A 43 años del triunfo de Allende, es bueno
recordar,
por Mario Montes.
Hace 43 años Salvador Allende Gossens ganó las
elecciones Presidenciales con un escaso 36,3% de los votos, imponiéndose por
menos de 30 mil votos al independiente Jorge Alessandri Rodríguez, y llegando a
La Moneda tras comprometerse con la democracia cristiana, con la que firmó un pacto de garantías Constitucionales,
que ciertamente no estaba en los cálculos del socialista respetar, para que le
apoyara en el Congreso pleno.
A la llegada del doctor a la Presidencia el
país ya se encontraba totalmente polarizado por la incesante siembra de
odiosidades, lo que se profundizó más aún, si es que fuera posible, con el
accionar Gubernamental, sus ilegalidades y las maniobras de sus grupos
extremistas armados que terminaron por demoler nuestra Patria social, política,
institucional y económicamente.
Los intentos de la unidad popular por controlar
la distribución de alimentos, la que era manipulada políticamente condenando al
hambre o al mercado negro a los opositores, la violencia extrema y un Estatismo
asfixiante mataban la iniciativa privada y condenaban a la ciudadanía a
depender para sobrevivir de la voluntad de los ocasionales ocupantes de La
Moneda.
La producción, sea esta industrial o agrícola,
habían sido pulverizadas, la educación totalmente dislocada con un proyecto que
pretendía el adoctrinamiento de las juventudes desde su más tierna edad, las
amenazantes manifestaciones se sucedían a toda hora, la mayoría de la
ciudadanía pedía finalizar un experimento que nos conducía directamente a una
dictadura de corte castrista.
La inflación desatada por el Gobierno, que
tenía a los chilenos con los bolsillos llenos de billetes, pero de escaso
valor, agobiaba a un pueblo que era expoliado por el mercado negro creado por
los partidarios del régimen que se llenaban las faltriqueras explotando las
necesidades básicas de una ciudadanía a la que pretendían controlar por el
inhumano expediente del racionamiento.
Creemos indispensable acordarse también que la
unidad popular y el allendismo preparaban todo para una cruenta guerra civil
con el indisimulado interés de lograr el poder total, que según algunos de sus
personeros debía provocar un millón de muertos con el objeto de liberar al país
de la burguesía, que implantara la dictadura del proletariado liderada por
ellos.
Los sucesos de la época han sido
convenientemente ocultados por torrentes propagandísticos que tratan de demostrar
que la historia no comenzó en esa fecha,
pero, olvidando por conveniencia las causas que llevaron a un quiebre institucional, traumático por cierto,
que tanto dolor trajo a la familia chilena, provocado por aquellos que llegaron
legalmente al Gobierno, pero deslegitimados por sus permanentes pisoteos a la
Constitución y las Leyes.
Los ventajistas que hoy endiosan la imagen de
Allende, buscando con ello obtener pequeños dividendos políticos de la tragedia
que provocaron con su incapacidad, falta de honestidad y sectarismo, sin duda
alguna deben una explicación a los chilenos por el daño que hicieron al país y
por habernos conducido a un traumático quiebre institucional que tanto dolor
trajo a muchos.
Ni tan “nueva”, ni con tanta “mayoría”,
A esta altura es indiscutible que un
eventual triunfo de la candidata Michelle Bachelet en las próximas elecciones Presidenciales,
sería producto principalmente de sus atributos personales no políticos y la
cercanía que es capaz de generar con la gente, donde los partidos de la
Concertación y el PC le restan bastante a su imagen.
Esta podría ser la explicación de que
en la reciente encuesta del CEP, la ex Presidenta marcara un 64% de evaluación
positiva, bajando 11 puntos en relación a diciembre del año pasado, y muy lejos
del 85% que tenía cuando comenzó el Gobierno de Sebastián Piñera.
Quizás lo único que debería
agradecerle Bachelet a la Concertación es que desde el momento en que dejó La
Moneda en 2010, le fueron despejando el camino de regreso.
