Chile, para algunos,
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Ya conocemos el mamotreto de Bachelet, o más
bien, su majamama. Para enfrentarlo, no hay tiempo que perder: la cuestión es
de vida o muerte.
De muerte, porque Bachelet nos anuncia que va a
promocionar el aborto de todos los niños que sean producto de una violación, o
de una malformación, o de un supuesto riesgo para sus madres. Ella, hoy viva;
ella, con el apoyo de otros que también están vivos, se dispone a despenalizar
el crimen.
¡Qué fácil, qué suave, qué indoloro! No habrá
niños recién engendrados que la enfrenten, que le enrostren con sus pequeños
dedos esa política criminal, por lo que solo nos queda a los adultos jugarnos
el pellejo ante tamaña brutalidad.
Y los que logren nacer, ¿a qué familia
pertenecerán? Nos dice la candidata que convocará a un debate abierto para el
posterior envío de un proyecto de Ley sobre el “matrimonio igualitario”. Pero
eso no sucederá: unos pocos grupos de activistas hablarán a nombre del pueblo;
las agrupaciones pro familia serán consideradas fundamentalistas; el homomonio
será presentado como una aspiración mayoritaria. Bachelet no quiere decir la
verdad: promueve esas uniones porque no cree en la familia y nunca la ha
practicado.
Es la cobardía de quienes se escudan en la
fraseología, pero que nunca pueden contestar la pregunta básica: ¿cómo se hacen
los niños, cómo los engendra y cría la naturaleza?
Por cierto, en consecuencia con esas políticas
contrarias a la vida y a la familia, no podían faltar en el programa Bachelet
los atentados a la educación: se anuncia que se pondrá fin a toda subvención a
quienes obtengan una ganancia. No importa nada si el servicio que prestan es
bueno o malo; lo que interesa es eliminarlos como oferta. El “Chile para
algunos” queda perfectamente configurado: solo podrán recibir ayuda Fiscal (o
sea, de los impuestos que pagamos todos) los socialistas que formen colegios
para lavar cerebros: la entrega de educación de calidad en el marco de un
derecho social, lo llama Bachelet. Para tontos, igualdad. Para pensantes, se
acabó la libertad de los padres para elegir y de los emprendedores para
ofrecer.
Ya se sabe: nada es más ingrato para los
socialistas totalitarios que las libertades de la vida diaria.
¿Usted esperaba de la DC una reacción enérgica
en estas materias? Yo sí, yo mantenía la esperanza. Esperaba que ante una
cuestión de magnitud colosal, ante la vida y la muerte, los cristianos
demócratas recapacitaran y dijeran “Más vale fuera del Gobierno que criminal”.
Pero, una vez más, es la desilusión, es la
claudicación, es el fracaso de todas sus aparentes convicciones. Su Presidente,
Ignacio Walker, nos dice que el programa de Bachelet no es “una camisa de
fuerza”, sino “una hoja de ruta”. En ese contexto, anuncia que defenderá el
matrimonio heterosexual y que respecto del aborto le parece “sano que se debata
sobre estos temas, y la DC siempre ha estado abierta; no hay vetos, no hay
temas vedados”. ¿Sano? ¿Sano, un crimen de esa magnitud?
Por su parte, el Senador Pizarro, ícono de su
partido porque Preside el Senado, nos asegura que “si hay una propuesta de
matrimonio igualitario, yo la voy a respaldar”.
La cobardía de los poderosos se manifiesta de
modos más grotescos mientras menos claman los indefensos. Es una gran debilidad
del alma afirmar que se van a discutir estos temas entre los adultos vivos,
mientras los niños por nacer irán al patíbulo por miles, y los niños nacidos no
contarán con seguridad alguna para su futuro.
Ha llegado el momento de decirlo: quien vote
por Bachelet simplemente ha renunciado a su impronta cristiana, a su proyecto
de vida cristiana, a su destino cristiano.
