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sábado, 26 de octubre de 2013

Temas para meditar el fín de semana....

















¿Transformación o desafección de la política?
por Jorge Peña Vial.


Quizás ha llegado el momento de modificar en profundidad nuestro modo de concebir la política. Pareciera que esta ha dejado de ser una actividad estimada, dotada de autoridad y prestigio. De la exaltación de la política hemos pasado a la desafección generalizada, cuando no a un profundo desprecio. Las encuestas revelan un creciente desencanto, pero no analizan sus causas ni incluso su posible conveniencia. Creo que más que transitar hacia un horizonte de despolitización, entramos en uno de desacralización de la política.


Lo que algunos interpretan como desinterés es quizás la negativa a que la política absorba todas las dimensiones de la persona. Los mismos que proclaman su absoluto desinterés no cesan de esperar de ella muchas ventajas y se ven vigilantes cuando no se cumplen sus expectativas. Incluso hay quienes consideran que una cierta apatía política es buena señal. La agitación política muchas veces no presagia nada bueno. Además, cierta decepción es inevitable cuando se cifran en ella esperanzas desmesuradas. No estamos tanto ante la muerte de la política, sino en medio de una transformación que nos obliga a cambiarla y practicarla de un modo nuevo.


Después de la desacralización de la política ha venido una época en la que lo sacralizado han sido las formas no convencionales de la política. Es curioso este deslizamiento de expectativas: se deja de esperar en la política convencional y creemos en formas alternativas. Al parecer había energías puras que estaban intactas en la esfera de la sociedad despolitizada que ahora encontrarían su cauce en los "movimientos sociales". Pero si la política no es lo que era, menos lo serán los movimientos sociales, verdadero asilo nostálgico para los decepcionados por la política realmente existente. Hay cierta unanimidad: no hay acción política coherente, estable, articulada, responsable fuera de la representación política. Eso no obsta para que a los partidos se los reinvente y renueve con alguna de las energías que bullen en los movimientos sociales.


Carecemos de grandes sistemas portadores de esperanza colectiva, de utopías capaces de hacernos soñar. De ahí quizá nuestra obsesión con la memoria y las diversas modalidades de relación histérica con el pasado. Tampoco es la hora de las grandes promesas; lo que mueve son energías negativas de indignación, afectación y victimización. Es lo que Pierre Rosanvallon ha denominado "era de la política negativa". Buena parte de lo que le pasa a la izquierda es que se limita a ser anti-derecha. Daniel Innerarity considera que la izquierda es fundamentalmente melancólica y reparadora. Ve el mundo actual como una máquina que hubiera que frenar, y no como una fuente de oportunidades susceptibles de ser puestas al servicio de los propios valores, los de justicia e igualdad. "El socialismo -dice Innerarity, un pensador de izquierda- se entiende hoy como reparación de las desigualdades de la sociedad liberal". Pero le falta remitir a una construcción alternativa. Esta actitud recelosa frente al futuro procede de percibir el mercado y la globalización como los agentes principales del desorden económico y las desigualdades sociales, dejando de advertir las posibilidades que pueden ser aprovechadas.


Para una parte de la izquierda -no la renovada- razonar económicamente es conspirar socialmente. La denuncia ritual de la mercantilización del mundo y del neoliberalismo procede de una tradición social que opone lo social a lo económico.


Innerarity ha cifrado en tres los factores que contribuyen a la pérdida de la relevancia de la política: "La privatización de la realización personal, el asedio que procede de otras esferas de la vida pública como la economía, el derecho o la comunicación, que quieren hacerla superflua y, correlativamente, la propia debilidad de la política a la hora de generar el cambio social". Claus Offe lo llama "privatización de la utopía": el futuro se privatiza, pluraliza y fragmenta. Tenemos una idea privada de la felicidad que ya no está asociada a proyectos colectivos, ni se entiende como algo posibilitado por un contexto social. El espacio público se convierte así en mera amalgama de individuos privados, consumidores, accionistas, clientes, cuya única relación con la política es su aparición ocasional como electores, la protesta o la respuesta a sondeos. Asimismo la política se encuentra asediada por lógicas que achican su espacio. La política se desvanece frente al poder de lo mediático y financiero, de los mercados y la judicialización. Se trata de fuerzas que pretenden convertir la política en una actividad prescindible. Pero la principal amenaza procede de su propia debilidad cuando carece de inventiva para plantear alternativas.


