A derrotar a las encuestas y a Bachelet,
por Mario Montes.
La encuesta develada ayer por el CEP, que sus
autores advierten que no es predictiva, pareciera señalar que la candidata de
la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet obtendría una sólida ventaja en las
elecciones del 17 de noviembre y que posiblemente lo hará sin necesidad de una
segunda vuelta.
Creemos que es importante tener en cuenta que
las elecciones se ganan en las urnas y que el sondeo de CEP siempre ha
subvalorado los resultados de los candidatos de la Alianza, además, que este
último muestreo se relizó cuándo el país estaba preocupado de falsear los
sucesos de hace 40 años.
También es importante recordar que la encuesta
en comento realizo su trabajo de campo entre el 13 de septiembre y 14 de
octubre de 2013, es decir antes de que la campaña realmente comenzara y
previamente, en 10 días, a la realización del debate de la ARCHI, que creemos marcó fuertes diferencias.
Por el bien de Chile, que creemos con la
elección de Bachelet le daría un balazo en el pie al desarrollo del país y una
puñalada por la espalda a aquellos que quieren surgir con su trabajo y que solo
necesitan oportunidades, pensamos que hay que derrotar a la candidata de la
izquierda y a las encuestas.
No creemos que se deba botar por la borda los
esfuerzos de la mayoría de los chilenos, que poniéndole el hombro, sacaron el
país adelante, lo reconstruyeron de los inmensos daños provocados por la unidad
popular, los predecesores de la nueva mayoría, y lo llevaron a un sitial que es
envidiado en nuestro continente.
Consideramos que los llamados a votar por
candidatos alternativos, a no sufragar, a anular el voto o a hacerlo en blanco
solo contribuyen a condenar a Chile, al que se entregaría atado de manos y
pies, a la concertación, hoy sumada a los comunistas y camuflada bajo el nombre
de nueva mayoría.
Tiempo de elecciones: Entre oportunidades,
desafíos y “trampas”, por Francisco Rosende.
Las campañas electorales son una oportunidad
propicia para revisar la marcha del país y discutir ideas que apunten a
alcanzar un mejor nivel de vida de la comunidad en el futuro. No obstante, la
dinámica de la contienda política hace que el debate que la rodea tienda a
concentrarse en planteamientos generales más que en propuestas específicas, lo
que dificulta la evaluación de las respectivas agendas de gobierno. Sin
embargo, un filtro adecuado para analizar y discutir las iniciativas que con
mayor o menor detalle se han levantado, es la contextualización de estas a
partir de una revisión cuidadosa de nuestra realidad actual y de la historia
reciente.
Esta estrategia puede ser especialmente útil
cuando se trata de confrontar los programas económicos. Así, parece oportuno
recordar los logros que ha conquistado la economía chilena en las últimas
décadas, sobre la base de una organización económica —lo que se ha denominado
como “el modelo”— que se fundamenta en la iniciativa privada, la apertura al
exterior y el rol subsidiario del Estado. Esta organización ha permitido
progresos significativos en los niveles de vida de los chilenos, en un contexto
de fuerte caída en los índices de pobreza, resultados que son vistos con admiración
por numerosas economías en desarrollo que no han podido superar la trampa del
populismo, en sus distintas versiones. Al respecto cabe mencionar que pocos
días atrás la OCDE destacó que la economía chilena fue capaz de quintuplicar el
nivel de su producto por habitante en los últimos veinte años.
Una mirada a la historia de la economía chilena
de las últimas décadas muestra elocuentemente la importante sensibilidad de las
decisiones productivas —esencialmente en materia de inversión, ahorro y creación
de empleos— a la estructura de incentivos prevaleciente. La capacidad de
reacción de una economía de mercado a los incentivos de las políticas públicas
fue algo intensamente debatido luego de la crisis de la deuda externa de los
80; sin embargo, la evolución mostrada por la misma economía chilena con
posterioridad a dicho episodio tiende a corroborar la validez de la hipótesis
señalada.
