Temas de interés nacional e internacional....

Las voces del silencio

por Mario Vargas Llosa.

Aunque no soy un usuario entusiasta de Internet, reconozco que su aparición ha hecho crecer de una manera notable la libertad de expresión en el mundo y ha infligido un golpe casi mortal a los sistemas de censura que los Gobiernos autoritarios establecen para controlar la información e impedir las críticas. Me ha convencido de eso Emily Parker, antigua periodista de The Wall Street Journal y de The New York Times, que en un libro de próxima publicación en los Estados Unidos pasa revista a la revolución que han significado la Web y las redes sociales en China, Cuba y Rusia en el campo de la información.

Su libro se titula Now I Know Who My Comrades Are ( Ahora sé quiénes son mis camaradas ), se subtitula Voices from the Internet Underground ( Voces de Internet clandestino) y, aunque es un reportaje documentado y riguroso, se lee con la excitación de una novela de aventuras. Emily Parker habla mandarín y español, ha conocido y entrevistado a la mayor parte de los blogueros más influyentes y populares en aquellos tres países, y se mueve con total desenvoltura en el mundo de catacumbas en el que suelen operar, desde el cual han establecido las relaciones digitales que los conectan con el mundo y desde el que han devuelto la esperanza de progreso y de cambio democrático a decenas de miles de sus compatriotas que, antaño, vivían paralizados por la apatía, el miedo y el pesimismo. Hace tiempo que no leía un libro tan entretenido y a la vez tan estimulante para la cultura de la libertad.

No se crea que Emily Parker idealiza excesivamente a los personajes que pueblan su libro, presentándolos a todos como esforzados paladines del progreso y desinteresados idealistas, dispuestos a ir a la cárcel y hasta perder la vida en su lucha contra la opresión. Nada de eso. Junto a admirables luchadores guiados por convicciones y valores principistas, hay también oportunistas y casquivanos, así como aventureros y escurridizos de inapresable filiación y, acaso, hasta infiltrados y espías del Gobierno. Pero todos ellos, queriéndolo o no, haciendo lo que hacen, han logrado que retrocedan y a veces se volatilicen los frenos y controles que permitían a las dictaduras manipular la información y han conseguido que en la gris monotonía de esas sociedades embridadas de pronto las verdades oficiales pudieran ser cuestionadas, desmentidas, reemplazadas por verdades genuinas, y que el silencio se llenara de voces disidentes y un aire renovador, juvenil, esperanzado, y empezara a movilizar a sectores sociales que hasta entonces parecían petrificados por el conformismo.

Si el testimonio de Emily Parker es exacto, y yo creo que lo es, de los tres países sobre los que escribe, donde la revolución digital ha producido mayores cambios y donde éstos parecen haber alcanzado una dinámica difícil de atajar es en China, en tanto que en Cuba los cambios son menores y más susceptibles de ser víctimas de una regresión. Rusia parece dar manotazos en un mar de incertidumbre en el que cualquier cosa puede ocurrir: un discurrir violento hacia más libertad o un retroceso no menos traumático y veloz hacia el autoritarismo tradicional.

Una de las conclusiones más alentadoras de este ensayo es que la revolución tecnológica que hizo posible Internet no sólo es un arma poderosa para combatir a las dictaduras; también, para dar un derecho a la palabra a los ciudadanos comunes y corrientes en las sociedades abiertas de modo que el derecho de crítica deje de ser una prerrogativa de ciertas instituciones y órganos de expresión, y pueda extenderse y subdividirse sin límites, exponiendo a la vigilancia y la crítica del conjunto de la sociedad a los propios medios de comunicación. De esto puede resultar, desde luego, una cierta anarquía informativa, pero, asimismo, un sistema en el que la libertad de expresión esté permanentemente sometida a prueba y a perfeccionamiento y discusión.

Los blogueros, talentos y genios de las redes sociales suelen ser tan extravagantes y pintorescos como los artistas -con sus manías, estilos y ambiciones- y uno de los grandes méritos de Emily Parker es retratarlos en su libro no sólo prendidos a sus ordenadores y enviando sus mensajes a través del éter a la miríada de invisibles seguidores y amigos con que mantienen contactos digitales, sino en la intimidad familiar, en los cafés o antros donde se refugian, en el seno de sus familias, en los mítines políticos que promueven o en los escondites donde suelen desaparecer cuando son perseguidos. Eso hace que este libro esté lleno de color y de vida plural, donde la política, la cultura, los problemas sociales y económicos no aparecen nunca como realidades abstractas y desencarnadas, sino humanizados en individuos de carne y hueso, con sus grandezas y miserias y en unos contextos que permiten medir mejor los logros que han obtenido, así como sus fracasos.

