El otro suicidio,
por Joaquín García Huidobro.
El Gobierno iba con buena marcha. Hacía más de
un año que se lo veía afiatado, experimentado y humilde, cualidades de las que
careció en sus comienzos, cuando el Gobierno combinaba la anemia política con una
muy poco simpática actitud de sabelotodo. De pronto, cuando nadie lo esperaba,
en las últimas semanas comenzaron los tropezones. Primero fueron los
innecesarios desaires a la candidata de su propia coalición. Luego, la
descalificación de un sector importante de sus partidarios más fieles, a los
que, sin mayores matices, se los calificó de “cómplices pasivos” de las
violaciones de derechos humanos.
A continuación, el Gobierno invocó la igualdad
ante la ley y, queriendo ser más papista que el Papa, cerró el penal que la
propia Concertación había establecido para algunos militares de avanzada edad y
salud precaria, todo a causa de una entrevista del General Contreras, que
produjo una alarma desmedida en La Moneda.
Después, un Ministro denunció el déficit ético
de la derecha y, por último, hasta la vocera del Gobierno se sumó a esta cadena
de errores no forzados: en vez de quitarle gravedad a esta imputación, señaló
que representaba la opinión de todo el Gabinete. De esta manera puso en
aprietos a un buen número de Ministros que no acostumbran a tratar con brocha
gorda temas tan delicados como la calificación moral del considerable número de
chilenos que valoran la obra del régimen militar.
Cuando uno se expone de esa manera, es
inevitable que deje flancos importantes al descubierto. Aunque sea muy deseable
insuflar aires éticos en la actividad pública, conviene tener las espaldas bien
guardadas antes de lanzarse a esta loable empresa. Les faltaron minutos a sus
críticos para mostrar que, si los civiles que habían apoyado al Gobierno
militar eran cómplices pasivos de las violaciones a los derechos humanos,
entonces habría que darle la razón a la izquierda más extrema y decir que
quienes en esa época habían hecho una fortuna eran, al menos, activos “reducidores”.
Ambas afirmaciones son absurdas.
Además, como la bandera moral exige coherencia
y credibilidad, cuesta entender que recién ahora se pida a una parte de la
derecha tener unos antecedentes políticos impecables. ¿Por qué no se hizo lo
mismo hace cuatro años, cuando su voto y entusiasmo eran necesarios para ganar
las elecciones Presidenciales? ¿O los imperativos éticos son de reciente data?
Tampoco da mucha impresión de coherencia el
decir que se cierra el Penal Cordillera por razón de la igualdad ante la Ley.
Si fuera así, habría que clausurar todas las cárceles militares, aquí y en el
resto del planeta, y mandar a esos reclusos a la Penitenciaría.
Es difícil de entender toda esta suma de
desaguisados. Al parecer, ronda en Palacio la idea de refundar la derecha, es
decir, de formar una agrupación política que no tenga ninguna contaminación
histórica, quizás con la esperanza de sacar en el futuro a la Democracia
Cristiana de las filas de la Nueva Mayoría y dar a luz una nueva coalición, que
baraje de nuevo el mapa político nacional.
Pero si algo supone la actividad política es
precisamente la diversidad, como lo enseñó muy bien la Concertación en sus
veinte años en el poder. ¿O alguien cree que las opiniones sobre la UP de
Isabel Allende y Edmundo Pérez Yoma eran coincidentes? En el caso de la Nueva
Mayoría la diversidad es aún más notoria, pues incluye a un Partido Comunista
que admira al régimen cubano y manda saludos al aniversario del sangriento
régimen norcoreano.
El Gobierno corre hoy dos riesgos importantes.
El primero, tener que entregar la banda Presidencial a la oposición, lo que
hiere el orgullo de una administración que quería ser la primera de varios
períodos de la centroderecha en La Moneda. El segundo, aún más grave, legar al
país una centroderecha desunida y atomizada. En todas partes del mundo los Gobiernos
buscan mantener férreamente unidos a sus partidarios. ¿Será Chile una
excepción?