La discusión de propuestas específicas en cada
uno de los ámbitos mencionados excede los objetivos de esta columna, no
obstante lo cual parece importante enfatizar la necesidad de un análisis
cuidadoso de los incentivos y señales que estas pretenden establecer, dadas las
consecuencias que ello tiene sobre la dinámica de las decisiones productivas.
Aun cuando pudiera resultar evidente para
cualquier observador de las decisiones económicas cotidianas de las personas,
es importante insistir en el hecho de que estas responden al natural deseo de
alcanzar mejores niveles de vida. En el ámbito de las decisiones empresariales,
es la búsqueda de ganancias el factor que estimula el diseño e implementación
de proyectos que traen nuevas fuentes de empleo y la innovación. Así, el
complejo, pero esencial, ejercicio de diseñar políticas públicas conducentes a
construir una sociedad con igualdad de oportunidades atraviesa por la
implementación de estrategias eficaces de política social, junto con una
estructura y nivel de la carga tributaria que concilie el financiamiento de
dichos programas. Ello de un modo coherente con la mantención de una estructura
de incentivos adecuada para el desarrollo de la creatividad empresarial, la que
impulsa la creación de riqueza.
Después de varias décadas de progreso con un
modelo de economía de mercado, apoyado en un esfuerzo sistemático de los Gobiernos
por optimizar la rentabilidad social de sus proyectos de gastos, pareciera
innecesario refrescar estas ideas; sin embargo, la relativa amnesia que suelen
producir los ciclos políticos hace aconsejable volver sobre ellos. Más aun,
después de un largo período de crecimiento, casi sostenido, pareciera haberse
configurado una cierta sensación de insensibilidad de este a los cambios que se
introduzcan en la institucionalidad que rodea la toma de decisiones
productivas. Esta es una hipótesis errada, como lo demuestra la experiencia de
diversas economías que estuvieron bien encaminadas a alcanzar el desarrollo,
pero que sucumbieron a la impaciencia por adelantar las consecuencias de este.
Los resultados de esta impaciencia habitualmente son una indeseable combinación
de desequilibrios macroeconómicos y turbulencia política.
En un momento de importantes definiciones
políticas es importante subrayar que el salto al desarrollo que anhela nuestro
país exige resolver adecuadamente importantes desafíos, dentro de los que
destacan: el mejoramiento de la educación; el aumento de la oferta de energía,
y los problemas asociados al envejecimiento de la población. Una efectiva
resolución de estos desafíos hace necesario sostener la misma disciplina de las
políticas seguidas en las últimas décadas, en el contexto de una estrategia
basada en la capacidad de las personas para emprender y crear nuevas riquezas,
la que ha dado muestras convincentes de su efectividad. De más está destacar
que los resultados de las estrategias alternativas también son elocuentes.
Más Estado, menos imperio de las personas
por Cecilia Cifuentes - Susana Jiménez.
El programa presentado por Michelle Bachelet no
innovó en la ya conocida vaguedad de sus propuestas. Podría argumentarse que
los programas suelen ser así; no obstante, la larga espera para conocer su
contenido, contrastado con esta ausencia de medidas concretas, hace sospechar
que la candidata no logró zanjar posturas contrapuestas de sus aliados en
materias relevantes. Lo que, en cambio, no deja espacio a la duda es el
concepto de sociedad al que aspira y que se traduce en un objetivo único: más
Estado, lo que inevitablemente lleva a un menor predominio de las decisiones de
las personas sobre su propia vida.
Chile ya conoce de esta experiencia, que
alcanzó su máxima expresión a principios de los 70, con innumerables empresas
públicas caracterizadas por la ineficiencia y el mal servicio. Resulta
sorprendente que pese el éxito que ha vivido Chile tras recuperar la confianza
en los mercados y asignar un rol subsidiario al Estado, vuelva -como si se
tratara de un revival- la idea de un Estado empresario. En particular, en
materia de educación se busca aumentar el tamaño del Estado y minimizar la
injerencia de las escuelas y las mismas familias. Desde la educación parvularia
hasta la superior, se avanzaría hacia un concepto de calidad definido
arbitrariamente por el Estado, que condicionaría la entrega de recursos
públicos. Ello se traduce en el fin de la libertad de enseñanza y la diversidad
de alternativas para las familias.
