El Prevaricato de Piñera,
por Hermógenes Pérez de Arce.
El Gobierno rechazó cinco veces la solicitud de
indulto del General (r) Odlanier Mena. La primera, apenas asumió. La Presidenta
Bachelet había dejado pendiente en el Ministerio de Justicia la solicitud,
seguramente inclinada a otorgar el indulto en vista de la evidencia de que el General
era inocente y vistos su delicado estado de salud y su edad. Pero, consciente
de que ello le crearía un problema político con los agentes del odio en nuestra
política, prefirió dejar el tema a su sucesor, en la certeza de que éste
acogería el indulto. Pero una de las primeras medidas del nuevo Ministro Bulnes
fue rechazarlo, se supone que tras consulta con el Presidente, pese a que
acogerlo era una manera de comenzar a cumplir la promesa de campaña de éste a
los presos políticos ex uniformados. En definitiva, Piñera ha resultado mucho
peor para éstos que Bachelet, y por eso en su entorno hay quienes anuncian que
prefieren votar por ella.
Después de ese rechazo el indulto fue solicitado
en cuatro oportunidades más. En una de ellas, bajo un Ministro de Justicia de
derecha, Teodoro Ribera, éste había obtenido la venia Presidencial, pero un
desafortunado episodio lo obligó a renunciar imprevistamente. Sucedido por
Patricia Pérez, una de cuyas primeras medidas fue mandar a bodegas la Historia
del Ministerio de Justicia que había encargado Ribera a la historiadora
Patricia Arancibia Clavel, nada cabía esperar de ella. Pues la flamante Ministro
dio como uno de los argumentos para soterrar el texto de Patricia Arancibia el
de que el mismo hacía referencia al "Gobierno marxista" de Salvador
Allende, tratamiento con el cual no concordaba; y otro era que el libro
mencionaba al "Presidente Joaquín Prieto", en circunstancias que,
según la cultura histórica de la Ministro, se llamaba "José Joaquín".
Pero esto no era efectivo, pues, como aclaró un historiador citando la
respectiva fe de bautismo en carta a "El Mercurio", se llamaba sólo
"Joaquín".
Pero lo notable de los sucesivos rechazos que
ella le dispensó al indulto fue que su principal razón era que Mena estaba
condenado por un "crimen de lesa humanidad". Esto implicó hacer
incurrir al Presidente Piñera reiteradamente en la misma prevaricación o
"torcida administración de Justicia" que él se había comprometido
como candidato a combatir cuando fuera electo Presidente.
Pues, en primer lugar, los "crímenes de
lesa humanidad" no existían en la Legislación chilena a la fecha de las
tres muertes de que, sin ningún fundamento, se responsabilizó al General (r)
Mena, en octubre de 1973. Tales delitos fueron establecidos en Chile por Ley de
2009, que incorporó a nuestro ordenamiento el Tratado de Roma de 1998, cuyo
texto señala expresamente no ser aplicable a hechos anteriores a su vigencia.
En segundo lugar, lo sucedido en el caso de los
tres elementos de izquierda que murieron en 1973 a manos de efectivos del
regimiento que Comandaba el General no se ajusta al tipo descrito en el Tratado
de Roma. Éste dice: "Se entenderá por 'crímenes de lesa humanidad' cualquiera
de los siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil: a) Por 'ataque a una población civil'
se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos
(...) contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o
de una organización".
Esa descripción se ajusta mucho mejor a las
acciones que el terrorismo marxista desplegaba contra la población civil que a
la tarea del Gobierno Militar de defender a ésta del terrorismo. De hecho, la
Junta protegía a la población contra los "crímenes de lesa humanidad"
de la izquierda. Y, además, ya he probado (léase mi libro publicado en este
blog el 11 de septiembre) que la política expresa de la Junta era la de
respetar los derechos de las personas, según sucesivos instructivos a todos los
efectivos uniformados.
