La juventud y el futuro democrático
por Álvaro Góngora.
Este año MIDE UC realizó una encuesta que
indagó cómo la población registra en su memoria el contenido del 11 de septiembre.
De ella se infiere que la generación joven solo posee nociones basadas en
imágenes configuradas a partir de fragmentos de los hechos en cuestión. Cae en
confusiones o mezcla sucesos, porque desconoce explicaciones coherentes. Un
problema que tiene vinculación directa con los resultados de la encuesta
efectuada hace un año por el Injuv. Ella demuestra que el 81% de los jóvenes de
entre 15 y 29 años de edad no están interesados en la política. Su medio de
información por excelencia es la TV, que se basa en imágenes que escasamente
instruyen suficientemente en asuntos contingentes y de mayor densidad, con
excepción de algunos programas, aunque vistos regularmente por adultos. Mejores
informantes sobre temas políticos son los diarios, pero apenas un 3,5% del
segmento los consulta.
Un porcentaje (55%) valora la democracia por
sobre otros regímenes, asignándole importantes atributos, más el funcionamiento
mismo del sistema político es desconocido. Conste que se trata de un sistema
restaurado recién en 1990, porque sobre procesos políticos nacionales de apenas
50 años atrás, que son el trasfondo del debate contemporáneo, existe total
ignorancia.
Más grave se vuelve el panorama si añadimos la
información que arrojó la encuesta efectuada este año por el Centro de
Microdatos de la Universidad de Chile. Impacta constatar que más del 80% de la
población chilena entre 15 y 65 años se ubica en los niveles mínimos de
conocimientos fundamentales. Recordemos que en 1998 comenzó a regir la
obligatoriedad de la enseñanza media y aumentó la población que accedió a la
educación superior, reforma que auguraba mejorías sustanciales en los aspectos
evaluados, al menos entre quienes tienen hoy entre 15 y 30 años, pero el
progreso no ocurrió. La situación es prácticamente idéntica a la medición
realizada por la misma entidad hace 15 años. "Son resultados
alarmantes", señaló un comentarista, y otro fue lapidario: "A Chile
le faltan a lo menos 150 años para ser un país desarrollado". ¿No le
parece grave?
La juventud ha protestado demandando cambios en
la educación, y es el fondo del problema. El desarrollo se alcanza
esencialmente con buenos niveles educacionales. Pero también ella exige nueva
Constitución, más democracia y participación, según verbalizan sus dirigentes.
Sin embargo, cabe preguntarse por los conocimientos Constitucionales que posee
la juventud, sobre los quórums, los enclaves autoritarios, que tanto acentúan
políticos adultos, o sobre el binominal. En este punto, el 30% de encuestados
dice no conocerlo y otro 33% afirma que no necesita cambios.
¿Participación? Recordemos: hubo que establecer
la inscripción automática y ahora la dirigencia partidista impondrá el voto
obligatorio.
Todo esto es insuficiente. Una democracia
desarrollada, participativa y auténticamente deliberativa requiere una
ciudadanía con mínima cultura política e histórica, y corresponde asumir esta
falencia como nacionalmente relevante. ¿Es parte de algún programa? De los
jóvenes depende buena parte del futuro democrático. Se me dirá: "Es un problema
de muchos países". Sí, pero Chile es el nuestro. Un pueblo inculto en esta
materia puede ser "presa fácil" para candidaturas que pretendan
seducirlo con imágenes cordiales, gestos, un eslogan fácil o colgándole
apellidos a la democracia. Este sistema no los necesita. No veo que se
dimensione este problema entre la clase política.
Para más desgracia todavía, escasean los
argumentos de categoría en algunos representantes de nuestra democracia. No son
buenos referentes. Peor aún, tienden a desprestigiarla. Pero son elegidos.
Sorprendente Papa Francisco,
por Luis Eugenio Silva.
Las entrevistas y declaraciones del Papa siguen
sorprendiendo y molestando, como a otros entusiasmando, en el seno del
catolicismo.
