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jueves, 7 de noviembre de 2013

Temas para reflexionar a 10 días de las elecciones….










La izquierda arriesga su colapso
por Gonzalo Rojas Sánchez.


Pocos títulos podrían resultar más insólitos, cuando parece ser la derecha la que se va a hundir en las próximas elecciones. Eso, si se piensa que los resultados electorales se reducen a los números. Pero si se mira al 17 de noviembre como una instancia en que las diversas opciones mostrarán sus más profundas intenciones, la izquierda está ciertamente arriesgando su colapso.


Ganará, muy probablemente, ganará, ¿pero qué significará esa victoria? Si la izquierda logra vencer, lo habrá hecho defenestrando el capital que había simulado construir durante casi 25 años: su talante democrático. Habrá efectivamente dilapidado sus credenciales en el juego de las mayorías y de las minorías, por una importante cantidad de razones.


En primer lugar, porque habrá coqueteado con la ruptura de la institucionalidad. Si entre el 64 y el 73 la izquierda se prostituyó abiertamente, ahora solamente le ha guiñado un ojo a la posibilidad de romper con las formas establecidas. Pero lo ha hecho con tal perseverancia, bajo el rótulo de la Asamblea Constituyente, que el resultado sería igual: adulterio.


En segundo término, ha validado la calle. Esas decenas de miles que vociferan una vez al mes o más han sido para la izquierda una proa detrás de la que pueden emprenderse navegaciones sin rumbo conocido. La izquierda no ha logrado definirse: ¿o la calle de unos miles o el Parlamento de millones? Y esa ambigüedad, consentida, continuará.


Se suma, además, la incorporación de los comunistas. El PS y el PPD eran una izquierda democrática, en apariencia. Con el PC, son una izquierda totalitaria, en potencia. De la apariencia a la potencia, ¿hay mucho trecho?


Como cuarta consideración, mírese la situación de la Democracia Cristiana. La izquierda la arrastra, la desgarra, pero consigue que no se desintegre. Parece que logra su objetivo: mantenerla dentro del eventual Gobierno; pero, ¿a qué precio? Al costo de eliminar el centro DC para siempre. Y eso significa —que nadie se engañe— que el flanco más duro de la izquierda ya no gozará de la blanda protección democristiana.


Por último, la izquierda se daña a sí misma decisivamente al proponer de nuevo el gigantismo Estatal. Ahora lo llaman interés público, pero terminará siendo esa maquinaria ya conocida, la de los mil engranajes que tritura libertades y proyectos.


Hasta 2010, la izquierda fue prudente. Ahora vuelve a mostrar su cara agresiva, temeraria. La suya es una apuesta cortoplacista, muy arriesgada, casi suicida y que se basa en un supuesto fundamental: las tres fuerzas que se opusieron a su proyecto totalitario bajo Allende hoy se encuentran seriamente aproblemadas: supone la izquierda que las Fuerzas Armadas han sido convencidas de que nunca más deben defender el destino nacional frente a una amenaza terminal; cree que la Iglesia ha sido neutralizada en sus convicciones sobre la vida digna y libre; estima que los gremios vegetan porque Jaime Guzmán fue asesinado… por la misma izquierda.



Si la derecha es hoy un manojo de debilidades, la izquierda vuelve a ser un arcoíris de maldades.


Pero en esa aparente fortaleza está su debilidad. Porque al menospreciar la izquierda a esas masas egoístas, consumistas y hedonistas del Chile medio de hoy, podría pasarle que, al dañarles su empleo, su educación y su consumo, se encuentre con otra oposición, ni más noble ni más digna que la del 73, pero quizás nunca imaginada.


Aunque también es cierto que puede tener previsto cómo enfrentar esa situación: le bastaría con la reelección indefinida, o con un golpe blando, en el nombre de la calle. Cualquiera de esos métodos comprobaría el colapso democrático de la izquierda.


Por un par de dólares más,
por Axel Kaiser.


