¿Qué tiene ella que no tenga yo?
por Joaquín García Huidobro.
Las últimas encuestas muestran una notable
ventaja de Michelle Bachelet sobre su más inmediato competidor. Sus críticos
atribuyen su éxito a su indiscutible simpatía, pero esa es solo una pequeña
parte de la verdad. Chile está lleno de gente simpática que no es capaz de
sacar más que unos miles de votos.
Lo que muestran las encuestas no es fruto de la
simpatía de una candidata, sino el resultado de una campaña muy bien hecha.
Veamos algunas de sus claves.
La primera suele pasar inadvertida a la
derecha, que desde hace años la menosprecia: Michelle Bachelet es una persona
muy inteligente, tan inteligente que no juega a parecerlo. Muy por el
contrario, se presenta como una mujer común y corriente, que no está
involucrada en la pugna por parecer superior a los demás. Ese es uno de los
motivos que la hacen simpática y por los que carece de enemigos. Así sobrevivió
y triunfó en el acuario político nacional, donde no faltan cocodrilos, tiburones
y pirañas.
Michelle es matea. Sonríe, sí, pero llega a las
reuniones perfectamente preparada, ha leído el expediente que le prepararon sus
asesores y sabe lo que tiene que decir hasta en el más remoto de los pueblitos
de Chile.
Ella no pierde de vista su objetivo, la
Presidencia de la República. No se distrae con discusiones intrascendentes ni
gasta pólvora en gallinazos. No está luchando contra nadie, pues su tarea es
positiva: conseguir los votos para ganar. Parece simple, pero son muy pocos los
candidatos que logran concentrarse en lo esencial.
Bachelet tiene equipos. Es verdad que la
Concertación fue desalojada de La Moneda, pero pasado el shock inicial, su
gente siguió trabajando. En 20 años de Gobierno fueron muchos los que
adquirieron experiencia política y hoy están dispuestos a ponerla al servicio
de su causa. El simple hecho de que se haya dado el lujo de despreciar la
colaboración de un buen número de pesos pesados de la política nacional nos
muestra que se puede regodear a la hora de elegir a sus colaboradores.
La Concertación ha desarrollado una verdadera
cultura de la coalición. Ellos saben negociar, discutir, enojarse y abuenarse.
En suma, poseen una serie de destrezas políticas que les han permitido
mantenerse unidos, a pesar de sus enormes diferencias internas, y ampliarse
hasta incluir al Partido Comunista. Fue un ejercicio arriesgado, pero no
produjo ningún quiebre.
Michelle Bachelet aprovecha la ocasión. La
presencia de infinitos candidatos, muchos de ellos con propuestas francamente
disparatadas, le permite aparecer como moderada, como el justo medio, cuando en
realidad sus posturas en muchos casos son bastante extremas. Debate cuando es
imprescindible hacerlo, pero en otras ocasiones mantiene distancia, haciéndolos
ver que ella no es parte de esa tribu.
Como si lo anterior fuera poco, sus publicistas
son geniales. Basta ver la simplicidad y elegancia de la gigantografía que
lleva su figura a todo Chile. No sobra ni una línea ni un color. En el debate Presidencial
todo estaba estudiado. Su ropa calzaba con el color del escenario. Sus gestos
eran los apropiados. Nada está de más en sus presentaciones. Ningún error.
La suya, en suma, ha sido una campaña perfecta.
¿Significa eso que, de ser elegida, será la Presidenta perfecta? Sabemos que
no. La hemos visto Gobernar en un escenario mucho más favorable, con un
conglomerado menos heterogéneo que la Nueva Mayoría y un país más tranquilo. El
resultado no fue bueno. No son los mismos los talentos para ser candidata que
aquellos que se requieren para Gobernar. En estos meses ha sembrado muchos
vientos que se transformarán en tempestades o en decepción. Pero nada de eso
permite negar que la suya ha sido una campaña perfecta.
