El país que yo quiero,
por Sergio Melnick.
Ya entrado el siglo 21, parece sorprendente ver
que la mayoría de los candidatos siguen atrapados en ideologías más o menos
obsoletas del siglo 20. Ideologías que simplemente no dan respuesta a los
desafíos de este siglo como por ejemplo las nuevas formas humanas de
reproducción tecnológica que se nos vienen, la manipulación genética y
clonación inminente, los transgénicos, la enorme revolución económica que proviene
de la nano tecnología, la nueva mente tecnológica colectiva en formación que
será la web 4.0, el lenguaje post simbólico (clave en educación), la
irrelevancia de la distancia y la explosión mundial del turismo, las nuevas
formas de globalización y de Gobierno mundial en ciernes, los problemas
planetarios de la ecología, los nuevos y diversos conceptos de familia, el
inminente ascenso al poder de la mujer, y tantos otros asuntos de esa
naturaleza.
En estos temas nadie posee “la verdad” y
necesitamos debatirlos con altura. En paralelo, la discusión sobre el mercado
versus el Estado es casi patética. Hoy ya nada es realmente privado, todo es
público más allá de la propiedad. Los Estados son lentos, burocráticos,
ineficaces e ineficientes, quitan libertades esenciales, y son presa habitual
de la corrupción. La empresa privada también. A su vez, la complejidad es tan
grande que prácticamente todos los mercados requieren hoy de regulaciones. Se
imponen nuevos estándares a nivel mundial que se deben aceptar y nuevos tipos
de relación público privado. El mundo opera a velocidad de internet, es ya una
sola gran red de valor en la economía, los aeropuertos del mundo están
atochados, las ciudades atoradas de autos y contaminación y todo ello será cada
vez peor por la enorme afluencia que trae consigo la tecnología actual.
Esa es la base de los descontentos que reclaman
pero no proponen, y los políticos tampoco, paralizados mirando al pasado. En
ese contexto, en general, las propuestas de los candidatos parecen vacías y
casi todas mirando por el retrovisor.
La intolerancia campea en nuestra política y
parece que se ladran en vez de escucharse, incapaces de ponerse de acuerdo, que
es esencialmente su trabajo y responsabilidad. No hay en la mesa ideas
novedosas, caen en populismos de diversa especie ofreciendo soluciones
milagrosas en sólo un par de años. Hasta hay candidatos que plantean modelos
asambleístas en pleno siglo 21, y que por cierto algunos estudiantes empujan
como si fuese la gran novedad o panacea. Un famoso historiador que se quedó en
el pasado los torea en ese sentido tan añejo.
Yo quiero un país en que los políticos sepan
ponerse de acuerdo, que sepan transar en caminos intermedios que satisfacen a
la mayoría. Los fundamentalistas no deben tener mucho espacio real en la
política, lo mismo las religiones que por definición no pueden transar nada a
partir de sus dogmas. Es decir, quiero un país tolerante y con respeto por el
pensar del otro.
Un país en que la libertad humana sea el norte,
y la diversidad, un mérito; no un pecado. Un país donde el Estado sea regulador
y controlador, no ejecutor, salvo raras excepciones. Cuando éste administra
pasa a ser Juez y parte y lo hace entonces muy mal en general. Quiero un país
sin encapuchados ni violentos, con alto respeto cívico.
Quiero un país con un sistema educativo diverso
y ejemplar, propio del siglo 21, no anquilosado, menos ideologizado y
controlado por el Estado. Quiero un país con igualdad de oportunidades, no con
igualdad de resultados, que incentive el esfuerzo y la responsabilidad de
todos. Quiero un país de personas que piensan por sí mismas, que no sigan puras
consignas y slogans.
Quiero un país sin pobreza extrema, sin grandes
concentraciones de poder, sea éste económico, geográfico, político, social,
religioso, intelectual. Quiero un país con gran capital social, es decir con
confianzas reales. Quiero un país que desafíe como un todo a la delincuencia y
la erradique. Un país que acoja a sus viejos, que respete sus Leyes, que tenga
buena televisión y calidad de entretención, transporte público decente, poca
burocracia, mucho emprendimiento y cada vez más personas independientes en su
trabajo.