Respecto de la previsión, se propone crear una
AFP Estatal, aunque reconocen que no reducirá el nivel de las comisiones y
tampoco elevará el monto de las pensiones. Ergo, la solución planteada no
aborda el problema central que se busca resolver.
Salud es otro sector donde el énfasis está
puesto en la prestación de servicios públicos, priorizando como objetivo que el
gasto público represente una mayor proporción del gasto total en salud.
Proponen la construcción de 60 nuevos hospitales públicos, sin explorar vías
más efectivas, como las alianzas público-privadas. Además, buscan debilitar el
sistema de Isapres impidiendo que puedan diferenciar cobros según riesgo -aun
cuando el fallo del Tribunal Constitucional así lo legitima-, lo que sólo puede
engrosar a Fonasa y agudizar sus deficiencias.
En energía, el programa da un rol más activo al
Estado, estableciendo un plan estratégico de desarrollo de largo plazo,
aumentando sus atribuciones para definir la expansión del sistema troncal y
fortaleciendo la Enap, entre otros aspectos. Medidas como éstas apuntan
peligrosamente a una mayor planificación centralizada que no sólo conlleva
riesgos de ineficiencia y seguridad de suministro, sino que no logra el
objetivo principal: destrabar la inversión para superar el escollo en que se
encuentra el país en materia energética.
En definitiva, dentro de un programa vago, la
consigna de “Más Estado” no se vincula en absoluto a los problemas que se
quieren resolver.
Pedro Ibáñez Ojeda, ayer y hoy,
por Leónidas Montes.
Este año es el centenario de su nacimiento.
Cuando ingresé a la universidad que lleva el nombre de su padre, Adolfo Ibáñez,
sólo conocía anécdotas de su persona. Pero hay mucho más que sólo anécdotas. Se
educó en el Liceo de Valparaíso, donde aprendió alemán. Al igual que su padre,
no estudió en la universidad. Partió trabajando como junior en la empresa
familiar. Sin estudios universitarios ni pergaminos de ninguna especie, y sólo
motivado por la curiosidad e inquietud intelectual, este empresario se fue
forjando en el mundo de las ideas. Y vaya que lo logró. Era un ávido lector de
la literatura clásica española y un gran conocedor de algunos importantes
pensadores del liberalismo. Además del alemán, hablaba francés, inglés,
italiano y portugués.
Don Pedro fue el fundador, pilar y el motor
detrás de la Escuela de Negocios de Valparaíso (ENV), que también celebra sus
sesenta años. Con mucha visión, en ese contexto de cómodos aristócratas y
terratenientes de Santiago que posiblemente miraban al comercio con cierto
desdén, este exitoso hombre de negocios de Valparaíso se propuso crear una
escuela para formar dirigentes de negocios. No tenía ni los conocimientos, ni
los alumnos. Tampoco los profesores. Pero tenía la idea, las ganas y el empuje.
En conjunto con la Universidad Católica de Valparaíso —o mejor dicho, al alero
de esta universidad— dio inicio a este sueño. Junto a su hermano Manuel
partieron, como buenos empresarios, conociendo experiencias extranjeras.
Viajaron a Harvard y Stanford. Y aprendieron mucho de lo que allí hacían.
Trajeron algunos profesores de negocios. Invitaron a otros. Y ayudaron a
algunos jóvenes para que estudiaran en esas universidades. Así, poco a poco,
formaron una escuela que adquirió prestigio y reputación en Latinoamérica. No
era fácil graduarse de la ENV en ese entonces. Por ejemplo, el que repetía un
curso, tenía que repetir el año completo.
