Y cómo anda la incumbencia?,
por Eugenio Guzmán.
Una paradoja de la elección Parlamentaria es
que, a pesar de todo el descontento que se señala que existe con la política,
el porcentaje de Diputados que fueron a la reelección y que lograron ser
nuevamente electos (esto es lo que se conoce como tasa de incumbencia) no varió
de manera importante respecto de otras elecciones, siendo prácticamente el
mismo que venimos observando desde 1993. Dicho en otros términos, a pesar de la
mala evaluación y alta desconfianza hacia los partidos políticos, Congreso y
políticos en general, el 80% de los Diputados que fueron a la reelección
ganaron.
Para tener una idea de lo que ocurrió, veamos
algunos antecedentes. Primero, desde 1989, sólo 6 Diputados (tres de la Alianza
y 3 de la Nueva Mayoría) aún permanecen en la Cámara, siendo este su séptimo
período Parlamentario. No obstante ello, de no ser porque postularon al Senado
o no fueron a la reelección es muy probable que hoy habrían permanecido otros 2
más. Por último, 22 Diputados (18,3%) no han perdido ninguna elección desde
2001; es decir, están entrando a su 4º, 5º, 6º o 7º período.
Pero qué explica estos antecedentes. En primer
lugar, claramente el voto voluntario no puede ser considerado el causante;
estos porcentajes aparecen con o sin voto voluntario. Así, en países como
Alemania los porcentajes de reelección son similares, pero más importante aún
con voto obligatorio, estos porcentajes eran iguales o superiores, como ocurrió
en 1997 o 2005.
Por otra parte, es probable que la masa de
votantes no haya cambiado mucho. Y lo cierto es que al parecer así es, y en los
casos que se han producido cambios, ya sea aumento o disminución, ello ha
tenido un impacto en el resultado y es posible que responda a cambios en las
candidaturas (nuevos candidatos), lo que podría haber implicado mayor
competencia.
Es probable que algunos ya estén pensando que
el gran causante de todo ello es el sistema electoral binominal, pero ello no
necesariamente parece ser así. En efecto, países con sistemas tan diversos como
Alemania, Estados Unidos, Canadá o Irlanda poseen porcentajes similares.
Luego, ¿cuáles son las causas? Antes de
intentar una respuesta, dejemos en claro que altas tasas de reelección no
tienen por qué ser una característica negativa de un sistema político. De
hecho, los remedios que se pueden sugerir, como, por ejemplo, límites a la
reelección, pueden ser más dañinos para el sistema. Por lo pronto, porque aquellos
Parlamentarios eficientes y que contribuyen de manera significativa al sistema
podrían quedar excluidos; segundo, la salida de los malos Parlamentarios no
asegura la llegada de mejores; tercero, un aspecto central de la dinámica Legislativa
es el conocimiento de ella por parte de los Parlamentarios reelectos, situación
que mejora el funcionamiento del órgano Legislativo; cuarto, bajo un sistema de
límites a la reelección aumenta el riesgo de que los Parlamentarios que
terminan en sus funciones tengan menos incentivos a un trabajo Legislativo más
acucioso: después de todo, ya no deben invertir tiempo en reelegirse; y sexto,
por citar algunas razones, el poder que los incumbentes tienen sobre su Distrito
y la selección de quienes los reemplazarán no necesariamente se diluye, lo que
los hace igualmente decisivos.
Volviendo a las causas, al parecer no son otras
que el apego a sus Distritos; las características de quienes los desafían; el
hecho de ser conocidos y por lo tanto contar con mayores recursos simbólicos,
particularmente quienes ya llevan 6 o 7 períodos (más de 20 años); la
estabilidad del electorado, es decir, quienes componen electoralmente el Distrito
y votan; y ciertamente, aspectos ideológicos y variables de contexto, tales
como el nivel de desarrollo económico y las tasas de desempleo.
Hacia el control total,
por Tamara Avetikian.
Me llega un e-mail de una buena amiga
venezolana pidiendo solidaridad ante un nuevo atropello a la propiedad privada
y la seguridad personal por parte de seguidores del Gobierno de Nicolás Maduro.
Esta vez fue la ocupación ilegal de la casa del banquero Óscar García Mendoza,
luchador en defensa de los derechos individuales y económicos. Es “un claro
ataque a quienes disienten, a pocos días de un nuevo evento electoral en
Venezuela”, dice un comunicado del think tank liberal Cedice, del cual García
Mendoza es Vicepresidente.