En pocas semanas se ha vuelto a una etapa que
se creía definitivamente superada, cuando el Gobierno parecía despreciar la
política y considerar que la prudencia era una virtud de gente apocada. Al
hacerlo, desvía la atención de la ciudadanía que, en vez de fijarse en sus
innegables logros, pone la atención en la dificultad de la actual administración
para aglutinar a sus partidarios en torno a un proyecto común. Quizá no sea
todavía un suicidio político lo que estamos viendo, pero al menos cabe decir,
en lenguaje policial, que el Gobierno se ha autoinfligido heridas con arma
cortopunzante.
¿Hay que refundar la derecha?,
por Jovino Novoa.
La tesis de la necesidad refundacional de la
derecha trae consigo un profundo error inicial, que se funda en tres premisas
equivocadas. La primera es que la derecha estaría viviendo una crisis terminal,
lo cual dista mucho de ser cierto. La centroderecha logró ganar la última
elección Presidencial y tiene una representación Parlamentaria suficiente como
para poder garantizar un adecuado equilibrio político en el país. Por otra
parte, en Chile existe una institucionalidad y un modelo económico-social
acorde con el ideario de la centroderecha, lo que demuestra en la práctica el
éxito que hemos tenido en la transmisión de nuestras ideas y valores en la
sociedad.
La segunda premisa equivocada es que parte de
la centroderecha tendría un pecado original, una mancha ligada a su
participación en el régimen militar que le impediría ofrecer un proyecto de
futuro. Frente a ese diagnóstico errado hay quienes pretenden deshacerse de la
historia, olvidarse del pasado y refundar en el aire una “nueva derecha” sin
proyecto, sin un ideario propio, sin conexión con el pasado, ignorando la
historia de Chile de los últimos 40 años.
Está de más decir que quienes pretenden borrar
la historia emprenden una tarea imposible. La historia de Chile no puede
borrarse, ni tampoco eliminarse selectivamente algunos episodios de ella. La
crisis política que llevó al quiebre institucional del país y su posterior
reconstrucción liderada por civiles y militares no puede ni debe olvidarse. El
hecho repudiable de las violaciones a los derechos humanos no desmerece la
magnitud de la transformación social, política y económica que vivió el país
durante esos años.
La centroderecha debe defender esa obra como un
baluarte, como una contribución significativa al desarrollo del país, fundada
en sus ideas. Debe también valorarse la
legitimidad moral y la
valentía de haber luchado -desde
el interior del Gobierno militar- en contra de quienes violaban los derechos e
impulsar el itinerario que nos permitió volver a la democracia.
La tercera premisa equivocada es que es posible
instalar realidades políticas sólo por la vía discursiva, sin un trabajo de
base y sin un proyecto de futuro. El intento por destruir, mediante
cavilaciones, el trabajo realizado durante décadas por varias generaciones de
líderes políticos, es también un gran error estratégico, ya que avala el
discurso de la izquierda, que proclama la ilegitimidad de nuestro sector. Ello
puede significar grandes costos en las próximas elecciones Presidenciales y Parlamentarias.
Quienes están detrás de esa idea, de destruir para luego refundar, deben asumir
el costo que tiene su posición para la centroderecha en su conjunto y también
para el país.
Como la crónica de una muerte anunciada, la
supuesta crisis que diagnostican algunos a la centroderecha puede terminar
volviéndose real. Al generar divisiones al interior de la Alianza y al
introducir una verdadera “caza de brujas” contra aquellas personas que
colaboraron con la revolución modernizadora que hizo de nuestro país un ejemplo
admirado en el mundo, los promotores de esa “nueva derecha” están fabricando
una verdadera crisis política y están minando el espíritu de unidad que se
requiere para enfrentar los desafíos políticos y electorales de los próximos
años.
Entre la nueva y la ninguna derecha,
por Axel Buchheister.