Algunos de estos personajes se quedan en la memoria del lector con la vivacidad y el dinamismo de los protagonistas de una novela de Joseph Conrad o André Malraux. Por ejemplo, los chinos Michael Anti (Zhao Jing) y He Caitou, los cubanos Laritza Diversent, Reinaldo Escobar y Yoani Sánchez, y el ruso Alexéi Navalni aparecen en estas páginas con unos perfiles tan dramáticos y notables que parecen provenir más de la ficción que de la pobre realidad. Navalni, sobre todo, cuya historia ha dado ahora la vuelta al mundo gracias a su última peripecia que lo llevó a la cárcel y lo sacó de ella para ser candidato a la Alcaldía de Moscú, en unas elecciones en las que obtuvo tres veces más votos que los que predecían las encuestas (y probablemente muchos más que los que dijeron los resultados oficiales).

Es un milagro que Alexéi Navalni esté todavía vivo, en un país donde los periodistas muy críticos del régimen que Preside el nuevo zar, Vladimir Putin, suelen morir envenenados o asesinados por hampones, como la valiente Anna Politkovskaya. Sobre todo porque Navalni comenzó su carrera de bloguero denunciando con pruebas inequívocas las corruptelas y tráficos delictuosos de las grandes empresas (privadas o públicas) y exhortando a sus usuarios o accionistas a emprender acciones Legales contra ellas en defensa de sus derechos. No sólo sigue vivo, después de haber calificado a Rusia Unida, el partido de Gobierno, de "El Partido de los Estafadores y Ladrones", sino que se ha convertido en una verdadera fuerza política en Rusia: ha convocado manifestaciones de oposición con asistencia de decenas de miles de personas y es una figura internacional, que habla varios idiomas, domina gran variedad de temas, e impresiona por su simpatía y su carisma. En las páginas de este libro descuella sobre los otros disidentes por su apostura, su elegancia, pero también porque es imposible precisar en su caso dónde comienzan y dónde terminan sus ambiciones, sus convicciones y sus principios. No hay duda de que es excepcionalmente inteligente y valiente. ¿Pero es también un demócrata genuinamente guiado por un afán de libertad o un populista ambicioso que detrás de todos los riesgos que corre esconde sólo un apetito de poder y de riqueza?

Leyendo este libro es difícil no sentir una gran tristeza por ver los estragos que el totalitarismo ha causado en China, Cuba y Rusia. Todos los progresos sociales que el comunismo pudo haber traído a sus pueblos no compensan ni remotamente el atraso cívico, cultural y político en que los ha sumido, y los obstáculos que ha sembrado para que puedan aprovechar sus recursos y alcanzar el progreso y la modernidad en un ámbito de coexistencia democrática, legalidad y libertad. Es clarísimo que ese viejo modelo está muerto y enterrado, pero, aun así, librarse de él definitivamente les significará tiempo y sacrificios.

El libro de Emily Parker muestra el invalorable servicio que ha venido a prestar en esta tarea Internet, la gran transformación de las comunicaciones de nuestro tiempo.

Mentira,

por Adolfo Ibáñez.

"Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado", reza el refrán. Se refiere a que aquel que miente, pronto queda en descubierto. Sin embargo, el problema de hoy radica en que las técnicas comunicacionales, minuciosamente estudiadas por la publicidad comercial, sumadas a la amplitud de cobertura de los medios y de las redes, permiten difundir y reiterar las mentiras hasta presentarlas como verdades obvias.

La mentira es un engaño. Tan sencillo como eso. Sin embargo, no siempre es fácil detectarla y, menos aún, denunciarla. La misma lengua se presta para ocultarla. La explicación de esta palabra que entrega el diccionario de la Real Academia Española constituye un ejemplo para la antología de la mentira, al difuminar su definición hasta dejarla inocua.

