La
izquierda arriesga su colapso
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Pocos
títulos podrían resultar más insólitos, cuando parece ser la derecha la que se
va a hundir en las próximas elecciones. Eso, si se piensa que los resultados
electorales se reducen a los números. Pero si se mira al 17 de noviembre como
una instancia en que las diversas opciones mostrarán sus más profundas
intenciones, la izquierda está ciertamente arriesgando su colapso.
Ganará,
muy probablemente, ganará, ¿pero qué significará esa victoria? Si la izquierda
logra vencer, lo habrá hecho defenestrando el capital que había simulado
construir durante casi 25 años: su talante democrático. Habrá efectivamente
dilapidado sus credenciales en el juego de las mayorías y de las minorías, por
una importante cantidad de razones.
En
primer lugar, porque habrá coqueteado con la ruptura de la institucionalidad.
Si entre el 64 y el 73 la izquierda se prostituyó abiertamente, ahora solamente
le ha guiñado un ojo a la posibilidad de romper con las formas establecidas.
Pero lo ha hecho con tal perseverancia, bajo el rótulo de la Asamblea
Constituyente, que el resultado sería igual: adulterio.
En
segundo término, ha validado la calle. Esas decenas de miles que vociferan una
vez al mes o más han sido para la izquierda una proa detrás de la que pueden
emprenderse navegaciones sin rumbo conocido. La izquierda no ha logrado
definirse: ¿o la calle de unos miles o el Parlamento de millones? Y esa
ambigüedad, consentida, continuará.
Se
suma, además, la incorporación de los comunistas. El PS y el PPD eran una
izquierda democrática, en apariencia. Con el PC, son una izquierda totalitaria,
en potencia. De la apariencia a la potencia, ¿hay mucho trecho?
Como
cuarta consideración, mírese la situación de la Democracia Cristiana. La
izquierda la arrastra, la desgarra, pero consigue que no se desintegre. Parece
que logra su objetivo: mantenerla dentro del eventual Gobierno; pero, ¿a qué
precio? Al costo de eliminar el centro DC para siempre. Y eso significa —que
nadie se engañe— que el flanco más duro de la izquierda ya no gozará de la
blanda protección democristiana.
Por
último, la izquierda se daña a sí misma decisivamente al proponer de nuevo el
gigantismo Estatal. Ahora lo llaman interés público, pero terminará siendo esa
maquinaria ya conocida, la de los mil engranajes que tritura libertades y
proyectos.
Hasta
2010, la izquierda fue prudente. Ahora vuelve a mostrar su cara agresiva,
temeraria. La suya es una apuesta cortoplacista, muy arriesgada, casi suicida y
que se basa en un supuesto fundamental: las tres fuerzas que se opusieron a su
proyecto totalitario bajo Allende hoy se encuentran seriamente aproblemadas:
supone la izquierda que las Fuerzas Armadas han sido convencidas de que nunca
más deben defender el destino nacional frente a una amenaza terminal; cree que
la Iglesia ha sido neutralizada en sus convicciones sobre la vida digna y
libre; estima que los gremios vegetan porque Jaime Guzmán fue asesinado… por la
misma izquierda.
Si
la derecha es hoy un manojo de debilidades, la izquierda vuelve a ser un
arcoíris de maldades.
Pero
en esa aparente fortaleza está su debilidad. Porque al menospreciar la
izquierda a esas masas egoístas, consumistas y hedonistas del Chile medio de
hoy, podría pasarle que, al dañarles su empleo, su educación y su consumo, se
encuentre con otra oposición, ni más noble ni más digna que la del 73, pero
quizás nunca imaginada.
Aunque
también es cierto que puede tener previsto cómo enfrentar esa situación: le
bastaría con la reelección indefinida, o con un golpe blando, en el nombre de
la calle. Cualquiera de esos métodos comprobaría el colapso democrático de la
izquierda.
Por
un par de dólares más,
por Axel Kaiser.