Sin
embargo, ante una elección Presidencial con el record histórico de candidatos
que se presentan, no basta con ganar en primera o segunda vuelta. Es
fundamental que la persona que Gobierne por los próximos 4 años sea capaz de
enfrentar la crisis de representatividad y desconfianza que vive nuestro modelo
político. En este sentido, importa mucho con quienes estará en el poder.
La Concertación es una marca
desgastada y desprestigiada, que sólo el 17% de la población aprueba la forma
como está desarrollando su labor, según la misma encuesta CEP, y que además es
menos aprobaba que la coalición oficialista, situación que se ha mantenido
desde inicios del actual Gobierno.
Así es
difícil construir una mayoría que posibilite los cambios que Bachelet promete,
y que enfrente las altas expectativas que parte de la ciudadanía se está
haciendo.
Por ello la necesidad del cambio de
nombre por Nueva Mayoría, que no es más que la plena inclusión del Partido
Comunista a la histórica Concertación. No sólo de forma electoral sino que
esencialmente en un pacto político, dejando atrás las omisiones que hizo la
Concertación a favor del PC en las elecciones Parlamentarias de 2009, o la
lista en conjunto del PC con el PPD y el PRSD en las Municipales 2012.
Por todo lo anterior, los doblajes a
los que aspira esta Nueva Mayoría son inciertos, partiendo porque hay voto
voluntario. Además dependerán de cuánto Bachelet se involucre con su plantilla
Parlamentaria, con el riesgo de seguir bajando su imagen positiva en los
próximos meses, donde una foto entre
Michelle Bachelet y Guido Girardi es la mejor campaña posible para Evelyn
Matthei.
Asimismo, de los 118 candidatos que
presenta la lista Nueva Mayoría a la Cámara de Diputados, 45 de ellos son
actualmente Diputados, 8 fueron Diputados anteriormente por al menos un
período, 2 fueron Senadores años atrás, hay 5 ex Alcaldes, y 12 ex Concejales.
De los 45 diputados, José Miguel
Ortiz y Sergio Ojeda, ambos de la DC, aspiran a completar 28 años en el
Congreso. Si tomamos en cuenta las elecciones para el Congreso hechas en 2009,
hay 11 que fueron candidatos a Diputado y perdieron, y 2 que fueron como
candidatos a Senador y también resultaron vencidos.
Asimismo, más de la mitad de aquellos
que no son Diputados actualmente se han presentado al menos a una elección de
distinto tipo.
En resumen, Bachelet enfrenta una
elección con amplia ventaja en las encuestas, pero tensionada desde diversos
flancos.
Por una
parte, la candidatura de Evelyn Matthei y los demás aspirantes a La Moneda, por
otro lado, la ciudadanía expectante de que sus anuncios no sean sólo promesas,
y también desde la propia Nueva Mayoría, que aspira con ella a volver al poder.
Lo único que queda claro a la luz de
las encuestas, es que si resulta vencedora en noviembre o diciembre próximo, lo
habrá hecho a pesar de la Concertación.
El
cobre no es de todos los chilenos,
por Javier Infante.
Codelco
informó que su plan de inversiones se verá reducido en US$ 1.000 millones este
año debido a que no cuenta con el suficiente capital. Con pocas horas de diferencia
supimos que la empresa Estatal hará una oferta de $ 9 millones a cada
trabajador de la división Salvador, principalmente a título de bono de término
de conflicto tras una negociación colectiva. Se trata de $ 1,5 millones más que
lo pactado en el acuerdo de 2010. Cabe destacar que de acuerdo a la memoria
corporativa del período 2012, en dicha división trabajan cerca de 1.528
personas. Nueve millones de pesos para dicha cantidad de empleados significa el
desembolso de alrededor de US$ 27 millones.
