Dos visiones
de sociedad,
por Rodrigo Castro.
Los recientes celebrados el domingo tienen diversas aristas
que vale la pena analizar. Sin embargo, la más relevante parece ser lo que se
decidirá en el balotaje el próximo 15 de diciembre y que permitirá confrontar
dos visiones antagónicas de la sociedad.
La Alianza pone el foco en la libertad y
responsabilidad individual, busca que cada ciudadano asuma su propio destino y
el de la sociedad a la que pertenece y mira con recelo la visión paternalista
del Estado que propone la izquierda a través de la Nueva Mayoría. En efecto,
iniciativas tales como una nueva Constitución, una educación gratuita
universal, un aumento significativo en los impuestos y una AFP Estatal, entre
otras, sólo generarán un alto riesgo de inestabilidad política y económica para
nuestro país.
Con todo, el Estado no debería ser el ente que
solucione todos los problemas individuales. Al contrario, el Estado debe
ejercer un rol subsidiario en todas las actividades que desarrollen los cuerpos
intermedios dentro de la sociedad y debe asumir todas aquellas funciones que le
son indelegables. El Estado debe promover la protección de aquellas libertades
de cuyo ejercicio cotidiano depende el destino de cada persona y de su familia,
tales como la libertad de educación, libertades de expresión e información, la
libertad de asociación, incluyendo la de sindicarse, sin que ello jamás limite
la libertad de trabajo, la libertad de desarrollar diferentes actividades
económicas y el derecho de propiedad.
Desde el punto de vista de las políticas
sociales, dado que se concibe a la persona como responsable de su propio
futuro, el apoyo del Estado no se plantea en términos asistencialistas, pues
eso tiende a acentuar la dependencia de los más vulnerables. En cambio, se
busca dotar a las personas de las herramientas que les permitan avanzar
socialmente por sus propios medios y esfuerzo. De hecho, el Estado de bienestar
de muchos países europeos ha traído mayores ineficiencias del sector público y
mayor burocracia, desincentivo al trabajo, una pérdida de libertad para elegir
y ahogo de la iniciativa privada, por la creciente intervención del Estado en
la universalización de beneficios sociales. Asimismo, la existencia de grandes Estados
de bienestar no necesariamente han traído mayores beneficios a la población en
términos de oportunidades de empleo o generación de ingresos. Por el lado del
financiamiento de dichos programas, las mayores tasas de impuestos, tienden a
reducir los incentivos a trabajar, ahorrar e invertir.
Ahora bien, la superación de la pobreza no sólo
requiere políticas sociales bien focalizadas, sino que también un Estado capaz
de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Este último
aspecto no es sólo fuente de ingresos, sino también la ocasión más adecuada
para el desarrollo integral de la persona.
Finalmente, el Estado tiene un rol fundamental
en la promoción de la competencia entre los agentes económicos, y fiscalizador
de las conductas abusivas y poco éticas. El Estado le corresponde orientar la
economía hacia el bien común, evitando inequidades arbitrarias e injustas; y
avanzar hacia políticas públicas que empoderen a los ciudadanos hacia su
promoción social.
Los
candidatos antisistema y su discurso,
por Gonzalo Müller.
Esta primera vuelta con nueve candidatos
presentó por primera vez en debates y televisión un discurso antisistema,
frontal y directo, que cuestionaba las bases del modelo de desarrollo y
político de nuestro país.
Este discurso, en sus versiones más de
izquierda, se lo disputaban Marcel Claude y Roxana Miranda, quienes no perdían
oportunidad de —bajo la lógica de la lucha de clases, que se observaba con
claridad en la segunda, y un discurso de izquierda política más clásico en el
primero— dirigir sus ataques contra los empresarios, los líderes políticos de
la Concertación y de la Alianza, como defensores de un modelo que sólo producía
desigualdad.
Ambos también apuntaron a ser los legítimos
representantes de los movimientos sociales que habían sido tan exitosos en
canalizar las demandas de la ciudadanía en los años recientes, y buscaban
diferenciarse de la candidatura de Bachelet criticando su cercanía con los
empresarios y una supuesta traición al mundo de los trabajadores. El maltrato a
la Concertación y a sus figuras también fue frecuente por considerarlas como
ilegítimas representantes de las ideas de izquierda.