La Nueva Mayoría está anclada en el pasado, hoy
arrinconada por el PC, y basada en el resentimiento, la venganza, promueve la
polaridad como ya lo hicieron antes. Es cosa de escuchar a los Andrade,
Carmona, Quintana, Girardi, Pizarro, Elizalde, Navarro, que son quienes
realmente Gobernarían detrás de Bachelet. La derecha a su vez está
desarticulada y sin rumbo. Sabe gestionar, pero no sabe encantar ni comunicar,
elementos clave en este siglo.
Necesitamos mirar al futuro con nuevas ideas,
nuevos líderes, y más amistad cívica para lograr otros 30 años de progreso como
los que tuvimos hasta aquí.
Cuidado con la trampa,
por Rolf Lüders.
Desde que se iniciaron las transformaciones
económicas a mediados de los años 70, Chile ha estado creciendo -como
tendencia- a tasas significativamente mayores que los países desarrollados. En
efecto, desde entonces, el PIB per cápita de Chile más que se duplicó como
porcentaje de aquel de Estados Unidos, la pobreza disminuyó notoriamente y,
últimamente, incluso la distribución del ingreso ha tendido a hacerse más
igual.
Ello ha generado una clara sensación de
bienestar y riqueza, al punto de que en los recientes debates presidenciales
casi todos los candidatos -recogiendo ese sentir- manifestaron que la
abundancia de recursos permitiría implementar una serie de ambiciosos programas
redistributivos. Parece no existir conciencia de que tal abundancia es la
consecuencia de la aplicación del así llamado modelo, y que la falta de
prudencia y prolijidad en materia económico-social nos puede hacer caer en la
trampa de los países de ingresos medios. Si lo hacemos, podremos dejar de
llegar -como todos deseamos- al pleno desarrollo en el futuro previsible.
Se conoce como trampa de los países de ingresos
medios el hecho empíricamente irrefutable de que la mayoría de los países que
alcanzan un PIB per cápita de alrededor de US$ 16.000, como Chile, sufren una
fuerte desaceleración en su crecimiento, dejando de converger hacia los
ingresos de países avanzados.
Dos investigaciones recientes sobre el tema, de
Aiyar, Duval, Puy, Wu y Zhang (2013) y de Eichengreen, Park y Shin (2013),
estiman econométricamente las múltiples causas de la trampa. Cabe destacar una
serie de esos factores de riesgo que hacen improbable una trampa en el caso de
Chile: la demografía, las instituciones (respeto por la Ley y la protección del
derecho de propiedad), un cambio de régimen político de autoritario a
democrático, la composición de la producción, crisis financieras, una moneda
subvaluada y el sistema de comunicaciones. Factores de algún riesgo
significativo podrían ser la calidad de la educación secundaria y superior (que
dificulte el desarrollo de actividades intensivas en tecnología), la aún
deficiente infraestructura energética y caminera, el porcentaje relativamente
bajo de comercio con nuestros vecinos y la macroeconomía, por nuestra
dependencia del precio de los recursos naturales, especialmente el cobre.
Factores de riesgo obvios son la relativamente
alta tasa de crecimiento económico previa, las comparativamente elevadas tasas
de inversión, la regulación excesiva y el tamaño del Estado. Los dos primeros
factores son un riesgo por el fenómeno de reversión a la media. Los dos últimos
lo son porque el crecimiento se produce cuando el sector privado tiene la
capacidad y el espacio para desarrollarse e innovar.
En este último sentido, y a juzgar -implícitamente-
por las propuestas de la mayoría de los candidatos Presidenciales, es
preocupante la falta de conciencia que tiene la ciudadanía de que aún estamos
lejos del desarrollo, y que seguir creciendo es una condición necesaria para
continuar con la mejora del empleo y de los salarios. Para lograr lo último,
debemos tomar las medidas pertinentes y conocidas para evitar caer en la trampa
de los países de ingresos medios.
Tocqueville y el declive de la sociedad civil,
por Axel Kaiser.
En su clásico “La democracia en América”,
Alexis de Tocqueville escribiría que Estados Unidos era “el país del mundo que
ha tomado la mayor ventaja de las asociaciones (…) los americanos de todas las
edades, condiciones y mentalidades (…) no solamente tienen asociaciones
comerciales e industriales donde todos toman parte, sino miles de otro tipo (…)
de esta forma crean hospitales, prisiones y escuelas”. Una razón fundamental
para la formación del capital social americano, observó el genio francés, era
la profunda desconfianza del pueblo estadounidense en el Gobierno.
