¿Transformación o desafección de la política?
por Jorge Peña Vial.
Quizás ha llegado el momento de modificar en
profundidad nuestro modo de concebir la política. Pareciera que esta ha dejado
de ser una actividad estimada, dotada de autoridad y prestigio. De la
exaltación de la política hemos pasado a la desafección generalizada, cuando no
a un profundo desprecio. Las encuestas revelan un creciente desencanto, pero no
analizan sus causas ni incluso su posible conveniencia. Creo que más que
transitar hacia un horizonte de despolitización, entramos en uno de
desacralización de la política.
Lo que algunos interpretan como desinterés es
quizás la negativa a que la política absorba todas las dimensiones de la
persona. Los mismos que proclaman su absoluto desinterés no cesan de esperar de
ella muchas ventajas y se ven vigilantes cuando no se cumplen sus expectativas.
Incluso hay quienes consideran que una cierta apatía política es buena señal.
La agitación política muchas veces no presagia nada bueno. Además, cierta
decepción es inevitable cuando se cifran en ella esperanzas desmesuradas. No
estamos tanto ante la muerte de la política, sino en medio de una
transformación que nos obliga a cambiarla y practicarla de un modo nuevo.
Después de la desacralización de la política ha
venido una época en la que lo sacralizado han sido las formas no convencionales
de la política. Es curioso este deslizamiento de expectativas: se deja de
esperar en la política convencional y creemos en formas alternativas. Al
parecer había energías puras que estaban intactas en la esfera de la sociedad
despolitizada que ahora encontrarían su cauce en los "movimientos
sociales". Pero si la política no es lo que era, menos lo serán los
movimientos sociales, verdadero asilo nostálgico para los decepcionados por la
política realmente existente. Hay cierta unanimidad: no hay acción política
coherente, estable, articulada, responsable fuera de la representación
política. Eso no obsta para que a los partidos se los reinvente y renueve con
alguna de las energías que bullen en los movimientos sociales.
Carecemos de grandes sistemas portadores de
esperanza colectiva, de utopías capaces de hacernos soñar. De ahí quizá nuestra
obsesión con la memoria y las diversas modalidades de relación histérica con el
pasado. Tampoco es la hora de las grandes promesas; lo que mueve son energías
negativas de indignación, afectación y victimización. Es lo que Pierre
Rosanvallon ha denominado "era de la política negativa". Buena parte
de lo que le pasa a la izquierda es que se limita a ser anti-derecha. Daniel
Innerarity considera que la izquierda es fundamentalmente melancólica y
reparadora. Ve el mundo actual como una máquina que hubiera que frenar, y no
como una fuente de oportunidades susceptibles de ser puestas al servicio de los
propios valores, los de justicia e igualdad. "El socialismo -dice Innerarity,
un pensador de izquierda- se entiende hoy como reparación de las desigualdades
de la sociedad liberal". Pero le falta remitir a una construcción
alternativa. Esta actitud recelosa frente al futuro procede de percibir el
mercado y la globalización como los agentes principales del desorden económico
y las desigualdades sociales, dejando de advertir las posibilidades que pueden
ser aprovechadas.
Para una parte de la izquierda -no la renovada-
razonar económicamente es conspirar socialmente. La denuncia ritual de la
mercantilización del mundo y del neoliberalismo procede de una tradición social
que opone lo social a lo económico.
Innerarity ha cifrado en tres los factores que
contribuyen a la pérdida de la relevancia de la política: "La
privatización de la realización personal, el asedio que procede de otras
esferas de la vida pública como la economía, el derecho o la comunicación, que
quieren hacerla superflua y, correlativamente, la propia debilidad de la
política a la hora de generar el cambio social". Claus Offe lo llama
"privatización de la utopía": el futuro se privatiza, pluraliza y
fragmenta. Tenemos una idea privada de la felicidad que ya no está asociada a
proyectos colectivos, ni se entiende como algo posibilitado por un contexto
social. El espacio público se convierte así en mera amalgama de individuos
privados, consumidores, accionistas, clientes, cuya única relación con la
política es su aparición ocasional como electores, la protesta o la respuesta a
sondeos. Asimismo la política se encuentra asediada por lógicas que achican su
espacio. La política se desvanece frente al poder de lo mediático y financiero,
de los mercados y la judicialización. Se trata de fuerzas que pretenden
convertir la política en una actividad prescindible. Pero la principal amenaza
procede de su propia debilidad cuando carece de inventiva para plantear
alternativas.
