Estado laico y creyentes,
Por Gonzalo Rojas
Sánchez.
El misterio rodea los trabajos de la comisión
que prepara el proyecto constitucional de la candidata Bachelet. Incluso, su
coordinador ha pedido que no se hable públicamente de los temas disputados,
antes de que la postulante decida qué enfoque les dará. Transparencia
democrática, así la llaman.
Todo porque uno de los representantes de la DC
en la comisión nos ha alertado sobre el texto: “Tiene un aire antirreligioso,
lo cual sobrepasa lo que se debe buscar, que es un Estado laico y la libertad
religiosa, la separación Iglesia-Estado y la igualdad entre las iglesias”, nos
ha dicho. Su partido lo ha respaldado.
Por ahora no sabemos qué implica eso, qué se
pretende exactamente en materias religiosas, lo que habilita para especular
sobre el tema.
¿Un Estado laico? Si eso significa que el
Estado no promoverá religión específica alguna y que seguirá habiendo libertad
de cultos, derecho a enseñar y mostrar la propia fe en ámbitos familiares,
educacionales y públicos, y libertad para exhibir señales y signos religiosos
diversos en todos los ambientes, bienvenida esa neutralidad. Si Estado laico es
Estado neutral en materias religiosas, nada más conveniente.
Pero seríamos ingenuos e ignorantes si
pensáramos que esa es la matriz detrás de los proyectos pro Bachelet. El 31 de
octubre de 2009, la entonces Presidenta se refirió a “las virtudes del Estado
laico en Chile; vale decir, un Estado que asegura la libertad de culto, que
acepta todas las creencias dentro del marco de la Constitución y las Leyes, el
Estado que defiende el pluralismo, la aceptación de la diversidad y la
tolerancia como forma de vida”.
Bien. Esa era la Bachelet de una Concertación
en que la DC pesaba.
Hoy, cuatro años después, con una Democracia
Cristiana reducida a equipo de segunda división, es perfectamente lógico pensar
que el Estado laico pueda significar en la práctica —a través de la Ley y de la
potestad reglamentaria— otra cosa muy distinta: un Estado activamente
antirreligioso.
Las experiencias europeas son muy claras. Que
no pretendan los ideólogos del socialismo secularizador que las ignoremos.
Estado laico —para los referentes de Bachelet
en Europa— significa discriminación y persecución para los creyentes de las
religiones monoteístas, de formas muy concretas: prohibición de ceremonias
públicas, exclusión de sus símbolos tradicionales, impedimentos para la
enseñanza de las doctrinas religiosas en el nivel escolar, ahorcamiento
financiero de esas iniciativas (mientras se reparten millones a animalistas e
indigenistas, a sexualistas y ambientalistas).
El argumento para justificar esa brutal agresión
es claro: si ustedes son creyentes, es problema suyo; custodien su fe como les
dé la gana, pero no pidan nada por encima de los no creyentes, a quienes el
Estado les garantiza la igualdad al impedir que ustedes puedan mostrar sus
convicciones, mientras ellos, tan buenecitos, nos respetan a todos al no
promover creencia alguna.
Falso, totalmente falso, porque todos somos
creyentes, aunque no todos creemos igual o en lo mismo.
El militante radicalizado que exhibe en su
polera el eslogan de moda, el gritón que en la marcha vocifera su estribillo,
el activista que postea y twittea consignas de pocos caracteres y sin carácter,
el Jefe de servicio que persigue al que no lo apoya, el profesor universitario
ideologizado que miente en clase, el oficinista de happy hour que denigra a su
institución, todos son creyentes. Que su fe sea de pacotilla, es otro tema.
Lo que está en juego en Chile es que pueda
llegar a haber un solo tipo de creyentes autorizados: los agnósticos
discriminadores y portadores de rotundas convicciones.
Falta de rigurosidad en medidas de Bachelet,
por Natalia
González.
