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jueves, 5 de septiembre de 2013

Temas de máxima actualidad....

















1973: ¡Qué cosas se dicen!,
por Gonzalo Rojas Sánchez.


Apasionante oficio el de los historiadores. Tenemos que identificar el núcleo de un problema y colocarlo en una perspectiva amplia, dentro de un gran proceso; y, finalmente, hemos de usar un lenguaje que explique: lo nuestro no es dulcificar ni pacificar. Si hay que mantener una herida abierta, porque es la única manera de que pueda cicatrizar sanamente, lo haremos. Aunque nos amenacen con la cárcel los que solo piensan en la venganza.


Son muchos los errores históricos que se cometen en estos días. ¡Qué cantidad de afirmaciones contrarias a las evidencias con las que trabaja el historiador!


No se debe juzgar intenciones, que, con toda seguridad, son rectas. Pero eso no basta, porque al hablar, esas palabras —y por cierto, estas también— causan efectos, y eso hay que pensarlo antes de emitirlas. Es parte de la integridad de la actividad pública: por muy bien intencionado que sea lo que cada uno diga, hay que meditar si, al fin de cuentas, es verdadero.


El primero que se ha equivocado es el Presidente Piñera. Ha afirmado el Mandatario que hubo fuerzas políticas que “debilitaron la democracia”. Hasta ahí llegó. No quiso decirlo con todas sus letras: la UP fue un intento por convertir a Chile en una sociedad comunista. “Debilitar la democracia”: ese es el límite que le parece razonable al Presidente para interpretar el 11 de septiembre. Pero cuando se quiere jugar el papel de estadista conciliador, la verdad se escapa; y cuando la verdad se fuga, los liderazgos se esfuman.


Ha errado también Óscar Guillermo Garretón. Su aparente buen análisis queda contrastado con una afirmación tan insólita como esta: “La violencia fue culpa de todos”. No, simplemente, eso es inaceptable, porque hubo quienes propiciaron la violencia de palabra, la ejecutaron de obra y la validaron una vez perpetrada: fueron los marxistas. Otros se defendieron y su única responsabilidad consistió en triunfar. Los berlineses en 1953, los húngaros en 1956 y los checos en 1968 habían intentado, sin éxito, oponerse a la dominación comunista. En Chile, resultó.


No acierta tampoco Joaquín García-Huidobro, cuando afirma que la mirada historiográfica señala que los marxistas fueron “gente que de un día para otro quiso hacer la revolución”. Nada de eso: se ha mostrado que fueron décadas preparándola, décadas sembrando el odio, décadas advirtiéndonos que nos iban a derrotar para hacer de la revolución una ciencia exacta. Por eso, la conclusión de García-Huidobro falla por la base: es imposible escribir una historia a cuatro manos con los marxistas. Ellos creen que la UP era un proceso histórico inevitable; nosotros la vemos como un deliberado intento de dominación.


Y nos queda Hernán Larraín. Que cada uno pida perdón por lo que quiera, siempre que sea concreto y determinable y que, además, signifique reparaciones específicas. El punto no es ese aquí. Lo que al historiador le llama la atención de sus declaraciones es esta afirmación: hubo una “crisis política, económica y social que los líderes de la época fracasaron en evitar”. Pareciera que había una fuerza cósmica, suprapersonal, con la que nadie pudo lidiar, una especie de ley histórica que requería de políticos excepcionales. No. El mismo Larraín insinúa que lo que hubo fue un deliberado intento, perfectamente planeado y ejecutado con enorme energía, por convertir a Chile en una sociedad comunista. ¿Qué otra cosa podían querer los dirigentes marxistas de esa época sino lograr sus objetivos? ¿Hubo algo más evidente que su consecuencia entre fines y medios?


Y quienes se opusieron —Aylwin y Frei incluidos—, ¿podían hacer algo más que enfrentar esa agresión para salvar a Chile?


Farándula en televisión
por Daniel Mansuy.


Restringir la emisión de farándula en televisión abierta. La sugerencia, provocativa, es una de las propuestas elaboradas por el equipo de Evelyn Matthei. En rigor, no se trata tanto de censura como de calificación. Los programas de farándula deberían ser transmitidos en horario de adultos, pues en ellos se suele atentar contra la dignidad de las personas. La premisa es que no deberíamos exponer a nuestros niños a consumir farándula durante varias horas al día.


