¿Debate o destape?,
por Eugenio Guzmán.
El debate de la semana pasada ciertamente
sorprendió a muchos. Tanto por el tipo de expresiones de algunos candidatos,
tales como, por ejemplo, “los delincuentes que hoy están Gobernando”; “todos
los derechos en Chile están conculcados y no existes”; “hemos planteado la condonación…
de todas las deudas hasta 60 millones de pesos”. Pero la sorpresa también fue
debida a los lugares comunes, las frases repetidas y complacientes para el
electorado de Regiones.
Se ha argumentado que no se trató de un debate,
ya que el diseño empleado era muy rígido y no permitía la interpelación entre
los candidatos. La verdad es que un debate con 8 candidatos no resulta del todo
muy factible de llevar a cabo. Ni menos si Bachelet hubiese asistido. Resulta
muy poco probable que exista algún diseño que lo permita. Claro, en febrero de
este año, previo a las elecciones Presidenciales de marzo en Kenia, los 8
candidatos se enfrentaron en un debate que duró 210 minutos y en el último
debate Presidencial en Irán (en junio), en que participaron también 8
candidatos, duró más de 240 minutos, el doble del nuestro.
Todo “debate” está sujeto a reglas y
condiciones que establecen las distintas candidaturas (el caso norteamericano
es clásico). Esto cobra especial relevancia cuando se enfrentan candidatos de
muy baja representación con otros de alto respaldo. Los primeros están
conscientes de que —y si no lo están sería penoso— sus candidaturas son
testimoniales y buscan levantar o mantener temas en la agenda (por ejemplo, los
humanistas-verdes que desde 1993 han presentado candidatos cuyos porcentajes de
votación no superan el 1,5% con la excepción de 2005 en que fueron en alianza
con el PC). Por el contrario, los segundos tienen que responder a segmentos
importantes del electorado y a partidos o coaliciones, con representación Legislativa,
y en consecuencia las exigencias frente a las distintas audiencias son mucho
mayores.
Adicionalmente, la tentación efectista que
ofrecen las campañas electorales, sobre todo cuando hay una amplia cobertura
mediática, es un factor decisivo, dados los tiempos televisivos y el formato.
En consecuencia, se busca interpelar al televidente con frases grandilocuentes
o respuestas que no dicen nada o que no son respuestas propiamente tales.
Por último, el modelo de segunda vuelta es
posible que incentive un mayor número de candidatos (supuesto que existe algún
tipo de financiamiento), ya que el costo de la dispersión de votos de partidos
que presentan sus propios candidatos, en vez de buscar acuerdos, es muy alto.
Además, al parecer los sistemas de dos vueltas generan la posibilidad de cierto
voto “sincero” en la primera, y uno estratégico en la segunda, si bien no de
manera generalizada, al menos en algunos electores.
Más que el diseño del debate, el que no cabe
duda que incide, el problema es el número de candidatos. Más que la capacidad o
no de los conductores, periodistas y preguntas, tiene que ver con una
combinación desastrosa de número de candidatos con los pesos electorales de
cada uno de ellos, lo que da como resultado objetivos completamente distintos a
la hora de participar.
¿Tiene solución este problema? A menos que se
introduzcan cambios más estructurales, tales como que no baste tener un número
determinado de firmas para ser candidato, puesto que ello incentiva cierto oportunismo
de última hora (candidatos sin partido, descolgados o aventureros); podría
exigirse el apoyo de partidos ya establecidos, por ejemplo, con al menos una
elección en funcionamiento. Una propuesta como ésta puede ser criticada como
antidemocrática, pero también lo sería que no se invitara a todos los
candidatos a un debate televisado, aunque fuera de una institución privada. En
todo caso, el hecho de establecer criterios más estrictos para ser candidato
tiene la ventaja de asegurar cierta institucionalización del proceso electoral.
¿Qué ideas le convienen a Matthei?
por Francisco Javier Urbina.