Es la oportunidad de Matthei. ¿Sabrá marcar la
diferencia?
Nota de la Redacción:
Creemos que anoche la candidata Evelyn Matthei
no solo marco la diferencia, consideramos que tuvo planteamientos serios sobre
el futuro del país y sobre lo que es posible, en los próximos 4 años, para
disminuir las diferencias de oportunidades y acortar las injustas brechas
sociales existentes.
Vimos a la señora Matthei muy tranquila
demostrando la enorme capacidad que tiene, la inmejorable preparación y la
prestancia necesaria para ejercer la Presidencia de la República, además, definió
con meridiana claridad las grandes diferencias con Bachelet. Esperamos que
tengamos la inteligencia de no “farrearnos” a esta gran mujer.
El desafío de la Gobernabilidad.
No era fácil para la candidatura de Michelle
Bachelet consensuar un programa de Gobierno para presentar a la ciudadanía.
Fueron muchas las personas y varios los meses en que se trabajó en ello,
siguiendo los lineamientos centrales planteados por la propia candidata al
regresar al país. Más allá de reafirmar los ejes centrales sobre una nueva
Constitución, educación superior gratuita y reforma tributaria, el desafío
suponía resolver muchas de las disyuntivas prácticas que se presentan a la hora
de implementar estas ideas, además de abordar otros ámbitos de políticas
públicas relevantes. Pero alcanzar consensos en esta parte más fina del
programa implicaba conciliar posturas políticas e ideológicas muy distintas
entre los muy diversos pensamientos que alberga la Nueva Mayoría.
Aunque se pueda valorar el esfuerzo por avanzar
en esos difíciles consensos entre visiones tan dispares y doctrinariamente incompatibles
como las de la DC y el PC, y resultó ostensiblemente bien logrado el
alineamiento entre los Presidentes de los partidos en el momento de lanzarse el
programa, lo cierto es que las propuestas contenidas en él no representan
definiciones mucho mayores que las ideas generales que antes ya se habían
esbozado. Se sabe que se impulsaría una nueva Constitución por los cauces
institucionales, pero no se sabe cuán ambiciosos serán esos cambios ni en qué
aspectos se centrarán realmente. Se sabe también que se avanzará hacia la
gratuidad en educación superior, pero poco o nada se conoce de los muy
complejos mecanismos que podrían hacer eso posible. Quiere avanzar hacia un
matrimonio igualitario, pero la promesa es un debate amplio —que ya existe de
hecho hace mucho— para elaborar un proyecto de Ley. Quiere avanzar en una
reforma a la salud —un tema por décadas—, pero su contenido es poco preciso y
el compromiso se traduce en la presentación de un proyecto de Ley de isapres
—que ciertamente constituyen un aspecto menor de los problemas estructurales e
insolutos de la salud Estatal—. Se declara que se busca aumentar la carga
tributaria en tres puntos del PIB, pero no queda claro cómo se llegará a ese
monto.
Sí se plantean definiciones más precisas
respecto de materias de bajo contenido ideológico y que caen en el ámbito de la
gestión, como la construcción de 20 nuevos hospitales, el aumento de la
dotación de la PDI en 1.200 nuevos funcionarios, la creación de 4.500 nuevas
salas cuna —antigua preocupación de la candidata, que ya manifestó en su
mandato de 2006-2010— o el fortalecimiento de la Dirección del Trabajo en
materia de fiscalización del pago de las cotizaciones previsionales.
Con todo, quizá su falta de definiciones en
cuestiones complejas pudiere no necesariamente ser mirada como algo negativo.
Las demandas de cambio que provienen desde la ciudadanía son altas y apuntan en
diferentes direcciones, y es fácil prever las movilizaciones a que pueden dar
lugar las promesas incumplidas. Mientras más compromisos asuma el próximo
Mandatario, cualquiera él sea, menos libertad tendrá y más difícil le será
conducir al país.