La propuesta pone sobre la mesa una pregunta que rara vez nos damos el tiempo de formular: ¿qué hacer con los contenidos basura que inundan los canales nacionales? La intuición liberal más básica -que de algún modo todos compartimos- afirma que no hay nada que hacer, pues carecemos de toda autoridad para restringir la libertad de expresión. Nos podremos lamentar y podremos dejar de ver ciertos programas, pero no podemos ajustar la Ley a nuestros gustos.


Con todo, hay buenas razones para pensar que esa respuesta es un poco pobre. Un liberal sofisticado como Popper, por ejemplo, afirmaba que la televisión puede convertirse en un peligro para la democracia. Este caso puede ser un ejemplo paradigmático de las limitaciones de cierto liberalismo irreflexivo, que tiene dificultades para percibir la dimensión pública implicada en toda acumulación de decisiones individuales. En efecto, los contenidos televisivos contribuyen decisivamente a configurar nuestro espacio público. ¿Podemos renunciar a todo tipo de acción colectiva frente a ella sin renunciar también a bienes públicos fundamentales? ¿No habría allí algo así como una grave abdicación política?


Por lo demás, el caso televisivo no es tan distinto de otros. Allí reina el capitalismo salvaje en su expresión más pura: la guerra por el rating conoce pocas reglas, y eso suele dar lugar a abusos. Si esto es cierto, la intervención aquí no sería menos legítima que en otros ámbitos. Pero el caso de la televisión es especialmente complicado, por la presencia de un factor adicional: su innegable efecto en los niños. Ellos están particularmente expuestos a la TV y carecen del criterio para evaluar lo que ven. Esto se agrava en los sectores de escasos recursos, que no tienen cable ni acceso a otros bienes culturales. Sabemos, además, que la familia tampoco cumple el papel que muchos esperan; en parte porque sus contornos han ido cambiando; y en parte porque los horarios y los trayectos impiden que los padres puedan acompañar a sus hijos mientras éstos ven televisión. El resultado es que muchos niños ven varias horas de televisión al día sin presencia de un adulto. ¿Por qué estamos dispuestos a limitar su acceso al cigarrillo, al alcohol y a los nocivos superochos, y no estamos dispuestos a hacer (casi) nada en esta materia? ¿Cómo es posible que llevemos años discutiendo el problema educacional sin jamás prestarle un minuto de atención a la televisión, frente a la que pasan casi tanto tiempo como en el colegio?


La cuestión merece ser formulada sin remitirse a consignas fáciles, porque la influencia de la televisión es demasiado profunda. Degradar la cultura, decía Camus, es la mejor manera de acercarnos a la servidumbre y a la barbarie: nuestros niños -y nuestro futuro- se merecen algo mejor que eso.


La fuerza de las imágenes.


En la extrema polarización que Chile vivió en los tres años del Gobierno de la Unidad Popular, el Canal 13, entonces de la Universidad Católica, fue el único medio televisivo que hasta el 11 de septiembre de 1973 mantuvo un contenido informativo pluralista y abierto. Sus noticiarios, felizmente resguardados para la posteridad, pudieron mostrar y conservar así para siempre las dos caras de la durísima confrontación urbana y campesina, y los insolucionables procesos políticos que acabaron con la democracia chilena. Todo este riquísimo acervo acaba de ser mostrado al público —por primera vez en forma orgánica, 40 años después— en un programa titulado “Los mil días”.


La serie de cuatro capítulos —en total, casi seis horas de imágenes grabadas, y muchas hasta ahora inéditas— corresponde a un trabajo riguroso del área de proyectos especiales de dicho canal, en la cual se relatan los acontecimientos vividos durante el Gobierno de Salvador Allende desde una perspectiva no solo política, sino de la cotidianidad del ciudadano de la década de 1970. Se entregó con eso una indispensable contextualización, que incluyó aristas tanto sociales como económicas y culturales, en un esfuerzo por mostrar la complejidad de los hechos que derivaron en la gravísima crisis que afectó al Estado y a la sociedad chilena.


