Nuestra
“excepcionalidad”,
por Leónidas Montes.
Hace casi una semana se realizó el debate
presidencial organizado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP). Fue algo
sorprendente. Y a la vez, kafkiano. Así como ganamos 3-0 en el primer tiempo a
Colombia, lo que pasó en este debate es tan extraño e inexplicable como lo que
ocurrió en el segundo tiempo de ese encuentro. Después de escucharlo, los casi
30 años de progreso y crecimiento no existían. Se esfumaron. Parecía que Chile
fuera víctima de una aguda crisis institucional, económica y política. La
mayoría de los candidatos sugerían una especie de sueño sesentero. Con ese
diagnóstico y esas propuestas, apuesto a que en pocos años nuevamente empatamos
con Colombia.
Aunque algunos historiadores prefieren hablar
de nuestra “excepcionalidad”, el debate fue otro reflejo de nuestra
bipolaridad. Recuerdo que Sebastián Piñera, como joven político, solía decir
que Chile es un país de contrastes. Vaya que tenía razón. Esa inefable
dialéctica tesis/antítesis, para ponerlo en términos hegelianos, ha vuelto a
aflorar con fuerza. Al margen de criticar casi todo lo que se ha logrado en
este país, lo más curioso de estas elecciones es que en Chile recién se había
aprobado una Ley de primarias. Y uno de sus objetivos era, precisamente, que
llegaran pocos candidatos a la carrera final por la Presidencia. En otras
palabras, la nueva Ley gatillaría una competencia previa para que se limpiara
el naipe. Pero en vez de terminar con pocos candidatos compitiendo por la Presidencia,
terminamos con muchas cartas y un naipe desordenado. Una verdadera chiflota.
Ciertamente, a los ojos de cualquier observador imparcial, llegar con nueve
candidatos después de unas primarias es, a lo menos, peculiar. Para los más
optimistas, sólo sería otra evidencia de la excepcionalidad chilena.
Pero este publicitado debate, que fue
ampliamente promocionado, contó con sólo ocho candidatos. Bachelet se excusó de
este largo y a ratos soporífero debate. Ni siquiera dijo “paso”. Simplemente
arguyó que tenía otros compromisos. Imagino las disquisiciones de los
organizadores del debate para repartir las ocho fotos en el aviso publicitario
(tres candidatos en una primera fila, dos en la segunda, y tres en la tercera).
Y si hubieran estado los nueve candidatos, ¿con quién colocamos a Bachelet? ¿No
se sentirá Roxana Miranda si la dejamos al final? ¿No será mejor usar el mismo
orden los números del sorteo del Servel? Ahora bien, por suerte eran ocho. Así
resultaba más fácil sentar en el estudio a cuatro a cada lado. Se imagina si
hubiera ido Bachelet. ¿A quién dejamos al medio? ¿A Bachelet? ¿A Matthei? Las
redes hubieran entrado en ebullición. Sería percibido como un atentado contra
nuestra democracia. Un insulto a la igualdad de oportunidades para aquellos
candidatos a la Presidencia sin opción alguna.
Y respecto a los candidatos que nadie sabe por
qué y para qué están ahí, tuvieron su minuto de gloria. Llegaron bien
preparados ante un formato que les resultaba cómodo y prometedor. En el menú
hubo ofertones que incluían condonaciones de deudas millonarias. Incluso
amenazas de cárcel. Ante tanta verborrea, he llegado a especular que el pago Estatal
por voto puede generar algún incentivo perverso. Aunque probablemente muchos
candidatos queden endeudados —me han dicho que finalmente eso es lo que
ocurre—, me acosa ese genio maligno de la metafísica cartesiana. A $686 por
voto, quién sabe.
Nada de raro que Bachelet nuevamente haya
pasado. No tenía nada que ganar en un debate como ése. Sólo podía pasar algún
mal rato. Era innecesario e inconveniente arriesgar su capital político. En
cambio Matthei, como es galla, fue a la pelea. Hay que reconocer que Matthei ha
enfrentado el desafío de la candidatura oficialista con mucha fortaleza y
determinación. Pese a todo, y casi contra todo, sigue batallando con el ánimo y
la resiliencia que son propias de una política avezada. No olvidemos que lidera
un sector que es un caldo de egos y rencillas. La apoyan dos partidos que, para
ponerlo en términos políticamente correctos, tienen algunas “historias de
desencuentros”. Y por si fuera poco, la derecha está plagada de patrones de
fundo, dueños de la verdad que dictan cátedra desde una cómoda casa a orillas
del mar. En cierto sentido, Matthei ha mostrado esa misma fuerza y
perseverancia que caracterizan a Piñera. Tolerar o, mejor dicho, soportar a la
tribu no debe ser nada de fácil.