Más que llevar adelante acciones precisas, al
próximo Gobierno le tocará enfrentar el desafío más complejo de conducir un
proceso de aspiraciones sociales del cual la clase dirigente no se ha hecho
suficientemente cargo. Desde esta perspectiva, resulta clave la capacidad de Gobernabilidad
que pueda ofrecer el próximo Presidente, que se expresará primeramente en el
alineamiento de sus propias fuerzas políticas. De ahí que hacer promesas
excesivas para dejar tranquila a la gente hoy podría transformarse en un arma
de doble filo, pues la insatisfacción provocada por su incumplimiento, o su
cumplimiento solo parcial, podría hacer aun más difícil Gobernar y conducir
este proceso mañana. Como ocurre en coyunturas de transición como la que parece
estar enfrentando Chile hoy, la Gobernabilidad tiende a adquirir un peso mayor
que los logros mismos.
Transparencia del Estado y Contraloría.
Si hay un tema en el que el llamado
“empoderamiento” de la ciudadanía se manifiesta de manera positiva y en buena
medida como un cambio cultural, es el de la transparencia en la vida pública.
En los últimos años, en los más diversos aspectos, el conocimiento del grado
real de funcionamiento de las respectivas instituciones, por largo tiempo
sumido en la opacidad, se ha convertido en un elemento que la opinión
mayoritaria considera plenamente justificado. Más aun, en la práctica ha habido
un avance indudable y bastante rápido en esa línea. Sin embargo, tanto para
cubrir las deficiencias que aún existen como para ampliar el ámbito al que se
debería aplicar, resulta decisiva la tarea de la Contraloría General de la
República y de ahí el interés de los juicios entregados ayer en este diario por
su máxima autoridad.
El Contralor
comienza por dar cuenta de datos que muestran lo que el organismo ha hecho con
un énfasis que califica como pionero, entregando, por ejemplo, 8 mil informes
de auditoría, publicando en su web más de 116 mil dictámenes y con iniciativas
como el “semáforo Municipal”, respecto a su labor financiera, y el portal
Contraloría y Ciudadano, en el que más de dos mil personas han podido ya fiscalizar
a la propia entidad que dirige y que, además, permite formular denuncias,
incluso anónimas, que han contribuido a diversas investigaciones, e incluso a
mejorar sus procedimientos. Cumple también la Contraloría las funciones de
uniformar la información y capacitar para lograrlo. El portal anticorrupción,
en que asimismo colabora, aumenta en interés con cerca de 200 denuncias
mensuales que ya han originado 150 investigaciones especiales y aportado a
muchas más auditorías.
¿Qué se
debe corregir o reforzar? Por una parte, precisar la relevancia y calidad de la
información, considerando sus objetivos programáticos desde una visión
interdisciplinaria, y mejorando la claridad para su mejor comprensión general.
Por otra, considerar la eficacia y economía del gasto público, como se hizo con
las raciones de Junaeb, o la adecuación al fin perseguido por el Legislador,
como en la subvención escolar preferencial, sin evaluar en cada caso el mérito
de las decisiones de la autoridad administrativa.
En
cuanto a las estrategias que el Contralor Ramiro Mendoza considera seguir,
destaca la segmentación, de manera que en el sector Municipal, con el “Semáforo
de cumplimiento”, se ha logrado que el 90% de los Municipios cierren el año
contable con su publicación al día, donde era habitual la entrega tardía, o que
en los servicios públicos Gubernamentales se llegue a un estándar internacional
en un plazo de cinco años, alcanzando una transparencia “de segunda
generación”. En otros aspectos, tener una información de gastos por programas
específicos superando el hecho de que se les contabilice por su complejidad en
distintos ministerios; coordinar y unificar criterios mediante el trabajo
conjunto con las diversas unidades de finanzas de las instituciones Estatales,
que ya se realiza, y avanzar a un sistema de contabilidad que haga más
accesible a los ciudadanos el seguir las políticas públicas.