Se dio a conocer el documento con las 50 medidas que
la candidata de la Nueva Mayoría impulsaría en los primeros 100 días de su
eventual Gobierno. Del documento, llama especialmente la atención la falta de
contenido de algunas propuestas, al punto de que aparecen como una salida
apresurada a las auténticas críticas que apuntan a que Bachelet aún no hace
público su programa de Gobierno.
En materia de proyectos de Ley,
abundan los compromisos de envío al Congreso de diversas iniciativas Legales.
Sin embargo, el contenido de las mismas o la orientación detrás de ellas, no
tanto. El lenguaje que adorna estos anuncios adopta así un tono ambiguo, lo que
no hace más que seguir la nota que ella misma ha impuesto en el debate de
algunas ideas. En concreto, compromete un proyecto de Ley para una gran reforma
educacional, indicando que “necesitamos una educación de calidad, gratuita, sin
segregación y en que no se lucre con fondos públicos”. Ahora bien, ¿resuelve
este documento las dudas que en esta materia se presentaron cuando anunció por
primera vez esta reforma? ¿Gratuidad para todos? ¿Gratuidad en la educación
escolar y superior? ¿Qué medidas adoptará para propender a una mayor calidad?
No hay respuesta. En materia de reforma tributaria ocurre otro tanto, siendo
ésta una de sus propuestas emblemáticas.
La ambigüedad, no obstante, no es el
único problema. También lo es la aparente contradicción entre Bachelet de 2013
y la que Gobernó hace tan solo cuatro años. Se anuncia un proyecto para crear
una AFP Estatal. Sin embargo, durante su administración, esta idea fue
desechada. Cierto es que todo el mundo puede cambiar de opinión, pero lo
interesante sería conocer por qué ahora esta idea es una de sus medidas
prioritarias. Siguiendo con el listado, anuncia una indicación al actual
proyecto en trámite sobre multi RUT. A pesar de que no señala en qué dirección
irán esas modificaciones o en qué difieren de los contenidos del proyecto que
se encuentra en trámite, digamos que al menos aquí tuvo el cuidado de anunciar
que se trataría de una indicación, cuestión que no ocurre con otras medidas que
anuncia como si fueran una novedad, como el caso de la creación de un
Ministerio de Cultura y del Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas. Desde
luego, una administración diferente siempre puede enviar a discusión nuevas
iniciativas, pero a lo menos la ciudadanía quisiera saber qué es lo que amerita
que ella las plantee como nuevas.
Por otra parte, insiste en categorías
que tienen complejidades Jurídicas y que debiéramos pensar en cómo resolverlas
en vez de perseverar en ellas. En este sentido, anuncia un proyecto de Ley para
dar “rango de Ministro” al Director de la Conadi, solución que además sería
momentánea, pues crearía el Ministerio de Asuntos Indígenas, con un “verdadero”
Ministro. Más allá de preguntarse si estos anuncios resuelven el problema de
fondo, parece un contrasentido y un mal uso de recursos públicos tener al
Congreso debatiendo soluciones “momentáneas” para luego discutir las
“definitivas”, cuando ambas apuntarían a lo mismo.
Positivos avances en gestión de la salud pública.
La decisión del Ministerio de Salud
de destinar $ 45 mil millones para la compra de servicios médicos al sector
privado -parte importante de estos recursos serán destinados a la adquisición
de días-cama, en un plan que se extenderá por tres años- ha generado cuestionamientos por parte de sectores que
ven en este tipo de medidas un intento por debilitar la salud pública. Sin
embargo, antes que levantar reparos motivados por cuestiones ideológicas, es
necesario centrar la preocupación en encontrar formas concretas de mejorar la
atención a la población. En ese sentido, resulta destacable que desde la
cartera de Salud se esté buscando introducir criterios de gestión y se
privilegien las necesidades de los pacientes por sobre otro tipo de
consideraciones, ya que con ello el Estado da respuesta a necesidades urgentes
y, a su vez, logra un uso más eficiente de los recursos Fiscales destinados a
salud, que el próximo año superarán los US$ 10 mil millones.
