1973: ¡Qué cosas se dicen!,
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Apasionante oficio el de los historiadores.
Tenemos que identificar el núcleo de un problema y colocarlo en una perspectiva
amplia, dentro de un gran proceso; y, finalmente, hemos de usar un lenguaje que
explique: lo nuestro no es dulcificar ni pacificar. Si hay que mantener una
herida abierta, porque es la única manera de que pueda cicatrizar sanamente, lo
haremos. Aunque nos amenacen con la cárcel los que solo piensan en la venganza.
Son muchos los errores históricos que se
cometen en estos días. ¡Qué cantidad de afirmaciones contrarias a las
evidencias con las que trabaja el historiador!
No se debe juzgar intenciones, que, con toda
seguridad, son rectas. Pero eso no basta, porque al hablar, esas palabras —y
por cierto, estas también— causan efectos, y eso hay que pensarlo antes de
emitirlas. Es parte de la integridad de la actividad pública: por muy bien
intencionado que sea lo que cada uno diga, hay que meditar si, al fin de
cuentas, es verdadero.
El primero que se ha equivocado es el
Presidente Piñera. Ha afirmado el Mandatario que hubo fuerzas políticas que
“debilitaron la democracia”. Hasta ahí llegó. No quiso decirlo con todas sus
letras: la UP fue un intento por convertir a Chile en una sociedad comunista.
“Debilitar la democracia”: ese es el límite que le parece razonable al
Presidente para interpretar el 11 de septiembre. Pero cuando se quiere jugar el
papel de estadista conciliador, la verdad se escapa; y cuando la verdad se
fuga, los liderazgos se esfuman.
Ha errado también Óscar Guillermo Garretón. Su
aparente buen análisis queda contrastado con una afirmación tan insólita como
esta: “La violencia fue culpa de todos”. No, simplemente, eso es inaceptable,
porque hubo quienes propiciaron la violencia de palabra, la ejecutaron de obra
y la validaron una vez perpetrada: fueron los marxistas. Otros se defendieron y
su única responsabilidad consistió en triunfar. Los berlineses en 1953, los
húngaros en 1956 y los checos en 1968 habían intentado, sin éxito, oponerse a
la dominación comunista. En Chile, resultó.
No acierta tampoco Joaquín García-Huidobro,
cuando afirma que la mirada historiográfica señala que los marxistas fueron
“gente que de un día para otro quiso hacer la revolución”. Nada de eso: se ha
mostrado que fueron décadas preparándola, décadas sembrando el odio, décadas
advirtiéndonos que nos iban a derrotar para hacer de la revolución una ciencia
exacta. Por eso, la conclusión de García-Huidobro falla por la base: es
imposible escribir una historia a cuatro manos con los marxistas. Ellos creen
que la UP era un proceso histórico inevitable; nosotros la vemos como un
deliberado intento de dominación.
Y nos queda Hernán Larraín. Que cada uno pida
perdón por lo que quiera, siempre que sea concreto y determinable y que,
además, signifique reparaciones específicas. El punto no es ese aquí. Lo que al
historiador le llama la atención de sus declaraciones es esta afirmación: hubo
una “crisis política, económica y social que los líderes de la época fracasaron
en evitar”. Pareciera que había una fuerza cósmica, suprapersonal, con la que
nadie pudo lidiar, una especie de ley histórica que requería de políticos
excepcionales. No. El mismo Larraín insinúa que lo que hubo fue un deliberado
intento, perfectamente planeado y ejecutado con enorme energía, por convertir a
Chile en una sociedad comunista. ¿Qué otra cosa podían querer los dirigentes
marxistas de esa época sino lograr sus objetivos? ¿Hubo algo más evidente que
su consecuencia entre fines y medios?
Y quienes se opusieron —Aylwin y Frei
incluidos—, ¿podían hacer algo más que enfrentar esa agresión para salvar a
Chile?
Farándula en televisión
por Daniel Mansuy.
Restringir la emisión de farándula en
televisión abierta. La sugerencia, provocativa, es una de las propuestas
elaboradas por el equipo de Evelyn Matthei. En rigor, no se trata tanto de
censura como de calificación. Los programas de farándula deberían ser
transmitidos en horario de adultos, pues en ellos se suele atentar contra la
dignidad de las personas. La premisa es que no deberíamos exponer a nuestros
niños a consumir farándula durante varias horas al día.
