Marx, Engels y Lenin… son guía de acción”,
por Álvaro Góngora.
Parecen ciertos los pronósticos que se han
hecho sobre un futuro político incierto y tenso. Por las enardecidas
expectativas de cambio pregonadas por el eventual próximo Gobierno, bajo la
duda de concretarlas a tiempo, pese a contar con mayorías en el Congreso. Por
la presión social para empujarlas de grupos automarginados del sistema, que
amenazan con incesantes “acciones” de protesta, y por otro factor: las
“acciones” de quienes han declarado que seguirán “con los pies en la calle”, no
obstante ser aliados de la multipartidaria triunfante. Me refiero a las
declaraciones comunistas. Ellas no debieran sorprender, en verdad, porque nunca
han abandonado la calle, participando o no del ejercicio democrático. Es su
ADN.
Ocurrió bajo las tres Presidencias radicales
(1938-1952). Las apoyaron electoralmente y siendo parte del Gobierno, pero
instigando cuanta campaña de agitación obrera y estudiantil se presentaba
posible. Siempre con buenos dividendos en términos de desempeño electoral. En
1937 contaban con 3 Diputados; en 1945, con 16. Miembros socialistas del bloque
Gobernante los acusaron de “oportunistas”. Entre 1958 y 1970 hicieron lo propio
como opositores absolutos de los partidos y Mandatarios correspondientes, pero
entonces junto a los críticos de antes (el FRAP). Integraron la UP alcanzando
su mejor rendimiento electoral (25 Diputados), pero igual coparon la calle,
gritando “No a la guerra civil” que propugnaban socios de la UP y el MIR (la
lucha armada). Sin duda repetirán la estrategia callejera. “Somos de ahí,
estamos ahí todavía”, dijo una dirigente recién electa.
Se me podrá decir que la Guerra Fría no existe,
que el marxismo es cuento del pasado y que desapareció el comunismo soviético.
Es cierto. Mas, curiosamente, el lenguaje y la conceptualización del PC criollo
continúan intactos. No olvidemos —mejor, no olviden los integrantes de la Nueva
Mayoría— que hasta el año 2010 el PC fue adversario acérrimo de la
Concertación: “20 años de un nuevo bloque de clase en el poder” —aseveran—, que
bajo nuevas formas de dominación buscaba consolidar la esencia del proyecto
trasnacional, asegurando la estabilidad indefinida del capitalismo.
Todavía sostienen que no basta con conquistar
el Gobierno: se necesita que el pueblo ejerza la totalidad del poder. “La
revolución será el resultado de la unidad y de la fuerza del pueblo”. Su
culminación es el Estado socialista, “etapa suprema de democracia”. ¿La
exigencia? Una activa participación de masas “y el empleo de la fuerza en
diversas formas”. Su Presidente instó a la militancia “a insertarse de lleno en
las organizaciones sociales de masas en todo ámbito y nivel”. No es invención
mía, léanse los documentos que rigen para ellos (página web del PC).
Escucho: “¡Olvídate! No tienen peso”. Respondo
que desde 2001 propusieron formar la Nueva Mayoría integrando a todas las
corrientes, “en particular al pueblo cristiano” y varios “cambios
estructurales” que postula el conglomerado homónimo. Escucho: “¡El marxismo
murió!” Pero ellos aseguran: “Marx, Engels y Lenin mantienen plena vigencia y
sustentan nuestras definiciones ideológicas, son guía de acción”.
No es terrorífica la participación PC en el
Congreso. Al revés. Pero es lícito encontrar, amén de “oportunista”, perversa e
irresponsable para la democracia su estrategia de “doble filo”. Es lícito
preguntarse cuánto de la visión señalada asumen como propia el conglomerado y
su candidata. No creo sea mera diferencia de “matices”, como manifiestan Senadores
DC. De no ser así, habrá que demostrar auténtico liderazgo para disciplinar
tanta diversidad partidaria, decidir la vía y el ritmo con el cual se quiere
materializar el programa. Sin contar con otros grupos que también estarán en la
calle.
El propósito de la educación superior: ¿Saber o
saber hacer?, por Liz Reisberg.