El ideal del capitalismo, explicó Max Weber, es el del sujeto honrado y digno de crédito. Lamentablemente, poco o nada hay de ese tipo de reflexiones en el análisis económico actual, dominado por una visión de corte materialista y reduccionista que concibe la economía, y su operación, como si se encontrara absolutamente desconectada de una profunda dimensión ética.


La verdad, sin embargo, es que la confianza en el otro, el cumplimiento de la palabra empeñada, el honor y la perseverancia, el amor por el trabajo bien hecho y el respeto por la propiedad del otro, son valores sin los cuales el mercado no solo deja de funcionar, sino que pierde su legitimidad moral como sistema. Por eso es tan grave lo que ha ocurrido en casos como La Polar y Cascadas. Por un par de dólares más, los pocos hombres de negocios y empresarios responsables de estos escándalos han contribuido, en el peor momento imaginable, a tender un manto de sospecha sobre todos sus colegas y, de paso, a nutrir el arsenal de aquellos que quieren sofocar el sistema de libre empresa en Chile.


Algunos hemos estado dispuestos a defender ese sistema en un país en que hablar de libertad y lucro se ha convertido en una herejía. Y lo hemos hecho porque creemos tener una responsabilidad para con nuestros conciudadanos, especialmente con los más pobres, y porque nos asiste la convicción de que el camino de la libertad individual, de la solidaridad voluntaria, de la buena fe y del respeto por la propiedad ajena, es el único que nos permitirá salir adelante y dejar una sociedad mejor para las nuevas generaciones. Pero todo tiene un límite. El liberalismo no es la defensa de ciertas personas, intereses o empresas, sino de valores e ideas. Los mismos que una minoría inescrupulosa —conocida en La Polar y aún por determinar en el caso Cascadas— ha decidido aplastar en una muestra de codicia casi patológica que, por cierto, nada tiene que ver con la sana ambición del empresario bien inspirado, cuya riqueza deriva de la creación de valor y no del engaño o de la captura del Estado.


Se podrá decir que en todo esquema de libertad existe la posibilidad de abusar de ella. También se podrá argumentar que desde el Estado muchos políticos y funcionarios públicos desfalcan aún más a los ciudadanos que los privados. Pero esas excusas son insuficientes. En un país como Chile, pocos tienen expectativas en torno a que los políticos y burócratas hagan un buen trabajo y menos aún esperan que sean demasiado honestos. Tampoco la posibilidad de abusar de la libertad defiende sin más las instituciones que la garantizan. Chile no es Estados Unidos. Aquí el liderazgo empresarial es homogéneo y pequeño y el chileno se relaciona casi personalmente con él mediante la prensa y los servicios y bienes que este provee. Por eso el estándar de conducta esperada para mantener la legitimidad del sistema es mucho más alto y el margen de error y de inmoralidad mucho más limitado.


Además, mientras en EE.UU. hay Tribunales que funcionan aplicando penas severas a quienes defraudan, en Chile eso no ocurre del mismo modo. Todo lo anterior implica que quienes son la cara más visible del éxito que permite nuestra institucionalidad favorable a la libre empresa, no solo deben actuar con ejemplar rectitud en los negocios que hacen, sino que también deben abogar por la libertad para competir y sacar la voz condenando los desaguisados de sus pares. De lo contrario queda la impresión de que todos tienen “tejado de vidrio”, lo cual es nefasto para la legitimidad del mismo sistema que les ha permitido enriquecerse y es, además, injusto para esos miles de empresarios y trabajadores que desempeñan su labor de manera honesta y no pocas veces heroica.

