Temas importantes para analizar...

La aplanadora,

por Gonzalo Rojas S.

Cuando los democratacristianos anuncian que los Parlamentarios de Bachelet no pasarán la aplanadora en el próximo Congreso, da la impresión de que tuvieran ellos el control de la maquinita. ¿Se lo creen o es solo el recurso psicológico típico del hermano chico que se hace el agrandado simplemente para no desaparecer?

La aplanadora: en la DC sugieren que hay que evitar su uso hacia adelante, pero es difícil encontrar una mejor descripción de lo que ese mismo partido ha padecido en el pasado y hasta la actualidad a manos de la izquierda, de sus actuales aliados. Toda la evidencia histórica muestra que la aplanadora ha sido sistemáticamente utilizada en contra de los DC desde hace 45 años, aunque parece que todavía no se enteran.

El MAPU y la IC, esos desgarros previstos y consentidos, aplanaron la capacidad democratacristiana a finales de Frei y a comienzos de Allende, porque le quitaron buena parte de sus mejores cabezas. A los pocos meses del inicio de la Presidencia Pinochet, ya la DC había olvidado que Frei Montalva consideraba a los militares los imprescindibles cirujanos del cáncer marxista. Quince años después, la Concertación por el No neutralizó cualquier posibilidad de una DC autónoma, de centro, que fuese un verdadero eje. Después, los Gobiernos de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle maniataron cualquier renacimiento de aquella independencia que había caracterizado a la Falange, porque el pacto PS-DC obligó al partido de la flecha mucho más que a una “apertura a siniestra”, a un matrimonio con la izquierda. Y ahora, en 2013, la guinda de la torta: un eventual Gobierno desde el PC a la DC deja a los democristianos definitivamente instalados en un extremo duro, que de centro ya no tendrá nada.

¿No pasó ya la aplanadora? ¿No está la DC completamente aplastada por sus tutores, por esos que hoy se hacen llamar sus socios?

Si se mira con detenimiento el programa de Bachelet, ¿qué aspecto del texto responde a un aporte sustantivo y propio de la Democracia Cristiana? Ninguno.

Los principales dirigentes del partido nos dicen que su colectividad se mueve por la justicia social. Habrá que entender, entonces, que un programa que busca legalizar tres tipos de aborto, que propone igualar las uniones homosexuales al matrimonio, que priva de libertades de enseñanza y de educación a los chilenos que buscan democracia y cristianismo en ellas, que sugiere el derecho al suicidio bajo el eufemismo de la eutanasia, ¿es un programa de justicia social?

La DC no tuvo un problema con Allende; la DC no tuvo un problema con el Gobierno militar. Esas fueron solo pataletas de superficie, peleas con el otro que no eran más que peleas consigo misma. El problema de la DC es con su propia identidad. Incapaz de percibir la diferencia entre justicia y efluvios del corazón, ha ido sistemáticamente optando por estos últimos.

Desde que la Democracia Cristiana abandonó el espíritu en la política y lo reemplazó por afectos tan sólidos como un churro con manjar, no ingresan a sus filas quienes quisieran vivir por ideales, sino quienes escogen a ese partido como una opción sentimental. Por eso, en cuanto a doctrina, las juventudes de la DC y las de los partidos de izquierda son como dos gotas de vinagre de igual densidad. En las primeras, eso sí, hay guitarras y abrazos fraternales, algo de lenguaje eclesial y de miradas vaporosas.

Hace ya más de 40 años que se les viene advirtiendo porque, al fin de cuentas, podría ser que volvieran a preferir a Maritain sobre Gramsci y Marcuse. Ingenuos los que seguimos pensando en esa rectificación. Sabios los que, por eso mismo, la abandonan. Ven que ha sido aplanada.

Bachelet vs. la señora K,

por Claudio Arqueros.

Uno de los ejes centrales del tardío programa de Gobierno de la ex Concertación es la promesa de una nueva Constitución, oferta que, sin dejar claro cómo se realizará, es considerada una medida fundamental para hacer frente a los cambios que requiere el país. Sin embargo, Bachelet se equivoca si cree que cambiando la Constitución va a solucionar los desafíos que tiene nuestra sociedad. Esto, por dos motivos.

