Boomerang bien lanzado
por Axel Buchheister.
El episodio de las acusaciones de Evelyn
Matthei contra Franco Parisi no ha sido bien evaluado por algunos políticos de
la centroderecha. Se dice en sordina que puede convertirse en un boomerang en
su contra, pues viene a ratificar que es agresiva y arrebatada, que coloca al
candidato independiente a su mismo nivel, dándole demasiada tribuna, y que
complicará la segunda vuelta, en la que se necesitarán los votos de éste.
¿Se equivocó Evelyn Matthei? Por el contrario,
todo parece indicar que acertó. Desde luego, cuando las cosas van mal -ella
misma reconoció en Enade que iba atrás- nada se pierde con arriesgar fuerte: en
el peor de los casos siguen igual, pero pueden mejorar y esa posibilidad hace
que la apuesta valga la pena. Por otra parte, es cierto que quien va segundo
debe siempre pelear con el primero y no con el tercero, pero ocurrió un hecho
que obligó a alterar esa lógica: Parisi dijo en la Enade muy campante que ya
está segundo en las encuestas. Un anuncio sin ningún fundamento y en boca de un
candidato de poca credibilidad, pero que causó gran impacto. Entonces, seguir
ignorándolo no hacía más que contribuir a que la imagen de Matthei fuera
languideciendo.
Pero la principal razón de que su candidatura
no despegara es que no estaba siendo ella misma. Tiene un carácter fuerte y eso
es lo que el público aprecia en ella; a la gente le gusta que diga las cosas
“pan pan, vino vino” (con alguna mala palabra incluida). Cierto que eso tiene
también detractores y a veces se le pasa la mano, pero mantenerla contenida y
“muy dama” lo único que hacía era desperfilarla, sin concitar algo a favor o en
contra. Y lo que más debe preocupar a un político no es si hablan bien o mal de
él, sino que no hablen de él. En suma, se estaba desperdiciando el principal
atributo de la candidata, sin lograr nada concreto. Habrá costos en que se utilice,
pero lo que importa es que sean menores que los beneficios. Y a juzgar por la
cobertura de prensa hablando de ella, los últimos han sido claramente
superiores a los primeros. Aparte de haber motivado al “voto duro”, que -una
vez más- es clave en un régimen de sufragio voluntario, pues es el que se
moviliza y concurre a votar.
El argumento de que se perderán los votos de
Parisi en segunda vuelta no es válido. Es un candidato al que la gente adhiere
por defecto, porque no quieren hacerlo por las opciones tradicionales. Por lo
mismo, sus votantes no tienen un vínculo muy emotivo con él y difícilmente se
ofenderán porque se lo haya cuestionado. En segunda vuelta hay que captar a los
votantes de Parisi, no a él, cuando hoy nadie es dueño de los votos y los
ciudadanos sienten que ya son grandecitos para decidir. Estuvo bien que la
candidata haya dicho que no va a pactar con Parisi para el balotaje, ya que
fortalece la percepción de que no es una política que anda con cálculos
pequeños ni dobleces.
Los políticos de centroderecha harían bien en
regirse más por sus principios y autoestima que por sus temores. Arriesgar es
lo único que puede cambiar el rumbo de los acontecimientos, aunque no hay que
perder el norte: el debate real es con la primera. En esto, el consejo de que
no hay que victimizarla está demás si se pretende bajarla del pedestal en que
se encuentra.
¿Quién quiere ser Presidente?,
por Joaquín García Huidobro.
Mientras los chilenos tuvimos sentido del
ridículo, los candidatos Presidenciales fueron pocos, a pesar de que la
Constitución no pida mucho para ser Presidente: que sea chileno, tenga 35 años
y esté habilitado para votar. Ni siquiera exige saber leer y escribir. Esta
democrática facilidad funciona porque existen ciertas condiciones implícitas
que comparten todas las personas razonables. Así se entendió a lo largo de
nuestra historia republicana.
El Tony Caluga fue el más grande de nuestros
payasos, y Martín Vargas un notable boxeador, pero jamás se les ocurrió
presentar una candidatura Presidencial, aunque cumplían todas las condiciones
establecidas por la Ley. Ellos eran conscientes de la majestad del sillón presidencial
y no querían hacer un papelón. Se dedicaban a lo suyo y lo hacían bien.