La propuesta pone sobre la mesa una pregunta
que rara vez nos damos el tiempo de formular: ¿qué hacer con los contenidos
basura que inundan los canales nacionales? La intuición liberal más básica -que
de algún modo todos compartimos- afirma que no hay nada que hacer, pues
carecemos de toda autoridad para restringir la libertad de expresión. Nos
podremos lamentar y podremos dejar de ver ciertos programas, pero no podemos
ajustar la Ley a nuestros gustos.
Con todo, hay buenas razones para pensar que
esa respuesta es un poco pobre. Un liberal sofisticado como Popper, por
ejemplo, afirmaba que la televisión puede convertirse en un peligro para la
democracia. Este caso puede ser un ejemplo paradigmático de las limitaciones de
cierto liberalismo irreflexivo, que tiene dificultades para percibir la
dimensión pública implicada en toda acumulación de decisiones individuales. En
efecto, los contenidos televisivos contribuyen decisivamente a configurar
nuestro espacio público. ¿Podemos renunciar a todo tipo de acción colectiva
frente a ella sin renunciar también a bienes públicos fundamentales? ¿No habría
allí algo así como una grave abdicación política?
Por lo demás, el caso televisivo no es tan
distinto de otros. Allí reina el capitalismo salvaje en su expresión más pura:
la guerra por el rating conoce pocas reglas, y eso suele dar lugar a abusos. Si
esto es cierto, la intervención aquí no sería menos legítima que en otros
ámbitos. Pero el caso de la televisión es especialmente complicado, por la
presencia de un factor adicional: su innegable efecto en los niños. Ellos están
particularmente expuestos a la TV y carecen del criterio para evaluar lo que
ven. Esto se agrava en los sectores de escasos recursos, que no tienen cable ni
acceso a otros bienes culturales. Sabemos, además, que la familia tampoco
cumple el papel que muchos esperan; en parte porque sus contornos han ido
cambiando; y en parte porque los horarios y los trayectos impiden que los
padres puedan acompañar a sus hijos mientras éstos ven televisión. El resultado
es que muchos niños ven varias horas de televisión al día sin presencia de un
adulto. ¿Por qué estamos dispuestos a limitar su acceso al cigarrillo, al
alcohol y a los nocivos superochos, y no estamos dispuestos a hacer (casi) nada
en esta materia? ¿Cómo es posible que llevemos años discutiendo el problema
educacional sin jamás prestarle un minuto de atención a la televisión, frente a
la que pasan casi tanto tiempo como en el colegio?
La cuestión merece ser formulada sin remitirse
a consignas fáciles, porque la influencia de la televisión es demasiado
profunda. Degradar la cultura, decía Camus, es la mejor manera de acercarnos a
la servidumbre y a la barbarie: nuestros niños -y nuestro futuro- se merecen
algo mejor que eso.
La fuerza de las imágenes.
En la extrema polarización que Chile vivió en
los tres años del Gobierno de la Unidad Popular, el Canal 13, entonces de la
Universidad Católica, fue el único medio televisivo que hasta el 11 de
septiembre de 1973 mantuvo un contenido informativo pluralista y abierto. Sus
noticiarios, felizmente resguardados para la posteridad, pudieron mostrar y
conservar así para siempre las dos caras de la durísima confrontación urbana y campesina,
y los insolucionables procesos políticos que acabaron con la democracia
chilena. Todo este riquísimo acervo acaba de ser mostrado al público —por
primera vez en forma orgánica, 40 años después— en un programa titulado “Los
mil días”.
La serie de cuatro capítulos —en total, casi
seis horas de imágenes grabadas, y muchas hasta ahora inéditas— corresponde a
un trabajo riguroso del área de proyectos especiales de dicho canal, en la cual
se relatan los acontecimientos vividos durante el Gobierno de Salvador Allende
desde una perspectiva no solo política, sino de la cotidianidad del ciudadano
de la década de 1970. Se entregó con eso una indispensable contextualización,
que incluyó aristas tanto sociales como económicas y culturales, en un esfuerzo
por mostrar la complejidad de los hechos que derivaron en la gravísima crisis
que afectó al Estado y a la sociedad chilena.