Primero, porque el bien común se conserva en una institucionalidad sólida, y para que ella exista se requiere mantener una relación estrecha con las tradiciones que marcan la identidad de un país; ya que operan como horizontes de comprensión social y son fundamentales para construir democracias perdurables bajo imaginarios de estabilidad social. Esto no significa rechazar el debate sobre los problemas que puede presentar para algunos la Constitución firmada por el ex Presidente Lagos, pero la discusión debe realizarse tal como se hizo durante estas dos décadas, dialogando con las tradiciones inscritas en ella y respetando las metas que el país se ha propuesto.

Una nueva Constitución inspirada en un imaginario de Estado protector amenaza los mayores éxitos de los Gobiernos de la Concertación: la estabilidad y el progreso social. En ese sentido, es necesario considerar que una vez que la pirámide social se invierte (40% de pobreza en 1990 vs. 14% el 2013), el welfare State deja de ser una idea importable. Y esa realidad es precisamente la que está viviendo Chile. El país requiere más bien de una subsidiariedad que se haga cargo con la suficiente fuerza de quienes efectivamente necesitan la ayuda del Estado para superar la pobreza, y de una auténtica y vigorosa solidaridad que sólo puede nacer de personas que se hacen responsables de personas.

Segundo, porque la experiencia latinoamericana nos demuestra que avanzar hacia una Constitución más Estatista es caer en la amenaza del populismo. Pues, más Estado no es sinónimo de más o mejores libertades y tampoco de equidad. Basta recordar lo que ocurre con Venezuela o Argentina, regímenes admirados por varios socios de Bachelet en donde más Estado ha significado ruina e inestabilidad.

Bachelet es ingenua si cree que puede ser una Señora K responsable. Pues una vez que se abren las puertas del Estatismo, éste, al no ser neutral en las políticas públicas, asfixia a los cuerpos intermedios subsidiarios y solidarios, pasando a ser estos cooptados por el aparato burocrático, convirtiéndolos en clientela política simplemente demandante, situación que termina socavando la institucionalidad ya que potencia la tentación de promesas populistas para mantenerse en el poder.

La Iglesia del futuro: misericordiosa y alegre,

por Roberto Rusconi.

El Papa Francisco ha decidido escribir a todos los católicos, desde los Obispos a los fieles simples, “sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual”. Lo hizo con una exhortación apostólica, un texto más pastoral que una encíclica doctrinal. No es sorprendente que se haya publicado en el día de clausura del Año de la Fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI. Es, en verdad, un programa que abarca no sólo un pontificado, sino que la vida de la Iglesia en los tiempos por venir.

El Papa describe el rostro de una Iglesia misionera, que no está obsesionada con la doctrina, y que todavía tiene los pilares tradicionales de la ortodoxia católica. La actitud, sin embargo, debe estar dictada por la “misericordia” de que tantas veces ha hablado.

Sobre el aborto escribe que “no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura”. Pero también dice que las mujeres deben ser comprendidas, y agrega: “a los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas”.

Francisco había repetido muchas veces que la Iglesia debe ser pobre, de los pobres y para los pobres. Pero en este texto escribe palabras durísimas, cuando dice que debe ocuparse de “algunos desafíos del mundo actual”, y enumera una serie de negativas: “No a una economía de la exclusión”; “No a la nueva idolatría del dinero”; “No a un dinero que gobierna en lugar de servir”; “No a la inequidad que genera violencia”.

Esta exhortación apostólica marca la transición de su pontificado de los gestos y de las palabras a los hechos. Con un lenguaje sencillo y directo que lo caracteriza, Francisco cumple con las expectativas y las esperanzas que ha suscitado. Estas son sus primeras palabras: “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús”. Y luego invita a la Iglesia a una reforma no solo interior, sino que desde el Papa de Roma al último de los fieles.

Riesgos de una reforma tributaria,

por Javier Jaque.

Resulta inquietante que debido a presiones sociales, sectores de la política chilena más liberal se abran a realizar “Reformas Estructurales a un Sistema Tributario”, que para bien o para mal, ha estado presente en el desarrollo de la economía del país en los últimos 30 años.

 El sistema de tributación, basado en la imputación del impuesto empresarial contra los impuestos finales, resulta ser más común de lo que se piensa en diversos países del mundo. Quizás la diferencia que perturba a muchos es que esta imputación, en Chile, se realiza en forma íntegra; es decir, que todo el impuesto pagado por la empresa puede ser utilizado como crédito por los consumidores de las rentas.