Hace más de diez años, estuve en México
colaborando en un proyecto para la "modernización" de una universidad
Estatal.
Durante esa tarea, el tema que provocó más
controversia fue la reforma de los programas de estudio de pregrado, que eran
rígidos y recargados de contenidos que buscaban maximizar todo lo que un futuro
economista, arquitecto, físico o ingeniero civil podía aprender sobre su
profesión.
En tal contexto, mi propuesta de flexibilizar
los planes de estudio para que los estudiantes tuvieran la posibilidad de
conocer materias de otras carreras o, incluso, de otras facultades,
combinándolas con los temas específicos, sonó como una blasfemia.
Tiempo después, trabajando en otros países de
América Latina, pude constatar que esa realidad reflejaba la experiencia de
formación profesional que ofrecen casi todas las universidades de esa región.
Desgraciadamente, en este campo es muy poco lo
que ha cambiado durante la última década. En el mundo de hoy, donde la
capacidad de innovar es más importante que nunca, me pregunto si esa formación
universitaria "tradicional" entrega a los egresados los conocimientos
y competencias que necesitan los respectivos países para progresar.
Parece sorprendente, por ejemplo, que ella
insista en la memorización de datos y no considere los avances de la tecnología
informática. A este propósito, Tony Wagner, profesor de Ciencias de la Educación
en la Universidad de Harvard, desafía a sus audiencias de las charlas TED
("TED talks") a nombrar las 50 capitales de los Estados que integran
su país en menos tiempo de lo que él se demora en encontrarlas en Google.
Con este ejercicio, el profesor Wagner quiere
evidenciar que hoy lo importante no es lo que un egresado "sabe",
sino lo que "sabe hacer" para obtener información o enfrentar y
resolver un problema.
Preparar a los estudiantes para "saber
hacer" involucra darles a conocer la complejidad del mundo actual. Pocos
profesionales van a trabajar en una disciplina que no está influenciada por
otras áreas del conocimiento. Además, hay destrezas básicas que son necesarias
para todas las carreras.
¿Cuál es la mezcla adecuada de conocimientos
provenientes de varias disciplinas que promueven las destrezas necesarias para
"saber hacer"?
Años atrás no era evidente la posibilidad de
relacionar la biología con la ingeniería, pero hoy la bioingeniería es una
carrera y área de investigación sumamente importante. Lo mismo ocurre en varios
otros campos del saber.
Tenemos que levantar las barreras entre áreas
de estudio. No podemos seguir definiendo los contenidos de las carreras
profesionales como si fueran fórmulas o recetas magistrales.
Más bien, tenemos que definir "la
esencia" de la carrera, lo que todo profesional que trabaja en ese campo
debe saber y disminuir el número de requisitos específicos para dejar espacios
que permitan a cada estudiante diseñar un programa de estudio acorde con sus
intereses e inclinaciones.
Estoy convencida de que hay pertinencia mutua
en el derecho y la poesía, el medio ambiente y la antropología, las matemáticas
y la música, y que los resultados educativos para las personas y la sociedad
serán generaciones con más capacidad creativa e intelectual.
Reitero mi creencia de que los actuales
programas de estudio no son suficientes para ese fin. La docencia dirigida a un
auditorio de personas que pasivamente toman notas no contribuye al desarrollo
de nuevas capacidades. Será necesario incorporar dinámicas innovadoras en el
aula para que los estudiantes desarrollen nuevas destrezas. Eso implica que las
universidades apoyen la aplicación de nuevas pedagogías, como la enseñanza
entre pares ("peer learning"), la enseñanza basada en equipos
("team based learning") y la enseñanza basada en proyectos
("project based learning").
Los tiempos nos exigen un cambio drástico del
modelo universitario y eso es algo que no podemos seguir postergando.
Qué quisiera para Chile,
por Luis Eugenio Silva.