Peras al olmo,
por Joaquín Fermandois.
Al discutirse el Estatuto de Garantías en
octubre de 1970, el Senador DC Benjamín Prado, justificando por qué había que
votar por Allende como primera mayoría aunque negociando garantías Constitucionales,
afirmó que no hacerlo era como haberles dicho que “ustedes tienen derecho a
participar en las elecciones, pero no a ganar”. El temor no confesado —pero
aludido— de Prado era que por medio de la Ley se construyera un edificio no
democrático.
Negociar garantías mostraba la comprensible
desconfianza de que la transformación Legal pudiera muy bien instaurar de hecho
una “democracia popular”, uno de los tantos eufemismos del siglo XX para las
dictaduras totalitarias. Los movimientos revolucionarios utilizan con
frecuencia medios Legales en la prosecución de sus finalidades. Se trata de un
empleo instrumental y limitado a una consideración pragmática, no porque tengan
fe en su bondad en sí misma. Hasta Lenin —dechado de dictador— apeló a este
recurso.
Cuando han colocado la democracia como meta es
porque han dejado de ser revolucionarios. Esto se ha dado en la historia de los
dos últimos siglos en la pugna en el interior del socialismo entre reforma y
revolución. Esta última, pletórica de epopeya y de sensación emancipadora en el
momento inaugural, si persiste en su meta, se transforma ineluctablemente en
despotismo antidemocrático.
En cambio, la puja política, al acostumbrar a
las fuerzas revolucionarias al trabajo en una sociedad abierta y democrática,
no es extraño que vincule su norte por la igualdad (en el caso del socialismo)
a la apreciación del pluralismo político. Se produce también porque se
presiente que en el triunfo absoluto, amén de incierto y arma de doble filo, se
pueden traicionar algunos de los ideales más acariciados, como en efecto
sucede. Se trata de una evolución que toma su tiempo. El caso paradigmático fue
el socialismo alemán. Inspirado por Marx y en un momento liderado por el mismo
Engels, llegó a ser parte del sistema y fue el más firme puntal frente a los
intentos de repetir la experiencia bolchevique. De los partidos democráticos,
fue el más valeroso ante el nazismo y sabemos de su papel como cofundador de
Alemania Federal a partir de 1945. ¿Hay una analogía en Chile?
No entre los 1950 y los 1970. La izquierda
chilena cerró filas en torno a un marxismo revolucionario. Una parte significativa
de ella podía desarrollar un comportamiento democrático mientras estaba en la
oposición. Una vez en el Gobierno, no podía hacer sino lo que auténticamente
creía, esto es, avanzar hacia un modelo de “socialismo real”. Jamás dijo otra
cosa. No estaba preparada para cultivar un jardín delicado como es la república
democrática, donde no debiera haber un triunfo que se parezca a un juego de
suma cero: lo que gana uno lo pierde el otro. Para colmo, hacia 1970 una parte
de la izquierda estaba que rompía las huinchas por iniciar la lucha armada, y
de hecho algunos la comenzaron, aunque la suspendieron por intervención de
Castro.
La raíz central de la tragedia chilena
consistía en que gran parte de la izquierda marxista sabía operar Legalmente y
hasta con fecundidad mientras estaba en la oposición. Si llegaba a ser Gobierno,
todavía no estaba preparada psicológicamente para abandonar su meta
revolucionaria, un principio moral y organizativo irrenunciable. La crisis del
orden democrático vendría por la consolidación revolucionaria o por una
oposición que desencadenaba otra crisis como medio de supervivencia. En
realidad, no se le puede exigir cualquier cosa a la democracia. Por ello, el
“nunca más golpe” solo será efectivo si se le añade un “nunca más pedirle peras
al olmo”.
Profundizar
el plan Frontera Norte.