Ya es suficientemente peligrosa la cortoplacista actitud de muchos empresarios, denunciada con toda razón por Sebastián Edwards, de pretender beneficiarse del sistema de libre empresa, sin comprometerse con su defensa a nivel de ideas. Pero no estar dispuestos a incomodarse por defender públicamente el honor y la reputación de su rol en la comunidad supera lo que una élite con estándares mínimos de credibilidad puede exigir al resto. La libertad es como la salud: no se aprecia hasta que se pierde. Por eso todos debemos cuidarla y defenderla día a día. Los líderes empresariales, que sin duda han hecho una gigantesca contribución a la prosperidad del país, deben asumir el costo de corto plazo que implica defender públicamente la decencia sobre la que descansa una institucionalidad de libertades como la actual. Nadie dice que sea fácil, ¿pero acaso fue fácil sacar a Chile del pantano tercermundista-Estatista en el que se encontraba para convertirlo en un modelo de desarrollo de categoría mundial? ¿Se ha olvidado buena parte de nuestra élite empresarial del sacrificio y trauma que implicó llegar a donde estamos e incluso del esfuerzo que esta misma hizo para ayudar a sacar adelante a este país? ¿Es que no ven la advertencia que está dando el tono populista que han tomado las candidaturas Presidenciales sobre lo que nos podría pasar si toda esta desconfianza en la libertad, el emprendimiento y la empresa privada se siguen profundizando?


Es demasiado lo que está en juego como para dejar que se vaya todo al hoyo por la inmoralidad de unos pocos. Llegó la hora de reaccionar. Los chilenos y chilenas esperan más de su élite empresarial que la indignación de salón o los reclamos a puertas cerradas. Si estos no dan el ancho frente al público en materia de credibilidad y no defienden los principios que sustentan nuestro sistema de libre emprendimiento, en particular los de competencia justa, honestidad y creación de valor, habrá quienes se encarguen de que la falsa idea según la cual todos están dispuestos a abusar y a engañar por un par de dólares más, se extienda como la gangrena en la sociedad. Y eso, en un país en que ya casi nadie confía en las instituciones, terminaría siendo un pésimo negocio.


Observatorio Judicial ciudadano,
por Gonzalo Müller.


En medio de la elección Presidencial, desde la candidatura de Evelyn Matthei se ha conocido la idea de concretar un observatorio Judicial, lo que ha sido considerado como una intromisión desde el Poder Judicial, pero que sintoniza con una de las demandas ciudadanas más sentidas y críticas: la de seguridad ciudadana.


El planteamiento central del Observatorio Judicial de Matthei es permitir que los ciudadanos puedan formarse un juicio informado y personal respecto del funcionamiento de los Jueces penales, y para esto se plantea crear un ente público, independiente del Gobierno de turno, que tenga como misión asegurar el fácil acceso y de forma sistematizada a la información referida a los fallos y decisiones que van tomando los Tribunales y Jueces penales, de esta manera los ciudadanos podrían conocer rápidamente el por qué se liberó tan rápidamente a un delincuente, qué consideraciones se tuvieron en cuenta por el Juez y si la Fiscalía cumplió correctamente con su deber persecutorio, en forma y fondo.


Nada hay más indignante para una víctima de la delincuencia que la escena donde ve salir casi inmediatamente a su victimario. Esa sensación de impotencia e impunidad corroe la necesaria confianza en nuestro Poder Judicial, de modo que asegurar al menos el derecho a conocer en detalle las razones de la decisión Judicial da una señal de transparencia. Asimismo, la acumulación y sistematización de esta información hará de este Observatorio Judicial un referente de consulta obligada en el estudio y diseño de nuevas políticas públicas en el ámbito penal.


La reforma procesal penal generó una expectativa de una Justicia moderna, oportuna y eficiente, y en plena operación desde hace más de ocho años en la Región Metropolitana ha ido mostrando progresos importantes en algunas materias, pero sigue generando un déficit en la percepción de Justicia o desamparo en que se sienten las víctimas.


La transparencia y el acceso a información de calidad respecto de las decisiones públicas es hoy una norma en la gestión del Estado. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo se ven sometidos a múltiples instancias de control y fiscalización ciudadana, y todas sus decisiones pueden ser requeridas por cualquier ciudadano para conocer los antecedentes que se tuvieron a la vista. No se entiende, entonces, que el Poder Judicial se permita el privilegio de una mayor opacidad en sus decisiones, ni puede ser entendida como una intromisión la creación de una instancia que facilita el acceso a esta información por parte de la comunidad.