Si bien tanto Claude como Miranda se disputaban
un nicho electoral tradicional —el de la izquierda extrasistema que
habitualmente había alcanzado en el pasado en torno al 5 % de los votos—, su
apuesta era capitalizar los slogan antimodelo económico, y con un discurso más
agresivo disputar electores de izquierda a las versiones más moderadas encarnadas
en Marco Enríquez-Ominami y la propia Michelle Bachelet.
El fin de las AFP, la nacionalización de los
recursos naturales como el agua y el cobre, la asamblea constituyente, eran
parte de un programa de corte radical y que apuntaban a poner fin al modelo
económico actual.
Pero pese a que el voto voluntario debiera en
teoría haber premiado lo definido y claro de su mensaje, los resultados no
acompañaron su estrategia de crecimiento por la izquierda. Entre ambos no
alcanzaron a sumar más de un 4% de los votos, lo que refleja una decepción
importante para ambos candidatos y su objetivo.
Este escaso apoyo tiene que ver con la forma
violenta que tomó su discurso. El enojo permanente y la descalificación de sus
adversarios les terminó pasando la cuenta. La gran mayoría de los electores
tomó distancia básicamente por considerar que la forma de expresar sus
propuestas era impropia de una democracia. El considerar como enemigos a
quienes no concuerdan con sus ideas se aleja de la idea de debate y tolerancia
que imperan en nuestra sociedad.
La pretensión de Roxana Miranda de ser la
representante del mundo popular, de los pobres de nuestro país, chocó
frontalmente con su bajo desempeño electoral, pese a que sus mejores momentos
en la campaña tuvieron que ver con la fuerza de su testimonio y con dar
visibilidad a la realidad de los más pobres de nuestro país. Vemos que no logró
en la práctica conectar con su propio nicho electoral. Su desempeño fue
igualmente bajo en casi todas las Comunas más pobres.
En el caso de Marcel Claude, si bien aspiraba a
transformarse en un referente para la izquierda más dura y tratar de
proyectarse a partir de este nicho electoral con su movimiento Todos a La
Moneda, finalmente estuvo bajo el 3% de las preferencias.
Así, estos dos candidatos, con matices y
diferencias —y a pesar de que cuentan con estructuras sociales articuladas en
todo el país, muchas de ellas bases de diferentes movimientos sociales—, no
lograron llevar el éxito que habían tenido en las calles a las urnas, y lo
mismo ocurrió con sus listas Parlamentarias que tampoco alcanzaron a elegir a
ninguno de sus representantes.
Por el contrario, otros líderes sociales y
estudiantiles que se asimilaron al sistema, ya sea ingresando directamente a la
lista Parlamentaria de la Concertación o logrando que ésta se omitiera en su
favor, alcanzaron su objetivo de llegar al Parlamento. Este es el caso de
Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Iván Fuentes y varios otros.
Pero, a pesar de su derrota electoral, la
desconfianza y distancia que estas candidaturas manifestaron frente a las
campañas de Bachelet y Matthei —que serán finalmente quienes se enfrenten en
segunda vuelta y definan a la próxima Presidente— es una señal de que, sin
importar cuál de las dos gane, el discurso antisistema seguirá desde la calle
vigilante el desarrollo del próximo Gobierno.
Asciende Axel
Kicillof, controlado por Jorge Capitanich,
por Jorge Oviedo.
Ni siquiera el discreto Gobernador de la Provincia
de Buenos Aires, Daniel Scioli, creía que era posible seguir luego de los
comicios Legislativos de octubre sin cambios en el equipo de Gobierno. Y en
primer lugar apuntaba al área económica.
La presencia de Jorge Capitanich como Jefe de Gabinete
apunta también el foco en la economía, que es uno de los fuertes del actual Gobernador.
Tal vez el nuevo Ministro Axel Kicillof no esté exento de controles y no
reporte solo a la Presidente, como hasta ahora.
Como en “Conversación en la Catedral”, la
novela de Mario Vargas Llosa, el formalmente segundo, que era en los hechos el
que mandaba, ha quedado ahora a cargo.
Si el ascenso de Kicillof implica pensar que
habrá tipos de cambio múltiples, controles de rentabilidad, aumento de los
pedidos de informes y de planillas a las empresas, la caída de Mercedes Marcó
del Pont del Banco Central muestra que decir que hay inflación es, en el Gobierno
de Cristina Fernández, simplemente suicida.