Por eso es tan ostensible la prevaricación de
los Jueces de izquierda contra los presos políticos militares. Sebastián
Piñera, al incurrir también en ella para rechazar los indultos en nombre de que
no puede perdonar "crímenes de lesa humanidad" ha incurrido a su
turno en igual prevaricación o "torcida administración de Justicia".
Esto revela que la repetición constante de una
falsedad, en lo cual se especializan los abogados de izquierda encabezados por
Eduardo Contreras (cuya risible querella contra todos los civiles que
convocaron a los militares en 1973 sigue avanzando) ha hecho presa del
Presidente y de su Ministro de Justicia. Ambos se han convertido en testimonio
vivo de la plena vigencia del "díctum" de Goebbels: "una mentira
mil veces repetida pasa a ser verdad".
Más aún, tengo la intuición de que todas las
actuaciones y declaraciones del Presidente en el 40° aniversario del 11 de
septiembre y el 25° aniversario del triunfo del "No", y desde luego
su sevicia con los ancianos presos políticos de "Cordillera", que han
puesto a la derecha en estado de crisis terminal, han estado inspiradas por las
convicciones que crearon en él teleseries de falsificación histórica como
"Imágenes Prohibidas y "Ecos del Desierto", donde se
responsabiliza a la Junta Militar del caso Lonquén, de la muerte del sacerdote
Jarlan, de los "quemados", de los "degollados" y de las
víctimas de la "Caravana de la Muerte", pese a que está
archicomprobado que la Junta fue ajena a todas y cada una de esas situaciones.
La paradoja de Bachelet,
por Gonzalo Müller.
La candidata Michelle Bachelet ha trasformado
la estrategia del silencio, la de no debatir con otros candidatos ni presentar
un programa de Gobierno, en una estrategia peligrosamente exitosa. Como en
ninguna de las elecciones Presidenciales anteriores, la ausencia de un programa
de Gobierno y de su financiamiento no han sido obstáculo para continuar
saturando el ecosistema político sólo de su imagen y eslogan, como el verdadero
medio de penetración de su campaña.
Es una realidad que las dificultades en acordar
y tomar definiciones es un problema de toda coalición política; entre más
amplia y diversa en posturas, más difícil se vuelve. Pero esta indefinición,
que es útil cuando se aspira a recibir apoyo de personas que quieren cosas
distintas y muchas veces hasta contrapuestas, impide cualquier debate.
Cómo confrontar a una candidata que trata de
incorporar la reelección Presidencial o que se le dé la facultad de disolver al
Congreso por una vez en su mandato, si no existe ninguna versión oficial de que
ésa sea su propuesta; y ante cualquier requerimiento la repuesta es que aún no
está definido, pero que tampoco está descartado. Hasta estas alturas, faltando
menos de 6 semanas para la elección, ya no se puede seguir esperando sin creer
que no se quiere definir sin recibir el voto de aquellos que están a favor y
también de quienes están en contra.
Andrés Velasco, quien fuera Ministro de
Hacienda durante el Gobierno de la ex Presidente y actual candidata, y que
compitió con ella en las pasadas primarias Presidenciales resultando en segundo
lugar, manifestó reiteradamente su desacuerdo con las principales medidas
promovidas por Bachelet, afirmando que la creación de una AFP Estatal era una
mala idea y que no tenía impacto en mejorar las pensiones. De hecho, él mismo
se opuso a esta idea siendo Ministro, también le dijo no a la gratuidad en la
educación superior y que la reforma tributaria propuesta le merecía dudas,
tanto en su impacto en la economía como en su real capacidad de recaudación.
Pero sus diferencias no son sólo técnicas o
programáticas; el mismo Velasco arremetió con dureza contra Guido Girardi,
apuntando a él como el ícono de las malas prácticas políticas. Pero sin
importar nada de eso, el comando Presidencial de Bachelet llamó a Girardi para
que fuera su vocero en algunos temas, y no ha llamado a quien salió segundo en
la primaria para que colabore en la campaña. Pese a todo esto, Velasco ha
anunciado su voto por la candidata de la Concertación, refugiado en el cumplir
con las reglas por haber participado en la primaria.
