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Los que se pueden ir del Gobierno

por Gonzalo Rojas Sánchez.

Muchos en la derecha esperan a un mesías, más allá de 2014. Buscan y rebuscan entre sus figuras más conocidas, pero llegan a una triste conclusión: no existe. Por cierto que los liderazgos personales son valiosos, imprescindibles, pero el proceso por el que se gestan no depende de los deseos de unos electores ansiosos, sino más bien de la conformación de una generación de personas de entre las cuales dos, tres, o cuatro puedan ser descollantes y logren asumir esa conducción. O sea, hay que descubrir un grupo, una camada, y trabajarlo.

Al terminar el primer año del Gobierno Piñera, afirmamos que lo mejor de su administración era ese conjunto de muchos cientos -quizás miles- de jóvenes profesionales que habían acudido al Gobierno para servir a su país.

Cuando a Jaime Guzmán en 1972 lo convocaron la prensa y los gremios, la universidad y la política, tenía apenas 26 años. ¿Por qué no podrían surgir uno, dos o tres grandes liderazgos de entre la generación de servidores públicos que han estado actuando desde 2010 en los diversos escenarios?

Si Guzmán tenía por patrimonio su inquebrantable solidez moral e intelectual, carecía a su vez de experiencias de Gobierno. Por eso, quienes hoy llevan ya casi cuatro años doblando la espalda al servicio de los más débiles, bien podrían suplir con esa dedicación lo que les pueda faltar de excelencia personal.

Los jóvenes que se han desgañitado por hacer un buen Gobierno no deben abandonar sus tareas, si se frustrara el 50% de posibilidades que tienen de continuar con Evelyn Matthei. Son portadores de dos experiencias que no deben ser privatizadas: saben cómo se atornilla al revés en la administración pública; es decir, hasta qué punto los concertacionistas y comunistas obligan a sus gentes a trabajar en contra del bien común con tal de recuperar las estructuras y las platas del poder. Y, en segundo lugar, conocen las poderosas maquinarias de Bachelet y Teillier en todos los ámbitos: han tenido que enfrentar a ese activismo que se opone a toda iniciativa que haga a las personas más libres, menos borregos del Estado. Ellos se la han sufrido, en terreno. Pregúnteles lo duro que ha sido.

Por cierto, la perspectiva de algunos -en caso de ser derrotada su candidatura- es privatizarse. Pero algo les dice, por allá dentro, que ni es justo ni lo van a lograr. No es justo, porque ya tienen unas experiencias de servicio público a las que muchos hemos aportado y de las que deben seguir respondiendo: se metieron en esto, ahora no arruguen. Y si se fueran a la vida privada, qué pena, porque van a comprobar que, tal como viene la mano, lo privado se va a esfumar.

Lo que se espera de esos jóvenes profesionales, entonces, es que si dejan el Gobierno, sea para integrarse a otros ámbitos de servicio, donde consoliden sus capacidades: colaboración con las ONG que sean de mayor afinidad con su actividad actual, reforzamiento de los partidos que los han promovido (y que los necesitarán más que nunca), incorporación a esas nuevas organizaciones políticas que vitalizarán su sector, dedicación a tareas municipales, etc.

Algunos, unos pocos, son ya candidatos al Congreso: por ejemplo, los ex Intendentes de la Cuarta y de la Octava, los ex Gobernadores de Limarí y de Talca, varios Seremis... Bien por ellos, pero eso no basta.

La nueva derecha, sea lo que sea, dependerá en gran medida de quienes hoy tienen menos de 40 años y una experiencia de Gobierno que desde los años 70 y los 80 nadie en su sector podía exhibir.

A ellos les corresponderá, por fin, configurar las dos grandes opciones de la derecha chilena futura: un gran partido humanizador y una alternativa liberal.

El regreso,

por Daniel Mansuy.