Hay mucho de brocha gorda en la forma como se
entienden las discusiones programáticas en la derecha. No faltan los analistas
del sector que sugieren que la candidata de la Alianza asuma posiciones más
progresistas o de izquierda para encontrar a unos míticos votantes de centro
(curiosamente, lo que estos analistas señalan como más conveniente
electoralmente siempre coincide con sus propias convicciones). Quienes
argumentan así reflejan un cinismo tan arraigado que les impide darse cuenta de
lo indecente de la propuesta: “Si no le gustan mis principios, no se preocupe,
tengo otros…”.
Estos análisis además suponen una falsa visión
del electorado, que concibe las preferencias políticas de la gente como un
continuo que va desde personas de extrema izquierda, pasando por posiciones más
moderadas, hasta la extrema derecha (o como dos o tres continuos en ejes tales
como la política económica o los debates valóricos). Pero esto no es así.
Primero, porque gran parte de los ciudadanos no tiene posiciones políticas o sociales
claras (que es distinto a tener posiciones de centro). Segundo, porque vivimos
en una sociedad compleja y eso implica diversidad. Aparte de temas que
interesan a la gran mayoría (como educación o delincuencia), a distintas
personas les motivan diferentes problemas: el medioambiente, los problemas
valóricos, la cultura, el tema indígena, entre muchos otros.
La relación, entonces, entre lo programático y
el apoyo electoral es más compleja. Por de pronto, no es claro qué tanto (o tan
poco) influyen las propuestas de Gobierno en el apoyo electoral. Con todo, es
cierto que las propuestas importan a quienes tienen agendas particulares, y son
cruciales para definir el perfil de un candidato. Un buen programa de Gobierno
se hace cargo de la complejidad de las posiciones de los ciudadanos, ofreciendo
propuestas en diversos ámbitos (marcando legítimos énfasis) y mostrando no sólo
medidas concretas, sino un diagnóstico de la situación que identifique a
quienes les afecta cierta área del programa, y una visión de cómo esa área
específica debería operar. Esto lo entendió bien David Cameron, quien elaboró
un discurso robusto en áreas que su partido había abandonado, como el
medioambiente. Mostró un candidato más completo, innovador y con una visión
completa de la sociedad inglesa moderna.
En este campo hay buenas noticias en la
derecha. Aparecen más voces que tienen una visión más sofisticada de lo
programático. Un ejemplo es el trabajo de Horizontal, que ha elaborado un
diagnóstico original sobre educación, otorgando al tema de la infancia la
prioridad política que en justicia le corresponde. Otro ejemplo es el programa
de cultura de Matthei, elaborado bajo la dirección de Pablo Ortúzar
(antropólogo del IES), quien ha promovido en la discusión pública un análisis acabado
de las barreras cognitivas vinculadas al acceso a la lectura como un asunto
fundamental. Ese es el camino: no desplazamientos oportunistas -variaciones
estériles sobre las ideas de siempre-, sino más ideas, más profundas y, en
definitiva, un proyecto de país.
Cómo medir el poderío naval de China,
por James R. Holmes.
Es difícil predecir con qué rapidez y certeza los buques y tripulantes de
la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) van a alcanzar un pleno
desarrollo, pero China seguirá siendo una potencia marítima en el sentido más
amplio del término. Una fuerza que habrá que tener en cuenta.
Los editores se niegan a dejarme divagar ad
infinitum acerca de este gran tema. ¡En verdad! Una idea importante que quedó
vibrando en el suelo de la sala de edición es que la competencia naval es un
proceso relativo, más que absoluto. O mejor dicho, los equilibrios navales son
cosas relativas.
La geografía asiática agrupa a tantos países,
tan cerca unos de otros, que las fuerzas terrestres y aéreas pueden influir en
los acontecimientos en el mar. En efecto, sir Julian Corbett (un destacado
historiador naval británico del siglo XIX) podría haber estado escribiendo
sobre el Asia actual, cuando definió la estrategia naval como el arte de
determinar “las relaciones mutuas entre el Ejército y la Marina en un plan de
guerra”.
Dónde estará el proyecto naval de China dentro
de una década, no depende solo del progreso de la Armada del EPL, sino también
de los avances de sus competidores.
China puede mejorar en términos absolutos sus
fuerzas navales y la artillería costera que las protege. Pero si sus rivales
compiten eficazmente, pueden arruinar la trayectoria ascendente del poderío
naval chino, preservando tales ventajas y tomando la delantera en esta
competencia.