La resistencia de las sociedades a ser Gobernadas constituye una fuente de aprendizaje para la política y una garantía frente a los liderazgos incontestables. Hay que afrontar el prejuicio de que todo está ya decidido y resulta inalterable. Debido a la magnitud de los problemas que nos aguardan, nunca ha sido tan necesaria la política.


Desigualdad,
por Rolf Lüders.


Los abusos y la desigualdad -encarnada en el desigual acceso a la educación de calidad- dominan la agenda de las candidaturas con más probabilidades de ganar la elección Presidencial. Sin perjuicio de que nadie discute la necesidad de igualar ese acceso y de paso mejorar la calidad de la educación, y aunque sea políticamente muy incorrecto aseverarlo, es hora de dejar de repetir el falso cliché de la extrema desigualdad y de la falta de movilidad económica en Chile.


Por una parte, el país tiene en la actualidad una distribución del ingreso -medida como corresponde- en línea incluso con aquellas  de varios países europeos. El concepto de ingreso que se usa tradicionalmente para medir la distribución es el ingreso monetario. Esto obviamente subestima significativamente, en el caso de Chile, las rentas de las personas de bajos ingresos, dado que no incluye el gasto en educación, salud y vivienda (que es muy importante) y se focaliza en los deciles de menores ingresos. Años atrás, De Gregorio y Cowan estimaron la distribución de los ingresos después de la totalidad de la acción Fiscal y concluyeron que esta última reducía de forma notoria los indicadores de desigualdad. Recientemente, Libertad y Desarrollo ajustó la distribución de los ingresos monetarios para incluir la totalidad del gasto social del Gobierno. Esta corrección redujo en 10 puntos porcentuales el Gini, con lo que se asemeja a aquellos de varios países de la Unión Europea. 


Por otra parte, la evolución de la distribución del ingreso en Chile ha sido muy positiva. Así lo destaca Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, que en su columna del New York Times del 13 de octubre incluye al país entre un puñado que ha sido capaz de disminuir las desigualdades en los últimos años. Este progreso se está dando en un mundo en que la globalización ha aumentado notoriamente las desigualdades al interior de los países.  Stiglitz cita, al respecto, el caso de EE.UU., en que desde 2009 el 95% de las ganancias de ingreso del país las ha recibido el 1% más rico. Sapelli (2011) le atribuye lo sucedido en Chile a que las nuevas generaciones son más educadas que las anteriores y ello ha reducido las diferencias de ingresos de las cohortes más recientes. En efecto, para los jóvenes en Chile, la cobertura educacional es similar a la del promedio de los países de la Ocde.


El mismo Sapelli, en un artículo que publicó en Estudios Públicos Nº 131 (invierno 2013), concluye que en Chile se observa alta movilidad intrageneracional del ingreso y que la noción de que Chile es una sociedad económica rígida tiene poco asidero empírico. Esto es muy coherente con las encuestas que sugieren que la mayoría de los chilenos estima que el principal factor de progreso económico es el esfuerzo personal. 


Entre 1987 y 2012, Chile creció a tasas relativamente altas y su distribución de ingreso se hizo más igual (Grupo Res Pública 2013).  Evidentemente que hay innumerables aspectos de nuestra economía social de mercado que se deben mejorar, pero hay que evitar caer   -en búsqueda de una quimera- en antiguos vicios que nos llevaron por la senda equivocada de progresivo menor crecimiento y mayor desigualdad.


Todos los Presidenciables juntos.