A dos años del lanzamiento del plan Frontera
Norte hay resultados auspiciosos que justifican el incremento presupuestario
propuesto para el año próximo y, desde ya, planear su profundización para los
siguientes. Previamente, por casi dos décadas prevaleció el descontrol
fronterizo en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El
contrabando de vehículos y tráfico de drogas florecía en esa zona. Se llegó al
extremo del ingreso inadvertido al territorio nacional de un elevado
contingente de soldados peruanos y, repetidamente, de militares bolivianos; fueron
considerables los riesgos de que se declarara al puerto de Arica como inseguro
para el comercio internacional, por servir como la principal plataforma de
embarques de cocaína al resto del mundo y, finalmente, había condiciones para
la reinstalación de carteles de narcotraficantes, como había ocurrido en los
años previos al Gobierno militar, cuando se constituyeron en Arica los primeros
carteles de cocaína en Latinoamérica.
La iniciativa del actual Gobierno de impulsar
el plan Frontera Norte revirtió la situación, aunque surgen nuevos peligros por
el significativo incremento de las plantaciones de coca en Perú y Bolivia, que
desplazaron a Colombia entre los principales productores de coca del mundo.
En dos años de funcionamiento del programa
fronterizo, se superaron las polémicas denuncias por sobreprecios de equipos
necesarios para su puesta en marcha; el decomiso de droga más que se duplicó;
se recuperó un número importante de vehículos contrabandeados; aumentó
discretamente la presencia policial en la zona limítrofe y se incrementó la
detención por ingreso ilegal de extranjeros, muchos de ellos narcotraficantes y
con prontuarios criminales por otros graves delitos. Con todo, hay tareas
pendientes, como densificar la demarcación limítrofe, aumentando los hitos:
para cerca de 800 kilómetros de frontera con Bolivia se cuenta con apenas 145
hitos. En cuanto a pasos no habilitados y con escasa vigilancia, son 106 con
Bolivia y 30 con Perú, en los cuales se ha comprobado ingreso clandestino de
personas y droga. Se sabe que, por estas carencias, actividades mineras y
transportistas chilenos han debido adoptar sus propias medidas de seguridad. A
ello se agrega la necesidad de incrementar los patrullajes, dotaciones
policiales y medidas de control, por la automarginación de Bolivia de la
cooperación vecinal e internacional en esta materia.
De los resultados alcanzados se podría colegir
una razonable cooperación interagencial entre policías, servicios aduaneros,
migratorios y sanitarios. Auditar tales actuaciones conjuntas y revisar los
protocolos para su eficacia es una tarea necesaria. No debe omitirse que hace
algún tiempo se observó una grave descoordinación entre la policía y el
Ministerio del Interior, que terminó con la liberación de varias decenas de inmigrantes
ilegales, algunos con prontuarios criminales. A la vez, manteniendo la
responsabilidad exclusiva de las policías en el control inmediato de la
frontera, cabría revisar el aporte que pueden prestar las Fuerzas Armadas en
estos cometidos. Ellas cuentan con tecnologías y medios capaces de proporcionar
información e inteligencia valiosa para esos propósitos.
El cumplimiento por el Gobierno de su promesa
de asegurar las fronteras no solo se debe limitar a exhibir los positivos
logros alcanzados: requiere, además, medidas complementarias y evaluaciones
permanentes para perfeccionarlo y para extenderlo en el tiempo y en el resto de
la frontera.
Liceos de
excelencia.
Hace unos días, asesores de Educación de la
Nueva Mayoría plantearon su intención de terminar con la política de liceos de
excelencia —llamados Bicentenario— que implementó el actual Gobierno y que
apunta a una red de 60 establecimientos repartidos en todo Chile. Se trata de
liceos que tienen altas metas académicas: estar en el 10% mejor evaluado en
Simce entre los colegios subvencionados y en el 5% más alto del país, de la
PSU.
Según los críticos, el éxito de estos liceos
respondería, más que al esfuerzo y buenas prácticas, a una férrea selección de
los mejores estudiantes. Además, han argumentado otros académicos, los liceos
de excelencia no son un “faro” para los restantes establecimientos, porque no
transmiten sus innovaciones pedagógicas o de gestión hacia ellos. También se
les critica el factor segregación, ya que al ser seleccionados los alumnos por
nivel académico, se aísla a los mejores alumnos en estos lugares privilegiados.