En muchos sentidos, la campaña Presidencial de Michelle Bachelet ha rozado la perfección. En efecto, ha sabido administrar su ventaja, sorteando los riesgos y las polémicas de bajo calibre. También ha manejado bien el difícil arte de la ambigüedad: cuando ella habla, cada uno de sus partidarios escucha una cosa distinta. Además, ha evitado cualquier atisbo de pregunta incómoda, y eso le otorga una libertad de palabra inaudita en un candidato.

Pero la estrategia, si bien es efectiva, contiene más de una paradoja. Por un lado, al mismo tiempo que enarbola las banderas progresistas, la candidata sigue una estrategia ultraconservadora: Michelle Bachelet prefiere enterrar sus talentos a arriesgarlos en el juego democrático. Se comporta como capitalista que sólo busca acumular, porque no está dispuesta a invertir un gramo de popularidad, ni a cambio de kilos de contenido. Nada de esto debería sorprendernos; después de todo, durante buena parte de su Gobierno, la ex Presidente no estuvo dispuesta a exponer su popularidad en función de algún objetivo político (bastaría recordar su actitud vacilante luego del terremoto, o sus oscilaciones respecto del binominal). Es curioso, pero ella misma se convirtió en el fin de su acción, asumiendo un personalismo que responde a los códigos del espectáculo. Dicho de otro modo, se convirtió en celebridad y empezó a jugar otro juego, que de política tiene muy poco.

Uno puede preguntarse por las consecuencias de ese cambio. No se trata de negar la legítima búsqueda del poder, pero la política también debe nutrirse de otras dimensiones, sin las cuales el mismo poder se vuelve estéril. Se ha dicho, con razón, que la actitud de la candidata daña la calidad de nuestra deliberación pública. Pero el problema es más profundo: Michelle Bachelet no parece percibir que para conducir el proceso que se avecina va a necesitar dosis muy elevadas de política, y que la despolitización que tanto le acomoda hoy, la va a perjudicar mañana. Si queremos avanzar en reformas sustantivas, es hora de hacer política en serio y dejar atrás los programas vagos y superficiales; si queremos impulsar cambios, debemos poner la popularidad al servicio de ellos.

Existe un síntoma especialmente grave de este fenómeno: el silencio respecto del pasado. La candidata nunca ha ensayado una explicación verosímil de los motivos de su regreso ni ha elaborado ningún tipo de discurso que asuma en serio el desafío de hacerse cargo de las dos décadas de Concertación, pues pretende que su sola persona constituye un motivo suficiente. Pero, ¿qué quiere consolidar, qué quiere corregir, qué quiere cambiar? ¿Les atribuye todas las falencias de su coalición a factores extrínsecos? ¿La Nueva Mayoría ha resuelto sus dificultades? La historia de un país responde a una narrativa que nunca puede escribirse dándole la espalda al pasado. Este es uno de los silencios más intrigantes de Michelle Bachelet.

“Tras el demagogo, había un estadista”, decía Mario Góngora recordando a Arturo Alessandri, quien regresó al poder con una reflexión a cuestas y con objetivos políticos articulados. En ausencia de esos factores, todo regreso está condenado a ser más propio de la farándula que de la política.

Juridicidad burlada.

El 20 de octubre de 2011, un grupo de personas protagonizó una toma violenta de una de las salas del ex Congreso Nacional, donde se encontraba sesionando la Comisión mixta del Senado y de la Cámara de Diputados que analizaba el presupuesto 2012. Tras la llegada del Ministro de Educación, apareció un grupo de personas gritando “esto es territorio de todos”, para luego arremeter violentamente contra las puertas cerradas hasta que ellas cedieron. Una vez en el interior de la sala, procedieron a insultar a algunos Parlamentarios y autoridades, a vociferar y a provocar tal desorden, que la comisión mixta quedó impedida de sesionar. El Presidente del Senado de esa época, Guido Girardi, se negó a ordenar el desalojo por medio de la fuerza pública y la toma se prolongó por alrededor de 10 horas. La principal demanda de los participantes en esta toma se plasmaba en una gran pancarta con la frase “Plebiscito ahora”.