Faltando pocos días para que una nueva
Presidente sea elegida, son muchas las ideas y proyectos que se repiten por
ambos lados en contienda. Debo aceptar que es el bien común lo que las guía, ya
que se promete mejorar las condiciones que se dan ante la injusticia en la
salud pública, la educación, los salarios, jubilaciones y pensiones dignas, la
seguridad ante la delincuencia, la ecología y el respeto a la naturaleza, el
crecimiento con equidad y las desigualdades económicas aberrantes. Lamento que
poco o nada se diga acerca de la cultura y la espiritualidad, ya que parece que
se entiende por progreso todo lo que dice relación con el bienestar económico,
como si el ser humano se redujese a lo meramente material.
Tres posiciones se debaten: una, que quiere un
cambio rápidamente acelerado e inmediato, y otra, que aceptando lo que ya se ha
conseguido, buscaría progresar paulatinamente. La tercera posición no es
conocida, ya que más de la mitad de los ciudadanos no votó en la primera parte
del proceso electoral. ¿Qué piensan los jóvenes y los no votantes adultos? No
lo sabemos, pero se puede presumir que no lo han hecho por el desencanto que
origina la actividad política, y la clase política a la que, injustamente, se
la ve como corrupta y buscadora de bienes particulares y o meramente
partidistas. Tampoco se puede dejar fuera de esta tercera posición la comodidad
y el desinterés por lo público, dado el ambiente egoísta e individualista que
reina. Debemos reflexionar ante los cambios que se prometen, y en la
participación en la votación, partiendo de las legítimas posturas políticas y
doctrinales que se tengan. Pero también las opciones espirituales-religiosas
han de tenerse en cuenta, ya que obligan a quien las sostiene a actuar
consecuentemente.
No hay que olvidar que todo ciudadano tiene,
amén de derechos, deberes y responsabilidades Jurídicas, morales y religiosas,
y todas ellas han de tenerse en cuenta en la construcción de la sociedad
democrática y pluralista. Ningún cambio se produce de un día para otro, y
prometerlos es una necedad, y a la vez un peligro, ya que los movimientos
sociales legítimos, la calle dicho simplemente, lo pide y se enfrenta con los
partidos políticos, que saben que no es posible conseguir lo pedido, por muy
justo que sea, ya que es en el Parlamento donde se Legisla, y éste no camina ni
entrega Leyes de modo inmediato, y no es razonable Legislar sin tener
legítimamente seguro el respaldo económico. Esto último puede poner al Gobierno
que salga en grave peligro, pues las manifestaciones reiteradas y las promesas
insensatas del populismo electoral son agitadas permanentemente y generan
expectativas irrealizables.
Chile necesita la colaboración de todos y con
generosidad, y antes de pensar y pedir qué me dará el Estado, se debería pensar
y actuar así: qué puedo yo dar al país, como lo dijo en su campaña John
Kennedy. Pero hay algo más que se debería conseguir en los años que se nos
vienen, cual es superar la división y conseguir la reconciliación, ya que el
país aún está dividido, y, para ello, todos y en especial la clase Gobernante
han de llamar a superar el pasado, perdonarse mutuamente y olvidando, para así
mirar hacia adelante. No hay otra forma de hacerlo. Así lo han hecho grandes
países, que experimentaron situaciones traumáticas, revoluciones y guerras.
Sería un sano realismo moral y político. El revanchismo ahonda la no
reconciliación.
Buscar el bien común significa superar la
miseria y la pobreza; crear una sociedad donde se den las oportunidades de
crecer no sólo en lo material, sino en lo espiritual y cultural; tener a la
familia como la célula fundamental de la sociedad, respetar todos los derechos
del hombre y exigir el cumplimiento de los deberes; tener un sistema de Justicia,
donde la Ley sea respetada por todos, sin excepción de persona. En fin, como lo
dice la Doctrina Social de la Iglesia, donde el ser humano sea visto y tenido
como un fin y no como un engranaje de cualquier sistema de producción.
Quien vaya a Gobernar ha de esforzarse en
reencantar la noble actividad política y elegir a los mejores, los más capaces
y sobre todo los que crean en la moral que sabe distinguir entre el bien y el
mal. Aun a riesgo de que se me tenga como un fundamentalista, lo que no lo soy,
la sociedad del Chile de hoy necesita más de Dios, pues sólo El enseña,
mediante sus Leyes inscritas en la naturaleza, el valor y el respeto que se le
debe al ser humano.
Combate contra la droga.