El saliente Hernán Lorenzino parece haber
quedado a cargo de lo que quiere controlar por su intermedio el Vicepresidente
Amado Boudou. Los arreglos con acreedores y las cuentas financieras con
diversos acreedores y prestamistas.
Las ideas de incorporar figuras de prestigio,
una vez más no fueron más que eso, ideas.
Pareciera que Cristina, más distante, no hará
los anuncios económicos, queriendo mostrar que ella sabe, como ha hecho en el
pasado. ¿Le tocará a Kicillof poner la cara por todo? Pareciera que sí y que lo
que viene es la “profundización” del modelo. ¿Hasta qué punto podrá solo el que
hasta ahora era el Ministro en las sombras? Está por verse.
Capitanich sabe de economía y la Constitución
reformada en 1994 hace que el Jefe de Gabinete sea Jefe de todos los Ministros,
pero sobre todo del titular del Palacio de Hacienda.
Así lo quisieron los ex Presidentes Carlos
Menem y Raúl Alfonsín, que aspiraban a ponerle un freno a Domingo Cavallo, el Ministro
de Economía que impulsó el “corralito” en 2001. Juan Manuel Abal Medina jamás se
atrevió a usar el poder que solo en la letra Constitucional tuvo.
Capitanich tiene votos y tiene buena relación
con los Gobernadores. ¿Será el encargado de filtrar las ideas radicales de
Kicillof? Parece probable.
Habrá que ver qué pasa con el poderoso Secretario
de Comercio Guillermo Moreno, cuyas recetas para enfrentar los problemas
económicos son, literalmente, recetas de cocina, de pan casero y de salsa
blanca.
Si hay algo de “Conversación en la Catedral” en
la historia de Kicillof, sería bueno para el país que no terminara como Ministro
tan mal como el personaje al que se parece en la novela.
Cuestionamientos
al voto voluntario.
Es habitual que los días posteriores a las
elecciones se cuestionen los sistemas electorales desde el prisma de los
resultados de unos y otros. En el caso de este domingo, además del ya
tradicional emplazamiento al binominal se suman, esta vez, las voces que abogan
por revertir la reforma que hace dos años cambió el sistema de inscripción
voluntaria y voto obligatorio por uno de inscripción automática y voto
voluntario. Las elecciones Presidencial, Parlamentaria y de Cores que acaban de
pasar fueron las primeras bajo esta nueva modalidad y la participación fue
menor a la esperada. Mientras en general se barajaba la cifra sobre 7 millones
de votantes (incluso el Presidente del Servel estimó entre 8 y 9 millones), la
participación fue cercana a 6,7 millones de personas, comparativamente la de
menor concurrencia desde 1989.
Aunque la cifra podría ser considerada
preocupante —en regla general, una democracia es más fuerte cuando los
ciudadanos participan activamente en ella—, lo cierto es que hay varios matices
que deben hacerse antes de saltar a la conclusión de revertir la reforma de
2011. Primero, no es dramático si se compara con otros países que tienen el
mismo sistema. Hay democracias sólidas que funcionan por años con votaciones en
torno al 50% y 60% (Reino Unido y Estados Unidos), mientras que otras,
cuestionadas como Venezuela, se empinan sobre el 80% de participación
electoral. Segundo, si bien la cifra de votantes chilenos fue baja este
domingo, cabe recordar que no estuvo radicalmente lejos del promedio de 7
millones que se han registrado en elecciones anteriores. No se trata entonces,
de una abrupta caída. Tercero, hay que despejar algunas ideas que han rondado
en los últimos meses que apuntan a que se vota más en los sectores de altos
ingresos y menos en los más vulnerables. Si bien en la Región Metropolitana
parece darse esta situación, estudios de los resultados de las Municipales
apuntan a que a nivel nacional no se da esta correlación con tanta fuerza.
Finalmente, la votación no sólo debe ser mirada desde un punto de vista
cuantitativo, sino que también cualitativo. Votantes obligados por temor a una
sanción tenderán a votar menos informadamente y con convicción más débil que
los votantes voluntarios que se levantan a votar después de haber estudiado las
alternativas y haberse comprometido con una candidatura.
