sólo la voluntad de la universidad de concretarlo más adelante, fuera ya de la polémica actual. Más allá de la atribución Constitucional del Presidente de la República de velar por la conducta Ministerial de los Jueces, parece obvio que este asunto se manejó malamente y despertó temores respecto de la independencia del Poder Judicial, llegando al rechazo formal de parte del Presidente (s) de la Corte Suprema, que calificó la iniciativa como una intromisión indebida, además de improvisada y sin fundamentos claros. Desde distintos ángulos, la época electoral se presta para suponer intencionalidades políticas.


La sangría de la DC.
Al ingreso de destacadas figuras del partido al movimiento liberal de Andrés Velasco, considerado compatible (todavía) con su actual militancia, se han sumado luego algunas sonadas renuncias en distintos sectores internos que sin embargo coinciden en criticar la posición actual de la colectividad y el manejo de la directiva. Si antes se objetó el escaso compromiso de muchos dirigentes con la candidatura de Claudio Orrego, ahora es el grupo llamado G-80, con fuertes vínculos en el mundo sindical, donde comienza una especie de fuga generacional en repudio a la conducción de “los príncipes” y a una imagen conservadora ya criticada en la campaña de Orrego. Todo eso, y la postergación del congreso destinado a revisar la declaración de principios, indica que tras las elecciones habrá en la DC una pugna entre demandas de mayor liberalismo doctrinario y la presión izquierdizante de la Nueva Mayoría, por una parte, y por otra, los reductos más tradicionales, descontentos de la alianza con el PC, y quizás también nuevos liderazgos si el partido se aleja definitivamente de la matriz que lo caracterizó por décadas.


La FEUC y los paros.
 La renovación en curso de las directivas estudiantiles tuvo un hito en la FEUC, donde triunfó por sexta vez, pero estrechamente, el NAU (de izquierda pero autónomo respecto de la Nueva Mayoría) sobre el repunte del gremialismo. Ello robustece el pronóstico de un 2014 movilizado, que probablemente se confirmará en la FECh y en la mayor parte de las Provincias, aun con grados diversos de repudio al sistema. Si se suma el auge de los paros sindicales —aunque finalice el Municipal que amenazó el orden del 17 de noviembre forzando al Presidente a preparar un plan para evitar ese efecto—, el pronóstico para quien encabece el próximo Gobierno es de cuidado en cuanto a las exigencias concretas y las trabas a su puesta en marcha que le impondrán los movimientos sociales apenas pase el “período de gracia” inicial, que probablemente será más breve esta vez.


Inversión en Infraestructura.


Opiniones confrontadas se han expresado tras el reciente resultado de la licitación pública de la obra “Puente de Chacao”, que unirá Chile continental con la Isla Grande de Chiloé para el 2019. A comienzos del año existían ocho consorcios precalificados y al momento de la presentación de las propuestas, llegó sólo uno a materializar su oferta técnica, compuesto por las empresas Oas (Brasil), Hyundai (Corea), Systra (Francia) y Aas-Jakobsen (Noruega).


Tradicionalmente, las obras públicas constituyen la huella y el legado de los Gobiernos, por lo que son muy sensibles al momento político, al tiempo de ser fundamentales para el desarrollo económico. Asimismo, no es fácil congeniar estas dos dimensiones en la proximidad de la elección Presidencial.


Para los ex titulares de la cartera en Gobiernos anteriores –Eduardo Bitran y Sergio Bitar– se advierte “ansiedad” e “improvisación” del Gobierno para realizar dicha licitación y otras, como Américo Vespucio Oriente, refiriéndose al propósito Gubernamental de licitar en un plazo de cinco meses obras por US$4.000 millones. La Ministro Loreto Silva ha rechazado dichas críticas, señalando que se ha hecho un trabajo serio en el MOP y que existe un cronograma que está dispuesta a cumplir.


Dado este debate resulta interesante recordar el estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, “Infraestructura Crítica para el Desarrollo 2012-2016”, en el que se detallaron los sectores donde existe una demanda de nuevas licitaciones por un total de 47 mil millones de dólares, y que son una necesidad para que el país continúe creciendo y alcance el desarrollo: Vialidad urbana, Electricidad, Puertos, Recursos Hídricos, Vialidad Interurbana, Aeropuertos, Infraestructura Hospitalaria y Penitenciaria. El estudio advierte que si bien se incrementó el gasto público en estas áreas, ello sólo ha suplido en parte la caída de la inversión en concesiones, que se paralizaron tras el llamado caso MOP-Gate y que ha tenido un lento avance, ahora acelerado por las decisiones del Gobierno saliente, que despiertan las críticas opositoras.


Al respecto, una sana regla enfatiza la necesidad de programar la inversión en infraestructura pública en términos netos, es decir, considerando las caídas en la misma en períodos previos y sostener el ritmo de la inversión para no incurrir en postergaciones y luego en aceleraciones bruscas.