La detención y formalización de cuatro
funcionarios de Carabineros del OS-7 de Arica, incluyendo al Jefe de ese
departamento en esa sensible zona —y adicionalmente el sumario abierto al Fiscal
del Ministerio Público que les dirigía—, ha puesto nuevamente en la
preocupación pública el tema de la interminable lucha contra el tráfico de
drogas. Como esta investigación recién comienza, no es posible aún aventurar si
en dicho caso se han producido hechos de corrupción, sospechas sobre las cuales
—asegura la institución policial y la misma Fiscalía— hasta ahora no hay ningún
antecedente que las avale, aunque se indagan. Sin embargo, hay al menos
indicios de que los funcionarios habrían cometido graves delitos en cuanto a
los procedimientos realizados en operaciones encubiertas contra el tráfico de
drogas, normas que estrictamente deben cumplir según la Ley, justamente para
impedir que en dichas operaciones se produzcan connivencias con los
narcotraficantes, dado que se utilizan informantes —usualmente delincuentes—,
se pagan servicios, se traslada droga y se insertan agentes secretos en las
organizaciones criminales. Todo ello debiera ser estrictamente cumplido y
controlado por el Fiscal a cargo de los operativos, y con la autorización
expresa de los Tribunales. Si ello no ha sido así, es altamente delicado, y
compromete el resultado de las acciones, pues finalmente los delincuentes han
de quedar en libertad al resultar ilegales los procedimientos en los que fueron
aprehendidos.
El caso, adicionalmente, afecta a uno de los
más eficientes departamentos de Carabineros, el OS-7, de brillante trayectoria
y reconocido internacionalmente por su capacidad investigativa. Baste recordar
la operación en la que —junto a la DEA de EE.UU. y la Fiscalía de Miami— logró
la detención y posterior extradición del llamado “zar antidrogas” de Bolivia,
el retirado General de la policía de ese país, René Sanabria. El General Director
de la institución ha determinado inmediatas remociones de las Jefaturas que debían
controlar a los funcionarios ahora detenidos, y destinado oficiales de mayor
rango a cargo de esos puestos. Ello es una señal adecuada para marcar la
responsabilidad de la cadena de mando cuando se producen hechos de gravedad.
Esta actitud correctiva también debiera observarse en el caso del Ministerio
Público, en función de los resultados que arroje el sumario abierto al Fiscal,
quien era el responsable de dirigir las investigaciones y controlar los
procedimientos.
Los hechos hasta ahora conocidos permiten,
además, poner en el debate público los estándares con que se califica el
combate a la droga. Existe una tendencia a medir el éxito en función de las
incautaciones de sustancias prohibidas, por lo que las policías y autoridades
—por décadas— han puesto su acento en mostrar el aumento de los decomisos como
la prueba de un trabajo más efectivo. Ello, si bien es un indicador, puede
también actuar como un estímulo perverso, pues podría empujar a algunos a
incentivar operaciones para que ingrese la droga al país y así incautarla. O
priorizar los grandes embarques de droga para investigarlos, por sobre el
tráfico en menor cantidad de los llamados “burreros”. Junto con destacar las
cantidades decomisadas, sería apropiado que también exista un indicador valorado
sobre el número de organizaciones criminales desbaratadas, incluyendo a sus más
importantes cabecillas: los financistas de la droga, que habitualmente escapan
de la justicia.
Nueva regulación de consulta indígena.
En una ceremonia en el cerro Ñielol, en Temuco,
y rodeado de numerosos representantes mapuches, el Presidente Piñera oficializó
la nueva normativa de participación indígena, que regula la consulta a los
llamados pueblos originarios respecto de cualquier medida administrativa, Legal
o reforma Constitucional que pudiere afectarlos. Dicha normativa viene a
sumarse al nuevo reglamento de evaluación ambiental, que entrará a regir en
diciembre y que también considera un mecanismo especial de consulta a las
comunidades indígenas en lo relativo a proyectos de inversión.