Si bien la propuesta no considera eliminar la imputación como crédito del impuesto empresarial contra los impuestos finales, debido principalmente al concepto de retroactividad en la aplicación de los tributos, sí elimina la posibilidad de suspensión en la afectación con los impuestos finales a aquellas rentas que el empresario hubiera dejado reinvertidas en su propia empresa. En otros términos, la apuesta del grupo de economistas que asesora al probable nuevo Gobierno se basa en la creencia de que la modificación del sistema tributario no afectará la decisión de los dueños de las empresas de no retirar ni consumir las utilidades acumuladas en las mismas, aún cuando éstas ya se encuentren tributadas.

 La propuesta de “Reforma Tributaria” que se avecina considera como pilares fundamentales 1) Aumentar la carga tributaria para financiar la reforma educacional, 2) Avanzar en la equidad tributaria, 3) Introducir nuevos y más eficientes mecanismos de incentivos al ahorro e inversión y 4) Disminuir la evasión y elusión.

 Frente a los objetivos que se indican, es necesario hacer presente que “no” necesariamente lo propuesto permite alcanzar lo descrito, por cuanto 1) “Aumentar la carga tributaria” desde una perspectiva real, significaría estar consciente que la mencionada reforma traslada el riesgo Fiscal desde la tributación al consumo de rentas, a la tributación de la generación de la riqueza. Si bien la carga nominalmente se puede incrementar, y para ello simplemente se debe subir la tasa impositiva, es necesario considerar que desde el punto de vista de la administración de los tributos, se requerirán muchos más medios de fiscalización que los existentes. 2) La equidad o “disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece”, resultaría interesante siempre y cuando alguien pudiera asegurar que el mayor precio de las cosas no sea traspasado a los consumidores finales. 3) En base a la historia de los impuestos en Chile, resulta disonante considerar este objetivo de ahorro e inversión como un objetivo del cambio del sistema. ¿Acaso esta reforma no representa todo lo contrario? ¿Si ya he tributado por las rentas, qué me motivaría a dejarlas en la empresa? 4) A la luz de los puntos anteriormente comentados, creo que en nada contribuye la presente reforma a la disminución de la elusión y evasión, por cuanto se requieren medidas restrictivas y sancionadoras que en nuestro país en nada han contribuido al desarrollo de las cosas.

Considero prudente, desde un enfoque absolutamente propositivo, que tales discusiones sean profundizadas y replanteadas por expertos en la materia, sin tanto sesgo político.

El valor de los acuerdos.

Envalentonados por el éxito alcanzado en la elección Parlamentaria, algunos representantes de la Nueva Mayoría han hecho ver que un eventual Gobierno de Michelle Bachelet no necesitaría procurar un acuerdo amplio en torno a varias de las reformas Legales y Constitucionales por las que aboga su candidatura. Los votos del bloque le asegurarían la mayoría en ambas Cámaras y, con tan solo unas pocas voluntades más, reuniría los quórums calificados necesarios para modificar Leyes Orgánicas Constitucionales e, incluso, tal vez los requeridos para ciertas enmiendas Constitucionales. En contrario, dentro del pacto han surgido algunas voces disidentes —por ejemplo, la del Presidente de la Democracia Cristiana, Senador Ignacio Walker, y la de otros connotados miembros de su directiva—, destacando el valor de construir acuerdos y rechazando “pasar la aplanadora”.

Es preocupante que se interprete una victoria electoral —desde luego muy influida por la alta popularidad personal de la candidata Presidencial— como un mandato inapelable por parte de la ciudadanía a aplicar un programa radical de cambios al sistema político, económico y social que nos rige. Hay en ello ecos de aquel “avanzar sin transar” que tanto daño causó a Chile hace 40 años. Es cierto que el programa establece la intención de reescribir la Constitución, de avanzar hacia la gratuidad universal en educación —aunque ello en importante medida limite la libertad de elegir dónde estudiar— y propone un drástico aumento de impuestos que podría dañar la capacidad de las empresas de crear empleos. Pero esos y otros compromisos admiten muchas variantes y sus complejos detalles están aún por definirse.