La existencia de una duda razonable en la sociedad respecto de un cierto garantismo en las decisiones y sentencias de los Jueces penales sólo se confirma en su resistencia a que los ciudadanos puedan observar estas actuaciones y sistematizarlas, pudiendo a lo largo de la repetición de ciertas sentencias formarse una opinión fundamentada sobre la existencia o no de este garantismo hacia los delincuentes. Los abogados y otros auxiliares de la administración de Justicia ya cuentan con sistemas parciales de acceso a esta información a través del esfuerzo de distintas instituciones que sistematizan y publican algunos fallos de interés, pero con la creación del Observatorio Judicial serán ahora los ciudadanos los que podrán acceder a esta información.


Era natural que desde los Jueces o el Poder Judicial se manifestara esta resistencia, pues a nadie le gusta ser sometido a controles o fiscalización en sus labores, pero el rechazo de la izquierda chilena al Observatorio se hace inentendible, pues si escuchara la demanda ciudadana en esta materia no podría sino apoyar la iniciativa.


El difícil petróleo,
por Patricio Lillo.


Un pozo petrolífero alcanzaba, en 1930, tres mil metros de profundidad. A comienzos de este siglo era ya común encontrar pozos de cinco mil metros. En septiembre del 2009, una plataforma petrolera en el Golfo de México perforó distancias imaginadas por Julio Verne: 10 mil metros de profundidad. El nombre de la plataforma era Deepwater Horizon. Seis meses más tarde, un incendio causó la muerte de una docena de trabajadores y el mayor derrame de petróleo en la historia de EE.UU.


El consumo mundial de crudo ha aumentado 160 veces desde 1900 y ocho veces desde 1950. El petróleo provee el 40% de la energía primaria demandada por la civilización moderna. Por otro lado, desde 1990 el petróleo consumido cada año es mayor al petróleo descubierto; las reservas explotadas no logran ser restituidas. El petróleo es también la principal fuente de gases efecto invernadero antropogénico.


¿Es el actual precio del petróleo un estado permanente? Lo ocurrido con Deepwater Horizon esclarece otra de las aristas de esa pregunta: ¿La época del petróleo fácil está llegando a su fin? Los nuevos yacimientos demandan adentrarse en las huracanadas aguas del Golfo de México o trasladarse hasta las contaminantes arenas bituminosas canadienses, o recientemente, cavar bajo las gruesas capas de hielo del Artico ruso. Y cuando el costo de extraer el petróleo sube, lo hace también su precio.


Frente a la escasez de reservas nacionales y un escenario de precios en aumento y sustitutos en ciernes (biocombustibles), son indiscutibles las ventajas de enfrentar la dependencia de hidrocarburos en vista a que la mitad de la matriz energética chilena es el petróleo. Hablar de políticas energéticas es hablar también de carreteras y puertos, de trenes y bicicletas, de buses y barrios; en definitiva, de ciudades. Por ejemplo, transportar un kilogramo de carga en camión requiere 10 veces más energía que hacerlo por tren o barco. O bien, transportar a una persona en tren requiere tres veces menos energía que hacerlo en bus y 10 veces menos que hacerlo en avión o en vehículo.


Los casos citados exponen algunas de las enormes oportunidades que Chile tiene entre sus manos. Sin embargo, pareciera que la subordinación al petróleo importado no ha gozado del protagonismo que se merece, tanto por su ausencia en el debate político como por la falta de correspondencia de políticas públicas. Así, con distintos nombres, Chile ha implementado -y financiado- mecanismos para reducir el impacto del aumento del precio de los combustibles, a la vez que aplica un impuesto específico de $ 260 por litro (impuesto que por lo demás grava sólo al 35% de los hogares chilenos que poseen un vehículo particular.)