La resistencia de las sociedades a ser Gobernadas
constituye una fuente de aprendizaje para la política y una garantía frente a
los liderazgos incontestables. Hay que afrontar el prejuicio de que todo está
ya decidido y resulta inalterable. Debido a la magnitud de los problemas que
nos aguardan, nunca ha sido tan necesaria la política.
Desigualdad,
por Rolf Lüders.
Los abusos y la desigualdad -encarnada en el
desigual acceso a la educación de calidad- dominan la agenda de las
candidaturas con más probabilidades de ganar la elección Presidencial. Sin
perjuicio de que nadie discute la necesidad de igualar ese acceso y de paso
mejorar la calidad de la educación, y aunque sea políticamente muy incorrecto
aseverarlo, es hora de dejar de repetir el falso cliché de la extrema
desigualdad y de la falta de movilidad económica en Chile.
Por una parte, el país tiene en la actualidad
una distribución del ingreso -medida como corresponde- en línea incluso con
aquellas de varios países europeos. El
concepto de ingreso que se usa tradicionalmente para medir la distribución es
el ingreso monetario. Esto obviamente subestima significativamente, en el caso
de Chile, las rentas de las personas de bajos ingresos, dado que no incluye el
gasto en educación, salud y vivienda (que es muy importante) y se focaliza en
los deciles de menores ingresos. Años atrás, De Gregorio y Cowan estimaron la
distribución de los ingresos después de la totalidad de la acción Fiscal y
concluyeron que esta última reducía de forma notoria los indicadores de
desigualdad. Recientemente, Libertad y Desarrollo ajustó la distribución de los
ingresos monetarios para incluir la totalidad del gasto social del Gobierno.
Esta corrección redujo en 10 puntos porcentuales el Gini, con lo que se asemeja
a aquellos de varios países de la Unión Europea.
Por otra parte, la evolución de la distribución
del ingreso en Chile ha sido muy positiva. Así lo destaca Joseph Stiglitz,
premio Nobel de Economía, que en su columna del New York Times del 13 de
octubre incluye al país entre un puñado que ha sido capaz de disminuir las
desigualdades en los últimos años. Este progreso se está dando en un mundo en
que la globalización ha aumentado notoriamente las desigualdades al interior de
los países. Stiglitz cita, al respecto,
el caso de EE.UU., en que desde 2009 el 95% de las ganancias de ingreso del
país las ha recibido el 1% más rico. Sapelli (2011) le atribuye lo sucedido en
Chile a que las nuevas generaciones son más educadas que las anteriores y ello
ha reducido las diferencias de ingresos de las cohortes más recientes. En
efecto, para los jóvenes en Chile, la cobertura educacional es similar a la del
promedio de los países de la Ocde.
El mismo Sapelli, en un artículo que publicó en
Estudios Públicos Nº 131 (invierno 2013), concluye que en Chile se observa alta
movilidad intrageneracional del ingreso y que la noción de que Chile es una
sociedad económica rígida tiene poco asidero empírico. Esto es muy coherente
con las encuestas que sugieren que la mayoría de los chilenos estima que el
principal factor de progreso económico es el esfuerzo personal.
Entre 1987 y 2012, Chile creció a tasas
relativamente altas y su distribución de ingreso se hizo más igual (Grupo Res
Pública 2013). Evidentemente que hay
innumerables aspectos de nuestra economía social de mercado que se deben
mejorar, pero hay que evitar caer -en
búsqueda de una quimera- en antiguos vicios que nos llevaron por la senda
equivocada de progresivo menor crecimiento y mayor desigualdad.
Todos los Presidenciables juntos.