Mucho va a depender, desde luego, del liderazgo que ejerza Michelle Bachelet. Por ahora, ella está abocada a asegurarse el triunfo en el balotaje del 15 de diciembre y ha reiterado sus compromisos programáticos. Pero nadie puede desconocer que gran parte de su popularidad proviene de su gestión en los gobiernos de la Concertación, como Ministro primero y Presidente después. Aunque sus electores esperen que los cambios que propone su programa sean ventajosos, parece seguro que suponen también que ellos serían implementados según ha sido costumbre en Chile en los últimos 25 años, esto es, priorizando los acuerdos transversales, buscando terreno común, convergiendo a soluciones moderadas y compartidas por la gran mayoría de la ciudadanía. Nada parecería más ajeno al carácter de la candidata que la arrogancia y el maximalismo que ahora exhiben algunos de sus seguidores.

En caso de resultar vencedora en el balotaje, el éxito de la segunda Presidencia de Michelle Bachelet y de las reformas que ha propuesto dependerá crucialmente de su capacidad para aunar voluntades en torno a una agenda moderada, tanto en el interior de su coalición como más allá de ella. Habrá de saber interpretar la voluntad de cambio expresada en las urnas, pero también considerar las muchas aprensiones que ellos despiertan en importantes sectores de la sociedad. Sin ese espíritu, y aun contando con las mayorías Parlamentarias necesarias, su programa correría el riesgo de encender la mecha de la incertidumbre política y Jurídica, factor que afortunadamente ha estado ausente de Chile por muchos años y que es capaz de causar enorme daño económico, social y político. Los sectores más moderados de la Nueva Mayoría pueden hacer mucho para evitar la tentación de un giro hacia la izquierda dura.

La Alianza —una vez superado el impacto de su mal resultado Parlamentario y tal vez robustecida con una buena defensa de sus ideas durante el trecho de campaña Presidencial aún faltante— puede cumplir también un papel clave, alertando contra los excesos y promoviendo cambios que no desnaturalicen la exitosa trayectoria de progreso económico y social que ha seguido Chile por más de tres décadas.

Fórmulas para enfrentar el déficit de viviendas sociales.

La prensa Regional informa sobre constructoras que dejan de ejecutar proyectos sociales debido al bajo aporte que otorgan los subsidios habitacionales, en particular, los correspondientes a viviendas para grupos vulnerables, a través del Decreto Supremo 49. A nivel nacional, las cifras oficiales dan cuenta de que el 44,8% de los 54.340 subsidios de esta naturaleza, entregados entre agosto de 2012 e igual mes de 2013, no cuentan con un proyecto asignado.

Entrevistado en La Tercera, el Subsecretario de Vivienda califica esta situación de “natural” y explica que se origina, entre otros factores, en la escasez de terrenos disponibles para construir y al aumento de la demanda. A ello se añade, como ha advertido la Cámara Chilena de la Construcción, el incremento en el costo final de los proyectos (por sobre el 25% desde el 2010), lo que -a juicio del gremio- “provoca una situación muy compleja, tratándose de contratos a suma alzada, cuyos presupuestos pudieron haberse fijado hace meses”.

En el caso de los proyectos de vivienda para sectores vulnerables, el problema se incrementa en la medida que reciben subsidios fijos, corregidos por inflación, los que con el paso del tiempo no alcanzan a cubrir el costo de los inmuebles, todo lo cual redunda en esta merma del interés de las empresas por participar de estos procesos o, lo que resulta más grave, en serios problemas financieros para las ya involucradas.

Por cierto que se trata de un fenómeno propio de un país que ha desplegado una exitosa política habitacional, que ha posibilitado al 80% de las familias chilenas contar en la actualidad con su casa propia, pero con los consecuentes problemas de segregación urbana, alza de los terrenos y escasa movilidad. De hecho, la Ocde ha advertido que se trata de una estrategia que “promueve excesivamente la vivienda propia a través de diferentes ventajas Fiscales y subsidios de vivienda dirigidos exclusivamente a la propiedad, lo que puede distorsionar el comportamiento habitacional y deteriora la movilidad laboral”.

El Gobierno ha buscado hacer frente al déficit habitacional, promoviendo nuevas fórmulas de subsidio, que incluyen la posibilidad de arriendo, mejoramiento de viviendas sociales, adquisiciones de segunda oportunidad y de grupos emergentes, todas las cuales incrementan las opciones y amplían, por lo mismo, la oferta a la cual pueden acceder los beneficiarios de los subsidios.