Tocqueville ilustraría este punto al contrastar
una campaña contra el abuso de alcohol realizada por asociaciones civiles
americanas con lo que habría ocurrido en su país natal. Según Tocqueville, si
los participantes de la campaña hubieran vivido en Francia, cada uno de ellos
se habría dirigido individualmente al Gobierno para exigirle que fiscalizara
los bares de la nación. Y es que los franceses, observó el compatriota y
contemporáneo de Tocqueville, Frédéric Bastiat, esperaban del Estado todos los
beneficios imaginables, mientras los americanos no esperaban nada que no
viniera de ellos mismos. En palabras de Tocqueville el americano “aprende desde
que nace a confiar en sí mismo para enfrentar los obstáculos y los males de la
vida”, descreyendo de la autoridad y asociándose para lograr todo lo que la
voluntad humana es capaz de alcanzar mediante la actuación libre de los
individuos.
Cuando Thomas Jefferson, el tercer Presidente
de Estados Unidos, sostuvo que “el Gobierno es mejor cuanto menos Gobierna”,
estaba recogiendo la esencia de ese espíritu individualista y
solidario-asociativo americano. Sería ese mismo espíritu el que sufriría un
deterioro sostenido con el avance de nuevas ideologías, entre las que destacó
el movimiento progresista de fines del siglo XIX. Con Franklin Roosevelt y el
New Deal, el progresismo daría un golpe letal a la tradición liberal clásica
sobre la que se fundó Estados Unidos (Epstein, 2012). Las nuevas ideas, proclives
a la colectivización de la responsabilidad, llevaron a una creciente expansión
del Estado y a un correspondiente debilitamiento de la sociedad civil
estadounidense.
Tocqueville, anticipando que los americanos
podrían caer en la seducción de encontrar seguridad a través del Estado, les
profetizó un oscuro destino: “La moralidad e inteligencia de un pueblo
democrático arriesgará no menores amenazas que su industria y comercio si el Gobierno
viene a ocupar el lugar de las asociaciones en todos lados”. El tiempo ha dado
la razón al pensador francés. El Estado norteamericano ha crecido desde un 7%
del PIB a principios del siglo XX, a cerca de un 45% del PIB en nuestros días.
Además del riesgo de default y los múltiples problemas económicos derivados de
esta hipertrofia Estatal, las asociaciones civiles han experimentado un declive
significativo llevando a la pérdida de movilidad social y a mayores
desigualdades (Skocpol, 2003; Murray, 2012).
Los americanos, en otras palabras, se han
vuelto menos prósperos, más dependientes del poder político y menos
responsables por sus pares. Esto no es sorpresivo. Como explicó el mismo
Tocqueville, un Gobierno limitado es fundamental para la existencia de una
sociedad civil pujante. Este ideal, no está de más decirlo, es completamente
opuesto a lo que buscaron los movimientos totalitarios, cuyo objetivo fue
precisamente la politización absoluta de la sociedad, es decir, la anulación de
toda asociatividad entre ciudadanos. De este modo nada puede existir fuera del
Estado, lo que es lo mismo que decir que nada puede existir fuera del control
del Gobernante.
En la mentalidad totalitaria, incluso programas
como la Teletón, por poner un ejemplo local, deberían ser Estatizados. Así, la
responsabilidad de ayudar al prójimo ya no corresponde a grupos civiles, sino a
funcionarios Estatales cuyo poder se incrementa con cada asociación que
desintegran, hasta que por esa vía asumen el control total sobre la vida de las
personas.
Para una democracia, los efectos de la
politización de la sociedad civil no son menos perversos. Cuando el Estado
controla y define los aspectos más importantes de la existencia de las personas
—salud, educación, pensión, etcétera—, la política se convierte en una lucha
encarnizada por hacerse del inmenso poder en juego. Pero lo que es peor, los
ciudadanos arman facciones que entran en una batalla permanente por los
recursos repartidos desde el Gobierno, ahora convertido en la fuente central
del bienestar de la población. Como consecuencia, el conflicto pasa a ocupar el
lugar de la colaboración voluntaria destruyendo las bases de la asociatividad y
la paz social.
En Chile, este análisis no debiera olvidarse en
tiempos en que se plantea la idea de poner fin al Estado subsidiario, para
incrementar dramáticamente el control que los políticos ejercen sobre la vida
de los ciudadanos. Un camino, como sabemos por Tocqueville, que solo conducirá
al declive de nuestra sociedad civil y a un deterioro todavía mayor de nuestra
democracia.
