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miércoles, 16 de octubre de 2013

Temáticas para la discusión…






Nuestra “excepcionalidad”,
por Leónidas Montes.


Hace casi una semana se realizó el debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP). Fue algo sorprendente. Y a la vez, kafkiano. Así como ganamos 3-0 en el primer tiempo a Colombia, lo que pasó en este debate es tan extraño e inexplicable como lo que ocurrió en el segundo tiempo de ese encuentro. Después de escucharlo, los casi 30 años de progreso y crecimiento no existían. Se esfumaron. Parecía que Chile fuera víctima de una aguda crisis institucional, económica y política. La mayoría de los candidatos sugerían una especie de sueño sesentero. Con ese diagnóstico y esas propuestas, apuesto a que en pocos años nuevamente empatamos con Colombia.


Aunque algunos historiadores prefieren hablar de nuestra “excepcionalidad”, el debate fue otro reflejo de nuestra bipolaridad. Recuerdo que Sebastián Piñera, como joven político, solía decir que Chile es un país de contrastes. Vaya que tenía razón. Esa inefable dialéctica tesis/antítesis, para ponerlo en términos hegelianos, ha vuelto a aflorar con fuerza. Al margen de criticar casi todo lo que se ha logrado en este país, lo más curioso de estas elecciones es que en Chile recién se había aprobado una Ley de primarias. Y uno de sus objetivos era, precisamente, que llegaran pocos candidatos a la carrera final por la Presidencia. En otras palabras, la nueva Ley gatillaría una competencia previa para que se limpiara el naipe. Pero en vez de terminar con pocos candidatos compitiendo por la Presidencia, terminamos con muchas cartas y un naipe desordenado. Una verdadera chiflota. Ciertamente, a los ojos de cualquier observador imparcial, llegar con nueve candidatos después de unas primarias es, a lo menos, peculiar. Para los más optimistas, sólo sería otra evidencia de la excepcionalidad chilena.


Pero este publicitado debate, que fue ampliamente promocionado, contó con sólo ocho candidatos. Bachelet se excusó de este largo y a ratos soporífero debate. Ni siquiera dijo “paso”. Simplemente arguyó que tenía otros compromisos. Imagino las disquisiciones de los organizadores del debate para repartir las ocho fotos en el aviso publicitario (tres candidatos en una primera fila, dos en la segunda, y tres en la tercera). Y si hubieran estado los nueve candidatos, ¿con quién colocamos a Bachelet? ¿No se sentirá Roxana Miranda si la dejamos al final? ¿No será mejor usar el mismo orden los números del sorteo del Servel? Ahora bien, por suerte eran ocho. Así resultaba más fácil sentar en el estudio a cuatro a cada lado. Se imagina si hubiera ido Bachelet. ¿A quién dejamos al medio? ¿A Bachelet? ¿A Matthei? Las redes hubieran entrado en ebullición. Sería percibido como un atentado contra nuestra democracia. Un insulto a la igualdad de oportunidades para aquellos candidatos a la Presidencia sin opción alguna.


Y respecto a los candidatos que nadie sabe por qué y para qué están ahí, tuvieron su minuto de gloria. Llegaron bien preparados ante un formato que les resultaba cómodo y prometedor. En el menú hubo ofertones que incluían condonaciones de deudas millonarias. Incluso amenazas de cárcel. Ante tanta verborrea, he llegado a especular que el pago Estatal por voto puede generar algún incentivo perverso. Aunque probablemente muchos candidatos queden endeudados —me han dicho que finalmente eso es lo que ocurre—, me acosa ese genio maligno de la metafísica cartesiana. A $686 por voto, quién sabe.


Nada de raro que Bachelet nuevamente haya pasado. No tenía nada que ganar en un debate como ése. Sólo podía pasar algún mal rato. Era innecesario e inconveniente arriesgar su capital político. En cambio Matthei, como es galla, fue a la pelea. Hay que reconocer que Matthei ha enfrentado el desafío de la candidatura oficialista con mucha fortaleza y determinación. Pese a todo, y casi contra todo, sigue batallando con el ánimo y la resiliencia que son propias de una política avezada. No olvidemos que lidera un sector que es un caldo de egos y rencillas. La apoyan dos partidos que, para ponerlo en términos políticamente correctos, tienen algunas “historias de desencuentros”. Y por si fuera poco, la derecha está plagada de patrones de fundo, dueños de la verdad que dictan cátedra desde una cómoda casa a orillas del mar. En cierto sentido, Matthei ha mostrado esa misma fuerza y perseverancia que caracterizan a Piñera. Tolerar o, mejor dicho, soportar a la tribu no debe ser nada de fácil.