La Cámara de Diputados aprobó interpelar al Ministro de Salud, donde entre
otros aspectos se le pedirá cuentas por las cifras de traspaso de recursos al
sector privado; los interpeladores también le harán presente el déficit de
camas del sector público y el retraso en la entrega de infraestructura
hospitalaria comprometida por el Gobierno, y denunciarán que las listas de
espera aún no han concluido. Siendo legítimo que la Cámara Baja recurra a una
instancia prevista por la Constitución para abrir un debate ante la ciudadanía,
en los fundamentos de la interpelación se advierte una falta de reconocimiento
a una serie de medidas que han representado avances relevantes en materia de
gestión en salud pública, cuya censura implicaría un retroceso significativo.
Es evidente que el sector público aún
presenta un fuerte déficit en cuanto a disponibilidad de camas. Está previsto
que este año se entreguen ocho nuevos hospitales y próximamente se inicie la
construcción de otros 19, con inversiones por más de US$ 500 millones, cifras
que desmienten un supuesto debilitamiento del sistema de salud público. Frente
a este problema, es positivo que la autoridad haya buscado suplir este déficit
de camas contratando servicios en clínicas privadas, porque ello ha
representado una solución concreta para pacientes que necesitan atención. Ello
se ha hecho mediante procesos de licitación que han logrado contratar paquetes
con clínicas a costos sustancialmente menores para el erario, lo que debería
mantenerse como una política permanente cada vez que la red de hospitales
públicos vea sobrepasada su capacidad. En esa línea se enmarcan los cambios que
se han hecho en Cenabast, que gracias a una nueva logística ha abandonando su
tradicional modelo basado en el bodegaje de medicamentos.
Fonasa es otro servicio que ha
logrado importantes mejoras gracias a una gestión eficiente. Producto de ello
ha sido posible una reclasificación de beneficiarios que permitió detectar a
más de 1,3 millón de “falsos indigentes”. Los avances logrados en disminuir las
listas de espera para enfermedades Auge son también valorables, si bien el
sistema será sometido a prueba con las nuevas patologías recientemente
aprobadas. Estos logros no deben hacer perder de vista que aún quedan
importantes desafíos. Entre ellos, es indispensable avanzar en la reducción de
la deuda hospitalaria, la que se ubica en niveles inusualmente elevados,
sobrepasando los $ 100 mil millones. Sin una efectiva solución, ello será foco
de permanente crítica y contribuirá a opacar los significativos avances antes
mencionados.
Donante universal por Ley.
Ha causado polémica la vigencia de
una nueva normativa que declara donante a toda persona mayor de 18 años, salvo
expresa voluntad contraria mediante declaración jurada ante notario. Esto
significa imponer por omisión una condición cuya reversibilidad exige un
trámite engorroso y costoso, y despierta reservas de principio y Jurídicas.
Estas últimas son considerables, y acreditadas voces académicas han
representado la ilógica de una “donación por defecto”, pues por definición se
la presume libre y explícita (a diferencia del abandono, la entrega forzada o
la pérdida). El que el consentimiento presunto esté contemplado en otras Legislaciones
no suple un debate que entre nosotros no se dio en el nivel ciudadano, en tanto
que el habido en sede Legislativa pasó inadvertido.
Como la Ley de 2010 (que contemplaba
especificar la calidad de donante mediante una consulta al renovar la licencia
de conducir o el carnet de identidad), la nueva normativa persigue promover la
disposición de la población a donar órganos. Según el Registro Civil, cuatro
millones de personas se han declarado no donantes. Se espera que con la nueva Legislación
esta cifra disminuya en 25%. Sin embargo, esta compulsión Legal no parece ser
el camino para impulsar un cambio de actitud en la población. En los dos
últimos años se ha visto cierto incremento del número de donantes, pero sigue
siendo marginal: pasó de 92 en 2010 a 149 en 2012. Chile tiene los índices más
bajos de Sudamérica, y las cifras de pacientes que esperan un órgano sano para
sobrevivir superan con creces la disponibilidad. Se espera que esta Ley
revierta esta tendencia actual y que a eso contribuya significativamente la
condición de reciprocidad —esto es, que entre dos receptores de igual condición
se priorice a quien sea donante—.