A la hora del balance en las urnas.
Parece lógico que en el momento de sufragar,
los votantes se pregunten si están hoy mejor o peor que al término del Gobierno
anterior, encabezado por quien es hoy la principal candidata de oposición.
Llama la atención que, aunque la gestión del primer Gobierno de la Alianza haya
cosechado muy importantes logros en lo económico y lo social, según las
encuestas, la candidata oficialista no logre captar suficiente apoyo popular.
La lista de las realizaciones del Gobierno es
impresionante. Aunque últimamente la economía se ha desacelerado, el
crecimiento promedio del cuatrienio se estima será de alrededor de 5,5% anual,
considerablemente superior al 3,3% del período anterior. A diferencia de
entonces, esta vez la inflación se ha mantenido por debajo del objetivo del 3%,
de modo que no ha sido necesario que el Banco Central suba drásticamente la
tasa de interés, como ocurrió en 2007, cuando la inflación se empinó a casi
10%. De hecho, últimamente la autoridad monetaria ha rebajado los intereses.
Como resultado de la expansión de la economía,
la creación de empleos ha alcanzado un ritmo récord; el desempleo se sitúa a su
nivel más bajo en más de 20 años; los salarios reales crecen con vigor; los
presupuestos Fiscales en educación, salud, vivienda y otros programas sociales
se benefician de la mayor recaudación tributaria; la pobreza disminuye, y
probablemente también la desigualdad.
La coalición de Gobierno parece haber fallado
en transmitir a la opinión pública que estos logros económicos y sociales son,
al menos en parte, resultado de su gestión y estarían por tanto en riesgo si la
Concertación —unida ahora al PC— volviera al poder. Invitado a un debate
televisivo nocturno, el domingo pasado, el Presidente Piñera, con la impecable
argumentación de un doctor en economía, demostró que el buen desempeño de la
economía nacional no puede atribuirse a una mejoría externa. Sostuvo que bajo
su Gobierno Chile ha crecido más rápido que el promedio mundial y
latinoamericano, mientras que en la Presidencia de Bachelet sucedía al revés.
Es cierto que el precio del cobre ha sido alto, pero los mayores costos en la
industria del cobre han neutralizado ese factor. En su opinión, nuestra
expansión económica —afectada también por el terremoto y el esfuerzo de la
reconstrucción— se explica por adecuadas políticas macro y microeconómicas,
entre las que destacó la Agenda de Impulso Competitivo, las facilidades para
crear empresas y los estímulos a la innovación.
¿Por qué entonces la indiferencia electoral
ante la opción de un segundo Gobierno de la Alianza? Tal vez porque el Gobierno
no ha sabido conectar esos resultados con sus propias acciones. Las
convicciones que inspiran su programa con frecuencia aparecen confundidas con
consideraciones de mera buena gestión, o directamente disimuladas para
apaciguar a la oposición. Ha validado alzas de impuestos y aumentos de
regulaciones que antes repudiaba. Consciente de sus costos políticos, ha dejado
mucho de la agenda pro competitividad a medio camino y ha eludido las reformas
más profundas para destrabar los cuellos de botella que en materia de energía,
infraestructura y mercado laboral pueden terminar frenando el crecimiento. Está
en lo cierto el Presidente en cuanto a que su Gobierno inicialmente desató una
ola de buenas expectativas, de creación de empresas, de inversiones nacionales
y extranjeras, de mejoramientos de productividad. Pero la duración de ese
impulso depende de la concreción de los anuncios y los planes pro crecimiento.
A ojos de los votantes, tal vez ni la coalición de Gobierno ni el bloque
opositor den hoy suficientes garantías de su compromiso con un desarrollo
acelerado como el que vislumbraron cuatro años atrás.
Los últimos episodios de la campaña.