La fuerza de las imágenes es tal, que pone en un lugar secundario cualquier interpretación demasiado opuesta de los hechos. Por de pronto, esta elocuencia gráfica evita el peligro de los sesgos que hoy proliferan en la interesada adecuación de los mismos hechos a los intereses políticos del presente. Sin ningún texto que los presione, los espectadores de este continuo de los mil días se enfrentaron a imágenes extendidas de violencia en todos los sectores y planos de la sociedad. Por sí mismos tomaron conciencia visual de la ideología revolucionaria de la fuerza, profundamente afincada en la realidad de esos días, y a partir de esas imágenes también pudieron entender mejor la brutal consecuencia que tuvo tratar de imponer un esquema marxista a una mayoría que lo rechazaba.


Lo esencial de tales imágenes es un clamor público por la paz en medio de la agitación revolucionaria, por una parte, y la también agresiva respuesta que ella encontró en esa época. Las voces conciliadoras aparecen perdidas, sofocadas en medio de la turbamulta que llama a extremar los hechos, y a la postre, todos advierten que viene el desenlace inevitable. Ningún país, ninguna sociedad resiste infinidad de meses o demasiados años en ese desorden cotidiano, en que no hay derechos válidos para nadie con seguridad, y en que los Tribunales y la fuerza pública se ven desbordados por imposiciones coyunturales.


Es una verdadera explosión de fuerzas incontrolables, arrastradas a la violencia, la que muestran estas imágenes, y la reflexión que podemos hacer de ellas es el más definitivo “nunca más” a la entronización de esta violencia social y de este desprecio por las normas de una sociedad verdaderamente democrática y respetuosa de las minorías.


Canal 13 y los valerosos periodistas y camarógrafos que filmaron esas imágenes indelebles prestaron un señalado servicio a nuestro país actual. Cuarenta años después, su testimonio está ahí, comprobable y plenamente vigente como dura advertencia de lo que nunca debemos repetir.


Competitividad e imagen país.


En forma paralela aparecen noticias relativas a la imagen internacional de Chile, en cuanto “marca país” latinoamericana, y en el ranking mundial de la competitividad, que influyen, desde distintos ángulos, en las perspectivas del desarrollo nacional. En el primer aspecto, estaríamos —según la encuesta Country Brand Index a dos mil viajeros y sobre cien expertos en turismo que ahora compara a 21 naciones de la región— en el cuarto lugar, superado sólo por Brasil, Argentina y Costa Rica, países que tienen a su favor un bagaje histórico valioso, sea, los dos primeros, por su tamaño y riqueza que los han destacado tradicionalmente a nivel internacional, y el tercero, además de sus bellezas naturales, por su fama, poco habitual en Centroamérica, de estabilidad democrática y vocación pacífica.


En lo que se denomina la “marca país” se recoge la imagen que se forman los visitantes y, si bien ellos aprecian nuestras ventajas en el orden institucional y económico, así como en la calidad de vida, el déficit se refiere justamente al turismo, aunque también al rubro de patrimonio y cultura. Debería, por tanto, impulsarse con fuerza un conjunto de medidas —en parte ya emprendidas por el actual Gobierno— que aborden esos aspectos. Quienes encabezan la nómina enfrentan hoy serios problemas que hasta ahora nos son ajenos, y en estos mismos días se han conocido acá iniciativas en el campo gastronómico que toman en cuenta el ejemplo de España en cuanto a la prioridad que allá se les ha dado para potenciar el turismo de calidad como factor prioritario en su propia marca país.


Por otra parte, en el ranking del Foro Económico Mundial, Chile baja por tercer año consecutivo —esta vez un lugar— en el índice de competitividad (en el cual Perú avanza consistentemente en los seis últimos años). Allí están claras nuestras mayores fortalezas: también aquí institucionalidad política, Legislativa y económica, desarrollo del mercado financiero, banca sólida y proporción de la deuda pública, e incluso una policía confiable. Asimismo, destacan las falencias: educacionales, en especial en primaria y en las áreas de matemáticas y ciencia; baja inversión en innovación; escasa participación femenina en la fuerza laboral; infraestructura vial y aérea; aún poca diversificación de la economía con actividades de mayor valor agregado y, con especial énfasis, la concentración económica.