El foro convocado ayer por la Archi dio la
primera oportunidad de reunir a los nueve candidatos Presidenciales, pero
decepcionó a quienes esperaban novedades. Tanto por el número de los actores
como por la imposibilidad práctica de ahondar en cada tema y el excesivo
cuidado en lo que dicen de quienes se juegan una opción real, seguimos
esperando conocer mejor sus propuestas. Michelle Bachelet mantuvo su estrategia
de moderación, sin salir de las generalidades —básicamente de sus tres ejes—,
incluso a dos días de publicar su programa. Quizás ella hubiera preferido como
otras veces la ausencia y el silencio, pero a lo menos logró evitar la alta
probabilidad de ser el blanco de los ocho, aunque fue quien recibió más
críticas (sin contar los dardos de Parisi a Evelyn Matthei). Esta estuvo bien,
golpeó fuerte a su atacante, pero sólo cuando él lo hizo indispensable, y supo
jugarse corto y a fondo en varios puntos, como el ingreso mínimo, las salas
cunas y la educación preescolar igualitarias, el combate a la elusión
tributaria y un observatorio judicial que causará polémica. Un optimista ME-O
valoró una visión de más largo plazo, criticó a Matthei por el lucro en la
enseñanza básica y media, y abogó por una industrialización del país que
considera en deterioro. Israel promovió la regionalización y un llamado
unitario desde el centro. En cuanto a los demás, aprovecharon los escasos
minutos para invocar sus propios sueños —imposibles y en ocasiones absurdos—
con absoluto desdén por la realidad (y a veces provocando pesadillas).
Lo que hemos visto hasta ahora en esta faceta
de la campaña electoral queda en deuda respecto de lo que quisiéramos saber en
cuanto a proyectos concretos de Gobierno y medidas para hacerlos factibles. Es
probable, sin embargo (y por cierto deseable), que la segunda vuelta, con sólo
dos postulantes, le dé al electorado lo que necesita y merece: debates a fondo,
ideas renovadas y compromisos que se cumplan.
Duelo Matthei-Parisi. No cabe duda que esta semana el
interés público se centró en la dura y documentada denuncia de Evelyn Matthei respecto
de irregularidades cometidas por la sociedad a que Franco Parisi pertenecía y
un tiempo Presidió, que administraba dos colegios e incluso adeuda cuantiosas
imposiciones ya descontadas a su personal, problema que, como señalamos,
repercutió incluso en el foro de la Archi, donde varios se hicieron eco de su
gravedad. Al asumir personalmente la denuncia, incluso contra algunas opiniones
en su comando, la candidata de la Alianza mostró la misma fuerza y decisión en
el resguardo de los derechos de los trabajadores que caracterizaron su acción
como Ministro y puso en evidencia el nivel ético que cabe exigir a los
postulantes a la Presidencia. Arriesgó así las consecuencias que habría tenido
cualquier error suyo en ese asunto, pero la confirmación de los hechos, ahora
en manos de los Tribunales, y la aparición de otras investigaciones en la
Facultad de Economía de la Universidad de Chile, deberían justificarla
ampliamente frente a las excusas del afectado de que se trata sólo de una
maniobra mediática para descartarlo como competidor.
Temas aún pendientes. Aunque muchas
incógnitas del programa de Michelle Bachelet podrían aclararse este domingo,
hay otras que al parecer seguirán complicando a la Nueva Mayoría, como una
reforma laboral que resulta insuficiente para el PC u opciones valóricas
contrarias a la tradición de la DC. Pero entre ambos casos hay una diferencia
notoria. Mientras la yunta PC-CUT es sólida en sus demandas y presiona por
ellas unitaria y abiertamente, la Democracia Cristiana se muestra dividida.
Algunos dirigentes, como Aldo Cornejo, sostienen que la DC no puede ser
gendarme de temas valóricos ni convertirse en un dique de contención,
limitándose a ser “un aporte en la discusión”, sin vetar nada y abriéndose así
en la práctica a lo que la candidata decida. Otros, lamentando lo que ocurre,
llegan hasta advertir que, en lo personal, no votarán contra su conciencia. El
muy distinto peso electoral de ambos partidos permite concluir que sólo la
pérdida de una parte importante de lo que fueron los principios doctrinarios de
la colectividad justifica esta generalizada displicencia ante tales asuntos, es
capaz de inhibir a la mayor fuerza de la coalición opositora y a su directiva,
y explica la atracción que allí ejerce el movimiento liberal Fuerza Política de
Andrés Velasco.
Doble agenda del Gobierno. Se aprecia la creciente
presencia del Presidente y Ministros en la campaña oficialista, pero a la vez
se ha querido destacar las realizaciones Gubernamentales, tanto en la
reconstrucción, por ejemplo, en la inauguración del memorial por el 27/F, como
en las cifras de la economía, con ocasión del informe entregado por la OCDE.