Todo eso ha cambiado. Ha llegado la moda de los
candidatos exóticos e irrelevantes. Por eso, me permito sugerir algunas
exigencias adicionales que habría que hacer a quienes pretenden postular a la
Presidencia. De este modo, los chilenos que tenemos talentos diferentes no
caeremos en la locura de meternos donde nadie nos ha llamado.
Quien postula a tan alto cargo conocerá algo
tan básico como que las elecciones Presidenciales tienen por objeto elegir
Presidente de la República de Chile. En otras palabras, no son un medio para
hacerse famoso ni para conseguir gratuitamente un minuto de gloria. Para eso
están los matinales o la posibilidad de subir a Youtube un video casero.
En el acto de inscripción de las candidaturas,
se informará a los postulantes de que existe la Ley de gravedad, de modo que
sus propuestas estén bien sujetas a la tierra y no anden por las nubes, como ha
sucedido en esta penosa campaña.
Por otra parte, los candidatos a instaurar un
Chile más justo pagarán sus deudas previsionales y laborales; no tendrán líos
con la Justicia ni estarán enfrentados con la Masonería o cualquier otra
institución de bien público. Sabrán que los Ministros son muy importantes;
valorarán la experiencia y carecerán de fobias ante la tercera edad. Dicho con
otras palabras, se abstendrán de proponer un Gabinete Ministerial sub 35, ya
que los Secretarios de Estado son algo muy distinto de los teletubbies. Habrán
de acreditar que conocen, al menos de oídas, la separación de los poderes del
Estado, y que saben que no le corresponde al Presidente meter a la cárcel a los
empresarios, Parlamentarios u otra gente que a Roxana le resulte sospechosa o
poco simpática. Para eso hay Jueces y procesos Legales.
Entregarán a la ciudadanía su programa de Gobierno
con tres meses de anticipación, porque confiarán, al menos en apariencia, en la
responsabilidad cívica de los ciudadanos. Un funcionario del Servicio Electoral
les leerá el significado que la Real Academia atribuye a la palabra Estadista
(“Persona con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado”) y les
explicará que los Estadistas no suelen emplear los garabatos como arma
política, pues, como dice Aristóteles, “a la despreocupación por las palabras
sucias sigue inmediatamente la despreocupación sobre los actos”.
Aunque solo se trate de una sugerencia, se los
animará a dar muestras de chilenidad, por muy ecologistas e internacionales que
sean. No se pide que vayan al acto vestidos de huaso o de pascuense, pues no a
todos les sientan bien tales indumentarias, pero se les explicará que los
trajes de la India no tienen una honda ligazón con nuestras tradiciones
ancestrales.
Habrán de saber que la integridad territorial
de un país es una materia importante, que no debe ser abordada con liviandad,
por más que a Marcel Claude le preocupe la hermandad latinoamericana y el papel
del mar en el desarrollo de los pueblos.
Finalmente, el más importante de los requisitos
consiste en que los candidatos deberán probar que tienen capacidad de
sonrojarse. Es el mejor antídoto contra el despropósito de presentarse a una
elección de perros grandes sin tener el tamaño adecuado, y evita hacer de los
debates Presidenciales un campeonato de ofertones.
¿Y cómo podrán acreditar los candidatos que
poseen el don de la vergüenza? Bastará con que presenten un certificado del
Servicio Médico Legal que acredite que su cara es de carne y no de palo.
Las verdaderas prioridades educacionales.
La educación chilena tiene deficiencias, pero
no está en crisis como muchos afirman livianamente. Su estado debe ponerse en
perspectiva realista. Por ejemplo, un reciente estudio internacional que
analiza datos comparables para 49 países, muestra que, después de Letonia,
Chile es el segundo país que más ha mejorado la calidad de su educación.
Además, ha reducido las brechas de desempeño entre estudiantes de distinto
nivel socioeconómico. En educación superior los avances también son
significativos, no solo en productividad científica sino en oportunidades para
quienes antes no tenían la posibilidad de acceder a estudios superiores.