¿Y qué tiene ella que no tenga yo?, podría
preguntar Evelyn Matthei. La respuesta es sencilla: Bachelet cuenta con la
colaboración de varios miles de personas que han olvidado sus diferencias y
rencillas, y empujan al unísono hacia La Moneda. Matthei, en cambio, ha debido
enfrentar constantemente el fuego amigo y lidiar con una centroderecha arisca y
caprichosa. Su figura, ciertamente, ha crecido. Ha mostrado patriotismo y una
enorme valentía, que se suman a sus cualidades intelectuales y personales. Pero
las elecciones no se ganan con valor, sino con votos, y hasta ahora sus
partidarios no parecen muy preocupados de conseguirlos.
¿Más o mejores Parlamentarios?
por Nassir Sapag.
No es fácil entender la lógica de la gran
mayoría de nuestros actuales Parlamentarios. A propósito de la discusión sobre
el sistema binominal, surgió como tema secundario la necesidad de incrementar
el número de Senadores y Diputados. Pero hoy se observa más preocupación por
éste que por entregar una proposición basada en estudios serios que hayan
identificado y evaluado objetivamente las diferentes opciones al binominal (sus
pros y contras y los costos que cada una
conlleva).
Cuesta entender por qué no quieren aplicar el
cambio al binominal a la totalidad de los Senadores. Menos, que si es para dar
más representación al Chile real, quieran aumentar la cantidad de Senadores de
la Región Metropolitana, reduciendo la representación proporcional de las Regiones,
lo que es incoherente con el discurso de los nueve candidatos en defensa de la Regionalización,
aunque no explicitan cómo ni con qué recursos, quedándose sólo en generalidades
como crear dos universidades Estatales para “romper las inequidades”, sin dar a
conocer con qué criterios se eligen las Regiones beneficiadas ni cómo esto no
aumentará las inequidades con aquellas que no son elegidas.
Tampoco es fácil entender qué tiene que ver
cambiar el sistema binominal con aumentar la cantidad de Parlamentarios. Menos
cuando dicen que con un 33% más de Diputados y un 26% más de Senadores no
aumentarán los gastos (financiados con recursos que son provistos por todos los
chilenos).
Pero lo más incomprensible es el lamentable
argumento de que “han comprometido su voluntad para reducir gastos”, como lo
señaló el Presidente de un partido de la Nueva Mayoría. Si efectivamente fuesen
capaces de financiar con ahorros las decenas de miles de millones de pesos que
costaría el aumento de Parlamentarios, sería una demostración de una
insensibilidad social pasada y una inoperancia incalificable al dilapidar
recursos públicos. Si esa “voluntad” de gastar bien nuestros recursos la
hubieran manifestado antes, ¿cuántos miles de viviendas básicas más se habrían
construido, cuánto más personal de la salud contratado o cuántos más Carabineros
habría en las calles para combatir la delincuencia?
No se necesitan más Parlamentarios. Lo que sí
se necesitan son mejores Parlamentarios, responsables, que cumplan como
cualquier trabajador sus horarios en el Congreso, que trabajen más en las
soluciones a los problemas del país que en proteger y fortalecer sus propios
intereses (tanto partidistas como personales), que el trabajo Distrital sea en
beneficio de la comunidad y no para hacerse publicidad ante una nueva elección,
que sean capaces de visualizar que cada día se pierde más confianza en ellos
por su inconsecuencia entre su desmedida ambición y privilegios autoasignados
con su discurso de equidad, desarrollo, empleo y mejoramiento de la calidad de
vida de la población.
En Chile se olvida rápido. Quizás por ello no
les preocupa la superficialidad ni la
tardanza de sus propuestas y que no pasan de ser declaraciones de
intenciones que la gente quiere escuchar, pero con ausencia de respaldos de su
viabilidad e implicancias futuras en el desarrollo del país. Otra falta de
respeto a la inteligencia de los chilenos que, más temprano que tarde, verán
incumplidas una vez más sus promesas.