El tema de los 40 años del derrocamiento del Gobierno
de la Unidad Popular ha sido visto por algunos como la oportunidad para que el
mundo oficialista haga un cambio de “switch” hacia una “nueva derecha”. Eso los
ha movido a formular declaraciones y realizar actos -incluso impidiendo que el
tema salga de la preocupación pública, como pudo y debió suceder después del 11
de septiembre- que dejen de manifiesto que ellos sí abrazan la causa del
respeto de los derechos humanos, pero no como una afirmación propia, sino que
por la vía de descalificar y cuestionar moralmente a quienes colaboraron o
simpatizaron con el Gobierno militar, y en general a sectores más
conservadores, plegándose a la interpretación sesgada del pasado que ha
impuesto la Concertación.
Lo que parecen buscar es que la derecha les
quede toda para ellos, por la vía de inhabilitar a los demás grupos que
integran el sector para que desaparezcan políticamente. La competencia por
quedarse con algo muchas veces es así y la política no es excepción. Pero la
pregunta que cabe hacerse es si eso es lo que le conviene a la derecha como un
todo, que ellos también integran.
La respuesta parece ser que no. Desde luego, el
daño que se ha hecho a la candidatura de Evelyn Matthei es enorme, tan sólo por
el hecho de haber quedado en el fuego cruzado y haber perdido tiempo precioso y
escaso para posicionarse. Además, se ha herido, confundido y desmotivado a una
parte no despreciable de los adherentes del sector, en la hora más inoportuna:
en las elecciones con voto voluntario, los votos “duros” son más incidentes y
es clave que concurran a votar.
Pero sobre todo, por la errada percepción que
implica pensar que ese activo que es la centroderecha, que se pudiera graficar
en un 40% de apoyo estable en las urnas, puede pasar incólume, después de ser
depurado del supuesto lastre del Gobierno militar, a manos de sus nuevos
gestores. Ello, porque ese proceso habrá acontecido en medio de una
deslegitimación del sector, en buena parte autoinfligida, cuyos efectos no se
podrán acotar a algunos de sus miembros, sino que se extenderán al modelo que
encarna.
La gente suele no distinguir y la Concertación,
maestra comunicacional y política, se encargará que no lo haga. Aquí no habrá
un conjunto de ideas buenas gestionadas por malas personas que hay que dejar
atrás, sino que un sistema que es hora de cambiar. No les será difícil, cuando
el famoso modelo es herencia del Gobierno militar y están cuestionadas sus
bases. No otra cosa es agitar los ánimos contra el lucro, crítica que por ahora
se circunscribe a la educación y la salud, pero que después se extenderá a
otros campos, y cuando se acusa una alarmante desigualdad en todos los frentes;
sin que ningún político salga al paso a explicar con convicción la realidad de
las cosas y a desmitificar las afirmaciones que se hacen.
El riesgo de todo esto es que al final no quede
ninguna derecha de la cual hacerse cargo. Creer que después de arruinarla será
fácil reconstruirla evocando una buena gestión anterior, es olvidar la
experiencia que vivió este Gobierno: el argumento que hacemos mejor las cosas
no bastó. Menos si no se tiene legitimidad para hacerlas.
Incoherencias en el debate Fiscal.
Cabría esperar que la tramitación Legislativa
del presupuesto Fiscal motivara un debate a fondo sobre cómo hacer que los más
de 60 mil millones de dólares que abarca se administren con la mayor eficiencia,
de acuerdo con las prioridades nacionales. En vez de eso, y como hemos visto en
los últimos días, la discusión suele llevarse al “área chica” de la política.