Las elecciones Municipales del 8 de diciembre
serán una prueba para la gestión de Maduro, quien avanza a pasos agigantados
hacia centralizar todas las decisiones. Con los “poderes habilitantes” con que Gobernará
por decreto por un año, el sucesor de Chávez va superando el autoritarismo de
su mentor. Doce meses durante los cuales Maduro podrá, con el pretexto de
luchar contra la corrupción y la “guerra económica de la oposición”, adoptar
medidas que le darán un control social total. Doce meses en los que la
seguridad de los opositores estará cada vez más amenazada, pues con cualquier
subterfugio podría enjuiciar y condenar a quienes estén en la oposición.
Casos como el de García Mendoza debieran abrir
los ojos de la comunidad latinoamericana sobre lo que está pasando en
Venezuela, donde la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas
de la población, junto con la inflación y la escasez de productos básicos. Y el
hostigamiento a opositores, a los medios de comunicación y a los empresarios es
parte de la política diaria: cien comerciantes fueron apresados por usura,
acusados de vender mercadería sobre el precio “justo”, que determina la
autoridad.
Los Gobiernos de la región hacen vista gorda
ante los atropellos. Los Presidentes del Mercosur quieren a Venezuela dentro
del bloque y realizan gestos de amistad, sin cuestionar la creciente pérdida de
libertades que sufren los venezolanos. Ni Dilma Rousseff ni José Mujica, dos ex
guerrilleros marxistas transformados en socialdemócratas porque se convencieron
de que el socialismo de los años 60 era un fracaso, parecen tener voluntad para
encauzar al líder venezolano. Por el contrario, Dilma saca cálculos económicos
de las ventajas de tener a Venezuela como receptor de sus inversiones y
consumidor de bienes que es incapaz de producir, y el uruguayo busca
“fortalecer la integración” haciendo una visita en el mejor de los ánimos.
Entretanto, Cristina Fernández parece seguir sus pasos. Si no, ¿cómo entender
la “profundización del modelo” que anunció, ignorando la ruina económica que ha
sido, para Argentina y para Venezuela, la aplicación de medidas en contra del
sentido común y de las reglas básicas de la economía?
Las encuestas no son benevolentes con el Gobierno.
Según reciente sondeo de IVAD, el 68,5% de los venezolanos ve con malos ojos la
situación actual; el 60% cree que es peor que hace un año, mientras el 49%
culpa al Gobierno del desabastecimiento, y el 59%, de la inflación.
Lamentablemente, ni estos números permiten apostar a que la oposición arrase en
las Municipales: 59% apoya la “dirección del país establecida por Chávez”; es
decir, a Maduro.
El secuestrador de mis fantasías,
por Yusnaby Pérez.
Escribirle al alma, escribirle al viento, escribirle
al ser humano que va dentro de mí. Pensar como si fueras tú olvidando por
instantes quien soy. Cultivar el respeto rompiendo esquemas de la rutina
diaria: aquí estoy.
“¿De verdad estás en Cuba?” me preguntan un
millar de veces al día haciendo alevosía a la ausencia espiritual de respuestas
en mi país. ¡Adiós Cuba! Me marcho porque no te vivo, te olvido porque no te
pienso y te entierro porque estoy sufrido. ¡Adiós mi tierra! Adiós por siempre
jamás.
Con pesadillas de “Patria o Muerte” muero y me
convierto en polvo, en ceniza que aún quema, pero nunca te entregaré mi Patria.
Secuestrado mi dolor sobrevive mi corazón ansioso de un mínimo latido. ¡Pum!
¡Pum! Lo siento pero no es el mío.
Amar la democracia fue mi castigo, mi peor
traición y el golpe más bajo recibido. Soy mercenario de la razón, enemigo de
mí mismo y burgués del cinismo. ¡Total! ¡Todo este drama porque no seguí tu
camino!