Generalizar en la idea de crisis crea una
sensación de refundación de nuestro sistema educacional. Sin embargo, ese
camino lleva a una pérdida de rumbo y, más temprano que tarde, a un retroceso
en los avances educacionales logrados, al perderse de vista las prioridades y
urgencias. En la experiencia comparada, el éxito o fracaso de un sistema
educacional no está ligado a la organización jurídica de sus instituciones, a
la combinación público-privada de su matrícula ni a los diseños específicos de
los financiamientos. Sin embargo, precisamente estos asuntos ocupan gran parte
del debate público en Chile. Las democracias avanzadas no están tratando
permanentemente de refundar sus instituciones y políticas educacionales, sino
que implementan iniciativas que suponen continuidad y cambio, en un marco bien
definido de prioridades. Desde el punto de vista de los recursos, las
prioridades están mal enfocadas en nuestro debate público.
En el Gobierno actual, el presupuesto de
educación superior creció algo más rápido que el del resto del sistema
educacional. Según los planteamientos de las candidaturas Presidenciales que
han presentado programas o esbozado iniciativas (excepto la de Matthei), esta
tendencia se fortalecería en los próximos años. Sin embargo, según la OCDE, los
mayores déficits de recursos en Chile, medidos por estudiante, se concentran en
educación escolar. Dado que las principales oportunidades para producir una
sociedad más equitativa e inclusiva están en los niveles escolares iniciales,
es evidente adónde deben ir los recursos.
Si en una primera etapa aseguramos una
educación de excelencia desde parvularia hasta 6° básico, y simultáneamente
sentamos las bases para que inmediatamente se mueva en la misma dirección la
educación secundaria, una sociedad con mayor movilidad social tendrá grandes
posibilidades de materializarse. Pero es indispensable hacer las cosas bien, y
nuestros líderes políticos, sociales y empresariales deben resistir los cantos
de sirena de grupos con capacidad de presión.
En educación parvularia no debe ponerse el
acento solo en crear más salas cuna o jardines infantiles. La evidencia
comparada sugiere que es alta la inversión por niño que realizamos, pero ese
promedio esconde grandes diferencias injustificadas entre ellos, según la sala
cuna o jardín a que asisten. Esto debe cambiar —una subvención por niño es una
opción—, y al mismo tiempo debemos asegurar un uso más eficiente de los
recursos.
Sin cambios institucionales, eso se ve muy
difícil. Los actuales proveedores Estatales son simultáneamente verdaderas
empresas públicas, pero con atribuciones propias de organismos fiscalizadores
(particularmente en el caso de la Junji). Esta realidad se está abordando, pero
debe ser definitivamente aclarada en el próximo Gobierno. Además, es razonable
repensar el nivel medio mayor, esto es entre 3 y 4 años, desde una perspectiva
más cercana a los colegios que en la actualidad. Es importante que este nivel
junto con prekínder y kínder reciban una atención más específica y con
exigencias más precisas. La calidad no está garantizada, y la evidencia
disponible muestra muy poca eficacia —si alguna— de estos programas.
No se trata de escolarizar en exceso esta
etapa, pero tampoco se pueden dejar de definir metas específicas, sobre todo si
la inversión en este nivel apunta a reducir las brechas que se producen entre
niños que provienen de hogares de distinto capital cultural. Para los niños
menores de 3 años, las salas cuna deben convertirse en verdaderos centros de
desarrollo de la primera infancia, que trabajen más intensivamente con las
familias, particularmente en los sectores más vulnerables. Intervenciones de
esta naturaleza, bien diseñadas, pueden significar enormes beneficios sociales.
El sistema escolar no podrá seguir teniendo
grandes avances si no logra desarrollar suficientes capacidades directivas y
docentes. La preparación inicial y la formación continua de nuestros docentes
requieren un cambio mayor. Las universidades no han estado a la altura de este
reto. Reclaman más recursos, pero las iniciativas que proponen no son
particularmente interesantes. Esta inversión puede ser socialmente valiosa solo
si se cuenta con proyectos más ambiciosos y de mejor calidad, similares a los
de países como Singapur o Finlandia.
A la vez, la selección profesional de
directores que ha estado desarrollándose en los dos últimos años tiene que ser
acompañada por una mayor autonomía de estos profesionales en sus cargos.