En su exposición ante la comisión mixta del
Congreso, la Directora de Presupuesto, Rosanna Costa, ha presentado con
claridad el sólido panorama Fiscal que dejará la actual administración. Con la
economía marchando a buen ritmo y con un moderado déficit Fiscal de 1% del PIB,
se contempla un incremento del gasto público real de 3,9% en 2014 y de 4,5%
promedio anual en el próximo cuatrienio. Eso dejaría al próximo Gobierno con un
margen de 600 millones de dólares de libre disponibilidad en 2014, el cual se
incrementaría progresivamente hasta 4.600 millones en 2017, una vez descontados
los mayores gastos comprometidos en las Leyes vigentes y en trámite. Basta
observar las peripecias Fiscales que se viven en Estados Unidos o España para
concluir que contar hoy con semejante perspectiva Fiscal es un lujo que los
chilenos debemos aplaudir.
Sin embargo, para los voceros de la candidata
de izquierda el presupuesto presentado es a la vez demasiado restrictivo —lo
que agudizaría la desaceleración de la economía, afirman— y demasiado laxo en
cuanto al endeudamiento Fiscal que involucra. La incoherencia es patente: un
mayor gasto exigiría más déficit, y todo déficit se financia con más deuda
neta.
Es sana la preocupación por una eventual
acumulación excesiva de deuda pública a futuro. Por eso, muchos economistas
proponen eliminar paulatinamente el déficit Fiscal. Pero no hay apuro: la deuda
Fiscal, según la última medición oficial, sigue siendo inferior al total de
activos financieros de que dispone el Estado. Es cierto que desde 2009 la deuda
bruta ha crecido desde 6 a 12% del PIB, pero así lo han hecho también los
fondos soberanos y otros activos del Fisco. Incluso la medición más estricta de
la posición financiera Fiscal —que descuenta solo sus activos más líquidos—
muestra una deuda neta irrisoriamente baja, según estándares internacionales,
de solo 3% del PIB en 2013.
Naturalmente, la eliminación del déficit
estrecharía los márgenes disponibles en la proyección Fiscal de mediano plazo.
Deben tomar nota los estrategas de las campañas electorales: financiar las
promesas que hoy escuchamos de los candidatos exigirá más esfuerzo de
crecimiento económico, ahorro de gastos prescindibles y eficiencia en la
recaudación y las empresas públicas.
Emergencia agrícola.
Las inesperadas heladas que afectaron a una
amplia zona entre la III y la VII Región, hace casi tres semanas, provocaron un
daño cuantioso a los productores agrícolas. Si bien en muchos casos hay seguros
comprometidos, agricultores pequeños y medianos habitualmente no acceden a
estos instrumentos, porque tienen costos fijos que, por el tamaño de sus
predios, resultan muy onerosos. Como los costos de transacción son altos,
tampoco se han podido articular soluciones que avancen hacia algo parecido a un
“seguro colectivo” para esos productores.
Dada esta realidad, puede ser más eficiente que
el Estado brinde un apoyo razonable a los agricultores. Por cierto, el diseño
de esta ayuda debe cuidar que no se desincentive el uso de seguros allí donde
sean posibles, y que frente a un problema específico el Estado termine siempre
subsidiando a los productores agrícolas. Todos los negocios tienen riesgos
variados que son parte de esas actividades. Pero, más allá de estas
prevenciones, es positivo que frente a una catástrofe de esta magnitud el
Ministerio de Agricultura esté actuando con prontitud. Ya está en marcha la
entrega de bonos que permitan a los productores de menor tamaño enfrentar
rápidamente las situaciones más complejas. Asimismo, se ha decretado emergencia
agrícola en la VI Región, la zona más afectada por el fenómeno climático, lo
que permite coordinar más ágilmente diversas iniciativas de apoyo a los
productores y trabajadores agrícolas.
Una mesa de trabajo que reúne a autoridades,
productores, Corfo, BancoEstado y bancos privados, acordada a mediados de
semana, parece un paso apropiado para definir una estrategia más precisa para
enfrentar la situación. El impacto es muy heterogéneo y los problemas que
enfrentan los productores no son de la misma naturaleza, por lo que es
importante que existan una coordinación eficaz y una toma de decisiones rápida
que permitan abordarlos lo antes posible. Y dado que los efectos se sentirán en
el tiempo, ya que el grueso de la venta de la producción afectada debía ocurrir
en meses de verano, sería valioso que los resultados de esa mesa se vayan
transparentando.