No eres mi padre. No eres mi amigo. Dijiste ser
un día el líder de todos los cubanos pero no me engañaste porque tampoco creí
en ti. Traicionaste a mi abuela, a mi madre… ¡y que trabajo me ha costado
neutralizar sus mentes! Fui un pésimo alumno de tu doctrina pues jamás entendí
que mi suerte se debía a ti. Ninguna vez copié en tus clases y los libros en
los que aparecías no los abrí. Pero me leí “La historia me absolverá” y hasta
suspendí un examen de historia por escribir una “desacertada” valoración de tu
persona.
No podré olvidar ese día en preescolar que la
directora de la escuela me envió al psicólogo porque dije que eras malo. ¿Te
imaginas todos esos domingos por la mañana que quería ver los muñequitos en el
televisor y salías tú? Eras el secuestrador de mis fantasías.
Adiós mi Cuba, te diré adiós estando aquí; para
sorprenderte un día, cuando menos te lo esperes y decirte: ¡Jamás me fui!
La hora de las “industrias creativas”,
por Andrés Oppenheimer.
Nunca había pensado en Shakira, Juanes y otros
artistas menos conocidos como potenciales factores de crecimiento de la
economía latinoamericana, pero varios nuevos estudios publicados en días
recientes afirman que la región podría crecer mucho más si desarrollara sus así
llamadas “industrias creativas”.
Según los nuevos estudios, pese a su enorme
riqueza de talentos en el campo de la música, cine, libros, artesanías, diseño
de moda, videojuegos y otras actividades creativas, Latinoamérica exporta tan
solo el 1,7% de los US$ 646 mil millones anuales del comercio mundial de bienes
y servicios culturales, tal como lo señalan cifras de las Naciones Unidas.
Y la región tiene un enorme déficit en su
balance de comercio cultural: importa US$ 29 mil millones anuales de productos
y servicios culturales, y exporta tan solo US$ 19 mil millones, según cifras de
la Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (Unctad).
“En Latinoamérica, estamos sentados sobre un
tesoro, y no sabemos aprovecharlo”, me dijo Iván Duque, coautor de un nuevo
libro titulado “La economía naranja”, publicado por el Banco Interamericano de
Desarrollo.
Gran parte del problema es que ni los Gobiernos
ni los artistas de la región consideran la cultura como una industria
lucrativa, o una gran oportunidad de exportación. Muchas veces, las actividades
culturales son vistas como una amenidad, o un entretenimiento local.
Es hora de que eso cambie, aprovechando así la
inmensa expansión de la clase media latinoamericana, afirman los autores de “La
economía naranja”. Y el desarrollo de la cultura como industria creativa podría
ayudar a reducir el desempleo juvenil y la economía informal en la región,
agregan.
Muchos países ya están explotando al máximo sus
industrias creativas. El Cirque du Soleil de Canadá emplea a más de 5.000 personas
y genera ganancias de más de US$ 800 millones anuales; el carnaval de Río de
Janeiro atrae a más de 850.000 visitantes anuales, que dejan unos US$ 828
millones en la ciudad, y el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá atrae a
3,9 millones de personas, incluyendo al público de festivales callejeros, dice
el estudio del BID.
Cuando les pregunté qué habría que hacer para
generar más bienes y servicios culturales, Iván Duque y Felipe Buitrago, los
autores del estudio, me dijeron que los países de la región deben empezar a
exportar más cultura a sus propios vecinos.
En este momento, el 63% de las exportaciones
culturales de la región van a Estados Unidos y a Europa, y solo un 34% a otros
países latinoamericanos, según las cifras de la Unctad y del BID.
“Hace falta un área de libre comercio cultural
regional, de forma que una película colombiana o un libro argentino se
considere una obra latinoamericana en cualquier país de la región, y no sea
objeto de trabas aduaneras”, me dijo Buitrago. Eso no está ocurriendo ahora,
como lo demuestran los bajos porcentajes de comercio cultural interregional,
agregó.
Además, los países latinoamericanos deberían
darles mayor importancia a las artes en sus planes de estudio escolares, dicen
los autores del libro. En el Reino Unido, los programas escolares ponen tanto
énfasis en las artes como en la matemática y las ciencias, aseguran.
Otro nuevo estudio, el “Informe de la Economía
Creativa 2013”, realizado por el Programa para el Desarrollo de las Naciones
Unidas (PNUD), señala que las industrias culturales tienen un impacto que va
más allá de la cultura, porque actúan como imán para que profesionales y
emprendedores se aglutinen en ciertas ciudades y las hagan más competitivas e
innovadoras.