Reformas Legales recientes fueron un avance, pero aún sorprende la poca
injerencia que en la educación Estatal tienen estos directores para seleccionar
y evaluar a sus equipos docentes. Los dos últimos Gobiernos han enviado
proyectos para modificar la institucionalidad de la educación Estatal. Ninguno
ha avanzado. Es hora de resolver esta situación.
La educación secundaria es el área con mayor
déficit relativo de recursos, especialmente en la educación
técnico-profesional, a la que asiste el 44% de nuestros jóvenes, con una
vulnerabilidad superior al promedio. El actual Gobierno es el que más énfasis
ha puesto en esta modalidad, pero se requiere fortalecer su conexión con el
mundo de la empresa y asegurar mejor su calidad. Las remuneraciones de los
docentes de la educación secundaria son tal vez las más rezagadas y deben
comenzar a subir, pero contra desempeño en la sala de clases.
En educación superior, la principal tarea es
crear y consolidar un sistema creíble de acreditación de la calidad, que
reconozca la heterogeneidad de las instituciones, pero al mismo tiempo asegure
que ellas cumplen con los estándares para la misión que se han fijado. Esto
debe acompañarse de un financiamiento apropiado de los estudiantes con mérito,
que combine becas y préstamos.
La gratuidad no debe ser una prioridad, porque
si los créditos son vinculados al ingreso y se extinguen tras un plazo
razonable, se protege a los estudiantes de un endeudamiento excesivo y se
liberan recursos para prioridades más urgentes. Por cierto, hay que crear
incentivos para que las instituciones de educación superior ofrezcan programas
pertinentes, y no como en la actualidad, en que varios de ellos están lejos de
ser una inversión atractiva para los jóvenes o el Estado. Estos incentivos
deben ser acompañados con una muy buena información para los estudiantes y sus
familias, que elimine las asimetrías respecto de criterios básicos con los que
se evalúan esos programas.
Requisitos para candidatura Presidencial.
La elección Presidencial del 17 de noviembre
tendrá el mayor número de candidatos en la historia de Chile. En las cinco
elecciones Presidenciales que se han realizado en Chile desde 1989, el número
de candidatos ha fluctuado entre tres (1989) y seis (1993 y 1999). En la
historia de las elecciones realizadas entre 1932 y 1970, sólo dos veces hubo
cinco candidatos. Esta vez, serán 9 en la papeleta.
Si bien a primera vista el aumento de las
opciones enriquece la democracia y atrae a votantes más escépticos de las
grandes coaliciones, es necesario repensar las consecuencias para el debate de
esta alta fragmentación de las opciones Presidenciales. Tras dos debates Presidenciales
y ad portas de otros dos, la semana que viene, queda de manifiesto que el alto
número de candidatos a La Moneda entorpece la discusión de ideas.
Los nueve postulantes se ven forzados a
diferenciarse, no a través de propuestas, sino que en base a caricaturizar a
los oponentes más cercanos. Eso ha derivado en una campaña electoral que ha
tenido dos sellos: los fuertes ataques personales entre los candidatos y el
poco debate programático, al punto que varios de los candidatos aún no entregan
programa de Gobierno, a 20 días de la elección.
Empiezan, en este escenario, a surgir voces que
piden subir las barreras de entrada para ser candidato Presidencial. Otros, por
el contrario, estiman que el mecanismo de la segunda vuelta permite al país
tener más opciones en la primera elección -respetando así a las minorías y movimientos
políticos incipientes- y a la vez, debate posterior entre las opciones con
posibilidades reales de llegar a La Moneda.
Requisitos a repensar. En Chile, los
requisitos para acceder a la Presidencia están en la Constitución. Según ésta,
se establece que para ser Presidente de la República se debe ser chileno, tener
(como mínimo) 35 años de edad y ser ciudadano con derecho a sufragio. Si el
candidato pertenece a un partido político o lista de partidos, basta con que la
misma colectividad lo inscriba como abanderado. El candidato debe estar
afiliado al correspondiente partido desde a lo menos dos meses antes de la
fecha de cierre de inscripción de candidaturas y no haber sido afiliado de otro
partido dentro de los nueve meses anteriores a dicha fecha. Si el candidato es
independiente, no puede haber pertenecido a un partido por lo menos dos meses
antes del cierre de inscripción de candidaturas, y contar con el patrocinio
ciudadano (firmas) de por lo menos el 0,5% de los votantes de la última
elección para Diputados.
