Temáticas importantes…

Los jóvenes y el malestar social,

por Margarita María Errázuriz.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello acaba de dar a conocer una encuesta nacional sobre jóvenes. Al considerar un conjunto de resultados, llama la atención un gran malestar juvenil que se expresa en que prácticamente el 80% de ellos quiere cambios profundos en la sociedad; el 60% siente desprotección por parte del Estado y la mayoría siente desconfianza de las instituciones políticas. Tanto los partidos políticos como el Gobierno y el Congreso obtienen niveles de desconfianza sobre el 90%; la desconfianza hacia la Corte Suprema alcanza 87%. Pero los jóvenes no sólo son desconfiados frente a la política, sino que aún más: son indiferentes y más indiferentes mientras menos recursos tienen. Para los jóvenes, sólo son confiables instituciones con las que establecen relaciones de gratuidad, como la familia (89 % de confianza) o la iglesia y las universidades, que alcanzan niveles de confianza de 43% y 41%, respectivamente.

El deseo de cambios profundos en la sociedad y la desprotección por parte del Estado que sienten los jóvenes están en estrecha vinculación. Se podría decir que los deseos de cambios profundos de los jóvenes dicen relación con una reivindicación de los valores que fundan nuestro contrato social: acceso a derechos, educación, mejores instituciones, igualdad y solidaridad. Al mismo tiempo, los jóvenes se sienten desprotegidos por el Estado porque advierten que la oferta de igualdad y meritocracia no se ha cumplido. Por lo mismo, aquellos jóvenes que estiman que cada uno depende de sí mismo para el logro de sus objetivos (77%) son especialmente críticos de la sociedad. Para ellos, las reglas claras y formales determinan su seguridad y proyección en la vida.

El malestar de los jóvenes no nos debiera extrañar. La juventud es la edad de los grandes ideales y utopías. Hace un tiempo atrás, instituciones como la iglesia, los partidos políticos, los gremios y los sindicatos ofrecían a los jóvenes visiones de mundo que les permitían encauzar sus inquietudes. Hoy estas instituciones no son fuente de identidad colectiva y, por lo tanto, los jóvenes se sienten solos y sin referente frente a sus múltiples insatisfacciones, entre las que prima la inseguridad, la incertidumbre y la desprotección. Ello lo explica muy bien Z. Bauman en su libro “En busca de la política”, afirmando que ésta es una realidad para todos. Los jóvenes se sientan más golpeados por encontrarse en las primeras etapas de su proceso de inserción social.

La característica más relevante de este malestar es, a mi juicio, el hecho de que se vive en solitario. Sólo las marchas estudiantiles abrieron una compuerta para que los jóvenes se expresaran colectivamente. Primero en éstas se manifestaron situaciones privadas, como las deudas por el crédito con aval del Estado (CAE). Poco a poco las demandas por una solución al CAE fueron derivando en otras, donde además se expresaban intereses colectivos. Estas marchas dieron a los jóvenes la oportunidad de sentir pertenencia y adquirir identidad. Pero hay que recordar que sólo el 31 por ciento de los jóvenes declararon en la encuesta haber participado en ellas. Ello refuerza la tesis de que el malestar se vive individualmente. Pese a todo lo dicho, a diferencia de generaciones pasadas, los jóvenes perciben el riesgo como un desafío a enfrentar y son optimistas frente a su futuro.

La gran mayoría de la población tuvo en algún momento de su vida o comparte hoy los mismos ideales de los jóvenes ¿Por qué, entonces, hay tanto rechazo a su movimiento? ¿Se teme al desorden, a la violencia, o no nos gusta ver en otros la capacidad de luchar por esos ideales que ya no nos mueven? Para todos sería positivo contar con espacios públicos donde los jóvenes se sientan escuchados, intercambiar con ellos ideas, reflexionar y construir juntos el país que queremos.

Amor de tatas,

por Hernán Corral.