Peras al olmo,
por Joaquín Fermandois.


Al discutirse el Estatuto de Garantías en octubre de 1970, el Senador DC Benjamín Prado, justificando por qué había que votar por Allende como primera mayoría aunque negociando garantías Constitucionales, afirmó que no hacerlo era como haberles dicho que “ustedes tienen derecho a participar en las elecciones, pero no a ganar”. El temor no confesado —pero aludido— de Prado era que por medio de la Ley se construyera un edificio no democrático.


Negociar garantías mostraba la comprensible desconfianza de que la transformación Legal pudiera muy bien instaurar de hecho una “democracia popular”, uno de los tantos eufemismos del siglo XX para las dictaduras totalitarias. Los movimientos revolucionarios utilizan con frecuencia medios Legales en la prosecución de sus finalidades. Se trata de un empleo instrumental y limitado a una consideración pragmática, no porque tengan fe en su bondad en sí misma. Hasta Lenin —dechado de dictador— apeló a este recurso.


Cuando han colocado la democracia como meta es porque han dejado de ser revolucionarios. Esto se ha dado en la historia de los dos últimos siglos en la pugna en el interior del socialismo entre reforma y revolución. Esta última, pletórica de epopeya y de sensación emancipadora en el momento inaugural, si persiste en su meta, se transforma ineluctablemente en despotismo antidemocrático.


En cambio, la puja política, al acostumbrar a las fuerzas revolucionarias al trabajo en una sociedad abierta y democrática, no es extraño que vincule su norte por la igualdad (en el caso del socialismo) a la apreciación del pluralismo político. Se produce también porque se presiente que en el triunfo absoluto, amén de incierto y arma de doble filo, se pueden traicionar algunos de los ideales más acariciados, como en efecto sucede. Se trata de una evolución que toma su tiempo. El caso paradigmático fue el socialismo alemán. Inspirado por Marx y en un momento liderado por el mismo Engels, llegó a ser parte del sistema y fue el más firme puntal frente a los intentos de repetir la experiencia bolchevique. De los partidos democráticos, fue el más valeroso ante el nazismo y sabemos de su papel como cofundador de Alemania Federal a partir de 1945. ¿Hay una analogía en Chile?


No entre los 1950 y los 1970. La izquierda chilena cerró filas en torno a un marxismo revolucionario. Una parte significativa de ella podía desarrollar un comportamiento democrático mientras estaba en la oposición. Una vez en el Gobierno, no podía hacer sino lo que auténticamente creía, esto es, avanzar hacia un modelo de “socialismo real”. Jamás dijo otra cosa. No estaba preparada para cultivar un jardín delicado como es la república democrática, donde no debiera haber un triunfo que se parezca a un juego de suma cero: lo que gana uno lo pierde el otro. Para colmo, hacia 1970 una parte de la izquierda estaba que rompía las huinchas por iniciar la lucha armada, y de hecho algunos la comenzaron, aunque la suspendieron por intervención de Castro.


La raíz central de la tragedia chilena consistía en que gran parte de la izquierda marxista sabía operar Legalmente y hasta con fecundidad mientras estaba en la oposición. Si llegaba a ser Gobierno, todavía no estaba preparada psicológicamente para abandonar su meta revolucionaria, un principio moral y organizativo irrenunciable. La crisis del orden democrático vendría por la consolidación revolucionaria o por una oposición que desencadenaba otra crisis como medio de supervivencia. En realidad, no se le puede exigir cualquier cosa a la democracia. Por ello, el “nunca más golpe” solo será efectivo si se le añade un “nunca más pedirle peras al olmo”.


Profundizar el plan Frontera Norte.


