Temas de interés nacional e internacional....

50% de abstención: la verdadera mayoría,

por Sergio Melnick.

Hasta ahora, hay sólo una gran cosa clara de la primera vuelta: la única y verdadera gran mayoría en Chile es el 50% que no votó. Eso no es trivial. No sabemos muy bien lo que estas personas piensan o por qué no votan, pero podemos deducir que de alguna manera deben estar de acuerdo con el sistema, o al menos no les incomoda demasiado para tratar de cambiarlo, porque había nueve alternativas muy distintas para votar. Un muy diverso menú de opciones. Simplemente no les interesó hacerlo o ni siquiera les valía la molestia de ir a las urnas. Y esto tiene mucho sentido. Chile, por cierto con muchos desafíos por superar, ha progresado de manera inédita en los últimos 30 años y somos un ejemplo mundial al respecto. Negarlo es un ideologismo obtuso.

Entonces, dada esta nueva amplia mayoría que no quiere cambiar radicalmente el sistema, aquellos vociferantes que reclaman la urgencia de las grandes transformaciones que requiere el país, en realidad sólo hablan a nombre propio o de grupos muy pequeños. Es por ejemplo el caso de Claude, que resultó un auténtico fiasco electoral en relación con su discurso disruptivo y tremendamente descalificador. Igual cosa ocurrió con Roxana, que demostró que el mundo que dibuja es totalmente falso, ya que casi nadie se identificó con esa caricatura. El apoyo de ME-O no alcanza el 5% de la población, igual que Parisi. La novedosa opción de Sfeir no pasa del 1,5% de la población. Esas ideas no son atractivas para nuestra población.

Bachelet, con su aplastante mayoría relativa, incluso obtuvo menos votos que los que se obtuvieron el 2009, y hasta menos que Pinochet en 1989, y ahora con 13 millones habilitados para votar. Su eventual popularidad es sólo el 25% de la población. Sus propuestas de cambio simplemente no pudieron convocar más chilenos y eso hay que aceptarlo, aunque duela. La nueva mayoría verdaderamente no lo es tal y por ende no tiene real legitimidad para intentar los cambios abruptos y estructurales de la sociedad. Lo mismo ocurrió con la convocatoria a la AC, que no alcanzó el 5% de los votantes habilitados. Ya basta entonces de hablar de “la gente” que quiere esto o lo otro. El 50% se ha manifestado en silencio apoyando la trayectoria actual. Es tiempo entonces de políticos más responsables.

Por el lado de la derecha, la situación resulta más bien patética, con una falla de orden y liderazgo realmente asombrosa en sus partidos. El papelón de sus líderes en esta primera vuelta fue literalmente para escribirle versos. El Gobierno tampoco apoyó mucho que digamos.

Entonces, una cosa es disputar la administración del Estado, otra muy distinta es tratar de hacer cambios radicales de ésta. Para eso se requieren amplias y verdaderas mayorías poblacionales, lo que en este caso no ha existido. Así ocurrió en el pasado cuando con un tercio de los votos se trató de hacer una revolución a la fuerza, con muy malos resultados para el país. Con escasos 3 millones de votos no se puede querer imponer una nueva sociedad, ya que la verdadera mayoría está de alguna manera conforme con lo que ha estado ocurriendo en los últimos 30 años, que han sido más que positivos para el país y su gente. De esos 30 años, 20 fueron de la Concertación, que ahora reniega cobardemente de su propio pasado. Claro que hay problemas en Chile, pero no hay país sin ellos. La pregunta es cómo se resuelven en términos prácticos.

No basta con repetir majaderamente el eslogan de educación pública gratuita y de calidad. En eso todos podríamos estar de acuerdo. Queremos saber exactamente cómo se propone hacer eso, porque francamente no queremos más Transantiagos.