A fines de junio entró en vigor una Ley que algunos medios dieron en llamar "Amor de papá". Se trata de una reforma que consagra la corresponsabilidad parental en la crianza y educación de los hijos, partiendo del incuestionable hecho de que, ante padres que viven separados, lo ideal es que los niños mantengan su relación personal tanto con su madre como con su padre.

Ojalá la Ley logre este objetivo y no termine por debilitar la posición de las madres, que son las que, en los hechos, sacan adelante a los hijos en los hogares monoparentales. El "amor de papá" debería llevar a los varones no solo a querer participar en el desarrollo vital de sus hijos, sino además en el financiamiento de los costos económicos que implica.

Los últimos informes del Poder Judicial son desalentadores en este sentido: más del 60% de las pensiones de alimentos no es cumplida, y las madres padecen un verdadero calvario Legal para conseguir su pago. Ahora que la reforma dejó de otorgar preferencia a la madre para la tuición de los menores -sustituyéndola por una atribución fáctica al progenitor con quien los hijos conviven-, es de temer que muchos padres usen el incremento de las facultades discrecionales de los Jueces para neutralizar posibles demandas de alimentos, amenazando a las madres con quitarles la custodia de los hijos.

Pero más allá de si el "amor de papá" será real y correctamente incentivado por esta Ley, un punto de la reforma que merece elogios sin reservas es la valoración de la figura de los abuelos en la vida cotidiana de los niños. Por primera vez se establece que es un derecho de todo niño el mantener una relación directa y regular con sus "tatas", tanto maternos como paternos. Obviamente, esta relación deberá regularse en función del mejor interés del menor, de modo que no perturbe su buena crianza y educación ni el derecho preferente de los padres.

Es justo que se haya reconocido esta facultad a los abuelos, ya que la Ley les impone la obligación de dar alimentos a sus nietos, en caso de falta o carencia de los padres. Si se trata de insuficiencia de solo uno de ellos, la obligación corresponde de modo prioritario a los abuelos de la línea de ese progenitor. Si falla entonces el "amor de papá", serán los padres de este los que deberán cargar con la manutención del niño.

En no pocas ocasiones los abuelos deben asumir la crianza misma de sus nietos. La Ley considera que si los padres están física o moralmente inhabilitados, el Juez debe entregar el cuidado de los menores a otros parientes; y entre estos ha de preferir a los abuelos.

Nos viene a la memoria el dramático caso de Belén, la niña de 11 años embarazada por el conviviente de su madre. Fue su abuela materna la que tuvo la fuerza de denunciar los hechos, acoger a su nieta y apoyarla en su decisión de dar a luz a la criatura concebida.

Para este tipo de situaciones -y otras semejantes- resulta conveniente la institución que se crea en el proyecto de nueva Ley de Adopción presentado en estos días por el Gobierno. Actualmente se permite la adopción por parte de abuelos, pero de un modo que distorsiona la posición familiar del menor. Así, si un niño es adoptado por sus abuelos maternos -caso frecuente en embarazos adolescentes-, su identidad se trastoca: pasa a ser hijo de sus abuelos, hermano de su madre y tío de sus hermanos. El proyecto de Ley evita esta dislocación del parentesco, al disponer que los abuelos asumirán los derechos y obligaciones parentales, pero sin que se extinga el vínculo del niño con su madre o padre biológicos. Solo es objetable el nombre propuesto para esta figura Legal: "protección familiar". La denominación es poco representativa de lo que los abuelos desean, que es adoptar al nieto. Pero esto podrá ser corregido por el Congreso.

Las disposiciones Legales mencionadas, ya en vigor o en discusión Parlamentaria, son buenas noticias para ese noble y generoso "amor de tatas", que no siempre es apreciado y valorado como se merece.

¿Será hora de introducir la tarificación vial en Santiago?,

por Marcial Echenique.