El
ideal del capitalismo, explicó Max Weber, es el del sujeto honrado y digno de
crédito. Lamentablemente, poco o nada hay de ese tipo de reflexiones en el
análisis económico actual, dominado por una visión de corte materialista y
reduccionista que concibe la economía, y su operación, como si se encontrara
absolutamente desconectada de una profunda dimensión ética.
La
verdad, sin embargo, es que la confianza en el otro, el cumplimiento de la
palabra empeñada, el honor y la perseverancia, el amor por el trabajo bien hecho
y el respeto por la propiedad del otro, son valores sin los cuales el mercado
no solo deja de funcionar, sino que pierde su legitimidad moral como sistema.
Por eso es tan grave lo que ha ocurrido en casos como La Polar y Cascadas. Por
un par de dólares más, los pocos hombres de negocios y empresarios responsables
de estos escándalos han contribuido, en el peor momento imaginable, a tender un
manto de sospecha sobre todos sus colegas y, de paso, a nutrir el arsenal de
aquellos que quieren sofocar el sistema de libre empresa en Chile.
Algunos
hemos estado dispuestos a defender ese sistema en un país en que hablar de
libertad y lucro se ha convertido en una herejía. Y lo hemos hecho porque
creemos tener una responsabilidad para con nuestros conciudadanos,
especialmente con los más pobres, y porque nos asiste la convicción de que el
camino de la libertad individual, de la solidaridad voluntaria, de la buena fe
y del respeto por la propiedad ajena, es el único que nos permitirá salir
adelante y dejar una sociedad mejor para las nuevas generaciones. Pero todo
tiene un límite. El liberalismo no es la defensa de ciertas personas, intereses
o empresas, sino de valores e ideas. Los mismos que una minoría inescrupulosa
—conocida en La Polar y aún por determinar en el caso Cascadas— ha decidido
aplastar en una muestra de codicia casi patológica que, por cierto, nada tiene
que ver con la sana ambición del empresario bien inspirado, cuya riqueza deriva
de la creación de valor y no del engaño o de la captura del Estado.
Se
podrá decir que en todo esquema de libertad existe la posibilidad de abusar de
ella. También se podrá argumentar que desde el Estado muchos políticos y
funcionarios públicos desfalcan aún más a los ciudadanos que los privados. Pero
esas excusas son insuficientes. En un país como Chile, pocos tienen
expectativas en torno a que los políticos y burócratas hagan un buen trabajo y
menos aún esperan que sean demasiado honestos. Tampoco la posibilidad de abusar
de la libertad defiende sin más las instituciones que la garantizan. Chile no
es Estados Unidos. Aquí el liderazgo empresarial es homogéneo y pequeño y el
chileno se relaciona casi personalmente con él mediante la prensa y los
servicios y bienes que este provee. Por eso el estándar de conducta esperada
para mantener la legitimidad del sistema es mucho más alto y el margen de error
y de inmoralidad mucho más limitado.
Además,
mientras en EE.UU. hay Tribunales que funcionan aplicando penas severas a
quienes defraudan, en Chile eso no ocurre del mismo modo. Todo lo anterior
implica que quienes son la cara más visible del éxito que permite nuestra
institucionalidad favorable a la libre empresa, no solo deben actuar con
ejemplar rectitud en los negocios que hacen, sino que también deben abogar por
la libertad para competir y sacar la voz condenando los desaguisados de sus
pares. De lo contrario queda la impresión de que todos tienen “tejado de
vidrio”, lo cual es nefasto para la legitimidad del mismo sistema que les ha
permitido enriquecerse y es, además, injusto para esos miles de empresarios y
trabajadores que desempeñan su labor de manera honesta y no pocas veces
heroica.
Ya
es suficientemente peligrosa la cortoplacista actitud de muchos empresarios,
denunciada con toda razón por Sebastián Edwards, de pretender beneficiarse del
sistema de libre empresa, sin comprometerse con su defensa a nivel de ideas.