La
reducción del plan de inversiones no tiene nada de sorprendente, pues en los
últimos años los recursos de Codelco han sido sobreexplotados por sus propios
trabajadores, quienes gozan de: a) ingresos salariales muy superiores al
promedio; b) bonificaciones regulares; c) subsidios variados; d) becas para los
trabajadores, sus cónyuges e hijos (las que este año llegarán a 2.150 por un
total de US$ 2,5 millones); f) beneficios para la familia; g) créditos blandos;
i) excelentes planes de salud; j) planes de jubilación, y k) el suculento bono por fin de negociación
colectiva que se recibe cada ciertos años.
En el caso
de los trabajadores de planta de Codelco, sólo diremos que ésta entregó a sus
trabajadores de la división Chuquicamata, por concepto de bono de término de
conflicto acordado en diciembre de 2012, la cifra de $ 19.800.000 a cada
trabajador. En esa división trabajan cerca de 6.767 empleados, según la memoria
2012, bajo la mencionada categoría, lo cual da como resultado el pago de
alrededor de US$ 268 millones. La división Ventanas logró en junio de 2012 un
bono por término de conflicto de $ 6.909.548 para cada uno de sus cerca de 988
trabajadores, equivalente a unos US$ 13,6 millones. Los 555 trabajadores de la
casa matriz en Santiago obtuvieron un bono de $ 9 millones cada uno, lo que
suma unos US$ 10 millones. Finalmente, en la división Andina se pagó un bono
por término de conflicto de $ 11 millones a cada uno de sus 1.622 trabajadores,
equivalentes a cerca de US$ 35,6 millones.
En relación
con los contratistas, este año se llegó a un acuerdo sin precedentes, pues
estos recibieron un bono igual que los trabajadores de planta: el monto fue de
$ 1,5 millones por trabajador, beneficiando a 40.000 operarios. Es decir,
Codelco gastó alrededor de US$ 147 millones en bonificaciones a sus
trabajadores. Si sumamos todos los recursos mencionados a título de bonos y
otros gastos de Codelco, sin analizar todas las operaciones ni todas las
prestaciones, se llega a la cifra de US$ 501 millones, es decir, la mitad de lo
que Codelco dejará de invertir.
¿Cuántas
poblaciones se habrían construido con esos recursos? A modo de ejemplo: el
conjunto habitacional “Mesa Seco”, recientemente inaugurado en Constitución,
que beneficia a 48 familias damnificadas por el terremoto del 2010, tuvo un
costo cercano a los US$ 2,2 millones.
Luego de lo
expuesto, planteo: ¿Es el cobre de todos los chilenos? Mi respuesta: en
absoluto. Sólo pertenece a “algunos afortunados”, los mismos que le están
impidiendo a la empresa crecer orgánicamente y desarrollarse a futuro.
Empleo
femenino.
Una de las
mejores noticias económicas de los últimos tiempos es que la incorporación de
las mujeres chilenas al mundo del trabajo está tomando fuerza. Hace unos días,
el INE informó sobre una tasa de desocupación de 5,7%, la más baja desde que se
realiza la Nueva Encuesta Nacional de Empleo. De las 813 mil ocupaciones que se
han creado desde 2010 a la fecha, más de la mitad, unas 467 mil, han sido
empleos femeninos. Aunque aún las mujeres sufren índices de desempleo mayores
que los hombres —6,3% ellas, versus 5,4% ellos—y en la última entrega del INE
se observó una menor fuerza de trabajo femenino, los avances han sido notorios
en los últimos años.
Los
expertos aseguran que una meta razonable en el próximo quinquenio es reducir a
la mitad la brecha entre Chile y los países de la OCDE en ocupación femenina,
es decir, que ésta supere el 50%. Para esto, se deben explorar dos vías:
primero, ayudar e incentivar a las mujeres más vulnerables a acceder a empleos
formales (lo que ya se está haciendo por la vía del subsidio al empleo femenino
del Ingreso Ético Familiar) y a la vez, crear las condiciones para que quienes
quieran entrar al mercado laboral puedan contar con apoyo en el cuidado de sus
hijos. Para esto último es clave la nueva Legislación de salas cuna, pero se
debe ir más allá y pensar también en la edad escolar. Hay programas como el
llamado “4 a 7” que se ha implementado en algunas Comunas, que alarga los
horarios de las escuelas para que los niños estén cuidados mientras sus padres
trabajan. A esto habría que sumar horarios extendidos para las atenciones
médicas y otras facilidades para que las madres no tengan que salirse del
mercado laboral en la época de crianza.