Hablar de políticas energéticas es también hablar de petróleo y del Transantiago: un sistema de transporte público terrestre de una ciudad de siete millones de habitantes, que exige subsidios de cientos de millones de dólares al año, pero que a la vez no tiene ni la capacidad ni la voluntad de garantizar frecuencias a sus usuarios. Una política energética trastabilla con un sistema de transporte público inaugurado en su momento sin siquiera una marcha blanca apropiada que -¿aún confundido?- no se atreve a ser público.


Percepciones en contraste.


Entre los muchos datos importantes que muestra la Encuesta Nacional Bicentenario de la Universidad Católica-Adimark, cabe notar la percepción mayoritaria por la ciudadanía de que existe un alto grado de conflictividad en el país: al respecto, sus cifras son similares a las de 2011, período en el que afloraron importantes movilizaciones estudiantiles y Regionales. La mayor parte de los chilenos estima que existe un “gran conflicto” entre mapuches y el Estado chileno (84%); Gobierno y oposición; trabajadores y empresarios (65%); ricos y pobres (65%), y Santiago y Regiones (45%). Además, el 60% de los consultados cree que “existe violencia en el país y hay que darle mucha importancia, porque amenaza con destruir el orden institucional”.


En contrario, y curiosamente, el optimismo a nivel individual mejora en grado significativo luego de las bajas que presentó en 2011 y 2012. Esto se refleja, por ejemplo, en las respuestas sobre las probabilidades de que en Chile “un joven inteligente, pero sin recursos, ingrese a la universidad”, o que “cualquier trabajador pueda adquirir su propia vivienda en un tiempo razonable”.


¿Cuál es la causa del cambio en las percepciones que se ha venido observando a partir de los últimos años? ¿Por qué se han deteriorado las expectativas, con una tendencia hacia lo negativo?


Las respuestas, por cierto, son múltiples, pero la principal parece aludir a una explicitación de los problemas que nuestro país está enfrentando, especialmente en lo relacionado con educación, salud y la relación con las empresas, todo ello exacerbado por la contienda electoral en curso.


Pese a que el propio estudio muestra que los chilenos miran los procesos electorales con optimismo, y no como sinónimo de crisis o incertidumbre, es evidente que en la actual campaña electoral —a diferencia de las cuatro precedentes— se ha exacerbado lo negativo, dejando de lado lo que objetivamente, según múltiples cifras y estudios, ubica a Chile como uno de los países mejor encaminados en su desarrollo económico y social.


Hay, por ejemplo, un retorno a considerar al Estado como el ente que puede solucionar la mayor parte de los problemas, lo que la historia mundial ha desmentido una y otra vez. A la par, baja la sensación de que las propias personas son, en la mayor parte de los casos, las determinantes para forjar su propio futuro, sin perjuicio del marco Estatal.


Es posible que se esté atravesando una sobrerreacción crítica temporal y que paulatinamente se vuelva a los cánones normales, en que los aspectos críticos y los mejoramientos necesarios vayan más a parejas con la valoración de lo que se ha construido como país. Sin embargo, no es posible asegurar que eso ocurrirá en el más corto plazo ni en qué circunstancias. Por ahora, resalta el dato de que los grados de incertidumbre institucional futura evidentemente se han incrementado.


El diálogo político-doctrinario DC-PC.


Uno de los rasgos característicos de esta campaña electoral (y de un próximo Gobierno que hasta ahora mantiene un alta probabilidad de concretarse con el apoyo del Partido Comunista) es la participación activa, e incluso en ocasiones determinante, del PC en la Nueva Mayoría. Del antiguo respaldo a la Concertación en una segunda vuelta Presidencial y, después, de los pactos por omisión que permitieran elegir candidatos de esa colectividad, se ha pasado a una colaboración estrecha que ha llegado a influir en lo programático y con perspectivas serias de participación en un eventual Ministerio. La entrevista al dirigente PC Andrés Lagos que publicamos hoy da algunas pistas de esa estrategia y de sus efectos futuros, así como del creciente entendimiento que allí se viene produciendo con la Democracia Cristiana.