El foro convocado ayer por la Archi dio la primera oportunidad de reunir a los nueve candidatos Presidenciales, pero decepcionó a quienes esperaban novedades. Tanto por el número de los actores como por la imposibilidad práctica de ahondar en cada tema y el excesivo cuidado en lo que dicen de quienes se juegan una opción real, seguimos esperando conocer mejor sus propuestas. Michelle Bachelet mantuvo su estrategia de moderación, sin salir de las generalidades —básicamente de sus tres ejes—, incluso a dos días de publicar su programa. Quizás ella hubiera preferido como otras veces la ausencia y el silencio, pero a lo menos logró evitar la alta probabilidad de ser el blanco de los ocho, aunque fue quien recibió más críticas (sin contar los dardos de Parisi a Evelyn Matthei). Esta estuvo bien, golpeó fuerte a su atacante, pero sólo cuando él lo hizo indispensable, y supo jugarse corto y a fondo en varios puntos, como el ingreso mínimo, las salas cunas y la educación preescolar igualitarias, el combate a la elusión tributaria y un observatorio judicial que causará polémica. Un optimista ME-O valoró una visión de más largo plazo, criticó a Matthei por el lucro en la enseñanza básica y media, y abogó por una industrialización del país que considera en deterioro. Israel promovió la regionalización y un llamado unitario desde el centro. En cuanto a los demás, aprovecharon los escasos minutos para invocar sus propios sueños —imposibles y en ocasiones absurdos— con absoluto desdén por la realidad (y a veces provocando pesadillas).


Lo que hemos visto hasta ahora en esta faceta de la campaña electoral queda en deuda respecto de lo que quisiéramos saber en cuanto a proyectos concretos de Gobierno y medidas para hacerlos factibles. Es probable, sin embargo (y por cierto deseable), que la segunda vuelta, con sólo dos postulantes, le dé al electorado lo que necesita y merece: debates a fondo, ideas renovadas y compromisos que se cumplan.


Duelo Matthei-Parisi. No cabe duda que esta semana el interés público se centró en la dura y documentada denuncia de Evelyn Matthei respecto de irregularidades cometidas por la sociedad a que Franco Parisi pertenecía y un tiempo Presidió, que administraba dos colegios e incluso adeuda cuantiosas imposiciones ya descontadas a su personal, problema que, como señalamos, repercutió incluso en el foro de la Archi, donde varios se hicieron eco de su gravedad. Al asumir personalmente la denuncia, incluso contra algunas opiniones en su comando, la candidata de la Alianza mostró la misma fuerza y decisión en el resguardo de los derechos de los trabajadores que caracterizaron su acción como Ministro y puso en evidencia el nivel ético que cabe exigir a los postulantes a la Presidencia. Arriesgó así las consecuencias que habría tenido cualquier error suyo en ese asunto, pero la confirmación de los hechos, ahora en manos de los Tribunales, y la aparición de otras investigaciones en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, deberían justificarla ampliamente frente a las excusas del afectado de que se trata sólo de una maniobra mediática para descartarlo como competidor.


Temas aún pendientes. Aunque muchas incógnitas del programa de Michelle Bachelet podrían aclararse este domingo, hay otras que al parecer seguirán complicando a la Nueva Mayoría, como una reforma laboral que resulta insuficiente para el PC u opciones valóricas contrarias a la tradición de la DC. Pero entre ambos casos hay una diferencia notoria. Mientras la yunta PC-CUT es sólida en sus demandas y presiona por ellas unitaria y abiertamente, la Democracia Cristiana se muestra dividida. Algunos dirigentes, como Aldo Cornejo, sostienen que la DC no puede ser gendarme de temas valóricos ni convertirse en un dique de contención, limitándose a ser “un aporte en la discusión”, sin vetar nada y abriéndose así en la práctica a lo que la candidata decida. Otros, lamentando lo que ocurre, llegan hasta advertir que, en lo personal, no votarán contra su conciencia. El muy distinto peso electoral de ambos partidos permite concluir que sólo la pérdida de una parte importante de lo que fueron los principios doctrinarios de la colectividad justifica esta generalizada displicencia ante tales asuntos, es capaz de inhibir a la mayor fuerza de la coalición opositora y a su directiva, y explica la atracción que allí ejerce el movimiento liberal Fuerza Política de Andrés Velasco.


