La gran deuda
de las campañas,
por Gonzalo Müller.
La participación sigue siendo una de las
principales fallas de nuestra democracia, a pesar de haber aprobado e
implementado la inscripción automática y el voto voluntario. En la elección Municipal
del 2012 votaron menos ciudadanos y no más, y las expectativas hasta ahora son
que este año en el mejor de los casos vuelvan a votar más o menos la misma
cantidad que el 2009, cuando considerábamos, con razón, que no era sostenible
que más de 5 millones quedaran fuera del ejercicio democrático del voto.
La mayor cantidad de candidatos, 9 a la Presidencia,
reflejando una gran diversidad de oferta política, la mayor cantidad de listas Parlamentarias,
incluyendo en sus nombres a muchos rostros de los movimientos sociales y
estudiantiles, la elección directa de los Consejeros Regionales, ninguno de
estos factores anticipan un aumento significativo en la cantidad de personas
que votarán el próximo 17 de noviembre. A estas alturas ni siquiera la
sorpresiva concurrencia a las primarias Presidenciales del 30 de junio pasado
permite entusiasmarse con una mayor participación.
Las campañas han resistido el cambio de reglas
que supone el voto voluntario, ni comprenden a cabalidad lo que sí entendió
perfectamente el ciudadano, que la decisión de ir a votar depende directamente
de la capacidad de involucrar al ciudadano en lo que se ofrece y darle un
protagonismo suficiente que lo lleve a movilizarse. Se sigue apelando casi
exclusivamente a la lealtad ideológico partidaria, lo que moviliza sólo a los
ciudadanos más politizados, pero es indiferente como llamado para la gran
mayoría.
Entender que el esfuerzo de convocar y
movilizar recae en las campañas, es una clave de toda elección con voto
voluntario, pero que se constituye a estas alturas en la gran deuda de las
actuales campañas. Se insiste majaderamente en los recursos ya conocidos, y no
se innova en establecer nuevas relaciones con los electores, ni en conocerlos
más allá de sus preferencias más gruesas.
Si se quiere buscar un responsable de la baja
participación, se puede partir por someter a las distintas campañas Presidenciales
y Parlamentarias a un simple test: cuánto del esfuerzo que realizan está
destinado no sólo a informar al elector, sino que a escucharlo con atención;
cuánto del presupuesto de su campaña tiene como objetivo mantener una relación
bidireccional con el ciudadano y no sólo gritarle el nombre del candidato en
cada esquina, en cada segundo de radio o televisión.
Aunque es un mundo muy distinto, las empresas
han girado fuertemente en tratar de conectar con las necesidades y expectativas
de sus consumidores, ofreciendo cada vez más alternativas que incorporan un
mayor grado de personalización en la experiencia de consumo, valorándola más
allá incluso del acto mismo de la compra.
La lógica de movilizar al elector no es un acto
de logística o ingeniería electoral, como erradamente asumen la mayoría de las
campañas, sino el resultado de un discurso construido junto al elector, y que
refleja correctamente las cosas que para él son importantes, por las que está
dispuesto a asumir los costos de la participación y del voto.
Si nuestras campañas apostaran por el cambio de
paradigma que implica el voto voluntario, recién entonces podríamos esperar el
aumento de participación que nos traiga una mayor legitimidad y fortaleza a
nuestra democracia. Un ciudadano protagonista de la decisión, al que se conoce
y con el cual se mantiene una relación estrecha, debiera ser el objetivo de
toda campaña. La mayor facilidad para movilizarlo y llevarlo a votar sería el
premio al trabajo bien hecho.
República o
reality,
por Pablo Ortúzar.
Pocos recuerdan hoy la banalidad de nuestra
política durante los últimos años del Gobierno de Bachelet. Los temas y
conflictos "políticos" que los medios cubrían eran los mismos de la
farándula: quién andaba con quién en el Congreso, los nuevos trajes y cortes de
pelo o el zapato volador. Las termoeléctricas se multiplicaban, el crecimiento
económico era bajo, el desempleo alto y el Transantiago un caos. Pero el
Costanera Center crecía, los bonos abundaban, la Pequeña Gigante encontraba a
su tío, los más ricos se compraban convertibles y la popularidad de la
Presidenta sólo subía. Las balas volaban en la Araucanía, Chaitén era borrado
por un volcán y querían moverlo, pero a nadie le importaba demasiado. Había un
relajo en el aire, cierta dejación cínica y decadencia autocomplaciente
generalizada. "Es lo que hay", se decía.