En lo primero, destaca que la inserción que el PC prevé en esta fase política no se limita al Gobierno (donde, por lo demás, se reconoce que el ingreso al Gabinete dependería finalmente de la voluntad de la Presidente, sino al conjunto del Estado, porque el partido ha ido reafirmando la tesis de que se está empezando a vivir en Chile una “revolución democrática”, en la cual ya no cabe una Gobernabilidad de la democracia de los acuerdos, cuya política de los consensos llevó en su opinión al descontento y la desigualdad social. Se requiere empoderamiento del pueblo y una nueva Constitución, pues la institucionalidad presente puede resultar limitada para las demandas que ahora se planteen. De ahí la importancia del crecimiento de la próxima bancada que imagina constituida por comunistas y sus aliados cercanos, la que cambiará la incidencia del PC en el Parlamento.


En lo segundo, se refiere al seminario programado para después de las elecciones, que surgió de un diálogo no oficial de miembros influyentes de la DC, como el recién fallecido Eugenio Ortega, y del PC, en el cual se avanzó obteniendo un punto de partida común en torno a la superación de la desigualdad generada por el modelo económico, abordando el tema tanto desde la perspectiva del humanismo cristiano como del humanismo marxista (algo que podría sorprender si se recuerda el origen de la Falange). A su juicio, ambos sectores, como toda la centroizquierda, deben participar en la aludida revolución democrática porque se trata de contar con mayorías nacionales.


Este diálogo, que podría traducirse más adelante en acuerdo formal de las directivas correspondientes si el seminario previsto tiene éxito, muestra un panorama muy distinto del sostenido tiempo atrás por el Presidente de la DC, Ignacio Walker, quien al respaldar el pacto electoral Parlamentario de la Concertación con el PC mantenía sus dudas respecto a la presencia conjunta en el Gobierno y descartaba la alianza política de ambas colectividades. Sin embargo, todo parece indicar que, tanto por la división interna del falangismo como por el futuro poder del PC para marcar la mayoría al menos entre los Diputados y su disposición a aceptar un probable llamado al Ministerio, esa coalición, quizás inicialmente por cuatro años, puede hacerse realidad conforme al diseño estratégico comunista, sin provocar incompatibilidades respecto a la concepción de la democracia o los derechos humanos.


Dado que se trata de conversaciones iniciales, habrá que esperar a que se aclaren las dudas que despierta una alianza DC-PC entre los propios democratacristianos, y si el PC renunciará oficialmente a sus concepciones más tradicionales, como la dictadura del proletariado (léase prohibición de partidos opositores al comunismo), la defensa de regímenes dictatoriales como el de los hermanos Castro en Cuba, y la aceptación de las libertades individuales consagradas en las democracias.


Riesgos por aumento en el consumo de marihuana.


El último estudio sobre consumo nacional de drogas -con datos a 2012-, realizado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), entregó datos reveladores. De acuerdo con el informe, se observó una disminución en el consumo de tabaco y alcohol, mientras que se registra una estabilización en el consumo de cocaína y pasta base. En cambio, se aprecia un incremento relevante en el consumo de marihuana, y un aumento entre quienes piensan que experimentar con dicha sustancia no conlleva riesgos. Se advierte, entonces, que las políticas de prevención en general han resultado efectivas, lo que contrasta con un preocupante ambiente de permisividad y banalización en lo que toca al consumo de marihuana.