Es al menos curioso que haya sido en esta
elección Presidencial —en la que, por lejos, se plantean las reformas
estructurales más profundas: nueva Constitución, reforma tributaria y cambios
al modelo— vaya camino de ser la menos debatida y donde por lo mismo, incluso,
la presencia en los medios de comunicación ha perdido importancia relativa,
salvo para los candidatos menos conocidos.
Cuando sólo falta el inicio Legal de la
publicidad política —aunque nadie lo recuerde, ésta parte recién el 17 de
octubre—, la franja electoral televisiva y un único debate en televisión
organizado por Anatel —sólo en éste están todos confirmados—, no es mucha la
expectativa de que sean las propuestas y programas los que se tomen la recta
final de las campañas.
Si el gran déficit de nuestra democracia es la
falta de participación de sus ciudadanos, la decisión de Bachelet, por muy
estratégica que sea, de no participar en debates o no presentar un programa
definido de Gobierno, se transforma en una paradoja, que poco ayuda a la mayor
transparencia e información oportuna que cualquier elección democrática
necesita.
Cincuenta primeros compromisos.
En las pocas encuestas disponibles, Michelle
Bachelet es la candidata que aparece con mayores posibilidades de conducir el
Gobierno desde marzo de 2014. Durante su campaña ha hecho un conjunto de
planteamientos bastante generales, sin un hilo conductor claro. Por eso, desde
distintos sectores, incluidos los de su propia coalición, se hace ver la
necesidad de que entregue a la ciudadanía un programa de Gobierno que refleje
una visión de su potencial tarea, y que él se aterrice en medidas concretas.
Ayer —dejando en claro que no es un programa— presentó 50 compromisos que
impulsaría durante sus primeros 100 días de Gobierno. Entre una variedad de
propuestas, algunas son valiosas, como la idea de un Consejo Nacional de la
Infancia para coordinar las políticas dirigidas a los niños, pero es difícil
concluir a partir de ellas el sello que aspira a otorgarle a su Gobierno. Es
cierto que en la introducción a estas iniciativas se anuncian dos ejes
convocantes: la desigualdad que afecta al país y la necesidad de construir un
“país más diverso, más participativo, más democrático”. Pero estos son asuntos
de largo aliento, que requieren una articulación más acabada, y no iniciativas
aisladas, cuya conexión es difícil de precisar. Por ejemplo, no parece sólido
anunciar desde ya una política de bonos en marzo y, además, plantearla como una
política permanente. Más bien cabría esperar un estudio y revisión completos de
la política de subsidios monetarios del país. Tampoco parece atendible sugerir
una revisión de la ficha de protección social, cuando una comisión transversal
propuso una nueva que está gradualmente aplicándose.
En áreas clave no hay iniciativas más
específicas. Así, en energía la medida anunciada es que en los primeros 100
días se dará a conocer la agenda que se llevará adelante en ese ámbito.
Asimismo, persiste la falta de precisión en materia educacional y tributaria,
dos de las grandes dimensiones en que ha apoyado su campaña. Sobre la primera
se dice que se enviará un proyecto de Ley “para una Gran Reforma Educacional”,
lo que se acompaña de iniciativas de dudosa conveniencia social, como la
creación de universidades Estatales en las Regiones de O’Higgins y Aysén, y de
cinco centros de formación técnica al alero de cinco universidades públicas
locales. Respecto de la segunda, más que entrar en detalles se plantea que
permitirá cumplir con todas las metas que se ha propuesto la candidatura. Pero
esas metas no están en absoluto claras. Así, siempre hay una combinación de
reforma tributaria y metas que se puede cumplir. Eso le resta sustentabilidad a
estos anuncios.