A pocos días de la múltiple elección Presidencial,
Parlamentaria y —por primera vez— de Consejeros Regionales, todo lo que ocurre
en la vida pública es visto en clave electoral, en una semana de temario
bastante variado y a veces con más proyecciones para el próximo Gobierno que en
la coyuntura inmediata. El alza del respaldo al Presidente Piñera refuerza su
peso político personal, y quizás eso explique el intento de envolverlo en el
caso Cascadas. La polémica por el proyecto de un Observatorio Judicial y el
anuncio de más de cien denuncias por supuestos actos de intervencionismo Gubernamental
con críticas opositoras al Contralor, afectan al oficialismo, mientras las
deserciones en la Democracia Cristiana muestran una faceta diferente de la
grave crisis que vive esa colectividad. Hubo además, en el final de una campaña
poco común, más foros con los nueve candidatos, ahora algo más activos. Pero
ese alto número de actores no permite explicar sus propuestas y ratifica el
escaso beneficio de este formato para el ciudadano común, aunque los
postulantes minoritarios se den a conocer y pongan en el debate algún tema
novedoso, sin mucha probabilidad de alterar los resultados finales y con una
obvia tentación de caer en el populismo o en la crítica agresiva e infundada,
lo que justifica una revisión futura del sistema de debates Presidenciales.
El regreso de las encuestas.
Si bien se sigue desconfiando de su capacidad
real de predecir resultados mientras no se conozcan mejor el comportamiento
electoral y el grado de concurrencia del nuevo padrón, se ha renovado la
tendencia a efectuarlas en materia política. La última consulta mensual de
Adimark —donde hay un 40% de apoyo al Jefe del Estado con alza de tres puntos
en una serie realizada siempre con el mismo procedimiento— confirmaría la
efectividad del logro de una meta que Sebastián Piñera se había propuesto y que
lo sitúa hoy como la primera figura de su sector. Pese a que allí sus opiniones
en torno a los 40 años del golpe militar deben haberle restado adhesiones,
parece que éstas se ampliaron hacia otros ámbitos, aunque faltaría saber si se
mantendrán en el tiempo. Por otra parte, como ocurrió con Bachelet y Frei, eso
no se traspasa fácilmente a los partidos de la Alianza (al igual que la
oposición, con bajísimo respaldo) ni a Evelyn Matthei. Ella ha optado por
asumir toda la responsabilidad de un eventual fracaso electoral, evitando, en
aras de la unidad, culpar a quienes sin duda han cometido graves errores en una
campaña con obstáculos y desafíos poco comunes, muchos ausentes y escasa
disciplina partidaria.
Observatorio Judicial.
La idea de la candidata oficialista de crear un
sistema de análisis y difusión de los fallos Judiciales puede ser discutible
sobre todo por la oportunidad en que surgió, aunque apela a una mayor
transparencia en un asunto de real preocupación ciudadana. Incluso la
Universidad Adolfo Ibáñez había expresado su interés en asumir esta iniciativa
como una tarea académica, pero fue quizás la decisión del Gobierno de
intervenir en el proyecto y financiarlo lo que introdujo una confusión que lo
frenó finalmente, quedando sólo la voluntad de la universidad de concretarlo
más adelante, fuera ya de la polémica actual. Más allá de la atribución Constitucional
del Presidente de la República de velar por la conducta Ministerial de los Jueces,
parece obvio que este asunto se manejó malamente y despertó temores respecto de
la independencia del Poder Judicial, llegando al rechazo formal de parte del Presidente
(s) de la Corte Suprema, que calificó la iniciativa como una intromisión
indebida, además de improvisada y sin fundamentos claros. Desde distintos
ángulos, la época electoral se presta para suponer intencionalidades políticas.
La sangría de la DC.
Al ingreso de destacadas figuras del partido al
movimiento liberal de Andrés Velasco, considerado compatible (todavía) con su
actual militancia, se han sumado luego algunas sonadas renuncias en distintos
sectores internos que sin embargo coinciden en criticar la posición actual de
la colectividad y el manejo de la directiva. Si antes se objetó el escaso
compromiso de muchos dirigentes con la candidatura de Claudio Orrego, ahora es
el grupo llamado G-80, con fuertes vínculos en el mundo sindical, donde
comienza una especie de fuga generacional en repudio a la conducción de “los
príncipes” y a una imagen conservadora ya criticada en la campaña de Orrego.
Todo eso, y la postergación del congreso destinado a revisar la declaración de
principios, indica que tras las elecciones habrá en la DC una pugna entre
demandas de mayor liberalismo doctrinario y la presión izquierdizante de la
Nueva Mayoría, por una parte, y por otra, los reductos más tradicionales,
descontentos de la alianza con el PC, y quizás también nuevos liderazgos si el
partido se aleja definitivamente de la matriz que lo caracterizó por décadas.
La FEUC y los paros.