Lamentablemente ello no ha ocurrido en los últimos años y el resultado es que los anuncios recientes se confunden con el interés de una administración que parece querer dejar una huella al final de su mandato, justo en un periodo electoral.


Sería deseable que una vez terminada esta etapa, el próximo Gobierno, cualquiera sea, retome la prioridad de la inversión en infraestructura que el país necesita, a través del modelo de concesiones y de gasto público. El debate sobre ello debiera realizarse de manera técnica y con la participación ciudadana desde un comienzo para evitar señales equívocas a los inversionistas o concesionarios que operarán las obras y a las empresas de ingeniería que los ejecutarán.


Las necesidades ya están claras, como lo indica el estudio de la CChC antes mencionado.


Libertad de expresión.


La presentación de un requerimiento por parte de la bancada de Diputados UDI en contra de diversas normas del proyecto de televisión digital ha puesto de manifiesto ante la opinión pública que esa iniciativa no sólo se refería a la adopción de esa nueva tecnología de transmisión, sino que contiene una reforma sustancial al régimen regulatorio de la televisión, con diversas normas que afectan la libertad de expresión, y el otorgamiento del privilegio para Televisión Nacional de Chile de poseer dos señales en cada zona, lo que no se permite a los demás actores de ese mercado, excepción de dudosa justificación y que el canal no solicitó.


Las objeciones al texto tienen fundamento y deberían ser atendidas por dicho Tribunal, particularmente las referidas a la libertad de expresión, toda vez que se trata de una garantía esencial para el buen funcionamiento de nuestra democracia. Surge naturalmente el cuestionamiento a la pobreza y falta de información y apertura con que se conduce el debate Legislativo, ya que muchas de las normas objetadas fueron introducidas en etapas muy postreras de la tramitación y sin el mínimo análisis requerido en la opinión pública. Llama la atención que no se hayan levantado antes con suficiente anticipación y firmeza estos reparos desde todos los sectores Parlamentarios. Lo propio puede decirse del Gobierno, que conforme al diseño institucional que nos rige tiene un rol capital y de liderazgo en la tramitación de Leyes, dado que su posición sólo se conoció realmente al pronunciarse sobre este recurso en el trámite ante el Tribunal Constitucional. En ella, adhiere en lo sustancial al cuestionamiento Constitucional que se le dirigió al proyecto y con sólidos argumentos.


La posición adoptada por el Ejecutivo ratifica las amenazas que la iniciativa conlleva para la libertad de expresión, pues se interfiere la autonomía editorial de los medios audiovisuales a través de diversos mecanismos, lo que, además, sentaría un precedente perjudicial en la materia. En efecto, ellos no tendrán ya únicamente que respetar -como expresa la Legislación vigente- diversos valores, cuyo catálogo se amplía, sino que quedarán obligados a promoverlos activamente, lo que constituye la imposición de una determinada agenda. Entre aquéllos está el pluralismo, que es entendido ahora como ciertas realidades o tendencias en la vida ciudadana que se especifican, desestimándose así las restantes, lo que contradice la noción misma de pluralismo democrático, que sólo debe reconocer los límites señalados en la Ley. Asimismo, se les obliga a transmitir campañas de bien público, que sean calificadas de tales por la autoridad de Gobierno, las que pueden no estar conformes con la línea editorial de los medios, y se hace con una regulación enteramente insuficiente, que no acota debidamente la duración de aquéllas, sino que permite en el hecho que se extiendan indefinidamente en el tiempo. Este tipo de herramientas ha dado lugar a graves transgresiones a la libertad de expresión en otros países sudamericanos.


Si bien es importante que el Gobierno haya asumido la defensa de la libertad de expresión, habría sido preferible que utilizara el instrumento institucional más idóneo, ejerciendo el veto y obligando al Congreso a revisar este texto Legal en los puntos cuestionados. No haberlo hecho oportunamente en este caso, además de relegar el liderazgo que le compete, entregó la solución de la disputa al Tribunal Constitucional, comprometiéndolo innecesaria y prematuramente en una contienda que pudo ser resuelta en el Congreso y por una vía institucional propia del debate democrático.


Prensa en Argentina.


Casi como un “premio de consuelo” al mal resultado electoral del Gobierno argentino, la Corte Suprema entregó un fallo que declaró la Constitucionalidad de la cuestionada Ley de Medios, que ha estado en el debate desde su aprobación en 2009. Gran perdedor es el Grupo Clarín, pero aún más lo es la libertad de prensa y de expresión, que recibe un nuevo golpe del kirchnerismo.


Muchos han dicho que esa Ley tenía “nombre y apellido” y que fue redactada especialmente para desmantelar al grupo periodístico que cuenta con 158 licencias de TV cable, 4 canales de TV abierta, 7 radios AM y FM y 6 señales por suscripción, un número mucho mayor de lo que la nueva Ley permite.