Las políticas de desarrollo urbano también pueden colaborar en este objetivo, mediante acciones como una mayor densificación de zonas construidas, sin que ello signifique un deterioro en la calidad de vida, en la medida que se incluyan exigencias en este sentido para los proyectos habitacionales. Así, los congelamientos dictados por algunas autoridades Edilicias, si bien obedecen al interés de preservar ciertos barrios o edificaciones tradicionales, parecieran no tener siempre en consideración que ambos objetivos son perfectamente armonizables, tal como lo demuestran innumerables ejemplos en países desarrollados.

Medidas de esta naturaleza aportan, asimismo, significativamente en el fortalecimiento de las confianzas mutuas entre inversionistas y autoridades, un factor clave, si se tiene en cuenta que la exitosa política habitacional chilena es fruto del trabajo conjunto entre los sectores público y privado.

Relaciones entre poderes del Estado.

Hace algunos días, los episodios sobre el Observatorio Judicial y la detención de dos ciudadanos chilenos en España previamente absueltos en nuestro país pusieron a prueba el tono y los límites de las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, amenazando con llevarlas a un inconveniente grado de crispación, afortunadamente superado.

En el segundo de esos casos, el Ministro del Interior llegó incluso a plantear que “hay algunos Tribunales de Justicia en nuestro país que deben dar una explicación por los hechos sucedidos y que hemos conocido hoy en España”. Esto envolvía una dura crítica del titular de Interior al Juez que dirigió la preparación del juicio oral en el caso Bombas, que concluyó con la absolución de los dos ciudadanos ahora detenidos en la Península por su presunta responsabilidad en la detonación de un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar, en Zaragoza.

La reacción del Presidente (s) de la Corte Suprema, Ministro Milton Juica, tensó aún más la situación, al expresar que esas declaraciones de alguna manera estarían “quebrantando lo que dispone el artículo 76° de la Constitución”, que prohíbe al Presidente de la República arrogarse funciones Judiciales. Juica agregó que las expresiones del Ministro del Interior serían especialmente graves por provenir de un abogado, y este invocó su libertad de expresión para opinar, derecho garantizado también en la Constitución. Es positivo que, pese a la expectación que este asunto empezaba a suscitar en la opinión pública, el pleno del máximo Tribunal, en una muestra de muy valorable prudencia, descartara ahondar en esta impasse, precisándose que las declaraciones del Ministro Juica habían sido hechas a título personal.

La convivencia entre los poderes Judicial y Ejecutivo debe darse en un marco de altura institucional y recíproco respeto potestativo. El ya centenario artículo 76° de la Carta Fundamental rige las relaciones más básicas entre ambos, al prohibir al Presidente y al Congreso revisar los fallos, calificar sus fundamentos, intervenir en procesos pendientes o reabrir procesos “fenecidos”. Este precepto marca un límite mínimo y básico, pero por sobre él debe existir, en general, por parte del Presidente y sus Ministros, una cultura de abstención de crítica hacia los Tribunales en el ejercicio de sus atribuciones exclusivas. Naturalmente, el Ejecutivo puede y debe tener una opinión respecto del resultado de determinados procesos Judiciales, como lo fue el caso Bombas, pero la forma institucional de conducir esa opinión consiste en promover los respectivos cambios en la Legislación o en las políticas públicas, para lo cual el Presidente dispone de poderosas herramientas.

Asimismo, la Corte Suprema y sus Ministros, amparados en su independencia, deben evitar las réplicas precipitadas o las descalificaciones de matiz personal, que también tienden a dañar la necesaria altura republicana de la institución que dirigen.

Los episodios referidos muestran ya indicios de haber quedado superados en los días subsiguientes. Pero el que ellos se hayan suscitado significa una alerta que no debe ignorarse, y cabe hacer votos por que efectivamente así sea. Ocasión para repeticiones podría no escasear, pero las polarizaciones y exaltaciones habituales en las contiendas políticas y tanto más en períodos de campaña electoral no deben contagiar a los poderes del Estado en cuanto tales —cuyas relaciones han de mantenerse en los estrictos cauces institucionales— y sus máximos personeros han de esforzarse conscientemente por evitarlas a todo trance. Permitirse cualquier deslizamiento por otras vías sería lesivo para esos mismos poderes fundamentales, para nuestra democracia y, en definitiva, para la República.