El informe del PNUD dice que la ciudad de
Buenos Aires se ha convertido en “un punto de referencia global” en materia de
estrategias para desarrollar las industrias creativas.
En Buenos Aires, el sector creativo crece a un
promedio de más de un 5% anual, totalizando un 73% entre 2004 y 2010, dice el
estudio. El crecimiento más impresionante se ha producido en el sector
audiovisual, para el que la ciudad estableció un Distrito Audiovisual y dio a
las empresas del ramo los mismos beneficios de los que goza el sector de manufacturas,
dice.
Mi opinión: Aunque creo que América Latina
debería dedicar más esfuerzos para aumentar su cantidad de científicos e
ingenieros que la de artistas de circo o cantantes —hoy día, todos los países
de la región juntos están produciendo menos del 10% de las patentes de nuevos
inventos que registra anualmente Corea del Sur—, Latinoamérica tiene un enorme
caudal de talento artístico que debería ser mejor promovido y exportado.
Por lo tanto, es una buena noticia que se esté
empezando a prestar más atención a las industrias creativas, para que la región
aumente su actual 1,7% del comercio mundial de bienes y servicios culturales, y
para que todos podamos disfrutar aún más de su riqueza cultural.
Candidatos Presidenciales independientes.
Es totalmente justificada la repercusión
pública que ha tenido la denuncia periodística de irregularidades en la
inscripción de dos candidaturas independientes a la Presidencia de la República
dada a conocer ayer por “El Mercurio”. Para medir su importancia basta señalar
que en uno de esos casos la votación obtenida es sustancialmente inferior al
número de los que aparecen patrocinándola con sus firmas y en el otro hubo
quienes estimaron que el candidato podía pasar a segunda vuelta, situación
alejada de la realidad, pero que, de ser cierta y con los antecedentes
publicados, habría significado un escándalo mayor.
De todas maneras, el solo hecho de que estas
anormalidades se hayan producido es preocupante y, por una parte, exige que los
organismos competentes lleven adelante las investigaciones que sean necesarias
para determinar las respectivas responsabilidades y aplicar las sanciones
correspondientes, pero, por otra, deja en claro la conveniencia de revisar el
sistema que permitió que esto ocurriera. Ya las circunstancias de que hubiera
esta vez nueve candidatos y que cinco de ellos obtuvieran un muy escaso
respaldo popular, menor de lo que en general se estima el mínimo para que un
partido político sea reconocido como tal, habían dado lugar a que se pensara en
perfeccionar el filtro de las postulaciones a la Jefatura del Estado.
Se trata, pues, de dos órdenes distintos de
medidas. La decisión de aquellos postulantes que se lanzaron a la elección sin
una base mínima para sus expectativas o en ella utilizaron procedimientos
engañosos, así como el incumplimiento de sus obligaciones por algunos notarios
o la liviandad con que el Servel acogió documentos sospechosamente falsos,
tienen que ser corregidos o castigados según el caso. Está en estudio en el
Congreso una modificación al régimen notarial que, entre otras materias,
debería terminar no sólo con situaciones absurdas como la de que aparezcan más
de diecisiete mil firmas validadas en un día, sino, también, con la explicación
abusiva de los “funcionarios de confianza”. Y aunque el Servicio Electoral no
se ha mostrado en esto muy eficaz, una alternativa sería dotarlo de los medios
para hacerse cargo plenamente de la acreditación de las candidaturas.
Respecto a la liberalidad para que cualquiera
goce, como ahora, de publicidad gratuita y financiamiento Estatal en un
proyecto inviable, es posible un mecanismo no discriminatorio pero más
riguroso, como lo adelantan algunos Constitucionalistas, sea en la línea
sugerida por Patricio Zapata de exigir el paso intermedio de participar en una
elección primaria, o en la de Arturo Fermandois de mantener la aceptación de
quienes parten con escaso apoyo, pero privando del aporte económico (lo que se
podría hacer en este caso) a las inscripciones incorrectas, lo que no afectaría
la autonomía del Servel. El tema merece un estudio a fondo, pero sin duda las
experiencias de esta elección, con candidatos desprovistos de una mínima base
ciudadana y en algún caso con graves imputaciones de diversas irregularidades,
obligan a distinguir entre la conveniente apertura a postulaciones
independientes de los partidos y el estímulo a meras aventuras personales.