Gasto contra la delincuencia.
El centro de estudios Libertad y Desarrollo ha
dado a conocer una nueva estimación del costo social total de la delincuencia,
que en 2012 alcanzó a 2,9 billones de pesos, lo que equivale a alrededor de 170
mil pesos anuales por persona o 2,2% del PIB. Entre 2000 y 2012, ese costo
aumentó 172%, manteniéndose relativamente estable la composición entre público
(60%) y privado (40%).
Es un costo social relevante y relativo a una
materia de gran importancia para la población, y cabe preguntarse, como lo hace
LyD, cuál ha sido el efecto de este gasto. En general, la tasa de victimización
medida mediante la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana ha
registrado una tendencia a la baja desde que se realiza de forma comparable en
el tiempo, bajando de 38 a 26%, y la victimización del comercio, medida por la
Cámara Nacional del rubro, también muestra una baja de 55 a 46% de los
establecimientos entre los primeros semestres de 2008 y 2013, respectivamente.
Sin embargo, caben grandes mejoramientos
potenciales en la eficacia de dicho gasto. Por una parte (y más allá de la
clasificación utilizada por este estudio), alrededor de 9 de cada 10 pesos se
destinan a reaccionar ante delitos —cuando ya es demasiado tarde—. Y en un
sistema que tramita caso a caso, pero no identifica patrones ni resuelve
problemas delictivos, no se logra una persecución penal eficaz para inhabilitar
a los hechores prolíficos y desbaratar las redes de distribución de bienes
robados detrás de gran parte de la delincuencia en Chile.
En la prevención social temprana y en la
reinserción social y laboral de condenados hay avances, pero Chile todavía
cuenta con programas piloto, no con políticas públicas de prevención basadas en
evidencia.
En cuanto al costo privado, hay avances en
sistemas o implementos de seguridad en algunos rubros, pero siempre a resultas
de regulaciones; los sistemas de alarma en hogares no han sido evaluados —la
evidencia internacional muestra que la reacción rápida, siendo importante, no
soluciona el problema—, y la opinión pública debe empezar a reconocer que no
toda la responsabilidad es del Estado: los teléfonos celulares son el bien más
robado en el espacio público, y dentro de cada rubro, determinados
establecimientos o locales concentran problemas delictivos y están creando una
externalidad negativa en términos de inseguridad. Sin duda, es indispensable
que el Estado mejore su eficacia, y modernizaciones urgentes siguen pendientes,
pero la evidencia es clara en mostrar que, a fin de cuentas, en los delitos
contra la propiedad, que representan gran parte del problema delictivo del
país, “la oportunidad hace al ladrón”: introducir elementos o diseños más
seguros en bienes de consumo masivo y mejorar la gestión y las características
físicas de los locales y su entorno son acciones complementarias del sistema
procesal penal, que muestra deficiencias, y de las policías.
Las finanzas de la Educación Superior.
El informe sobre la actual estructura
financiera de las entidades de Educación Superior que entregó el miércoles
pasado la Ministro de Educación permite apreciar mejor una realidad sobre la
que se suelen formular juicios no siempre bien fundados. Es cierto que en este
caso se trata de cifras globales que abarcan instituciones con tipos muy
diversos de enseñanza, pero aun sin entrar al detalle es posible obtener algunas
conclusiones que precisamente marcan esas diferencias y ponen en duda de paso
ciertos mitos que se repiten sin mayor validez.
Desde luego, cabe valorar en pro de la
transparencia el hecho de que se haya logrado obtener la entrega de los estados
financieros de 159 establecimientos, comprendidos en ese total universidades,
institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), universo en
el que sólo faltaron los datos de la Universidad del Mar, debido a la especial
situación que la afecta, un IP y dos CFT. La magnitud de ese conjunto incluye
una matrícula de un millón 127 mil alumnos y un volumen de ingresos en el año
2012 de $ 3.115.145 millones, lo que equivale a US$ 6.230 millones,
aproximadamente un 10% más que el total de la subvención Estatal para los 3,3
millones de escolares de enseñanza básica y media, que casi triplican a los
estudiantes del nivel educacional superior.