Si ellos fallan, este enorme esfuerzo por
acumular poder naval podría convertir a Beijing en el principal líder regional
por defecto. Esa es una posibilidad real. Ni siquiera es necesario mencionar
los problemas del presupuesto militar de Estados Unidos. Los altos mandos de la
Armada norteamericana hablan de manera pesimista sobre una flota de 257 buques,
por debajo de la ya sobreexigida fuerza naval de hoy. Los presupuestos
militares japoneses siguen estando fijos. Es que el comentado repunte del gasto
en Defensa de Tokio es una miseria, menos del 1% de su Producto Interno Bruto.
Y el proyecto naval de India sigue por detrás del de China por un amplio y
creciente margen.
Por otro lado, la conducta dominante de Beijing
en estos últimos años podría impulsar a las otras potencias asiáticas a hacer
causa común. Eso es lo que predicen las teorías realistas de las relaciones
internacionales. En resumen, al mantener firme su poder marítimo y unir sus
capacidades, Estados Unidos, sus aliados y sus amigos pueden tener una voz de
peso en el equilibrio marítimo.
Alza de precios de la electricidad.
Los consumidores residenciales podrían tener
una amarga experiencia en un futuro no lejano si las próximas licitaciones de
suministro —como todo lo anticipa— son declaradas desiertas. En tal caso el
Gobierno evalúa indexar los contratos a los costos marginales, para eliminar el
riesgo de los generadores y atraer interesados. Como dichos costos marginales
alcanzan valores muy altos, esto traería un alza importante en las tarifas
eléctricas de clientes regulados, que podría llegar hasta 30%.
En los últimos años los consumidores han estado
protegidos ante las alzas por contratos de suministro firmados en el pasado, en
condiciones mucho más favorables.
Ahora la situación es distinta, y no solo
porque el precio de los combustibles es elevado: el problema fundamental ha
sido la oposición ambientalista a la instalación de centrales de bajo costo,
que ha hecho que al crecimiento de la demanda se deba responder con la
operación cada vez más frecuente de centrales de alto costo.
Expertos del sector han venido advirtiendo hace
años que las dificultades para el ingreso de unidades de base terminarían
elevando los costos, afectando el crecimiento y el empleo y, finalmente,
afectando directamente a los usuarios. Ese futuro ya está aquí: empresas como
el Metro tendrán que renovar sus contratos a un costo mucho mayor. Esto, a su
vez, elevará el costo del sistema de transporte público, lo que resulta en la
paradoja de que la oposición a la contaminación —un argumento de quienes se
oponen a las centrales— perjudicará a un medio de transporte no contaminante.
Por su parte, algunas empresas han cerrado y despedido trabajadores porque ya
no son competitivas al renovar sus contratos de suministro.
Ahora es el turno de los consumidores
regulados. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Se darán cuenta de que en su oposición a
las unidades generadoras de bajo costo han sido guiados por grupos de interés
que tienen una mirada parcial? En tal caso, hay esperanzas de que cambien la
forma como perciben las inversiones en este sector, y se tornen más favorables
a ellas. De ocurrir así, la actual situación podría haber sido solo una costosa
aberración temporal, y en el futuro los precios volverían a ser razonables, el
crecimiento no se vería alterado y tendríamos los recursos para reducir la
contaminación.
¿O, por el contrario, exigirán subsidios u
otras reformas al sistema eléctrico que tengan el efecto de anular las señales
económicas? En tal caso, es probable que la situación del sistema eléctrico
siga empeorando, que el país se torne más pobre, pague más por electricidad y
tenga más contaminación, al operar unidades generadoras que usan combustible
diésel en forma permanente.
Ampliación de concesiones.
Un reportaje de La Segunda informaba este fin
de semana acerca de diversos casos de extensión de contratos por sumas
cuantiosas en importantes obras concesionadas, debido a nuevas necesidades que
pueden aparecer después de algún tiempo de operación y que, en principio,
explican que se realice la correspondiente ampliación. Sin embargo, llama la
atención la forma en que suele procederse en tales casos, la que no guarda
relación ni con el volumen de los recursos involucrados ni con la escasa
transparencia del procedimiento que se sigue, comparándolo con la etapa inicial
de cualquier trabajo de mucho menor entidad en el sector público, como una
simple posta rural que requiere evaluación previa de Mideplan en cuanto a su
rentabilidad social.