Allí se reconoce y aplaude el “excepcional crecimiento” de Chile, su fortaleza Fiscal
ante las crisis externas y un nivel de empleo “envidiable”. Además, coincide
con el criterio de no avalar la gratuidad educacional para los grupos
económicos más altos. Sin embargo, hay recomendaciones en asuntos como reforzar
la innovación, creando incluso un Ministerio, y la fuerza laboral femenina y
juvenil o promover “la innovación verde” y reflejar el costo social de la
contaminación en el plano tributario. En este tema se pide seguir reduciendo la
evasión y revisar el FUT, cuyo aporte a la inversión el ministro de Hacienda
estima, en cambio, que sigue siendo conveniente.
Chile mirado desde la OCDE.
Como país miembro de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) -que conforma la treintena de
países más avanzados del mundo-, Chile se beneficia de periódicas evaluaciones
de sus políticas económicas y sociales elaboradas por los expertos de dicho
organismo. Tales informes, claro está, valen solo por la calidad técnica del
análisis, y las recomendaciones que contienen no importan para el país
obligación alguna.
De visita en Santiago para la presentación del
último informe, el Presidente de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, no ha
trepidado en opinar sobre algunas de las propuestas más candentes aireadas en
la presente temporada electoral. Se ha mostrado contrario a la gratuidad de la
educación universitaria que propugna Michelle Bachelet, pero conforme con
elevar el impuesto a las empresas y revisar el llamado FUT, importante
incentivo a la reinversión de las utilidades. Si bien el informe de la OCDE es
crítico de la gratuidad educacional -la estima regresiva-, no aborda la tributación
de las empresas. Solo señala que hay que combatir la evasión y evitar el uso de
excepciones tributarias injustificadas.
Sería lamentable que este completo estudio de
nuestra realidad, que contiene propuestas constructivas e interesantes,
terminase siendo distorsionado en el fragor de una campaña electoral.
El informe presenta una visión muy positiva de
la evolución de la economía chilena y "su envidiablemente larga fase de
crecimiento económico y creación de empleos". Celebra la fortaleza de sus
finanzas públicas y de la banca, así como la capacidad de nuestras políticas
macroeconómicas -en especial, la flotación cambiaria- para enfrentar de buena
forma una eventual y siempre peligrosa caída del cobre. Advierte, sí, que el
avance de Chile hace más necesario que nunca mejorar la calidad de la educación
y de las pensiones. Para su financiamiento propone más esfuerzo tributario y de
ahorro previsional por parte de las personas -algo que los votantes tal vez
prefieran no oír-.
Para la OCDE, los desafíos pendientes son
arduos. Estima que Chile, sin retardar su crecimiento, debe hacerse cargo del
costo ambiental asociado a la explotación de los recursos naturales. Aunque
sugiere algunas ideas al respecto, llama la atención que no se refiera a la
grave paralización de proyectos de inversión que está ocasionando la
exacerbación de la preocupación verde, fenómeno que parece amenazar nuestra
futura capacidad de crecimiento. Plantea también que es prioritario abrir el
mercado laboral a una mayor participación femenina y juvenil, lo cual ayudaría
tanto a sostener el crecimiento económico como a hacer más equitativa la
distribución de las oportunidades. Señala que hay avances recientes e
iniciativas Gubernamentales bien orientadas. Y, acertadamente, recomienda
abordar sin más retraso las rigideces de la jornada laboral, introducir un
salario mínimo más moderado para los trabajadores jóvenes y otras propuestas
que hasta ahora los diversos gobiernos han eludido.
Consigna la importancia crucial de acelerar la
productividad -advierte que tras una década de estancamiento, últimamente ella
parece estar repuntando- y destaca la estrategia en favor de la innovación y el
emprendimiento que echó a andar el Gobierno del Presidente Piñera. Celebra
iniciativas promisorias, tales como el programa "Start-up Chile", las
facilidades para crear empresas y el estímulo tributario a la innovación
tecnológica de las empresas. Pero no bastan -dice-. Su conclusión explícita es
que si Chile quiere sostener su rápido crecimiento, ha de hacer todavía mucho
más para impulsar el emprendimiento y la innovación.
Conocimiento de la trayectoria de los candidatos.