La
renovación en curso de las directivas estudiantiles tuvo un hito en la FEUC,
donde triunfó por sexta vez, pero estrechamente, el NAU (de izquierda pero
autónomo respecto de la Nueva Mayoría) sobre el repunte del gremialismo. Ello
robustece el pronóstico de un 2014 movilizado, que probablemente se confirmará
en la FECh y en la mayor parte de las Provincias, aun con grados diversos de
repudio al sistema. Si se suma el auge de los paros sindicales —aunque finalice
el Municipal que amenazó el orden del 17 de noviembre forzando al Presidente a
preparar un plan para evitar ese efecto—, el pronóstico para quien encabece el
próximo Gobierno es de cuidado en cuanto a las exigencias concretas y las
trabas a su puesta en marcha que le impondrán los movimientos sociales apenas
pase el “período de gracia” inicial, que probablemente será más breve esta vez.
Inversión en Infraestructura.
Opiniones confrontadas se han expresado tras el
reciente resultado de la licitación pública de la obra “Puente de Chacao”, que
unirá Chile continental con la Isla Grande de Chiloé para el 2019. A comienzos
del año existían ocho consorcios precalificados y al momento de la presentación
de las propuestas, llegó sólo uno a materializar su oferta técnica, compuesto
por las empresas Oas (Brasil), Hyundai (Corea), Systra (Francia) y Aas-Jakobsen
(Noruega).
Tradicionalmente, las obras públicas
constituyen la huella y el legado de los Gobiernos, por lo que son muy
sensibles al momento político, al tiempo de ser fundamentales para el
desarrollo económico. Asimismo, no es fácil congeniar estas dos dimensiones en
la proximidad de la elección Presidencial.
Para los ex titulares de la cartera en Gobiernos
anteriores –Eduardo Bitran y Sergio Bitar– se advierte “ansiedad” e
“improvisación” del Gobierno para realizar dicha licitación y otras, como
Américo Vespucio Oriente, refiriéndose al propósito Gubernamental de licitar en
un plazo de cinco meses obras por US$4.000 millones. La Ministro Loreto Silva
ha rechazado dichas críticas, señalando que se ha hecho un trabajo serio en el
MOP y que existe un cronograma que está dispuesta a cumplir.
Dado este debate resulta interesante recordar
el estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, “Infraestructura Crítica
para el Desarrollo 2012-2016”, en el que se detallaron los sectores donde
existe una demanda de nuevas licitaciones por un total de 47 mil millones de
dólares, y que son una necesidad para que el país continúe creciendo y alcance
el desarrollo: Vialidad urbana, Electricidad, Puertos, Recursos Hídricos,
Vialidad Interurbana, Aeropuertos, Infraestructura Hospitalaria y
Penitenciaria. El estudio advierte que si bien se incrementó el gasto público
en estas áreas, ello sólo ha suplido en parte la caída de la inversión en
concesiones, que se paralizaron tras el llamado caso MOP-Gate y que ha tenido
un lento avance, ahora acelerado por las decisiones del Gobierno saliente, que
despiertan las críticas opositoras.
Al respecto, una sana regla enfatiza la
necesidad de programar la inversión en infraestructura pública en términos
netos, es decir, considerando las caídas en la misma en períodos previos y
sostener el ritmo de la inversión para no incurrir en postergaciones y luego en
aceleraciones bruscas.
Lamentablemente ello no ha ocurrido en los
últimos años y el resultado es que los anuncios recientes se confunden con el
interés de una administración que parece querer dejar una huella al final de su
mandato, justo en un periodo electoral.
Sería deseable que una vez terminada esta
etapa, el próximo Gobierno, cualquiera sea, retome la prioridad de la inversión
en infraestructura que el país necesita, a través del modelo de concesiones y
de gasto público. El debate sobre ello debiera realizarse de manera técnica y
con la participación ciudadana desde un comienzo para evitar señales equívocas
a los inversionistas o concesionarios que operarán las obras y a las empresas
de ingeniería que los ejecutarán.
Las necesidades ya están claras, como lo indica
el estudio de la CChC antes mencionado.
Libertad de expresión.
La presentación de un requerimiento por parte
de la bancada de Diputados UDI en contra de diversas normas del proyecto de
televisión digital ha puesto de manifiesto ante la opinión pública que esa
iniciativa no sólo se refería a la adopción de esa nueva tecnología de
transmisión, sino que contiene una reforma sustancial al régimen regulatorio de
la televisión, con diversas normas que afectan la libertad de expresión, y el
otorgamiento del privilegio para Televisión Nacional de Chile de poseer dos
señales en cada zona, lo que no se permite a los demás actores de ese mercado,
excepción de dudosa justificación y que el canal no solicitó.