La fuerza de las imágenes es tal, que pone en
un lugar secundario cualquier interpretación demasiado opuesta de los hechos.
Por de pronto, esta elocuencia gráfica evita el peligro de los sesgos que hoy
proliferan en la interesada adecuación de los mismos hechos a los intereses
políticos del presente. Sin ningún texto que los presione, los espectadores de
este continuo de los mil días se enfrentaron a imágenes extendidas de violencia
en todos los sectores y planos de la sociedad. Por sí mismos tomaron conciencia
visual de la ideología revolucionaria de la fuerza, profundamente afincada en
la realidad de esos días, y a partir de esas imágenes también pudieron entender
mejor la brutal consecuencia que tuvo tratar de imponer un esquema marxista a
una mayoría que lo rechazaba.
Lo esencial de tales imágenes es un clamor
público por la paz en medio de la agitación revolucionaria, por una parte, y la
también agresiva respuesta que ella encontró en esa época. Las voces
conciliadoras aparecen perdidas, sofocadas en medio de la turbamulta que llama
a extremar los hechos, y a la postre, todos advierten que viene el desenlace
inevitable. Ningún país, ninguna sociedad resiste infinidad de meses o
demasiados años en ese desorden cotidiano, en que no hay derechos válidos para
nadie con seguridad, y en que los Tribunales y la fuerza pública se ven
desbordados por imposiciones coyunturales.
Es una verdadera explosión de fuerzas
incontrolables, arrastradas a la violencia, la que muestran estas imágenes, y
la reflexión que podemos hacer de ellas es el más definitivo “nunca más” a la
entronización de esta violencia social y de este desprecio por las normas de una
sociedad verdaderamente democrática y respetuosa de las minorías.
Canal 13 y los valerosos periodistas y
camarógrafos que filmaron esas imágenes indelebles prestaron un señalado
servicio a nuestro país actual. Cuarenta años después, su testimonio está ahí,
comprobable y plenamente vigente como dura advertencia de lo que nunca debemos
repetir.
Competitividad e imagen país.
En forma paralela aparecen noticias relativas a
la imagen internacional de Chile, en cuanto “marca país” latinoamericana, y en
el ranking mundial de la competitividad, que influyen, desde distintos ángulos,
en las perspectivas del desarrollo nacional. En el primer aspecto, estaríamos
—según la encuesta Country Brand Index a dos mil viajeros y sobre cien expertos
en turismo que ahora compara a 21 naciones de la región— en el cuarto lugar,
superado sólo por Brasil, Argentina y Costa Rica, países que tienen a su favor
un bagaje histórico valioso, sea, los dos primeros, por su tamaño y riqueza que
los han destacado tradicionalmente a nivel internacional, y el tercero, además
de sus bellezas naturales, por su fama, poco habitual en Centroamérica, de
estabilidad democrática y vocación pacífica.
En lo que se denomina la “marca país” se recoge
la imagen que se forman los visitantes y, si bien ellos aprecian nuestras
ventajas en el orden institucional y económico, así como en la calidad de vida,
el déficit se refiere justamente al turismo, aunque también al rubro de
patrimonio y cultura. Debería, por tanto, impulsarse con fuerza un conjunto de
medidas —en parte ya emprendidas por el actual Gobierno— que aborden esos aspectos.
Quienes encabezan la nómina enfrentan hoy serios problemas que hasta ahora nos
son ajenos, y en estos mismos días se han conocido acá iniciativas en el campo
gastronómico que toman en cuenta el ejemplo de España en cuanto a la prioridad
que allá se les ha dado para potenciar el turismo de calidad como factor
prioritario en su propia marca país.
Por otra parte, en el ranking del Foro
Económico Mundial, Chile baja por tercer año consecutivo —esta vez un lugar— en
el índice de competitividad (en el cual Perú avanza consistentemente en los
seis últimos años). Allí están claras nuestras mayores fortalezas: también aquí
institucionalidad política, Legislativa y económica, desarrollo del mercado
financiero, banca sólida y proporción de la deuda pública, e incluso una
policía confiable. Asimismo, destacan las falencias: educacionales, en especial
en primaria y en las áreas de matemáticas y ciencia; baja inversión en
innovación; escasa participación femenina en la fuerza laboral; infraestructura
vial y aérea; aún poca diversificación de la economía con actividades de mayor
valor agregado y, con especial énfasis, la concentración económica.