No ha habido una sola palabra de análisis sobre qué es la calidad de la educación en el siglo 21. El pensar de que por el sólo expediente de ser educación pública va a ser mejor es un error de proporciones. Pensar que por sólo pasar los colegios de los Municipios al Gobierno central va a mejorar la educación es una falacia enorme. Lo más probable es que si se hacen esas medidas, veamos empeorar severamente la educación por su mala administración y la calidad de los profesores.

Y es legítimo preguntar qué pasará con la Universidad Católica, de Concepción, Santa María o Austral para mencionar algunas privadas. ¿Cómo será el procedimiento para hacerlas gratuitas para los estudiantes? ¿Fijarán acaso aranceles? ¿Y con qué criterio harán eso? ¿Y qué pasa con el sistema de títulos, seguirá siendo el mismo profesionalizante y no educante? ¿Y qué pasará con las actividades lucrativas que esas universidades tienen en la forma de estudios, asesorías o extensión? ¿Y cómo será la admisión o la investigación? ¿Y qué pasará cuando un estudiante lleve 8 años estudiando gratuitamente? ¿Y qué pasa con los convenios internacionales?

En fin, tenemos derecho a que las candidatas sean específicas, concretas, claras. Espero que de eso se trate la segunda vuelta y que las candidatas debatan públicamente estos temas. Me temo que una va a tratar de “pasar”.

La tácita admisión de una derrota,

por Joaquín Morales Solá.

Cristina Kirchner reconoció de manera implícita una derrota: la de su política económica. Con Guillermo Moreno renunció mucho más que un Secretario de Estado. Se fue el único hombre fuerte de su Gobierno desde la muerte de Néstor Kirchner y se fue, sobre todo, el autor de una política que dejó la economía en medio de la destrucción y la crisis. Se fue el funcionario que con sus políticas condenó a la Argentina a perder el autoabastecimiento petrolero y la colocó en la necesidad de importar trigo. Moreno es el autor de que el país haya tensado sus relaciones con casi todos los países del mundo, incluidos los que históricamente fueron amigos.

Moreno se ha ido, pero nadie puede asegurar que se terminó la morenización del Gobierno. Más aún: como peronista que es, su predilección es el intervencionismo del Estado en la economía. Ahora, por primera vez desde que se fue Roberto Lavagna, habrá un Ministro de Economía con plenos poderes, Axel Kicillof. Una novedad política e intelectual surge de ese relevo: Kicillof le dio una vuelta de tuerca al intervencionismo nestorista que expresaba Moreno. Kicillof es directamente Estatista.

Moreno destruyó el Indec, que es como destruir el termómetro de la economía, e insultaba a los empresarios, pero no se metía con la propiedad de las empresas. Salvo, desde ya, con la propiedad de Clarín y de Papel Prensa, a los que convirtió en sus enemigos más odiados. Cuenta la leyenda que Moreno detestaba a los medios independientes porque le quebraban sus mentirosos relatos a Cristina sobre la marcha de la economía. Los condenó a vivir a pan y agua: presionó sobre las cadenas de supermercados para que no contrataran publicidad en los diarios La Nación, Clarín y Perfil. Gran parte de esas cadenas empresariales necesitan la importación de productos. Moreno era el que autorizaba o no las importaciones. Usó la extorsión como un método cada vez más eficaz.

Pero el viejo peronista tropezó con el peronismo. Poco antes de las Legislativas pasadas, la Presidente le preguntó a un Intendente cristinista qué podía hacer ella para ayudarlo. “Te pido un solo favor: echa a Moreno”, le contestó el Alcalde. Gobernadores e Intendentes peronistas pasaban gran parte de su vida en las oficinas de la Secretaría de Comercio para gestionar su autorización a importaciones de insumos industriales. “Nuestras industrias se están parando sin los insumos y nunca ganaremos elecciones con más desocupados”, le explicó ese Intendente a la Presidente. Cristina no lo defendió ni lo justificó a Moreno. Le contestó con una evasiva: “No quiero darle su cabeza a la corporación mediática”. Poco después cayó enferma, perdió las elecciones y se agravaron los síntomas de la crisis económica.