La Concertación perdió el poder frente a un
Piñera inmune al comodín de la dictadura y a un ME-O que era más liberal en lo
económico y lo moral que Frei, y más de izquierda en lo político. Luego
vinieron el terremoto, el tsunami y los saqueos.
El espectáculo no paró: tuvimos un reality de
rescate minero, un proyecto energético movido de un telefonazo y la Plaza
Italia repleta por casi cualquier cosa. Tan repleta, que Eugenio Tironi señaló,
correctamente, que nos habíamos "argentinizado" ante tanta autosuficiencia,
escándalo, grandilocuencia.
Luego, el 2011, la miseria moral detrás de
algunas empresas quedó al descubierto y generalizó la desconfianza. Las masas
de clase media irrumpieron en política y la Concertación, que estaba muerta,
les avivó la cueca con interés vampírico. Todos dijeron "Chile
cambió". Giorgio y Camila tocaron las estrellas. Se declaró muerta
"la vieja política" en Twitter. Pero el proceso de banalización
seguía: sobreideologización, diagnósticos apocalípticos, teorías de la conspiración
y un Gobierno que frente a la pregunta por la Justicia del sistema educacional
respondía con el "GANE FE".
Y así, finalmente, llegamos a estas elecciones,
con Bachelet con aire ligero y transversal, prometiendo traer de nuevo a la
Pequeña Gigante; con la derecha tratando de que Matthei le compitiera en
carisma -optando, finalmente, por lo programático-, y con una serie de
candidaturas entre pintorescas e histéricas de la izquierda extra (y anti) Parlamentaria.
ME-O, en tanto, ha hecho harto trabajo de programa, pero ha sido borrado
metódicamente por la "Nueva Mayoría". Y Parisi, el producto más puro
del incesto de farándula y política, sube en las encuestas.
Ahora, en la recta final, juegan cuatro: por un
lado, Matthei y ME-O, que apuestan por lo programático; y, por otro, Bachelet y
Parisi, que apuestan por el carisma y la ambigüedad. Por eso, para los dos
primeros entablar entre sí un diálogo programático respetuoso y serio en los
debates Presidenciales y en la prensa podría ser la mejor última jugada, ya que
mostrarían el vacío de la candidatura de Parisi y obligarían, quizás, a
Bachelet a tomar posición en temas que generan tensión dentro de su tinglado
electoral.
Esta batalla contra la política de farándula
sería, quizás, la última movida. Pero sería, también, la primera en la
recuperación de cierto orden y moderación para enfrentar los enormes desafíos
del futuro como República, en vez de como reality .
Integración
económica de Chile al mundo: Logros y retos,
por Klaus Schmidt-Hebbel.
Tuve el honor de integrar la delegación de la
reciente visita oficial del Presidente Piñera a Tailandia y de la participación
en la Cumbre de APEC en Bali. En Bangkok el Presidente firmó un Tratado de
Libre Comercio (TLC) con la Primera Ministra de Tailandia. Ello continúa una
política de dos décadas de integración económica mundial de Chile,
probablemente el país con el mayor número de Acuerdos de Libre Comercio (ALC)
bilaterales y plurilaterales en el mundo. Hoy Chile tiene vigentes 22 ALC (con
60 países), la mayoría de los cuales incluyen aspectos que van mucho más allá
del libre intercambio de bienes y servicios.
Chile es miembro de organizaciones
internacionales -Organización Mundial del Comercio (OMC), OCDE y la Oficina
Mundial de Protección Intelectual-, que comprometen a sus miembros a la
integración económica multilateral en temas específicos. La mejor política para
el mundo y Chile es la integración económica completa. Pero lamentablemente un
acuerdo global de integración está lejos de lograrse. La Ronda de Doha, en el
marco de la OMC, no avanza. Ello valida como segunda mejor opción la estrategia
de Chile: seguir buscando acuerdos amplios de integración y libre comercio, en
forma bilateral y plurilateral.