Pero no estar dispuestos a incomodarse por defender públicamente el honor y la
reputación de su rol en la comunidad supera lo que una élite con estándares
mínimos de credibilidad puede exigir al resto. La libertad es como la salud: no
se aprecia hasta que se pierde. Por eso todos debemos cuidarla y defenderla día
a día. Los líderes empresariales, que sin duda han hecho una gigantesca
contribución a la prosperidad del país, deben asumir el costo de corto plazo
que implica defender públicamente la decencia sobre la que descansa una
institucionalidad de libertades como la actual. Nadie dice que sea fácil, ¿pero
acaso fue fácil sacar a Chile del pantano tercermundista-Estatista en el que se
encontraba para convertirlo en un modelo de desarrollo de categoría mundial?
¿Se ha olvidado buena parte de nuestra élite empresarial del sacrificio y
trauma que implicó llegar a donde estamos e incluso del esfuerzo que esta misma
hizo para ayudar a sacar adelante a este país? ¿Es que no ven la advertencia
que está dando el tono populista que han tomado las candidaturas Presidenciales
sobre lo que nos podría pasar si toda esta desconfianza en la libertad, el
emprendimiento y la empresa privada se siguen profundizando?
Es
demasiado lo que está en juego como para dejar que se vaya todo al hoyo por la
inmoralidad de unos pocos. Llegó la hora de reaccionar. Los chilenos y chilenas
esperan más de su élite empresarial que la indignación de salón o los reclamos
a puertas cerradas. Si estos no dan el ancho frente al público en materia de
credibilidad y no defienden los principios que sustentan nuestro sistema de
libre emprendimiento, en particular los de competencia justa, honestidad y
creación de valor, habrá quienes se encarguen de que la falsa idea según la
cual todos están dispuestos a abusar y a engañar por un par de dólares más, se
extienda como la gangrena en la sociedad. Y eso, en un país en que ya casi
nadie confía en las instituciones, terminaría siendo un pésimo negocio.
Observatorio
Judicial ciudadano,
por Gonzalo Müller.
En
medio de la elección Presidencial, desde la candidatura de Evelyn Matthei se ha
conocido la idea de concretar un observatorio Judicial, lo que ha sido
considerado como una intromisión desde el Poder Judicial, pero que sintoniza
con una de las demandas ciudadanas más sentidas y críticas: la de seguridad
ciudadana.
El
planteamiento central del Observatorio Judicial de Matthei es permitir que los
ciudadanos puedan formarse un juicio informado y personal respecto del
funcionamiento de los Jueces penales, y para esto se plantea crear un ente
público, independiente del Gobierno de turno, que tenga como misión asegurar el
fácil acceso y de forma sistematizada a la información referida a los fallos y
decisiones que van tomando los Tribunales y Jueces penales, de esta manera los
ciudadanos podrían conocer rápidamente el por qué se liberó tan rápidamente a
un delincuente, qué consideraciones se tuvieron en cuenta por el Juez y si la Fiscalía
cumplió correctamente con su deber persecutorio, en forma y fondo.
Nada
hay más indignante para una víctima de la delincuencia que la escena donde ve
salir casi inmediatamente a su victimario. Esa sensación de impotencia e
impunidad corroe la necesaria confianza en nuestro Poder Judicial, de modo que
asegurar al menos el derecho a conocer en detalle las razones de la decisión Judicial
da una señal de transparencia. Asimismo, la acumulación y sistematización de
esta información hará de este Observatorio Judicial un referente de consulta
obligada en el estudio y diseño de nuevas políticas públicas en el ámbito
penal.
La
reforma procesal penal generó una expectativa de una Justicia moderna, oportuna
y eficiente, y en plena operación desde hace más de ocho años en la Región
Metropolitana ha ido mostrando progresos importantes en algunas materias, pero
sigue generando un déficit en la percepción de Justicia o desamparo en que se
sienten las víctimas.
La
transparencia y el acceso a información de calidad respecto de las decisiones
públicas es hoy una norma en la gestión del Estado. Tanto el Ejecutivo como el
Legislativo se ven sometidos a múltiples instancias de control y fiscalización
ciudadana, y todas sus decisiones pueden ser requeridas por cualquier ciudadano
para conocer los antecedentes que se tuvieron a la vista. No se entiende,
entonces, que el Poder Judicial se permita el privilegio de una mayor opacidad
en sus decisiones, ni puede ser entendida como una intromisión la creación de
una instancia que facilita el acceso a esta información por parte de la
comunidad.