Su lenguaje es directo y se atreve a enfrentar
las dificultades y problemas que encuentra la Iglesia, ya sea en la centralidad
de la Curia Romana a la que ve como preocupada más bien de sí misma, y no tanto
al servicio de toda la Iglesia e instrumento que ayude al Papa en el Gobierno
de ella.
El ideal de Gobierno pastoral de la Iglesia del
Papa Francisco es el de la colegialidad más que el de una monarquía piramidal,
y parece inspirarse en las formas de Gobierno que el cristianismo tuvo en el
primer milenio, donde los patriarcados ejercitaban un tipo de Gobierno más
colegial y donde los sínodos y concilios jugaban un papel muy importante.
La reforma de la Curia Romana que quiere hacer
el Papa parece que va en esta línea y que los organismos curiales sean un
servicio y no instancias autorreferentes y meramente contraloras.
Está por verse si se pronuncia acerca de cómo
se generarán los nombramientos episcopales, que desde el siglo XIX en adelante
dependen casi exclusivamente de la Santa Sede a través de los nuncios y la
congregación para los Obispos que asesora al Papa.
En la Curia hay diversos pareceres, lo que es
normal, pero que no debieran formar partidos que se opusieran entre sí, como
fue en un pasado no tan remoto, en los siglos XVIII y XIX y en parte en la
actualidad, como tampoco grupos de presión.
Lo que el Papa parece restaurar es la
centralidad de Jesucristo, ya que el cristianismo es la aceptación de Él y su
acción salvadora, y no una mera conducta moral, ya que ésta es una consecuencia
de la fe en el Dios de Jesucristo, que invita a vivir de una determinada manera.
Por ello el Papa se refiere a aquellas personas
que no estando en plena comunión con la Iglesia, por doctrina o conducta, para
que se sientan que a pesar de lo que quiera que sea, no deben sentirse
excluidas. No otra cosa hizo Cristo en la tierra cuando cenaba con Zaqueo,
buscaba a las ovejas perdidas, perdonaba a la adúltera y tenía una mirada
bondadosa con los pecadores.
Cristo no justificaba las conductas negativas,
ya que siempre decía, no quieras pecar más. Así veo yo al Papa Francisco, que
no reduce ni cambia la radicalidad del Evangelio, pero que lo presenta a todos,
como Cristo que buscaba a quien estaba extraviado o perdido.
El Papa tiene como trabajo apostólico para la
Iglesia el cambiar la acentuación, de un moralismo a un anuncio de Cristo
Salvador, en una Iglesia que mira al mundo sin desconfianza y que le presenta a
él un camino de liberación profundo y de fraternidad. No es que el derecho de
la Iglesia y su doctrina moral vayan a ser abolidos, sino que ellos son
consecuencia de la fe en su Divino Fundador.
San Pablo en dos de sus epístolas afirma que
Cristo recapitula todo; es decir, que todo queda incluido en su obra redentora.
Si esto es así, nadie queda fuera, aunque sean diversos los modos de pertenecer
a la Iglesia.
No a la universidad ‘gratuita’,
por Mónica Mullor.
Empecemos por lo obvio: no existe ni puede
existir la universidad gratuita. Siempre habrá alguien que la pague; la
cuestión es quién. Por ello, los que quieren universidad gratuita quieren, en
realidad, que otro la pague. Es decir, derechos para unos y deberes para otros.
Eso es lo que quieren los progres, porque consideran justo que paguen otros.
Veamos cómo funciona la justicia progre con un
ejemplo muy simple: el panadero y sus trabajadores.
Si usted piensa abrir una panadería, ni se le
ocurre que ponerla en marcha será gratuito, y menos aún que otro se la va a
regalar. También sabe que tendrá que pedir un préstamo al banco o gastar lo que
ha ahorrado tras años de mucho esfuerzo, ¿verdad? Bien. Además, ha considerado
que en el mejor de los casos le irá bien y recuperará con creces su inversión,
pero también sabe que corre el riesgo de perder el capital invertido y el
trabajo que puso en su proyecto.