Pedro Ibáñez invitaba a sus alumnos de la ENV
“a comprometerse nuevamente en el estudio de esa casi olvidada disciplina, la
filosofía política”. Un consejo visionario que hoy es tan importante como
necesario. Pero no sólo creó la ENV. Fue también un político ejemplar y
excepcional. En 1960 ingresó al Partido Liberal y durante los siguientes 13
años fue senador por Valparaíso. En 1966 ingresó al Partido Nacional y fue uno
de los fundadores de Unión Nacional, que luego se convertiría en Renovación
Nacional. Al entrar en el mundo de la política, para evitar conflictos de
interés, don Pedro abandonó sus negocios para dedicarse por completo a lo
público. Naturalmente esta actitud no era usual entre los honorables de la
época. Y más de alguno debe haber resentido este gesto.
Cuando el socialismo y el marxismo, junto al
sueño de una economía central planificada estaban en boga, muy pocos hablaban
de una economía libre o de la importancia de la competencia. Pero ahí estaba la
voz firme y muchas veces solitaria del Senador Ibáñez. Era de los pocos que se
atrevían a defender las ideas con convicción, pasión y coraje. Basta leer
algunos de sus discursos. Pero así como temía la planificación centralizada y
el excesivo poder del Estado, repudiaba “el individualismo egoísta”. Por eso la
base de su ética empresarial era que “los empresarios no deben utilizar su
poder para obtener beneficios indebidos”. En definitiva, era un hombre de
principios firmes y claros. Un empresario y político que comprendió la
importancia y el valor tanto de la moral como de las ideas.
En el frente político, organizar a su sector,
bien lo sabía Pedro Ibáñez, no era tarea fácil. Como hombre de derecha decía
que “nuestras primeras energías debemos gastarlas en vencer la pereza mental,
el egoísmo o la indolencia de nuestra propia gente”. Y con mucha fuerza y
conocimiento de la tribu se quejaba de “los cómodos, los que no piensan, los
que eluden su responsabilidad, los que no actúan porque no aceptan el
sacrificio y el riesgo, no tienen destino. Para quienes se comporten así, no
hay porvenir ni en Chile ni en ninguna parte… El futuro… es para los que tienen
fe y se entregan a su causa sin sacar cuentas mezquinas”. Estas palabras de don
Pedro son todavía un mensaje certero para nuestra derecha criolla.
Lo interesante es que mucho de lo que entonces
pensaba Pedro Ibáñez Ojeda sigue hoy vigente. En fin, algunas cosas parece que
han cambiado poco. Y su férrea defensa de las ideas es la mejor prueba.
Propuestas sobre propiedad e inversión extranjera.
El programa de Gobierno de la candidata
Bachelet hace necesarias complementaciones y aclaraciones para evitar
especulaciones sobre temas capitales para la modernización y desarrollo de
Chile, tocantes al estatuto de la inversión extranjera y al régimen del uso de
los recursos naturales.
Concerniente a la inversión extranjera se
plantea, sin matices ni salvaguardias de sus principios rectores, la derogación
del DL 600, clave para la inversión, crecimiento, equilibrio de las cuentas
externas, integración de Chile a la economía mundial y distinción positiva de
nuestro país respecto de otras economías latinoamericanas y en desarrollo.
Desde su dictación han ingresado al país cerca de 100 mil millones de dólares,
de los cuales casi 40 mil se han destinado a la minería y alrededor de 20 mil a
electricidad, agua y gas. Solo en los últimos ocho años se han invertido desde
el exterior unos 34 mil millones, bajo sucesivos Gobiernos, generando
centenares de miles de empleos, una decisiva contribución a los ingresos Fiscales
y aportes significativos a tecnologías e innovaciones de vanguardia. Esta
normativa sobre capitales extranjeros ha sido sustento de la seguridad Jurídica
y confianza, logradas ampliamente sobre la base de contratos celebrados por los
inversionistas extranjeros con el Estado. La sola derogación de dicho estatuto,
contemplada en dicho programa, sin precisar los derechos de los inversionistas
a un trato sin discriminaciones ni privilegios respecto de los nacionales y del
Estado, a repatriar sin trabas sus capitales y utilidades, a la invariabilidad
temporal de los tratamientos aduaneros para los bienes de capital y bajo una
tasa más alta de los impuestos a la renta, introduce una incertidumbre que es
indispensable despejar mediante la mantención de los principios esenciales de
dicho estatuto.