Es cierto que en el financiamiento de este
sector confluyen no sólo los aportes Fiscales directos por fondos basales y
concursables, sino sobre todo los aranceles de pre y postgrado (cerca de los
dos tercios del total y el 90% en los CFT), ingresos por cursos de extensión y
servicios y donaciones, pero en el pago de aranceles hay también un alto
porcentaje de dinero Fiscal a través de becas y créditos. Así, en términos
globales, el Estado aporta un 31% de los ingresos operacionales, lo que para
las universidades Estatales llega al 49%, teniendo la de Chile la cifra más
alta. En todo caso –ahora que se marca la necesidad de un mayor esfuerzo por la
enseñanza preescolar– quedan en evidencia el desnivel de la inversión pública
en las distintas etapas de la educación y el alto costo familiar (sea por pago
directo o financiamiento de créditos) de la enseñanza superior que, así como la
duración de las carreras, la Ministro sugiere revisar.
Si bien son las universidades privadas las que,
con 33% de la matrícula total, tienen el mayor ingreso operacional, también su
gasto correspondiente es el más alto, y en el conjunto del sistema, la
diferencia global entre ambos ítems, que es lo que queda para invertir, es
inferior a un 10%. Lo significativo es que, mientras las universidades Estatales
(así como los IP y CFT) invirtieron en 2012 el equivalente a sus resultados
operacionales, las privadas, estén o no dentro del CRUCh, lo hicieron muy por
sobre esos ingresos, datos que cuestionan el real alcance del tema del lucro, a
todas luces difícil de detectar y quizás más localizado de lo que se piensa. Es
evidente que sólo un análisis detallado del material recopilado puede llevar a
conclusiones más precisas, en especial en lo que se refiere a las instituciones
claramente deficientes, pero vale la pena destacar a lo menos que son aquellas
entidades con 4 o más años de acreditación –esto es, las más valoradas– las que
logran el mayor porcentaje de los recursos operacionales.
Retroceso regional en libertad de expresión.
Durante la última asamblea general de la
Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), que tuvo lugar en Denver, Estados
Unidos, quedó en evidencia que la región experimenta un preocupante retroceso
en materia de libertad de expresión, producto de una escalada de ataques Gubernamentales
ya sea mediante la dictación de Leyes contrarias a esta garantía básica o por
medio del hostigamiento hacia medios independientes. Si bien Chile no ha
registrado hasta ahora amenazas graves, la SIP llamó la atención respecto de
algunas Legislaciones aprobadas o en estudio que podrían afectar la libertad
editorial de los medios, y también sobre la importancia de la claridad con que
los programas presidenciales deben definirse a favor de su protección.
El diagnóstico muestra que en varios países de
la región se recurre a artimañas Legales o a la coacción económica para
dificultar el control del poder por parte de la ciudadanía, generando
obstáculos y amenazas que hacen difícil para los medios ejercer el rol
fiscalizador que les corresponde. Esto ocurre cuando en distintos puntos de
América Latina Gobernantes electos a través del voto ciudadano utilizan su
popularidad para acumular atribuciones, amenazando los derechos de las personas
en una serie de dimensiones. Ello ha sido
muy evidente en
los casos de
Venezuela y Ecuador,
cuya Ley Orgánica
de Comunicación -también conocida
como “Ley Mordaza”- supone una seria amenaza de intervención Gubernamental.