Clarín, que además es el diario de más circulación, fue cercano a Néstor Kirchner durante los primeros años de su Gobierno, al punto de que varias de las señales actualmente en disputa fueron adjudicadas durante su mandato. El alejamiento del multimedio del Gobierno, durante la crisis del agro en 2008, le valió la mala voluntad oficial y un conflicto que culminó en la referida Ley.


Nadie discute que es positiva la diversidad y pluralidad de medios de comunicación —lo que evita la excesiva concentración—, como parte de una competencia que garantice la más amplia libertad de prensa y expresión de los diversos sectores de la sociedad. Pero la Ley argentina escondía tras esa premisa el propósito inequívoco de desmantelar al Grupo Clarín, con su extensa cobertura nacional. El fallo de la Corte Suprema, dividido, con cuatro Jueces a favor, dos que presentaron objeciones y uno que votó en contra, estima que la Ley no afecta la libertad de expresión ni la viabilidad de las empresas. En contrario se han expresado varios juristas, quienes consideran que, entre otros aspectos, es discriminatoria y atenta contra la propiedad privada, pues Clarín tenía licencias otorgadas hasta 2025.


Se han cuestionado las supuestas reuniones entre ciertos Jueces y personeros de Gobierno antes de la redacción de este fallo. Si fuera cierto que ellas ocurrieron, sería alarmante que hubieran mediado presiones oficiales, atentatorias contra la independencia del Poder Judicial. La SIP señaló que el fallo “no tuvo en cuenta el estado de la libertad de expresión en Argentina, (donde) se ha deteriorado por los continuos ataques del Gobierno contra voces críticas y el manejo arbitrario de la millonaria publicidad oficial”. A esto último, debe agregarse que el Gobierno prohibió a los grandes supermercados y tiendas avisar en los diarios opositores de mayor circulación nacional, con lo que, en plena crisis económica, han sufrido graves perjuicios.


Esta Ley argentina se suma a sendas normativas dictadas en países como Ecuador y Venezuela, que han afectado duramente el libre ejercicio del periodismo. Y es profundamente preocupante que también en Chile algunas candidaturas de izquierda propugnen modificar en similar sentido la Legislación vigente. En las líneas programáticas de Nueva Mayoría, por otra parte, se afirma que “resulta necesario incentivar en los medios de comunicación tradicionales un auténtico pluralismo tanto en los contenidos como en la propiedad”. Estos planteamientos, sin hacer las necesarias precisiones a favor de la libertad e independencia de dichos medios, podrían eventualmente derivar en propuestas similares a las que se han aprobado en otros países, con las conocidas consecuencias para la calidad de sus democracias.


Una carta para meditar.


Señor Director:


AC, resquicio de la Nueva Mayoría.


Preocupa a importantes sectores la amenaza de que se estampe la sigla AC en las cédulas electorales de los próximos comicios. Diversas personalidades públicas, académicas y medios han expresado la improcedencia de esta marca, subrayando que no es de la misma naturaleza ni puede igualarse a otras que, desgraciadamente, como se ha dicho, han ido siendo permitidas desde 1958, año de la creación de la cédula única.


Es público y notorio que se está frente a una convocatoria de facto para un acto de pronunciamiento popular ajeno al acto electoral próximo, donde se estamparía la aludida consigna AC, y que tendría una finalidad Legislativa con la participación de otros actores y de una materia diferente al próximo acto eleccionario. Esta irregularidad ha sido explícitamente formulada por partidarios y representantes de la Nueva Mayoría en foros de TV y otros medios. Incluso, se ha llegado al colmo de que una Magistratura sustituyó la penalidad correspondiente al autor del desacato de ocupar el ex Congreso Nacional e interrumpir la sesión que allí se realizaba, por una acción de promoción de la AC y la campaña Marca tu Voto.


La situación expuesta aparentemente se contrapondría a la reiterada afirmación de la candidata Bachelet de que la reforma Constitucional que ella propicia se haría a través de la institucionalidad vigente, la cual es muy estricta en materia de convocatorias plebiscitarias.


Pero, y aquí vendría el resquicio Legal de esta al parecer resurgente UP: en la medida en que la marcación de que se trata represente un porcentaje masivo de cierta contundencia, ¿quién va a evitar la presión que se ejercería sobre el Congreso Nacional a esta manifestación de una importante masa popular?


La confabulación para la sigla AC es un campo de generosa posibilidad para el cohecho, aun cuando se haga con el lápiz de grafito que entrega la mesa, usando diversidad de tipos de letras y distintas ubicaciones en la cédula, lo que proporcionaría, adicionalmente, otro golpe decisivo al gran anhelo que hace más de 50 años tuvo el país de purificar una de las mayores prostituciones de la dinámica eleccionaria de una democracia en un Estado de Derecho.


Sergio Rillon.


Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.

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Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

LANATA : CARTA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

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Canción Nacional de Chile completa con todas sus estrofas....

Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

PARA VER COMPLETO HAGA DOBLE CLIC SOBRE EL VÍDEO.

Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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A Nuestros Hombres de Armas y nuestros caídos

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