Efectivamente, los liceos emblemáticos no son
la solución para la calidad de la educación en Chile. Las mejoras en calidad
que involucren a todos los alumnos se darán con cambios a la carrera docente,
incentivando a los buenos profesores a ejercer en los sectores más vulnerables,
y con la nueva institucionalidad de Superintendencia y Agencia de Calidad.
Sin embargo, los Liceos Bicentenario
representan un aporte en el camino de la calidad que es largo y que
probablemente involucrará décadas de esfuerzo para nivelar hacia arriba a todos
los estudiantes de la educación pública. Mientras más establecimientos se vayan
sumando a este desafío, como los mencionados, habrá más niños y niñas
beneficiados. En la actualidad, son 38 mil familias orgullosas de que sus hijos
estén en estos liceos de alto rendimiento. Terminar con esta política —aunque
los establecimientos sigan funcionando— podría ser duro para estas familias y
otras que aspiran a la excelencia académica para sus hijos y que no pueden
acceder a colegios particulares.
Ello no significa que el Estado desatienda al
resto de los liceos, sino sumar cada vez más establecimientos a esa condición,
y utilizar la experiencia adquirida con estos liceos y con los históricamente
considerados de excelencia, como el Instituto Nacional, como ejemplo, apuntando
a mejorar las falencias de nuestro sistema escolar de manera que con el tiempo
tengamos sólo liceos de buen nivel para todos los niños chilenos.
Sería deseable que exista un debate profundo
sobre el futuro fortalecimiento de la calidad de la educación pública, dado que
todas las candidaturas Presidenciales han manifestado su interés en ello. Lo
negativo sería que se antepongan consideraciones ideológicas a los necesarios
estudios que requiere este tema.
Tren a
Melipilla.
El Ministerio de Transportes espera licitar a
fines de este año la ingeniería de detalle del proyecto de un tren de
acercamiento Melipilla-Santiago. Inicialmente se intentó como una obra
concesionada, pero será ahora construido con recursos de EFE. Para conseguir el
estándar de calidad deseado, se requieren cierres perimetrales, pasos bajo
nivel y peatonales, y líneas adicionales en el trayecto, para no interferir con
la carga al puerto de San Antonio. Se prevé comprar 22 trenes modernos, con
aire acondicionado, que puedan realizar el trayecto en 45 minutos. Si todo
resulta como está planeado, las operaciones comenzarían a principios de 2017.
El proyecto es atractivo, pues una
característica de las metrópolis de países desarrollados (a lo que Santiago se
está acercando) es la existencia de trenes suburbanos para que habitantes de
ciudades o pueblos de su periferia tengan acceso diario cómodo y rápido al
trabajo en la gran urbe, sin causar congestión. Si se consideran además los
proyectos de Metrotrén a Rancagua, y el que se planea para Lampa y Batuco,
Santiago comienza a adquirir esta condición de una metrópolis. Y no es la única
ciudad con este servicio: Valparaíso ya dispone de Merval, que es de hecho un
tren suburbano. También hay un ambicioso proyecto de ferrocarril suburbano
entre Concepción y Coronel. Son proyectos de alto costo, pero los beneficios
para las grandes ciudades y su entorno son muy valiosos.
El tren a Melipilla tiene varios aspectos
interesantes, además de acortar el tiempo de viaje en 45%. Es una alianza entre
el Metro y EFE, en la que el primero aporta 110 millones de dólares y la
segunda el resto, hasta completar los estimados 590 millones del proyecto. En
su primera parte, desde Estación Central hasta la ciudad satélite de Maipú,
formaría parte del sistema Metro: usaría la misma tarjeta de pago y tendría un
tren cada cuatro minutos. El acceso desde la ciudad satélite y otras
localidades de Maipú a Santiago mejoraría sustancialmente, porque la nueva
Línea 6 dispondría de una estación adicional que se conectaría con este
Metrotrén.
El proyecto tiene un alto costo (los recursos
provendrán de fondos aprobados para el Transantiago). En su primera parte,
dicho costo es muy razonable, pues el Metro aportaría los 110 millones de
dólares ya señalados para conseguir, según estimaciones, unos 20 millones de
pasajeros anuales, lo que es menor que la inversión por pasajero anual de otros
proyectos de esa empresa. Los otros 480 millones mejorarían la calidad de vida
de unos 7 a 8 millones de pasajeros anuales que viajan desde Melipilla y otras
localidades más allá de la Ciudad Satélite, lo que representa un alto costo por
pasajero. Pese a ello, en su conjunto está en consonancia con los costos de
inversión por pasajero de los proyectos de una nueva línea del Metro (lo que
podría ser un criterio para evaluar si el proyecto es o no un “elefante
blanco”.)