Particularmente frustrante han sido los intentos
de integración económica en América Latina. La ALALC fue un proyecto fallido.
La ALADI hace tiempo ya no juega un rol relevante. Sabiamente Chile dejó de ser
miembro de la Comunidad Andina de Naciones y no es un Estado parte del
Mercosur; ambos son uniones aduaneras parciales con barreras comunes al
comercio con países no miembros.
Mucho más completa es la integración de Chile a
los países de la Cuenca del Pacífico. Chile es miembro del APEC (un foro
catalizador de integración económica, de 21 economías de las Américas, Asia
Oriental y Pacífico Sur), del P-4 (con Nueva Zelandia, Singapur y Brunei) y del
Trans-Pacific Partnership (TPP), un ambicioso plan para la zona de libre
comercio más grande del mundo entre 12 países, basado en dos grandes pilares:
acceso de mercado y adopción de reglas y regulaciones comunes. Finalmente,
Chile es un gran promotor de la Alianza del Pacífico, el primer acuerdo de
integración profunda y efectiva en América Latina, suscrito con Colombia,
México y Perú.
Los ALC de Chile explican una caída del arancel
promedio efectivo al 1% en los últimos años. Del comercio total de Chile (un
57% del PIB), 44% se realiza sin pagar aranceles. Más allá del mayor comercio,
¿cuáles son los beneficios de la integración económica? Los acuerdos amplios de
integración nos permiten especializarnos más en sectores con ventajas
comparativas y consumir una mayor diversidad de bienes y servicios, a precios
más bajos. A través de la mayor competencia internacional aumentan la
productividad, los salarios y los ingresos. Una protección balanceada de las
inversiones, los derechos de propiedad intelectual, y los derechos ambientales
y laborales, elevan el ingreso y el bienestar en los países plenamente
integrados al mundo. Tener reglas de mercado y regulaciones comunes empareja la
cancha en la competencia internacional, contribuyendo adicionalmente al
bienestar de las personas.
Chumacero, Fuentes y yo estimamos en 2004 los
potenciales beneficios de largo plazo para Chile de los ALC vigentes con Estados
Unidos y la Unión Europea desde 2003-04. Nuestras simulaciones sugieren que el
consumo, el PIB y el bienestar de los consumidores chilenos aumentarían en
cerca de 1% respecto de los niveles que se observarían sin estos dos acuerdos,
lo que equivale hoy a una ganancia de US$ 3 mil millones por año. Por supuesto,
los efectos de todos los ALC suscritos por Chile, y de los acuerdos de
integración plurilateral, como la Alianza del Pacífico y el TPP, tendrán
beneficios totales muy superiores a los citados.
Por lo tanto, nuestro país deberá continuar la
política de Estado, adoptada por sucesivos Gobiernos, en procura de una plena,
amplia y profunda integración al mundo. Hay una docena de países en la agenda
de la Cancillería de Chile para negociar los ALC nuevos o profundizar los ya
vigentes. Al mismo tiempo, Chile debería completar su apertura comercial
unilateral plena, reduciendo el arancel general a cero, lo que constituye una
de las 95 Propuestas del Grupo Res Publica Chile.
El papel de
los empresarios.
Mucha atención ha recibido últimamente el rol
de los empresarios. El tema fue discutido en Enade, a propósito de los planes
que abrigan las candidaturas Presidenciales. Las denuncias sobre ciertos
ilícitos que habrían sido cometidos en el mercado accionario han abierto
explicables dudas sobre los estándares éticos que orientan las operaciones de
empresarios de éxito. Por eso es oportuna la presentación, mañana miércoles,
del proyecto "Bien común: dilemas éticos y compromisos
empresariales", patrocinado por la Confederación de la Producción y del
Comercio, Generación Empresarial y este diario, que busca plasmar principios y
buenas prácticas en la gestión de las compañías.