En este
momento de campaña Presidencial, donde por primera vez en la historia de Chile
dos mujeres representan a las grandes coaliciones, llama la atención que el
tema no sea central en el debate. Aún así, ya hay algunas propuestas sobre la
mesa. La candidata de la Alianza, ex Ministro del Trabajo, ha planteado
garantizar un ingreso de $300 mil a las mujeres vulnerables que entren al
mercado laboral y capacitar a 150 mil mujeres. La candidata de la Nueva Mayoría
aún no entrega oficialmente su propuesta de empleo, pero ha trascendido que
incluiría programas para incentivar empleo femenino y de jóvenes y también
alguna iniciativa en la línea de la equidad salarial entre hombres y mujeres.
Los restantes candidatos también han tocado el punto en sus propuestas, pero
sin aún tomar el protagonismo que merece.
El lograr
que las mujeres entren al mercado laboral no es sólo un tema de productividad
país. Más allá de las cifras, el empleo femenino significa una inyección de
independencia, tranquilidad económica y un camino de desarrollo personal, lo
que lo transforma en una bandera de lucha política de gran potencial.
Para
una mejor gestión del Estado.
El Estado
chileno administra hoy un presupuesto que es 10 veces superior (en dólares
corrientes) al de 1990. Su buen uso requiere un diseño adecuado de las
políticas públicas y también una implementación y administración acertadas.
Pero, pese a que en distintos momentos ha habido un esfuerzo por mejorar la
gestión pública, los estándares de operación de nuestro Estado están muy lejos
de aquellos de los de países avanzados. Se necesita, pues, un continuo esfuerzo
de reformas. Por eso es bienvenido el anuncio del Gobierno de un proyecto de Ley
que perfecciona la gestión Estatal y la Alta Dirección Pública.
Hay varios
aspectos interesantes en esta propuesta. Quizá el más relevante sea la
institucionalización de una unidad de gestión en el Ministerio de Hacienda, que
apoye a los Subsecretarios en la supervisión de los distintos servicios
públicos. Ellos -figuras políticas- son los Jefes administrativos de sus Ministerios,
pero sus tareas son múltiples y, por tanto, la posibilidad de supervisar la
gestión efectiva de los servicios se diluye. Este proyecto busca crear
directores de gestión que constituyan un apoyo para tales efectos (figuras
similares existen en países que se han puesto por objetivo una buena gestión
del Estado), y serían coordinados por un delegado Presidencial para la gestión,
lo que contribuirá a hacer presente permanentemente a los Subsecretarios que
deben otorgar importancia a esta tarea.
La
posibilidad de éxito de una modernización de estas características depende de
la integralidad con la que se aborde. Es positivo, por tanto, que el proyecto
de Ley también proponga reformas a los convenios colectivos de desempeño. Un
factor valioso al respecto es que el proyecto gradúa los beneficios por
cumplimiento de metas, evitando la actual situación en la que, aun si ellas se
incumplen muy levemente, se pierde todo el beneficio. Se pueden promover así
metas más ambiciosas. También se permite que puedan desarrollarse convenios de
desempeño individual con directivos de tercer nivel. Hay, pues, un paquete de
reformas que harían posible poner un foco más preciso en la gestión de los
servicios públicos.