Argentina también ha dictado una “Ley de Medios” controversial, la que había
logrado ser frenada durante algunos años gracias a una serie de recursos Judiciales
que ha interpuesto el Grupo Clarín. Lamentablemente la Corte Suprema declaró Constitucionales
una serie de artículos que permitirán al Gobierno llevar a cabo su objetivo
político de desguazar a dicho conglomerado de medios. La SIP ha advertido que
esta Legislación afecta gravemente la libertad de expresión.
Chile ha logrado mantenerse ajeno a estas
prácticas pero, como constató la SIP, algunas Leyes aprobadas o en estudio
podrían dar pie a una intervención impropia por parte del Estado en la
definición de contenidos editoriales. La entidad hizo ver que la Ley de TV
digital entrega amplias atribuciones al Estado para influir en la programación
de los canales, lo que supone una amenaza para su autonomía editorial, materia
que deberá ser definida por el Tribunal Constitucional al resolver las
objeciones formuladas al texto aprobado. Otras normas, como el rotulado de
alimentos o la obligación de transmitir propaganda electoral, también fueron
objeto de discusión.
En el contexto actual cabría esperar de los
candidatos Presidenciales que expliciten con claridad sus definiciones en torno
a las libertades de expresión y de prensa, y eviten el uso de conceptos
ambiguos. Llama la atención por la misma razón que en el programa presentado
por la candidatura de la Nueva Mayoría se señale el propósito de garantizar el
“pluralismo informativo” y el “libre acceso a la información”, con medidas como
la fijación de límites Legales a la propiedad de los medios y la regulación de
la distribución del avisaje público, que en otros lugares del continente han
servido como herramienta precisamente para limitar ambas garantías. Otros
candidatos también han manifestado posturas similares, en la línea de limitar
la propiedad de los medios o utilizar la inversión publicitaria Fiscal para
fines distintos a la difusión de políticas públicas, lo que podría resultar
lesivo para nuestra democracia.
Avances en institucionalidad de pesca.
El Subsecretario de Pesca ha admitido que la
merluza común (“pescada”) —el principal producto del mar que consumen los
chilenos y que corresponde al 70% del volumen capturado y comercializado fresco
para consumo humano— se encuentra sobreexplotada, y los niveles de captura son
hoy un tercio de los de hace una década. Y agregó que se requerirá al menos
otra década antes de que ese recurso recupere sus niveles previos.
Es, pues, correcto que, habiendo dictado una
Ley de Pesca reformadora en varios aspectos —con foco en un uso sustentable,
supremacía de criterios técnicos, transparencia total—, el Gobierno esté
destinando sus últimos meses a dejar instalados y funcionando los organismos y
procedimientos que consagró el nuevo ordenamiento, en particular aquellos
relativos a la determinación de las cuotas globales.
La regulación pesquera busca evitar la
sobreexplotación de los recursos, y para eso es fundamental que se limite el
volumen de pesca mediante cuotas máximas de captura. En el pasado, con
frecuencia se fijaron cuotas demasiado altas, lo que contribuyó al estado
crítico en que hoy se encuentran varias de las principales pesquerías del país,
como la citada y el jurel. Para recuperarlas, es fundamental que se asienten de
modo estable las reformas Legales que se introdujeron precisamente para evitar
que ello siguiera ocurriendo.
Los cambios ya comienzan a notarse. Por
ejemplo, hace algunas semanas, el Subsecretario de Pesca rechazó, pese a las
presiones, la solicitud de los pescadores de Quellón de elevar la cuota 2013 de
erizos, advirtiendo que no disponía de nuevos antecedentes científicos que
avalaran tal ajuste. La nueva Ley expresamente lo exige como requisito, algo
que antes no siempre se cumplía.