Formalización de Carabineros en Arica.

Cuatro Carabineros y  dos civiles fueron formalizados el lunes en Arica, acusados de tráfico de drogas y asociación ilícita. El hecho es de la máxima gravedad, ya que involucra a funcionarios del OS-7 (unidad que precisamente está encargada de combatir este tipo de delitos), en una zona que tiene gran relevancia estratégica, pues las Regiones del extremo norte de Chile son las que comúnmente utilizan los narcotraficantes para ingresar droga desde países limítrofes. A esto se agrega la suspensión que le aplicó el Ministerio Público a un Fiscal por su eventual participación en los hechos.

Aun cuando cabe esperar el pronunciamiento de los Tribunales de Justicia, que deberán determinar si los antecedentes son suficientes para acreditar los delitos  imputados, resulta inquietante que entre los involucrados esté el Jefe del Departamento antidrogas de esa ciudad, ya que él era precisamente quien estaba a cargo de ejecutar las estrategias contra el narcotráfico en esa Región y que forman parte del Plan Frontera Norte implementado por el Gobierno. A los uniformados se les responsabiliza de planificar y financiar el ingreso al país de al menos dos cargamentos con cerca de una tonelada de marihuana. Su eventual participación en este caso es una situación compleja, pues levanta dudas sobre el funcionamiento de este programa, del que en días previos se anunció que ha permitido un aumento del decomiso en relación a lo incautado el año pasado.

Lo ocurrido revela la importancia de que Carabineros evalúe de manera continua sus mecanismos de control interno y que se revise la forma en que se establecen las metas en el Plan Frontera Norte, porque una de las líneas de investigación en torno a este caso establece que los presuntos culpables podrían haberlas utilizado para burlar el sistema.

Insuficiente seguridad en buses de carreteras.

Después de tres años de investigación, la Fiscalía Metropolitana Occidente formalizó por los cuasidelitos de homicidio y lesiones a ocho funcionarios que cumplían diferentes responsabilidades en la empresa Tur-Bus en el momento del accidente ocurrido en noviembre de 2010 en la ruta a San Antonio, con resultado de 20 personas muertas y 16 heridas. Según la Fiscalía, el entonces ocurrido choque frontal entre una máquina de esa firma y un camión habría obedecido a problemas mecánicos. Basa esta conclusión en un estudio encomendado a la Universidad Federico Santa María, según el cual ese accidente se originó en el quiebre “por fatiga de material en el vástago de rótula de dirección derecha”, lo que podría haberse evitado si se hubieran efectuado las labores de mantenimiento que el vehículo necesitaba.

Anteriormente, sin embargo, un informe de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros había establecido como causa una falla humana. En definitiva, la Justicia deberá determinar las responsabilidades, pero el caso llama a reestudiar la forma en que se desarrolla el transporte terrestre en el país.

Él representa el principal medio de traslado para los chilenos, y el mejoramiento y la mayor interconexión de las carreteras han permitido a las empresas multiplicar sus servicios. El actor dominante en el mercado es actualmente Tur-Bus, firma que el año pasado transportó a 29 millones de pasajeros y que ha extendido su participación mediante la compra de compañías menores —además de haber incursionado, aunque sin éxito, en el mercado aéreo—. El crecimiento de esta empresa ha ido a la par de un mejoramiento en los estándares del viaje y la adopción de tecnologías innovadoras. Sin embargo, casos como el accidente mencionado abren interrogantes sobre la extensión de estas condiciones a toda la flota y dan cuenta de las debilidades que sigue presentando esta modalidad de transporte.

Si bien la autoridad ha puesto mayor atención en una fiscalización estricta de las normas sobre horarios de conducción de los choferes, frecuencia y condiciones de descanso, control de la velocidad, revisiones mecánicas periódicas y uso del cinturón de seguridad, entre otras, esto no ha conseguido terminar con la ocurrencia periódica de accidentes graves y aun fatales, que dan pie a la desconfianza y ponen en duda la rigurosidad en la aplicación de dichos reglamentos.