El debate en esta materia recién comienza, pero
aunque siempre es deseable discutir los mecanismos democráticos en búsqueda de
los más adecuados para cada momento de la historia del país, es esperable que
se haga en un ambiente de prudencia. Parece poco aconsejable revertir una
reforma que tuvo apoyo de ambas coaliciones sin darle la oportunidad de ser
testeada tras un período, pues sólo lleva dos elecciones más las primarias de
junio de este año. Lo razonable es ahora volcarse a estudiar los resultados del
domingo y observar el comportamiento de los ciudadanos para el 15 de diciembre.
Trayectoria
electoral de Bachelet.
Michelle Bachelet debutó electoralmente en las
elecciones Municipales de 1996 como candidata a Concejal por Las Condes (por el
PS dentro del pacto Concertación, cuando el concejal más votado se erigía en Alcalde),
obteniendo 2.622 votos (2,35%). Esa magra votación no fue óbice para que el
Presidente Ricardo Lagos la nombrara Ministro de Salud de su Gobierno en 2000.
Su labor no estuvo exenta de críticas y mantuvo disputas con los más cercanos
asesores al Presidente en esas materias, que finalmente gatillaron su salida de
esa cartera en 2002; pero logró una visibilidad mediática importante, que la
llevó a mantenerse en el Gabinete, esta vez como Ministro de Defensa. Su labor
en esa cartera tuvo ribetes simbólicos —mujer, hija de General de la Fuerza
Aérea dolorosamente fallecido mientras estaba detenido, y socialista—, que
catapultaron su figura a nivel nacional, y la llevaron a la Presidencia de la
República en 2006.
En esa ocasión obtuvo en primera vuelta
3.190.961 votos (45,96%), que aunque inferior a la suma de los votos de los
candidatos de la Alianza, Sebastián Piñera y Joaquín Lavín, le permitió ganar
luego la segunda vuelta, al obtener 3.723.019 votos (53,5%). Durante su Gobierno,
luego de un comienzo lleno de problemas —“la revolución pingüina” y el
desastroso proyecto Transantiago, entre otros— que llevaron su popularidad
bastante por debajo del 40%, tuvo luego un repunte espectacular, aunque
paradójico, pues comenzó cuando se desató la crisis financiera en 2008, y se
acentuó especialmente cuando el país cayó en recesión, en 2009. Dejó el Gobierno
con niveles de popularidad inéditos, de 80%, pero que no pudo transmitir al
entonces candidato de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Posteriormente, al asumir el cargo de Director
ejecutivo de ONU Mujeres, con sede en Nueva York, su popularidad, lejos de
caer, se mantuvo, a pesar de la distancia y de las críticas que su gestión Presidencial
recibió por el 27-F, el Transantiago y el relativo mediocre desempeño económico
general de su período, aun excluyendo la recesión de 2009. Ella se tradujo
luego en un fenómeno electoral, al conseguir aglutinar a una mal evaluada
Concertación, transformada en Nueva Mayoría, en torno a su candidatura Presidencial,
que obtuvo 72% de las preferencias en sus primarias. Parecía constituir,
efectivamente, un “tsunami electoral”.
Sin embargo, los resultados que logró en la
reciente elección Presidencial muestran una atenuación de esa potencia
electoral: no obtuvo la vaticinada mayoría absoluta en primera vuelta —solo el
46,7%, esto es, apenas 0,85% superior al resultado de 2005, cuando su figura
todavía no adquiría su talla actual—, lo que se tradujo en 3.070.012 votos,
esto es, 120 mil votos menos que en ese año. El que haya habido 9 candidatos no
explica, sino más bien ratifica esa atenuación, pues su persona no fue capaz de
contrarrestar ese efecto. Asimismo, obtuvo un porcentaje menor que la Nueva
Mayoría en Diputados (47,73%) y en Senadores (50,64%), lo que deja en
interrogante la relación causal de logro de votos entre la elección Presidencial
y la Parlamentaria. Además, en las Regiones I y II, las con más altos ingresos
per cápita, no llegó al 40%, y en la Metropolitana apenas lo superó, sugiriendo
que su capacidad de convocatoria sigue patrones distintos de los tradicionales
de la geografía económica chilena. Lo anterior deja espacio para reinterpretar
el fenómeno electoral que su persona encarna y que se verá desafiado por Evelyn
Matthei, en segunda vuelta, de maneras muy distintas de las que enfrentó en la
primera. Esta vez sí se contrastarán proyectos, pensamientos, estilos, logros y
conocimientos, y se harán esfuerzos por movilizar a nuevos y más jóvenes
electores, poniendo nuevamente a prueba esa potencia.