El debate sobre el rol social de la empresa
privada es antiguo y se da en los más diversos países. Por ejemplo, en la
tradición católica -la doctrina social de la Iglesia- se espera del empresario
que ejerza sus funciones con actitud generosa hacia sus trabajadores, algo más
fácil de propiciar en la pequeña empresa -un campo, por ejemplo- que en una
gran compañía, que exige conciliar los intereses divergentes de innumerables
accionistas y acreedores. Las grandes corporaciones interactúan no solo con sus
trabajadores, proveedores y consumidores, sino con sus accionistas y tenedores
de bonos. Sus operaciones suelen provocar efectos en las comunidades donde se
localizan, de carácter ya sea social o ambiental. Los expertos en
administración de empresas han desarrollado conceptos como
"responsabilidad social empresarial", "valor compartido" y
"capitalismo consciente" para aludir a cómo deben sus directivos, en
sus decisiones, tomar en consideración el medio en que se desempeñan. El
proyecto aludido se basa en el aporte de un amplio conjunto de experimentados
empresarios y propone guías específicas para la conducta empresarial en cuanto
a libre competencia, relación con las comunidades y tratamiento de clientes y
proveedores.
Es positivo que los empresarios se comprometan
con la libre competencia, la transparencia de los mercados y el pleno respeto
de los derechos de todos quienes se relacionan con sus empresas. Mientras mayor
sea la adhesión voluntaria a las buenas prácticas empresariales, menos intensas
y costosas serán las acciones de fiscalización por parte de la autoridad, menos
frecuente la presión "de la calle" contra sus iniciativas, menos
probable que los casos de abuso den rienda suelta a quienes desde siempre son
enemigos ideológicos de una economía libre.
Sin embargo, no debe entenderse que un
empresario comprometido con esos principios y buenas prácticas ha de renunciar
al objetivo de máxima rentabilidad y valor para los accionistas, que es propio
de una economía de libre mercado. Al contrario, lo que hace a esa forma de
organizar la economía exhibir tan alto rendimiento en cuanto a crecimiento
económico, creación de fuentes de trabajo y mejoramiento del estándar de vida
es, precisamente, que libera las energías innovadoras de los emprendedores y
les permite cosechar los frutos de sus desvelos. Las ganancias empresariales,
cuando son obtenidas en buena lid, han de ser celebradas, porque son el reflejo
de la contribución de los emprendedores al avance de la sociedad. Su acción es
más fecunda cuando los impuestos, las regulaciones y la burocracia son
mantenidos a raya. Bienvenidos sean los empresarios conscientes de sus
responsabilidades y de los alcances de sus actos, pero que en ningún caso se
entienda eso como un modo de poner un freno al dinamismo emprendedor que hace
marchar y progresar a una economía de libre mercado.
Nuevo procedimiento
para las concesiones eléctricas.
Ya fue publicada la Ley que establece un nuevo
procedimiento para constituir concesiones de transmisión y distribución
eléctrica. Con ella se busca sortear las crecientes dificultades para
materializarlas, derivadas de la oposición de quienes verán afectados sus
derechos con los tendidos eléctricos que atraviesan los diversos predios, y que
motivan una Judicialización que retrasa y complica los proyectos de
transmisión. Mediante la nueva normativa se acota el procedimiento y los plazos
de constitución en el ámbito administrativo, como asimismo quiénes están
facultados para oponerse, y la oportunidad y causales para hacerlo. Lo propio
se hace con los procedimientos Judiciales a que pueda haber lugar.
La iniciativa Legal puede contribuir a
destrabar y facilitar la constitución de las concesiones y servidumbres, pero
sólo si es interpretada en términos coherentes con su objetivo. En efecto, la Legislación
que estaba vigente era un instrumento Jurídico apto y suficiente para la
constitución expedita de las concesiones, si hubiera sido aplicada conforme la
lógica que la inspiraba: que todos los predios están sujetos al gravamen de
ceder paso a las líneas eléctricas, pues hay un interés público en su
construcción, y que lo que básicamente debe discutirse es el monto de las
indemnizaciones, para cuya apreciación no es necesario postergar o paralizar el
avance de los proyectos. Sin embargo, ha sido frecuente el cuestionamiento de
los proyectos mismos o los trazados, lográndose paralizaciones mediante órdenes
de no innovar, que muchas veces desconocen la competencia técnica de las
autoridades administrativas especializadas que han adoptado las determinaciones
dentro de su esfera de atribuciones.