En la aviación rigen estrictas normas que deben ser respetadas por todas las líneas aéreas, independientemente de su tamaño. En el transporte terrestre falta mucho por hacer al respecto. Solo el trabajo riguroso de la autoridad con las compañías del rubro permitirá avanzar de manera confiable hacia una mayor seguridad en las carreteras. En esa línea, el esclarecimiento de las responsabilidades en el accidente de la ruta a San Antonio puede marcar un punto de inflexión.

Acuerdo entre Washington y Teherán.

El compromiso de Estados Unidos con el nuevo Presidente de Irán, Hasan Rohani, que por una parte permitirá a la comunidad internacional inspeccionar las instalaciones nucleares iraníes para asegurar su uso solamente pacífico y por otra levanta temporalmente sanciones económicas que afectan seriamente a su población, es el primer paso en mucho tiempo hacia una mayor esperanza de paz en Medio Oriente, pero justamente por su carácter innovador despierta también resistencias tanto en la política interna norteamericana como en el cuadro de las alianzas de las principales potencias de la región. En todo caso, el episodio aleja, al menos por un tiempo, la probabilidad de un conflicto bélico provocado por Teherán y en el que se suponía la eventual utilización de armamento atómico.

Mientras el Presidente Obama obtiene un evidente triunfo Diplomático en medio de una fuerte baja de popularidad en su propio país, la oposición republicana sostiene que el acuerdo sólo beneficia a Irán y prepara nuevas medidas restrictivas para aplicárselas en el caso, que estima probable, de que no cumpla lo convenido en el plazo fijado. Es cierto que la Diplomacia iraní no se ha demostrado muy confiable y que allí las decisiones finales dependen siempre del supremo poder religioso de los ayatolas, que no ven con buenos ojos la apertura del mandatario recién elegido, pero esto de hecho supone cambios en el tablero regional. A juicio de los observadores, la mayoría de las naciones árabes saludan estas gestiones y sólo las critican Israel y Arabia Saudita, ambos en diversos tonos, pues el primero no vacila en reafirmar que actuará por la fuerza si se ve amenazado.

No es éste, por cierto, el único problema actual para la paz mundial. No hace mucho, fueron las violentas declaraciones del dictador norcoreano, y ahora el inicio de un posible conflicto chino-japonés por la instauración de una zona de defensa aérea que afecta las reclamaciones de Japón sobre algunas islas, no obstante lo cual dos bombarderos de Estados Unidos atravesaron ese espacio sin advertencia previa a China. También continúa sin solución la crisis siria con sus miles de víctimas y acusaciones de atrocidades en ambos bandos, pese a la misión de la ONU para desactivar las armas químicas. Allí, en Egipto y en Libia se viven con especial crudeza los efectos negativos de la esperanzadora “primavera árabe”, que por lo demás todavía tiene capítulos pendientes en esa zona geográfica.

Asimismo, el uso del poder en grandes potencias como China y Rusia muestra que allí se mantienen rasgos sustancialmente diferentes a los de las democracias occidentales, dificultando un orden internacional sometido a una normativa de aplicación universal. Paralelamente, la misma comunidad europea enfrenta obstáculos como el llamado euroescepticismo en varios de sus socios, derivado en parte de la crisis económica, el auge de movimientos de carácter racista, tendencias independentistas como las de Escocia y Cataluña y hasta las presiones de Rusia para evitar el ingreso de Ucrania a aquella comunidad. En definitiva, el orden Jurídico y social y la paz entre las naciones siguen siendo bienes frágiles que obligan a un esfuerzo permanente de todas ellas por cuidarlos.

Correspondencia destacada.

Señor Director:

Ley habilitante de Nicolás Maduro.

La crisis económica, social y moral que atraviesa Venezuela, la ha llevado a un estado de “involución democrática”, a un retroceso en todo orden. La Ley Habilitante aprobada recientemente es la quinta en los últimos 14 años de ese Gobierno. Esta otorga poderes especiales al Presidente Maduro durante un año a fin de impulsar sus controvertidas medidas para reactivar la economía, combatir la inflación, la escasez y eliminar la corrupción sin el contrapeso Parlamentario.

Pero esta Ley no solucionará los problemas de los venezolanos; en cambio, ocasionará la quiebra de los pequeños comerciantes, el desabastecimiento, el control de precios y, lo que es más grave, la institucionalización de la persecución por motivos económicos u otros.

Rosario Rojas.