El tema de la educación ha estado presente con
fuerza en los últimos años, pero es evidente que, más allá de los aspectos de
financiamiento para una mayor equidad, falta concretar el marco Jurídico y las
medidas que más directamente afectan el resultado del proceso de enseñanza,
como el mejoramiento del profesorado. En cuanto a la innovación cabe recordar
el informe presentado no hace mucho por el experto en la materia Fernando
Flores, que entrega un nuevo e interesante enfoque del problema, dirigido sobre
todo a una política de mediano y largo plazo, que, con independencia del debate
que merece, sin duda debería verse complementada con acciones urgentes. Porque
la competitividad requiere de una visión de conjunto y de la suma de soluciones
a los variados aspectos que influyen en ella. La tendencia a la baja que se
observa respecto a Chile puede ser revertida, pero ello supone acuerdos
políticos que, como se ha hecho notar, hoy no resultan fáciles.
Caso farmacias: el arriesgado paso de la Corte de
Apelaciones
Al rechazar el acuerdo alcanzado entre las
defensas de los 10 ejecutivos formalizados en el denominado caso farmacias y el
Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que el caso
sea resuelto en un Juicio oral dentro de unos meses. Aunque la medida podría
ser considerada positiva desde la perspectiva de la transparencia y el acceso
del público a los fundamentos esgrimidos por las partes, resulta arriesgada
desde el punto de vista procesal, porque pone a la Fiscalía y los Jueces que
resuelvan el caso en una incómoda posición para proseguir su caso.
En julio, el Séptimo Juzgado de Garantía de
Santiago aprobó el acuerdo de suspensión condicional del procedimiento
alcanzado entre la Fiscalía y las defensas de los ejecutivos formalizados. Este
arreglo, que no supone admisión de culpabilidad por parte de los imputados, los
obligaba, sin embargo, a pagar en conjunto multas por $ 255 millones y a
asistir a clases de ética empresarial. Pero la semana pasada la Corte de
Apelaciones echó por tierra el acuerdo, afirmando que el hecho de que el delito
de alteración fraudulenta de precios por el que están acusados los ejecutivos
haya sido eventualmente cometidos de manera reiterada, hace que los requisitos
exigidos por el Código Procesal Penal para aplicar la suspensión del
procedimiento no se cumplan en este caso. Según su interpretación, la
naturaleza y gravedad de los hechos imputados permite suponer que la pena
aplicada pueda superar los tres años de privación de libertad que la Ley
establece como límite máximo para alcanzar un acuerdo como el suscrito en julio
entre las partes.
La celebración del Juicio oral pone en una
situación compleja a la Fiscalía. Esta vio en la salida alternativa el camino
más lógico a seguir, por cuanto, además de involucrar penas bajas, es
discutible que el delito imputado pueda ser aplicado directamente a las
conductas anticompetencia, y también debido a que en 2003 fueron derogadas las
sanciones de cárcel para los delitos vinculados a la colusión. Esto fue
reconocido de forma explícita por el Fiscal que concluyó el acuerdo con las
defensas, quien dijo en esa oportunidad que la Legislación chilena “es
insuficiente para hacerse cargo de la colusión como fenómeno delictivo”. Ahora
deberá presentarse a Juicio esperando que, como señaló el Fiscal la semana
pasada, la interpretación de la Corte de Apelaciones sea compartida por el Tribunal
que vea el caso.
Este también ha sido puesto en una encrucijada
a raíz de la decisión de la Corte. La opinión pública se encuentra altamente
sensibilizada respecto de los episodios de colusión y en especial del caso
farmacias, donde actores relevantes de la industria incurrieron en conductas
anticompetitivas que fueron identificadas y sancionadas por el Tribunal de la
Libre Competencia. Los Jueces tendrán que enfrentar ese clima, al que se añade
la valoración que ha hecho del delito la Corte de Apelaciones. Cuando se
celebre finalmente el Juicio, los miembros del
Juzgado deberán ser capaces de sustraerse a ese ambiente y fallar en
atención al mérito de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, que es
lo exigible para que la justicia sea impartida de manera adecuada.
El trastorno del Registro Civil.