No siempre es posible evitar la excesiva Judicialización
reformando las Leyes, pues de todas maneras existirán vías para multiplicarla
cuando la Judicatura no impide que los procesos Judiciales sean utilizados con
fines ajenos a los previstos en ellas. En este caso, contribuirá a un menor
acatamiento de la norma que se dictó el hecho que ya fue impugnada por un grupo
de Senadores ante el Tribunal Constitucional, reclamando que el nuevo
procedimiento menoscabaría la defensa o tutela de los derechos de los
afectados, el debido proceso y el derecho de propiedad. El Tribunal desestimó
el requerimiento sin pronunciarse sobre el fondo, pues fue presentado fuera de
plazo. Como no se resolvieron las objeciones en esa instancia, se abre ahora la
posibilidad de que sea impugnada con iguales argumentos ante dicha Magistratura
por los afectados mediante requerimientos de inaplicabilidad, con una nueva
dimensión en los litigios y más inseguridad Jurídica, que es lo que se
pretendía evitar.
Mientras no se conozcan las señales que
entregue la Jurisprudencia en la aplicación de la nueva normativa, no habrá
seguridad y una agilización efectiva de los proyectos en una materia de gran
importancia para el desarrollo del país. Asimismo, es necesario conocer el
resultado de la tramitación Legislativa de otras iniciativas Legales
relacionadas que son incidentes para el sector, como los proyectos de Ley de
carretera eléctrica y de interconexión de sistemas eléctricos independientes,
cuya aprobación debería ser una prioridad del Gobierno en la última etapa de su
administración. Finalmente, también influirán los términos en que se defina la
aplicación del Convenio 169 respecto de las tierras indígenas, que con
frecuencia son afectadas por los tendidos de transmisión de energía.
Agricultura:
los pendientes.
Durante la jornada de anteayer se realizó el
encuentro de la Agricultura —Enagro 2013— que reúne anualmente a autoridades,
dirigentes gremiales y agricultores para discutir los temas que preocupan al
sector. En él, tomaron protagonismo las propuestas de los candidatos a La
Moneda para el agro. Al tradicional tema del tipo de cambio y a la escasez de
mano de obra para las faenas, se sumaron otros más coyunturales como la helada
de septiembre que golpeó fuertemente los cultivos de frutos, y la sequía que
afecta a varias zonas del país.
Las autoridades, en su última presentación ante
el sector, mostró buenas cifras de avance en modernización al resaltar que a
través de Indap se ha duplicado el apoyo financiero, técnico y productivo para
la agricultura, pasando desde 135 mil agricultores beneficiados el año 2009 a
280 mil en la actualidad. En el tipo de cambio, se resaltaron los esfuerzos por
tener uno más estable y competitivo, gracias a la reducción del déficit Fiscal
a una cifra cercana al 1% de cara al próximo Gobierno, mantenido la tasa de
crecimiento del gasto que no supere a la del producto y teniendo controlada la
inflación.
Este impulso de productividad para el sector es
clave, pero el Gobierno deja pendiente un tema importante que es la aprobación
de un nuevo estatuto laboral agrícola. Junto con las medidas de mitigación para
las heladas y la sequía, es en el asunto laboral donde se necesita enfocar
esfuerzos por desarrollar políticas públicas. Un sistema que se adapte al
sector —en términos de horarios, contratos, incentivos y condiciones dignas de
trabajo— es clave, pero también dar de una vez el debate de frente a la
necesidad de inmigración para suplir las brechas de trabajadores en varios
cultivos. Ello implica resolver la deuda pendiente del país en cuanto a una Ley
de extranjería moderna, y enfrentar fenómenos localizados de rechazo a la
presencia de mano de obra extranjera, que son una señal de alerta y que con
toda razón han sido duramente criticados por las autoridades y líderes
sociales.
Las propuestas de las candidaturas Presidenciales
para el sector, escuchadas en el foro de Enagro y en otras instancias, optan
por temas periféricos, sin entrar todavía en aquello que agobian a la
agricultura en el largo plazo. No hay crédito blando ni ayuda tecnológica que
reemplace el impacto de un mercado laboral accesible para los productores, el
que es indispensable para mejorar su competitividad y aspirar al objetivo de
convertir a Chile en potencia agroalimentaria mundial.