Este último tiempo se ha prestado para este ejercicio con motivo de los 40 años del Once. Hay que reconocer que han armado una confusión magistral entre el golpe y el Gobierno militar, pretendiendo deslegitimar al primero y denigrar a quienes contribuyeron decisivamente para dotar al país de una institucionalidad que nos permitió superar largamente la postración anterior. La coincidencia con la campaña Presidencial ha permitido amplificar este fenómeno comunicacional. Y pareciera que la buena situación económica facilita el hecho de falsificar la historia. Como se trata de un asunto intangible, que no afecta en lo inmediato al bolsillo ni a lo cotidiano, es más difícil que se genere una reacción. No es la primera vez que vivimos esta situación. La Independencia y la negación de nuestros orígenes constituyen un grueso antecedente. Y se podrían citar otros ejemplos.

En Argentina y en Venezuela, sus Gobiernos se han empeñado también en mentiras para justificar su revolución o su modelo, con el resultado de que ambos países se han empequeñecido. La diferencia radica en que en ellos se ha deteriorado conscientemente la economía, como medio para alcanzar sus metas y mantener el poder. Y eso trae un malestar material que despierta más rápidamente una reacción popular, a la vez que señala con más claridad un camino de rectificación.

Al comer pescado uno se puede atragantar y quedar con riesgo vital. Las mentiras son espinas que aparecen más tarde como un veneno en el alma que despotencia a las personas y a las sociedades que así se han alimentado. No hay que confundirse: el subdesarrollo no es un asunto de crecimiento material, sino una enfermedad del alma cuyo origen ya no es posible desconocer.

Un acuerdo que no repara,

por Cristina Bitar.

Todos recordamos cuando un grupo de manifestantes exaltados ingresó por la fuerza a dependencias del Congreso e interrumpió violentamente una sesión a la que asistía el entonces Ministro de Educación, Felipe Bulnes. Este acto fue repudiado, en su momento, por todos los sectores. No por el contenido del mensaje de quienes realizaron la toma, sino por el total desprecio por las instituciones democráticas y por la falta de oportunidad de la acción. Los activistas fueron detenidos y la Fiscalía inició una investigación. Al mismo tiempo, el Gobierno se querelló, pues consideró que la toma así lo ameritaba. Este proceso Judicial terminó, la semana pasada, con un acuerdo reparatorio consistente en que los agresores se obligaron a hacer campañas de difusión de la propuesta de asamblea constituyente. Este acuerdo alcanzado por la Fiscalía y la defensa de los imputados fue aprobado por el Juez de garantía.

En mi opinión hace mucho que en Chile no ocurría algo de tanta gravedad institucional, no sólo porque en este caso el sistema de Justicia, a través del Juez y del Fiscal respectivos, asumió una posición política de naturaleza partidista, sino porque se validó formalmente la promoción de una propuesta de quiebre institucional.

No soy abogada, por lo que me permito hablar desde el sentido común más que desde el conocimiento técnico, pero como ciudadana entiendo que si alguien ha cometido un acto ilícito y el sistema de persecución penal contempla la alternativa de que la sociedad y el imputado se ahorren un juicio a través de un acuerdo reparatorio, precisamente lo que se busca en una reparación social y, si corresponde, de la víctima. No corresponde una reparación si no se reconoce la existencia de un daño injusto; en este caso lo que aparece como obvio es que lo que los manifestantes que irrumpieron por la fuerza en el Congreso lo que dañaron fue nuestra institucionalidad democrática, que se basa precisamente en la capacidad de resolver las diferencias políticas excluyendo para ello el uso de la fuerza.

La separación de poderes se basa en que el rol de la Judicatura es el de funcionarios que tienen por misión interpretar y aplicar la Ley. Es decir, es una labor técnica, para la que se preparan en la Academia Judicial y por la que deben hacer una larga carrera funcionaria. Sus opiniones personales, sus visiones políticas, sus relaciones de amistad o parentesco tienen que quedar fuera de los juicios que hacen.

Su rol es aplicar y proteger el estado de derecho, a través de una aplicación imparcial de la Ley. Desde el momento que un Juez deja que sus propias ideas políticas permeen sus decisiones Judiciales, estamos en graves problemas. Es importante que la acción Judicial tenga límites y cuáles son los parámetros por los cuales pueden tomarse este tipo de libertades. El mensaje que se entrega a la ciudadanía es nefasto, pues se consiente que una acción violenta, antidemocrática y fuera del ordenamiento Jurídico sea premiada por un Tribunal.