La
existencia de una duda razonable en la sociedad respecto de un cierto
garantismo en las decisiones y sentencias de los Jueces penales sólo se
confirma en su resistencia a que los ciudadanos puedan observar estas
actuaciones y sistematizarlas, pudiendo a lo largo de la repetición de ciertas
sentencias formarse una opinión fundamentada sobre la existencia o no de este
garantismo hacia los delincuentes. Los abogados y otros auxiliares de la
administración de Justicia ya cuentan con sistemas parciales de acceso a esta
información a través del esfuerzo de distintas instituciones que sistematizan y
publican algunos fallos de interés, pero con la creación del Observatorio
Judicial serán ahora los ciudadanos los que podrán acceder a esta información.
Era
natural que desde los Jueces o el Poder Judicial se manifestara esta
resistencia, pues a nadie le gusta ser sometido a controles o fiscalización en
sus labores, pero el rechazo de la izquierda chilena al Observatorio se hace
inentendible, pues si escuchara la demanda ciudadana en esta materia no podría
sino apoyar la iniciativa.
El
difícil petróleo,
por Patricio Lillo.
Un
pozo petrolífero alcanzaba, en 1930, tres mil metros de profundidad. A
comienzos de este siglo era ya común encontrar pozos de cinco mil metros. En
septiembre del 2009, una plataforma petrolera en el Golfo de México perforó
distancias imaginadas por Julio Verne: 10 mil metros de profundidad. El nombre
de la plataforma era Deepwater Horizon. Seis meses más tarde, un incendio causó
la muerte de una docena de trabajadores y el mayor derrame de petróleo en la
historia de EE.UU.
El
consumo mundial de crudo ha aumentado 160 veces desde 1900 y ocho veces desde
1950. El petróleo provee el 40% de la energía primaria demandada por la
civilización moderna. Por otro lado, desde 1990 el petróleo consumido cada año
es mayor al petróleo descubierto; las reservas explotadas no logran ser
restituidas. El petróleo es también la principal fuente de gases efecto
invernadero antropogénico.
¿Es
el actual precio del petróleo un estado permanente? Lo ocurrido con Deepwater
Horizon esclarece otra de las aristas de esa pregunta: ¿La época del petróleo
fácil está llegando a su fin? Los nuevos yacimientos demandan adentrarse en las
huracanadas aguas del Golfo de México o trasladarse hasta las contaminantes
arenas bituminosas canadienses, o recientemente, cavar bajo las gruesas capas
de hielo del Artico ruso. Y cuando el costo de extraer el petróleo sube, lo
hace también su precio.
Frente
a la escasez de reservas nacionales y un escenario de precios en aumento y
sustitutos en ciernes (biocombustibles), son indiscutibles las ventajas de
enfrentar la dependencia de hidrocarburos en vista a que la mitad de la matriz
energética chilena es el petróleo. Hablar de políticas energéticas es hablar
también de carreteras y puertos, de trenes y bicicletas, de buses y barrios; en
definitiva, de ciudades. Por ejemplo, transportar un kilogramo de carga en
camión requiere 10 veces más energía que hacerlo por tren o barco. O bien,
transportar a una persona en tren requiere tres veces menos energía que hacerlo
en bus y 10 veces menos que hacerlo en avión o en vehículo.
Los
casos citados exponen algunas de las enormes oportunidades que Chile tiene
entre sus manos. Sin embargo, pareciera que la subordinación al petróleo
importado no ha gozado del protagonismo que se merece, tanto por su ausencia en
el debate político como por la falta de correspondencia de políticas públicas.
Así, con distintos nombres, Chile ha implementado -y financiado- mecanismos
para reducir el impacto del aumento del precio de los combustibles, a la vez
que aplica un impuesto específico de $ 260 por litro (impuesto que por lo demás
grava sólo al 35% de los hogares chilenos que poseen un vehículo particular.)