La candidatura de Evelyn Matthei tiene una
propuesta sobre esta materia, pero lamentablemente para el sector agrícola ayer
no se contó con la presencia de un representante de la candidatura de Michelle
Bachelet que permitiera comparar ideas. Es de esperar que en los pocos días que
restan de campaña se pueda realizar un debate que vaya al fondo de los temas pendientes
en la agricultura, más allá de las ayudas de corto plazo, que, siendo
necesarias, no apuntan al objetivo antes señalado.
Restricciones
a rotulado de alimentos.
En el cumplimiento de sus funciones, la
Contraloría General de la República emitió recientemente un dictamen en el que
hace observaciones a algunos aspectos del reglamento correspondiente a la norma
que regula el rotulado de alimentos y que fue revisada por el órgano contralor.
El organismo considera que ninguna marca de
producto alimenticio -existente o nueva- que sea catalogada como “alta en”
nutrientes críticos (sodio, azúcar o grasas saturadas) podrá hacer publicidad
que contenga gráficas, símbolos o personajes que estimulen el consumo en
menores de 14 años, contrariando la interpretación del Ministerio de Salud
(Minsal), que sostenía que la normativa no afectaba a los productos que ya
están en el mercado. Lo que se ha entendido como un endurecimiento de la Ley
por parte de la Contraloría es, más bien, el cumplimiento del rol que le cabe a
esa entidad. Situación similar ocurre con el cumplimiento de la norma en los
establecimientos educacionales, pues la Ley establecía originalmente que si los
colegios tenían contratos con proveedores de alimentos, la Legislación se les
aplicaría una vez que esos contratos finalizaran, lo que fue desestimado por
Contraloría, al señalar que éstos deberán ceñirse a la normativa cuando entre
en vigencia.
Las observaciones realizadas por la Contraloría
ponen de manifiesto los extremos a los que se ha llegado con el rotulado de
alimentos en virtud de la Ley aprobada por el Congreso. En lugar de limitarse a
entregar información para que el público decida o que los padres se hagan cargo
de lo que consumen sus hijos, la regulación impulsada por el Ejecutivo y votada
por los Parlamentarios cae en excesos que la Contraloría deja en evidencia. La
búsqueda de una alimentación sana de la población debe darse con respeto a la
libertad de las personas para elegir, sin que el Estado adopte una postura que
termina suplantando la deliberación del individuo o la familia.
Pluralismo y
TV digital.
El Congreso despachó el martes el proyecto de Ley
de TV digital y se anuncia que el Tribunal Constitucional resolverá en los
próximos días varios puntos en los que hay serias dudas de Constitucionalidad.
El más serio de los defectos con que se
despachó este discutido proyecto radica en un nuevo concepto legal, que podría
llamarse de "pluralismo activo". Mediante esta innovación Legislativa,
se trata ahora de exigir a los canales de TV reflejar en sus programas de
noticias y opinión la inclusión de contenidos que reflejen el
"pluralismo", definido en el nuevo artículo 1° como "el respeto
a la diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de género, de
orientación sexual e identidad de género". Sería deber de los
concesionarios y permisionarios de TV "promover en los contenidos
entregados la observancia de estos principios", "excluyendo los que
atenten contra los mismos".
La gravedad de este nuevo mecanismo Legislativo
no está tanto en la definición de pluralismo ni en los conceptos que lo
integran. Ellos reflejan un razonable cuadro de valores de diversidad que
resulta sano promover en una sociedad democrática. Pero resulta Constitucionalmente
inaceptable respecto de la libertad de emitir opinión e informar el trasladar
la decisión sobre la selección, intensidad y combinación de estos valores en la
programación desde los medios de comunicación al Consejo Nacional de
Televisión. Y así ocurre porque la Ley impone ahora a los canales el deber de
"promover" estos valores, lo que supone un deber activo, y con esta Ley
el CNTV quedaría facultado para adoptar medidas e imponer sanciones si, a su
juicio, los concesionarios no han cumplido debidamente con un adecuado
"pluralismo".
El pluralismo activo envuelve una grave
intromisión en la libertad de expresión, que sería Constitucionalmente
intolerable en cualquier Legislación extranjera desarrollada. No corresponde al
Estado -y el CNTV es finalmente el Estado- reemplazar a los medios en la
selección de los contenidos, aun si se quiere promover conceptos positivos.