La tarificación vial consiste en cobrar a los automovilistas por usar las calles. Se emplea en áreas de alta congestión para disminuirla, como ha ocurrido en los centros de Londres, Estocolmo, Oslo y Singapur.

Los santiaguinos se han acostumbrado a pagar por el uso de las autopistas que ofrecen una alternativa de mejor servicio que las calles sin pago y que se han construido y operan con fondos privados. Pero, sin embargo, no entienden por qué deben pagar por una calle existente, construida con fondos públicos, producto de los impuestos. Muchos opinan que es un impuesto adicional al automovilista y que no debe aceptarse. Pero este no es el caso, ya que la tarificación vial mejora la eficiencia de las calles porque aumenta su capacidad.

La explicación de esta paradoja -pagando se aumenta la capacidad sin nueva inversión- es compleja, pero el ejemplo del área de "Sanhattan" puede ser útil para entenderla. Esta área está sobresaturada y en la hora punta de la tarde los autos se mueven a muy baja velocidad por la Costanera Andrés Bello en dirección hacia el oriente. Cada pista de la Costanera puede admitir, a velocidad normal de 30 km por hora, mil vehículos por hora. Pero cuando se forma un "taco" porque entran temporalmente más vehículos que su capacidad máxima, las velocidades bajan a 15 km por hora o menos, por lo que la circulación disminuye llegando a 500 o menos vehículos por hora. Es decir, la capacidad de la calle baja a la mitad, duplicando la hora punta para hacer pasar el mismo número de autos. Si se introduce la tarificación, y, por ende, se evita que estos pocos autos adicionales entren a la calle congestionada, la capacidad de la calle aumenta sin hacer costosas inversiones. De este modo, al pagar por entrar a una zona congestionada en las horas punta, incentiva a ciertas personas a cambiar el horario del viaje a horas fuera de punta, cambiar de ruta o usar transporte público y, con esto, se reduce la congestión ampliando la capacidad de las vías urbanas.

La Subsecretaría de Transportes ha comisionado un estudio para evaluar la posibilidad de introducir la tarificación en el área de "Sanhattan", que podría considerar el uso de tags como en las autopistas (aunque con las nuevas tecnologías no se necesitan grandes pórticos). El objetivo del estudio es determinar la tarifa y cómo implementarla, a qué horas, si los residentes del área deben o no pagar, si se reduce las tarifas a los que pasan por ciertos corredores sin quedarse en el área, etcétera. El estudio puede llegar a conclusiones que sean técnicamente y legalmente viables y que produzcan los beneficios esperados, pero, al final, la decisión es política, ya que el público debe pronunciarse sobre su aceptabilidad.

Hay que tener cuidado, sin embargo, con los métodos usados en el estudio. Para ver el impacto en el comportamiento de los automovilistas se usan modelos computacionales que simulan la reacción de la gente frente al pago. A esta reacción los economistas le llaman elasticidad. Hay tres reacciones significativas de las personas: uno es cambiarse del auto a otro medio como transporte público; otro es cambiarse de hora de viaje, tal como irse más temprano y así evitar el cobro, y, finalmente, es evitar pasar por el área tarificada, si esto es posible. Si la elasticidad utilizada en los modelos es baja para cambiarse de medio de transporte u hora de viaje, las personas (supuestamente) no se bajarían de los autos durante los períodos de pago y, por lo tanto, no habría beneficios por reducción de la congestión. En este caso se transforma en un impuesto meramente, sin aumento de capacidad de las vías. Si la reacción solo se expresa a través del cambio de ruta, la tarificación puede generar más congestión en las calles adyacentes, eliminando los beneficios esperados. Hay que tener mucha confianza en los modelos utilizados, ya que de lo contrario pueden conducir a políticas erradas.

