¿Doce opciones? Solo tres
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Una elección Presidencial produce siempre
algunos desconciertos y una que otra perplejidad. Buena cosa, porque eso ayuda
a pensar.
Inmersos en la vorágine de los días normalmente
trepidantes, los chilenos tenemos una oportunidad más de reflexionar cuando,
cada 4 años, unos pocos compatriotas generosos se ofrecen para conducir la
república. Esta vez son 9 las opciones, aunque en realidad son 12 las
alternativas. Sí, porque a los candidatos se suman otras tres posibilidades
legítimas: votar nulo, blanco o abstenerse.
Pero, con el paso de los días de campaña y a
medida que van decantándose las ofertas de los postulantes, se van consolidando
las reacciones de los electores, por lo que las opciones reales se reducen a
solo tres: socialismo, humanismo, o no marcar preferencia válida. Al
socialismo, en sus más variadas versiones, apelan al menos 7 de los candidatos.
Tengan o no programa, los socialistas-Bachelet,
hasta el momento en que escribo, no logran articular su mamotreto como
propuesta unitaria. Lo que cada una de esas postulaciones le propone al país es
simplemente esto: yo, el candidato, y nosotros, mi equipo, sabemos lo que usted
necesita; usted no lo sabe, usted ignora la gravedad de sus problemas y la
radicalidad de las soluciones.
Al lector le pueden parecer exageradas estas
afirmaciones, pero, ¿ha leído "El otro modelo", la obra canónica de
los gurús de Bachelet?
Si no lo ha hecho, se aporta ahora una joyita
que puede ayudar a entender por qué se afirma lo anterior: Sostienen los
autores, todos ellos bacheletistas: "Cuando ciertas esferas de la
existencia humana (como la salud o la educación) quedan entregadas al individuo
y a su familia, el sentido de vivir en comunidad se pierde y el malestar
aparece".
No le quitemos una coma a esa afirmación. Si
usted es uno de esos papanatas que cree que en Chile nunca va a pasar nada
(porque además tiene menos de 55 años y no vivió conscientemente la UP),
dedíquele unos minutos de su intensa agenda profesional a meditar en las
palabras transcritas. Que no sea yo quien le indique lo que significan; que no
sea yo el que saque conclusiones. Alguna vez -ya está bien de frivolidades-
concluya usted. Es cierto, eso sí, que puede presentarse una queja legítima: ¿Y
al frente, para hacerle collera, hay una verdadera opción humanista?
Nos han dicho que la candidatura Matthei tiene
un programa de centro, socialdemócrata, y la recomendación viene de cerca. Por
cierto, nada que exprese esa concepción de la persona y de la sociedad puede
concitar adhesión alguna de quienes entienden a cada chileno como un ser dotado
de dignidad trascendente, con todas las consecuencias prácticas que esto
implica en materias de vida, familia, vivienda, trabajo, educación, salud, recreación,
etc.
¿Socialdemócrata el programa de la candidata de
la Alianza? Si realmente fuera así, el 17 de noviembre no obtendrá más del 25%
de los votos en primera vuelta, bajando a casi la mitad de las preferencias
habituales de su sector. No son los intelectuales refinados los que piden una
opción humanista. Son millones de personas sencillas quienes, con sentido
común, miran a esa candidatura y, perplejas de nuevo, piden una explicación.
A poco más de tres semanas de la primera
vuelta, quienes hoy quieren votar nulo nos preguntan a los que lo hicimos la
vez pasada, cuando la opción Piñera nos pareció inadecuada: ¿debo hacer lo
mismo?
Depende. Depende de que en las próximas semanas
se explicite en la candidatura Matthei una opción auténticamente humanista, que
dé esperanzas de un futuro no socialista para Chile. Si no, frente a dos males,
que cada uno decida en conciencia cómo proceder.
La estrategia para el día después de las
elecciones,
por Fernando Laborda.