El derecho indígena a la consulta se encuentra
establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile en 2009, que ha
causado desde sus inicios gran controversia, debido a sus múltiples
imprecisiones y ambigüedades. De hecho, desde 2010 se ha paralizado una
cantidad considerable de proyectos que supuestamente habrían incumplido la
obligación de consulta, y cuyo impacto económico ha sido estimado por la
Corporación de Bienes de Capital en más de 33 mil millones de dólares, solo en
lo que a inversiones mineras y eléctricas se refiere. Es obvia la pérdida de
oportunidades de crecimiento Regional y nacional que significa lo anterior.
Para abordar este problema, en marzo de 2011 el
Gobierno comenzó un proceso de diálogo que consistió en la realización de más
de 250 talleres en todo Chile, con más de 8.000 participantes en total, cuyo
propósito fue arribar a un acuerdo representativo y consensuado. Igualmente, se
avanzó en la reforma del reglamento de evaluación ambiental, incorporando
disposiciones que lo adecuan al Convenio 169. El conjunto de nuevas normativas
disminuye los espacios para interpretaciones contradictorias, definiendo
claramente quiénes deberán ser consultados, el procedimiento a seguir y las
etapas que deben cumplirse, incluyendo una ampliación del plazo de consulta de
30 a 100 días, en general, y a 125 días para los proyectos de Ley, además de
darles a los pueblos originarios la opción de pedir al Estado iniciar un
proceso de consulta en cualquier momento.
En ese contexto, esta normativa debe ser
bienvenida, por cuanto representa un trabajo participativo y serio de
establecimiento de un marco claro de acción, con un equilibrio razonable entre
el involucramiento de los pueblos originarios y la posibilidad real de
materialización de nuevas inversiones. Con todo, no debe obviarse el hecho de
que este acuerdo ha sido consagrado solo en el nivel reglamentario, careciendo,
por tanto, de la jerarquía y la estabilidad que otorga una Ley, lo que siempre
representará un grado de incertidumbre para decisiones de largo plazo y altos
montos. Desde esta perspectiva, las señales que dé el próximo Gobierno en
cuanto a aplicar este reglamento integralmente serán decisivas para morigerar
aprensiones.
Por ahora, cabe acoger con beneplácito este
avance, con la esperanza de que estas disposiciones reglamentarias mejoren al
menos en parte los problemas de incertidumbre y freno para el desarrollo
socioeconómico de las zonas correspondientes ya tantas veces producidos por el
Convenio 169. Ahora, procederá evaluar constantemente sus efectos reales y,
ojalá cuanto antes, elevar esta normativa al rango Legal, para evitar cambios
meramente administrativos de la misma.
Veto Presidencial a proyecto de ley sobre TV
digital.
El Presidente de la República, en ejercicio de
sus atribuciones Constitucionales, vetó el proyecto de Ley que establece la
televisión digital terrestre, para corregir normas que son inconvenientes para
la libertad de expresión, como también aspectos que quedaron mal resueltos y
subsanar defectos de técnica Legislativa.
La presentación de tales observaciones por
parte del Ejecutivo, en cuanto poder colegislador, era indispensable. El
proyecto de Ley va más allá de las regulaciones necesarias para implantar la
televisión digital, y hace una reformulación significativa del régimen
aplicable a la televisión al introducir obligaciones y cargas que pueden
interferir con la autonomía editorial de tales medios de comunicación. Esta
consideración fue la que motivó la presentación de un requerimiento de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la bancada de Diputados
de la UDI. Sin embargo, su oportunidad era cuestionable cuando cabía
precisamente la alternativa
del veto -procedimiento normal
dentro del juego propio de la tramitación Legislativa- frente a una acción Constitucional
que debe considerarse como un último recurso. En ésta el Gobierno fue
consultado sobre su parecer y no tuvo otra alternativa que plegarse a ella,
puesto que habría sido incomprensible que no defendiere con vigor los
principios involucrados, y sólo después ejerció la facultad de vetar. Quedó así
la sensación de que no actuó oportunamente.