La controversia que han sostenido en los
últimos días algunos candidatos a la Presidencia de la República permite
recalcar la utilidad de las campañas electorales como un mecanismo para la
confrontación entre los postulantes de cara al electorado y para que éste
conozca y se forme una impresión sobre el carácter y la trayectoria de quienes
compiten por llegar a La Moneda en marzo próximo. Lejos de constituir un
espectáculo que rebaja la calidad de la política, el enfrentamiento entre
candidatos representa -siempre que se dé en un contexto de respeto y ajeno a
las descalificaciones personales- un beneficio para los electores, pues
incentiva la entrega de información que puede resultar útil a la hora de
decidir el voto y facilita la defensa de quienes se sienten injustamente
aludidos.
La candidata de la Alianza, Evelyn Matthei, ha
lanzado acusaciones contra el independiente Franco Parisi respecto de la
presunta existencia de una cuantiosa deuda -que llegaría a $ 800 millones- por
no pago de cotizaciones previsionales en la administración de dos colegios por
parte de una sociedad en la que participaban aquél y su familia. A las
denuncias se sumó luego el abanderado del Partido Progresista, Marco
Enríquez-Ominami. La Masonería, por su parte, presentó el miércoles una
querella contra la mencionada sociedad, mientras que también se ha conocido que
el Ministerio Público indaga supuestas irregularidades que habrían tenido lugar
en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile mientras
Parisi fue vicedecano y decano interino de la misma. El candidato independiente
ha rechazado los cargos formulados por sus adversarios, afirmando que mantiene
una deuda muy menor ($ 3,9 millones)
y que es víctima de una “maquinación política” por parte de la postulante de la
Alianza, contra quien ha señalado que se querellará.
No es extraño que durante una campaña los
candidatos crucen declaraciones y acusaciones. En la medida en que esto se haga
dentro de límites razonables, es perfectamente válido, e incluso sano para la
transparencia, pues permite al electorado contrastar las diferentes opciones a
su disposición. Para los votantes es crucial estar al tanto de los proyectos
programáticos de los candidatos, donde se detallan las propuestas en términos
de políticas públicas, y también conocer su carácter y la manera en que han
desarrollado su actividad pública. Todo ello contribuirá a permitir que
sufraguen de manera informada.
La trayectoria pública de los candidatos es un
dato muy relevante, más aún si se considera que en ella puede haber predictores
del comportamiento de éstos si eventualmente consiguen el objetivo de llegar a
La Moneda. El enorme peso institucional
que le entrega el ordenamiento Constitucional chileno a la figura del
Presidente de la República hace aún más exigible toda la información relevante
sobre quienes desean ocupar ese puesto e incluso involucra una reducción del
ámbito de su esfera privada comparada con la que posee un ciudadano común. Eso
significa que -tal como se ha señalado en esta página- deben ser de
conocimiento público aspectos como la condición médica de los candidatos, así
como sus antecedentes comerciales y judiciales, si es que existieren. En el
caso de candidatos que han irrumpido recientemente en la escena nacional, esta
necesidad adquiere incluso mayor urgencia, pues la ciudadanía los viene
conociendo y no está al corriente del recorrido que han hecho antes de competir
en la campaña.
Caso cascadas: distinciones y precisiones.
En un caso como el llamado
"cascadas", en que las intenciones y la concatenación de hechos que
se investigan son complejos de determinar, por su dependencia de una gran
cantidad de detalles y datos, cada uno con su contexto bursátil, económico y de
intereses propio y particular, a estas alturas del proceso no caben aún juicios
definitivos sobre lo ocurrido. Sin embargo, sí cabe fijar criterios generales
sobre el tipo de problemas planteados, lo que requiere distinciones y
precisiones respecto de las situaciones planteadas.
Desde luego, las llamadas sociedades cascada,
cuyo nombre proviene de la estructura telescópica de propiedad que ellas
ejercen sobre una sociedad productiva, solo influyen en esta última a través de
la participación en su directorio de quienes ejercen el control de la cascada
ubicada más "aguas arriba" en la estructura. En este caso, la empresa
productiva es SQM, que no admite, por estatutos, un controlador con más de 32%
de la propiedad, por lo que los eventuales problemas financieros o Legales de
las cascadas que la controlan tienen un impacto menor sobre su funcionamiento,
salvo que, en el caso más extremo, se produzca un cambio de propiedad.