Desórdenes de esta especie son hechos que revisten caracteres de delito de acuerdo con el Código Penal chileno y pueden ser castigados con pena de reclusión de hasta 540 días, o hasta de cinco años si se han proferido amenazas contra un Parlamentario o un Ministro en ejercicio de su cargo. En consecuencia, la Ley obliga a la Fiscalía a investigar estos hechos y a perseguirlos penalmente. Sin embargo, tras dos años de “investigación” en una causa en que los hechos se encuentran disponibles en grabaciones de video, el Fiscal adjunto Víctor Vidal estableció como condición para una suspensión condicional del procedimiento la realización de activismo a favor de la misma consigna que expresamente había motivado la toma; esto es, realizar acciones al apoyo al movimiento “Marca tu voto” (con las letras AC, es decir, Asamblea Constituyente), que busca imponer por vía plebiscitaria una nueva Constitución. El Juez de turno, basándose en consideraciones políticas que expresaban su inequívoca simpatía por la condición propuesta, la aprobó sin perder la ocasión de añadir que ella sería “completamente coherente con el proceso histórico que viene viviendo el país” —a todas luces, un explícito pronunciamiento político, y no Jurídico—. Ni el Tribunal ni la Fiscalía repararon —o no quisieron reparar— en el carácter controvertible de la campaña promovida por el citado movimiento, que pretende exigir del Servicio Electoral la interpretación y contabilización de marcas “AC” en las cédulas electorales, que carecen de todo sentido conforme a la Ley.

Al desconocimiento de la normativa electoral —o a su antojadiza interpretación—, la Fiscalía y el Juez de turno añadieron lo que no puede sino considerarse como una grave falta de criterio, así como la infracción del principio de que a los Magistrados —como a Militares y Fiscales del Ministerio Público— les está vedado en cuanto tales el emitir pronunciamientos políticos, lo que en este caso fue infringido de modo flagrante.

Y aunque la Ley acepta que las condiciones para suspender el procedimiento puedan ser muy variadas, aparece como una burla a las instituciones y un grave riesgo para ellas —como lo ha destacado el Presidente del Senado, Jorge Pizarro— y para las personas afectadas el hecho burdamente paradójico de que quienes protagonizaron una serie de actos de violencia resulten ahora arbitrariamente favorecidos. Esta clase de actuaciones muestra una grave fragilidad del sistema —en este caso, de la reforma procesal penal—, que no puede descansar simplemente en las reglas, sino que además necesita personas idóneas e independientes para hacerlas funcionar.

Confianza en la Justicia.

El centro de estudios Libertad y Desarrollo ha dado a conocer los resultados de una encuesta sobre “confianza en la Justicia”, realizada telefónicamente el 30 de septiembre pasado, sobre una muestra de 756 casos. Los resultados indican que el 80% de los encuestados califica al sistema de Justicia chileno como “poco o nada confiable”, mientras el 87% considera que en Chile “los Jueces favorecen a ciertos grupos más que a otros”. Ambas cifras son congruentes con las de la encuesta aplicada el año pasado. Al mismo tiempo, el 61% de los encuestados declara que recurriría a la Justicia si se viese envuelto en un conflicto con otra persona, aunque solo 40% estima que el criterio más importante al evaluar el desempeño de un Juez es el apego de sus decisiones a la Ley.