A Moreno no lo crucificaron los medios ni los economistas privados, sino el peronismo con liderazgo territorial. Ese fue su fin.

La Presidente pronostica, con Moreno o sin Moreno, dos años arduos hasta la conclusión de su mandato. Podría jugar a la revolución si la Argentina viviera los años del boom de la soya, cuando la inflación era un peligro y no una realidad, y cuando las reservas de dólares se acumulaban en el Banco Central. El país que le tocó al final de su ciclo es más austero. La tendencia internacional de las materias primas indica que sus precios se estancaron. La inflación está ya desbordando la paciencia de los argentinos. Y las reservas de dólares no paran de caer, a pesar de cepos y controles propios de hace cuatro décadas.

La designación de Kicillof anuncia nuevas prohibiciones. Se acabará pronto, por ejemplo, la fiesta argentina del turismo en el exterior. Y, por consiguiente, subirán los precios del turismo en el interior. La economía es inmanejable con criterios tan viejos. Kicillof expresa una radicalización de las políticas Presidenciales. Enamorado de Marx y de Keynes, el nuevo Ministro desprecia la seguridad Jurídica y alguna vez dijo, incluso, que podía “fundir” a Techint, una de las dos grandes multinacionales argentinas.

Su nombramiento es el ejemplo más claro de una política que propone un Estado que hurga en la economía privada, y en la vida y en los gastos de los argentinos.

Los mercados recibieron a Kicillof como era previsible, con una notable falta de confianza. Extraña decisión la de Cristina: la desconfianza en la economía era el problema más urgente a resolver, y ella le agregó más incertidumbre. A la Presidente le importa la ideología, no sus resultados.

Cristina no hace nada, mucho menos en público, que no deba leerse en clave política. Mayor compromiso con el ala bolivariana que lidera Venezuela. Insistencia en el populismo juvenil, que le ha servido, sin duda, desde la muerte de Kirchner. Simpatía hacia los sectores oficialistas que creen que se puede bajar de la Sierra Maestra saliendo de las cocheras de Puerto Madero.

Programas de salud de Bachelet y Matthei.

Enfrentados a una segunda vuelta electoral, los chilenos que están llamados a decidir harían bien en examinar los programas de las dos candidatas que se disputarán la elección el 15 de diciembre. En cada una de las áreas surgen discrepancias y similitudes que dejan en claro lo que está en juego en los comicios. En el campo de la salud —uno de los que más interesan a la población— pueden apreciarse ciertas diferencias de enfoque por las que asoman las dos concepciones discrepantes de organizar la sociedad.

En primer lugar, se observa una distinta prioridad para esa clase de problemas. El programa de Gobierno de Michelle Bachelet sitúa a la salud después de sus grandes reformas de fondo, que consultan, entre otras, una nueva Constitución, lo que naturalmente habrá de significar una relativa postergación de sus compromisos en los diferentes campos sectoriales, con la posible excepción del educacional. Evelyn Matthei, a su vez, lo sitúa en el primer lugar de su programa y detalla en mayor grado sus aspiraciones para el sector.

Si para la Nueva Mayoría existen necesidades de una mejor gestión y mayor eficacia en la atención primaria, sus soluciones tienden principalmente a aumentar los presupuestos. Así, por ejemplo, afirman que se destinarán 4 mil millones de dólares a inversión pública en su período. Los compromisos que adquiere son aumentar el gasto, además de asegurar un mayor interés por la salud dental, por desarrollar una política de medicamentos y por preocuparse de la formación de especialistas.