Los ejemplos recopilados en esa indagación
periodística se refieren a obras todas de un costo superior a los US$ 70
millones (y algunas mucho más) allí detalladas, como la ampliación del camino
al Sur en Angostura, la ruta 5 Norte, el aeropuerto en Pudahuel, la cuesta Las
Chilcas y la Costanera Norte, lo que deja en evidencia la magnitud y el valor
de tales trabajos, que con toda probabilidad convenía llevar a cabo pero que en
su conjunto podrían alcanzar a US$ 1.600 millones. Lo que sí importa es señalar
que el sistema utilizado para ello no está a la altura del gasto Fiscal
involucrado y exige la existencia de normas capaces de despejar cualquier duda
respecto de la corrección de su aplicación en la práctica.
Dado que generalmente se trata de
requerimientos de cierta urgencia en servicios de intenso uso público –a veces
planteadas por la propia empresa que realizó las obras iniciales concesionadas
y otras por petición del MOP, al que la Ley autoriza para exigir al mismo
concesionario que realice una ampliación hasta por el 15% del presupuesto
oficial– se han buscado mecanismos de solución rápida, que suelen exceder esos
límites si hay un acuerdo expreso de ambas partes. El problema radica, primero,
en que para operar baste esa mutua conformidad y, luego, en que si se sobrepasa
el 5% del valor real de lo concesionado o la suma de cien mil UF, el llamado a
licitación que entonces se establece lo suela hacer el concesionario en un
concurso privado con al menos cinco ofertas, sobre el que no es fácil obtener
información clara y donde, al parecer, él mismo influye en determinar los
precios y se citan casos de que además reciba pagos.
Lo opaco de los mecanismos que se utilizan en
ese sector de financiamiento de las obras públicas –que vienen de largo tiempo–
se traduce en que no haya la transparencia indispensable para alejar toda
sospecha, lo que se manifestó concretamente en la falta de respuesta oficial a
una petición hecha conforme a la Ley vigente en la materia. Como se puede
apreciar, no se trata de un caso específico en que aparezcan antecedentes
claros de una actuación indebida, sino precisamente de un conjunto de normas
vigentes que no garantizan que ello no pueda ocurrir y que es conveniente
revisar para que la normativa se adecue mejor a una sociedad que demanda cada
vez más control sobre los actos del Estado y, en especial, del manejo de los
dineros de todos los chilenos.
Patrimonio mundial en peligro.
Entre los numerosos organismos internacionales
que promueven la defensa de la riqueza patrimonial del mundo, World Monument
Fund, fundado en 1965, es uno de los que han adquirido mayor prestigio y
notoriedad. Cuenta con un equipo de expertos y una serie de programas
relacionados con la restauración de monumentos históricos, y su iniciativa más
famosa es conocida como “The Watch”. Desde 1996 y cada dos años, un panel
internacional evalúa postulaciones de todo el mundo, para luego seleccionar
alrededor de cien lugares de todo el orbe que requieren ayuda, según criterios
de significación, urgencia, viabilidad y relevancia. Esa lista se denomina
“Patrimonio mundial en peligro”, y este año incorporó dos sitios chilenos: el
ascensor porteño de Santo Domingo y el edificio de La Alhambra en el centro de
Santiago. Anteriormente, otros 11 sitios chilenos —como las iglesias de Chiloé
y las del altiplano, entre otros— habían sido incorporados en las sucesivas
listas bienales. Se busca con eso situarlos en una plataforma visible a nivel
mundial, que permita a conservadores y restauradores presentar sus proyectos y demandas
de financiamiento. En el caso del edificio de La Alhambra chileno, construido
en el siglo XIX, existe un completo plan para rescatarlo del deterioro, cuyo
costo supera con creces la capacidad de nuestro sistema público.