En su versión más pura, la estructura de
cascadas se establece mediante una primera sociedad, en la que un controlador
tiene la mayoría mínima posible, y esa sociedad posee la mayoría mínima de una
segunda sociedad, la que hace lo mismo con una tercera, y así sucesivamente. La
última de ellas es la que tiene las acciones controladoras de la sociedad
productiva, de modo que el controlador de la primera, con una fracción muy
menor del capital necesario, controla finalmente a la productiva. Ese esquema
es posible si hay accionistas minoritarios dispuestos a invertir en cualquiera
de esas etapas, pese al escaso poder que tienen sobre las decisiones de la
empresa productiva. Y tal modelo debe distinguirse del de otros casos de
cascadas, establecidas por razones históricas o de ordenamiento societario, en
que un mismo controlador es mayoritario en todas las sociedades intermedias.
Los problemas ocurren en las transacciones
entre cascadas, o en sus aumentos de capital, por la dificultad para determinar
su precio, especialmente cuando hay turbulencias, que permiten cierta
discrecionalidad en el cálculo del descuento sobre el valor subyacente de las
acciones que dichas cascadas poseen de la empresa productiva. Ese es el caso
que se investiga ahora, en especial si hubo o no opacidad en las convocatorias
a aumento de capital; si las transacciones habidas entre las sociedades cascada
formaban parte de un esquema del controlador para, aprovechando posibles
cambios forzados por este en el precio de las acciones, extraer utilidades en
perjuicio de los minoritarios; si hubo connivencia de los corredores de bolsa
que participaron en ese esquema mediante las llamadas órdenes directas de
compra y venta al mismo operador, y si hubo participaciones de terceras
sociedades que se prestaron para intermediar esas operaciones y darles visos de
legitimidad, algunas de ellas ligadas al operador de bolsa. Operaciones, todas
ellas, que si llegaran a probarse, significarían ganancias indebidas por
decenas de millones de dólares.
El daño que causa a la fe pública este
cuestionamiento (que sería mucho mayor si se comprueban las acusaciones de
intencionalidad en todo ello) justifica establecer mejores procedimientos y
mayor transparencia para estas operaciones, tales como anticipación mínima para
aumentos de capital por montos importantes; regulación de la forma de proceder
en las órdenes directas cuando se trata de operaciones complejas en que
participa el controlador; regulación de las operaciones de los accionistas de
las corredoras de bolsa con los negocios de la corredora, que impidan sospechas
de favoritismo en el mercado. Pero, como en muchos otros casos, lo que debe
corregirse es la institucionalidad que controla las cascadas, mas no
necesariamente eliminar estas.
Aplicación de Ley antiterrorista.
Distintas candidaturas Presidenciales han
entregado su particular visión en torno a la Ley antiterrorista, ya sea dándole
su decidido respaldo o bien desestimándola, lo que se ha prestado para
confundir a la ciudadanía, pues lo que cabe a la autoridad es apegarse al
cumplimiento de la Ley y, en caso de considerarla insatisfactoria por algún
motivo, proponer su eventual modificación a través del trámite Legislativo
previsto en la institucionalidad.
La controversia tuvo su origen en las palabras
de la candidata Michelle Bachelet, quien señaló que respecto del asesinato del
matrimonio Luchsinger Mackay en La Araucanía no se necesita aplicar la Ley
antiterrorista, pues basta la Legislación común. Anteriormente, había señalado
que fue un error haber invocado durante su Gobierno esta Legislación en los
atentados incendiarios registrados en la zona. En respuesta, la candidata de la
Alianza ha señalado que ella sí va a aplicar esta Ley y que “no le temblará la
mano” para hacerlo.
La Legislación que sanciona las conductas
terroristas ha sido cuestionada en el último tiempo y los Tribunales se han
mostrado renuentes a considerar como actos de terrorismo la colocación de
artefactos explosivos. La aplicación de la Ley también ha sido requerida en
múltiples atentados registrados en La Araucanía, entre ellos el asesinato del
matrimonio de agricultores, cuyo juicio -pese al tiempo transcurrido- sigue aún
pendiente.
No corresponde que quienes tienen opciones de
convertirse en Presidente de la República manifiesten opinión respecto de lo
que les corresponde o no hacer a los Tribunales, pues ello pone presión sobre
éstos y arriesga su independencia, lo que termina por debilitar la
institucionalidad.
Medida antidumping.