En todo esto, hasta los progres estarán de
acuerdo y lo considerarán justo, si bien estando en el poder querrán quedarse
con una buena tajada de las ganancias del panadero vía impuestos.
La pregunta es: ¿por qué hay algunos que no
piensan de la misma manera respecto de la universidad? Es decir, ¿por qué están
de acuerdo en que la universidad sea gratuita para los estudiantes, pero no en
que haya también panaderías y otros emprendimientos gratuitos para la gente que
quiera labrarse un futuro de esa manera?
Los progres seguramente dirán que la educación
es más importante, que beneficia a toda la sociedad y que por eso es bueno que
sea gratuita, para que todos puedan tener una oportunidad de llegar a la
universidad. Pero ¿acaso no es importante que el panadero venda el pan que
usted demanda cada día, y que además dé trabajo a aquellos que no van a la
universidad? ¿No es esto bueno para la sociedad?
Puesto que el panadero decidió no ir a la
universidad, hay algunos que estiman que es justo que, además de su panadería,
financie vía impuestos los estudios universitarios de aquellos que deciden no
invertir en una panadería, sino estudiar una carrera universitaria, gracias a
lo cual no sólo terminarán ganando mucho más que el panadero, sino gozando de
mejor posición social.
Este pequeño ejemplo nos muestra que la famosa
gratuidad universitaria nada tiene de justa. Es una demanda que, hablando de
justicia social y de derechos, sólo quiere encubrir una lucha redistributiva de
esos futuros académicos en detrimento de todos aquellos que no van a la
universidad. Por eso los progres rechazan, indignados, cualquier argumento que
diga que la educación universitaria debe ser vista como una inversión que se
hace, como en el caso del panadero, con la esperanza de obtener una retribución
futura.
Sí, ya sé que todo esto es demasiado para los
oídos progres. ¡Cómo comparar a un estudiante universitario con un panadero!
¡Pedir que el estudiante invierta en su futuro! ¡Que corra riesgos! Pero yo
estoy convencida de que es hora de defender a los panaderos, a los tenderos, a
los obreros, a los campesinos, y pedir igualdad de trato para ellos, es decir,
justicia social de veras y no privilegios para algunos.
Presencia de Chile en el APEC.
Bajo el lema “La resiliencia de Asia Pacífico
como motor del crecimiento global”, los líderes de los 21 países de APEC –entre
ellos Chile, representado por el Presidente de la República– se reunirán desde
este fin de semana en Indonesia para analizar el progreso de acuerdos desde la
última Cumbre realizada el año pasado en Rusia.
El mercado del Pacífico tiene una importancia
estratégica para los productos nacionales, tanto por la enorme población de los
países ribereños, como por el dinamismo que han mostrado sus economías durante
la larga crisis internacional. Así, en 2011 las naciones APEC recibieron el 63%
de todos los productos exportados por Chile, que a su vez adquirió desde esa
zona el 55% de todas las importaciones.
En un nuevo paso de la integración de nuestra
economía con esta asociación, en el último año concluyeron exitosamente las
negociaciones para un tratado de libre comercio con Hong Kong en su calidad de
zona económica especial de China, de modo que Chile –en su estrategia de
apertura al comercio internacional– ya posee acuerdos similares con varios
países APEC, entre ellos México, Perú, Australia, Canadá, EE.UU., Corea, China,
Japón, Malasia, Brunei, Nueva Zelandia y Singapur. Además, han sido exitosas
las negociaciones con Vietnam y Tailandia, y se conversa con Indonesia.
Estos encuentros anuales permiten, además un
contacto directo entre los Jefes de Estado y Gobierno, permitiendo acelerar
coincidencias en materias políticas. Así, para nuestro país será importante
consolidar el apoyo de algunos de estos países para la postulación nacional al
Consejo de Seguridad de la ONU, y continuar las negociaciones sobre el Acuerdo
Transpacífico de una zona de libre comercio.