Quienes critican el actual modelo de desarrollo
deberían notar que el crecimiento económico derivado de él es lo que permite
disponer de recursos para semejantes obras, que mejoran la calidad de vida de
millones de ciudadanos.
Adopciones:
oportuna reforma integral.
El Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto
de Ley sobre “reforma integral” al sistema de adopción en Chile. Una de sus
principales motivaciones radica en que los procedimientos previos a la adopción
se dilatan excesivamente bajo la actual regulación. Por ejemplo, el tiempo
promedio de permanencia en la red del Sename de niñas, niños y adolescentes que
luego egresan con fines de adopción supera hoy día los dos años. Esto se debe,
entre otras razones, a las dificultades que existen para acreditar las causales
de susceptibilidad de adopción en la etapa previa a la adopción propiamente
tal. Durante 2012, el tiempo promedio de tramitación de las causas de
susceptibilidad de adopción fue de 8 meses y 26 días, y el 20% de las causas
superó largamente el año.
En este contexto, es especialmente valioso el
conjunto de dispositivos que contiene el proyecto para reducir al mínimo
posible la “institucionalización”, es decir, el tiempo que el menor pasa
internado o bajo el cuidado de establecimientos o entidades distintas de una
familia. Entre ellos se cuenta precisamente la modernización de las causales y
el procedimiento de adoptabilidad. El proyecto crea nuevas causales, más claras
y adaptadas a la realidad actual, como la circunstancia de que un niño haya
estado internado en una institución por un período superior a seis meses sin
causa justificada, el maltrato o el consumo problemático de drogas de los
progenitores.
También se eleva el estándar de la oposición
que los progenitores o ciertos parientes pueden deducir en el procedimiento,
exigiendo que se señalen alternativas viables y concretas para que el menor
egrese en el corto plazo de la institución a la que tuvo que encomendarse su
cuidado o custodia. En esa misma línea, se flexibiliza el orden de prelación de
los candidatos a adoptar según lo exija el interés superior del niño, se
regulan los efectos de la sentencia de adoptabilidad, se complementa el régimen
de la adopción internacional y se clarifica o regula una serie de aspectos
considerados deficitarios a la luz de la experiencia acumulada durante 14 años
de vigencia del régimen actual.
En concordancia con los instrumentos
internacionales pertinentes, este proyecto concibe la adopción como una
“restitución de derechos”, es decir, como un acto de Justicia hacia el menor
que, por diversas razones, no cuenta con una familia en la cual crecer y
desarrollarse. Esta perspectiva es interesante, aunque puede constituir un
ejemplo más de la inflacionaria presencia de la organización Estatal como
garante de prestaciones concretas, pues todo sugiere que el deudor obligado a
la “restitución” del derecho a la familia es el Estado. Considerando la
situación presente de las instituciones encargadas de la custodia de los
menores por cuenta del Estado, el fracaso o la dilación de la adopción pueden
ser causa de perjuicios materiales y morales de gran consideración, de los
cuales el mismo Estado sería responsable por partida doble.
También llama la atención que en el proyecto se
suprima la posibilidad de iniciar el procedimiento de entrega voluntaria de un
niño en adopción antes del nacimiento de ese niño, alternativa que la Ley
actual permite. Aunque puedan existir razones para proponer este cambio, en
esta parte el proyecto parece insensible al hecho de que la adopción es una
forma probada de abrir perspectivas a una madre que pasa por una situación
extrema, y que esta apertura en no pocos casos permite salvar la vida del niño
o niña que está por nacer.
En todo caso y prescindiendo de algunos
aspectos de fondo que ni siquiera sería necesario definir en la reforma para
lograr los objetivos más necesarios y urgentes, este proyecto parece ser un
avance en el camino de la “desinstitucionalización”, y es de esperar que el
debate en el Congreso refuerce precisamente esta orientación.
La salud de
los Presidentes es de interés público.