En estas elecciones 2013, sólo uno de los
candidatos no reunió las firmas exigidas (Gustavo Ruz, del Movimiento por la
Asamblea Constituyente), que en esta oportunidad eran poco más de 36 mil. En
tanto, Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt acreditaron sus candidaturas con
44.693 firmas y 38.558, respectivamente, y fueron ratificados como candidatos
por el Servel.
No hay en la Ley exigencias adicionales que
descarten a candidatos con juicios pendientes, como las que han salido al
tapete en las últimas semanas a raíz de las acusaciones que pesan sobre Franco
Parisi por no pago de cotizaciones en una escuela particular subvencionada en
la que participaba junto a su hermano.
Más que sumar requisitos, al parecer hoy las
condiciones están para que se presenten candidatos con poco apoyo, que saben
que no tienen posibilidades hoy, pero esperan darse a conocer para futuras elecciones
o pavimentar carreras de diferente tipo. ¿Qué lecciones se pueden extraer de
una elección altamente fragmentada y donde ha primado la pequeñez por sobre la
discusión de las grandes visiones de país? Primero, repensar que la franja
televisiva Presidencial entregue a todos los postulantes mismo tiempo; segundo,
revisar la devolución de dinero por voto, lo que para los candidatos chicos
supone entrar en la arena política con casi nulo riesgo para sus finanzas. A
esto se podría sumar el abrir una discusión sobre la escasa calidad de debates
tan masivos y organizarse para que se debata por grupos.
Franja debilitada. Un ejemplo concreto de la pobreza del
debate que genera el alto número de candidatos se observa claramente en la
franja televisiva, que por Ley establece igual tiempo a todos los candidatos Presidenciales.
Esta instancia de difusión (que va dos veces al día y se alterna entre
candidatos Presidenciales, Parlamentarios y ahora Cores) para la campaña 2013,
supone que cada uno tenga poco más de 130 segundos. Este breve tiempo impide a
los Presidenciables desarrollar su visión de país y sus propuestas más
concretas. Al final, más que ideas y posturas, lo que se valora son las
imágenes o las estrategias de marketing, que deberían más bien ser apoyo a la
difusión de ideas.
La situación ha llevado a algunos a plantear
que se debe aplicar un mecanismo de división del tiempo similar a la franja Parlamentaria,
donde se consideran los votos del partido o coalición en las últimas elecciones
disponibles.
Pago por voto con umbral. Según la Legislación
vigente, el Estado devuelve a los candidatos un monto de dinero por cada voto
recibido contra las facturas de gasto en campaña. Esto supone que en el caso de
Presidenciables de pocos votos y con campañas baratas, se corre poco riesgo
financiero, lo que hace atractivo embarcarse en una carrera Presidencial
testimonial. Una alternativa a explorar, pero que tiene ciertos costos en
términos de dinamismo democrático que no deben desestimarse, es modificar la Ley
de financiamiento público de la política para que ponga un umbral a partir del
cual se pagarán los votos. Así, sólo aquellos candidatos con porcentajes
relevantes de votación esperada presentarán su candidatura.
¿Debates de a 9? En el actual escenario electoral, con
una contendora ex Presidente que lidera cómodamente las encuestas, los
incentivos de esa candidatura son subir a todos los candidatos al debate para
mantener en segundo plano a las alternativas que le siguen. En ese escenario,
los debates de esta semana y la que viene serán entre los 9 candidatos. Para el
ciudadano es difícil procesar en esta información fragmentada y de tantas
fuentes.
Chile ha avanzado en la calidad de su
democracia aceleradamente en los últimos años, pero ahora toca ir afinando las
fórmulas a los desafíos que pone la realidad.
TV digital: una ley que nos devuelve al pasado.
Tras cinco años de ardua tramitación, en los
que se introdujeron diversos cambios al cuerpo Legal, el Congreso despachó
recientemente el proyecto de Ley de televisión digital terrestre. Esto
constituye una buena noticia, pues beneficiará a la teleaudiencia al introducir
tecnología de punta que permitirá ampliar la oferta de contenidos y mejorar la
calidad de imagen de los mismos. Sin embargo, es lamentable que una iniciativa
que debía constituir el peldaño para la instalación en Chile del moderno
formato digital insista en incluir restricciones y definiciones propias de una
época pasada. Al entregarle al Estado amplias prerrogativas en una serie de
ámbitos, el proyecto aprobado no respeta adecuadamente la libertad de
expresión, el pluralismo en la difusión de ideas y la autonomía editorial de
los medios de comunicación.