La Alianza coincide en su interés por asegurar la entrega de medicamentos y aumentar la presencia de médicos especialistas, pero su énfasis parece estar puesto en la salud mental, área para la cual propone un nuevo servicio nacional. No obstante, es más específica en sus planes para los hospitales, a los cuales propone dotar de un nuevo sistema de Gobierno corporativo, lo cual podría tener un fuerte impacto en la respuesta que ellos darían a sus respectivas comunidades, junto a un sistema de asignación de presupuestos más flexible que el actual —otra medida interesante por sus efectos potenciales—. Además, revela su interés por los adultos mayores y por otorgar libertad de elección a todos los afiliados al Fonasa.

En cuanto al sistema de Isapres, ninguna de las dos candidaturas se arriesga con una propuesta. Si Bachelet se compromete a convocar a un equipo de expertos con el mandato de redactar una propuesta, Matthei quiere crear una comisión técnica con expertos en seguros de salud para buscar las mejores opciones que superen el problema de raíz en el mediano plazo. Entretanto, en el corto plazo, propone simplemente rebajar las primas de los grupos de alto riesgo —sin hacerse cargo de la previsible consecuencia de la desaparición del sistema que eso conllevaría—.

Si bien la candidatura de la Alianza parece haber expresado más claramente sus intenciones, ninguna de ellas parece estar resuelta a hacer cambios estructurales en el sistema nacional de salud. Las dos visiones de la sociedad que imperan en Chile —la de quienes piensan que el Estado debe hacerse cargo de todos los problemas, y la de quienes creen que el mercado debiera ser el actor principal— deberían coincidir, al menos, en que la atención a los usuarios en hospitales y consultorios públicos es materia urgente no solo como exigencia de salud, sino de dignidad de las personas.

Paro en Municipios: final poco auspicioso.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los representantes de los funcionarios Municipales puso fin a la paralización más larga de las nueve que han protagonizado trabajadores del sector público en lo que va del año: a lo largo de 30 días se dejaron de hacer más de cinco millones de trámites de diversa índole en los Municipios del país, causando innumerables problemas —graves, en muchos casos— y gastos adicionales a la ciudadanía, que paga por obtener del Estado esos servicios.

Pese a tratarse de un paro ilegal, como todos los del sector público en razón de la norma que obliga al Estado a proveer servicios a la población, el de los Municipios se zanjó en forma similar a otras movilizaciones de este tipo en el pasado, bajo distintos Gobiernos: sin sanción para los responsables de denegar el servicio a los ciudadanos y cediendo a la casi totalidad de sus demandas. Los funcionarios en huelga ya han recibido el sueldo correspondiente a los días no trabajados, aunque sin horas extraordinarias, lo que el Presidente de una de sus dos organizaciones gremiales calificó como “una merma considerable”. También pidió disculpas al público “por los problemas que pudimos causarles” y por los dos meses que tardará poner al día los trámites acumulados sin realizar.

Más allá de cuán razonables o justas fueran las demandas de los trabajadores Municipales, es claro que por años los gremios del sector público se han colocado en una posición desde la cual pueden ejercer una presión poderosa. No es casual que las paralizaciones tiendan a aumentar durante el último año de un Gobierno: seis durante el de Ricardo Lagos en La Moneda; siete para Eduardo Frei y 13 para Michelle Bachelet. Eso no sólo da cuenta de que los gremios son conscientes del poderío que pueden ejercer sobre el Ejecutivo con la herramienta del paro, sino también de la incapacidad de sucesivas administraciones para conservar márgenes de acción en dichos contextos. Así las cosas, la gente queda en un estado de auténtica desprotección.

Tan criticable es la disposición de los gremios públicos a usar a los ciudadanos como rehenes de sus negociaciones laborales, como la impericia política y la falta de autoridad del Gobierno —cualquiera que sea— para garantizar la provisión de servicios públicos y proteger los derechos de sus usuarios, quienes sólo tendrían la herramienta de recurrir a la Justicia para obligar a los huelguistas a cumplir la Legalidad.