Nuestra institucionalidad patrimonial es aún
muy precaria, pese a todos los esfuerzos. Donde más se ha avanzado en cuanto a
un modelo de financiamiento relativamente estable es en la Ley de Donaciones
Culturales, cuya última reforma entrará en vigencia el 1 de enero próximo. Como
en la mayoría de los países que buscan allegar recursos para mantener su acervo
patrimonial, la esperanza radica principalmente en el esfuerzo que pueda hacer
el sector privado, incentivado por el Estado. Pero si bien las modificaciones a
dicha Ley bajo la actual administración permitirán aumentar la participación de
empresas y personas naturales, queda aún mucho por avanzar.
Una reforma pendiente y que podría allegar
recursos en forma permanente a estas tareas son los endowments o fondos
patrimoniales, mediante los cuales los dineros recibidos puedan inyectarse a un
gran “fondo patrimonial”, para usarlo como capital en inversiones inmobiliarias
o bursátiles, por ejemplo, cuyas utilidades sustenten los proyectos
beneficiarios de donaciones culturales. Sin vías Legales como estas, la
inclusión de sitios en cualquier lista difícilmente determinará un cambio de la
situación actual.
Interferencias electorales en la discusión Parlamentaria.
La discusión de la Ley de presupuesto tiene
este año una particularidad que arriesga deteriorar la calidad del debate en
torno a tan importante proyecto: coincide como nunca antes con la parte más
intensa de la campaña electoral. Debido a la reforma para adelantar las
votaciones para el Congreso y la Presidencia de la República, el debate quedó
determinado por la celebración de la primera vuelta Presidencial y las Legislativas.
El resultado de esta coincidencia de fechas -que pudo y debió haber sido
evitada- es que muchos Parlamentarios han privilegiado la campaña, lo cual ha
tenido efectos adversos para la discusión del proyecto.
Las Subcomisiones que discuten las distintas partidas
acordaron la semana pasada apurar la resolución de los temas menos conflictivos
antes del receso de un mes en que entrará la Cámara de Diputados a partir del
próximo jueves, dejando para después de los comicios del 17 de noviembre el
tratamiento de los asuntos donde existen mayores diferencias. De esta manera,
es muy probable que partidas importantes relativas a educación, vivienda, salud
o transportes queden sin resolver y deban ser abordadas con rapidez antes de
que se venza el plazo de tramitación del proyecto a fines de noviembre. Aunque
es común que los temas más controvertidos sean resueltos hacia el final de la
negociación en la Comisión especial mixta de presupuesto, ello siempre ocurre
después de que los temas han sido debatidos intensamente en Subcomisiones, lo
cual no ocurrirá en esta ocasión debido a la falta de tiempo.
Las incomodidades que genera esta coincidencia
de fechas eran previsibles y podrían haber sido resueltas si se hubiera
adelantado la discusión presupuestaria. En mayo pasado, el Gobierno anunció que
había llegado a un protocolo de acuerdo con el Legislativo para anticipar la
tramitación y evitar así que se viera obstaculizada por la campaña electoral.
Sin embargo, ello no se concretó y el proyecto de Ley fue ingresado el 30 de
septiembre, como si éste fuera un año normal, sin atender las condiciones
excepcionales que tiene.
La falta de voluntad para adelantar la
presentación del proyecto está afectando la profundidad de la discusión y puede
traer otras consecuencias si se produce un triunfo opositor en la primera
vuelta Presidencial. Esto último provocaría la paradójica coyuntura de que
sería la oposición la que se vea en la obligación práctica de defender el
presupuesto, mientras el oficialismo adopta una posición prescindente o,
incluso, crítica.
Ante la incapacidad de los actores políticos
para resolver esta circunstancia, es recomendable promover los cambios Legales
que impidan que la situación se repita en el futuro. Una posibilidad es que la
discusión presupuestaria sea anticipada obligatoriamente en aquellos años en
que se producen elecciones, para lo cual bastaría alterar la norma Constitucional
que establece que “el proyecto de Ley de presupuestos deberá ser presentado por
el Presidente de la República al Congreso Nacional a lo menos con tres meses de
anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir”, lo cual en la práctica
pone como fecha límite el 30 de septiembre de cada año. Una reforma podría
adelantarla en 30 o 60 días, manteniendo la exigencia de que la tramitación Legislativa
del mismo se prolongue como máximo por dos meses.
Enfoques internacionales.
EE.UU. desplazado por China en APEC.