La
tendencia a una mayor y mejor transparencia abarca espacios muy variados y que
exceden por cierto el ámbito específico de la Contraloría, pero la infiltración
de ésta en la actividad entera del aparato estatal y su propia finalidad
institucional le otorgan mucho peso a su aporte y por ello merece especial
respaldo su voluntad de seguir avanzando.
No reabrir las puertas al cohecho.
En un artículo de opinión publicado por este
diario, Enrique Krauss, ex Ministro del Interior del Presidente Aylwin, ha
prevenido oportuna y fundadamente sobre el riesgo de que nuestro sistema
electoral pueda, quizá inadvertidamente, reabrir sus puertas a un vicio
desterrado desde 1958, logro por el cual generaciones de chilenos lucharon
durante décadas desde el siglo XIX.
La campaña en desarrollo de ciertos grupos
ciudadanos partidarios de convocar a una asamblea constituyente para redactar
una nueva Constitución, y que pretende que quienes la apoyen marquen distintivamente
su voto con las letras “AC” en las próximas elecciones Presidenciales, abre un
peligroso camino que puede conducir a la pérdida selectiva del anonimato del
voto, atributo fundamental para prevenir que se ejerza coerción en la decisión.
La ley y la Jurisprudencia han establecido que
los votos a los que se adicionen marcas que no interfieran con la clara
intención del votante respecto de su preferencia por un candidato son
inicialmente válidos, aunque se registren como objetados y posteriormente se defina
su validez definitiva. Ese hecho sirve de base a quienes promueven la campaña
para marcar los votos con una seña favorable a una asamblea constituyente,
pretendiendo con ello contabilizar de manera informal sus partidarios, a partir
del registro que se haga de los votos objetados. Con esto, tales grupos están
extremando la permisividad de que una marca sobre el voto no lo anule
automáticamente, para transformarla en vía de acción coordinada de un grupo de
presión política. Es cierto que si la preferencia por un candidato específico
queda establecida sin lugar a dudas, ejercer la libertad individual e
introducir marcas adicionales que no modifiquen dicha preferencia no causa, en
principio, daño alguno. Pero cuando dichas marcas se hacen de modo coordinado
por un número potencialmente grande de personas, se está modificando la función
del voto más allá de aquella para la cual está establecido en una particular
elección. Y no solo eso: al hacerlo así, y al contabilizar las personas que
dejaron esa marca, se está comenzando a cercenar una de las características
principales de la cédula única y por la cual fue instituida, esto es, la
homogeneidad de las papeletas en que se marca la preferencia ciudadana, para
que no se pueda deducir la identidad del votante de la preferencia marcada —una
línea horizontal uniforme—.
Cuando dicha marca es ocasional, sin un
significado claro, no tiene mayor importancia. Pero cuando se establecen
códigos de marcas y formas de hacerlo, tal campaña puede comenzar a impulsar
otras maneras crecientemente más creativas en las próximas elecciones. Eso abre
un camino para la pérdida del anonimato en el voto y, en consecuencia, para que
se pueda ejercer coerción al hacerlo. Dichas formas pueden ser sutiles e
indirectas, pero cuando dicha opción se extiende de un criterio aceptado para
casos aislados a acciones masivas coordinadas, se está introduciendo un
problema predeciblemente grave para la libertad con que se ejerce el sufragio.
Es posible que hoy no sea este el caso, y que
esta campaña tenga como único propósito motivar a la gente a manifestarse en
favor de una asamblea constituyente, para lo cual fundan su esfuerzo en que las
autoridades no han llamado a esa consulta y sería esta una manera creativa de
hacerlo. Pero está en juego la libertad con que se ejerza el voto en el futuro,
y la posibilidad de que se reinstalen prácticas de cohecho felizmente
desterradas puede verse incrementada mediante acciones coordinadas masivas.