La nueva
ficha de protección social.
Todos los países tienen políticas sociales,
algunas de carácter universal y otras más focalizadas. También en Chile
conviven políticas universalistas, como la subvención escolar, y otras
focalizadas en el 60 o 40% de la población, en las personas que viven en
pobreza y también en extrema pobreza. Para poder cumplir con el objetivo de
cada uno de esos programas, es necesario que algún instrumento permita
distinguir entre los subgrupos poblacionales a que están dirigidos. En todos
los países, la elaboración de estos instrumentos despierta debate,
particularmente respecto de las variables que deben incorporarse en su diseño.
En algunos, el único criterio son las estimaciones de ingreso per cápita de
cada hogar, y como las mediciones de esta variable son difíciles de obtener y
supervisar, a menudo se incorporan otras variables para un diseño más fino del
instrumento.
Pero también se argumenta que estos
instrumentos deben incorporar otras variables, para dar cuenta de un carácter
más multidimensional de la pobreza. Los diseñados en Chile, particularmente la
Ficha de Protección Social —introducida en 2007, en reemplazo de la antigua
Ficha CAS (Comités de Asistencia Social, de 1979)—, quisieron avanzar en esa
dirección. Sin embargo, poco después de la introducción de aquella se
advirtieron problemas en su diseño. Entre otros, que el puntaje podía subir por
situaciones que no cambiaban el nivel de pobreza de las familias (por ejemplo,
que los miembros del hogar cumplieran 18 años). Por eso, el actual Gobierno
convocó a un grupo de expertos de carácter transversal para mejorar su
formulación, y tras un minucioso trabajo las autoridades creen tener un
instrumento mucho mejor. Sin embargo, como la revisión tomó tanto tiempo, la
ficha podría comenzar a aplicarse recién a partir de enero del próximo año. Hay
preocupación por el impacto que podría producirse, ya que supondrá una revisión
de los beneficiarios. Sin embargo, todo indica que el instrumento es de mucho
mayor calidad que el actual, que, por sus deficiencias, no se ha aplicado en
plenitud. De hecho, en 2012 se congelaron los aumentos “automáticos” de puntaje
que la ficha actual arrojaba.
Además, parte de las críticas a la ficha de
protección social no apunta a su diseño, sino al hecho de que las políticas
focalizadas deben respetar a los grupos de beneficiarios a los que están
dirigidos. Muchos de ellos están Legalmente establecidos, por lo que si las
personas dejan de pertenecer al grupo objetivo, deberían dejar de recibir el
beneficio. Parece razonable que así sea y es el resultado inevitable de una
sociedad con movilidad social. Curiosamente, se valora mucho tal movilidad,
pero se olvida que ella significa, por ejemplo, que la salida de un hogar del
40% más pobre no excluye que otro hogar pueda caer en esta categoría. Por
supuesto, el análisis es distinto si los programas sociales solo estuviesen
diseñados con criterios absolutos, pero en la mayoría de los casos son
relativos. De ahí la necesidad de revisar periódicamente a los beneficiados.
Esa revisión supone a menudo el retiro abrupto
de los beneficios a las personas que dejan el grupo al que está dirigida una
política social, y como generalmente hay un conjunto diverso de tales
beneficios, el efecto sobre la familia es significativo. Por eso, parece más
razonable que ese retiro sea gradual, de modo que el “impuesto” de dejar de
pertenecer al grupo objetivo no sea equivalente al 100%. Estas situaciones de
“todo o nada” llevan a que las familias intenten burlar el instrumento o a
reacciones de malestar. Evidentemente, un retiro gradual significa que los
programas se vuelven más costosos, pero hoy existen muchos de ellos con altos
costos administrativos y, además, ineficaces, cuya supresión podría financiar
un retiro más gradual de aquellos programas más eficaces, en especial si
simultáneamente gran parte de ellos se reconvierten en un programa más
ambicioso de transferencias monetarias.
Criterio para
juzgar actos terroristas.
La Audiencia Nacional española dispuso el
domingo la detención preventiva de los dos chilenos que fueron arrestados la
semana pasada en Barcelona, acusados de
detonar un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar de Zaragoza a
comienzos de octubre. Ambos fueron formalizados por los delitos de estragos
terroristas y de pertenecer a una organización dedicada a cometer acciones de
terrorismo.