Por otro lado, en Chile el poder constituyente tiene un titular claro, es el Congreso Nacional, ese es el órgano que puede cambiar nuestra Constitución. Pretender privarle de hecho de esa atribución es ir en contra de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. La historia nos muestra, partiendo por la de Chile, que los países que abren esa puerta entran a un camino incierto, generalmente violento y de mucho sufrimiento. Por eso es que lo ocurrido me resulta tan preocupante. Es insólito que el sistema de Justicia, encargado de proteger la vigencia de la Ley y de nuestro sistema Jurídico institucional, a través de un Juez, renuncie a su labor y trate de vender como un acuerdo reparatorio un premio a los agresores. Verdaderamente este acuerdo podría tener otros nombres, pero no el de reparatorio.

¿Y la familia en qué lugar queda?

por Carmen Domínguez.

Próximos a la elección Presidencial y, por lo mismo, en tiempo oportuno para escrutar las propuestas de quienes aspiran a dirigir el país, sorprende la ausencia de iniciativas concretas en favor de la familia. Es cierto que el detalle de los programas de cada uno no es de conocimiento público aún, pero tratándose de esta materia, pareciera que éstos ya debieran haber sido planteados. En efecto, como todas las encuestas lo revelan, la familia es la prioridad para todos nosotros, es donde obtenemos las mayores satisfacciones, y por la que estamos dispuestos a los mayores desafíos. No obstante, esa relevancia que le damos no se corresponde con la ausencia de propuestas que apunten a promoverla.

Así, por ejemplo, sabemos que todos han apuntado la necesidad de avanzar en una educación pública gratuita y de calidad como condición indispensable para el desarrollo de cada chileno y del país. Sin embargo, la educación formal, siendo esencial, no es suficiente para el desarrollo integral de la persona, que es la aspiración final que quisiésemos; y en ello, la familia es insustituible. El éxito académico se ve facilitado si el niño cuenta con padres comprometidos en su proceso formativo. Cómo permitir que ello sea posible, debiese ser una de las primeras preguntas en la agenda de un candidato.

Contestar esa pregunta, y las que las políticas públicas familiares  plantean, obliga a invertir en estudios que permitan obtener los datos duros sobre las fortalezas y desafíos de la familia en Chile, que hasta ahora no tenemos. Opinamos y Legislamos la mayor de las veces a partir de un diagnóstico incompleto, o peor aún, del que nos parece que es la realidad o las necesidades de las familias, pero sin ningún apoyo consistente, sin un diálogo interdisciplinario con todos los que dedican su vida a trabajar con la familia o a estudiarla.

Luego, se necesita avanzar en lo que nos une, más que en lo que nos divide. Es cierto que la comprensión del derecho a la vida o de las uniones entre personas del mismo sexo son temas en los que un candidato Presidencial debe tener una posición clara, pues ellos definen aspectos esenciales de su visión de la sociedad y la vida. No obstante, los problemas y desafíos de la familia no se agotan en ello. En un país con una bajísima natalidad, ¿qué se va a hacer para potenciar el que se quiera ser padre y madre? ¿Cómo se va a promover una familia más numerosa, reconociendo desde el Estado a quienes tienen mayor número de hijos y modificar así la indiferencia que hoy existe hacia ello? Así, cuando se propone una reforma tributaria, nada se ha dicho de que ante los tributos da lo mismo cuántos hijos se tiene o que estar casado en sociedad conyugal hace pagar más impuestos.

Las mismas preguntas podemos plantear en salud, vivienda, familias con algunos de sus miembros discapacitados, matrimonios en conflicto, y tantas otras materias dónde no existen políticas públicas focalizadas, sistémicas y eficientes. Estas preguntas, entre muchas otras, esperan respuestas urgentes. Ojalá sean dadas en el mes que queda de aquí a los comicios.

Campaña pro asamblea constituyente.

Con la clara decisión de eludir la normativa vigente en cuanto al procedimiento para reformar la Constitución, está en pleno desarrollo una campaña para que los votantes en las próximas elecciones de Presidente, Congresistas y miembros de los Cores marquen su cédula con una sigla que exprese su respaldo a una asamblea constituyente. Es obvio que esa manifestación de apoyo carece por sí sola de efectos Legales, pero será un paso más en una suma de factores, hábilmente planificados para presionar por una fórmula plebiscitaria no contemplada por nuestro ordenamiento Jurídico. Pero si bien se logró ya instalar el tema en el debate público, habrá el 17 de noviembre, además de la probable mayoría de quienes no quieran marcar la señal indicada, un gran sector del electorado ausente, cuya opinión nadie podrá atribuirse.