En la presentación de estos compromisos también
hay propuestas difíciles de justificar. Por ejemplo, la creación de una AFP Estatal
para promover la competencia. Durante el Gobierno de Bachelet, en el marco de
una reforma previsional, se evaluó esta posibilidad y, por buenas razones
—específicamente, la insensibilidad de los cotizantes a los precios—, se
prefirió licitar los nuevos afiliados. Esto ha tenido un impacto positivo sobre
los precios y se puede profundizar en esta línea. Algo similar cabe decir respecto
de la creación de los Ministerios de la Mujer y Asuntos Indígenas: parecen ser
más bien mensajes dirigidos a grupos de votantes antes que propuestas acabadas.
Como lo planteó este diario frente al impulso de nuevos Ministerios por la
actual administración, estas iniciativas no pueden sustituir el desarrollo de
instituciones y políticas públicas eficaces, lo que al menos en estos
compromisos no se vislumbra respecto de la mujer ni de los pueblos originarios.
Hay también propuestas que, con matices,
representan una continuación de acciones del actual Gobierno, particularmente
en salud, salas cuna, seguridad ciudadana e institucionalidad cultural. Por
último, si bien los compromisos de Bachelet no pretenden ser un programa de Gobierno
(a diferencia del documento presentado por Evelyn Matthei), hay aspectos
específicos que son comparables y parecen mejor resueltos en los planteamientos
de la candidata de la Alianza; por ejemplo, en materia de consultorios y
atención primaria, acceso a fármacos, Regionalización, desarrollo de áreas
verdes para las diversas Comunas, crecimiento y protección del patrimonio
cultural, entre otros.
Probablemente, estos compromisos reflejan las
dificultades del Pacto Nueva Mayoría para ir acordando una agenda que
represente equilibradamente a todas las visiones que convergen en ella, pero el
documento entregado está por debajo de los estándares que en esta materia se
esperan de una de las principales coaliciones políticas del país.
Programa presidencial de la candidatura de la
Alianza.
No obstante haber sido designada tardíamente
como abanderada de su sector, la candidata oficialista presentó su programa de Gobierno.
En su propuesta al electorado se plantea como de continuidad de la gestión de
la actual administración y reafirma como eje la vigencia del modelo económico y
social que ha regido al país en las últimas décadas. Sin embargo, señala que
resulta necesario adoptar diversas correcciones que, sin descuidar el
crecimiento, hagan de Chile un país más justo, equitativo y en que todos se
sientan parte de un proyecto común, sin exclusiones.
El esfuerzo que ha hecho la candidata de la
Alianza para generar y dar a conocer un programa es destacable y valorable. Lo
hizo a pesar de las dificultades inherentes a cómo dio inicio a su postulación
-aunque sin duda su equipo aprovechó lo avanzado por candidatos previos del
sector-, cumpliendo cabalmente con este hito significativo para la democracia.
Si los ciudadanos están llamados a escoger, tienen que hacerlo sobre la base de
un conjunto de ideas y medidas debidamente conocidas para tomar la mejor
decisión. Asimismo, es un elemento que permite luego exigir cuentas y comprobar
el cumplimiento de las promesas que se formularon. En la medida que el voto sea
cada vez más informado y haya exigencia de cumplimento de las promesas, la
calidad de la democracia se fortalecerá. En este sentido, es cuestionable y
preocupante que las demás candidaturas no hayan generado todavía, a pocas
semanas de la elección, una propuesta articulada.
También es positivo que ayer la candidata de la
Nueva Mayoría diera a conocer un listado de 50 medidas que pretende aplicar, en
caso de resultar elegida, en los primeros 100 días de su mandato. Pese a que
varias de estas propuestas son generales y existen importantes omisiones -como
la falta de definiciones en materia de cambio Constitucional-, el listado dado
a conocer representa un paso satisfactorio, aunque todavía insuficiente. La
abanderada opositora se ha comprometido a entregar un programa Presidencial en
“15 o 20 días más”, lo que resulta bastante tardío y da pistas de que aún
persisten indefiniciones importantes al interior del pacto opositor. Esta y
otras candidaturas deben someter sus propuestas al conocimiento y debate
ciudadano; tardar en hacerlo debilita la democracia y alimenta que crezcan
expectativas que será difícil satisfacer.