Es muy importante mantener un sistema de
información del mercado laboral para este período. Las oportunidades para
temporeros en la agricultura se pueden ver limitadas, pero ante un mercado
laboral estrecho, como el actual, se pueden reubicar en otras actividades.
Podría ocurrir que las malas noticias por las heladas provoquen una
sobrerreacción de estos trabajadores, que termine dejando a las actividades
agrícolas sin mano de obra suficiente para los próximos meses. Hay que atender
a descoordinaciones en este ámbito que puedan afectar a la producción agrícola
por falta de trabajadores.
Bloqueo de rutas y rebaja de peajes.
El bloqueo de caminos y carreteras que el
gremio de los camioneros realizó recientemente en la Región de Antofagasta,
alegando cobros excesivos en una ruta concesionada, rindió frutos a sus
convocantes, al lograr una rebaja de los peajes producto de un acuerdo en el
cual también participó la autoridad. Con ello se ha sentado otro negativo
precedente, porque por la vía de acciones de fuerza se logró alterar contratos
legítimamente celebrados, lo que constituye un incentivo para que acciones
semejantes vuelvan a repetirse, debilitando así la institucionalidad.
La acción de fuerza consiguió una rebaja del
25% en el valor del peaje que pagan los camiones en dicha ruta, costo que
deberá ser asumido por el concesionario. Asimismo, se estableció una mesa de
trabajo con miras a la búsqueda de una solución más definitiva, donde los
camioneros han señalado que si no se logran avances sustantivos en breve plazo,
se retomará la movilización. Resulta altamente regresivo que una empresa
privada, que celebró contratos con el Estado en los cuales quedó establecida la
estructura de cobro de peajes y la obligación de ejecutar las inversiones por
parte de la empresa, deba cambiar ahora las condiciones producto de actos de
fuerza. Si en definitiva la autoridad llegó al convencimiento de que se justifica
un peaje rebajado, debe procurar las debidas compensaciones al concesionario,
pues no le corresponde a éste asumir los costos de decisiones políticas.
Las fuertes críticas que la Intendencia Regional
emitió en contra del cobro de peajes son también imprudentes, porque crean un
clima de animadversión y no se condicen con la actitud de imparcialidad y
estricto apego a la Ley que la autoridad debe observar en todo momento.
La práctica de recurrir a bloqueos de rutas o
tomas para conseguir soluciones a problemas específicos se ha masificado en el
último tiempo, y es deber de la autoridad anticiparse a dichos conflictos y
evitar por todos los medios contribuir a estimularlos.
Un programa ya completo, el otro en discusión.
A poco más de 40 días de la elección, el
comando de Bachelet continúa trabado en una discusión abundante en
desencuentros en torno a su programa Presidencial, que trascienden pese a la
orden de silencio impartida a los miembros de las diferentes comisiones que lo
preparan. Se han conocido así las discrepancias del representante programático
de la DC, Alejandro Micco, quien respecto del informe sobre nueva Constitución
ha objetado, entre otros, “un aire antirreligioso” y la posición sobre el
aborto. Su correligionario, el Constitucionalista Patricio Zapata, informa
sobre diferencias en cuanto a estados de excepción y recelo frente a la
reelección Presidencial inmediata. En su partido hay molestia por la débil
influencia que siente tener en el comando de la Nueva Mayoría, para revisar lo
cual se había citado a un cónclave de su directiva y Parlamentarios el próximo
martes, que luego se suspendió, para no afectar negativamente la candidatura.