A dos años del lanzamiento del plan Frontera Norte hay resultados auspiciosos que justifican el incremento presupuestario propuesto para el año próximo y, desde ya, planear su profundización para los siguientes. Previamente, por casi dos décadas prevaleció el descontrol fronterizo en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El contrabando de vehículos y tráfico de drogas florecía en esa zona. Se llegó al extremo del ingreso inadvertido al territorio nacional de un elevado contingente de soldados peruanos y, repetidamente, de militares bolivianos; fueron considerables los riesgos de que se declarara al puerto de Arica como inseguro para el comercio internacional, por servir como la principal plataforma de embarques de cocaína al resto del mundo y, finalmente, había condiciones para la reinstalación de carteles de narcotraficantes, como había ocurrido en los años previos al Gobierno militar, cuando se constituyeron en Arica los primeros carteles de cocaína en Latinoamérica.


La iniciativa del actual Gobierno de impulsar el plan Frontera Norte revirtió la situación, aunque surgen nuevos peligros por el significativo incremento de las plantaciones de coca en Perú y Bolivia, que desplazaron a Colombia entre los principales productores de coca del mundo.


En dos años de funcionamiento del programa fronterizo, se superaron las polémicas denuncias por sobreprecios de equipos necesarios para su puesta en marcha; el decomiso de droga más que se duplicó; se recuperó un número importante de vehículos contrabandeados; aumentó discretamente la presencia policial en la zona limítrofe y se incrementó la detención por ingreso ilegal de extranjeros, muchos de ellos narcotraficantes y con prontuarios criminales por otros graves delitos. Con todo, hay tareas pendientes, como densificar la demarcación limítrofe, aumentando los hitos: para cerca de 800 kilómetros de frontera con Bolivia se cuenta con apenas 145 hitos. En cuanto a pasos no habilitados y con escasa vigilancia, son 106 con Bolivia y 30 con Perú, en los cuales se ha comprobado ingreso clandestino de personas y droga. Se sabe que, por estas carencias, actividades mineras y transportistas chilenos han debido adoptar sus propias medidas de seguridad. A ello se agrega la necesidad de incrementar los patrullajes, dotaciones policiales y medidas de control, por la automarginación de Bolivia de la cooperación vecinal e internacional en esta materia.


De los resultados alcanzados se podría colegir una razonable cooperación interagencial entre policías, servicios aduaneros, migratorios y sanitarios. Auditar tales actuaciones conjuntas y revisar los protocolos para su eficacia es una tarea necesaria. No debe omitirse que hace algún tiempo se observó una grave descoordinación entre la policía y el Ministerio del Interior, que terminó con la liberación de varias decenas de inmigrantes ilegales, algunos con prontuarios criminales. A la vez, manteniendo la responsabilidad exclusiva de las policías en el control inmediato de la frontera, cabría revisar el aporte que pueden prestar las Fuerzas Armadas en estos cometidos. Ellas cuentan con tecnologías y medios capaces de proporcionar información e inteligencia valiosa para esos propósitos.


El cumplimiento por el Gobierno de su promesa de asegurar las fronteras no solo se debe limitar a exhibir los positivos logros alcanzados: requiere, además, medidas complementarias y evaluaciones permanentes para perfeccionarlo y para extenderlo en el tiempo y en el resto de la frontera.


Liceos de excelencia.


Hace unos días, asesores de Educación de la Nueva Mayoría plantearon su intención de terminar con la política de liceos de excelencia —llamados Bicentenario— que implementó el actual Gobierno y que apunta a una red de 60 establecimientos repartidos en todo Chile. Se trata de liceos que tienen altas metas académicas: estar en el 10% mejor evaluado en Simce entre los colegios subvencionados y en el 5% más alto del país, de la PSU.


Según los críticos, el éxito de estos liceos respondería, más que al esfuerzo y buenas prácticas, a una férrea selección de los mejores estudiantes. Además, han argumentado otros académicos, los liceos de excelencia no son un “faro” para los restantes establecimientos, porque no transmiten sus innovaciones pedagógicas o de gestión hacia ellos. También se les critica el factor segregación, ya que al ser seleccionados los alumnos por nivel académico, se aísla a los mejores alumnos en estos lugares privilegiados.