Ante la ausencia de Barack Obama, y la opinión
generalizada de que EE.UU. perdía liderazgo, China tomó la batuta, y se
permitió advertir a Estados Unidos que le convendría solucionar sus problemas políticos,
pues sería inadmisible que no cumpla los compromisos de deuda. China puede
hacerlo, porque es el principal tenedor de bonos del Tesoro estadounidense, y
ante un default sería el primer perjudicado.
“Debe evitar un impago de la deuda, de modo que
garantice las inversiones chinas y el proceso de recuperación no se vea
afectado”, fue el mensaje que Beijing envió a Washington por intermedio de su Viceministro
de Finanzas. Probablemente China nunca habría lanzado esta exhortación si Obama
hubiese estado presente en Indonesia, liderando la iniciativa estadounidense
frente a una región con la cual tiene compromisos importantes en el plano
económico y militar. Estados Unidos, promotor del libre mercado, principal
objetivo de APEC, quedó opacado por el gigante comunista, que ha liberalizado
su sistema, pero está lejos de ser una economía liberal.
El Presidente Xi Jinping prescindió de Obama en
su discurso en Bali, pero no necesitó aludir a su ausencia para asumir un
protagonismo que nunca antes tuvo. Indiscutiblemente fue el líder de la Cumbre
e hizo todos los esfuerzos para demostrar que es el Jefe de una potencia
responsable, y que si bien “China no puede desarrollarse aislada del
Asia-Pacífico”, los demás miembros de APEC tampoco pueden hacerlo solos, pues
necesitan a China para “prosperar”. Un mensaje directo de liderazgo económico,
reforzado con un análisis de la situación de su país que resumió como “una
desaceleración suave y bajo control”, a resultas de “nuestra propia
regulación”. Xi reconoció que deben sacrificar crecimiento para “aplicar las
reformas estructurales que garanticen crecimiento futuro sustentable y
estabilidad”.
Obama no tuvo más que reconocer la disminuida
imagen suya y de su país, diciendo que “es casi como si no me presentara a mi propia
fiesta”, si bien aclaró que EE.UU. “siempre ha pagado sus facturas”. Un caso
emblemático de la pérdida de influencia estadounidense fue el anuncio de un
acuerdo entre China e Indonesia —vital aliado de EE.UU. y donde Obama vivió en
su adolescencia—, mediante el cual Beijing abrirá una línea de crédito de 50
mil millones de dólares para inversiones en infraestructura, indispensable para
el desarrollo del archipiélago.
En el plano de Defensa, el hecho de que EE.UU.
no estuviera representado por su Presidente, sino por el Secretario de Estado
también debilitó su posición. China aprovechó de decirles a los aliados de
Estados Unidos que las disputas fronterizas y de otro tipo debían solucionarse
por medio de negociaciones entre ellos, insinuando que Washington debiera
marginarse de cualquier intervención en el asunto. China tiene disputas con
Japón, por las islas Diaoyu/Senkaku, y con Vietnam, Malasia, Brunei, Taiwán y
Filipinas por una cadena de islas cerca de las cuales habría petróleo y gas.
Mejores vínculos para Chile.
Para Chile, las relaciones con los países de la
APEC son de vital importancia. Gran parte de su comercio (60%) se ha canalizado
a esa región, y los numerosos TLC bilaterales que ha firmado con varios de sus
miembros dan cuenta de la relevancia que tiene. Por eso, el Presidente Piñera
hizo bien en mantener una presencia destacada y bregar por avanzar en nuevos
compromisos. Por ejemplo, antes de la Cumbre, se firmó el TLC con Tailandia,
que debe ser ratificado por nuestro Congreso, y se conversó con el líder de
Indonesia para iniciar en enero negociaciones para un acuerdo con ese país.
En paralelo, Chile dedicó esfuerzos a las
negociaciones para la TransPacific Partnership (TPP), un proyecto que
englobaría una parte de los 21 miembros de APEC, sin China, y que sería el gran
tratado de libre comercio del Pacífico, complementario de cualquier modalidad
que adopte la APEC en el futuro. Si bien tenemos TLC con los 12 países de este
grupo, el interés surge de la posibilidad de que aumente el número de productos
sin aranceles, y también mejoren otros aspectos de los acuerdos. El TPP sería
la mayor zona de libre mercado, con casi 800 millones de consumidores
potenciales y con más del 40% del PIB global.