Las Municipalidades tienen la potestad de concesionar sus calles para que se introduzcan las mejorías al transporte, instalen los pórticos y fiscalicen la operación y el cobro, tal como lo hacen los concesionarios de autopistas. La recaudación puede utilizarse para mejorías al transporte y así, por ejemplo, las municipalidades de Las Condes y Vitacura podrían contribuir a mejorar los transportes públicos, como extender la futura Línea 6 del metro. La Municipalidad de Providencia podría, por ejemplo, usar los fondos recaudados para ayudar a desarrollar su proyecto de túnel debajo de la Costanera Andrés Bello para que circulen los vehículos, de paso permitiendo la ampliación de los jardines del río Mapocho y transformar la actual Costanera en un bulevar más cívico.

Una política de tarificación vial puede introducirse experimentalmente en esta área y, después de un período de prueba, ser sometida a un referendo popular, tal como se hizo en Estocolmo, para que se confirme o no la aceptación de la tarificación.

Absoluta falta de criterio en decisión Judicial.

Cuesta encontrar un ejemplo reciente más claro de falta de criterio en la aplicación de la Ley que el proporcionado por un Fiscal y un Juez al resolver el caso sobre la violenta invasión y toma de la sede del Congreso en Santiago ocurrida hace dos años.  Si bien es cierto que el sistema procesal penal chileno establece como mecanismo válido la búsqueda de salidas alternativas, la decisión adoptada va mucho más allá de eso y no puede sino ser calificada como una burla que contraviene la Ley y el más mínimo sentido común.

A fines de octubre de 2011, un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza a una sala donde sesionaba la Subcomisión de Educación que analizaba el proyecto de Ley de presupuestos. Una vez allí, en un clima de alta tensión, insultaron a las autoridades presentes -entre las que se encontraba el entonces Ministro de Educación, quien vio su integridad física amenazada y logró salir- y realizaron una toma que se prolongó por varias horas. Ante el evidente atropello, el Ministerio Público inició una investigación para identificar y acusar a los culpables de la flagrante transgresión delictual a la Ley.

Pese a que existen numerosos registros audiovisuales públicamente conocidos que dieron cuenta de manera clara de cómo se desarrollaron los hechos y de quiénes fueron sus protagonistas, el proceso se ha prolongado por dos años. Peor aún, pese a que inicialmente se sostuvo que buscaría una pena de 200 días de presidio contra dos adultos que lideraron la invasión (se ignora por qué fueron excluidos los demás), el Fiscal a cargo de las pesquisas optó por llevar al Tribunal una propuesta de suspensión provisional del procedimiento a cambio de que las personas participaran de una campaña de acción social. Los acusados escogieron realizar charlas en Santiago, a favor de la campaña “Marca tu voto”, que promueve que los ciudadanos escriban la consigna AC (por “asamblea constituyente”) en las papeletas cuando concurran a sufragar en noviembre próximo y que el Servicio Electoral cuente dichas preferencias al realizarse el escrutinio. Se trata de una desgraciada paradoja, no sólo porque una de las demandas que llevó a los manifestantes a irrumpir en el Congreso fue el reclamo por la celebración inmediata de un plebiscito, sino porque el reclamo en favor de que se contabilicen las marcas en el voto como una preferencia autónoma es ilegal y porque uno de los “sancionados” es candidato a Senador por Santiago Oriente y ello forma parte de su campaña. Pese a lo anterior, el Juez accedió, formulando, además, declaraciones que evalúan la situación política actual, lo que también está fuera de lugar y atenta contra la prescindencia política que están obligados a mantener los magistrados.

El conjunto de descriterios y faltas acumuladas en este caso debe dar pie para que se apliquen sanciones y que la decisión sea revisada. En ese sentido, es positivo que el Ministerio Público haya anunciado la instrucción de un sumario contra el Fiscal y que el Ejecutivo sostenga que apelará y analiza presentar un recurso de queja disciplinaria contra el Juez. No puede ocurrir de otra manera, en especial si se considera que el “castigo” fijado contra quienes promovieron desórdenes, forzaron puertas, insultaron y amenazaron a autoridades y realizaron una toma ilegal constituye en realidad un premio que los alienta a continuar actuando de la manera en que lo hicieron y envía una señal de impunidad a la ciudadanía.