Antenoche, un programa televisivo al que asistió la coordinadora de esa campaña dejó planteadas más preguntas que respuestas sobre el tema. Pese a la consigna de querer que todos nos sintamos identificados con la nueva Carta Fundamental (según algunos, hasta estar dispuestos a dar la vida por ella), sería evidente la necesidad de que tal asamblea la compongan no todos los ciudadanos sino sus representantes, papel que desde luego se niega a los actuales parlamentarios, entre otras razones, porque no cumplen con la pauta estadística de igualdad entre hombres y mujeres y carecen de integrantes indígenas, lo que es ya una pista de los criterios que se pretende imponer.

Sin embargo, nada se dice en concreto acerca de cómo se elegirían sus miembros y qué calidades tendrían en relación a la tarea por cumplir. ¿Habría un “cuoteo” previo entre académicos, políticos, sindicalistas, etcétera? ¿En qué forma se considerarían los aporte de las regiones y de las diversas tendencias partidistas? ¿Quién y bajo qué pautas lo decidiría?

Se está invitando, pues, a adherir a un mecanismo desconocido, cuando lo razonable sería saber antes de qué se trata. Como siempre ocurre en situaciones similares, el grupo que promueve la iniciativa debe tener ya una idea al respecto, pero prefiere no anticiparla. Ante la pregunta de qué harán después de la próxima votación, se dijo anoche que se buscará un gran acuerdo político. ¿Se considerará que basta para ello con la Nueva Mayoría más varios movimientos sociales? ¿Se espera invocar una simple mayoría Parlamentaria recién electa, aunque no cumpla con el quórum Constitucional, pese al aparente repudio al Congreso? ¿En qué quedará lo de “todos” identificados con el nuevo texto?

Lo visto hasta ahora muestra que se intenta, en definitiva, llegar a un plebiscito, torciendo el alcance del compromiso de seguir un camino institucional. Pero en dicho procedimiento se supone que la ciudadanía aprueba o rechaza una propuesta, y aquí el problema previo está en la asamblea que tendría que elaborarla. Mientras eso no se aclare resulta absurdo pedir un voto en favor de ella, pues eso implica el compromiso con una entidad futura de la que se ignora casi todo.

¿Sindicalización obligatoria?

En esta campaña electoral se ha vuelto a plantear la afiliación automática de los trabajadores a los sindicatos. Enarbolada principalmente por la CUT, ha sido acogida por muchos dirigentes de la Nueva Mayoría, e incluso el Vicepresidente de Icare ha expresado que sería "deseable" la "sindicalización automática con barreras de salida expeditas".

Esto presume que la mejor forma en que el trabajador puede mejorar sus condiciones laborales es mediante los sindicatos, lo cual no se condice con la realidad ni con la tendencia mundial: en las últimas décadas ha caído la tasa de sindicalización en la mayor parte de los países, pese a tener estatutos laborales muy variados. Desde los años 60, la tasa de sindicalización promedio ha caído a la mitad (de 35 a 17%), y esta tendencia ha sido más fuerte aún en los últimos años. Así, en Alemania, el año 2000 la tasa de sindicalización era de 25%; hoy solo llega al 18%. En el mismo lapso, en el Reino Unido ha caído del 30 al 25%, y en EE.UU. del 13 al 11%.

Los sindicatos se originaron en el siglo XIX como respuesta a una nueva forma de industrialización, que significó la aparición de las grandes fábricas. Un trabajo muy homogéneo y mecánico hizo que los sindicatos jugaran un rol clave en la defensa de los trabajadores. En las nuevas formas de producción actuales, su importancia ha caído. La información, la mayor competencia y la escasez relativa de trabajadores han llevado a que no sean principalmente los sindicatos las vías para los mejoramientos salariales, ahora mucho más vinculados al dinamismo de los mercados laborales. Sorprende que en Chile se propicie una sindicalización automática sin equivalente en el mundo y que afecta seriamente la libertad personal. Esto es válido incluso si se permite desafiliarse, ya que el costo de transacción de cualquier trámite desincentiva hacerlo, y además son previsibles presiones y represalias de los demás trabajadores contra quien opte por esa decisión.

La académica Andrea Repetto ha propuesto una fórmula distinta, la "afiliación activa", consistente en que los trabajadores al ser contratados pasen a pertenecer al sindicato por un período corto (un mes), después del cual debería ratificarse la permanencia en las dependencias del sindicato. La diferencia es sustancial: las cláusulas por omisión (en este caso la afiliación automática, a menos que se rechace) han sido criticadas en otras actividades económicas, por considerarse que vulneran la real voluntad de las personas.