Las “áreas críticas” o “nudos” se centran en
educación, Constitución, energía y trabajo, siendo al parecer este último el
más complejo, pues las propuestas del comando no satisfacen a la CUT, que exige
un cambio sustancial en el Código del Trabajo y el regreso a un sistema de
reparto, en sustitución de las AFP. En educación, hay grandes discrepancias en
cuanto a financiamiento compartido. En energía, el coordinador Eduardo Bitran
(PPD) informa sobre divergentes visiones en cuanto a la creación de una empresa
Estatal de energía.
La candidata Bachelet deberá zanjar todas estas
diferencias y asumir la responsabilidad consiguiente. Pero aún no se fija una
fecha para la entrega a la ciudadanía de la propuesta final, y las respuestas
de la abanderada sobre temas tan determinantes como la reelección Presidencial
siguen siendo muy generales: “Tiene que ser una discusión de la gente en torno
a lo que la gente cree que sería el mejor”.
Esta indefinición y dispersión programática
mueven a aprensiones sobre lo que podría ser la efectiva Gobernabilidad —y el
peso relativo de cada partido— bajo un eventual segundo gobierno suyo.
En contraste, esta semana se entregó el
programa completo de la candidatura Matthei —elaborado en apenas 45 días—, que
no ha suscitado discrepancias en la Alianza. Notoriamente, hay concordancia de
ideas entre sus partidos, y los problemas de la coalición tienen otros orígenes
—en la última quincena, su relación con el Gobierno fue uno explícito—, mas no
surgen de sí misma por factores importantes, sino por personalismos.
Nuevos errores
Difícilmente podrá buena parte de su electorado
comprender (y aprobar) los pasos dados por La Moneda respecto de su decisión de
cerrar el Penal Cordillera, que culminó con el suicidio del General (r)
Odlanier Mena. Con ella, en lo político —más allá de otros juicios posibles—,
el Gobierno logró continuar el excepcional clima de tensión creado por la
conmemoración de los 40 años del 11 de septiembre de 1973, precisamente cuando
él mostraba señales de comenzar a amainar. Inevitablemente, el Ejecutivo
aparece como responsable de este infausto caso. En su inicio, él fue detonado
por las insólitas entrevistas por TV que Gendarmería —órgano del Ejecutivo—
autorizó al General (r) Manuel Contreras, algo que un elemental buen criterio
desaconsejaba, como lo hizo la propia Jefe de comunicaciones de dicho servicio,
lo que, por paradoja, le significó ser destituida.
En medio del revuelo por tales sucesos, el
Gobierno dispuso un operativo de traslado de los reclusos a otro penal, con
amplia cobertura mediática, mientras los funerales de Mena daban lugar a
natural efervescencia adicional.
Personeros Gubernamentales han aducido que con
todo esto se ha hecho valer el principio de igualdad, pero los Gobiernos de los
Presidentes Lagos y Bachelet, con mejor criterio técnico, dieron curso al
establecimiento de estos recintos penales especiales, velando por el principio
de segregación carcelaria, aceptado en el mundo y en Chile con miras a resguardar
a determinados sentenciados de agresiones de otros reclusos. Por lo demás,
virtualmente en todo el mundo democrático existen cárceles especiales para ex
militares. Entretanto, el Ministro de Defensa, abandonando su delicado rol
sectorial, formuló en torno a esto declaraciones políticas que habrían sido
propias de su anterior cargo en Interior, pero ahora solo ahondan la irritación
de los partidos de la Alianza, ya atizada por declaraciones previas del
Mandatario en torno al Gobierno militar. Y, en una nota pueril, la Presidencia permitió
que trascendiera una encuesta según la cual el 80% aprobaría el cierre del
referido penal.
Todo esto evidencia que la asesoría política al
Mandatario flaquea una vez más. No refuerza una imagen de Estadista que
aparezca guiándose por encuestas, en vez de atenerse a principios y poner el
énfasis en las obras que entregue al país. En esta administración ellas han
sido muchas y muy valiosas, pero resultan difuminadas por episodio tras
episodio de creación propia que las relega a injusta indiferencia.