Hablar
de políticas energéticas es también hablar de petróleo y del Transantiago: un
sistema de transporte público terrestre de una ciudad de siete millones de
habitantes, que exige subsidios de cientos de millones de dólares al año, pero
que a la vez no tiene ni la capacidad ni la voluntad de garantizar frecuencias
a sus usuarios. Una política energética trastabilla con un sistema de
transporte público inaugurado en su momento sin siquiera una marcha blanca
apropiada que -¿aún confundido?- no se atreve a ser público.
Percepciones
en contraste.
Entre
los muchos datos importantes que muestra la Encuesta Nacional Bicentenario de
la Universidad Católica-Adimark, cabe notar la percepción mayoritaria por la
ciudadanía de que existe un alto grado de conflictividad en el país: al
respecto, sus cifras son similares a las de 2011, período en el que afloraron
importantes movilizaciones estudiantiles y Regionales. La mayor parte de los
chilenos estima que existe un “gran conflicto” entre mapuches y el Estado
chileno (84%); Gobierno y oposición; trabajadores y empresarios (65%); ricos y
pobres (65%), y Santiago y Regiones (45%). Además, el 60% de los consultados
cree que “existe violencia en el país y hay que darle mucha importancia, porque
amenaza con destruir el orden institucional”.
En
contrario, y curiosamente, el optimismo a nivel individual mejora en grado
significativo luego de las bajas que presentó en 2011 y 2012. Esto se refleja,
por ejemplo, en las respuestas sobre las probabilidades de que en Chile “un
joven inteligente, pero sin recursos, ingrese a la universidad”, o que
“cualquier trabajador pueda adquirir su propia vivienda en un tiempo
razonable”.
¿Cuál
es la causa del cambio en las percepciones que se ha venido observando a partir
de los últimos años? ¿Por qué se han deteriorado las expectativas, con una
tendencia hacia lo negativo?
Las
respuestas, por cierto, son múltiples, pero la principal parece aludir a una
explicitación de los problemas que nuestro país está enfrentando, especialmente
en lo relacionado con educación, salud y la relación con las empresas, todo
ello exacerbado por la contienda electoral en curso.
Pese
a que el propio estudio muestra que los chilenos miran los procesos electorales
con optimismo, y no como sinónimo de crisis o incertidumbre, es evidente que en
la actual campaña electoral —a diferencia de las cuatro precedentes— se ha
exacerbado lo negativo, dejando de lado lo que objetivamente, según múltiples
cifras y estudios, ubica a Chile como uno de los países mejor encaminados en su
desarrollo económico y social.
Hay,
por ejemplo, un retorno a considerar al Estado como el ente que puede
solucionar la mayor parte de los problemas, lo que la historia mundial ha
desmentido una y otra vez. A la par, baja la sensación de que las propias
personas son, en la mayor parte de los casos, las determinantes para forjar su
propio futuro, sin perjuicio del marco Estatal.
Es
posible que se esté atravesando una sobrerreacción crítica temporal y que
paulatinamente se vuelva a los cánones normales, en que los aspectos críticos y
los mejoramientos necesarios vayan más a parejas con la valoración de lo que se
ha construido como país. Sin embargo, no es posible asegurar que eso ocurrirá
en el más corto plazo ni en qué circunstancias. Por ahora, resalta el dato de
que los grados de incertidumbre institucional futura evidentemente se han
incrementado.
El
diálogo político-doctrinario DC-PC.
Uno
de los rasgos característicos de esta campaña electoral (y de un próximo Gobierno
que hasta ahora mantiene un alta probabilidad de concretarse con el apoyo del
Partido Comunista) es la participación activa, e incluso en ocasiones
determinante, del PC en la Nueva Mayoría. Del antiguo respaldo a la
Concertación en una segunda vuelta Presidencial y, después, de los pactos por
omisión que permitieran elegir candidatos de esa colectividad, se ha pasado a
una colaboración estrecha que ha llegado a influir en lo programático y con
perspectivas serias de participación en un eventual Ministerio. La entrevista
al dirigente PC Andrés Lagos que publicamos hoy da algunas pistas de esa
estrategia y de sus efectos futuros, así como del creciente entendimiento que
allí se viene produciendo con la Democracia Cristiana.