Debe prevenirse dicha derivación regresiva impidiendo esa forma de
manifestación en el voto mediante una reforma legal clarificadora. Y si se
digitalizara todo el sistema electoral, eso no dejaría más espacio de
manifestación que la sola preferencia del votante.
Facilidades para hacer negocios.
La economía chilena avanzó tres lugares en el
ranking Doing Business 2014 -elaborado por el Banco Mundial y la Corporación
Financiera Internacional-, para ubicarse en el lugar 34, posicionándose como la
más competitiva de América Latina. Es valioso constatar que las políticas que
ha promovido Chile en favor de la apertura de los mercados y las facilidades
para emprender han traído crecimiento, mayor bienestar y reconocimiento
internacional, por lo que sería un error transitar hacia el sentido contrario.
Uno de los aspectos que incidió favorablemente
en la medición fue la entrada en vigencia de la Ley que permite la creación de
empresas en un día, lo que ha sido valorado como un significativo avance para
el emprendimiento. Un área donde, sin embargo, hay retroceso es la resolución
de insolvencias, donde la nueva Ley de quiebras que acaba de aprobar el
Congreso debería constituir un avance relevante, pues entre otros aspectos crea
las herramientas para que empresas que atraviesan por problemas, pero son
viables, puedan seguir operando.
Otra de las categorías donde también hubo
cierto retroceso fue en “pago de impuestos”, al pasar del lugar 36 al 38. Se
trata de un tema especialmente relevante, pues diversas candidaturas Presidenciales
han planteado la necesidad de elevar los impuestos a las empresas y cambiar la
estructura tributaria. La necesidad de aumentar la recaudación Fiscal para
financiar una serie de necesidades sociales debería descansar en el crecimiento
de la economía y no en aumentos de impuestos, pues con ello se arriesga el
crecimiento. Si bien los avances en emprendimiento han sido valorables, no
puede perderse de vista que la economía chilena ha retrocedido en otras
mediciones, como libertad económica y el ranking de competitividad, lo que debe
ser motivo de preocupación.
El conflictivo ranking.
No amaina la inquietud por los cambios en las
ponderaciones de la admisión a las universidades, tras el anuncio de que estas
aumentarían el porcentaje asignado al ranking de notas. La medida anunciada por
el Consejo de Rectores (CRUCh) pretende —según las autoridades universitarias—
fortalecer la inclusión social, sin afectar la excelencia académica.
Mediante un complejo sistema de combinación de
variables que incluyen el promedio y la posición relativa del alumno en el
curso, además del promedio de las generaciones anteriores y la distribución de
las notas, el estudiante recibirá una bonificación que, junto a las notas de la
enseñanza media, puede en algunos casos representar hasta el 50% de su puntaje de
postulación, correspondiendo la otra mitad al puntaje en la Prueba de Selección
Universitaria (PSU).
El Ministerio de Educación ha planteado reparos
a esta fórmula, por su precipitada aplicación y el negativo efecto que pueda
tener para los alumnos egresados de planteles Municipales, ya que estos
obtienen un promedio de calificaciones más bajo que el de los estudiantes de
colegios particulares pagados. Asimismo, los alumnos de liceos de excelencia,
como el Instituto Nacional, entre otros, se sienten directamente perjudicados,
lo que derivó en la presentación por su rector de un recurso de protección, requiriendo
una orden de no innovar que la Corte rechazó.
Diversas investigaciones demuestran que el
rendimiento escolar es un buen índice predictor del rendimiento académico
posterior, y de allí la importancia que se atribuye a las notas de la enseñanza
media. Sin embargo caben razonables interrogantes sobre la real eficacia del
ranking de notas como variable de selección, y todo indicaría que, de serlo,
debería tener una ponderación no superior al 15%.