Lo más interesante —y, al mismo tiempo, preocupante— de una encuesta como esta parecen ser, sin embargo, su enfoque y perspectiva. Por la clase de preguntas planteadas, el sondeo sería una especie de encuesta de “satisfacción del consumidor” de prestaciones de Justicia. El citado centro de estudios tiene derecho a hacerlo, y escruta con eso un sentir ciudadano poco investigado. Y no cabe duda de que los procesos de adjudicación que tienen lugar en los Tribunales pueden observarse desde tal perspectiva. No obstante, es inevitable preguntarse qué visión de la Justicia se promueve al hacerlo. Al parecer, la intención es medir si la ciudadanía estima que los Jueces resuelvan con estricto apego a las Leyes que los ciudadanos democráticamente se han dado, o si, por el contrario, piensa que para los juzgadores lo importante no son las Leyes, sino aquello que es percibido —o se estima que es percibido— por la opinión pública como políticamente correcto en el momento en que se da o se dará a conocer la decisión Judicial. Pero el riesgo —seguramente no querido— es que, al menos en ciertos grupos de Magistrados, una respuesta sostenidamente mayoritaria en favor de la segunda opción produzca el efecto perverso de fomentar una visión que no solo invite a los Jueces a imponer sus propias convicciones personales sobre lo que es justo —activismo Judicial—, sino incluso a ajustar sus decisiones a los movimientos de la opinión pública —populismo judicial—. Lo ratificado judicialmente en el caso de los imputados por la toma del Senado —que requiere análisis separado— es un indicio alarmante de esto.

Por fortuna, muchos Jueces están en cierto modo habituados a esta clase de presión difusa de la opinión pública, y no es raro escuchar de ellos mismos o de personas cercanas a ellos que si no tuvieran la capacidad de resistir esa presión ambiental, ni siquiera estarían en condiciones de desempeñarse como Jueces. Existe una sutil pero enorme diferencia entre la conciencia que todo Juez debe tener sobre la realidad social en la cual se aplican las Leyes, y la función no jurisdiccional, sino política, de ignorar o acomodar la Ley cuando ella no dice lo que el público al que el Juez se dirige quisiera escuchar. La mantención y respeto de esta diferencia es tan determinante para la vigencia del Estado de Derecho, que la sociedad puede y debe exigir a los Jueces la máxima diligencia al momento de discernir si aquello que están resolviendo corresponde exactamente a la decisión democrática plasmada en la Ley aplicable al caso. Si no fuera así, aunque la decisión satisfaga sus propias preferencias y garantice óptimos resultados en las encuestas de percepción, carecería de legitimidad.

Derrota en postulación a Panamericanos.

Contra todos los pronósticos positivos adelantados por la delegación nacional, el viernes, Chile fue ampliamente derrotado en la selección realizada en Toronto, para definir la ciudad sede de los Juegos Panamericanos de 2019. Con sólo nueve votos, muy por debajo de los 31 obtenidos por Lima (que se quedó con la organización), Santiago compartió el segundo lugar con la localidad Argentina de La Punta.

Las altas expectativas que generaron quienes encabezaron este proceso -dando por seguro un resultado favorable- y la natural frustración provocada tras la derrota, dejan algunas lecciones que deben ser recogidas para eventuales postulaciones futuras a distintos certámenes deportivos. La votación puso en evidencia que para obtener este tipo de nominaciones no es suficiente presentar una propuesta onerosa en términos de inversión (el plan de Chile contemplaba montos por US$ 658 millones, algo menor a la iniciativa peruana) ni tampoco desplegar un lobby previo con las otras delegaciones. También parecen primar de manera importante los incentivos económicos que se ofrecen a los países participantes. De hecho, Perú propuso repartir un porcentaje de los derechos televisivos del evento deportivo.

 Al momento de proyectar un resultado optimista, la delegación nacional no aquilató bien esos factores adicionales, llevándola a una falsa ilusión de triunfo. Porque de haber tenido un mejor diagnóstico de lo contundente que sería la votación en favor de Perú, lo más conveniente hubiese sido que la delegación chilena retirara la candidatura antes de aparecer con semejante diferencia. Tras la derrota, el Subsecretario del Deportes ha señalado que se debe ir por los Panamericanos del 2023. No obstante, lo ocurrido en Toronto aconseja no hacer anuncios ni adoptar decisiones de forma apresurada. Por ahora, lo más oportuno es concentrarse en organizar adecuadamente los certámenes más inmediatos, como son los Juegos Odesur de 2014 y Copa América de 2015.