La forma en que terminó este paro suma otro precedente negativo para un problema que tiene mucho de estructural y que es complejo de solucionar. Por ello, es razonable plantear que tal vez sean necesarios nuevos mecanismos o resortes institucionales para “procesar” estos conflictos entre el Estado y sus empleados antes de que alcancen el punto de crisis, sin que se requiera llevar el problema al Congreso — como pasó nuevamente en esta ocasión—, que termina funcionando como árbitro de último recurso, lo cual no es su papel.

Sistema binominal y coherencia en las críticas.

Conocidos los resultados de la reciente elección Presidencial y Parlamentaria, han resurgido críticas acerca de la legitimidad del sistema binominal, y el propósito expresado por una serie de actores políticos de modificarlo sustancialmente. Llama la atención el tenor de esos cuestionamientos, tomando en cuenta que el actual sistema electoral no fue obstáculo para que resultaran electas numerosas figuras nuevas, y que los Parlamentarios de la Nueva Mayoría fueran especialmente beneficiados producto de los “doblajes”, cuestión que en el pasado la actual oposición ha criticado duramente. Si bien es legítimo discutir perfeccionamientos al actual sistema electoral, es necesario que exista coherencia en las críticas, pues ello permitirá orientar la discusión.

Conforme los resultados disponibles, el bloque opositor subirá a 68 Diputados -tras haber obtenido el 47% de los votos a nivel nacional-, donde resultan destacable los 11 doblajes que obtuvo. En el Senado, logró dos doblajes -Antofagasta y Coquimbo-, con lo que su fuerza Senatorial pasó de 20 a 21 Senadores. Estos números le entregan a la Nueva Mayoría una fuerza Parlamentaria tal que -en caso de llegar La Moneda- le permitirá aprobar una serie de reformas clave de su programa de Gobierno, sin necesidad de contar con el concurso de las fuerzas de centroderecha.

El sistema electoral no ha sido impedimento para que quien probablemente encabezará el próximo Gobierno cuente con una sólida fuerza Parlamentaria tras de sí, lo que diluye los cuestionamientos de que el actual sistema  es poco representativo y entrega una sobrerrepresentación a la minoría. En conjunto, Renovación  Nacional y la UDI sumaron 48 Diputados electos, lo que no se aleja sustancialmente del número de Parlamentarios que habrían obtenido de aplicarse criterios de proporcionalidad, considerando que su votación Parlamentaria alcanzó el 36% del total. Gracias a los “doblajes”, la Nueva Mayoría obtuvo una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. De ello también se benefició el Partido Comunista, que logró elegir a un Diputado en el Distrito 8, gracias a la buena votación de su compañero de lista (DC). La Alianza obtuvo un solo doblaje (Distrito 23).  Igualmente llamativos son los candidatos que fueron “blindados” para estas elecciones. Los casos de Camila Vallejo en la Florida -cuyo compañero de lista fue una figura sin mayor peso político- y Giorgio Jackson en Santiago Centro -Distrito donde la Nueva Mayoría se omitió- son aleccionadores respecto de cómo se pueden sacar ventajas del sistema siendo a la vez parte de éste, evitando con ello una competencia real, de la cual no se puede responsabilizar al sistema electoral.   

El sistema binominal tampoco ha sido impedimento para la llegada de figuras emergentes; de hecho, de los cargos en disputa en el Senado, 12 corresponden a nuevos Parlamentarios, mientras que en la Cámara de Diputados llegarán del orden de 40 rostros nuevos. Destacan, en este caso, ex dirigentes del movimiento estudiantil, quienes han sido duros detractores del binominal, como también otros liderazgos Regionales que han surgido en el último tiempo. Es una muestra de que en la medida que se hagan propuestas atractivas o campañas efectivas, el actual sistema no impide la renovación de sus figuras Parlamentarias.