El tema de la educación ha estado presente con fuerza en los últimos años, pero es evidente que, más allá de los aspectos de financiamiento para una mayor equidad, falta concretar el marco Jurídico y las medidas que más directamente afectan el resultado del proceso de enseñanza, como el mejoramiento del profesorado. En cuanto a la innovación cabe recordar el informe presentado no hace mucho por el experto en la materia Fernando Flores, que entrega un nuevo e interesante enfoque del problema, dirigido sobre todo a una política de mediano y largo plazo, que, con independencia del debate que merece, sin duda debería verse complementada con acciones urgentes. Porque la competitividad requiere de una visión de conjunto y de la suma de soluciones a los variados aspectos que influyen en ella. La tendencia a la baja que se observa respecto a Chile puede ser revertida, pero ello supone acuerdos políticos que, como se ha hecho notar, hoy no resultan fáciles.


Caso farmacias: el arriesgado paso de la Corte de Apelaciones


Al rechazar el acuerdo alcanzado entre las defensas de los 10 ejecutivos formalizados en el denominado caso farmacias y el Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que el caso sea resuelto en un Juicio oral dentro de unos meses. Aunque la medida podría ser considerada positiva desde la perspectiva de la transparencia y el acceso del público a los fundamentos esgrimidos por las partes, resulta arriesgada desde el punto de vista procesal, porque pone a la Fiscalía y los Jueces que resuelvan el caso en una incómoda posición para proseguir su caso.


En julio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aprobó el acuerdo de suspensión condicional del procedimiento alcanzado entre la Fiscalía y las defensas de los ejecutivos formalizados. Este arreglo, que no supone admisión de culpabilidad por parte de los imputados, los obligaba, sin embargo, a pagar en conjunto multas por $ 255 millones y a asistir a clases de ética empresarial. Pero la semana pasada la Corte de Apelaciones echó por tierra el acuerdo, afirmando que el hecho de que el delito de alteración fraudulenta de precios por el que están acusados los ejecutivos haya sido eventualmente cometidos de manera reiterada, hace que los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal para aplicar la suspensión del procedimiento no se cumplan en este caso. Según su interpretación, la naturaleza y gravedad de los hechos imputados permite suponer que la pena aplicada pueda superar los tres años de privación de libertad que la Ley establece como límite máximo para alcanzar un acuerdo como el suscrito en julio entre las partes.


La celebración del Juicio oral pone en una situación compleja a la Fiscalía. Esta vio en la salida alternativa el camino más lógico a seguir, por cuanto, además de involucrar penas bajas, es discutible que el delito imputado pueda ser aplicado directamente a las conductas anticompetencia, y también debido a que en 2003 fueron derogadas las sanciones de cárcel para los delitos vinculados a la colusión. Esto fue reconocido de forma explícita por el Fiscal que concluyó el acuerdo con las defensas, quien dijo en esa oportunidad que la Legislación chilena “es insuficiente para hacerse cargo de la colusión como fenómeno delictivo”. Ahora deberá presentarse a Juicio esperando que, como señaló el Fiscal la semana pasada, la interpretación de la Corte de Apelaciones sea compartida por el Tribunal que vea el caso.


Este también ha sido puesto en una encrucijada a raíz de la decisión de la Corte. La opinión pública se encuentra altamente sensibilizada respecto de los episodios de colusión y en especial del caso farmacias, donde actores relevantes de la industria incurrieron en conductas anticompetitivas que fueron identificadas y sancionadas por el Tribunal de la Libre Competencia. Los Jueces tendrán que enfrentar ese clima, al que se añade la valoración que ha hecho del delito la Corte de Apelaciones. Cuando se celebre finalmente el Juicio, los miembros del  Juzgado deberán ser capaces de sustraerse a ese ambiente y fallar en atención al mérito de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, que es lo exigible para que la justicia sea impartida de manera adecuada.


El trastorno del Registro Civil.