Por cierto, es necesario acompañar
cualquier política que fomente la donación de órganos con una campaña
educacional, orientada a reforzar las confianzas en cuanto al cuidado del
paciente y a las implicancias de la muerte encefálica, y, a la vez, establecer
procedimientos que permitan a la familia —que según los médicos tiene la última
palabra al respecto— decidir informadamente en situaciones extremas como las
que se viven en esas circunstancias.
Pero, más allá de todo eso —como este
diario lo ha representado reiteradamente—, en la práctica, tan relevante (o
incluso más) como la disposición personal y familiar a entregar órganos resulta
ser el reforzamiento de las capacidades y los procedimientos hospitalarios
relacionados con la detección, preservación y traslado de los órganos, así como
la preparación tanto del receptor como del donante. Según la experiencia
internacional, la identificación oportuna de los posibles donantes, la
disponibilidad en todo el territorio del personal especializado, de los medios
y protocolos de transporte oportunos, así como de la infraestructura clínica
adecuada inciden de manera decisiva en el aumento de intervenciones médicas
exitosas en esta materia. Sin eso, estas nuevas normas pueden permanecer como
simple aspiración programática, cuando no fuente de conflictos muy penosos,
previsibles, mas no considerados por los colegisladores.
La complejidad de los factores
conexos a una política a favor de la donación de órganos va mucho más allá de
un cambio normativo. Se requiere conquistar con hechos la confianza de la
población y sensibilizarla respecto de los beneficios generales de una actitud
favorable a semejante opción. Y, por respeto a la libertad individual y a las creencias
personales de cada uno, debería reponerse el carácter voluntario de esta
decisión. Imponer la donación por mera y legítima omisión de expresar voluntad
en contrario parece de discutible Constitucionalidad y, en todo caso, opuesto
al espíritu de una sociedad libre.
Buen servicio del Estado.
La Secretaría General de la
Presidencia ha informado que ya casi el 40% de los trámites del Estado (647 de
los 1.646 de esa naturaleza) puede realizarse online, y la meta de la actual
administración es llegar al 60% en marzo de 2014, en el marco de su programa
“Chile sin Papeleo”. Para cumplirla, hasta entonces debe convertir 341
procedimientos presenciales a internet, siendo el cambio de domicilio
electoral, el certificado de situación militar al día, la inscripción para
efectuar exámenes libres para mayores de 18 años y el bono por hijo, los
procedimientos que más interesan a los usuarios poder hacer por ese medio. Así
lo indica una consulta pública realizada por el sitio web Chile-Atiende, en
respuesta a la cual el Gobierno recibió 108 mil solicitudes de digitalización
de trámites.
La meta es ambiciosa y breve el plazo
autofijado. Además, los sectores de menores recursos y más apartados geográficamente,
con menor acceso a internet, tienen en esto una desventaja. Sin embargo, el
hecho de que ChileAtiende esté participando en este esfuerzo permite un
razonable optimismo, pues sus resultados, aunque poco conocidos, son notables.
Hace poco, el Presidente de la República firmó el proyecto de Ley que crea el
Servicio Nacional de Atención Ciudadana, como proyección institucional de este
programa que desarrolla el Instituto de Previsión Social desde 2012, con gran
efecto favorable para millones de personas que recurren a los servicios y
beneficios del Estado, recogiendo así la mejor experiencia de modelos de
atención a la ciudadanía en países desarrollados.
Consiste en una red de canales de
atención presencial y no presencial que permite realizar variados trámites y
acceder a información de diversos servicios públicos en un mismo lugar. Ya
cuenta con 192 puntos de atención en todo el país, un call center (101) que es
puerta de entrada a múltiples instituciones del Estado y un portal web
(www.chileatiende.cl), que entrega información sobre más de 2.000 trámites o
beneficios. Responde a la idea de que el Estado debe facilitar el acceso a sus
prestaciones con altos niveles de atención, y mediante canales de acceso
cercanos a las personas, para dar respuesta oportuna, en especial allí donde
los servicios del Estado estén menos presentes. Hasta ahora, registra más de 20
millones de atenciones y se estima que, en total, sus usuarios han ahorrado al
menos 4 millones de horas, por menor tiempo de espera y traslados.