Para que Chile profundice su integración con el
Pacífico se hace necesario resolver algunas cuestiones pendientes. Desde hace
más de una década se viene diciendo que podemos ser la puerta de entrada y
salida de productos de Sudamérica con Asia. Para ello se requieren de
carreteras y sistemas de transporte expeditos y enlazados con Brasil y
Argentina, grandes exportadores de granos. Sin embargo, dichas carreteras y
enlaces aún no están concluidas. Con Argentina se ha avanzado, pero en el
invierno es usual que el transporte internacional sufra detenciones por los
eventos climáticos en la cordillera. En ese sentido, el proyecto de un tren de
baja altura en la zona central, que conecte ambos territorios, es una
posibilidad atractiva. Con Bolivia, el deterioro de las relaciones bilaterales,
producto de la postura antichilena de su Gobierno, hace difícil esperar
resultados en el corto y mediano plazo. Adicionalmente, Chile también requiere
modernizar aún más su infraestructura portuaria si desea dar servicio a los
exportadores sudamericanos.
Durante los próximos días, el mundo tendrá sus
ojos puestos en Bali, aguardando el resultado de las conversaciones entre los
líderes APEC. Es de esperar que este año ellos logren mayores acuerdos para
eliminar trabas al comercio, pues de la última reunión el mayor logro concreto
fue definir una lista de 54 productos “verdes” que bajarán sus aranceles antes
de 2015.
Aplazamiento del fallo de La Haya.
Interés ha despertado la postergación de la
sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda peruana de
delimitación marítima. El aplazamiento trascendió desde Lima y parece sensato y
conveniente para evitar la contaminación y aprovechamiento político del fallo
durante la campaña electoral. A la vez, considerando que la solución del
diferendo se conocería en enero próximo -aunque eventualmente pudo ser en
diciembre, luego del proceso electoral- y con un nuevo Gobierno elegido, pero
no en ejercicio, la postergación obligará a consultas entre el saliente y el
próximo a inaugurarse.
Tratándose de un asunto de Estado, que
trasciende a una determinada Presidencia, resulta necesario preservar la unidad
nacional. Así ha sucedido con la mantención de los calificados equipos Jurídicos
encargados de la defensa, con la contramemoria presentada por la Presidenta
Bachelet, a días de la transmisión del mando al Presidente Piñera, que
seguidamente, por intermedio de su Cancillería, se encargó de los siguientes
alegatos escritos y orales en la misma línea argumental. Por eso mismo, las
presiones peruanas para declarar anticipadamente la ejecución inmediata de la
sentencia parecen precipitadas e inconvenientes. La total coincidencia del Gobierno
y personeros de la oposición de mantener y respetar la permanente conducta
chilena de cumplir los compromisos internacionales no puede significar el
compromiso anticipado de la ejecución inmediata de una sentencia desconocida,
que merece ser debidamente explicada y evaluada para medir sus repercusiones.
Desde luego, los estados son soberanos para determinar la oportunidad de la
ejecución de las sentencias territoriales, y la práctica internacional
raramente ha sido de aplicación automática.
Que el fallo sea pronunciado en enero del año
siguiente, en vez de julio pasado, no altera la postura chilena, sólidamente
asentada en el derecho internacional -particularmente en el derecho de los
tratados-, y no debería abrir espacios para presiones sobre soluciones
imaginativas, fuera de aquellos.
Esta demora tampoco debería favorecer a la
posición colombiana de inaplicabilidad de la sentencia y de entredicho con la
misma Corte en su controversia con Nicaragua.
Como lo ha señalado el último Canciller
peruano, a los dos lados de la frontera hay confianza en la Corte, en una
sentencia justa y en que este contencioso sea el último de carácter
delimitatorio entre ambos países. La normalidad con que se han desenvuelto las
relaciones entre Chile y el Perú en este período ha contribuido a estos
positivos resultados.
Respuesta ante efectos de heladas en el agro.
Como una de las mayores catástrofes del último
tiempo calificaron las autoridades de Gobierno y los productores agrícolas el
daño que han provocado en los cultivos las fuertes heladas que se registraron
hace dos semanas entre la Región de Atacama y el Maule. Según estimaciones
preliminares realizadas por el sector, las pérdidas podrían alcanzar los US$
500 millones, aunque los exportadores plantean que esa cifra se podría
duplicar, dado que el fenómeno climático afectó un 25% de la partida de fruta
que se destina al extranjero. El problema se podría agudizar debido a que para
estos días se pronostican nuevamente bajas temperaturas en las zonas afectadas.