Junto con
lo anterior, se amplía el número de servicios y cargos sujetos a la Alta
Dirección Pública y se fortalece esta institución, buscando, entre otros
aspectos, una mayor permanencia de los directivos, particularmente de los de
segundo nivel, porque se entiende que los del primero pueden requerir mayor
afinidad política con los Gobiernos de turno. Con todo, se mantienen y
perfeccionan las capacidades exigidas para estos directivos.
Por último,
este proyecto propone dotar al Servicio Civil de mayores herramientas para
influir en las políticas de recursos humanos del sector público y asegurar
mejores procesos de selección de personal en todos los niveles jerárquicos. Es
sin duda una reforma valiosa y modernizadora, que debería sumar apoyos
transversales, y que contribuiría por igual al mejor éxito de cualquier Gobierno.
Ojalá esto sea comprendido por los Legisladores y concurran voluntades
políticas suficientes para que la próxima administración, cualquiera ella sea,
pueda aprovechar sus ventajas respecto del cuadro actualmente imperante.
Anomalías
en entrega de pensiones.
Luego de realizar
una auditoría al pago de la Pensión Básica Solidaria de Vejez que realiza el
Instituto de Previsión Social (IPS), la Contraloría General de la República
detectó irregularidades en la entrega de este beneficio en el período de enero
a diciembre de 2011. El ente fiscalizador determinó en su informe que se les
siguió cancelando el monto por este concepto a 960 personas que estaban
fallecidas, implicando un desembolso de $ 114 millones. Además, se estableció
que cerca de 15 mil personas recibían esta pensión, a pesar de no contar con los
requisitos que determina la Ley para ello.
Tal como
concluye el reporte del órgano contralor, en estos hechos queda en evidencia la
ausencia de controles suficientes por parte del IPS y una falta de resguardo
del patrimonio público. Es primordial que estas anomalías sean subsanadas de
manera urgente por la entidad y que se realice una investigación sobre lo
ocurrido, de manera que se pueda determinar con certeza cuál fue el destino de
los fondos y si se está en presencia de un eventual fraude al Fisco. Cabe
determinar, también, desde cuándo se entregaban esos dineros, quiénes los
recibieron y el total de recursos dilapidados. Como la auditoría se hizo a
partir de una muestra específica (diciembre de 2011), resultaría oportuno que
se inicie una revisión total del proceso de entrega de pensiones que realiza el
IPS, para corroborar o descartar la existencia de nuevas anomalías.
Que la
Contraloría haya puesto los antecedentes a disposición del Ministerio Público es
un paso positivo para que se indague la eventual comisión de delitos. Asimismo,
a través del sumario que instruyó la Contraloría al IPS se deben despejar las
responsabilidades administrativas y aplicar las sanciones correspondientes a
quienes no cumplieron con su labor de garantizar que las pensiones se entreguen
de forma correcta. En paralelo, se deben reforzar los controles internos para
que estas situaciones no se repitan.
Afán
Legislativo.
A lo largo
de su mandato, una de las características del Gobierno de Piñera ha sido su
vocación y eficiencia Legislativas. Hasta ahora, ha enviado al Congreso más de
350 proyectos de Ley, de los que ha logrado aprobar cerca de la mitad, lo que
bien se compara con administraciones pasadas.
Con todo,
incluso dado este acelerado ritmo Legislativo, llama la atención que en los
últimos meses esa tendencia se haya acentuado aún más, a sabiendas de que las
posibilidades de lograr acuerdos en proyectos complejos son mínimas. Solo en
agosto se anunciaron o dieron a conocer iniciativas Legales en torno a una
reforma previsional, modernización del sector público, incentivo al reciclaje,
salas cuna, aumento de penas a pedófilos, bono por el tercer hijo, entre varias
otras.