Fotorradares, no cazabobos.
Según se ha anunciado, en estos días comenzaría
a tramitarse en el Congreso una reforma al sistema para detectar y sancionar a
los automovilistas que sobrepasen las velocidades máximas permitidas. El
proyecto considera el regreso de los fotorradares y un aumento de las actuales
multas, con rangos que parten en 1 UTM (esto es, 40 mil pesos) para quienes
excedan la velocidad máxima establecida hasta en 20 km/h y llegan hasta 5 UTM
para quienes la sobrepasen en más de 50 km/h. Contempla además una
modernización del sistema de pagos, permitiendo, en los casos menos graves,
hacerlo vía transacción electrónica.
Acertadamente, el proyecto resuelve uno de los
aspectos problemáticos que presentó la implementación de una normativa similar
anterior (1997-2002), a saber, los conflictos de interés de las Municipalidades.
Estas, invocando el control de la velocidad, muchas veces terminaron
transformando los fotorradares en un medio de pingües recaudaciones. Esto se
corregiría ahora radicando el control del sistema en el Ministerio de
Transportes, sin que los recursos por el pago de infracciones se transfieran,
como antes, a la Municipalidad donde ocurría la falta. Esto es correcto, ya que
el objetivo de esta iniciativa no es la recaudación monetaria, sino
salvaguardar la vida e integridad física de personas.
Un punto del proyecto que debe evaluarse es la
exigencia de anunciar la presencia de fotorradares en las calles o autopistas.
Se estima que así los automovilistas moderarían su velocidad en zonas de alto
riesgo. Experiencias internacionales, sin embargo, muestran que el “factor
sorpresa” tiende a incentivar conductas más constantemente prudentes de los
conductores, ante el riesgo de ser detectados. Incluso, es una práctica
habitual en países desarrollados la instalación, con fines disuasivos, de
fotorradares de utilería.
Por cierto, el éxito en este nuevo intento de
implementar el sistema dependerá también de la precisión con que él opere, de
modo que resulte confiable para los ciudadanos. Su funcionamiento, además,
debiera dejar atrás y eliminar recursos de control tan primitivos como los
“lomos de toro” que abundan en nuestras ciudades.
Detectar y sancionar a quienes conducen de modo
imprudente, poniendo en riesgo eventualmente mortal a terceros, es una
necesidad social, y el proyecto anunciado apunta en esa dirección. Se debe
resguardar, sin embargo, que las penas sean proporcionales y que las
velocidades máximas a controlar sean las adecuadas a las condiciones imperantes
en cada lugar. Sería lamentable que una iniciativa bien inspirada dé pie a una
mera proliferación de “cazabobos”.
“Utilidad pública”, peligroso precedente.
Conocido el fallo del Tribunal Constitucional
frente al requerimiento que Diputados UDI formularon a diversos artículos de la
Ley de Televisión Digital, algunos de sus pronunciamientos resultan
preocupantes. Un ejemplo es que el TC haya desestimado —en votación de 5 a 4—
los cuestionamientos a la norma que obliga a transmitir, a título gratuito,
“campañas de utilidad o interés público”. Tal disposición impone
arbitrariamente una carga sobre un medio de comunicación, violando la igualdad
ante la Ley, sin razones que lo justifiquen. El argumento de que los operadores
de TV son usuarios del espectro radioeléctrico, que pertenece a todos los
chilenos, es desmentido no solo porque a otros medios en situación equivalente
no se les impone tal exigencia, sino también porque la norma se hace extensiva
al cable.
Así, el texto pugna con principios Constitucionales
como la igualdad ante la Ley y la no discriminación arbitraria en materias
económicas. Esto tiene efectos prácticos relevantes: la disposición obliga a la
emisión de esas campañas por un período de hasta 21 minutos semanales y por un
máximo de cinco semanas al año. Aunque su eventual prórroga sí estaría sujeta a
pago, la carga que representan esos primeros 105 minutos puede resultar
agobiadora, por ejemplo, para estaciones de cable locales.
Más aún, el tipo de obligación que se impone es
perentorio, al punto de no poder un canal oponer a ella ni siquiera el que la
campaña sea contraria a su línea editorial. Se consagra así Legalmente una
intromisión en la autonomía de un medio, con lo que eso significa en cuanto a
vulneración de las libertades de opinión e información. Como fórmula
preventiva, se contempla la obligación de que estas campañas sean aprobadas por
un quórum de 7 de los 10 miembros que pasará a tener el Consejo Nacional de TV.