En
lo primero, destaca que la inserción que el PC prevé en esta fase política no
se limita al Gobierno (donde, por lo demás, se reconoce que el ingreso al Gabinete
dependería finalmente de la voluntad de la Presidente, sino al conjunto del
Estado, porque el partido ha ido reafirmando la tesis de que se está empezando
a vivir en Chile una “revolución democrática”, en la cual ya no cabe una Gobernabilidad
de la democracia de los acuerdos, cuya política de los consensos llevó en su
opinión al descontento y la desigualdad social. Se requiere empoderamiento del
pueblo y una nueva Constitución, pues la institucionalidad presente puede
resultar limitada para las demandas que ahora se planteen. De ahí la
importancia del crecimiento de la próxima bancada que imagina constituida por
comunistas y sus aliados cercanos, la que cambiará la incidencia del PC en el
Parlamento.
En
lo segundo, se refiere al seminario programado para después de las elecciones,
que surgió de un diálogo no oficial de miembros influyentes de la DC, como el
recién fallecido Eugenio Ortega, y del PC, en el cual se avanzó obteniendo un
punto de partida común en torno a la superación de la desigualdad generada por
el modelo económico, abordando el tema tanto desde la perspectiva del humanismo
cristiano como del humanismo marxista (algo que podría sorprender si se
recuerda el origen de la Falange). A su juicio, ambos sectores, como toda la
centroizquierda, deben participar en la aludida revolución democrática porque
se trata de contar con mayorías nacionales.
Este
diálogo, que podría traducirse más adelante en acuerdo formal de las directivas
correspondientes si el seminario previsto tiene éxito, muestra un panorama muy
distinto del sostenido tiempo atrás por el Presidente de la DC, Ignacio Walker,
quien al respaldar el pacto electoral Parlamentario de la Concertación con el
PC mantenía sus dudas respecto a la presencia conjunta en el Gobierno y
descartaba la alianza política de ambas colectividades. Sin embargo, todo
parece indicar que, tanto por la división interna del falangismo como por el
futuro poder del PC para marcar la mayoría al menos entre los Diputados y su
disposición a aceptar un probable llamado al Ministerio, esa coalición, quizás
inicialmente por cuatro años, puede hacerse realidad conforme al diseño
estratégico comunista, sin provocar incompatibilidades respecto a la concepción
de la democracia o los derechos humanos.
Dado
que se trata de conversaciones iniciales, habrá que esperar a que se aclaren
las dudas que despierta una alianza DC-PC entre los propios
democratacristianos, y si el PC renunciará oficialmente a sus concepciones más
tradicionales, como la dictadura del proletariado (léase prohibición de
partidos opositores al comunismo), la defensa de regímenes dictatoriales como
el de los hermanos Castro en Cuba, y la aceptación de las libertades
individuales consagradas en las democracias.
Riesgos
por aumento en el consumo de marihuana.
El
último estudio sobre consumo nacional de drogas -con datos a 2012-, realizado
por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol (Senda), entregó datos reveladores. De acuerdo con el informe,
se observó una disminución en el consumo de tabaco y alcohol, mientras que se
registra una estabilización en el consumo de cocaína y pasta base. En cambio,
se aprecia un incremento relevante en el consumo de marihuana, y un aumento
entre quienes piensan que experimentar con dicha sustancia no conlleva riesgos.
Se advierte, entonces, que las políticas de prevención en general han resultado
efectivas, lo que contrasta con un preocupante ambiente de permisividad y
banalización en lo que toca al consumo de marihuana.