Autoconfianza de los chilenos.

Numerosos estudios de opinión pública destacan que los chilenos somos desconfiados, recelosos de la buena voluntad de nuestros vecinos y conciudadanos, y extremadamente críticos de las instituciones que nos rigen. El prestigio de los políticos y las entidades que los cobijan -los partidos, el Congreso- está por los suelos. Pero el descrédito se extiende también a iglesias, sindicatos y empresas. Si bien hay razones que pueden explicar estos sentimientos -tales como los escándalos sexuales que han sacudido a la Iglesia Católica, o el flagrante yerro en materia de políticas públicas que fue el Transantiago, o el engaño perpetrado por la empresa La Polar a cientos de miles de clientes e inversionistas-, la tan negativa evaluación que hacen los chilenos de las instituciones no se condice con la buena marcha del país, algo que ha llamado la atención de los estudiosos.

La Encuesta Bicentenario, que llevan a cabo la Universidad Católica y Adimark, arroja una interesante nueva perspectiva sobre el tema. Confirma que tenemos mala opinión de las categorías genéricas de personas e instituciones, pero nos sentimos bastante más a gusto con aquellas con las que mantenemos trato frecuente. Por ejemplo, el 78% de las personas que conocemos por primera vez nos despierta poca o ninguna confianza, pero entre los que conocemos personalmente, ese sentimiento desciende al 17%. Solo 31% de los encuestados dice tener bastante o mucha confianza en la Iglesia Católica, pero cuando el juicio es sobre el sacerdote de su parroquia, esa cifra sube al 54%.

De acuerdo con este sondeo, los chilenos somos recelosos de los demás, pero exhibimos un apreciable grado de autoconfianza y nos mostramos relativamente satisfechos con nuestras decisiones. Por ejemplo, si bien 62 y 69% de los encuestados, respectivamente, manifiestan poca o ninguna confianza en bancos y multitiendas, 62% dice tener mucha o bastante confianza en el banco que ha escogido para su cuenta corriente, y 40% opina algo semejante de la casa comercial en la que normalmente efectúa sus compras. Esa dualidad se da también en materia de educación y trabajo. Aunque somos muy críticos de los establecimientos educacionales y las empresas, 76% tiene mucha o bastante confianza en el colegio al que van sus hijos; 76% opina de igual forma sobre la universidad o instituto profesional a que ellos asisten, y 72% se expresa favorablemente sobre la empresa en que labora.

Interesantemente, esto se aprecia también en las decisiones políticas: si bien solo el 4% expresa mucha o bastante confianza en los Parlamentarios, el Senador o el Diputado por el que se ha votado consigue, respectivamente, el 32 y 34% de opiniones favorables (aunque un porcentaje semejante revela poca o ninguna confianza en el Parlamentario por el que ha votado).

Los chilenos estamos ejerciendo nuestra libertad para elegir en materia de consumo, ahorro, ocupación, educación y política. Aunque sin duda habrá errores y desencantos, nos sentimos razonablemente satisfechos con las decisiones que hemos tomado. Probablemente, nos hemos informado antes de optar, comparado y sopesado las alternativas, y hoy nos sentimos identificados con lo resuelto. Desde luego, y como es sabido, hay consumidores, clientes, estudiantes y empleados que pueden sufrir determinados abusos, que hay que prevenir y perseguir. Pero, a propósito de subsanar esas fallas, ha de tenerse debido cuidado de no atropellar la libertad para elegir: la gente la valora y no respaldará a los políticos que pretendan conferir a otros -las superintendencias u otros organismos reguladores, por ejemplo- la capacidad de decidir por ellos.

Errada política de los "bono marzo".