En 2008, una demanda de mejoramiento salarial
en el Registro Civil llevó a un paro por 11 días, que se solucionó mediante una
mesa tripartita entre trabajadores, la ANEF y autoridades de Gobierno de esa
época. Una situación similar se ha producido ahora: los funcionarios de dicho
servicio se declararon en paro indefinido el 29 de agosto, demandando un
incremento de sueldo equivalente a dos grados para todos los que no han tenido
reajustes desde 2008. Esto, precisamente cuando este servicio se aprestaba a
poner en vigencia el nuevo sistema de carnés y pasaportes que hace más seguros
tales documentos, con la aplicación de 25 medidas para evitar fraudes y
falsificaciones.
El trastorno para el público usuario es
gigantesco, pues incontables prestaciones quedan paralizadas o a merced de los
“turnos éticos” para casos de extrema urgencia, que —según han advertido los
dirigentes gremiales— eventualmente también serían suspendidos si no se llega a
acuerdo. Esto incluye inscripción de nacimientos y defunciones, pasando por lo
relativo al régimen conyugal y parental, documentos para atención de salud,
visas y viajes, certificados de antecedentes para trámites ante instituciones
públicas o privadas, licencias de conducir, discapacidades, dominio de
vehículos, entre muchos otros. Este somero esbozo del universo de competencias
del Registro Civil evidencia que sus funciones son indispensables para la vida
cotidiana. Su paralización podría incluso llegar a afectar diversos trámites
relacionados con el proceso electoral en curso. De allí la disposición Constitucional
según la cual “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de
las Municipalidades”, reducida en la práctica a una virtual declaración
programática vacía, pues ningún Gobierno la ha hecho valer hasta ahora.
Este servicio ha experimentado sucesivas
modernizaciones tecnológicas desde 1980, y la referida a carnés y pasaportes
más seguros es un paso importante en esa dirección. En la actualidad, el
excelente sitio web del Registro Civil ha sido considerado entre los mejores de
la administración pública, y desde 2009 ha aumentado la emisión de documentos
virtuales en casi 270%. En 2011 tuvo más de 50 millones de actuaciones en 444
oficinas a lo largo del país. Pero el daño que este paro inflige a la población
es aún mayor que el sufrido por la reciente huelga en la empresa Estatal de
Correos. El Ministerio de Justicia, del que depende el Registro Civil, no tiene
los recursos para acoger la demanda de sus funcionarios, si bien habría
opciones de un arreglo, y 2 de los 4 puntos de su petitorio se habrían
despejado: el aumento de la asignación del arancel por matrimonio para los
oficiales civiles y la postergación de una reestructuración del servicio.
Este último punto denota la tradicional
resistencia de los gremios Estatales a toda modernización que afecte sus
intereses, que ellos anteponen a los del público. Con ello, el ente Estatal
deja de ser un medio al servicio de la comunidad, para erigirse en un fin en sí
mismo, al servicio de sus funcionarios. Dotado de innúmeras atribuciones, su
poder se puede imponer a las autoridades democráticamente generadas, en este Gobierno
como en los anteriores.
Más allá de eso, cabe preguntarse qué pasos podrían
darse para mejor resguardo de los intereses de la mayoría de la población. Por
su naturaleza, el Registro Civil siempre será Estatal, pero cabría mirar la
experiencia de países avanzados y procurar adoptar aquellas modalidades que
reduzcan el riesgo de que los chilenos y sus autoridades queden una y otra vez
sujetos a la voluntad de gremios Estatales más poderosos que las instituciones Jurídicas.
Quizá la introducción de enérgicas políticas de externalización de todo cuanto
sea posible contribuiría a un balance más equilibrado entre las partes.
Vehículos de "lujo" en la Fiscalía.
Una investigación que dio a conocer este medio
reveló que la Fiscalía Sur de la Región Metropolitana incurrió en una serie de
gastos por concepto de arriendo de vehículos para uso del Fiscal Regional. Los
antecedentes obtenidos vía Ley de Transparencia señalan que entre 2011 y parte
de 2013 fue necesario arrendarlos durante 165 días, con un costo superior a $ 8
millones, justificándose para ello en los reiterados desperfectos que
presentaba el vehículo oficial del funcionario. Algunos de los autos arrendados
eran considerados de “lujo”. El caso deja en evidencia a lo menos una falta de
prudencia y buen criterio, por lo que corresponde una investigación acabada y
una revisión de los protocolos internos de la Fiscalía.