El valor de las donaciones privadas.

Numerosas organizaciones sociales han venido solicitando la aprobación de una Ley Única de Donaciones, que unifique las distintas normativas hoy vigentes en esta materia. Entre otros, se solicita su simplificación y el establecimiento de un límite único de donaciones que resuelva la actual divergencia de topes para donar. Asimismo, se recalca la necesidad de establecer un tope anual conocido, ya que las empresas actualmente desconocen durante gran parte del año cuál será él, pues depende de su renta líquida imponible al término del año.

Son aspectos importantes, atendibles y necesarios para incrementar las donaciones en nuestro país. Este año se aprobaron perfeccionamientos en diversos aspectos de la actual Legislación, reduciendo restricciones innecesarias y simplificando procedimientos, pero sin abordar a cabalidad los aspectos mencionados. La Legislación actual es compleja y a varios respectos anticuada. Más de 90 normativas Legales regulan los beneficios tributarios de empresas y personas naturales donantes, y las características de los donatarios. Entre otros factores, eso explica que las tasas de donaciones sean bajas en Chile —apenas el 0,04% del PIB— en comparación con los países desarrollados.

Es necesario ampliar el monto límite de donación y las áreas en que puedan ellas efectuarse. Se requiere un sistema simple, de fácil tramitación y que a la vez impida abusos contra el patrimonio Fiscal. Para eso se debería establecer un nuevo estándar de transparencia para las donaciones con beneficio tributario, de modo que pueda fiscalizarse debidamente el uso efectivo de las donaciones. Eso reduciría la suspicacia histórica —entendible— de las autoridades económicas y también de ciertos sectores que no miran con simpatía la opción de las donaciones particulares. Cabe suponer que la evidencia mundial irá imponiendo paulatinamente un cambio de mentalidad, tanto en las autoridades como en la población, y un perfeccionamiento en la normativa puede contribuir a ello.

También debe eliminarse todo resabio de que una parte de lo que done un privado vaya a un fondo común que administre el Estado, porque eso desalienta al donante: este normalmente desea apoyar a una causa o institución específica, y no está dispuesto a que su aporte vaya parcialmente a otros propósitos, que pueden incluso ser muy distintos de los suyos, o aun opuestos, por voluntad de instancias en las que, inevitablemente, puede sospechar que incida la voluntad del Gobierno de turno, aunque revistan las formas de entes colegiados técnicos y transversales.

La experiencia mundial muestra que con una Legislación adecuada, el incentivo tributario a las donaciones privadas puede ser una eficaz herramienta para complementar y fortalecer las políticas públicas, en beneficio de toda la sociedad.

Improvisación constante en cambios a la PSU.

La controversia que se ha generado a raíz de los numerosos cambios anunciados por el Consejo de Rectores (Cruch) al proceso de admisión universitaria 2014 -relacionados con el aumento de ponderación del ranking de notas y la introducción del segundo decimal en las notas de enseñanza media, entre varios otros-, constituye otra evidencia de la improvisación con que se ha tratado este tema, con una nueva y abrupta alteración en las reglas del juego para quienes deben rendir la PSU a fin de año. Por ello, sería conveniente no insistir y esperar a que exista más sustento empírico que justifique los cambios y dar tiempo a los alumnos para prepararse. Lamentablemente, este tipo de polémicas impide una discusión sobre la necesidad de contar con un sistema de admisión que supere las deficiencias que se han detectado en la PSU y el rol que deben desempeñar las universidades en la sociedad. 