La entrega de bonos a la población ha comenzado a extenderse como una práctica habitual, con lo cual se ha desnaturalizado su justificación técnica y se les ha transformado en instrumentos meramente electorales o para granjearse cierto grado de popularidad, lo que hace desaconsejable insistir en este tipo de políticas.

La candidatura de Michelle Bachelet ha dado a conocer recientemente 50 medidas que aplicará durante los primeros 100 días de Gobierno en caso de llegar a La Moneda. Dentro de ellas figura establecer por Ley un aporte familiar permanente que se entregaría en marzo de cada año, que ascendería a $ 40 mil por carga familiar y cuyos beneficiarios serían dos millones de familias. Cabría recordar que el actual Presidente de la República propuso como candidato la entrega de un “bono marzo” apenas asumiera el poder, medida que efectivamente se concretó en marzo de 2010. Este año se otorgó otro bono en marzo, con un costo Fiscal superior a los US$ 200 millones.

La entrega de este tipo de ayudas representa un costo Fiscal y debería ser utilizada sólo en casos excepcionales. El que dichos bonos se establezcan por Ley no les confiere el carácter de política pública, pues para ostentar esa condición deben ser medidas bien focalizadas y justificadas técnicamente, que no es el caso. Tanto el universo de población beneficiada -que se ha extendido a  sectores medios emergentes-, como el creciente monto de los bonos han llevado a una pérdida de focalización.

Las ayudas del Estado serían mucho más eficientes si se canalizaran a través de políticas subsidiarias. El llamado ingreso ético familiar, que es un subsidio correctamente diseñado, tiene un costo Fiscal que sumado a los aportes de Chile Solidario ronda los US$ 400 millones por año, lo que permite dimensionar el enorme gasto que supone un “bono marzo” y cuyo efecto es puntual y no permanente.

Impuestos, crecimiento y el 40% más pobre.

Según el FMI, entre 2003 y 2013 el producto per cápita de nuestro país medido en dólares, corregidos por paridad de poder de compra, habría pasado desde 10.899 a 19.104 dólares, creciendo 5,8% promedio anual o 75% en toda la década. Este incremento nos sitúa a la cabeza de América Latina, por sobre Argentina y Panamá. Además, esto ha significado una convergencia con las economías más avanzadas. En 2003 nuestro producto per cápita equivalía a 35% del promedio observado en esas economías; ahora, al 46%.

Ante estos antecedentes, que prueban la capacidad de nuestra economía para elevar el bienestar de sus habitantes, siempre se reclama por la elevada desigualdad. Sin embargo, en el mismo período se ha reducido levemente la desigualdad, y por eso el incremento en el ingreso per cápita del 40% de menores ingresos ha sido en la década, medido en la misma moneda, del orden de 95%, es decir 6,9% anual. Por cierto, al ser el país desigual, este importante aumento de ingresos ocurre desde niveles muy bajos, pero si se le suman todas las ayudas sociales, el bienestar efectivo aumenta mucho más que el reflejado solo por los ingresos. Si se proyectan los próximos 10 años y se enfatiza el crecimiento, la posibilidad de replicar la experiencia de la última década está abierta. Y probablemente el ingreso per cápita para el 40% más vulnerable podría crecer más rápido, porque estaríamos en un proceso de reducción de la desigualdad.

Conviene no desconocer esa realidad, ahora que se discute un aumento de la carga tributaria: la Nueva Mayoría propondría un incremento de entre 2 y 3 puntos del PIB. Aunque hay diferencias entre expertos respecto de si las medidas preliminares anunciadas hasta ahora podrían efectivamente sostener esta recaudación, supongamos que ella recauda en una década 2,5 puntos del PIB adicionales a la carga actual. Como esta reforma ha sido propuesta para financiar algunos programas de carácter universal, es razonable suponer que no todos los recursos llegarán a los grupos más vulnerables. Por ejemplo, de implementarse la gratuidad universitaria, solo 21% de los recursos beneficiaría al 40% de menores ingresos. En plazos largos esto podría modificarse, pero no mayormente. Así, cabe estimar que solo el 60% de la carga adicional llegará al 40% de menores ingresos en la siguiente década, es decir 1,5% del PIB. Ese mayor gasto significaría aproximadamente un aumento en los ingresos per cápita de ese grupo de 14%, en dólares corregidos por paridad de compra.