Desde hace varias semanas, la expectativa sobre
las elecciones Legislativas argentinas del próximo domingo no está centrada en
un resultado que no modificaría en forma significativa el producido en las
primarias abiertas del 11 de agosto, sino en las consecuencias políticas y
económicas que comenzarían a verse el día después de los comicios.
Las opiniones se dividen entre quienes creen
que el Gobierno de Cristina Fernández ha resuelto no cambiar nada en materia
económica y quienes se ilusionan con que habrá algunas correcciones, a la luz de
las rectificaciones encaradas por la Casa Rosada tras las primarias.
Los más optimistas sobre posibles cambios
económicos sostienen que si la Presidente aceptó después de la derrota de
agosto ceder ante el propio Sergio Massa y modificar la presión del impuesto a
las ganancias sobre los trabajadores asalariados, además de actualizar el
esquema monotributista para aliviar a este sector, bien podría seguir
admitiendo la necesidad de más reformas.
El acuerdo con empresas extranjeras que le
ganaron a la Argentina disputas en el Ciadi (el órgano de solución de
controversias del Banco Mundial) por litigios comerciales ha sido tomado por
operadores económicos como un cambio positivo insinuado por el Gobierno. Se
trata, en rigor, de una estrategia oficial destinada a destrabar el veto de
EE.UU. para que el Banco Mundial siguiera ofreciendo créditos a nuestro país.
Algo que demuestra que las autoridades argentinas están desesperadas por la
llegada de dólares, entre otras cosas, para financiar el cada vez más abultado
déficit energético.
Los más pesimistas frente a eventuales cambios
económicos consideran que, antes de rectificar las distorsiones que muestra el
sistema productivo, con sus elevados costos en dólares, y el atraso tarifario,
el kirchnerismo optará por ponerle más parches al modelo actual y dejarle la
pesada tarea pendiente al Gobierno que asuma en diciembre de 2015. Pese a que
este diferimiento haría prever mayores problemas de competitividad y un menor
nivel de actividad económica, en el Gobierno existiría la convicción de que el
riesgo de que la situación económica estalle antes de los dos próximos años es
relativamente bajo.
Las mayores dudas se relacionan con el futuro
del equipo económico. Los rumores sobre el alejamiento de la Secretaría de
Comercio Interior de Guillermo Moreno, impulsados por él mismo, al igual que el
del Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dan cuenta al menos de que existe
un creciente internismo en las filas del Gobierno cristinista. Es más que
probable, también, que no pocos líderes territoriales del peronismo, aun cuando
hasta ahora vienen acompañando al Gobierno Nacional, reclamen cambios no menores
si el resultado electoral del domingo próximo es el que pronostican las
encuestas. La avanzada del Gobernador bonaerense, Daniel Scioli, la semana
pasada en un coloquio empresarial (IDEA), donde admitió que el camino elegido
para enfrentar la inflación no ha dado resultados, se vuelve en tal sentido muy
sugestiva.
La diferencia que obtenga la lista del Frente
Renovador, encabezada por Massa, frente a la del oficialista Frente para la
Victoria, que lidera Martín Insaurralde con el protagónico respaldo de Scioli,
será clave para determinar no solo el lanzamiento hacia la carrera Presidencial
del Intendente de Tigre, sino también el grado de fortaleza con el que se
quedará el Gobernador de Buenos Aires.
¿Podrá Scioli recomponerse de una derrota por
un margen que podría duplicar el logrado en las primarias por Massa? Si bien
será difícil remontar esa caída, los sciolistas se entusiasman con un dato
tomado de la encuesta de Management & Fit concluida la semana última, que
frente a la pregunta "¿Quién considera que estaría más preparado hoy para
manejar el país?", señala que el 21,4% de los consultados en todo el país
mencionó a Scioli, contra el 19,1% que citó a Massa.