Doble agenda del Gobierno. Se aprecia la creciente presencia del Presidente y Ministros en la campaña oficialista, pero a la vez se ha querido destacar las realizaciones Gubernamentales, tanto en la reconstrucción, por ejemplo, en la inauguración del memorial por el 27/F, como en las cifras de la economía, con ocasión del informe entregado por la OCDE. Allí se reconoce y aplaude el “excepcional crecimiento” de Chile, su fortaleza Fiscal ante las crisis externas y un nivel de empleo “envidiable”. Además, coincide con el criterio de no avalar la gratuidad educacional para los grupos económicos más altos. Sin embargo, hay recomendaciones en asuntos como reforzar la innovación, creando incluso un Ministerio, y la fuerza laboral femenina y juvenil o promover “la innovación verde” y reflejar el costo social de la contaminación en el plano tributario. En este tema se pide seguir reduciendo la evasión y revisar el FUT, cuyo aporte a la inversión el ministro de Hacienda estima, en cambio, que sigue siendo conveniente.


Chile mirado desde la OCDE.


Como país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) -que conforma la treintena de países más avanzados del mundo-, Chile se beneficia de periódicas evaluaciones de sus políticas económicas y sociales elaboradas por los expertos de dicho organismo. Tales informes, claro está, valen solo por la calidad técnica del análisis, y las recomendaciones que contienen no importan para el país obligación alguna.


De visita en Santiago para la presentación del último informe, el Presidente de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, no ha trepidado en opinar sobre algunas de las propuestas más candentes aireadas en la presente temporada electoral. Se ha mostrado contrario a la gratuidad de la educación universitaria que propugna Michelle Bachelet, pero conforme con elevar el impuesto a las empresas y revisar el llamado FUT, importante incentivo a la reinversión de las utilidades. Si bien el informe de la OCDE es crítico de la gratuidad educacional -la estima regresiva-, no aborda la tributación de las empresas. Solo señala que hay que combatir la evasión y evitar el uso de excepciones tributarias injustificadas.


Sería lamentable que este completo estudio de nuestra realidad, que contiene propuestas constructivas e interesantes, terminase siendo distorsionado en el fragor de una campaña electoral.


El informe presenta una visión muy positiva de la evolución de la economía chilena y "su envidiablemente larga fase de crecimiento económico y creación de empleos". Celebra la fortaleza de sus finanzas públicas y de la banca, así como la capacidad de nuestras políticas macroeconómicas -en especial, la flotación cambiaria- para enfrentar de buena forma una eventual y siempre peligrosa caída del cobre. Advierte, sí, que el avance de Chile hace más necesario que nunca mejorar la calidad de la educación y de las pensiones. Para su financiamiento propone más esfuerzo tributario y de ahorro previsional por parte de las personas -algo que los votantes tal vez prefieran no oír-.


Para la OCDE, los desafíos pendientes son arduos. Estima que Chile, sin retardar su crecimiento, debe hacerse cargo del costo ambiental asociado a la explotación de los recursos naturales. Aunque sugiere algunas ideas al respecto, llama la atención que no se refiera a la grave paralización de proyectos de inversión que está ocasionando la exacerbación de la preocupación verde, fenómeno que parece amenazar nuestra futura capacidad de crecimiento. Plantea también que es prioritario abrir el mercado laboral a una mayor participación femenina y juvenil, lo cual ayudaría tanto a sostener el crecimiento económico como a hacer más equitativa la distribución de las oportunidades. Señala que hay avances recientes e iniciativas Gubernamentales bien orientadas. Y, acertadamente, recomienda abordar sin más retraso las rigideces de la jornada laboral, introducir un salario mínimo más moderado para los trabajadores jóvenes y otras propuestas que hasta ahora los diversos gobiernos han eludido.


Consigna la importancia crucial de acelerar la productividad -advierte que tras una década de estancamiento, últimamente ella parece estar repuntando- y destaca la estrategia en favor de la innovación y el emprendimiento que echó a andar el Gobierno del Presidente Piñera. Celebra iniciativas promisorias, tales como el programa "Start-up Chile", las facilidades para crear empresas y el estímulo tributario a la innovación tecnológica de las empresas. Pero no bastan -dice-. Su conclusión explícita es que si Chile quiere sostener su rápido crecimiento, ha de hacer todavía mucho más para impulsar el emprendimiento y la innovación.


Conocimiento de la trayectoria de los candidatos.