En el proceso de admisión 2013 debutó el llamado ranking de notas -que busca bonificar con mayor puntaje a los alumnos de mejor rendimiento académico- y, sin que sus beneficios hayan sido del todo demostrados, el Consejo de Rectores decidió ampliar este año su ponderación, que inicialmente era 10% y ahora podría llegar a representar hasta el 40% del puntaje final. Inesperadamente, el Cruch resolvió, asimismo, incorporar un segundo decimal en las notas de enseñanza media (NEM), que podría provocar fuertes diferencias entre postulantes que antes de dicho anuncio contaban con idéntico puntaje. El Instituto Nacional ha anunciado que recurrirá a Tribunales para detener la aplicación de esta medida -es posible que otros establecimientos sigan estos pasos-, mientras que se han conocido antecedentes de que algunos colegios bonificarán las calificaciones de sus alumnos para que no se vean perjudicados por estos cambios en la ponderación de notas. Todo ello es el resultado de la implementación de políticas apresuradas y que, ciertamente, agregan una fuerte cuota de incertidumbre adicional sobre el alumnado que está pronto a rendir la PSU.

Hay coincidencia entre los expertos de que la Prueba de Selección Universitaria no ha logrado los objetivos que se buscaron cuando se introdujo en reemplazo de la Prueba de Aptitud Académica, hace ya una década. Entonces se criticaba muy fuertemente la PAA, por ser un instrumento que discriminaba por nivel socioeconómico y que se limitaba a medir aptitudes, pero no conocimientos. La PSU no ha hecho sino profundizar esas distorsiones, con el agravante de que con los múltiples cambios de que está siendo objeto se pierda aún más su capacidad de seleccionar conforme a criterios de excelencia académica. Es conveniente que el proceso de selección a la educación superior se apoye en una prueba estandarizada, porque ello entrega garantías a todos los partícipes, pero es indispensable que dicho instrumento cuente con reglas estables y sin improvisación.   

Detrás de los cambios que se han introducido a la PSU  subyace una declarada intención por corregir los problemas de mala formación académica que presenta el sistema escolar, facilitando el ingreso a la educación superior a estudiantes vulnerables o con ciertas desventajas respecto de aquellos provenientes de la educación particular pagada. Esas diferencias deben ser corregidas mediante políticas que apunten a mejorar la calidad de la educación escolar, y no corresponde traspasar esa responsabilidad a las universidades, cuya misión fundamental es asegurar la excelencia académica, lo que en sí mismo constituye un significativo aporte al progreso del país.

El drama de la inmigración en Europa.

En pocos días la pequeña isla italiana de Lampedusa, cercana a la costa de Africa, fue escenario de dos de los numerosos naufragios en que perecen muchos de quienes intentan huir a Europa de la miseria y los conflictos de sus países de origen, sumando más de 300 muertos en ambas ocasiones. Tales noticias causaron gran impacto mediático al unirse a la saturación de refugiados en esa isla que es vista como puerta de entrada a una vida mejor, con llamados humanitarios de la Alcaldesa del lugar y del Papa Francisco. La Armada italiana, por su parte, aumentará el patrullaje en el Mediterráneo para impedir en lo posible el tráfico de inmigrantes que se hace allí en condiciones subhumanas. Sin contar los muertos, en este año sólo las islas de Malta y Lampedusa han recibido a 32.000 personas.

El problema, sin embargo, es inmensamente mayor. La afluencia hacia las naciones desarrolladas de Europa proviene no sólo de Africa sino también del Medio Oriente y aun de los propios países europeos del Este, como Hungría y ciertas zonas de los Balcanes. Los casos abundan. En Rusia, acaban de ser detenidos 1.200 inmigrantes del Cáucaso, a raíz de diversos incidentes debidos a que la población rechaza la llegada de quienes vienen de regiones que fueron antes parte de la URSS. En Francia, lugar tradicionalmente privilegiado para los extranjeros, el Gobierno socialista de Hollande enfrenta críticas por la deportación de una estudiante kosovar y su familia por ser gitanos.