Aunque, según informes médicos, la evolución de
la Presidente tras la intervención quirúrgica que se le practicó el 8 de
octubre es positiva, la salud de Cristina Fernández seguirá siendo fuente de
incógnitas y de especulaciones políticas. Y en el sciolismo se ha dejado
trascender que, si un agravamiento de la salud Presidencial derivara en la
aplicación de la Ley de acefalía y en la elección por parte de la Asamblea
Legislativa de un Presidente que completara el actual mandato, el Mandatario
bonaerense se sentiría en condiciones de asumir el desafío.
Tales hipótesis no figuran en los planes de
ningún integrante del núcleo más ideologizado del kirchnerismo. Sobre todo,
después que las últimas encuestas exhibieron un crecimiento en el nivel de
imagen positiva de la Presidenta (Management & Fit la situó en el 43,9%,
nueve puntos más que un mes atrás) y ante la posibilidad de que el cristinismo
pueda esgrimir, con más picardía que fundamentos, que nadie podrá
responsabilizar de la derrota en las urnas a alguien que en las tres semanas
previas al acto electoral estuvo convaleciente y al margen de la campaña.
Caso Fragatas: perfeccionar los procedimientos.
Tras dos años de investigación, el "caso
Fragatas", originado en la compra de unidades usadas a Holanda en 2005,
concluyó con los tres acusados -Oficiales en retiro de la Armada- condenados a
una pena de cinco años de libertad vigilada y a restituir $ 250 millones al Fisco,
por lavado de dinero, cohecho, negociación incompatible y tres delitos
tributarios. Lo ocurrido denota severas debilidades de los sistemas de compra
de armas frente a eventual corrupción.
En las compras militares se dan algunas
condiciones facilitadoras adicionales para esta figura, lo que explica que en
todo el mundo sea un área en la que semejantes episodios no son infrecuentes.
Sucede así porque los equipos son poco estandarizados y no fácilmente
comparables entre proveedores, en especial los ya usados, lo que hace difícil
determinar si los valores pagados son los que corresponderían. Además, en el
pasado nuestras evaluaciones no consideraban el costo de ciclo de vida del
equipo, por lo que una compra que parecía tener una buena relación
calidad-precio resultaba no tenerla cuando se consideraban los costos de
mantenimiento y operacional. Peor aún, como estos últimos no estaban
considerados en los presupuestos militares, en ocasiones no era posible
utilizar lo adquirido. Afortunadamente, esto ya no ocurre y se comparan los
equipos bélicos sobre la base de una estimación de los costos totales durante
su vida operacional.
Los procesos de evaluación tienen problemas de
diseño conceptual que facilitan la corrupción: cuando se evalúan miles de
aspectos (como sucedió en la compra de los F-16) es fácil dar peso a factores
que no son importantes y quitárselo a otros que sí son relevantes, sin que sea
fácil detectarlo, por lo que la evaluación es manipulable. Otras dificultades
se relacionan con la relativa autonomía de las Fuerzas Armadas, que tiene
ventajas en algunas dimensiones y problemas en otras, como en este caso. Esa
autonomía les hace difícil aceptar supervisión externa de sus procesos de
compra, y su esquema jerárquico hace difícil transparentar los problemas que
puedan aparecer. Asimismo, la participación en las ventas de Codelco -aunque no
puedan gastarse con autonomía de Hacienda- contribuye a la percepción de que
las compras militares disponen de cierta independencia, a diferencia de otras
instituciones.
En Chile, las irregularidades han sido escasas,
pero es aconsejable una reforma del sistema de compra de armas que reduzca la
posibilidad de corrupción, lo que debería incluir mecanismos de control externo
que consoliden ante la opinión pública la confianza en su corrección.