Efectivamente, los liceos emblemáticos no son la solución para la calidad de la educación en Chile. Las mejoras en calidad que involucren a todos los alumnos se darán con cambios a la carrera docente, incentivando a los buenos profesores a ejercer en los sectores más vulnerables, y con la nueva institucionalidad de Superintendencia y Agencia de Calidad.


Sin embargo, los Liceos Bicentenario representan un aporte en el camino de la calidad que es largo y que probablemente involucrará décadas de esfuerzo para nivelar hacia arriba a todos los estudiantes de la educación pública. Mientras más establecimientos se vayan sumando a este desafío, como los mencionados, habrá más niños y niñas beneficiados. En la actualidad, son 38 mil familias orgullosas de que sus hijos estén en estos liceos de alto rendimiento. Terminar con esta política —aunque los establecimientos sigan funcionando— podría ser duro para estas familias y otras que aspiran a la excelencia académica para sus hijos y que no pueden acceder a colegios particulares.


Ello no significa que el Estado desatienda al resto de los liceos, sino sumar cada vez más establecimientos a esa condición, y utilizar la experiencia adquirida con estos liceos y con los históricamente considerados de excelencia, como el Instituto Nacional, como ejemplo, apuntando a mejorar las falencias de nuestro sistema escolar de manera que con el tiempo tengamos sólo liceos de buen nivel para todos los niños chilenos.


Sería deseable que exista un debate profundo sobre el futuro fortalecimiento de la calidad de la educación pública, dado que todas las candidaturas Presidenciales han manifestado su interés en ello. Lo negativo sería que se antepongan consideraciones ideológicas a los necesarios estudios que requiere este tema.


Tren a Melipilla.


El Ministerio de Transportes espera licitar a fines de este año la ingeniería de detalle del proyecto de un tren de acercamiento Melipilla-Santiago. Inicialmente se intentó como una obra concesionada, pero será ahora construido con recursos de EFE. Para conseguir el estándar de calidad deseado, se requieren cierres perimetrales, pasos bajo nivel y peatonales, y líneas adicionales en el trayecto, para no interferir con la carga al puerto de San Antonio. Se prevé comprar 22 trenes modernos, con aire acondicionado, que puedan realizar el trayecto en 45 minutos. Si todo resulta como está planeado, las operaciones comenzarían a principios de 2017.


El proyecto es atractivo, pues una característica de las metrópolis de países desarrollados (a lo que Santiago se está acercando) es la existencia de trenes suburbanos para que habitantes de ciudades o pueblos de su periferia tengan acceso diario cómodo y rápido al trabajo en la gran urbe, sin causar congestión. Si se consideran además los proyectos de Metrotrén a Rancagua, y el que se planea para Lampa y Batuco, Santiago comienza a adquirir esta condición de una metrópolis. Y no es la única ciudad con este servicio: Valparaíso ya dispone de Merval, que es de hecho un tren suburbano. También hay un ambicioso proyecto de ferrocarril suburbano entre Concepción y Coronel. Son proyectos de alto costo, pero los beneficios para las grandes ciudades y su entorno son muy valiosos.


El tren a Melipilla tiene varios aspectos interesantes, además de acortar el tiempo de viaje en 45%. Es una alianza entre el Metro y EFE, en la que el primero aporta 110 millones de dólares y la segunda el resto, hasta completar los estimados 590 millones del proyecto. En su primera parte, desde Estación Central hasta la ciudad satélite de Maipú, formaría parte del sistema Metro: usaría la misma tarjeta de pago y tendría un tren cada cuatro minutos. El acceso desde la ciudad satélite y otras localidades de Maipú a Santiago mejoraría sustancialmente, porque la nueva Línea 6 dispondría de una estación adicional que se conectaría con este Metrotrén.