El derecho de propiedad es primordial para la
convivencia y el desarrollo de una sociedad que respeta las libertades. Sin la
facultad y garantía de disponer libremente de los bienes, se menoscaba el progreso.
Por este fundamento conceptual y de experiencia, su fortaleza y claridad
normativa es indispensable para el desarrollo de los recursos naturales. El
programa anunciado plantea la introducción de definiciones que ya están
consagradas en la Constitución hoy vigente respecto de la propiedad de los
recursos naturales, y lo hace con una formulación que permite preguntarse sobre
el verdadero sentido de la redundancia. La libre iniciativa del emprendimiento
dentro de la Ley, la promoción del bien común, la función social de la
propiedad y las obligaciones inherentes en su ejercicio, y la propiedad
inalienable del Estado sobre los recursos naturales, están ya en la Carta
Fundamental que se propone reemplazar, específicamente en sus artículos 1° y 19
números 21°, 23° y 24°, entre otros. Como normativa esencial, al Legislador
corresponde desarrollarla y lo ha hecho en las últimas décadas en todas las
áreas que recoge este programa, como aguas, minas, telecomunicaciones e
impuestos. Por eso, sorprende que se afirme la necesidad de cambiar la
Constitución respecto de conceptos tan importantes para el país y la población,
en una forma que no parece distinta de lo que existe. En el contexto de una
normativa enteramente nueva, tiene significado que la formulación pase por alto
el contenido del derecho y se circunscriba a enfatizar límites que le son
inherentes. Además, el que se plantee como novedad y cambio podría introducir
interpretaciones no deseadas en cuanto a que el programa tiene un trasfondo no
explicitado, lo que es doblemente relevante en una materia de incalculables
consecuencias.
Las imprecisiones y redundancias en
ordenamientos que han sido pilares del desarrollo y progreso de Chile pueden
causar retrocesos e inseguridades de magnitud para la inversión extranjera y
nacional, que no debieran dejarse a merced de interpretaciones.
Epílogo en ranking de notas.
El Consejo de Rectores (Cruch) y el Ministerio
de Educación dieron por “cerrada” la discusión en torno a la aplicación del
ranking de notas para el proceso de selección universitaria 2014. Así, los
abruptos cambios de que fue objeto éste por parte del Cruch -aumento de
ponderación del ranking dentro del puntaje final y la incorporación de dos
decimales para efectos de bonificar según promedio de notas- serán igualmente
aplicados, no obstante las fuertes críticas que ha recibido este proceso por
parte de una serie de colegios emblemáticos, pues se trata de medidas que
tienen lugar a muy pocas semanas de rendirse la PSU, lo que supone una severa
alteración de las reglas que norman este proceso.
Es lamentable que el Cruch haya desoído las
críticas y rechazado una aplicación gradual del instrumento. Aunque el proceso
de selección y los criterios que utiliza caen dentro de las atribuciones de las
universidades, habría sido deseable ver al Ministerio de Educación haciendo
valer con mayor fuerza sus objeciones respecto del ranking de notas. De hecho,
llama la atención la postura que mostró la Ministro del ramo, quien
inicialmente se mostró muy crítica con los cambios introducidos por el Cruch,
para luego dar la impresión de que los avalaba.
El Consejo de Rectores ha insistido en que el
ranking responde a la necesidad de introducir criterios de equidad e
integración en la selección universitaria, objetivos que difícilmente podrán
ser logrados con este tipo de modificaciones y que arriesgan con desnaturalizar
los procesos de selección, que deberían apuntar hacia la excelencia académica.
Asimismo, llamaron poderosamente la atención los dichos del vicepresidente del
Cruch, quien señaló que “hemos soportado todas las presiones y no vamos a
cambiar la fórmula”. Los legítimos reclamos de la comunidad estudiantil y las
objeciones técnicas planteadas en este caso distan de ser “presiones”, y en
cambio buscaban crear una instancia de necesario diálogo, que lamentablemente
ha sido desoída.