Las objeciones al texto tienen fundamento y deberían
ser atendidas por dicho Tribunal, particularmente las referidas a la libertad
de expresión, toda vez que se trata de una garantía esencial para el buen
funcionamiento de nuestra democracia. Surge naturalmente el cuestionamiento a
la pobreza y falta de información y apertura con que se conduce el debate Legislativo,
ya que muchas de las normas objetadas fueron introducidas en etapas muy
postreras de la tramitación y sin el mínimo análisis requerido en la opinión
pública. Llama la atención que no se hayan levantado antes con suficiente
anticipación y firmeza estos reparos desde todos los sectores Parlamentarios.
Lo propio puede decirse del Gobierno, que conforme al diseño institucional que
nos rige tiene un rol capital y de liderazgo en la tramitación de Leyes, dado
que su posición sólo se conoció realmente al pronunciarse sobre este recurso en
el trámite ante el Tribunal Constitucional. En ella, adhiere en lo sustancial
al cuestionamiento Constitucional que se le dirigió al proyecto y con sólidos
argumentos.
La posición adoptada por el Ejecutivo ratifica
las amenazas que la iniciativa conlleva para la libertad de expresión, pues se
interfiere la autonomía editorial de los medios audiovisuales a través de diversos
mecanismos, lo que, además, sentaría un precedente perjudicial en la materia.
En efecto, ellos no tendrán ya únicamente que respetar -como expresa la Legislación
vigente- diversos valores, cuyo catálogo se amplía, sino que quedarán obligados
a promoverlos activamente, lo que constituye la imposición de una determinada
agenda. Entre aquéllos está el pluralismo, que es entendido ahora como ciertas
realidades o tendencias en la vida ciudadana que se especifican, desestimándose
así las restantes, lo que contradice la noción misma de pluralismo democrático,
que sólo debe reconocer los límites señalados en la Ley. Asimismo, se les
obliga a transmitir campañas de bien público, que sean calificadas de tales por
la autoridad de Gobierno, las que pueden no estar conformes con la línea
editorial de los medios, y se hace con una regulación enteramente insuficiente,
que no acota debidamente la duración de aquéllas, sino que permite en el hecho
que se extiendan indefinidamente en el tiempo. Este tipo de herramientas ha
dado lugar a graves transgresiones a la libertad de expresión en otros países
sudamericanos.
Si bien es importante que el Gobierno haya
asumido la defensa de la libertad de expresión, habría sido preferible que
utilizara el instrumento institucional más idóneo, ejerciendo el veto y
obligando al Congreso a revisar este texto Legal en los puntos cuestionados. No
haberlo hecho oportunamente en este caso, además de relegar el liderazgo que le
compete, entregó la solución de la disputa al Tribunal Constitucional,
comprometiéndolo innecesaria y prematuramente en una contienda que pudo ser
resuelta en el Congreso y por una vía institucional propia del debate
democrático.
Prensa en Argentina.
Casi como un “premio de consuelo” al mal
resultado electoral del Gobierno argentino, la Corte Suprema entregó un fallo
que declaró la Constitucionalidad de la cuestionada Ley de Medios, que ha
estado en el debate desde su aprobación en 2009. Gran perdedor es el Grupo
Clarín, pero aún más lo es la libertad de prensa y de expresión, que recibe un
nuevo golpe del kirchnerismo.
Muchos han dicho que esa Ley tenía “nombre y
apellido” y que fue redactada especialmente para desmantelar al grupo
periodístico que cuenta con 158 licencias de TV cable, 4 canales de TV abierta,
7 radios AM y FM y 6 señales por suscripción, un número mucho mayor de lo que
la nueva Ley permite.
Clarín, que además es el diario de más
circulación, fue cercano a Néstor Kirchner durante los primeros años de su Gobierno,
al punto de que varias de las señales actualmente en disputa fueron adjudicadas
durante su mandato. El alejamiento del multimedio del Gobierno, durante la
crisis del agro en 2008, le valió la mala voluntad oficial y un conflicto que
culminó en la referida Ley.