El proyecto tiene un alto costo (los recursos provendrán de fondos aprobados para el Transantiago). En su primera parte, dicho costo es muy razonable, pues el Metro aportaría los 110 millones de dólares ya señalados para conseguir, según estimaciones, unos 20 millones de pasajeros anuales, lo que es menor que la inversión por pasajero anual de otros proyectos de esa empresa. Los otros 480 millones mejorarían la calidad de vida de unos 7 a 8 millones de pasajeros anuales que viajan desde Melipilla y otras localidades más allá de la Ciudad Satélite, lo que representa un alto costo por pasajero. Pese a ello, en su conjunto está en consonancia con los costos de inversión por pasajero de los proyectos de una nueva línea del Metro (lo que podría ser un criterio para evaluar si el proyecto es o no un “elefante blanco”.)


Quienes critican el actual modelo de desarrollo deberían notar que el crecimiento económico derivado de él es lo que permite disponer de recursos para semejantes obras, que mejoran la calidad de vida de millones de ciudadanos.


Adopciones: oportuna reforma integral.


El Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de Ley sobre “reforma integral” al sistema de adopción en Chile. Una de sus principales motivaciones radica en que los procedimientos previos a la adopción se dilatan excesivamente bajo la actual regulación. Por ejemplo, el tiempo promedio de permanencia en la red del Sename de niñas, niños y adolescentes que luego egresan con fines de adopción supera hoy día los dos años. Esto se debe, entre otras razones, a las dificultades que existen para acreditar las causales de susceptibilidad de adopción en la etapa previa a la adopción propiamente tal. Durante 2012, el tiempo promedio de tramitación de las causas de susceptibilidad de adopción fue de 8 meses y 26 días, y el 20% de las causas superó largamente el año.


En este contexto, es especialmente valioso el conjunto de dispositivos que contiene el proyecto para reducir al mínimo posible la “institucionalización”, es decir, el tiempo que el menor pasa internado o bajo el cuidado de establecimientos o entidades distintas de una familia. Entre ellos se cuenta precisamente la modernización de las causales y el procedimiento de adoptabilidad. El proyecto crea nuevas causales, más claras y adaptadas a la realidad actual, como la circunstancia de que un niño haya estado internado en una institución por un período superior a seis meses sin causa justificada, el maltrato o el consumo problemático de drogas de los progenitores.


También se eleva el estándar de la oposición que los progenitores o ciertos parientes pueden deducir en el procedimiento, exigiendo que se señalen alternativas viables y concretas para que el menor egrese en el corto plazo de la institución a la que tuvo que encomendarse su cuidado o custodia. En esa misma línea, se flexibiliza el orden de prelación de los candidatos a adoptar según lo exija el interés superior del niño, se regulan los efectos de la sentencia de adoptabilidad, se complementa el régimen de la adopción internacional y se clarifica o regula una serie de aspectos considerados deficitarios a la luz de la experiencia acumulada durante 14 años de vigencia del régimen actual.


En concordancia con los instrumentos internacionales pertinentes, este proyecto concibe la adopción como una “restitución de derechos”, es decir, como un acto de Justicia hacia el menor que, por diversas razones, no cuenta con una familia en la cual crecer y desarrollarse. Esta perspectiva es interesante, aunque puede constituir un ejemplo más de la inflacionaria presencia de la organización Estatal como garante de prestaciones concretas, pues todo sugiere que el deudor obligado a la “restitución” del derecho a la familia es el Estado. Considerando la situación presente de las instituciones encargadas de la custodia de los menores por cuenta del Estado, el fracaso o la dilación de la adopción pueden ser causa de perjuicios materiales y morales de gran consideración, de los cuales el mismo Estado sería responsable por partida doble.


También llama la atención que en el proyecto se suprima la posibilidad de iniciar el procedimiento de entrega voluntaria de un niño en adopción antes del nacimiento de ese niño, alternativa que la Ley actual permite. Aunque puedan existir razones para proponer este cambio, en esta parte el proyecto parece insensible al hecho de que la adopción es una forma probada de abrir perspectivas a una madre que pasa por una situación extrema, y que esta apertura en no pocos casos permite salvar la vida del niño o niña que está por nacer.


En todo caso y prescindiendo de algunos aspectos de fondo que ni siquiera sería necesario definir en la reforma para lograr los objetivos más necesarios y urgentes, este proyecto parece ser un avance en el camino de la “desinstitucionalización”, y es de esperar que el debate en el Congreso refuerce precisamente esta orientación.


La salud de los Presidentes es de interés público.