Buen desempeño del mercado laboral.
Pese a la desaceleración económica en los
últimos meses, el comportamiento de la ocupación sigue siendo extraordinario,
como lo evidencia la Encuesta de Ocupación y Desocupación del Gran Santiago de
septiembre, elaborada por el Centro de Microdatos de la U. de Chile. En un año,
el empleo creció 1,8%, reduciendo la tasa de desempleo de 6,6 a 5,9% entre
septiembre de 2012 e igual mes de 2013. Respecto de la medición anterior, de
junio pasado, la última tasa representa una caída de 0,3 puntos porcentuales. Esta
tendencia al alza en el empleo ha sido sistemática en los últimos cuatro años y
habla del buen pie en que está la economía chilena. Pero en las últimas
mediciones ese crecimiento se ha desacelerado. Aunque en eso puede influir la
menor expansión económica, también hay que reconocer que el mercado del trabajo
está estrecho y no se observan aumentos significativos en la participación
laboral.
En este escenario, los ingresos laborales están
subiendo significativamente: el estudio citado muestra que lo han hecho en 15%
en el último año (12,5% en términos reales). Esto ha ido acompañado de una
reducción en el promedio de horas trabajadas. Como consecuencia, los ingresos
laborales por hora han estado creciendo aún más rápido. Al comparar tales
cifras con la expansión de los ingresos nacionales totales, es evidente que la
participación del trabajo en estos ha estado creciendo en forma relevante.
Este mejoramiento en la distribución por
factores de los ingresos es positivo. La desigualdad entre los ingresos del
trabajo sigue siendo alta y no presenta grandes cambios en los dos últimos
años, pero la observada en este período es menor que en el pasado. Además, como
ha habido más incorporación de trabajadores menos calificados, en el corto
plazo es difícil observar la tendencia siempre declinante en esta desigualdad.
No obstante, la desigualdad de ingresos entre hogares debería estar
reduciéndose. Así, la tendencia en esta —un factor crítico en la evaluación del
desempeño económico chileno de las últimas tres décadas— parece ser positiva.
Es importante mantenerla e, idealmente, fortalecerla.
Para estos propósitos, los antecedentes que
recogen esta encuesta de ocupación y desocupación y otras fuentes de
información similares sugieren líneas de acción. Así, es interesante comprobar
que en la población inactiva, que en Chile es comparativamente alta, aquella
con deseos de trabajar es muy baja. Es más, ha ido cayendo y se encuentra, por
segunda medición consecutiva, debajo del 10%. En las mediciones anteriores, esa
proporción se situaba por sobre esa tasa e incluso superaba en ocasiones el
15%. La mayoría de ellos quiere trabajos de jornada parcial, posibilidad no
fácil en nuestro mercado laboral y que revela uno de sus aspectos débiles. Como
la participación laboral es más reducida en los hogares de bajos ingresos,
promover la incorporación en esos sectores y, al mismo tiempo, crear
condiciones para jornadas más flexibles es necesario para avanzar en la
reducción de la desigualdad de los ingresos laborales, particularmente entre
hogares.
Por cierto, algunos problemas requieren
atención más especializada. La proporción de jóvenes que participan en la
fuerza laboral sigue siendo extraordinariamente baja, y las mujeres, si bien
han subido su participación, aún tienen tasas reducidas respecto de la
situación de los países de la OCDE y también de Latinoamérica. Asimismo, el
grupo de desocupados revela algunas características complejas: el tiempo en que
permanecen desempleados es más alto respecto de un año atrás. Esto no sorprende,
porque en un mercado del trabajo dinámico, a medida que va cayendo la
desocupación, aquellos que no encuentran trabajo tienen grados de calificación
cada vez menores. Pero eso requiere políticas más especializadas de
capacitación laboral, que el país ha desarrollado muy imperfectamente. Una
estrategia coherente que aborde estas debilidades sería muy positiva para la
evolución futura de la ocupación y de la desigualdad de ingresos.