La decisión de los Tribunales españoles da
cuenta del evidente contraste que existe en el tratamiento y relevancia que se
le da en ese país a la comisión de este tipo de ilícitos en relación al actuar
de la justicia chilena cuando ha debido juzgar hechos que, en la práctica, son
de la misma naturaleza que los que se están investigando en ese país europeo.
El Magistrado de Barcelona a cargo de la causa no dudó en calificar el uso de
explosivos contra la mencionada basílica como un ataque que reviste el carácter
de terrorista, delito que de comprobarse, puede significar una pena de hasta 20
años para los chilenos involucrados.
No obstante, los Tribunales en nuestro país,
frente a la seguidilla de atentados con explosivos que se sucedieron desde el
2006 -conocido como el caso bombas-, se negaron a considerar esos hechos como actos
de terrorismo y aplicar la norma vigente en esa materia. Cuesta comprender que
ilícitos de similares características en España sean considerados de índole
terrorista y acá como una simple colocación de artefactos explosivos. De hecho,
los dos chilenos imputados en España fueron absueltos el 2012 por los Tribunales
nacionales, luego que éstos desestimaran previamente una asociación ilícita
terrorista en la causa, lo que refleja las diferencias de criterios.
Igual de llamativo resulta que las acciones terroristas
en Chile sean tratadas, en muchos casos, bajo la figura de actividad
anarquista, pues con ello se tiende a minimizar la gravedad y el impacto de los
atentados con bomba que se comenten.
Correspondencia
para meditar.
Señor Director:
¿Nueva
Constitución?
Previo a la primera vuelta, la candidata de la
Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, pidió al pueblo chileno que apoye con un voto
efusivo su programa de Gobierno “refundacional”, en el que incluye la propuesta
de una nueva Constitución, que es lo que a mí particularmente me preocupa, por
el mesianismo ilusorio del proyecto, tan poco analizado por los electores.
Los asesores jurídicos de la ex Presidente
hablaban incluso como iluminados de la voluntad popular, aduciendo que el
“pueblo” quería cambios radicales.
Pero las urnas han hablado. La ex Presidente no
solo no obtuvo la mayoría absoluta tan deseada, sino que tampoco logró encantar
al 50% del electorado, que prefirió quedarse en casa a refrendar su programa.
El 46,68% obtenido por su candidatura tiene entonces muchísimo menos peso que
el que expresa, dado el valor insondable de las abstenciones. En términos absolutos,
la Nueva Mayoría no tiene hasta el momento la legitimidad popular para
imponernos sus reformas Constitucionales, muchas de las cuales son un cheque en
blanco rumbo a la inestabilidad.
El debate para la segunda vuelta debiera
centrarse, entre otros aspectos, en el carácter engañoso de este tipo de
propuestas.
Julio Alvear Téllez, Profesor Derecho
Constitucional, Facultad de Derecho UDD.
Señor Director:
Deber cívico.
Todo Chile exige sus derechos, mas solo la
mitad cumplió con su deber. Lamentable.
Vicente Hübner Garretón.
Señor Director:
Campaña
“Marca tu voto”.
Según estimaciones de los propios impulsores de
la medida, solo el 8% de los sufragios contendría la marca AC (Asamblea
Constituyente). Si consideramos que la abstención electoral fue de más de un
50%, un cálculo simple indica que menos de un 4% de los chilenos desea una
asamblea constituyente.
Sería bueno que la candidata de la Nueva
Mayoría tomara nota de este dato.
José Miguel Rodríguez Sáez.
Señor Director:
Actuaciones
de los Magistrados.
Hace algún tiempo, los Jueces de la Asociación
de Magistrados pidieron perdón por las actuaciones de la Corte Suprema durante
el Gobierno Militar.
Frente al procesamiento de chilenos en España
por atentados con bombas similares a aquellos por los cuales habían sido
absueltos en Chile, sería honesto que nuestros Jueces pidieran perdón por sus
actuaciones propias, que dejan en libertad a delincuentes, desprotegen a las
víctimas y contribuyen a fomentar la inseguridad de la población.
No cabe escudarse en que es responsabilidad de
las Fiscalías suministrar las pruebas sobre cuya base sentencian, pues son
ellos mismos quienes en resoluciones inapelables dejan sin considerar algunas
que curiosamente tienden a probar la responsabilidad de los autores.
Eustaquio Martínez M., Abogado.
Pueblos bien
informados
difícilmente
son engañados.