La experiencia chilena e internacional muestra
que no bastan los antecedentes escolares como variable de selección. De allí la
conveniencia de una prueba estandarizada para que los postulantes compitan en
igualdad de condiciones por un cupo universitario. Conscientes de las
debilidades que actualmente presenta la PSU —contundentemente expuestas en dos
auditorías—, las autoridades universitarias decidieron introducir el ranking de
notas para disminuir la incidencia de la PSU y lograr mayor equidad, en un paso
de discutible eficacia.
El país cuenta con un probado sistema único de
admisión a las universidades al que se han ido integrando numerosas
instituciones, que considera tanto la evaluación de contenidos como de
habilidades, además de reconocer el esfuerzo y la trayectoria académica. Es
esperable que, por la gran expansión y diversificación del sistema de educación
superior, el proceso de admisión sea sometido a permanente revisión en búsqueda
de nuevos equilibrios entre las múltiples variables de selección. Sin embargo
—como esta acre polémica lo ha demostrado—, se requieren reformas ampliamente
estudiadas, informadas con mucha antelación y compartidas con la comunidad
académica. El CRUCh anunció las variaciones a la ponderación del ranking dentro
de los plazos establecidos, pero para los estudiantes y autoridades escolares
ha sido sorpresivo, dado el poco tiempo faltante para las postulaciones.
Una mesa de trabajo propuesta por la ministra
de Educación, en que participen las instituciones adscritas al sistema de
admisión y los colegios, además de un cronograma público en que se establezcan
los plazos para introducir mejoramientos a la PSU y el establecimiento de un
máximo de 5% en la variación de las ponderaciones, parecen medidas positivas
para avanzar hacia un sistema de admisión integrado, de bien estudiada eficacia
y transparencia.
Correspondencia para meditar.
Señor Director:
Lucro y educación escolar pagada.
Quienes plantean la gratuidad de la educación
escolar y el fin al lucro, en consideración a que esta es un derecho, no han
explicado por qué, siguiendo un criterio distinto, se mantendría en el
suministro de bienes y servicios que persiguen satisfacer otras necesidades
básicas a las que también tenemos derecho, tales como vivienda, salud,
vestuario, asistencia Legal, e incluso alimentación.
¿Qué justifica discriminar contra la educación
particular pagada respecto de las restantes actividades productivas? Pareciera
haber un propósito no declarado de que el Estado asfixie esa actividad,
terminando así con la libertad de enseñanza, y por ende con la educación
confesional.
Quizás se está queriendo reponer por esta vía
la fallida Escuela Nacional Unificada (ENU) de comienzos de los 70, el manejo Estatal
de la educación escolar, con mayor sutileza que entonces.
Rafael Errázuriz Sotomayor.
Señor Director:
Sanción a hinchas.
Se leía ayer en la versión web de Der Spiegel:
“Debido al brutal ataque a los fans del club de fútbol inglés Tottenham Hotspur
en noviembre pasado, dos fanáticos ultras del club de fútbol AS Roma fueron
condenados a largas penas de prisión. Los dos hombres, de 27 y 28 años de edad,
deberán permanecer, por asalto agravado, durante cinco años y seis meses y
cuatro años y seis meses, respectivamente, tras las rejas”.
Cualquier similitud con nuestra realidad sería
una mera ilusión.
Senén Cornejo García.
Señor Director:
Encuesta CEP.
No hay destino que no pueda cambiar en un día.
Que nadie se dé por ganado, ni por perdido, que la vida trae sorpresas. Mucho
camino por recorrer queda todavía.
Josefina Sutil Servoin.
AVISO A
NUESTROS AMIGOS Y AMIGAS:
Con motivo de los festejos en homenaje a todos
los Santos y a los Evangélicos, nos tomaremos unos días de descanso, estaremos
nuevamente on line el martes 5. Por las molestias que podamos ocasionarles, les
solicitamos anticipadamente las disculpas del caso.
Pueblos bien
informados
difícilmente
son engañados.