Ciudades y segregación.
Que las ciudades chilenas reflejan los índices
de desigualdad del país es el punto de partida de un informe de Espacio
Público, escrito por el ex Presidente del Banco Central, José de Gregorio, el
arquitecto y urbanista Iván Poduje y el arquitecto Alejandro Aravena. El origen
de esta situación sería la política de erradicación de campamentos, que reubicó
a estas familias en barrios periféricos, de escasa infraestructura y mala
calidad de las viviendas. Identifican a partir de ahí cinco factores que
explican la persistencia de la segregación y realizan propuestas para una
ciudad más justa.
Resulta interesante que un grupo de expertos
explore las inequidades en el tema del urbanismo, que despierta progresivamente
mayor interés de los ciudadanos, pues les afecta directamente. Ello ocurre,
además, cuando la calidad de vida se ha convertido en una temática prioritaria
para las comunidades, cada vez más activas en sus demandas por salud,
transporte y medio ambiente.
La mayoría de las soluciones propuestas para
reducir la desigualdad se relacionan con medidas de mediano o largo plazo
—educación de calidad, capacitación, empleos formales— y otras de carácter
redistributivo, de inmediato alcance, como bonos, para frenar las presiones
sociales. Estas últimas suelen ser poco efectivas para alterar en el curso de
la distribución del ingreso, pero sí exitosas en calmar las ansiedades de la
población. Pero las inequidades superan el ámbito de los ingresos y por ello es
acertado ampliar la gama de soluciones a otras esferas, como el diseño de las
ciudades.
Las propuestas planteadas por Espacio Público
—que van desde la creación de “zonas de equidad territorial” hasta un banco de
terrenos Estatales y una tarifa de transporte rebajada para grupos vulnerables—
son ambiciosas y demandarían, de ser consensuadas, un gran esfuerzo del aparato
público, pues se constata en su análisis que el mercado, por sí solo, no
resolverá la segregación urbana y es necesaria la intervención del Estado, que
habrá de invertir en la construcción de “grandes alamedas” (corredores de
transporte que unen las zonas de equidad territorial con la ciudad, pensados
con altos estándares en términos de arborización, soterramientos de cables y
los centros cívicos). También, en una tarifa de transporte rebajada para grupos
vulnerables, que implicaría una presión extra a las finanzas del Transantiago,
las que ya tuvieron que ser “salvadas” con un proyecto de Ley aprobado hace un
par de meses.
Sería deseable que los objetivos y medidas
elaboradas por este grupo de expertos sean un estímulo para profundizar el
debate —en el que tendrán que exponerse los costos y plazos de inversión de
dichos proyectos, que no fueron incluidos por los autores— que pueda aunar
esfuerzos de los sectores público y privado en una tarea que es de largo plazo,
pero que requiere de su urgente inicio.
¿Ocaso del ciclo “K”?
La del domingo fue la peor derrota electoral
del kirchnerismo en una década. Con Cristina convaleciente, fue “su equipo de Gobierno”
(como dijo el Vicepresidente) el que salió a dar la cara, sin reconocer
explícitamente el golpe que le asestó la ciudadanía. Es cierto que mantuvieron
la mayoría en Diputados y Senadores (junto con sus partidos aliados); sin
embargo, el Frente para la Victoria (FPV), referente kirchnerista, desde que
reeligieron a Cristina cayó de 54% a 33% de los votos.
Afloró con certeza que no será factible empujar
una nueva reelección, al no contar con los dos tercios necesarios para una
reforma Constitucional. El mensaje de los argentinos es que el ciclo “K” está
en declinación, y que para 2015 será difícil que un representante de ese sector
del peronismo pueda empinarse a la Presidencia. En Buenos Aires, la derrota del
oficialista Martín Insaurralde frente al disidente Sergio Massa dejó golpeado a
Daniel Scioli, quien parecía el más probable candidato del FPV para suceder a
la Presidente.