La enfermedad que ha aquejado a la Jefe de
Estado argentina, Cristina Fernández, obliga a plantearse el tema acerca de la
salud de los Mandatarios y la manera en que ésta es informada. Dado que los Presidentes
son figuras públicas con amplias atribuciones institucionales, la información
sobre su condición médica no puede ser considerada un asunto estrictamente
privado, por lo que es necesario estudiar las maneras de mantener a la
ciudadanía al tanto de la misma.
El secretismo con el que la Casa Rosada abordó
inicialmente la dolencia que afectó a Cristina Fernández dejó en la
incertidumbre a los argentinos, quienes por varios días no supieron cuál era la
situación por la que atravesaba la Presidente, afectada por un hematoma craneal
producto de una caída sufrida en agosto, lo cual obligó a someterla a una
cirugía de la que se encuentra en recuperación, aunque deberá guardar reposo
absoluto durante un mes.
El sigilo en torno a la salud de los Presidentes
no es monopolio de los argentinos ni de esta época. En Estados Unidos, Woodrow
Wilson pasó la última etapa de su Gobierno (1913-1921) recluido tras sufrir un
ataque, mientras que Franklin Delano Roosevelt fue reelecto por tercera vez en
1944, pese a que estaba tan débil que murió al año siguiente, y John Kennedy
jamás reveló que padecía de una enfermedad para cuyo tratamiento consumía
esteroides. En Francia, Francois Mitterrand ocultó durante años que tenía
cáncer de próstata, dolencia que le quitó la vida a comienzos de 1996, sólo
meses después de dejar el poder. Más recientemente, el Gobierno venezolano no
informó durante la campaña Presidencial del año pasado sobre la real gravedad
del cáncer que padecía Hugo Chávez, producto del cual el Presidente falleció en
marzo pasado.
Estos y otros casos similares dejan de
manifiesto que la población tiene derecho a saber acerca de la salud de los Presidentes.
No se trata solamente de una cuestión de transparencia, sino también de un
asunto de seguridad nacional, pues las atribuciones institucionales de los Mandatarios
son extensas e incluyen funciones cruciales de la administración del aparato Estatal.
Es por ello que en algunas democracias la Legislación ordena que se haga
público un informe anual sobre la salud Presidencial.
En Chile, en cambio, no existe Legislación al
respecto. Sin embargo, sería de gran utilidad que se estableciera el hábito de
que La Moneda diera a conocer en forma periódica un diagnóstico validado por
médicos independientes sobre el estado de salud del Mandatario, y que este tipo
de información esté, asimismo, disponible acerca de todos quienes postulan a la
Presidencia de la República.
Uno de los costos que debe asumir toda figura
pública es que su espacio de privacidad se vea reducido, lo cual se aplica
también a los Presidentes. Dado que la posición que ocupan supone una elevada
exigencia, es crucial que la ciudadanía esté al tanto sobre su estado de salud,
para que decida teniendo a la vista este antecedente que puede resultar clave
en el ejercicio del cargo. No se trata de fijar inhabilidades a priori, pues
éstas deben ser establecidas, si cabe y en su momento, por el Congreso, sino de
contar con información relevante sobre la condición de la figura política más
importante del ordenamiento Constitucional.
Correspondencia
para meditar.
Señor Director:
Liceos
Bicentenario.
Uno de los ejes del proyecto educacional de la
candidata Michelle Bachelet contempla la eliminación de los Liceos
Bicentenario. Esta iniciativa es muy acorde con la política socialista: buscar
la igualdad nivelando hacia abajo.
Enrique González Ylabaca, Abogado.
Señor Director:
Desacato.
En octubre de 2011 un grupo de manifestantes
fue detenido y enjuiciado por irrumpir violentamente en una sesión del Senado
en Santiago. Se les imputó desacato, esto es, no respetar la Constitución y las
leyes
Pues bien, se ha informado la suspensión del
juicio a cambio de una medida alternativa. Esta consiste en que los imputados
dictarán charlas comunitarias acerca de la forma de modificar la Constitución
mediante una asamblea constituyente no prevista en ella. Es decir, cómo
modificarla sin acatarla.
Aunque parezca insólito, es así. Hay
situaciones que superan nuestra ya alicaída capacidad de asombro.
Diego Cortés González.
Pueblos bien
informados
difícilmente
son engañados.