Lo aquí ocurrido contribuye a divisiones en su
sector, pues su ánimo de marcar una tajante división entre una “derecha
antigua” y una “derecha nueva” no interpreta la realidad de la Alianza. El Senador
Novoa (UDI) ha resumido ese malestar diciendo que “es ingenuo e injusto
sostener que solo un sector tiene que renegar de su pasado”.
Además, sitúa en incómoda posición a su
candidata, en vez de permitirle concentrar toda su energía en esta etapa
decisiva de la campaña, para situarse cuanto antes en la votación histórica del
sector —en torno al 40%—, y desde allí disputar la Presidencia en condiciones
competitivas. Cada palabra y medida de los personeros de Gobierno debiera
ceñirse a esta obviedad, pero no es lo que se observa.
Frente a este cuadro es explícita la
complacencia de la izquierda, pero parece impensable que sus elogios al
Presidente por esta causa pudieran traducirse en apoyos para una eventual
proyección política ulterior en 2017, interpretación generalizadamente
extendida. En cambio, resulta más plausible que la figura y la gestión de
Piñera sean juzgadas a luz de la votación que obtenga la candidata que encarna
el ideario que a él le permitió ser elegido.
El cierre del Gobierno de EE.UU.
Desde el 1 de octubre, el Gobierno de EE.UU. ha
suspendido todos los servicios no esenciales que dependen del Estado Federal.
Tan extraña situación deriva de la negativa del Congreso, particularmente de la
Cámara de Representantes con mayoría republicana, de aprobar las normas Legales
que entregan aproximadamente el 40% de los recursos para el año Fiscal que se
inicia en la fecha citada. Al producirse el cierre del Gobierno, casi 800 mil
trabajadores públicos son suspendidos automáticamente de sus funciones, con un
permiso sin goce de sueldo.
En la práctica, esto no solo implica que
museos, monumentos y parques de administración Federal se cierren al público,
sino también que diversos servicios sociales, de transporte y aun agencias de
seguridad pública, vean afectada su capacidad de funcionamiento. Hasta la NASA
se ha visto alcanzada: ha informado su incapacidad de producir imágenes
satelitales, tema de gran importancia en un país que es azotado continuamente
por tormentas.
Las consecuencias económicas son calamitosas.
Se estima que un cierre de entre tres y cuatro semanas tiene un costo de
aproximadamente 55 mil millones de dólares. Goldman Sachs prevé que de
prolongarse por un mes, el producto interno de EE.UU. se reduciría en 0,9%. Eso
alarma, dada la lenta recuperación de su economía: el PIB ha crecido menos de
2% en lo que va de 2013.
Si los efectos macroeconómicos parecen
espeluznantes, los microeconómicos no se quedan atrás, porque los servicios de
protección social y salud también son muy golpeados. Se cree que los 9 millones
de mujeres en hogares de bajos ingresos con niños que reciben alimentos a
través de los programas de suplemento nutricional pueden dejar de recibir los
beneficios, de no aprobarse los fondos en las próximas semanas. Asimismo, la
entrega de cheques de la seguridad social podría verse atrasada por no contarse
con el personal necesario para procesarlos. También el Instituto Nacional de
Salud ha informado que disminuirá sus operaciones al mínimo.
El Presidente Obama lo ha resumido así:
"El cierre tendrá un efecto económico sobre la gente real,
inmediatamente".
Algo de historia: más de 24 horas.
Si bien el Gobierno Federal ha cerrado en 17
ocasiones desde 1976, en pocas ocasiones esos episodios han durado más de 24
horas. Sin embargo, se teme que esta vez se repita lo ocurrido entre noviembre
de 1995 y enero de 1996: el Gobierno cerró entonces durante 28 días, por el
debate político entre el Presidente Clinton, demócrata, y el Congreso con
mayoría republicana respecto del presupuesto para seguridad social ( Medicare
), educación, medio ambiente y salud pública. No hay cifras precisas del costo
del cierre, pero solo por concepto de contratos del Estado con terceros, se
cree que se afectaron transacciones por 3.700 millones de dólares. El impacto
sobre Chile fue mínimo, reflejándose en un leve fortalecimiento del peso
respecto del dólar.