Lamentablemente, en el debate laboral han estado ausentes otros aspectos más relevantes, como, por ejemplo, propuestas de adaptabilidad laboral para incorporar a más mujeres y jóvenes al mercado del trabajo. Es de esperar que en las semanas que quedan de campaña se conozcan propuestas más modernas y más pro trabajador.

Carreras y velocidades inadmisibles.

Este diario advirtió editorialmente ya en 2010 y 2012 sobre el peligro para terceros y la obvia ilegalidad de las carreras clandestinas en ciertas autopistas concesionadas de la capital, principalmente en la zona de Lo Curro, como es de común conocimiento de usuarios, vecinos, policías, Fiscales, Jueces, concesionarios, Legisladores y autoridades Municipales y de Gobierno. Por lo general, hacia la medianoche, en tramos en que la velocidad máxima permitida es de 100 km/h, propietarios de costosos automóviles compiten en carreras en que sobrepasan los 200 km/h. Tal espectáculo atrae a curiosos e incluso a apostadores. Similares carreras se organizan también en otras zonas capitalinas, como las rectas pavimentadas de Lo Espejo, Quilicura y San Bernardo.

Carabineros afirma que fiscaliza intensamente y cursa partes por diversas infracciones a la Ley de Tránsito, pero no dispone de vehículos apropiados para perseguir a los hechores. Personeros de la autopista carecen de facultades para impedir estos hechos y afirman haber desarrollado gestiones para evitarlos, en coordinación con instancias Municipales y policiales, sin resultados, aunque sí se habría logrado identificar a las "comunidades" que se asocian para este efecto. Se afirma también que no habría norma Legal que tipifique penalmente estos actos. En 2010, Diputados UDI y DC presentaron una moción para salvar este posible vacío Legal por la vía de calificar como asociación ilícita el concertarse para tales carreras. Dados ciertos reparos Jurídicos a esa fórmula, parecería más simple una reforma a la Ley de Tránsito. En todo caso, poco o nada se ha avanzado, y los reclamos se acrecientan, por el "daño acústico" (escapes libres y otros) y la "indolencia ante la inseguridad".

Ahora el Ministro de Transportes ha anunciado que está en su etapa final el estudio de un proyecto de Ley para instalar un sistema de fotorradares que permita identificar y sancionar a quienes participen en estas carreras, y cabe presumir que Colegisladores y Magistrados determinarán si efectivamente existe un vacío Legal tal que ningún órgano Estatal pueda hoy actuar frente a una anomalía semejante, que se prolonga ya por años. Entretanto, otros conductores parecen apoyarse en la actual impunidad y, sin necesariamente asociarse para carreras, infringir también la normativa sobre velocidad máxima: por ejemplo, datos de la autopista Costanera Norte, entre agosto de 2012 y agosto de 2013, registran casos en que automovilistas han alcanzado hasta 209 km/h. Como se ha observado antes, en ningún país avanzado se toleraría esto como una práctica más allá del alcance de la Ley.

Enfoques internacionales.

Los 12 -Estados Unidos, Japón, Canadá y México, junto a Australia, Chile, Brunéi, Nueva Zelandia, Singapur, Malasia, Perú y Vietnam- forman un mercado de 790 millones de consumidores potenciales y un PIB sumado de 28 millones de millones de dólares.

A primera vista, parecería que pertenecer a un bloque comercial tan amplio solo puede ser beneficioso. Chile tiene TLC con todos los miembros de la TPP, por lo que podría estimarse que nada nuevo obtendría. No obstante, esta última tiene una impronta multilateral que permite negociar aspectos difíciles de armonizarse en convenios bilaterales. Las relaciones ganan en estabilidad y predictibilidad, con reglas del juego parejas para todos. Además, la TPP no debiera perjudicar a los TLC ya firmados, porque aplicará el principio de "coexistencia", es decir, que los derechos establecidos en los acuerdos bilaterales no se verán afectados de ningún modo. Así, un productor podría exportar según las condiciones que más le convengan, dependiendo del bien que exporte y del país al cual envíe. Por otra parte, la TPP permitirá acelerar calendarios de desgravación arancelaria en los TLC vigentes; por ejemplo, con Malasia, Japón y Vietnam. Chile podría incluir bienes que quedaron fuera de la liberación arancelaria de algunos acuerdos previos, como sería el caso de ciertos productos agrícolas en el convenio con Japón.