En
los últimos años el país ha dictado una serie de normas tendientes a disminuir
el consumo de tabaco y alcohol, lo que, si bien no ha estado exento de
controversias, ha logrado crear conciencia sobre los riesgos asociados a dichas
sustancias. En el caso de los jóvenes entre 12 y 18 años, se observa una baja
significativa en el consumo de tabaco -una tendencia similar existe a nivel de
población general-, mientras que en el caso del alcohol se estanca la cantidad
de personas que lo consume. En cambio, en el consumo de drogas se dan
realidades dispares. Resulta destacable que el estudio del Senda haya mostrado
una estabilización en el consumo de cocaína y pasta base, además de un aumento
de quienes consideran riesgoso su
consumo. Sin embargo, en lo que toca al consumo de marihuana en el último año,
éste registra un incremento estadísticamente significativo -desde 4,6% en 2010
a 7,1% en 2012-, en hombres y mujeres, y en todos los grupos de edad, a
excepción de los adolescentes entre 12 y 18 años y en el nivel socioeconómico
bajo. En estos resultados se observa que las políticas de prevención
focalizadas y aquellas destinadas a hacer un llamado de conciencia están
rindiendo frutos, y es una línea en la que cabe persistir, pero no puede
ignorarse que el aumento en el consumo de marihuana a nivel general debe ser
objeto de atención.
El
Senda ha señalado que estos resultados sugieren que se ha generalizado la idea
de que es normal consumir marihuana y que ésta no causa daños a la salud. En
dicha percepción han contribuido algunos artistas, líderes sociales y también
personeros del ámbito político, que han hecho públicos llamados a la
despenalización de la marihuana, en algunos casos incluso vanagloriándose de su
consumo, sin exponer con claridad los riesgos que ello conlleva. Igualmente, es
censurable que en algunos programas de TV se emitan contenidos fomentando su
consumo. Los peligros de banalizar el uso de drogas -como lamentablemente
parece estar ocurriendo- son evidentes y
es un riesgo que no se entreguen mensajes consistentes con los fines que
la propia legislación persigue.
Quienes
tienen responsabilidades políticas deben evitar ambigüedades en esta materia.
Llama la atención, por ejemplo, que la candidatura de la Nueva Mayoría plantee
revaluar la conveniencia de mantener a la marihuana como “droga dura”, en
circunstancias que ello se estableció así en una Ley dictada bajo el Gobierno
de la ex Presidente Bachelet. Si bien es legítimo cambiar un punto de vista,
ello debe responder a evidencia científica o antecedentes que respalden un
cambio de criterio. Otras candidaturas, que promueven una abierta
despenalización, también deberían explicar los riesgos sociales y económicos
que traería un probable aumento del consumo.
Polémica
por ley de TV digital.
La
discusión en torno a la Ley de televisión digital terrestre, que fue aprobada
por el Congreso, se ha centrado en los cuestionamientos realizados por la Fifa
y la Conmebol al artículo 17 del cuerpo Legal. Este establece que todos los
partidos de la selección chilena de fútbol deberán ser transmitidos por canales
de señal abierta, exigencia que, según ambos organismos, se contrapone a sus
estatutos y afecta derechos comerciales de transmisión de uno de sus asociados.
Hay quienes consideran el reclamo de estas entidades como una indebida
intromisión en la Legislación chilena.
Aun
cuando se trata de un asunto que merece atención, no se debe perder de vista el
debate de fondo, referido a la necesidad de abordar y resolver las deficiencias
que exhibe la normativa, que, al abandonar las definiciones técnicas que
constituyeron su propósito original y adentrarse de manera indebida en
cuestiones de contenido editorial, supone un riesgo para la libertad editorial
de los canales de televisión y un debilitamiento de sus derechos. En este caso
en particular, la ANFP -como dueña del espectáculo deportivo- posee los
derechos exclusivos de transmisión y comercialización de los partidos que juega
la selección nacional de fútbol, prerrogativa que se vería afectada de promulgarse
la Ley de televisión digital tal como fue despachada por el Congreso. Algo
similar ocurre con preceptos Constitucionales que estarían siendo lesionados
por varios artículos de esta iniciativa Legal, situación que motivó un
requerimiento de Parlamentarios de la UDI ante el Tribunal Constitucional para
que se pronuncie al respecto.
Es primordial, entonces, subsanar estas
falencias en la Ley, de manera que se puedan corregir los negativos efectos que
provocaría su implementación. La alternativa que evalúa el Gobierno de
introducir un veto al artículo 17 aparece como una opción acertada, medida que
correspondería extender al resto de los artículos cuestionados por su
inconstitucionalidad.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.