En particular, es valorable que la candidata de
la Alianza no sólo haya anunciado un conjunto de medidas específicas, sino que
lo haya realizado dentro un marco de referencia, como es la afirmación de la
vigencia del modelo de desarrollo vigente y la importancia de cuidar el
crecimiento económico y la estabilidad, lo que la aleja del camino fácil de las
propuestas populares que eluden definiciones de fondo. En cuanto a dichas
medidas, ellas parecen buscar una sintonía con los problemas que el electorado
siente -según diversos sondeos- como los más prioritarios. Es así que destacan
las medidas que se refieran a salud, educación, Regionalización, seguridad
ciudadana, empleo, remuneraciones y pensiones, protección a los consumidores y
más competencia en los mercados, y más democracia participativa. La idoneidad
de las medidas concretas que se han formulado, debe ser ahora objeto del debate
público. Sin embargo, no hay una proposición que sea motivadora y convocante,
que constituya un relato que haga frente a los reclamos de cambios mayores de
la realidad que provienen de otras candidaturas.
¿El Metro como empresa inmobiliaria?
Un nuevo modelo de negocios estaría preparando
el Metro de Santiago. Este incluiría la construcción de edificios que serían
arrendados o concesionados, con el objeto de ser ocupados para el arriendo de
oficinas y locales comerciales, no descartándose la posibilidad de que incluyan
viviendas, en 9 de las 28 estaciones que comenzarán a operar con las nuevas
líneas 3 y 6. En la actualidad el Metro tiene una pequeña experiencia en este
rubro, particularmente como gestor de la intermodal de La Cisterna y en los
locales de varias estaciones. Los ingresos que obtiene de estas operaciones son
una pequeña proporción del total (alrededor de 2%). Pero ella está lejos de ser
una experiencia sólida. Tampoco es evidente que estas inversiones hayan sido
una buena idea. Por ejemplo, el complejo en la estación Escuela Militar estuvo
durante muchos años prácticamente desocupado. Hoy se observa más actividad,
pero no es claro que estas inversiones sean económicamente rentables para la
empresa. Por supuesto, esto podría cambiar en el futuro con un mejor modelo de
negocios o con proyectos más ambiciosos, como los que parece estar imaginando
la empresa. Con todo, en todas estas actividades hay riesgos, y cabe
preguntarse si es razonable que el Metro los corra en nombre de todos los
chilenos, sobre todo porque en esta propuesta no se arriesgan capitales
privados.
La inspiración de estos planteamientos parece
estar en las experiencias de otros trenes subterráneos en grandes capitales.
Particularmente interesante es al respecto el desarrollo del Metro de Madrid y,
en menor medida, el de Londres. La construcción de un metro demanda grandes
costos de capital que habitualmente no son luego financiables con su operación.
Con todo, se justifican porque sus retornos sociales son superiores a los
privados. En los metros mencionados, parte importante del costo de capital se
financió mediante la compra de terrenos adyacentes a las líneas, que elevaban
su plusvalía una vez que estas entraban en operaciones. Esas compras se
realizaban antes de informar sobre las nuevas líneas, de modo de aprovechar
todo el aumento de valor.
La propuesta que estaría evaluando el Metro
parece distinta: entrar en un negocio diferente, cual es la construcción y operación
de edificios, pero en terrenos que no necesariamente son del Metro. Por tanto,
su aumento de valor ya ha sido apropiado por otros actores, pues son
operaciones que se preparan después de que se conoce el trazado de las líneas.
Ahora bien, si se tratase de terrenos del Metro, parecería más simple que los
vendiera y realizara la ganancia de capital que, por ejemplo, le permitiría
reducir su nivel de endeudamiento.