Uno de los cambios más relevantes es la
creación de ocho comités científico-técnicos con importantes responsabilidades
en la administración de las pesquerías y específicamente en el proceso de
determinación de las cuotas globales: su labor en este último ámbito es
definir, sobre bases puramente científicas, rangos para las cuotas, dentro de
los cuales la autoridad política fija luego el nivel. Recientemente el Ministro
de Economía dio a conocer los nombres de quienes integrarán dichos comités. Se
trata de 30 reconocidos expertos, designados mediante concurso público sobre la
base de la formación profesional y experiencia de los candidatos, en el que
participaron cerca de 70 científicos especializados. Los comités deberán
constituirse y comenzar a operar con prontitud, porque la expectativa es que
las cuotas 2014 sean fijadas con el nuevo procedimiento. Las etapas previas a
la participación de ellos ya están en curso (informes del Instituto de Fomento
Pesquero y evaluaciones externas, que deberán ser oportunamente puestos a
disposición del público general), pero los plazos son estrechos y se requerirá
un trabajo intenso en ellos, desde ahora hasta diciembre.
Enfoques Internacionales:
Comenzó la campaña Presidencial
colombiana
Uribe tiene críticas de fondo a la política del
Gobierno. Se opuso desde el comienzo a las negociaciones con la guerrilla, a la
cual, a su juicio, debe derrotársela militarmente, y considera que el Gobierno
les está entregando el país a “los terroristas para garantizar su reelección”.
Santos —quien antes de fin de mes debe anunciar si va como candidato— cree en
una estrategia dual: firme campaña militar, que ha tenido grandes éxitos en
terreno, al tiempo que en La Habana se discuten los cinco puntos establecidos
para el diálogo de paz.
De estos, solo está listo el tema agrario, que
contempla reformas y acceso de campesinos pobres a las tierras. Faltan los más
complejos, el de la reinserción política de los rebeldes, de la reparación a
las víctimas y los de refrendación, implementación y verificación de los
acuerdos.
En este último punto hay ya una controversia,
pues los guerrilleros quieren que se apruebe en una asamblea constituyente, tan
de moda en la izquierda latinoamericana, mientras el Gobierno asegura que para
la ratificación basta un plebiscito, al que ya el Congreso dio su visto bueno y
podría realizarse junto con alguna elección programada.
Entretanto, en La Habana, con el apoyo de Cuba,
Noruega, Venezuela y Chile, se conversa larga y lentamente. Santos quería
llegar a un acuerdo en “meses, no años”. Los guerrilleros aprovechan esto para
demorarlos, sabiendo que para el Presidente es importante mostrar logros antes
de las elecciones. Lo fundamental aquí es que las negociaciones sigan, aun si
no se firma prontamente, pues romperlas e iniciar un nuevo proceso puede
demorar años y costar miles de nuevas víctimas.
Ataques a un rival fuerte.
Si Santos decide postular de nuevo, su
reelección no está garantizada. La nominación de Zuluaga como candidato es una
buena jugada de Uribe, quien lo apoyó frente a Francisco Santos, primo del
Presidente, que lideraba las encuestas del sector. Al ex Presidente le
molestaba que dos Santos Calderón disputaran la Presidencia. Lo consideraba de
“república bananera”, y por eso se jugó por Zuluaga, para muchos un buen
candidato, por su seriedad y conocimiento de los temas de Estado; aunque para
otros, le falta carisma y no tiene el estilo apasionado de Uribe, de gran
empatía con sus votantes.
Desde que fue nombrado, Zuluaga ha sido duro
con Santos: ha dicho que el proceso con las FARC “debe terminar ya”, y que no
debe acatarse el fallo de La Haya; también golpea su política social y
económica, y lo acusa de ahuyentar la inversión extranjera. Santos se defiende
con vigor, señalando que su gestión ha sido moderna y transformadora y que las
cifras de inversión hablan por sí solas. Y en eso Santos puede mostrar la
incorporación de Colombia a la Alianza del Pacífico, un bloque que por sí mismo
tiene grandes proyecciones económicas y financieras.
Cuba: medidas de parche
para un sistema colapsado.