Silenciosamente, es una
transformación mayor del Estado en las últimas décadas respecto de una de sus
funciones básicas, cual es la atención pública de sus ciudadanos. Esto, que en
teoría siempre fue un objetivo primordial, en la práctica no era central hasta
hace tres años. Muchas veces se habló de simplificar los trámites y de una
ventanilla única, pero, en los hechos, muchos chilenos debían agolparse en
múltiples oficinas públicas a las que tenían que concurrir para trámites
requeridos por el mismo Estado. Esta situación se agravaba en ciudades
pequeñas, donde la mayoría de los servicios no tiene oficinas de atención de
público, y en tal caso los ciudadanos debían trasladarse para eso a una capital
Regional. ChileAtiende viene a resolver estas graves carencias.
El Instituto de Previsión Social
(IPS) disponía de 144 oficinas distribuidas en las ciudades más importantes,
con buena calidad de infraestructura, equipamiento informático y más de 1.200
funcionarios con dedicación exclusiva para atender público. Por la disminución
de pensionados del antiguo sistema y por haberse habilitado alternativas
computacionales, la atención de público estaba bajando rápidamente, con lo que
la infraestructura y las capacidades de las personas se estaban subutilizando.
Para revertir esto, en julio de 2010 se dispuso que el IPS realizara trámites
de otras entidades, para ampliar la cobertura geográfica o absorber demanda que
a ellas no les fuese posible atender. Se comenzó con un convenio con Fonasa,
luego con Sence y Serviu, y hoy con más de 20 instituciones, abordando todos
los objetivos de ventanilla única, simplificación y alta cobertura geográfica,
sin mayor costo para el país. El Estado economiza grandes sumas, pues no
necesita ampliar la capacidad de atención de público en entidades deficitarias
—ha duplicado la cantidad de personas atendidas sin mayores inversiones—, y los
ciudadanos ahorran tiempo y viajes.
Este resultado debe acrecentarse por
la consolidación del proyecto y el perfeccionamiento de los funcionarios capacitados
para esto. Con 18 meses operando, ChileAtiende muestra logros que deben
extenderse ahora a “Chile sin Papeleo”.
Situación de nuestro capital humano.
El Informe de Capital Humano es una
nueva publicación del Foro Económico Mundial (conocido por su Informe de
Competitividad), que busca definir cuán bien estén desarrollando los países su
capital humano y asegurando una fuerza de trabajo capaz de actuar en economías
cada vez más competitivas. Para esto construye un índice de ese capital humano
sobre la base de cuatro pilares: educación, salud, oportunidades de empleo y el
grado en que el entorno (instituciones, marco Legal y factores similares)
permite que los primeros tres pilares tengan mayor rendimiento.
Cada uno de estos pilares reúne una
serie de indicadores duros y opiniones recogidas mediante encuestas a
ejecutivos y, en dos casos, a la población. Entre 122 países investigados, el
primer lugar corresponde a Suiza. Chile ocupa el 36° y es el segundo
latinoamericano, después de Costa Rica. La mayor debilidad relativa de nuestro
país está en educación (49° lugar) y su mayor fortaleza estaría en el entorno
(35° lugar), único pilar en que exhibiría un desempeño superior al citado país
centroamericano.
En educación, las mayores debilidades
específicas estarían en la calidad de la educación primaria (90) y de la
educación de matemáticas y ciencias (91). Cabe destacar que estos indicadores
descansan en respuestas de ejecutivos, y es relevante mencionarlo, porque si
bien la calidad de nuestra educación es muy insuficiente, en los últimos años
tanto en pruebas internacionales como en nacionales se observan avances que no
parecen reconocerse en estas respuestas.