La controversia que han sostenido en los últimos días algunos candidatos a la Presidencia de la República permite recalcar la utilidad de las campañas electorales como un mecanismo para la confrontación entre los postulantes de cara al electorado y para que éste conozca y se forme una impresión sobre el carácter y la trayectoria de quienes compiten por llegar a La Moneda en marzo próximo. Lejos de constituir un espectáculo que rebaja la calidad de la política, el enfrentamiento entre candidatos representa -siempre que se dé en un contexto de respeto y ajeno a las descalificaciones personales- un beneficio para los electores, pues incentiva la entrega de información que puede resultar útil a la hora de decidir el voto y facilita la defensa de quienes se sienten injustamente aludidos.


La candidata de la Alianza, Evelyn Matthei, ha lanzado acusaciones contra el independiente Franco Parisi respecto de la presunta existencia de una cuantiosa deuda -que llegaría a $ 800 millones- por no pago de cotizaciones previsionales en la administración de dos colegios por parte de una sociedad en la que participaban aquél y su familia. A las denuncias se sumó luego el abanderado del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami. La Masonería, por su parte, presentó el miércoles una querella contra la mencionada sociedad, mientras que también se ha conocido que el Ministerio Público indaga supuestas irregularidades que habrían tenido lugar en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile mientras Parisi fue vicedecano y decano interino de la misma. El candidato independiente ha rechazado los cargos formulados por sus adversarios, afirmando que mantiene una deuda muy menor      ($ 3,9 millones) y que es víctima de una “maquinación política” por parte de la postulante de la Alianza, contra quien ha señalado que se querellará.


No es extraño que durante una campaña los candidatos crucen declaraciones y acusaciones. En la medida en que esto se haga dentro de límites razonables, es perfectamente válido, e incluso sano para la transparencia, pues permite al electorado contrastar las diferentes opciones a su disposición. Para los votantes es crucial estar al tanto de los proyectos programáticos de los candidatos, donde se detallan las propuestas en términos de políticas públicas, y también conocer su carácter y la manera en que han desarrollado su actividad pública. Todo ello contribuirá a permitir que sufraguen de manera informada.


La trayectoria pública de los candidatos es un dato muy relevante, más aún si se considera que en ella puede haber predictores del comportamiento de éstos si eventualmente consiguen el objetivo de llegar a La Moneda.  El enorme peso institucional que le entrega el ordenamiento Constitucional chileno a la figura del Presidente de la República hace aún más exigible toda la información relevante sobre quienes desean ocupar ese puesto e incluso involucra una reducción del ámbito de su esfera privada comparada con la que posee un ciudadano común. Eso significa que -tal como se ha señalado en esta página- deben ser de conocimiento público aspectos como la condición médica de los candidatos, así como sus antecedentes comerciales y judiciales, si es que existieren. En el caso de candidatos que han irrumpido recientemente en la escena nacional, esta necesidad adquiere incluso mayor urgencia, pues la ciudadanía los viene conociendo y no está al corriente del recorrido que han hecho antes de competir en la campaña.


Caso cascadas: distinciones y precisiones.


En un caso como el llamado "cascadas", en que las intenciones y la concatenación de hechos que se investigan son complejos de determinar, por su dependencia de una gran cantidad de detalles y datos, cada uno con su contexto bursátil, económico y de intereses propio y particular, a estas alturas del proceso no caben aún juicios definitivos sobre lo ocurrido. Sin embargo, sí cabe fijar criterios generales sobre el tipo de problemas planteados, lo que requiere distinciones y precisiones respecto de las situaciones planteadas.


Desde luego, las llamadas sociedades cascada, cuyo nombre proviene de la estructura telescópica de propiedad que ellas ejercen sobre una sociedad productiva, solo influyen en esta última a través de la participación en su directorio de quienes ejercen el control de la cascada ubicada más "aguas arriba" en la estructura. En este caso, la empresa productiva es SQM, que no admite, por estatutos, un controlador con más de 32% de la propiedad, por lo que los eventuales problemas financieros o Legales de las cascadas que la controlan tienen un impacto menor sobre su funcionamiento, salvo que, en el caso más extremo, se produzca un cambio de propiedad.