En 2008, una demanda de mejoramiento salarial en el Registro Civil llevó a un paro por 11 días, que se solucionó mediante una mesa tripartita entre trabajadores, la ANEF y autoridades de Gobierno de esa época. Una situación similar se ha producido ahora: los funcionarios de dicho servicio se declararon en paro indefinido el 29 de agosto, demandando un incremento de sueldo equivalente a dos grados para todos los que no han tenido reajustes desde 2008. Esto, precisamente cuando este servicio se aprestaba a poner en vigencia el nuevo sistema de carnés y pasaportes que hace más seguros tales documentos, con la aplicación de 25 medidas para evitar fraudes y falsificaciones.


El trastorno para el público usuario es gigantesco, pues incontables prestaciones quedan paralizadas o a merced de los “turnos éticos” para casos de extrema urgencia, que —según han advertido los dirigentes gremiales— eventualmente también serían suspendidos si no se llega a acuerdo. Esto incluye inscripción de nacimientos y defunciones, pasando por lo relativo al régimen conyugal y parental, documentos para atención de salud, visas y viajes, certificados de antecedentes para trámites ante instituciones públicas o privadas, licencias de conducir, discapacidades, dominio de vehículos, entre muchos otros. Este somero esbozo del universo de competencias del Registro Civil evidencia que sus funciones son indispensables para la vida cotidiana. Su paralización podría incluso llegar a afectar diversos trámites relacionados con el proceso electoral en curso. De allí la disposición Constitucional según la cual “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las Municipalidades”, reducida en la práctica a una virtual declaración programática vacía, pues ningún Gobierno la ha hecho valer hasta ahora.


Este servicio ha experimentado sucesivas modernizaciones tecnológicas desde 1980, y la referida a carnés y pasaportes más seguros es un paso importante en esa dirección. En la actualidad, el excelente sitio web del Registro Civil ha sido considerado entre los mejores de la administración pública, y desde 2009 ha aumentado la emisión de documentos virtuales en casi 270%. En 2011 tuvo más de 50 millones de actuaciones en 444 oficinas a lo largo del país. Pero el daño que este paro inflige a la población es aún mayor que el sufrido por la reciente huelga en la empresa Estatal de Correos. El Ministerio de Justicia, del que depende el Registro Civil, no tiene los recursos para acoger la demanda de sus funcionarios, si bien habría opciones de un arreglo, y 2 de los 4 puntos de su petitorio se habrían despejado: el aumento de la asignación del arancel por matrimonio para los oficiales civiles y la postergación de una reestructuración del servicio.


Este último punto denota la tradicional resistencia de los gremios Estatales a toda modernización que afecte sus intereses, que ellos anteponen a los del público. Con ello, el ente Estatal deja de ser un medio al servicio de la comunidad, para erigirse en un fin en sí mismo, al servicio de sus funcionarios. Dotado de innúmeras atribuciones, su poder se puede imponer a las autoridades democráticamente generadas, en este Gobierno como en los anteriores.


Más allá de eso, cabe preguntarse qué pasos podrían darse para mejor resguardo de los intereses de la mayoría de la población. Por su naturaleza, el Registro Civil siempre será Estatal, pero cabría mirar la experiencia de países avanzados y procurar adoptar aquellas modalidades que reduzcan el riesgo de que los chilenos y sus autoridades queden una y otra vez sujetos a la voluntad de gremios Estatales más poderosos que las instituciones Jurídicas. Quizá la introducción de enérgicas políticas de externalización de todo cuanto sea posible contribuiría a un balance más equilibrado entre las partes.


Vehículos de "lujo" en la Fiscalía.


Una investigación que dio a conocer este medio reveló que la Fiscalía Sur de la Región Metropolitana incurrió en una serie de gastos por concepto de arriendo de vehículos para uso del Fiscal Regional. Los antecedentes obtenidos vía Ley de Transparencia señalan que entre 2011 y parte de 2013 fue necesario arrendarlos durante 165 días, con un costo superior a $ 8 millones, justificándose para ello en los reiterados desperfectos que presentaba el vehículo oficial del funcionario. Algunos de los autos arrendados eran considerados de “lujo”. El caso deja en evidencia a lo menos una falta de prudencia y buen criterio, por lo que corresponde una investigación acabada y una revisión de los protocolos internos de la Fiscalía.