No queda en
claro qué busca el Gobierno al enviar un número tan elevado de proyectos de Ley
como los referidos, dado que no verán la luz en los meses que le quedan por
delante. Podría pensarse que se trata de dejar establecida una agenda Legislativa
para la administración que venga, pero eso sería poco realista, sobre todo si
se da el escenario de un cambio de coalición Gobernante. Más bien parecería
existir cierto ánimo de dejar una suerte de testimonio del pensamiento de este
Gobierno en determinadas materias, cuya maduración social aún no ha alcanzado
un grado que haga factibles acuerdos políticos para transformarlos
efectivamente en Ley. Tal proliferación Legislativa no ha sido infrecuente en Gobiernos
anteriores. En la Presidencia de Aylwin se aprobaron 355 iniciativas de su
origen; 276 en la de Frei; 322 en la de Lagos; 203 en la de Bachelet.
Cualesquiera
sean las razones que expliquen esta suerte de afán Legislativo de ámbito tan
presionante, conlleva costos que no pueden dejar de tomarse en cuenta, y que
quizá deberían llevar al Gobierno a cuestionarse si la estrategia que está
siguiendo es la más aconsejable. Por de pronto, el estar copando la agenda
mediática con iniciativas Legales que no verán la luz pública en el corto plazo
resta posibilidades de aprovechar el período de campaña Presidencial para
centrar el debate público en asuntos que están más maduros y que resultan más
apremiantes en este momento, como todo lo relativo a la escasez energética, por
ejemplo, o los múltiples vacíos que dificultan una mejor gestión en seguridad
pública.
Por otra
parte, esta estrategia tampoco permite ordenar la agenda Legislativa -ocupada
en las últimas semanas por una muy poco pensada reforma al sistema electoral-,
poniendo énfasis en los dos o tres proyectos importantes que sí podrían ser
despachados antes del fin de este período Presidencial. A fin de cuentas, el
Gobierno aparece así pecando de pretender abarcar mucho, olvidando que, en
esto, más puede significar menos.
Virtudes
y defectos del proyecto de Ley sobre salas cuna.
El Gobierno
envió recientemente al Congreso un proyecto de Ley que modifica el actual
sistema de salas cuna, el cual -como consigna el artículo 203 del Código del
Trabajo- establece este beneficio para
las trabajadoras de empresas con 20 o más mujeres contratadas. La iniciativa
del Ejecutivo considera la creación de un fondo que contribuiría a financiar el
cuidado de los hijos menores de todas las trabajadoras dependientes, temporeras
agrícolas y empleadas de casa particular, eliminando así el piso mínimo anteriormente
señalado.
Para el
financiamiento de este fondo se redestinaría una parte de la cotización que los
empleadores efectúan actualmente al fondo de cesantía de los trabajadores (1%
de una cotización total de 1,6% de la remuneración imponible del trabajador),
por lo que la tasa global de cotizaciones (para pensiones de vejez, salud,
seguro de invalidez y sobrevivencia, cesantía, comisiones de AFP y salas cuna,
si prospera el proyecto) permanecería constante.
La
iniciativa Gubernamental representa un enorme avance respecto del sistema
vigente -de cobertura muy limitada, dado
que sólo 12% de las empresas tiene más de 20 trabajadoras-, pues junto con
ampliar hasta un estimado de 1,5 millones el número de beneficiarias, elimina
los fuertes desincentivos a la contratación de mujeres que derivan de radicar en las empresas la obligación de
proveer directamente o financiar el costo del cuidado de los menores de sus
trabajadoras. En este sentido, junto al estímulo indirecto a la natalidad que
representa, esta iniciativa debería potenciar las posibilidades laborales
femeninas y disminuir la diferencia entre sus remuneraciones y las de los
varones, que en parte refleja los mayores costos de contratar mujeres por
legislaciones mal concebidas, como la que modifica este proyecto.
Con todo,
el proyecto tiene defectos importantes que deben ser considerados durante la
discusión que tendrá lugar en la instancia Legislativa. Propone transformar una
fracción adicional de las cotizaciones para el seguro de cesantía en un
impuesto a la contratación (ya el 0,8% aportado por el empleador al Fondo
Solidario tenía ese carácter), algo altamente inconveniente cuando se anticipa
un decaimiento en la futura demanda por trabajo, producto de la previsible
desaceleración que podría experimentar la economía nacional en los meses
venideros. Este nuevo impuesto resulta aún menos justificado si el subsidio que
va a financiar no estará focalizado en mujeres con mayor necesidad, sino que
también llegará a aquellas de rentas más elevadas.