En ese escenario, el Tribunal Constitucional,
en un fallo que contradijo una sólida Jurisprudencia previa, rechazó en lo
medular dicho requerimiento por cinco votos contra cuatro, en una votación que
se produjo cuando su Presidente estaba fuera del país. Indicó el Tribunal,
entre otras cosas, que el veto implicó transformar muchas de las objeciones
planteadas en cuestiones de mérito, puesto que se estaban solucionando dentro
de la dinámica Legislativa, variable que, precisó, tuvo en cuenta al momento de
examinar los reproches de Constitucionalidad. Este aserto llama la atención
porque, además de ponderar un veto cuyo contenido recién se conoció
oficialmente sólo dos días después del fallo, vuelve las consideraciones Constitucionales
dependientes de sucesos ajenos a los razonamientos Jurídicos, atribuyendo al
ejercicio de las prerrogativas Presidenciales un alcance no previsto en la
Carta Fundamental. La introducción de un veto no exime al Tribunal de su tarea
estrictamente Jurídica, ni varía la naturaleza de ésta o la manera de
enfrentarla, que por lo demás fue reclamada por un grupo de Diputados, conforme
a sus facultades, y no por el Gobierno.
Sin embargo, ello vino a demostrar el ambiente
que provocó el poco afortunado ordenamiento de las gestiones que se
emprendieron, dejando en evidencia una falta de coordinación del Ejecutivo con
una de las bancadas que conforman la coalición de Gobierno o un inadecuado
manejo político para definir apropiadamente el camino para hacerse cargo del
problema en cuya existencia ambos coincidían.
Cabe esperar que el debate en el Congreso tenga
en consideración la trascendencia de las normas que han sido vetadas
acertadamente por el Ejecutivo y la necesidad de corregirlas en su propio
mérito, pues el proyecto original amenazaba introducir en la Legislación
conceptos equívocos y facultades excesivas para diversas instituciones,
aspectos que el veto Presidencial propone corregir.
Educación y debate presupuestario.
Los recursos públicos destinados a educación se
incrementarán entre 2010 y 2014 en 35,3%. Alcanzarán así el 21% del total del
gasto público —máximo histórico— y, al igual que en 2013, será la principal
partida en el presupuesto público. Entre los países de la OCDE, solo Nueva
Zelandia tiene una proporción de gasto algo superior a la chilena. Esta
asignación refleja la prioridad que el país le ha otorgado a la educación.
Más allá de las diferencias que pueda haber
entre Gobierno y oposición respecto de las políticas educacionales hacia el
futuro, el presupuesto en educación para el próximo año expresa los acuerdos
alcanzados durante la actual administración y, por tanto, en gran medida es de
continuidad. Por cierto, el Gobierno ha puesto énfasis en esta ocasión en la
educación parvularia y en los estudiantes más vulnerables, pero eso no ha sido
cuestionado.
Sorprenden, por tanto, las dificultades que ha
enfrentado la tramitación de las partidas presupuestarias en educación: en la
comisión mixta se rechazaron varias de ellas. Dos son las que suscitaron más
controversia. La primera es un fondo de apoyo a la educación Municipal por más
de 131 mil millones de pesos y que agrupa a dos previamente existentes,
mejorando la eficiencia en la gestión de los recursos. Se ha objetado que no
estaría garantizado su uso para fines educacionales. Sin embargo, la glosa que
acompaña esta partida establece claramente que los recursos solo pueden ser
utilizados para dichos fines. Es curioso que la oposición, que dice priorizar
la educación pública, rechace una partida que la favorece. Más bien el reparo
que debería hacérsele a este fondo es que él beneficia a un grupo de niños y
jóvenes en desmedro de otros. No hay razones atendibles para discriminar entre
estudiantes según la naturaleza jurídica del establecimiento educacional al que
asistan. Con todo, el Gobierno se ha abierto a separar estos recursos en los
dos fondos originales, y eso parecería suficiente para destrabar su
tramitación. De hecho, este martes esa indicación se votó favorablemente en la
Cámara de Diputados.
Afortunadamente, y a diferencia de lo votado en
la comisión mixta, en la Cámara —a propuesta del Gobierno— se decidió reponer
la partida que adelanta para el próximo año la entrada en vigencia de la
subvención escolar preferencial para 3° y 4° medio. Cabe recordar que la Legislación
aprobada (durante esta administración y por gran mayoría en el Congreso) para
extender esta subvención a la educación media contemplaba gradualidad en la
entrada en vigencia de este beneficio. Así, los cursos de 3° y 4° medio habrían
accedido a la subvención escolar preferencial solo en 2015 y 2016,
respectivamente. Ahorros en programas mal evaluados y una gestión eficiente de
los recursos para la reconstrucción, entre otros aspectos, abrieron espacios
presupuestarios que permitieron adelantar la entrada en vigencia de esta
subvención.