No se trata sólo de los venidos desde fuera de Europa, sino también de migraciones internas en el Mercado Común hacia los países más prósperos recargando su presupuesto social, que se han duplicado en la última década. Ambas corrientes están fomentando una fuerte reacción xenófoba. También en Francia, el triunfo electoral de un miembro del extremista Frente Nacional en un pueblo del sur trae el temor a que la tendencia se generalice, y algunos creen que el gesto de Hollande pretende atraer al electorado que pide dureza. El propio Presidente del Consejo Europeo reconoció este lunes el peligro de que en la elección comunitaria de mayo los partidos “eurófobos” de los diversos países capitalicen este descontento produciendo un quiebre de imprevisibles consecuencias.

Así, el drama humanitario posee además un riesgo político. El ideal sería mejorar la situación económica interna de las naciones de origen, para frenar la emigración, pero en su mayoría viven enfrentamientos muy graves, como Libia, Egipto o Siria, o son dictaduras corruptas, donde la ayuda exterior se pierde. Tampoco es posible abrir sin límites las compuertas a la marea hoy sobre todo africana, pero que se extiende a otras latitudes, lo que crearía una crisis insoluble. El desafío está en armonizar equilibradamente los derechos de todos, algo cercano a la cuadratura del círculo, o a lo menos evitar los peores abusos y establecer canales adecuados para una inmigración que alivie la actual necesidad sin dañar gravemente la economía europea, ya bastante débil en un extenso sector, y —quizás lo más importante— refuerce la antigua cultura de acogida de un continente que históricamente ha formado su civilización gracias a sucesivas migraciones, desechando la tentación xenófoba.

Correspondencia destacada.

Señor Director:

Fallo por toma del Congreso.

La próxima vez que cometa una infracción grave al conducir, y me toque hablar con el Juez, le voy a solicitar como medida alternativa que me permita enseñarles a los jóvenes cómo manejar sobre 200 kilómetros por hora en Costanera Norte.

Alejandro Cifuentes C-M.

Señor Director:

Visita de Dwight Eisenhower.

El 14 de octubre, La Tercera publicó un interesante artículo relacionado con las diversas actividades cumplidas por el General y Presidente de los Estados Unidos Dwight Eisenhower, quien en su vida militar intervino en diversos conflictos bélicos en algunos continentes y culminó su existencia como Presidente de los EE.UU.

Me extrañó, no obstante, que se haya omitido su visita en 1960 a nuestro país en calidad de Mandatario de la nación del norte.

Luego de haber cumplido sus obligaciones protocolares en La Moneda, el Mandatario estadounidense se trasladó a la Escuela de Carabineros, donde en calidad de “centinela” de la puerta de acceso al plantel me correspondió rendirle honores. Le presenté armas y él cortésmente descendió del automóvil, realizando el saludo militar protocolar.

La ceremonia fue filmada por el Noticiario Emelco en aquellos años y fue difundida en los cines del país. Este anecdótico recuerdo lo guardo ahora como un oficial Jefe en situación de retiro de la institución.

Benito Iturra Zambrano.

Señor Director:

Asamblea constituyente.

Me parece curiosa la lógica de don Alfredo Joignant (14 de octubre), con la que pretende desvirtuar la posición del Constitucionalista Raúl Bertelsen. En efecto, para demostrar lo que supone “la naturaleza inicua e injusta” de la actual Constitución, plantea algunas preguntas que inducen a la respuesta que él busca. Y, si he entendido bien, su conclusión es que la legitimidad de una Constitución exigiría que todos estuviéramos dispuestos a morir por ella, pues “sólo así podríamos experimentarla como propia”. Este milagro se alcanzaría mediante una asamblea constituyente. En todo esto percibo el eco de la consigna “revolución, patria o muerte”, que se escucha en otras latitudes.

Miguel A. Vergara Villalobos.

Téngase presente.

Los desmanes provocados por algunos alienados en las celebraciones de la clasificación de Chile a Brasil 2014 nos obligan a recordar que la Justicia no está funcionando desde que la concertación, actual nueva mayoría, rebajó penalidades, quitó atribuciones a las policías y transformó la Ley en “garantista” para los delincuentes.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.