Se ha
señalado que la actual cotización a este fondo estaría sobredimensionada, pero
esta apreciación no parece tomar en cuenta el hecho de que en los últimos años
el país se ha visto beneficiado por un nivel de desempleo muy inferior al
promedio histórico y que no resulta responsable proyectar hacia el futuro.
Incluso, si llegara a ser cierta esa sobreestimación, lo que correspondería
sería rebajar esa cotización y reducir el costo de contratación de las
empresas, trasladando a costo Fiscal este subsidio, algo que en definitiva
parece más consistente con su fundamento general de promover la maternidad y el
trabajo femenino.
Correspondencia
para meditar.
Señor Director:
Pedir
perdón.
En un hecho
casi inadvertido, el viernes se cumplieron 30 años del cobarde asesinato del General
(R) Carol Urzúa, Intendente de la Región Metropolitana, y de sus dos escoltas:
el Cabo 2° José Aguayo Franco, de 34 años, y el Cabo 1° Carlos Riveros
Bequiarelli, de apenas 30 años. El automóvil fue atacado por un grupo de integrantes
armados del MIR. El vehículo recibió un total de 62 impactos de bala,
falleciendo en el lugar el General Urzúa y el Cabo Riveros. El Cabo Aguayo
logró salir del auto y arrastrarse hasta un jardín cercano, pero una mujer del
grupo mirista lo mató disparándole alrededor de 60 tiros en la espalda. A mí no
me lo contaron; yo pude escuchar los disparos desde mi casa.
Ahora que
está tan de moda, me pregunto: ¿Quién va a pedir perdón por este vil asesinato?
Jorge Biggs.
Señor
Director:
Más
Parlamentarios.
La verdad
es que es difícil convencer a la ciudadanía de aumentar la cantidad de miembros
del Congreso si los actuales no son capaces de asistir a las sesiones o las hacen
peligrar por falta de quórum. Francamente impresentable.
Macarena
Rivera.
Señor
Director:
Perfil
desconocido.
Hay un lado
del General Ernesto Videla que no todos conocen. Fue, en su juventud, jugador
de la Universidad de Chile. Un gran defensa, que siendo juvenil, alternó con
los del primer equipo a petición del entrenador Alejandro Scopelli.
Pudo y
debió haber sido el defensa central de la selección chilena del 62. De hecho,
como cadete, me tocó jugar con él en los "100 Águilas" contra la
selección alemana, que estaba concentrada en la Escuela Militar. Tito marcó un
gol que lo hizo muy feliz.
El destino
quiso que su amor a la patria lo hiciera entrar a la Escuela Militar y nos
privara de un gran defensor, pero nos entregó a un mejor defensor en el
conflicto con Argentina. Gracias a personas como Ernesto, podemos dormir
tranquilos, pues una guerra con Argentina hubiera sido hasta hoy un desastre.
Michel
Coddou Placier.
Señor
Director:
Abusos.
En Chile
sigue vigente una disposición Legal, pero abusiva, que permite al acreedor
hipotecario adjudicarse, en los dos tercios de su avalúo Fiscal, la propiedad
materia del remate. Cuantía muy inferior al valor real de la propiedad, en
perjuicio del deudor y su patrimonio, transformando la ejecución hipotecaria en
un gran negocio inmobiliario. El Poder Ejecutivo con su iniciativa y los
actuales Parlamentarios en ejercicio de su función Legislativa pueden eliminar
este abuso, sin campañas y promesas, modificando ahora la referida disposición,
precisamente en procura de un Chile sin abusos, más justo e inclusivo.
Marcos A.
Ceresuela M.
Pueblos
bien informados
difícilmente
son engañados.