Es una buena noticia, particularmente porque,
según los estudios comparativos de la OCDE, el mayor déficit de recursos de
nuestra educación se encuentra en la educación secundaria. Así, mientras los
países de esa organización gastan por estudiante en este nivel educacional una
cifra equivalente a aproximadamente el 23% de su ingreso per cápita, Chile
gasta solo 16%. La subvención escolar preferencial, que beneficia a los
estudiantes pertenecientes al 40% más vulnerable del país, ayuda a ir cerrando
esta brecha.
Otras partidas rechazadas en la comisión mixta
fueron Conicyt y la provisión para la subvención de clase media. El Gobierno repuso
ambas, la primera con un incremento en el número de proyectos de investigación
a financiar, lo que permitió su aprobación en la Cámara. También la referida
provisión para la subvención de clase media terminó aprobándose, lo que era
razonable, ya que el proyecto de Ley que la crea se aprobó en la Cámara y solo
resta su ratificación en el Senado.
Es de lamentar que también se aprobaran el
martes, sin patrocinio del Ejecutivo, dos indicaciones claramente
inconstitucionales, a saber, las que elevan los salarios de personal que presta
servicios en Junaeb y en los jardines financiados vía transferencia de fondos.
Con todo, esto resulta comparativamente menor frente a la eventualidad de que
se suprimiera el adelanto de la subvención escolar preferencial para 3° y 4°
medio, como casi ocurrió.
Correspondencia para una profunda meditación.
Señor Director:
Matthei y la Biblia.
Al leer los reproches hechos a la candidata de
la Alianza por sus declaraciones ante el pueblo evangélico, compruebo una vez
más las lamentables consecuencias que ha tenido eliminar la Filosofía de los
programas escolares.
Los principios de igualdad esencial de todos
los hombres, el respeto y solidaridad entre los seres humanos, el derecho a
intervenir en la vida pública y la propiedad fruto del trabajo, reconocidos e
institucionalizados por las revoluciones Americana y Francesa, por la
modernidad completa, por cierto por cristianos y masones, se formularon por
primera vez en el texto judío y después cristiano.
Nuestra Declaración de Independencia, también
firmada por el clérigo Camilo Henríquez (masón y católico), incluye no solo el
reconocimiento de la armonía entre fe y razón, sino también el carácter sagrado
de la vida y la libertad.
Evelyn Matthei no solo es una personalidad con
títulos válidos, también en Economía, sino alguien que da cuenta de los
conceptos fundamentales de nuestra civilización y que, por cierto, habrá
obtenido un siete en Filosofía y Cultura General.
Prof. Dr.h.c. Víctor Farías, Freie Universität
Berlin, Universidad Andrés Bello.
Señor Director:
“La Rubia” de la molotov.
El hecho de que una joven, que es grabada
lanzando objetos incendiarios a Carabineros, salga de Tribunales celebrando con
familiares y amigos tras conocer su condena, solo revela que el castigo
recibido es muy inferior al que la propia imputada esperaba. La Justicia en
Chile y el mundo al revés.
Christian Goldberger G.
Señor Director:
Elegibilidad de los Parlamentarios.
La Constitución Política de Chile, en su
artículo 60, señala que “cesará,
asimismo, en sus funciones, el Diputado o Senador que durante su ejercicio
pierda algún requisito general de elegibilidad...”. Para ser elegido Senador o Diputado,
el requisito sine qua non es que lo postule un partido político, excepto cuando
se presenta como independiente. Así lo establece la Ley 18.700.
Sería interesante esclarecer lo que ocurriría
si un Parlamentario en ejercicio renuncia o lo expulsan del partido político
que lo postuló como tal. ¿Sería procedente estimar que perdió alguno de los
requisitos de elegibilidad?
Carlos Escobar.