Como una buena señal de que Cuba quiere
reformar su economía fue recibido el anuncio del Gobierno de Raúl Castro sobre
la eliminación de la doble moneda cubana (“uno de los obstáculos más
importantes para el progreso de la nación”), pero hay consenso en que este
cambio no solucionará los graves problemas del arcaico sistema comunista.
El Banco Central cubano imprime dos tipos de
pesos, los CUP (moneda con la que se pagan los salarios) y los CUC, equivalente
a un dólar o 25 CUP. Con este curioso sistema —instaurado en 1994, cuando la
isla dejó de percibir los subsidios de la desplomada Unión Soviética— se han
agudizado las diferencias socioeconómicas entre los cubanos. Los funcionarios
reciben un sueldo promedio de 20 dólares, mientras los trabajadores del sector
turístico o “por cuenta propia” (independientes) pueden percibir 700 dólares.
Así, la utopía de la igualdad socialista se desvanece en el mercado, porque un
empleado común, que paga unos tres dólares por su canasta para una semana, con
libreta de racionamiento (esto es, subsidiada), debe comprar todo lo que no
esté disponible ahí en comercios que venden con la otra moneda (un litro de
aceite en los almacenes en que se paga con moneda CUC puede costar más de un
dólar). En cambio, su colega en el incipiente “sector privado” puede darse
lujos prohibidos para él.
La eliminación de la doble moneda es un paso
indispensable, pero no suficiente, pues si bien ordenará la contabilidad de la
isla, no podrá solucionar las dificultades de fondo, derivadas de una
estructura económica que no ayuda a la productividad ni al crecimiento y en la
que los trabajadores no perciben los salarios suficientes para satisfacer sus
necesidades básicas.
Las timoratas medidas para introducir elementos
de mercado al caduco sistema comunista parecen destinadas al fracaso, y algunas
fueron ya revertidas el sábado pasado. Mientras los hermanos Castro mantengan
el poder, no se podrán aplicar las medidas que necesita Cuba para salir de su
crisis crónica.
Obama: dudas en la Casa Blanca.
Como si
de una maldición se tratara, el Presidente norteamericano, Barack Obama,
está sufriendo problemas durante su segundo mandato en la Casa Blanca, al igual
que les ha ocurrido a casi todos los mandatarios que lograron la reelección en
Estados Unidos.
Los inconvenientes se amontonan, tanto en
política doméstica como internacional, con un Presidente al que parecen
habérsele acabado las ideas y que se muestra falto de energía. El carisma y el
idealismo que caracterizaron la elección de Obama en 2008 y su primer mandato
ya se agotaron y han sido reemplazados ahora por las dudas acerca de cómo
maniobrar en una serie de frentes.
A los irritantes problemas de implementación de
la reforma a la salud debido a una plataforma web defectuosa se ha sumado la
falsa promesa de Obama, quien aseguró equivocadamente a los norteamericanos que
quienes quisieran continuar con sus seguros y sus doctores podrían hacerlo. Hoy
ante la evidencia de que no es así, la impopularidad de la cuestionada reforma
se ha disparado, así como la desconfianza de los norteamericanos en un Gobierno
que enfrenta una cerrada oposición con la que tampoco se muestra dispuesto a
negociar.
El liderazgo de Obama en política exterior
también flaquea, debido a la crisis de Siria -donde la Diplomacia de EE.UU. fue
superada por la de Rusia- y a la
revelación del espionaje a países y dignatarios amigos. Las confusas y
contradictorias explicaciones respecto de si Obama conocía el plan de rastreo
telefónico lo han puesto en la incómoda posición de tener que dar
explicaciones. Las dudas en el frente externo han debilitado la posición
norteamericana, justo en momentos en que se habla de la decadencia del coloso
estadounidense y del auge del Asia Oriental.
A doce días de las elecciones medite, vaya a votar y hágalo
bien: Vote por quienes de verdad garanticen progreso y justicia social,
olvídese de aquellos que solo siembran ilusiones que nos llevarán a cosechar
decepciones.