La enfermedad que ha aquejado a la Jefe de Estado argentina, Cristina Fernández, obliga a plantearse el tema acerca de la salud de los Mandatarios y la manera en que ésta es informada. Dado que los Presidentes son figuras públicas con amplias atribuciones institucionales, la información sobre su condición médica no puede ser considerada un asunto estrictamente privado, por lo que es necesario estudiar las maneras de mantener a la ciudadanía al tanto de la misma.


El secretismo con el que la Casa Rosada abordó inicialmente la dolencia que afectó a Cristina Fernández dejó en la incertidumbre a los argentinos, quienes por varios días no supieron cuál era la situación por la que atravesaba la Presidente, afectada por un hematoma craneal producto de una caída sufrida en agosto, lo cual obligó a someterla a una cirugía de la que se encuentra en recuperación, aunque deberá guardar reposo absoluto durante un mes.


El sigilo en torno a la salud de los Presidentes no es monopolio de los argentinos ni de esta época. En Estados Unidos, Woodrow Wilson pasó la última etapa de su Gobierno (1913-1921) recluido tras sufrir un ataque, mientras que Franklin Delano Roosevelt fue reelecto por tercera vez en 1944, pese a que estaba tan débil que murió al año siguiente, y John Kennedy jamás reveló que padecía de una enfermedad para cuyo tratamiento consumía esteroides. En Francia, Francois Mitterrand ocultó durante años que tenía cáncer de próstata, dolencia que le quitó la vida a comienzos de 1996, sólo meses después de dejar el poder. Más recientemente, el Gobierno venezolano no informó durante la campaña Presidencial del año pasado sobre la real gravedad del cáncer que padecía Hugo Chávez, producto del cual el Presidente falleció en marzo pasado.


Estos y otros casos similares dejan de manifiesto que la población tiene derecho a saber acerca de la salud de los Presidentes. No se trata solamente de una cuestión de transparencia, sino también de un asunto de seguridad nacional, pues las atribuciones institucionales de los Mandatarios son extensas e incluyen funciones cruciales de la administración del aparato Estatal. Es por ello que en algunas democracias la Legislación ordena que se haga público un informe anual sobre la salud Presidencial.


En Chile, en cambio, no existe Legislación al respecto. Sin embargo, sería de gran utilidad que se estableciera el hábito de que La Moneda diera a conocer en forma periódica un diagnóstico validado por médicos independientes sobre el estado de salud del Mandatario, y que este tipo de información esté, asimismo, disponible acerca de todos quienes postulan a la Presidencia de la República.


Uno de los costos que debe asumir toda figura pública es que su espacio de privacidad se vea reducido, lo cual se aplica también a los Presidentes. Dado que la posición que ocupan supone una elevada exigencia, es crucial que la ciudadanía esté al tanto sobre su estado de salud, para que decida teniendo a la vista este antecedente que puede resultar clave en el ejercicio del cargo. No se trata de fijar inhabilidades a priori, pues éstas deben ser establecidas, si cabe y en su momento, por el Congreso, sino de contar con información relevante sobre la condición de la figura política más importante del ordenamiento Constitucional.


Correspondencia para meditar.


Señor Director:


Liceos Bicentenario.


Uno de los ejes del proyecto educacional de la candidata Michelle Bachelet contempla la eliminación de los Liceos Bicentenario. Esta iniciativa es muy acorde con la política socialista: buscar la igualdad nivelando hacia abajo.


Enrique González Ylabaca, Abogado.


Señor Director:

Desacato.


En octubre de 2011 un grupo de manifestantes fue detenido y enjuiciado por irrumpir violentamente en una sesión del Senado en Santiago. Se les imputó desacato, esto es, no respetar la Constitución y las leyes


Pues bien, se ha informado la suspensión del juicio a cambio de una medida alternativa. Esta consiste en que los imputados dictarán charlas comunitarias acerca de la forma de modificar la Constitución mediante una asamblea constituyente no prevista en ella. Es decir, cómo modificarla sin acatarla.


Aunque parezca insólito, es así. Hay situaciones que superan nuestra ya alicaída capacidad de asombro.


Diego Cortés González.


Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.

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Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

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Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

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Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
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Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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