Estados Unidos puso gran interés y esfuerzo por
que en la cumbre de Bali se consiguiera un avance significativo en la TPP.
Efectivamente algo se logró, pero, al decir del Canciller Alfredo Moreno, se
“está en el momento más difícil” de las negociaciones, y no se han “resuelto
las cosas más complejas”, como las cláusulas ambientales, laborales y de
derecho de propiedad, a las que EE.UU. dedica más tiempo para proteger sus
intereses y son resistidas por los socios. Sin consenso en ellas, difícilmente
se logrará tener el TPP listo en diciembre, fecha que ha planteado en diversas
oportunidades.
En el caso de la OMC, tampoco será posible que
en una crucial reunión de la Ronda de Doha (paralizada desde 2008) —en
diciembre próximo— se destraben las negociaciones. Para eso —sostienen los
entendidos— se necesitaría que los representantes se pongan de acuerdo en
noviembre sobre los puntos en disputa, y se da por entendido que no ocurrirá
así. En este foro, los más de 150 miembros deben decidir pasos para liberalizar
en acuerdos multilaterales el comercio mundial, al margen de los TLC
existentes. Eso es una necesidad irrenunciable para tener oportunidades de
salir de la actual crisis económica.
Correspondencia destacada.
Señor Director:
Culpando a la Constitución.
Están tan metidos en la política y por tanto
tiempo, unos porque se dedican a ella y otros de tanto comentarla, que creen
que cambiando la Constitución se arreglará Chile, como si este viniera mal.
Es el respeto a las personas, el trabajo, las
reglas claras y un ambiente propicio a la inversión y productividad lo que nos
hace avanzar.
César Molfino.
Señor Director:
Sindicalización automática.
Respecto de la sindicalización automática
propuesta por algunos personeros, esta es un atentado a la libertad. John Locke
decía que “el fin de la ley no es abolir ni restringir, sino preservar y
engrandecer la libertad”. Cicerón, por su parte, dijo que “la libertad no
consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo”. Por último, también es
conocida la frase de Lord Acton “la libertad no es un medio para alcanzar un
fin político más alto. Es en sí misma el fin político más alto”.
Jorge Porter.
Señor Director:
Reforma tributaria.
En relación a la entrevista de Andrea Repetto,
es difícil de entender cómo una reforma tributaria propuesta por decenas de
académicos con doctorados en universidades ciertamente no gratuitas, sea
presentado como una propuesta para disminuir la brecha social, cuando ésta es
regresiva y conseguirá justamente lo contrario.
Con la eliminación del FUT, el alza de
impuestos a las empresas en un 25%, del 20% al 25% y la baja de impuestos
únicamente a los tramos más altos del 40% al 35% la diferencia de ingresos aumentará.
Los impuestos de los altos sueldos bajarán en un 12%; todos los demás quedarán
igual. Dentro de los contribuyentes que bajan sus impuestos están los altos
ejecutivos de grandes empresas, Diputados, Senadores, Ministros, Presidentes y
los profesionales más exitosos.
Los impuestos de los grandes empresarios que
reparten gran parte de las utilidades de sus empresas bajarán; por otra parte,
los medianos y pequeños empresarios y los que decidan repartir menos utilidades
para reinvertir en su empresa, hacerla crecer, dar trabajo y crear riqueza para
el país y para su familia (hoy llamado lucro) subirán. El mensaje de esta
reforma es claro: retire, no reinvierta, no haga crecer su empresa, no dé más
trabajo.
Para las pymes es más dramático aun, sus dueños
tendrán que pagar un impuesto por un dinero que no recibirán, ya que este
segmento de empresas no está en condiciones de retirar las utilidades que
generan.
Tema aparte es qué sucederá con el FUT antiguo.
Si obligan al empresario a primero terminar con la cuenta FUT antigua al
retirar, éste y su empresa tendrán que tributar por una parte el 35% con la
nueva reforma, más el 20% de diferencia sobre el retiro del FUT antiguo.
Benjamín Kaufmann, Empresario.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