El Ejecutivo ha reaccionado con presteza ante
la emergencia. Frente a la magnitud del daño ocasionado por la intensidad de la
ola de frío -poco habitual para esta época del año-, se requiere adoptar de
inmediato medidas paliativas que permitan morigerar el impacto económico y
laboral que se podría derivar de esta situación. Esto es fundamental,
considerando que se trata de un período del año en que aumenta
significativamente la contratación de personal por temporada, donde un número
importante de esas fuentes de trabajo podría estar en riesgo tras lo ocurrido.
De hecho, el Ministro de Agricultura indicó que cerca de 50 mil empleos se
verían afectados.
La instalación de una mesa de trabajo que reúne
a varios Ministerios (entre ellos Agricultura y Trabajo), entidades Estatales
(Corfo y BancoEstado), productores y al sector privado, para definir qué
medidas se implementarán, es una decisión correcta, toda vez que esta instancia
permitirá hacer un diagnóstico más concreto de las pérdidas, como también
coordinar y canalizar oportunamente el programa de ayuda a los productores
afectados. En este sentido, resulta primordial que el grueso de esas soluciones
se destine de manera focalizada a los pequeños agricultores, especialmente a
aquellos que no cuentan con seguros y que, por ende, se les hace difícil poder
sobrellevar las pérdidas, y sin que se confunda este apoyo con una
socialización del riesgo que es inherente a toda actividad económica. La
entrega de créditos blandos, flexibilización de tasas de interés y subsidios a
la mano de obra son algunas de las acciones que se evalúa implementar con ese
propósito. Un bono de entre $ 200 mil y $ 400 mil destinado a los productores
de menor tamaño es una iniciativa que ya está en marcha, recursos que son
relevantes, porque les entrega a éstos una cuota de alivio para enfrentar de
mejor forma el difícil momento que están viviendo.
Como la ocurrencia de cambios climáticos de
este tipo es impredecible, los riesgos para la agricultura son elevados; por lo
tanto, sería oportuno que se promueva la ampliación del seguro agrícola a un
número cada vez mayor de pequeños productores, ya que es una herramienta que
fue diseñada precisamente para enfrentar este tipo de catástrofes, pero que
hasta ahora no es utilizada de forma masiva. Según cifras del Ministerio de
Agricultura, el 2012 eran cerca de 20 mil los asegurados a través de este instrumento.
En cuanto a los grandes productores y exportadores afectados, éstos tendrán que
buscar -junto a los bancos- una fórmula que les permita repactar los créditos
que mantienen con esas entidades. Si la situación se agudiza, el Gobierno debe
evaluar la pertinencia de decretar emergencia agrícola en las Regiones
perjudicadas, lo cual facilitaría la adopción de medidas.
Menores: tres sentencias contradictorias.
Luego de tres juicios orales sucesivos, el
gerente del Banco Central fue absuelto de las acusaciones de abuso y violación
de sus hijas menores en un fallo que se leerá el próximo 9 de octubre. Las
acciones penales fueron deducidas por la madre de las niñas, a la que el
ejecutivo habría abandonado por otra mujer. Además del natural impacto que
provocan estos casos cuando se ventilan mediáticamente, en esta ocasión remeció
al ciudadano común el hecho de que el sujeto fue absuelto en un primer juicio,
condenado en el segundo, y luego nuevamente absuelto en la tercera y definitiva
oportunidad. Tanto él como sus hijas vivieron durante más de tres años en un
mundo de horror y dolor.