Nadie discute que es positiva la diversidad y
pluralidad de medios de comunicación —lo que evita la excesiva concentración—,
como parte de una competencia que garantice la más amplia libertad de prensa y
expresión de los diversos sectores de la sociedad. Pero la Ley argentina
escondía tras esa premisa el propósito inequívoco de desmantelar al Grupo
Clarín, con su extensa cobertura nacional. El fallo de la Corte Suprema,
dividido, con cuatro Jueces a favor, dos que presentaron objeciones y uno que
votó en contra, estima que la Ley no afecta la libertad de expresión ni la
viabilidad de las empresas. En contrario se han expresado varios juristas,
quienes consideran que, entre otros aspectos, es discriminatoria y atenta
contra la propiedad privada, pues Clarín tenía licencias otorgadas hasta 2025.
Se han cuestionado las supuestas reuniones
entre ciertos Jueces y personeros de Gobierno antes de la redacción de este
fallo. Si fuera cierto que ellas ocurrieron, sería alarmante que hubieran
mediado presiones oficiales, atentatorias contra la independencia del Poder
Judicial. La SIP señaló que el fallo “no tuvo en cuenta el estado de la
libertad de expresión en Argentina, (donde) se ha deteriorado por los continuos
ataques del Gobierno contra voces críticas y el manejo arbitrario de la
millonaria publicidad oficial”. A esto último, debe agregarse que el Gobierno
prohibió a los grandes supermercados y tiendas avisar en los diarios opositores
de mayor circulación nacional, con lo que, en plena crisis económica, han
sufrido graves perjuicios.
Esta Ley argentina se suma a sendas normativas
dictadas en países como Ecuador y Venezuela, que han afectado duramente el
libre ejercicio del periodismo. Y es profundamente preocupante que también en
Chile algunas candidaturas de izquierda propugnen modificar en similar sentido
la Legislación vigente. En las líneas programáticas de Nueva Mayoría, por otra
parte, se afirma que “resulta necesario incentivar en los medios de
comunicación tradicionales un auténtico pluralismo tanto en los contenidos como
en la propiedad”. Estos planteamientos, sin hacer las necesarias precisiones a
favor de la libertad e independencia de dichos medios, podrían eventualmente
derivar en propuestas similares a las que se han aprobado en otros países, con
las conocidas consecuencias para la calidad de sus democracias.
Una carta para meditar.
Señor Director:
AC, resquicio de la Nueva Mayoría.
Preocupa a importantes sectores la amenaza de
que se estampe la sigla AC en las cédulas electorales de los próximos comicios.
Diversas personalidades públicas, académicas y medios han expresado la
improcedencia de esta marca, subrayando que no es de la misma naturaleza ni
puede igualarse a otras que, desgraciadamente, como se ha dicho, han ido siendo
permitidas desde 1958, año de la creación de la cédula única.
Es público y notorio que se está frente a una
convocatoria de facto para un acto de pronunciamiento popular ajeno al acto
electoral próximo, donde se estamparía la aludida consigna AC, y que tendría
una finalidad Legislativa con la participación de otros actores y de una
materia diferente al próximo acto eleccionario. Esta irregularidad ha sido
explícitamente formulada por partidarios y representantes de la Nueva Mayoría
en foros de TV y otros medios. Incluso, se ha llegado al colmo de que una Magistratura
sustituyó la penalidad correspondiente al autor del desacato de ocupar el ex
Congreso Nacional e interrumpir la sesión que allí se realizaba, por una acción
de promoción de la AC y la campaña Marca tu Voto.
La situación expuesta aparentemente se
contrapondría a la reiterada afirmación de la candidata Bachelet de que la reforma
Constitucional que ella propicia se haría a través de la institucionalidad
vigente, la cual es muy estricta en materia de convocatorias plebiscitarias.
Pero, y aquí vendría el resquicio Legal de esta
al parecer resurgente UP: en la medida en que la marcación de que se trata
represente un porcentaje masivo de cierta contundencia, ¿quién va a evitar la
presión que se ejercería sobre el Congreso Nacional a esta manifestación de una
importante masa popular?
La confabulación para la sigla AC es un campo
de generosa posibilidad para el cohecho, aun cuando se haga con el lápiz de
grafito que entrega la mesa, usando diversidad de tipos de letras y distintas
ubicaciones en la cédula, lo que proporcionaría, adicionalmente, otro golpe
decisivo al gran anhelo que hace más de 50 años tuvo el país de purificar una
de las mayores prostituciones de la dinámica eleccionaria de una democracia en
un Estado de Derecho.
Sergio Rillon.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