A este respecto, es interesante el ejemplo de
la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Luego de la fallida compra de trenes
españoles de segunda mano durante el Gobierno del Presidente Lagos, EFE solo
podría hacer compras importantes si estaba en condiciones de demostrar
transparencia. Por eso, para la reciente compra de trenes nuevos para el
Metrotrén a Rancagua se estableció un nuevo esquema de compras: una comisión de
notables, externos a EFE, creada con la única función de garantizar los
procedimientos y su formalidad. No evaluaba los equipos (ni tenía la capacidad
técnica para hacerlo), sino que verificaba las metodologías, la calidad de los
equipos evaluadores, que las evaluaciones fueran idóneas y transparentes, y
garantizaba que el proceso no evidenciara corrupción. Los resultados han sido
buenos, y una empresa con reconocidos problemas en la compra de equipamiento en
el pasado en esta ocasión no ha motivado quejas. Es una fórmula lenta y ardua,
pero quizá una adaptación de ella, al menos en cuanto a la supervisión externa,
la idoneidad del personal y la certificación de que los resultados se ajustan a
lo requerido, podría mejorar los procedimientos actuales de compras de las
Fuerzas Armadas, despejando eventuales suspicacias.
Dificultades en la tramitación de la “Ley Emilia”.
La tramitación de la llamada “ley Emilia” -una
propuesta que se originó en un proyecto presentado por varios Diputados, que
busca endurecer las sanciones cuando hay resultado de muerte producto de
conducción en estado de ebriedad- no ha logrado encontrar una discusión serena
en el Congreso, al punto de que el Senado y la Cámara de Diputados no consiguen
ponerse de acuerdo en un texto definitivo. Ello hace recomendable no seguir con
su tramitación hasta que sea posible retomar su discusión técnica, ya que
existe el riesgo de que en su redacción actual se termine aprobando una Ley que
podría introducir significativos desbalances en la legislación penal, lo que es
inconveniente.
El lamentable fallecimiento de una menor de
sólo nueve meses de edad, a comienzos de este año, producto de la conducción
temeraria e imprudente, provocó honda conmoción en la ciudadanía y dio pie para
que se elaborara esta iniciativa Legal, que aumenta drásticamente las penas de
cárcel para el delito de conducción en estado de ebriedad, al considerar que la
Legislación actual no lo castiga de manera suficiente. Su discusión Legislativa
se ha prestado para todo tipo de controversias, y el debate técnico ha
terminado siendo reemplazado por descalificaciones y competencias por ostentar
dureza ante la opinión pública. Es perfectamente legítimo que accidentes tan
graves como el ocurrido motiven una reflexión en la sociedad sobre la
efectividad de la Legislación para sancionar ciertas conductas, pero ello debe
ser hecho en armonía con el resto de la Legislación penal, porque, de lo
contrario, se abre espacio para ocupar la Legislación con finalidades que no
necesariamente miren el interés general.
El proyecto que aprobó la Cámara de Diputados
en primer trámite estableció penas que en caso de lesiones gravísimas podrían
llegar a 10 años de cárcel, y si hubiere resultado de muerte, dicha penalidad
podría elevarse hasta 15 años. El Senado introdujo una serie de cambios que
también apuntaban a endurecer las sanciones, pero redujo la máxima penalidad a
10 años y condicionó la aplicación de ésta a una serie de requisitos. Ello
motivó la formación de una comisión mixta, pero su informe -que en general
apunta a atenuar las sanciones en este tipo de casos- no fue aprobado por la
Cámara de Diputados. La tramitación Legislativa ha quedado así entrampada, pero
cabe reconocer que el Senado ha actuado acertadamente, ya que, de lo contrario,
se habría aprobado una Legislación desbalanceada, que habría dejado a este tipo
de delitos con una penalidad significativamente mayor respecto de otro tipo de
homicidios igualmente graves, sin que exista una justificación clara para ello.