En los últimos años el país ha dictado una serie de normas tendientes a disminuir el consumo de tabaco y alcohol, lo que, si bien no ha estado exento de controversias, ha logrado crear conciencia sobre los riesgos asociados a dichas sustancias. En el caso de los jóvenes entre 12 y 18 años, se observa una baja significativa en el consumo de tabaco -una tendencia similar existe a nivel de población general-, mientras que en el caso del alcohol se estanca la cantidad de personas que lo consume. En cambio, en el consumo de drogas se dan realidades dispares. Resulta destacable que el estudio del Senda haya mostrado una estabilización en el consumo de cocaína y pasta base, además de un aumento de quienes consideran riesgoso  su consumo. Sin embargo, en lo que toca al consumo de marihuana en el último año, éste registra un incremento estadísticamente significativo -desde 4,6% en 2010 a 7,1% en 2012-, en hombres y mujeres, y en todos los grupos de edad, a excepción de los adolescentes entre 12 y 18 años y en el nivel socioeconómico bajo. En estos resultados se observa que las políticas de prevención focalizadas y aquellas destinadas a hacer un llamado de conciencia están rindiendo frutos, y es una línea en la que cabe persistir, pero no puede ignorarse que el aumento en el consumo de marihuana a nivel general debe ser objeto de atención.


El Senda ha señalado que estos resultados sugieren que se ha generalizado la idea de que es normal consumir marihuana y que ésta no causa daños a la salud. En dicha percepción han contribuido algunos artistas, líderes sociales y también personeros del ámbito político, que han hecho públicos llamados a la despenalización de la marihuana, en algunos casos incluso vanagloriándose de su consumo, sin exponer con claridad los riesgos que ello conlleva. Igualmente, es censurable que en algunos programas de TV se emitan contenidos fomentando su consumo. Los peligros de banalizar el uso de drogas -como lamentablemente parece estar ocurriendo- son evidentes y  es un riesgo que no se entreguen mensajes consistentes con los fines que la propia legislación persigue.


Quienes tienen responsabilidades políticas deben evitar ambigüedades en esta materia. Llama la atención, por ejemplo, que la candidatura de la Nueva Mayoría plantee revaluar la conveniencia de mantener a la marihuana como “droga dura”, en circunstancias que ello se estableció así en una Ley dictada bajo el Gobierno de la ex Presidente Bachelet. Si bien es legítimo cambiar un punto de vista, ello debe responder a evidencia científica o antecedentes que respalden un cambio de criterio. Otras candidaturas, que promueven una abierta despenalización, también deberían explicar los riesgos sociales y económicos que traería un probable aumento del consumo.


Polémica por ley de TV digital.


La discusión en torno a la Ley de televisión digital terrestre, que fue aprobada por el Congreso, se ha centrado en los cuestionamientos realizados por la Fifa y la Conmebol al artículo 17 del cuerpo Legal. Este establece que todos los partidos de la selección chilena de fútbol deberán ser transmitidos por canales de señal abierta, exigencia que, según ambos organismos, se contrapone a sus estatutos y afecta derechos comerciales de transmisión de uno de sus asociados. Hay quienes consideran el reclamo de estas entidades como una indebida intromisión en la Legislación chilena.


Aun cuando se trata de un asunto que merece atención, no se debe perder de vista el debate de fondo, referido a la necesidad de abordar y resolver las deficiencias que exhibe la normativa, que, al abandonar las definiciones técnicas que constituyeron su propósito original y adentrarse de manera indebida en cuestiones de contenido editorial, supone un riesgo para la libertad editorial de los canales de televisión y un debilitamiento de sus derechos. En este caso en particular, la ANFP -como dueña del espectáculo deportivo- posee los derechos exclusivos de transmisión y comercialización de los partidos que juega la selección nacional de fútbol, prerrogativa que se vería afectada de promulgarse la Ley de televisión digital tal como fue despachada por el Congreso. Algo similar ocurre con preceptos Constitucionales que estarían siendo lesionados por varios artículos de esta iniciativa Legal, situación que motivó un requerimiento de Parlamentarios de la UDI ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie al respecto.


 Es primordial, entonces, subsanar estas falencias en la Ley, de manera que se puedan corregir los negativos efectos que provocaría su implementación. La alternativa que evalúa el Gobierno de introducir un veto al artículo 17 aparece como una opción acertada, medida que correspondería extender al resto de los artículos cuestionados por su inconstitucionalidad.


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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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