Este caso manifiesta la precariedad de la Justicia
que administra el Estado, la limitación de los medios con que ella construye
sus relatos y la falibilidad de quienes intervienen en este proceso. Estas
constataciones están lejos de ser novedosas, y por eso las Legislaciones
contemplan desde antiguo mecanismos para reducir todo lo posible esta
precariedad o atenuar sus consecuencias. Uno de ellos es el conjunto de
posibilidades con que cuenta la defensa de un acusado para someter a crítica
las pruebas de cargo. Estos elementos del derecho a defensa deben ser
cuidadosamente respetados, por ejemplo, en la admisión de las pruebas al juicio
oral. Salvo en casos de muy manifiesta impertinencia o sobreabundancia, la
prueba de la defensa debería ser admitida siempre al juicio, y el Tribunal oral
debería actuar con la misma apertura ante las incidencias que se produzcan
sobre la reproducción o exhibición de los medios de prueba. Tal vez mucho
habría cambiado en el caso comentado si en el segundo juicio se hubiera
permitido exhibir prueba de la defensa que en el primero sí se había aceptado.
Pero la construcción de un relato que se
aproxime a la verdad no puede realizarse a cualquier costo. El debate actual
sobre la forma de contar en el procedimiento con el testimonio de los menores
abusados o violados, antecedente que con frecuencia es la única prueba del
delito, refleja la tensión entre el derecho a la crítica de la prueba por parte
de la defensa y los derechos de las personas, especialmente cuando se
encuentran en situación de particular vulnerabilidad. Hay indicios de que el
sistema vigente no resuelve adecuadamente este equilibrio y, si esto fuera
efectivo, debería revisarse una vez que se apacigüe el clima emocional
desencadenado o catalizado por este caso.
Lo que se ha conocido hasta el momento de la
deliberación de los Jueces que unánimemente resolvieron absolver al ejecutivo
de todo cargo revela, asimismo, una severa crítica al trabajo del Servicio
Médico Legal. Ella se suma a la que en otras ocasiones ha realizado el Fiscal
nacional y a algunos episodios en que las deficiencias de la institución han
quedado de manifiesto. En este caso, el peritaje que sirvió a la Fiscalía como
prueba de cargo fue evacuado por una persona que estuvo muy poco tiempo en el
servicio, que al parecer no respetó los protocolos del mismo y que tampoco fue
capaz de dar razón de sus conclusiones al ser interrogado por el Tribunal. Esta
situación, en la que resulta hasta cierto punto inevitable confundir las
críticas a una actuación profesional determinada con las críticas a todo un
servicio público, es un nuevo llamado de atención al Legislador y a la
autoridad en orden a que los principales problemas del sistema no están en las
reglas, sino en las instituciones.
Para que la "reforma a la reforma"
sea realmente eficaz, debe dirigirse a fortalecer las instituciones de las
cuales depende el funcionamiento del sistema. Esto no se realiza incrementando
la lista de los deberes de los funcionarios, ni entregándoles atribuciones o
facultades exorbitantes, sino en primer lugar potenciando sostenida y
significativamente su capacitación y coordinación. El ejecutivo ahora absuelto
y sus hijas no habrían sufrido lo que sufrieron si las instituciones que
intervienen en la persecución penal estuvieran funcionando con personal
suficientemente calificado y capacitado.
Nuevas ciclovías en la capital.
El anuncio de la Municipalidad de Vitacura de
que prontamente iniciará la construcción de 43 kilómetros de ciclovías en la Comuna
resulta altamente positivo y revela que la bicicleta se está transformando
crecientemente en un medio de transporte más en la capital, lo que obliga no
sólo a extender estas rutas, sino a contar con planes que mejoren las
condiciones de seguridad de estas vías y que se conecten entre sí.
La experiencia que está acumulando Vitacura en
el desarrollo de ciclovías debería servir de valiosa experiencia para el
desarrollo de este tipo de vías en otras Comunas de la Región Metropolitana,
las que avanzan a ritmos muy dispares en la construcción de este tipo de
infraestructura.