En su versión más pura, la estructura de cascadas se establece mediante una primera sociedad, en la que un controlador tiene la mayoría mínima posible, y esa sociedad posee la mayoría mínima de una segunda sociedad, la que hace lo mismo con una tercera, y así sucesivamente. La última de ellas es la que tiene las acciones controladoras de la sociedad productiva, de modo que el controlador de la primera, con una fracción muy menor del capital necesario, controla finalmente a la productiva. Ese esquema es posible si hay accionistas minoritarios dispuestos a invertir en cualquiera de esas etapas, pese al escaso poder que tienen sobre las decisiones de la empresa productiva. Y tal modelo debe distinguirse del de otros casos de cascadas, establecidas por razones históricas o de ordenamiento societario, en que un mismo controlador es mayoritario en todas las sociedades intermedias.


Los problemas ocurren en las transacciones entre cascadas, o en sus aumentos de capital, por la dificultad para determinar su precio, especialmente cuando hay turbulencias, que permiten cierta discrecionalidad en el cálculo del descuento sobre el valor subyacente de las acciones que dichas cascadas poseen de la empresa productiva. Ese es el caso que se investiga ahora, en especial si hubo o no opacidad en las convocatorias a aumento de capital; si las transacciones habidas entre las sociedades cascada formaban parte de un esquema del controlador para, aprovechando posibles cambios forzados por este en el precio de las acciones, extraer utilidades en perjuicio de los minoritarios; si hubo connivencia de los corredores de bolsa que participaron en ese esquema mediante las llamadas órdenes directas de compra y venta al mismo operador, y si hubo participaciones de terceras sociedades que se prestaron para intermediar esas operaciones y darles visos de legitimidad, algunas de ellas ligadas al operador de bolsa. Operaciones, todas ellas, que si llegaran a probarse, significarían ganancias indebidas por decenas de millones de dólares.


El daño que causa a la fe pública este cuestionamiento (que sería mucho mayor si se comprueban las acusaciones de intencionalidad en todo ello) justifica establecer mejores procedimientos y mayor transparencia para estas operaciones, tales como anticipación mínima para aumentos de capital por montos importantes; regulación de la forma de proceder en las órdenes directas cuando se trata de operaciones complejas en que participa el controlador; regulación de las operaciones de los accionistas de las corredoras de bolsa con los negocios de la corredora, que impidan sospechas de favoritismo en el mercado. Pero, como en muchos otros casos, lo que debe corregirse es la institucionalidad que controla las cascadas, mas no necesariamente eliminar estas.


Aplicación de Ley antiterrorista.


Distintas candidaturas Presidenciales han entregado su particular visión en torno a la Ley antiterrorista, ya sea dándole su decidido respaldo o bien desestimándola, lo que se ha prestado para confundir a la ciudadanía, pues lo que cabe a la autoridad es apegarse al cumplimiento de la Ley y, en caso de considerarla insatisfactoria por algún motivo, proponer su eventual modificación a través del trámite Legislativo previsto en la institucionalidad.


La controversia tuvo su origen en las palabras de la candidata Michelle Bachelet, quien señaló que respecto del asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay en La Araucanía no se necesita aplicar la Ley antiterrorista, pues basta la Legislación común. Anteriormente, había señalado que fue un error haber invocado durante su Gobierno esta Legislación en los atentados incendiarios registrados en la zona. En respuesta, la candidata de la Alianza ha señalado que ella sí va a aplicar esta Ley y que “no le temblará la mano” para hacerlo.


La Legislación que sanciona las conductas terroristas ha sido cuestionada en el último tiempo y los Tribunales se han mostrado renuentes a considerar como actos de terrorismo la colocación de artefactos explosivos. La aplicación de la Ley también ha sido requerida en múltiples atentados registrados en La Araucanía, entre ellos el asesinato del matrimonio de agricultores, cuyo juicio -pese al tiempo transcurrido- sigue aún pendiente.


No corresponde que quienes tienen opciones de convertirse en Presidente de la República manifiesten opinión respecto de lo que les corresponde o no hacer a los Tribunales, pues ello pone presión sobre éstos y arriesga su independencia, lo que termina por debilitar la institucionalidad.


Medida antidumping.