La Dirección Nacional del Ministerio Público ya
ofició a todos los Fiscales Regionales para que informen respecto de la
política de arriendo de vehículos entre 2012 y 2013. Es un paso correcto, y
cabría exigir que una vez que los antecedentes estén disponibles sean dados a
conocer a la opinión pública, pues es relevante que el organismo que está
llamando a perseguir los delitos cumpla altos estándares de transparencia y
muestre estricto apego a un uso responsable de los fondos públicos,
especialmente cuando se trata de un organismo que goza de autonomía y que no
está sujeto al escrutinio de la Contraloría General de la República, por lo que
debe contar con mecanismos propios de control que eviten este tipo de
problemas.
En el caso puntual, no parece razonable
discutir la facultad que debe tener un organismo público para arrendar
vehículos de manera temporal y para satisfacer necesidades específicas, pero es
necesario que existan instructivos más específicos que regulen esta situación,
y que los funcionarios se guíen por la
prudencia y el buen criterio. Si bien es debatible qué se entiende por auto de
“lujo” -entre los vehículos arrendados por la Fiscalía Sur figuran modelos de
alto costo- la figura del arriendo
debería estar limitada sólo a emergencias y necesidades técnicamente fundadas.
Demanda arbitral por gas argentino.
La empresa Metrogas ha informado que en mayo
pasado inició un Juicio Arbitral ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional de París, en contra de las empresas proveedoras de gas
argentino que participaron en los cortes que comenzaron hace casi una década.
La firma chilena demandó al consorcio de
empresas productoras de gas natural Aguada Pichana —formado por Total,
Wintershall y Pan American Energy LLC (PAE)—, exigiendo el pago de 241,4
millones de dólares como suma de los perjuicios derivados del incumplimiento de
los contratos de suministro de gas argentino, según se alega en la demanda.
Estos contratos se firmaron en 1997, y
enfrentaron problemas desde 2004, época en que el Gobierno argentino inició
restricciones a las exportaciones de gas.
Se conoce, además, que los contratos se firmaron
en el marco de acuerdos Gubernamentales entre Chile y Argentina, materializados
mediante un protocolo específico de cooperación para estos efectos, que amparó millonarias
inversiones en gasoducto y redes de distribución. Ese protocolo contiene
ciertos mecanismos Gubernamentales de solución de conflictos, que no habrían
sido utilizados, o bien que, habiéndolo sido, no surtieron el efecto de reparar
los perjuicios de las empresas chilenas que recibieron el impacto de los
cortes.
A 10 años de los problemas, la matriz
energética chilena ya asumió la inestabilidad en la provisión de gas argentino
y lo sustituyó por otras fuentes de generación, más caras y sucias, como carbón
y petróleo. Quedaba pendiente, sin embargo, resolver cuál sería la actitud del
sector privado nacional afectado por el incuestionable incumplimiento de contratos,
y sus efectos en el plano Jurídico.
Así, la demanda de Metrogas es un paso correcto
en el ejercicio de derechos de privados dañados por la acción sobreviniente de
un Gobierno extranjero que, obligando a sus propias empresas a infringir la
letra de sus contratos, traspasa costos cuantiosos a terceros que hasta hoy
venían sufriendo impunemente esos perjuicios.
En todo caso, las empresas demandadas asumieron
obligaciones, y en tal calidad deben responder ante sus contrapartes chilenas.
En el mundo comercial y Jurídicamente integrado de hoy, incluso sin que medien
tratados comerciales entre Estados, las empresas disponen de instrumentos Jurídicos
cada vez más aptos para hacer primar la regla de la Ley, y la Cámara de
Comercio de París, con su Corte de Arbitraje, es la sede más prestigiada en el
mundo del derecho comercial para resolver esta clase de diferencias.
En este caso, la disputa se radica entre
privados, pero cada vez con más frecuencia también los Estados mismos pueden
ser arrastrados a juicio, como lo prueban varias sentencias del Ciadi (Tribunal
del Banco Mundial en Washington) contra Argentina, o el fallo de la Corte de
Nueva York contra ese mismo país, obligando a pagar a los tenedores de “bonos
basura” emitidos por él.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.