Extender las ciclovías supone un enorme avance
para la ciudad, porque no sólo promueve hábitos de vida saludable, sino también
ayuda a descongestionar el tránsito. Sin embargo, ello implica también un reto
para asegurar la convivencia entre peatones, automovilistas y ciclistas. Estas
rutas deben contar con las debidas señalizaciones y los resguardos del caso,
para evitar situaciones caóticas o riesgosas, como de hecho ya ocurre con
algunas ciclovías de la capital, que presentan altos grados de saturación y
distintos estándares de construcción y seguridad. Asimismo, es fundamental que
dichas rutas empiecen a conectarse, porque así se creará una red que estimulará
el reemplazo del automóvil.
Lamentablemente, la Región Metropolitana no ha
logrado cumplir con las metas previstas en el Plan Maestro de Ciclovías de
2007, en el que se proyectaba la construcción de 690 kilómetros, pero a la
fecha se ha logrado avanzar en algo más de 370 kilómetros. Dicho plan se ha
actualizado recientemente y está previsto alcanzar 800 kilómetros a 2022. Si
bien es positivo que existan metas más ambiciosas, es relevante que dichos
planes efectivamente se ejecuten y no queden en meros anuncios.
Terrorismo islámico en África.
El ataque a un mall en Nairobi fue el peor acto
de terrorismo en Kenia desde los atentados contra la Embajada de EE.UU. en
1998. Como golpe propagandístico a favor de su causa, el grupo islamista
wahabita Al Shabaab no pudo haber elegido mejor sitio que un elegante centro
comercial, frecuentado por muchos extranjeros y la clase pudiente keniana. La
toma de rehenes, una táctica nueva de estos rebeldes somalíes, hace discrepar a
los expertos: algunos creen que eso respondería a un debilitamiento de su
capacidad militar; otros piensan que es una demostración de poderío. Cualquiera
sea el caso, esta operación les dio visibilidad mundial.
El líder de Al Shabaab justificó la masacre por
el involucramiento de Kenia en el conflicto de Somalia, y pidió su retiro
inmediato. Desde 2011, la Unión Africana (UA) tiene desplegados 17 mil soldados
que han logrado devolver el orden a la capital somalí tras intensos ataques de
las milicias que se apoderaron de zonas de la capital, Mogadiscio, y del
territorio. Así, Al Shabaab ha recibido duros golpes de las fuerzas
multinacionales (formadas en su mayoría por contingentes de Kenia y Uganda), y
se estima que el raid al centro comercial pretende asustar a los kenianos para
que presionen al Gobierno a replegar sus tropas. En Uganda también ha habido
acciones terroristas, pero ninguna hasta ahora tan cruenta como la de Nairobi.
Al Shabaab, como otros islamistas africanos,
tiene vínculos con Al Qaeda, si bien no depende de este ni actúa en forma
coordinada. Sus miembros han sido reclutados en la región, pero también en
Occidente, pues incluso se habla de jóvenes de origen somalí oriundos de
Minnesota. Quienes actúan en Nigeria, Níger, Mali o Uganda comparten objetivos,
pero tienen liderazgos autónomos e independencia financiera. La lucha contra
estos terroristas ha estado en manos de las autoridades locales, salvo en el
caso de Mali, donde las fuerzas francesas intervinieron militarmente en enero
pasado para desalojar a los guerrilleros que habían ocupado zonas del norte del
país.
A diferencia de sus operativos en Irak o
Afganistán, Washington se ha abstenido de involucrarse directamente en los
conflictos locales africanos. No olvida su mala experiencia en Somalia en 1993,
por lo que contribuye con información de inteligencia, apoya a los Gobiernos
con recursos financieros y militares, entrenamiento y operativos muy
focalizados. Los estadounidenses, que apoyan a la misión militar de la UA en
Somalia, tienen bases en Entebe y Djibuti, desde donde dirigen las operaciones
regionales, y también tienen acceso a puertos y aeropuertos que les permiten
mantener la logística.
EE.UU. mantiene un bajo perfil para evitar ser
blanco de ataques y prefiere apoyar a los Gobiernos aliados a enfrentar al terrorismo
con sus propias fuerzas, entrenadas y preparadas, eso sí, a la manera
estadounidense. Si esta es la mejor estrategia, dependerá de lo que muestren
los resultados en el más corto plazo posible.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