Es habitual que las empresas del Estado quieran
expandir sus actividades, pero ellas deben estar debidamente justificadas. Los
costos para el país de inversiones que terminan mal pueden ser muy altos. De
allí que nuestra Constitución busque acotar al Estado empresario y autorice nuevas
actividades solo por una Ley específica. En el caso del Metro, esta nueva
actividad parecería quizá incluible en su giro, pero aun así llevarla adelante
supondría un endeudamiento, que directa o indirectamente debe ser garantizado
por el Estado, o un aporte de capital. Corresponde al Ministerio de Hacienda evaluar
cuidadosamente esa opción. Si fuere razonable este ejercicio, no se percibe
claramente qué ventaja tendría el Metro para desarrollar esta aventura
empresarial.
Moderna red para monitorear volcanes.
Con la instalación de equipos de monitoreo en
los últimos ocho de los 43 volcanes más activos y que suponen mayor riesgo para
la población del país, se completará de aquí a diciembre la Red Nacional de
Vigilancia Volcánica, programa iniciado hace cuatro años por Sernageomin y que
contempla una inversión final de $ 17.000 millones. Contar con este sistema de evaluación en línea de los
principales volcanes que existen en Chile (el número total se acerca a los dos
mil) es un logro significativo que permitirá disponer de un mecanismo de alerta
temprana para enfrentar adecuadamente catástrofes naturales con tecnología de
punta.
La actividad volcánica que con cierta
frecuencia se registra en el territorio nacional constituye un argumento más
que suficiente para justificar la instalación de una red como la que se ha
diseñado, pues se trata de una herramienta muy útil que recopilará datos
actualizados durante todos los días del año. Ello facilitará la adopción de
medidas preventivas en caso que se desate alguna emergencia, lo que incluye la
elaboración de planes de contingencia o el despliegue oportuno de personal para
evacuar poblados. Este tipo de contingencias ha tenido lugar en forma repetida
en los últimos años, al registrarse actividad en volcanes como el Copahue o el
Chaitén.
El monitoreo se realizará desde la nueva sede
del Observatorio Volcanológico los Andes del Sur (Temuco) que se inaugurará a
fin de año. La labor de éste posibilitará mejorar la coordinación entre
diversos organismos que forman parte de la red de instituciones con que cuenta
el país para enfrentar emergencias, entre ellas la Onemi. Con todo, para
robustecer el carácter preventivo de este sistema es primordial también que la
población que vive cerca de volcanes activos adopte sus propios resguardos y
sea permanentemente capacitada para saber cómo responder ante este tipo de
catástrofes naturales.
Conflicto por peaje.
Mediante el sistema de concesiones puesto en
marcha por la Ley N° 19.460, de 1996, el peaje ha permitido en Chile la
construcción de carreteras modernas. El valor del mismo se fija periódicamente
por el Ministerio de OO.PP., que autoriza a las concesionarias para realizar
los cobros según las distancias y el tipo de vehículos motorizados de que se
trate.
Pero el reciente conflicto en la Región de
Antofagasta puede significar riesgos importantes para este sistema. Consistió
él en un corte por dos días de Autopistas de Antofagasta, una vía concesionada
de 200 km, que implicó ampliar a doble calzada la Ruta 1 —entre el norte de
Antofagasta y el acceso sur a Mejillones— y la Ruta 5 —entre Uribe y Carmen
Alto—. La Ruta 1 entró en operaciones en diciembre; la Ruta 5 Norte, el 5 de
septiembre, y ese mismo día, según el contrato, comenzó a cobrarse el peaje.
Pero los camioneros se tomaron la ruta tras las
Fiestas Patrias, en protesta por el alto precio del peaje. Sus dirigentes
denunciaron que pagan $11.650 por pasada, y que algunos choferes llegarán a
pagar $800 mil al mes. “Son los peajes más caros del país, y queremos vías
alternativas para pasar —exigieron—, o negociar con las autoridades un
subsidio”.