Resulta ilustrativo de la distancia entre los discursos y la conducta de los Parlamentarios que el día de ayer no haya sido aprobado el proyecto que buscaba sacar de la Constitución el número de 120 Diputados, considerado un paso previo a la reforma del binominal, por la falta de interés de los Diputados en votar esta reforma.

El caso del Registro Civil.

Con la realización de una serie de auditorías (una de ellas, a los procedimientos del área de Identificación, ya concluida), la Director suplente del Registro Civil intenta abrir una nueva etapa, que deje atrás los críticos meses vividos por ese organismo. Los problemas en este servicio —creado en 1884 y pionero en el mundo— no son asunto nuevo. Desde la segunda mitad de la década pasada ha venido sufriendo traspiés que afectan a algunos pilares de su prestigio institucional. Hasta entonces, parecía consolidado como una organización volcada a brindar atención de calidad a los ciudadanos. La situación empezó a cambiar a partir de los desaciertos cometidos por sucesivas administraciones, que han suscitado de modo recurrente episodios de preocupación pública.

Desde un punto de vista operacional, le compete la gestión de dos grandes áreas: las bases de datos (registro de personas, nacimientos, matrimonios, vehículos motorizados, etc.) y el sistema de identificación y pasaportes. Hace tiempo, ambas fueron traspasadas a terceros, lo que ha permitido que estos servicios sean proporcionados por empresas calificadas, a costos conocidos y bajo exigentes contratos. No obstante, precisamente la renovación de esos contratos ha producido inusitados problemas, exponiendo incluso la imagen del país, por tratarse de licitaciones internacionales.

El llamado a propuestas por el servicio de bases de datos se ha intentado llevar a cabo en diversas oportunidades, fracasando una y otra vez. En la licitación realizada durante la Presidencia Bachelet, se detectaron irregularidades que motivaron la destitución del entonces Director y dieron pie a una investigación penal. La adjudicación de esa propuesta —por un monto estimado de 40 millones de dólares— debió ser dejada sin efecto, lo cual ha significado que hasta ahora, ininterrumpidamente desde 1992, esos servicios vengan siendo proveídos por una misma empresa.

Posteriormente se llevó a cabo la licitación del sistema de identidad y pasaportes, donde se repitieron las dificultades. Inicialmente, la propuesta se adjudicó a una firma española, pero el proceso estuvo viciado: el Tribunal de Compras determinó que funcionarios habían recibido una boleta de garantía antedatada del proponente que se la adjudicó, violando las bases. Esto motivó la remoción del nuevo Director del servicio.

El proceso se retrotrajo a la situación previa, excluyendo a la firma española y manteniendo al resto. Pero los problemas continuaron, al excluirse uno a uno, por razones formales, a los distintos proponentes, y terminar adjudicando el contrato, por un monto estimado superior a 300 millones de dólares, al único competidor que quedaba en carrera. Entonces, una de las empresas participantes reclamó ante el TDLC, que en reciente sentencia concluyó que ese servicio no se había ajustado a los principios y normas que rigen la libre competencia.

Sumado a lo anterior, el nuevo sistema ha sufrido fallas desde que empezó a operar, revelando vulnerabilidades en un proceso que debe dar plena confianza a sus usuarios. Incluso se teme que, de prolongarse esta situación, pudiere afectar la entrada de Chile al programa de exención de visas de EE.UU. Y a todo esto se agregan las advertencias y amenazas de nuevas movilizaciones de sus 3.000 funcionarios, gremio que ya dio en septiembre, con una prolongada paralización, lamentable muestra de su poder de presión.

Las auditorías anunciadas (con las que se busca identificar las fallas que hoy entraban su funcionamiento) son un buen primer paso en el camino para recuperar la reputación de esta entidad, el nivel de servicio que esperan sus usuarios y la seriedad requerida en los procesos de licitación. Factor determinante para lograrlo, sin embargo, será la designación de directivos titulares que efectivamente reúnan las capacidades de gestión que exige una institución de tal complejidad.