En un comienzo, el proyecto estuvo orientado a
establecer los requisitos técnicos para migrar desde la televisión análoga a la
digital. Sin embargo, con el tiempo la iniciativa fue incorporando materias que
regulan aspectos de contenido y el tratamiento que hacen de éstos los
concesionarios y permisionarios (operadores de cable) de televisión. Por ello,
es una lástima que el Gobierno no haya usado su poder de veto y que el destino
de los aspectos más polémicos de la Ley se jueguen ahora al todo o nada en el
Tribunal Constitucional, ante el cual un grupo de Diputados de la UDI ha
presentado un requerimiento.
La norma incorpora disposiciones que deberían
ser declaradas inadmisibles por el TC. Una de ellas se refiere al concepto de
pluralismo, que define de manera poco precisa, obligando a los canales a
“promover en los contenidos entregados la observancia de esos principios” y
otorgando al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) la facultad para sancionar a
aquellos que no cumplan esta exigencia. Este precepto modifica la regla del
“correcto funcionamiento” que rige actualmente a la televisión, y arriesga
permitir una intromisión indebida del Estado en la determinación de los
contenidos que se transmiten, al dejar a discrecionalidad del CNTV qué es
pluralista y qué no. La prerrogativa se puede prestar para lesionar la libertad
de expresión y la autonomía de los medios.
La obligación que se les impone a las
estaciones de TV de difundir campañas Estatales de interés o utilidad pública
que serán definidas por el Gobierno en conjunto con el CNTV, sin posibilidad de
oponerse o de realizar una campaña alternativa, también es una discriminación
arbitraria que abre la puerta a la transmisión de propaganda del Ejecutivo de
turno. La experiencia de otros países de la región debe resultar aleccionadora:
allí donde los Gobiernos son capaces de utilizar a los medios a través de
mecanismos Legales que pasan a llevar las garantías básicas, baja la calidad
del debate y la democracia subsiste bajo amenaza. Otra disposición a considerar
es la que entrega a TVN una segunda concesión con medios propios, privilegio
vedado para el resto de los titulares de una concesión y que establece una
diferencia sin fundamento. Finalmente, el que los permisionarios deban difundir
en su grilla programática a lo menos cuatro canales Regionales o comunitarios
de la localidad donde operan afecta el precepto Constitucional de libre
iniciativa económica. Sobre estos reparos se deberá pronunciar el TC en un
plazo máximo de un mes. Cabe esperar que tenga en consideración estos
cuestionamientos.
Correspondencia para meditar.
Señor Director:
Jaime Guzmán, mi hermano asesinado.
A propósito de la cobertura mediática que hace
algunos días tuvo el estreno de una película centrada en la vida personal y política
de mi hermano asesinado, quisiera a través de su medio manifestar a nombre de
mi familia nuestra más profunda desazón por la falsificación que se hace tanto
de su vida personal como de la gratuita descalificación moral que recibe su
actuar político.
Aun cuando toda manifestación artística merece
ser respetada y analizada en su mérito, no es justificable para una familia
tener que guardar silencio frente a una obra cuyo único hilo conductor es la
interpretación caricaturizada e interesada de su vida y obra.
Valoramos todo análisis político de nuestra
historia reciente que se base en la realidad de los hechos, que tenga un mínimo
de rigor histórico y que, por sobre todas las cosas, sea útil y constructivo en
nuestro proceso de reconciliación y reencuentro como nación. La trayectoria
pública y privada de mi hermano estará siempre abierta a quien quiera
escrutarla de buena fe y con la necesaria altura de miras, alejada de las
consignas interesadas que tanto mal nos han hecho en el pasado.
No nos queda más que manifestar nuestro
profundo rechazo al uso comercial que se ha intentado hacer con el patrimonio
más valorado que tenemos las personas: nuestra familia y nuestra historia
familiar.
M. Isabel Guzmán Errázuriz.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