Una discusión como la que se ha planteado exige
que ella sea llevada en un contexto donde se busque la armonía con el resto de
la Legislación penal, en el cual resulta legítimo preguntarse si las penas que
sancionan el homicidio en sus distintas agravantes son razonables o bien
insuficientes. Se trata de una discusión de largo alcance -la que, por ejemplo,
podría tener lugar en la comisión Presidencial que estudia la actualización del
Código Penal-, pero que difícilmente podría ser bien resuelta en una Legislación
puntual y que ha sido discutida con premura. Sobre ese particular, conviene
recordar lo dificultoso que muchas veces resulta probar Judicialmente y fuera
de toda duda la conducción en estado de ebriedad, y de allí la complejidad que
reviste la revisión de este tipo de sanciones. El Congreso tiene ahora la
oportunidad de retomar el debate y lograr una legislación que concite un amplio
consenso.
Concesiones y rigor.
El Gobierno ha anunciado un ambicioso plan de
licitación de obras públicas para lo restante de su Mandato, que incluye el
puente de Chacao, el nuevo aeropuerto de Santiago, Américo Vespucio Oriente y
varios hospitales, entre otras, todo lo cual suma varios miles de millones de
dólares. Ante esto, miembros de la campaña Presidencial de oposición han advertido
que puede ser imprudente licitar proyectos cuyos diseños no estén desarrollados
y sean aun solo conceptuales. De otra forma -advierten-, el costo de
corregirlos una vez adjudicados los contratos puede ser muy alto.
Pese a la reconocida capacidad de la Ministro y
del Subsecretario de Obras Públicas, así como del Director de Concesiones,
enfrentan el hecho de que llevan poco tiempo en sus cargos, por lo que les ha
sido difícil enmendar los defectos o recuperar del todo los retrasos en los
proyectos heredados del pasado, tanto de más antiguo origen como algunos más
recientes. Entre estos últimos, los hay que sugieren potenciales deficiencias,
tales como especificaciones de pavimentos que no resistirían el paso de
vehículos pesados, un hospital al parecer parcialmente localizado en zona con
riesgo en caso de maremoto, o no se advirtió que el Municipio estaba en proceso
de cambiar el plano regulador, por lo que el proyecto pasaría por un nuevo
seccional. Otros no están suficientemente desarrollados, como la concesión a
Farellones, que casi no incorporaba mejoras al trazado en el tramo entre
avenida Las Condes y Corral Quemado.
En el caso de los hospitales, se están
terminando los proyectos de Maipú y La Florida, que auguran ser ejemplos
exitosos de concesiones, como resultado de un largo proceso previo a la
licitación en el que se revisó el diseño en conjunto con las empresas
interesadas. Por lo tanto, la concesionaria conocía el proyecto en detalle al
ser adjudicado, lo que permitió que una iniciativa compleja haya tenido
retrasos de solo pocos meses. Esta práctica parece menos rigurosa en los
últimos proyectos, y los nuevos hospitales se licitarían -el de Antofagasta
sería el primero- sin esa etapa previa de trabajo conjunto. Así, por la
complejidad de estos emprendimientos, podrían aparecer luego costosas sorpresas
cuando se construyan, si no hubieren sido revisados con la acuciosidad que
demandan el buen servicio a los usuarios y los montos de fondos públicos
involucrados.
El riesgo de licitar sin un diseño bien
concebido es que se deba renegociar al poco tiempo. Conviene, pues, redoblar la
prudencia en las licitaciones durante período Presidencial que termina. Esto es
especialmente válido porque los proyectos de Américo Vespucio Oriente, puente
sobre el Chacao y aeropuerto de Santiago son complejos, y algunos han recibido
críticas que en algunos casos parecen fundadas. Tal vez sería útil concentrar
los esfuerzos y los recursos humanos de la Dirección de Concesiones en estos
proyectos, para así licitarlos con un diseño muy acabado, sin abrir flanco a
los interrogantes actuales.
Como es obvio, este rigor interesa a toda la
ciudadanía, cuyos impuestos financian tales obras, y a los usuarios de las
mismas. Pero también interesa determinantemente al gremio mismo de
concesionarios, pues esa industria ha hecho posible avances gigantescos en la
infraestructura chilena, que no siempre son valorados como tales por la
población. Esto, porque aquel ha omitido explicar constantemente que, con todas
las imperfecciones que haya podido tener, el balance del sistema de concesiones
es muy positivo para el país, y merece ser preservado, perfeccionado y
extendido en lo que proceda.