Este es un ámbito intangible perteneciente a todas las personas y los medios,
que la Carta Fundamental garantiza sin censura previa ni amenaza indebida de
sanciones por un órgano Estatal. En eso consiste la garantía Constitucional,
que protege el libre flujo de ideas, debates y contenidos.
De aceptarse este precedente en materia de TV,
todos los medios quedarían sujetos a la posibilidad de deberes activos de
promoción, finalmente resueltos por el Estado. Hasta hoy la TV estaba sujeta al
concepto de "correcto funcionamiento", que ha sido interpretado como
una obligación de no excederse de ciertos límites finales, pero no como una
falta por omisión o ausencia de promoción. Esto contrasta con lo fallado por el
TC en enero de 2013 (caso People Meter I), en que concluyó que en las
comunicaciones sociales "el interés público esencial radica en la
conservación de un espacio de opinión pública mediante el libre flujo de
información que sustente el control social democrático".
Correspondencia
para meditar.
Señor Director:
La izquierda
y la violencia.
Las declaraciones de la candidata Bachelet
respecto de la Ley Antiterrorista dan cuenta de la ambigüedad con que actúa la
izquierda cuando de delincuencia y violencia se trata. Otro ejemplo de esto se
vio en el primer capítulo de la franja del PPD, donde se justifica el actuar de
los encapuchados advirtiendo que “tienen rabia y piden a gritos dignidad”.
Ahora somos miles los chilenos que entendemos
por qué las bancadas de la Concertación han frenado constantemente los
proyectos del Gobierno para reforzar el orden público.
Juan Carlos Sotomayor F.
Señor Director:
Una visita al Congreso.
Días atrás, en el marco de una visita cultural,
fuimos al Congreso con mi colegio. Tuve la oportunidad de ir a una sesión en la
Cámara de Diputados, pero hubiera preferido no haber ido a esta. Me dio rabia y
vergüenza que de 120 Diputados hubiera solo siete, y que de esos siete, solo
tres estuvieran atentos a lo que estaba ocurriendo, porque los demás estaban
haciendo cualquier otra cosa con su celular.
Encuentro inaudito que quienes están a cargo y
manejan nuestro país no se tomen en serio su puesto.
Soledad Niemann.
Señor Director:
Multas.
Si tan sólo en nuestro Poder Legislativo se
aplicaran las multas que el equipo Juventus le puso a su jugador estrella
Arturo Vidal por no presentarse a su trabajo, le aseguro que el ausentismo en
nuestro Congreso sería cercano a cero.
Roberto Varas Pinto, Ingeniero Comercial UNAB.
Señor Director:
Mortalidad
por contaminación.
Si la información entregada en diferentes
medios sobre el hecho dramático de que la contaminación aérea es una de las causas más grandes de mortalidad, el Gobierno
y el Ministro de Salud deben saber que
en la mayoría de los casos los tratamientos no darán resultados favorables y
que una vida se acabará pronto.
Pareciera que la enfermedad de un pariente o
amigo llevaría a la acción inmediata de las autoridades. Los problemas que se
conocen en la realidad inmediata son los que mueven la mano de quien debe tomar
decisiones. Por ejemplo, la extrema pobreza se ve, se palpa, se huele y por eso
existen planes para eliminarla a la brevedad. Pero el cáncer no tiene esas características
y sólo se hace notar en su momento extremo, llamado terminal.
La vida es un derecho humano, como igualmente
su conservación y cuidado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos
ha dado un grito de alerta y hay que escucharlo de inmediato. Mañana será
demasiado tarde.
Hay que eliminar la emisión de gases tóxicos de
industrias, fábricas, locomoción pública y privada a como dé lugar. Medidas
adecuadas existen. No se saca nada con crear hospitales. Se deben tener menos
enfermos, y hoy, menos enfermos de cáncer.
Sara Navas Bustamante, Abogado.
Una pregunta incómoda:
Todos sabemos que los
profesores tienen remuneraciones bastante exiguas ¿ alguien nos podrá explicar cómo
ejerciendo la docencia don Franco Parisi logró, en pocos años, comprarse una casa
en La Dehesa, una vivienda en Puerto Velero, el famoso Porsche y dos vehículos
más ?