Por ahora, reina total incertidumbre sobre el tiempo
que demorará la Presidente en retomar sus funciones. Mientras eso no suceda, cabe
prever nuevas rencillas entre sus cercanos, una completa confusión sobre quién
está a cargo y sobre qué medidas (¿de rectificación política y económica?)
tomarán en las próximas semanas. La preocupación de la familia sobre su salud
es evidente, y podría pensarse que la presionarán para seguir las
recomendaciones médicas de no retornar aún a las actividades para evitar el
estrés. Siendo así, se mantendrán las dudas sobre la gestión Gubernamental y
sobre si los aliados en el Congreso seguirán apoyando al Gobierno.
En la oposición reina el optimismo, pero
también la división, y ya son varios los posibles candidatos que sienten que su
opción puede ser victoriosa. Primero que nadie saltó a la palestra Mauricio
Macri, quien, con el triunfo de su candidata en Buenos Aires y el haber logrado
varias diputaciones, tiene razones para sostener que su partido, Propuesta
Republicana (PRO), ha logrado proyección nacional. Macri sabe que la lucha será
ardua; por eso, lanzó su candidatura apenas se conocieron los resultados favorables.
Su rival más poderoso será Massa, un hombre que
ha pasado por varios partidos, desde el sector más liberal en la época de
Menem, hasta el kirchnerismo, con el que tuvo su última ruptura. Su discurso se
centró en los temas de la inflación y la inseguridad, las preocupaciones
ciudadanas más acuciantes. En esto último puede mostrar éxitos en su gestión
como Alcalde de Tigre. Mientras todos lo ven como Presidenciable, quiso
diferenciarse de Macri y se negó a mostrarse como aspirante: “Los que piensan
en 2015 le faltan el respeto a la gente”.
Radicales y socialistas fueron juntos y
obtuvieron buen resultado. De ahí que Julio Cobos, de Mendoza, y Hermes Binner,
de Santa Fe, se perfilen también como candidatos y, también juntos, serían una
opción más fuerte. Ambos deben, eso sí, ampliar su abanico de votantes fuera de
sus Provincias.
Hay tiempo aún para que el naipe Presidencial
se ajuste. Incluso con un kirchnerismo en decadencia, convendría a los rivales
mostrar altura de miras y deponer aspiraciones en aras de una unidad que en
Argentina ha sido escasa.
Correspondencia destacada.
Señor Director:
Comisión de DD.HH.
El 24 de octubre comenzó la 149ª sesión de la
Comisión Interamericana de DD.HH. en Washington DC. Se escuchará a
representantes de diversas organizaciones que defienden y promueven los
derechos humanos provenientes de todo el continente, a fin de tratar asuntos de
interés general.
En agosto pasado, Comunidad y Justicia pidió
ser escuchada en la Comisión, habiendo cumplido todos los requisitos exigidos,
a fin de denunciar los graves hechos que tuvieron lugar luego de una marcha a
favor del aborto, cuando algunos manifestantes irrumpieron violentamente en la
Catedral de Santiago causando destrozos y, de paso, vulnerando varias garantías
fundamentales (derecho a la vida, integridad física y psíquica; ejercicio libre
del propio culto; libertad de emitir opinión; derecho de reunión y derecho de
propiedad), y para denunciar también otros atentados contra la libertad
religiosa.
Agotados los recursos y vencidos los plazos,
aún no hemos recibido respuesta. Queriendo denunciar la vulneración de derechos
reconocidos en la propia Convención Americana de DD.HH., no hemos sido
escuchados.
Llama la atención el hecho de que en la
Comisión no se vayan a tratar los temas que hemos planteado, pero que al mismo
tiempo se dé tribuna a quienes pugnan por legalizar el aborto en nuestro país
(por ejemplo MILES Chile). Esperamos que esta situación se deba a un
malentendido, y no a una discriminación arbitraria por parte de quienes
promueven los derechos humanos a nivel continental.
Tomás Henríquez Cabrera - Fernando Ugarte Vial.
Comunidad y Justicia.