Más censura en Venezuela.
En seis meses de Gobierno, Nicolás Maduro no ha
podido enderezar el rumbo al precipicio de la nefasta política económica de
Hugo Chávez. Y tampoco lo ha querido. Insiste en profundizar la
"revolución bolivariana" que no ha traído sino penurias a parte de la
población (aquella que no recibe subsidios ni está en la lista de pagos del Gobierno),
una inflación galopante, una escasez de bienes desconocida hasta ahora y que no
corresponde a un país rico en petróleo, con un precio histórico.
Maduro, sin el carisma de Chávez, tiene poco
margen de maniobra. No logra evitar las pugnas internas del Gobierno, que se
divide entre "ideológicos" y "pragmáticos". Los primeros
quieren llevar la revolución hasta el límite; los segundos piensan que deben
rectificar ciertos aspectos. Pero ninguno concluye que todo el modelo es un
fracaso. Por el contrario, quieren seguir con su socialismo del siglo XXI,
incapaz de satisfacer las necesidades de la población. Tan mala es la
situación, que Heinz Dieterich, ideólogo de Chávez, señala que Maduro (con
quien no es tan afín) tendría los días contados y podría verse enfrentado a
elecciones anticipadas.
Ante este panorama económico desolador, en el
que los precios de los alimentos han subido 70%, Maduro busca culpables y los
encuentra en la oposición, que denuncia la ineptitud Gubernamental, y en la
prensa, que no hace sino informar.
Hace pocos días, el Presidente pidió que los
responsables de un titular periodístico que no le gustó, "La gasolina la
echan a gotero", fueran llevados a la cárcel. La Fiscalía inmediatamente
abrió una investigación y la Fiscal anunció que había comprobado en terreno que
la información era falsa. Con estos antecedentes, parece obvio que la Justicia,
no independiente, sancionará al diario en cuestión. Además hay un expediente
abierto contra Globovisión, por crear "zozobra" en la población con
informaciones sobre escasez de productos.
Los intentos de censura a la prensa no están
solo en las amenazas y denuncias Judiciales. Directivos de El Nacional en la
SIP denunciaron falta de divisas para importar tinta, papel y maquinarias.
Más grave aún, hace unos días, Maduro firmó un
decreto que crea un organismo censor con amplios poderes, que podría ser un
golpe rotundo a la libertad de expresión y prensa en Venezuela.
El jefe del Centro Estratégico de Seguridad y
Protección de la Patria (Cesppa) "podrá declarar el carácter de reservada,
clasificada o de divulgación limitada a cualquier información, hecho o
circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea
tramitada" en el ente censor. Y su tarea, según el decreto, será
"solicitar, organizar, integrar y evaluar las informaciones de interés
para el nivel estratégico de la nación, asociadas a la actividad enemiga
interna y externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e
inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas, según lo
requiera la Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana".
El Colegio de Periodistas venezolano y la SIP
han rechazado categóricamente esta nueva intentona de amordazar a la prensa en
Venezuela, que estiman un paso más "en la configuración de un sistema
totalitario en materia informativa", con las consecuencias esperables para
una sociedad que enfrenta el autoritarismo de los herederos de Chávez.
Las lecciones de Argentina.
La entrevista al ex Ministro y dos veces
candidato Presidencial argentino Ricardo López-Murphy, publicada el martes, no
sólo resulta reveladora de los graves problemas que enfrenta la nación vecina,
sino que constituye una advertencia respecto de los riesgos de un enfoque
equivocado de nuestras opciones en el marco de la política regional. En efecto,
sus opiniones son claramente críticas de medidas como los controles cambiarios
y de los precios, y por cierto del maquillaje de las estadísticas que intenta
disimular la inflación, lo cual ha perjudicado la actividad económica y a los
propios consumidores, logrando con la crisis energética algo que parecía
imposible: que el trigo sea escaso en Argentina. Lamenta las dificultades que
han encontrado allá los inversionistas chilenos, por su aporte al empleo y a
las buenas prácticas empresariales, atribuyendo la situación de LAN a la
maniobra de un grupo oficialista que controla la respectiva empresa Estatal
para ocultar sus fracasos.