"Es la política, estúpido".
¿Qué explica lo que vive hoy la primera
economía del planeta? Como hace casi dos décadas, la respuesta está en la
profunda división entre demócratas y republicanos, con el agravante de que la
situación actual deriva de una espiral beligerante de varios años. Durante la
administración Obama, las diferencias por los orígenes y el manejo de la crisis
financiera se han acrecentado, cerrando las posibilidades de acuerdos
bipartidistas, otrora muy comunes en la política estadounidense.
En el centro del debate está la reforma de
salud de Obama, el Obamacare , que con un costo estimado de un millón de
millones de dólares en la próxima década, busca que todo ciudadano tenga un
seguro de salud mediante la entrega de subsidios, cambios en los mercados de seguros
y sanciones en caso de no hacerlo. Se calcula que, hasta antes de Obama, 30
millones de estadounidenses no contaban con un seguro. Y mientras los
demócratas consideran que esa medida busca mejorar la situación de millones de
ciudadanos (no solo pobres), los republicanos piensan que el Estado no puede
obligar a una familia a contratar un seguro si no quiere hacerlo. Estas
distintas visiones explican el fondo del problema.
Lo que viene, ¿con efectos para Chile?
Pero los efectos económicos del cierre del Gobierno
no se comparan con lo que puede ocurrir el 17 de octubre, fecha límite para que
el Congreso apruebe un nuevo aumento en el techo de la deuda. Todos los
estudios técnicos indican que un default puede ser catastrófico para la
economía de EE.UU., empujándola a una nueva recesión y desestabilizando los
mercados financieros globales. Por su exposición internacional, los efectos
para Chile de esto serían significativos.
Veremos si en los próximos días republicanos y
demócratas logran abrir las vías para un acuerdo en torno al presupuesto Federal.
El impacto económico, social y político de no hacerlo probablemente ayudará a
que eso se logre. Es lamentable, sin embargo, observar que incluso en un país
como EE.UU. la incapacidad de alcanzar acuerdos políticos impone costos a la
población: el atrincheramiento no lleva a buen puerto.
Correspondencia para meditar.
Señor Director:
Igualdad ante la Ley.
El traslado de los ancianos presos militares
desde el penal Cordillera al de Punta Peuco, que ya derivó en la muerte de uno
de ellos, ha sido justificado con el principio de igualdad ante la Ley.
¿Ha existido en este caso igualdad ante la Ley?
La perfecta asimetría con que han sido tratados los miembros de ambos bandos en
estos hechos demuestra que no, pues unos se beneficiaron plenamente de la Legislación
vigente. Se les aplicó la prescripción y la Ley de Amnistía. Finalmente, a los
que no aprovecharon esas categorías se les indultó. Hoy, no sólo no existen
presos de este signo, sino que muchos de los que participaron en hechos
terroristas gozan de plena credibilidad, participan de la vida política e
incluso integran el Congreso.
En la cara opuesta, la persecución ha sido
implacable. Se les ha negado la aplicación de centenarias instituciones del
derecho penal, como la prescripción, la cosa juzgada y la irretroactividad de
la Ley penal. Se crearon figuras nuevas sólo para poder condenarlos, como el
llamado secuestro permanente. En fin, se les aplicó un derecho que no regía en
la época en que ocurrieron los hechos y se les condena 40 años después, cuando
las circunstancias en Chile y en el mundo son completamente diferentes.
Claramente, no existe igualdad ante la Ley.
Gonzalo Vidal R.
Señor Director:
Sumándose al No.
Parece que hubo gente extra celebrando el
triunfo del No. Algo así como una confesión tardía con olor a oportunismo.
César Molfino.
Pueblos bien
informados
difícilmente
son engañados.