En salud emergen como debilidades la
obesidad de la población (107) y depresión (85), en tanto que en oportunidades
de empleo ellas son la baja participación femenina (96) y la reducida tasa de
participación de la población en la fuerza de trabajo (84).
Convendría que nuestros dirigentes
analizaran cuidadosamente este informe. En un mundo en acelerada revolución
tecnológica y del conocimiento, el capital humano es obviamente clave para el
progreso. Esta investigación no identifica dicho capital solo con educación,
aprendizaje y experiencia en el trabajo, sino que usa un enfoque mucho más
amplio, que es fundamental expandir en Chile: lejos de los mercados más
importantes y con una estructura productiva poco diversificada, el enfoque de
este informe debería ser asumido con entusiasmo y traducirse en una estrategia
ampliamente compartida, que nos permita ir escalando posiciones en este
ranking. Los beneficios no tardarían en percibirse.
Reposo Presidencial en Argentina.
No obstante el buen resultado médico
de la operación realizada en Buenos Aires a la Presidente Cristina Fernández de
Kirchner, a raíz del diagnóstico de un hematoma en el cráneo, los 45 días de
descanso indicados para su completa recuperación la mantendrán parcialmente
alejada de sus tareas habituales, ya que hoy la Casa Rosada ha asegurado que
continuará tomando decisiones desde su reposo.
Una noticia como ésta debería
resultar no sólo justificada por el necesario cuidado de la salud de la
Mandataria. Sin embargo, en este caso ha despertado preocupación en la
ciudadanía argentina, que mayoritariamente se muestra intranquila por lo que
pueda ocurrir ahora en el país, y ha dado lugar a diversos comentarios en el
exterior.
Tales reacciones podrían vincularse
al hecho de que el próximo 27 de octubre, dentro del plazo del descanso Presidencial,
es la fecha fijada para las elecciones Legislativas, en las cuales el Gobierno
se juega la magnitud de un apoyo Parlamentario que al parecer tiende a
disminuir y que en algún momento se pensó que habría bastado para aprobar la
reforma que permitiera una nueva reelección de la Presidente. Pero la realidad
muestra, por una parte, que esta circunstancia médica no la perjudica en su
respaldo popular y le traerá más bien un refuerzo afectivo, como señalan las
encuestas, y por otra, que la situación política del país, con varios tropiezos
electorales recientes para el kirchnerismo, comprobaba ya como altamente
improbable tal reforma, que ella misma había descartado públicamente.
Lo significativo de este episodio
radica en el hecho, insólito en otras democracias, de que tal alejamiento del
ejercicio directo del cargo cree incertidumbre acerca de cómo se Gobernará en
este mes y medio. Allá existe –y con carácter permanente, a diferencia de
Chile– una Vicepresidencia, con lo cual no cabrían mayores problemas, y
justamente éstos se originan en gran parte en el desprestigio de quien
actualmente la desempeña. Amado Boudou, en efecto, está siendo investigado –por
supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, según se informa– en
los Tribunales argentinos, y en la práctica su papel se limitará a tareas
protocolares de representación. De ahí que la incógnita esté en quiénes
asegurarán realmente la continuidad del mando, y sin perjuicio de que Cristina
Fernández, en la medida de sus posibilidades, siga decidiendo, las apuestas
apuntan al “Secretario Legal y técnico”, Carlos Zannini, –alguien ajeno a todo
esquema de sucesión provisional– y al hijo de la Mandataria, Máximo Kirchner,
que no ocupa cargo alguno en el Gobierno.
Independiente de cómo se estructura
la cadena de mando mientras dure la ausencia parcial de la Mandatario, la sola
sugerencia de los efectos que ella puede tener es una señal de la debilidad
institucional que afecta a la nación vecina. Es una situación lamentable por la
importancia de Argentina en el concierto regional y por la necesaria
integración que beneficia a Chile y a su vecino, pero que ya ha tenido
altibajos como ocurrió con la suspensión de la venta del gas a nuestro país.
Sería deseable que una rápida
recuperación de la Presidente despeje las inquietudes y que las próximas
elecciones robustezcan la institucionalidad trasandina.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