Bajo apoyo a campaña para marcar el voto.

Escasa recepción tuvo la convocatoria realizada por los promotores de la campaña “Marca tu Voto”, quienes hicieron un llamado a los electores para que escribieran, el domingo, en la papeleta de votación las letras AC, como una manera de demandar una nueva Constitución mediante el mecanismo de Asamblea Constituyente. Según cifras de los propios organizadores de este movimiento, sólo un 8% de los sufragios fue marcado con esa sigla.

Incluso, si pudiera hablarse con seriedad de esa cifra, que tan reducido número de votantes haya decidido adherir a este llamado constituye una muestra contundente de la manera con que el grueso de la ciudadanía asume los procesos electorales en Chile y de la alta valoración que tiene para la mayoría de ellos la asistencia a las urnas. Aun cuando los impulsores de esta iniciativa desplegaron una fuerte campaña comunicacional, apoyada por algunas reconocidas figuras públicas de distintos ámbitos de la sociedad, pesó más la importancia que los chilenos le asignan al acto de votar, pues entienden que se trata de una instancia de gran responsabilidad, en la que deben elegir a sus representantes y a quienes, en definitiva, dirigirán los destinos del país.

Si bien es legítimo que los miembros de este movimiento expresen abiertamente su opinión respaldando la postura que promueven, no corresponde que para ese propósito se valgan de un mecanismo que cumple otros fines y que resulta fundamental para el normal desarrollo de la democracia. Afortunadamente, los electores así lo han comprendido y rechazaron categóricamente este intento por utilizar un proceso que debe ser asumido con la máxima solemnidad.

El escuálido respaldo a la campaña “Marca tu Voto” es una claro mensaje de los votantes a que se respete el proceso eleccionario; señal que debiese hacer reflexionar a sus promotores de no insistir en esta inadecuada convocatoria para la segunda vuelta que se realizará el 15 de diciembre y dejar sin efecto el nuevo llamado que han realizado.

El modelo de Cristina.

Erraron quienes pensaron que la enfermedad y el fracaso electoral iban a atemperar a Cristina Fernández: al regreso de su convalecencia hizo un cambio de Gabinete para profundizar “el modelo kirchnerista” de inclusión, que sorprendió por la salida del controvertido Secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

Más que una respuesta al electorado, que le propinó una bochornosa derrota en las Parlamentarias, fue una reafirmación de su autoridad. El cambio de Ministros confirma que a Cristina no le interesa corregir los verdaderos problemas de la economía —la inflación, el déficit Fiscal y la falta de reservas—. Por el contrario, sigue empecinada en las medidas que han llevado a Argentina a la actual crisis. El encumbramiento de Axel Kicillof al cargo de Ministro de Economía demuestra que aprueba el enfoque del economista radical, inspirador de los grandes lineamientos del segundo mandato de Cristina.

El crecimiento, estimado en 3% para este año, sigue acompañado de alta inflación (10% oficial, sobre 25% según consultoras privadas) y por la veloz caída de las reservas del Banco Central, por pago de deuda e importación de energía. Esto derribó a la Presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, quien además de no llevarse bien con Kicillof y su entorno, cometió el error de hablar de un tema tabú: que la emisión de moneda crea inflación, algo que el nuevo Ministro no acepta.

Kicillof ya tiene todas las clavijas del equipo económico y habrá cada vez más intervención Estatal y la posibilidad de que se establezcan tasas de cambio diferenciadas. Por ahora se ha descartado el desdoblamiento del dólar, pero sí se habla de más restricciones al turismo externo. Con la fuerte reducción de las reservas en más de 10 mil millones de dólares este año, se teme que el peso seguirá devaluándose, que haya más restricciones a las importaciones, y que esté en riesgo el pago de la deuda. Un columnista de La Nación observaba que Moreno peleaba con los empresarios, pero nunca estuvo en duda la propiedad de las empresas. Ahora eso podría cambiar: Kicillof fue el artífice de la virtual expropiación de YPF a Repsol, y también de la incorporación de directores del Gobierno en las empresas privadas.