Pero ese resguardo contrasta con la vaguedad en las definiciones del texto y la
amplitud de las facultades que se entregan al Secretaría General de Gobierno.
Parte de esto se subsanaría de aprobarse las
observaciones al proyecto recién presentadas por el Ejecutivo. Ellas limitan el
concepto de “interés público” (solo se aplicaría a campañas para proteger “de
riesgos y amenazas tales como catástrofes naturales y epidemias”) y permiten a
los medios diseñar spots alternativos. En cambio, no se mejora un punto hecho
notar por el voto de minoría en el TC: la no definición del término “utilidad
pública”, lo que deja espacio a interpretaciones y, por tanto, a arbitrariedad.
Cuando en la región se extienden los ataques a
la libertad de expresión, y también en nuestro país se levantan voces
pretendiendo imponer nuevos controles en nombre de un pretendido bien público,
cortapisas como las aprobadas por los Parlamentarios, aun cuando sean
parcialmente corregidas con el veto, despiertan inquietud y sientan peligroso
precedente.
Carpetazo a polémico acuerdo Judicial.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió
fundadamente dejar sin efecto el acuerdo que habían alcanzado la Fiscalía
Norte, el Juzgado de garantía y un grupo de activistas para evitar un juicio en
contra de estos últimos, requeridos por haber protagonizado, en 2011, graves
incidentes y agresiones en dependencias del ex Congreso Nacional, cuando se
discutía una de las partidas para el presupuesto de Educación. Lo resuelto por
la Corte es acertado, pues deja al descubierto que dicho acuerdo violenta el
sentido común y la Legalidad vigente. Sin embargo, el solo hecho de que se haya
llegado a plantear una solución de esta naturaleza sienta un grave precedente,
que debe ser corregido por las instancias pertinentes.
Están en curso sumarios tanto al Juez de
garantía como al Fiscal que avalaron el acuerdo que evitó un juicio por los
delitos de desacato y atentado contra la autoridad, a cambio de que realizaran
una campaña de carácter social a elección, que en este caso fue “marca tu
voto”, la que tiene una clara connotación política. Tal despropósito fue
impugnado por el Ministerio del Interior ante la Corte de Apelaciones -incluso
fue cuestionado por la Jefatura de la propia Fiscalía Norte-, y en su
resolución, el Tribunal da cuenta que la solución alternativa a la que se llegó
carece de los objetivos tendientes a disuadir este tipo de conductas. Si actos
vandálicos de esta naturaleza quedaran sin una sanción adecuada, la ciudadanía
recibiría una señal muy negativa acerca de los resguardos que entregan las
instituciones.
En el último tiempo se ha generado una
controversia sobre si corresponde un monitoreo más acabado de los fallos que
pronuncian los Tribunales. Tal idea ha sido rechazada de plano por el Poder
Judicial, por considerarla una intromisión indebida. Es relevante que la Judicatura
no dé pie a este tipo de cuestionamientos, y contribuiría a ese propósito
aclarar las circunstancias en que se dio la aprobación a este cuestionado
acuerdo.
Enfoques Internacionales: Cristina Fernández y
Nicolás Maduro, recargados.
El ajuste de Gabinete de Cristina Fernández
podría tener importantes derivaciones internas. En lo político, la llegada de
Jorge Capitanich como Jefe de Gabinete le permitirá mejorar la coordinación Ministerial
y facilitará los vínculos del Gobierno con el justicialismo y los Gobernadores.
Algunos sostienen que el nuevo Jefe de Gabinete
incluso podría ser candidato a suceder a la Presidente en 2015. Capitanich, Gobernador
de la Provincia del Chaco, logró un holgado triunfo en las elecciones de
octubre, consideradas por algunos como una derrota para la Mandataria. Es un
político experimentado que ocupó el mismo cargo durante la Presidencia interina
de Eduardo Duhalde, y también fue Senador nacional aliado de la entonces Senador
Fernández.