En relación a las elecciones del próximo
domingo en su país, el destacado economista considera que sería un avance
extraordinario que en el futuro cambiara la orientación hacia políticas como
las que siguen Chile, Uruguay, Perú y Brasil, con distintos matices pero con
las reglas de comportamiento que hoy predominan en el mundo, para atraer la
inversión, crear empleos productivos y resolver los actuales conflictos
internos. Por lo mismo, en el caso de nuestra propia decisión electoral de noviembre,
le preocupa que se vea afectada la línea de notorio desarrollo seguida hasta
ahora y que los chilenos “estropeen lo que está yendo bien” y que, en cambio,
“arreglen lo que les ha estado dando resultado”.
Este llamado de atención tiene fundamento no
sólo en la comparación con lo que ocurre en Argentina, sino con el panorama
general de la región y con las tentaciones de varios candidatos nacionales. En
América Latina se multiplican las entidades que abarcan a todos o algunos de
nuestros países con propósitos de cooperación política o económica, que se
reúnen con frecuencia y en general exhiben magros resultados, como ha sucedido
con Unasur (donde el Gobierno chileno ha colaborado activamente), en Mercosur y
hasta en las cumbres iberoamericanas, con tan escasa concurrencia reciente que
acaban de decidir efectuarlas sólo cada dos años. Contrasta esa realidad con la
de la Alianza del Pacífico, cuyas posibilidades de relacionarse no sólo con el
Asia ribereña sino con todo el mundo acaba de destacar esta misma semana el
Presidente Humala en el XIV Foro Iberoamérica, pero es vista con injustificada
sospecha por la izquierda chilena.
Sería ciertamente un despropósito que el muy
posible Gobierno de la Nueva Mayoría (para no mencionar candidaturas
testimoniales y extremas en su rechazo a ese pacto) dejara de lado el positivo
trabajo cumplido hasta ahora en conjunto con México, Colombia y Perú en favor
de un crecimiento de las economías regionales, abierto a la participación de
las naciones que en gran número se han manifestado interesadas, para aprovechar
mejor las oportunidades que brinda el área del Pacífico. Peor aún que lo
hiciera por prejuicios políticos o por preferir la orientación crecientemente
populista y, en la práctica, frustrada de los regímenes agrupados bajo la
enseña bolivariana, o incluso la de quienes en la vertiente atlántica piensan
erróneamente que no tienen cabida en esa amplia convocatoria.
Una carta para meditar.
Señor Director:
Candidatos.
Considerando la gravedad de la reciente
información sobre las acciones Judiciales en contra del Sr. Parisi y la familia
de este, es sorprendente que los antecedentes Judiciales, policiales,
crediticios y morales de todos los candidatos, pero especialmente de aquellos
que aspiran a la Presidencia de la República o al Congreso, no sean debidamente
investigados por las autoridades correspondientes y, por sobre todo, por los
medios de comunicación que a diario nos informan sobre cosas y eventos mucho
menos importantes de cada candidato.
Pareciera que los hermanos Parisi escucharon la
popular canción de Albert Hammond “échame a mí la culpa de lo que pase” y ahí
mismo decidieron quién sería el culpable.
María Olga Fernández, Empresaria, ex animadora
de TV.
A 24 DÍAS DE LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA.
Entre una candidata clara, honesta y frontal,
como Matthei y una “muda” que se corre de la posibilidad de debatir de verdad,
como Bachelet, sin duda alguna nos quedamos a ojos cerrados con la primera.
Pueblos bien informados
difícilmente son
engañados.