Cristina Fernández sí dio un giro en la conducción política. Al instalar a Jorge Capitanich, triunfante Gobernador de la Provincia de Chaco, peronista comprometido y virtual candidato Presidencial para 2015, pone a un político de peso propio, que no actuará como mero Secretario privado suyo, sino que impondrá su punto de vista al resto del Gabinete. Será el jefe de Kicillof.

Todos estos cambios son un intento voluntarista de ratificar la vigencia del “modelo kirchnerista”, que sus inspiradores proclaman como una vía propia, original y eficaz para asegurar el desarrollo de Argentina y el bienestar de su pueblo. La realidad se muestra muy diferente. El electorado no la apoya ya como otrora, pese al clientelismo y el populismo; facciones peronistas se distancian; la Bolsa argentina tuvo este martes su mayor caída diaria desde 2011; el dólar informal roza los 10 pesos; es sabido que todo quien puede hacerlo mantiene sus haberes monetarios y otros en el extranjero; hay inédita emigración de profesionales y otros trabajadores al extranjero; las instituciones carecen de credibilidad; la corrupción y el mercado negro campean en todas las áreas. La vida cultural argentina, en otro tiempo a la cabeza de Latinoamérica, languidece. Y, entretanto, se hace público que el patrimonio declarado de la Presidenta, ya cuantioso, se ha incrementado en 20% tan solo en el último año. Ciertamente, como “modelo”, dista de ser deseable de imitar.

Correspondencia para la meditación.

Señor Director:

Elecciones y participación.

Las democracias más maduras y estables que tienen sistemas electorales similares al nuestro muestran porcentajes de participación muy parecidos y hasta incluso menores de lo registrado en las elecciones del domingo recién pasado. Esto se explica simplemente porque las reglas del juego están claras y entre la opción A y la B no hay grandes diferencias que motiven a la gente a sufragar en masa para buscar grandes cambios institucionales. Es más, si sumamos las votaciones de Marcel Claude y Roxana Miranda, que fueron los candidatos que mostraban las opciones de cambio más radicales, sumamos solamente 4,08% del padrón que asistió a votar, señal clara de que Chile avanza por el camino correcto. Es por esto que hay que tener cuidado con los llamados “catastróficos” de ciertos políticos que se quejan de baja participación, en vez de alegrarnos porque las bases que Chile ha logrado construir han sido sólidas y estables.

Gianfranco Ferralis Zambra.

Señor Director:

Puente Chacao.

Muchos analizan si es conveniente construir el Puente Chacao.  Opinan con rebuscados argumentos si los chilotes necesitan esa conexión con el continente; generan críticas y dicen que hoy no es necesaria semejante inversión.

Nadie les pregunta a quienes nos vemos afectados por la falta de una vía directa que nos acerque a los servicios básicos. Sólo quienes vivimos en la isla sabemos lo que significa tener una emergencia médica que no podemos atender, viviendo la angustia de no tener posibilidades de cruzar más rápido al hospital. Quisiéramos que nuestros hijos tuviesen acceso a educación de primer nivel, a universidades a una distancia razonable o a los trabajos que  podamos elegir.

Nosotros sí queremos un puente, más oportunidades para nuestras familias y un futuro próspero para nuestros hijos. Amamos la isla y no queremos vernos obligados a salir de ella juntos a nuestras familias en busca de más opciones.

Este Gobierno ha tenido la fuerza necesaria de empujar el Puente Chacao y esperamos que las próximas autoridades respeten nuestro anhelo. No queremos estar ajenos a la modernidad, ni a la conectividad: queremos igualdad de proyectos y de grandes obras viales.

Oscar Andrade, Presidente Agrupación Apoyo Puente Chacao.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.