Un acuerdo como la TPP debería facilitar el comercio y los procedimientos aduaneros. Esto podría hacerse, por ejemplo, mediante certificación electrónica, normas sobre ventanillas únicas y operadores económicos autorizados. Se sabe que habrá normas específicas (favorables) aplicables a sectores como el de dispositivos médicos, vinos, licores, cosméticos, productos farmacéuticos, bienes de tecnología de la información y comunicación, calzado, entre otros. Chile propuso que se incluyan los productos orgánicos. Desde el punto de vista del comercio de bienes y servicios, uno de los principales beneficios de la TPP es que establecerá un sistema de acumulación de origen para definir las normas de origen. Estas normas determinan si un producto importado debe ser considerado como elaborado en el país con el que se tiene un TLC y, por tanto, puede beneficiarse de las reducciones o exenciones arancelarias convenidas. En Chile, estas normas están definidas sobre la base del porcentaje de valor del bien que es incorporado en el país exportador. Dado que Chile tiene varios acuerdos comerciales, podría ocurrir que un bien cuyo primer proceso productivo se hace en un país con el que se tiene un TLC sea exportado y procesado posteriormente a otro país con el que también tiene un TLC, pero el bien final no se beneficia de las rebajas o eliminación de aranceles, pues el procesamiento en el segundo país no alcanza a cumplir con el porcentaje de valor incorporado. La regla de acumulación de origen hace que los beneficios comerciales se traspasen de un país a otro, por lo que, en la situación anterior, el bien recibe los beneficios arancelarios establecidos en los acuerdos.

Los críticos de la TPP afirman que todo esto es teórico, porque no está probado que se obtengan beneficios con la flexibilización y armonización de estas reglas, especialmente en relación con exportaciones como pesca o fruta, que no acumulan origen.

Secretismo excesivo.

Con la TPP, EE.UU. busca posicionarse en Asia, vis-à-vis con China. Que esta esté fuera del bloque podría ser perjudicial para países que, como Chile, la tienen como principal socio comercial. Las implicancias de esto debieran medirse con cuidado.

En varios países de la TPP han surgido críticas al secretismo con que se han llevado las negociaciones. Es natural que estas discusiones se efectúen con discreción y reserva, pero en el caso de la TPP han sido extremas. Sectores laborales de EE.UU. han planteado reclamos por la supuesta participación de grandes corporaciones en la mesa. Si tal fuera el caso, sería conveniente aclararlo. También exigen más protección laboral, señalando que en algunos países hay "trabajo esclavo".

Antes de concluir el acuerdo, las autoridades chilenas debieran dar a conocer sus términos. Es indispensable despejar las inquietudes de quienes estiman que la TPP empeoraría las condiciones de los TLC. Y aclarar las dudas sobre normas medioambientales (más estrictas); laborales; sobre empresas estatales, y -el punto más delicado- de protección a la propiedad intelectual. Estas últimas serían cláusulas de salvaguardia que encarecerían ciertos bienes -por ejemplo, a los fármacos "genéricos"-. Chile y Nueva Zelandia han hecho una propuesta al respecto.

Dadas las muchas aristas sensibles pendientes, no es deseable que un acuerdo con tantas implicancias se negocie con prisas no proporcionadas a tales complejidades.

Insólita renuncia de sauditas al Consejo de la ONU.

Las candidaturas para incorporarse como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU se trabajan por largo tiempo. El país interesado hace una minuciosa labor Diplomática para, primero, ganar el respaldo de toda su región y, luego, tratar de obtener el máximo de votos en la Asamblea General.

Por lo anterior, parece insólito que Arabia Saudita haya renunciado a su escaño un día después de ser elegida. Quiere protestar así por la inoperancia de la ONU en el conflicto de Siria. Los sauditas apoyan a los rebeldes que luchan contra el Gobierno de Assad. También han reclamado que el CS no ha hecho nada para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva en la región -una velada referencia al armamento nuclear de Israel-. El gesto saudita resalta aún más la necesidad de reformar la ONU para hacerla más ágil y eficaz.

Franco Parisi parece ser la versión 2.0 del Fra Fra, buena labia, promesa fácil, afán mesiánico y bueno para hacerse la víctima.