Se ha hecho pública la decisión de la Comisión
de Distorsiones de cerrar la investigación por dumping en las importaciones de
maíz partido desde Argentina, sin recomendar la aplicación de medidas
definitivas. Con eso dejó de regir el derecho antidumping provisional de 10,8%
que estaba vigente desde comienzos de abril y debía terminar con la resolución
definitiva de dicha comisión. La investigación se inició en enero de este año,
tras sendas solicitudes de la Sociedad Nacional de Agricultura en marzo y
octubre de 2012, y una sentencia de la Corte Suprema, de diciembre, que exigió
la apertura de la misma.
El dumping en cuestión fue acreditado por esa
comisión. Según el acta de la sesión que puso fin a la investigación, los
derechos de exportación diferenciados y las cuotas de exportación de granos y
derivados en Argentina crean distorsiones en el mercado del maíz en ese país,
que rebajan el precio interno, "con lo que se favorece la exportación de
maíz partido en condiciones de dumping”. La comisión estimó un margen del mismo
de 17,5% en 2012 a nivel CIF. También dio por acreditada la similitud de
productos entre el maíz partido importado desde Argentina y el maíz grano
producido en Chile, estableciendo así que la industria doméstica potencialmente
afectada es la de los maiceros.
La comisión no recomendó la aplicación de
medidas porque, a su juicio, estos no estarían sufriendo un daño o amenaza de
daño importante como consecuencia del dumping. Cabe recordar que para imponer
medidas correctivas, el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del
Comercio -que la Legislación chilena recoge- exige que el dumping cause o
amenace causar un daño importante a la industria local del producto similar al
importado. La SNA argumentó que el dumping deprimía el precio, y que ese
diferencial de precio aplicado a la producción era el daño, pero la comisión consideró
que la situación no era crítica, ya que la producción se ha mantenido estable y
los márgenes han sido positivos si no se considera el costo de oportunidad de
la tierra. Exige en esta ocasión un estándar de daño alto, mayor que el que
exigió a la misma industria a comienzos de año, cuando, con mejores precios
internacionales, sí recomendó el antidumping provisional al maíz partido y la
salvaguardia provisional al maíz grano.
Aunque es razonable un estándar alto para
intervenir -pues estas medidas producen transferencias entre sectores y afectan
las relaciones comerciales entre países-, no queda suficientemente en claro el
porqué del cambio de criterio.
Por otra parte, el marco que regula esta clase
de medidas data desde la fundación del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT), en 1947, cuando la agricultura estaba fuera de la
disciplina del mismo. En ese contexto, los criterios para determinar el daño
-caída de ventas y márgenes, cese de inversiones y otros- resultan más pertinentes
para el sector manufacturero que para un sector primario como el agrícola. En
este, el dumping tiene un efecto directo en cuanto a deprimir los precios, lo
que no necesariamente ocurre en el sector manufacturero. Por eso -según los
productores nacionales-, el efecto precio debiera ser el foco del análisis de
daño en estos casos.
Correspondencia destacada.
Señor Director:
Ley Antiterrorista.
Las declaraciones de la candidata Bachelet
respecto de su arrepentimiento por haber invocado la Ley Antiterrorista durante
su Gobierno dan cuenta de la ambigüedad con que actúa la izquierda cuando se
trata de delincuencia.
Otro ejemplo se vio en el primer capítulo de la
franja del PPD, donde se justifica el actuar de los encapuchados advirtiendo
que “tienen rabia y piden a gritos dignidad”.
Ahora entendemos por qué las bancadas de la
Concertación han frenado constantemente los proyectos del Gobierno para reforzar
el orden público.
Juan Carlos Sotomayor F.
Señor Director:
Propaganda y batas blancas.
Llama la atención la cantidad de candidatos que
aparecen en su propaganda vestidos con bata blanca y estetoscopio.
En el caso de aquellos que presentan su
candidatura por primera vez, ello tal vez sería aceptable, ya que, supongo,
hasta el momento han estado ejerciendo su profesión. Sin embargo, aquellos que
pretenden “repetirse el plato” hace rato que dejaron de ejercer de médicos,
para transformarse en políticos. Ambas actividades, la de médico y político, requieren
dedicación exclusiva. Si no es así, alguna de ellas o las dos las están
desempeñando de mala manera.
Gastón Josephson Reizin.