En lo económico, la Presidente resolvió remover
a personeros de su equipo en ese sector, para aumentar el poder de los más
intervencionistas. La moderación perdió espacio con la salida del Ministro de
Economía, Hernán Lorenzino, y de la Presidente del Banco Central, Mercedes
Marcó del Pont. En el intervencionismo destaca Carlos Zannini, influyente Secretario
Legal y Técnico de la Presidencia, que permanece en el cargo desde que fue
designado por Néstor Kirchner. Le sigue en importancia Axel Kicillof, promovido
desde la Secretaría de Política Económica a Ministro de Economía, a cuyo
entorno se han sumado otros nombramientos afines a sus políticas, algunos de la
agrupación La Cámpora, de raíz kirchnerista más radicalizada, en la que milita
Máximo, hijo de la Mandataria.
Los cambios mencionados podrían tener algunas
incidencias en Chile. Desde luego, son indicativos de que podrían
intensificarse los controles que afectan a nuestras exportaciones, a las
remesas y a los precios de tarifas, producciones y servicios de las empresas
chilenas en Argentina. Y hay temores de que también se perjudique al turismo
chileno con nuevas restricciones a las divisas para viajes al exterior.
Kicillof es un ferviente partidario del
intervencionismo Estatal y de la administración del comercio interno y externo.
No tiene mayores simpatías por la inversión extranjera: fue artífice de la
expropiación de los intereses de Repsol en YPF, que repercutió en la empresa
petrolera nacional Enap. También ha participado en el acoso al diario Clarín y
en la expropiación de los fondos previsionales. Ha sido promotor de subsidios a
las astronómicas pérdidas de Aerolíneas Argentinas y crítico de las operaciones
de LAN en Argentina.
La Presidente Fernández aprovechó su regreso
para incursionar en la política interna chilena, con felicitaciones a la Diputado
electa Camila Vallejo, del PC de Chile, y a la candidata Presidencial de la
Nueva Mayoría, Michelle Bachelet. Con ocasión del ajuste de Gabinete, anunció
también —y se iniciaron los trámites protocolares correspondientes— el cambio
de Embajador en Santiago por el saliente Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.
Finalmente, la Presidente se desistió de ese nombramiento, por razones que se
desconocen.
Gobierno por decreto en Venezuela.
Luego de discutibles maniobras y presiones,
Nicolás Maduro logró del Congreso venezolano facultades extraordinarias. Maduro
sostiene que Venezuela enfrenta una guerra económica y una conspiración
desatada por especuladores, opositores, el sector privado y los EE.UU. Dice que
los poderes especiales le permiten decretar Leyes para limitar las ganancias,
crear una nueva institucionalidad para perseguir el cumplimiento de los
controles a las divisas y adoptar medidas para atacar la corrupción, la
inflación y el acaparamiento.
Según los opositores, se trata de una
estrategia distractora de la gravísima situación que vive Venezuela, derivada
de la pésima gestión económica, ineptitud y dilapidación de la formidable
riqueza petrolera de un régimen autocrático en el ejercicio de la democracia.
Agregan que las medidas propuestas por Maduro están destinadas a sortear las
elecciones Municipales de diciembre próximo, las primeras desde que asumió el
cargo en extraña situación y en controvertida elección Presidencial.
Entretanto, el ritmo de crecimiento de la
economía de Venezuela se ha reducido a menos de un tercio del registrado el año
pasado, con desabastecimiento e inseguridad crecientes e inflación desatada.
El silencio de los líderes latinoamericanos
ante el agravamiento de la crisis de la economía y la democracia de Venezuela
no proviene solo de las afinidades políticas y de las asistencias financieras y
facilidades petroleras practicadas desde el Gobierno de Hugo Chávez a los
países del ALBA y a Argentina. Hay razones adicionales: la importancia de ese
mercado para Brasil y, en el caso de Colombia, la intervención mediadora del Gobierno
de Maduro en las negociaciones entre el Presidente Santos y las FARC. En
nuestro caso, se reconoce la moderación venezolana en el apoyo a la aspiración
marítima boliviana.
Lo concreto es la indiferencia del grueso de
Latinoamérica al deterioro de la situación en Venezuela, que sostenidamente se
aparta de la carta democrática, concentrando el poder político y amagando a
opositores y disidentes.
Chileno: No le entregues el poder total a la
izquierda que ya controla el Judicial y el Legislativo, elige a Evelyn Matthei
como la próxima Presidente.