Se ha hecho pública la decisión de la Comisión de Distorsiones de cerrar la investigación por dumping en las importaciones de maíz partido desde Argentina, sin recomendar la aplicación de medidas definitivas. Con eso dejó de regir el derecho antidumping provisional de 10,8% que estaba vigente desde comienzos de abril y debía terminar con la resolución definitiva de dicha comisión. La investigación se inició en enero de este año, tras sendas solicitudes de la Sociedad Nacional de Agricultura en marzo y octubre de 2012, y una sentencia de la Corte Suprema, de diciembre, que exigió la apertura de la misma.


El dumping en cuestión fue acreditado por esa comisión. Según el acta de la sesión que puso fin a la investigación, los derechos de exportación diferenciados y las cuotas de exportación de granos y derivados en Argentina crean distorsiones en el mercado del maíz en ese país, que rebajan el precio interno, "con lo que se favorece la exportación de maíz partido en condiciones de dumping”. La comisión estimó un margen del mismo de 17,5% en 2012 a nivel CIF. También dio por acreditada la similitud de productos entre el maíz partido importado desde Argentina y el maíz grano producido en Chile, estableciendo así que la industria doméstica potencialmente afectada es la de los maiceros.


La comisión no recomendó la aplicación de medidas porque, a su juicio, estos no estarían sufriendo un daño o amenaza de daño importante como consecuencia del dumping. Cabe recordar que para imponer medidas correctivas, el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio -que la Legislación chilena recoge- exige que el dumping cause o amenace causar un daño importante a la industria local del producto similar al importado. La SNA argumentó que el dumping deprimía el precio, y que ese diferencial de precio aplicado a la producción era el daño, pero la comisión consideró que la situación no era crítica, ya que la producción se ha mantenido estable y los márgenes han sido positivos si no se considera el costo de oportunidad de la tierra. Exige en esta ocasión un estándar de daño alto, mayor que el que exigió a la misma industria a comienzos de año, cuando, con mejores precios internacionales, sí recomendó el antidumping provisional al maíz partido y la salvaguardia provisional al maíz grano.


Aunque es razonable un estándar alto para intervenir -pues estas medidas producen transferencias entre sectores y afectan las relaciones comerciales entre países-, no queda suficientemente en claro el porqué del cambio de criterio.


Por otra parte, el marco que regula esta clase de medidas data desde la fundación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), en 1947, cuando la agricultura estaba fuera de la disciplina del mismo. En ese contexto, los criterios para determinar el daño -caída de ventas y márgenes, cese de inversiones y otros- resultan más pertinentes para el sector manufacturero que para un sector primario como el agrícola. En este, el dumping tiene un efecto directo en cuanto a deprimir los precios, lo que no necesariamente ocurre en el sector manufacturero. Por eso -según los productores nacionales-, el efecto precio debiera ser el foco del análisis de daño en estos casos.


Correspondencia destacada.


Señor Director:


Ley Antiterrorista.


Las declaraciones de la candidata Bachelet respecto de su arrepentimiento por haber invocado la Ley Antiterrorista durante su Gobierno dan cuenta de la ambigüedad con que actúa la izquierda cuando se trata de delincuencia.


Otro ejemplo se vio en el primer capítulo de la franja del PPD, donde se justifica el actuar de los encapuchados advirtiendo que “tienen rabia y piden a gritos dignidad”.


Ahora entendemos por qué las bancadas de la Concertación han frenado constantemente los proyectos del Gobierno para reforzar el orden público.


Juan Carlos Sotomayor F.


Señor Director:


Propaganda y batas blancas.

Llama la atención la cantidad de candidatos que aparecen en su propaganda vestidos con bata blanca y estetoscopio.


En el caso de aquellos que presentan su candidatura por primera vez, ello tal vez sería aceptable, ya que, supongo, hasta el momento han estado ejerciendo su profesión. Sin embargo, aquellos que pretenden “repetirse el plato” hace rato que dejaron de ejercer de médicos, para transformarse en políticos. Ambas actividades, la de médico y político, requieren dedicación exclusiva. Si no es así, alguna de ellas o las dos las están desempeñando de mala manera.


Gastón Josephson Reizin.







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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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