La concesionaria de la Autopista de Antofagasta
justifica esa tarifa porque los camiones de la industria minera ocupan dos
pistas y destruyen mucho más el pavimento que otros vehículos.
La autoridad Regional culpó al Gobierno
anterior, porque los contratos para construir las rutas concesionadas fueron
firmados en 2008. Bajo presión, se acordó entre el gremio de camioneros y una
comisión del Gobierno Regional la rebaja del 25% del peaje, solo para camiones
de dos a tres ejes, que será asumida por la concesionaria hasta que se terminen
las obras de la “Ruta del Ácido”, que no tiene cobro. Según el coordinador de
Concesiones del MOP, no fue propiamente un acuerdo, sino un “acercar
posiciones”, pues la concesionaria actuó totalmente ajustada a derecho, y puede
aplicar tarifas máximas por contrato, pero también “está facultada para cobrar
menos”.
Esta solución fue criticada por la Cámara
Chilena de la Construcción, por estimar que atenta contra las reglas del juego
y el marco regulatorio del sistema que ha desarrollado la infraestructura vial
por más de 20 años.
Efectivamente, la certeza Jurídica del
cumplimiento contractual es indispensable para que el sistema subsista. Si
cualquiera que se sienta afectado puede recurrir a la fuerza para alterarlo,
evidentemente dicho sistema se pone en riesgo.
A todo evento, es inexplicable que la autoridad
permita que un conflicto entre dos particulares —camioneros y concesionaria—
pueda resolverse mediante la fuerza —corte impune de una vía pública
fundamental para el país—. Eso atropella derechos básicos y perjudica a toda la
ciudadanía, y frente a esto el rol de la autoridad no es el de “acercar
posiciones”, sino el de hacer valer el Estado de Derecho. De tales cortes de
caminos hay ya varios precedentes.
Correspondencia clarificadora.
Señor Director:
T. Constitucional y plebiscito.
Se ha estado polemizando en esta sección
respecto de si el Tribunal Constitucional puede o no revisar un Decreto Supremo
que convoque a un plebiscito para establecer una asamblea constituyente, ya sea
que lo haga por oficio o a solicitud de la mayoría o de la minoría de una de
las Cámaras del Parlamento. La discusión, si bien es interesante, es un poco
inoficiosa.
En efecto, no existe ninguna posibilidad de que
el Servicio Electoral organice un plebiscito convocado por Decreto Supremo.
Este es un organismo autónomo del Gobierno, cuyo objeto de acuerdo con su Ley
orgánica es “cumplir con las funciones que le señale la Ley”. (Art. 57 Ley N°
18.556). Solo las Leyes establecen y convocan a elecciones y plebiscitos, y
solo respecto de aquellos que están contemplados en la Constitución de acuerdo
con su artículo 15.
Los plebiscitos al margen de la Ley y de la
Constitución no tendrán ningún valor y mucho menos si no los organiza el
Servicio Electoral. Solo son una mala idea que no va a funcionar.
Andrés Tagle Domínguez.
Señor Director:
Civiles y militares.
Concuerdo con don Eduardo Santos (7 de octubre)
en que se ha retrocedido muchísimo en “las confianzas que civiles y militares
habíamos logrado”. Para el mundo militar, no cumplir con la palabra empeñada o,
peor todavía, hacer exactamente lo contrario de lo prometido, es una actitud
que resulta difícil de digerir.
No concuerdo en absoluto con que la difusión de
los 40 años del pronunciamiento militar haya permitido “avanzar en verdad y
justicia”. Por el contrario, no se hizo otra cosa que presentar a las FF.AA.
como una horda de psicópatas que irrumpieron en el jardín del Edén, nada más
que para refocilarse violando sistemáticamente los DD.HH. de inocentes
ciudadanos, durante 17 años. Ignorar o negar toda referencia al contexto de
caos, odio y violencia creado por la Unidad Popular, por temor a que “explicar”
se confunda con “justificar”, es la más grave distorsión de la verdad.
Miguel A. Vergara Villalobos.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