La Dirección Nacional del Ministerio Público ya ofició a todos los Fiscales Regionales para que informen respecto de la política de arriendo de vehículos entre 2012 y 2013. Es un paso correcto, y cabría exigir que una vez que los antecedentes estén disponibles sean dados a conocer a la opinión pública, pues es relevante que el organismo que está llamando a perseguir los delitos cumpla altos estándares de transparencia y muestre estricto apego a un uso responsable de los fondos públicos, especialmente cuando se trata de un organismo que goza de autonomía y que no está sujeto al escrutinio de la Contraloría General de la República, por lo que debe contar con mecanismos propios de control que eviten este tipo de problemas.


En el caso puntual, no parece razonable discutir la facultad que debe tener un organismo público para arrendar vehículos de manera temporal y para satisfacer necesidades específicas, pero es necesario que existan instructivos más específicos que regulen esta situación, y que los funcionarios se  guíen  por  la prudencia y el buen criterio. Si bien es debatible qué se entiende por auto de “lujo” -entre los vehículos arrendados por la Fiscalía Sur figuran modelos de alto costo-  la figura del arriendo debería estar limitada sólo a emergencias y necesidades técnicamente fundadas.


Demanda arbitral por gas argentino.


La empresa Metrogas ha informado que en mayo pasado inició un Juicio Arbitral ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, en contra de las empresas proveedoras de gas argentino que participaron en los cortes que comenzaron hace casi una década.


La firma chilena demandó al consorcio de empresas productoras de gas natural Aguada Pichana —formado por Total, Wintershall y Pan American Energy LLC (PAE)—, exigiendo el pago de 241,4 millones de dólares como suma de los perjuicios derivados del incumplimiento de los contratos de suministro de gas argentino, según se alega en la demanda.


Estos contratos se firmaron en 1997, y enfrentaron problemas desde 2004, época en que el Gobierno argentino inició restricciones a las exportaciones de gas.


Se conoce, además, que los contratos se firmaron en el marco de acuerdos Gubernamentales entre Chile y Argentina, materializados mediante un protocolo específico de cooperación para estos efectos, que amparó millonarias inversiones en gasoducto y redes de distribución. Ese protocolo contiene ciertos mecanismos Gubernamentales de solución de conflictos, que no habrían sido utilizados, o bien que, habiéndolo sido, no surtieron el efecto de reparar los perjuicios de las empresas chilenas que recibieron el impacto de los cortes.


A 10 años de los problemas, la matriz energética chilena ya asumió la inestabilidad en la provisión de gas argentino y lo sustituyó por otras fuentes de generación, más caras y sucias, como carbón y petróleo. Quedaba pendiente, sin embargo, resolver cuál sería la actitud del sector privado nacional afectado por el incuestionable incumplimiento de contratos, y sus efectos en el plano Jurídico.


Así, la demanda de Metrogas es un paso correcto en el ejercicio de derechos de privados dañados por la acción sobreviniente de un Gobierno extranjero que, obligando a sus propias empresas a infringir la letra de sus contratos, traspasa costos cuantiosos a terceros que hasta hoy venían sufriendo impunemente esos perjuicios.


En todo caso, las empresas demandadas asumieron obligaciones, y en tal calidad deben responder ante sus contrapartes chilenas. En el mundo comercial y Jurídicamente integrado de hoy, incluso sin que medien tratados comerciales entre Estados, las empresas disponen de instrumentos Jurídicos cada vez más aptos para hacer primar la regla de la Ley, y la Cámara de Comercio de París, con su Corte de Arbitraje, es la sede más prestigiada en el mundo del derecho comercial para resolver esta clase de diferencias.


En este caso, la disputa se radica entre privados, pero cada vez con más frecuencia también los Estados mismos pueden ser arrastrados a juicio, como lo prueban varias sentencias del Ciadi (Tribunal del Banco Mundial en Washington) contra Argentina, o el fallo de la Corte de Nueva York contra ese mismo país, obligando a pagar a los tenedores de “bonos basura” emitidos por él.


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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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