Cabe pensar también que la reforma tributaria tendrá un impacto negativo en el crecimiento. Si no fuera así, no se estaría pensando en aplicarla gradualmente e introducir una depreciación acelerada de la inversión como compensación. Varios expertos sostienen que, aun así y por diversas razones, el crecimiento se vería afectado y también los salarios. Esto último podría limitar los avances que están ocurriendo en la desigualdad de ingresos. Utilizando supuestos razonables, bastaría un crecimiento de alrededor de un punto porcentual inferior -algo menos si se desacelera la reducción en la desigualdad de los ingresos autónomos observada en la última década- para que el 40% de menores ingresos, pese a la reforma tributaria, avance menos que lo observado en la última década. Un efecto de esta magnitud es probable, ya que la reforma tributaria anunciada es significativa. La recaudación adicional es del orden de 36% de lo que se recibe por gravámenes a la renta en la actualidad. Suponer que eso no afectará el crecimiento del país parece voluntarista. Además, para evaluar el efecto en el bienestar del 40% más vulnerable, no puede olvidarse que menos crecimiento significa menor adición a la recaudación y, por tanto, un aumento más moderado del gasto social, por sobre el incremento que aporte la reforma tributaria.

Correspondencia destacada.

Señor Director:

Aborto y derechos humanos.

El informe de la UDP sobre derechos humanos concluye en uno de sus apartados que el aborto debe ser Legal y un derecho para la mujer. Cuando dicen que el aborto es un asunto entre la mujer y su médico olvidan los derechos y la violencia ejercida el niño por nacer y la nueva violencia contra la misma mujer.

Las mujeres que son inducidas a abortar llevarán un dolor que no será fácil de curar. Siendo, incluso, en algunos casos tan grave, que no se olvidarán jamás de lo sucedido. Hay que acoger y acompañar en estas situaciones. La mujer lo agradecerá y el hijo nacido también.

Fco. Javier Astaburuaga O.

Señor Director:

Fallo.

Es increíble e inaceptable el fallo del Juez de garantía, en acuerdo con el Fiscal Víctor Vidal, que condenó o sancionó al activista del Partido Comunista Mariano Rendón y a su socio Tello para que efectúen, como sanción, campaña en favor de la Asamblea Constituyente. Es lo mismo que si a Pitronello, como condena, le hubieran impuesto hacer trabajo comunitario enseñando a fabricar bombas. ¿Hasta cuándo los chilenos deberemos soportar que los Jueces y Fiscales actúen y fallen ideológicamente? ¿Hasta cuándo deberemos soportar Jueces y Fiscales con falta de criterio, que nos falten el respeto con este tipo de fallos? Así, y por eso, la delincuencia no disminuirá nunca. ¿Quién es el responsable o Jefe de estos Jueces y Fiscales que no toman acciones y los sancionan, ojalá con su salida del Ministerio Público?

Eduardo Germain Concha.

Señor Director:

Acuerdo por toma del Senado.

Enterarnos del acuerdo entre el Fiscal y el Juez para cambiar la pena a los activistas que se tomaron un Poder del Estado hace dos años por una campaña por la asamblea constituyente nos ha permitido explicarnos tantos fallos de la Justicia: desde el caso Bombas, hasta el curso de ética para los ejecutivos de farmacias con precios coludidos.

Isabel Plá J.

Señor Director:

Clasificación.

Nuevamente queda demostrado que el éxito no es resultado de la suerte, sino que de la responsabilidad, profesionalismo y disciplina.

Julio Torrejón Linares.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.