Ocupado Pidiendo Perdón,
por Hermógenes Pérez de Arce.
Hacía días que no podía escribir en este blog. He
estado dedicado casi exclusivamente a pedir perdón.
He pedido perdón por los engaños de Salvador Allende al pueblo de Chile, de cara al cual firmó un estatuto de garantías democráticas que no pensaba cumplir, como le confesó a su camarada periodista Regis Debray, a quien le confesó que sólo había accedido a comprometerse en él "como una necesidad táctica", pues su meta era el "socialismo marxista, científico, total", es decir, todo lo contrario de los prometido en el estatuto que había firmado, con partido único, prensa controlada prohibición de salir del país y envío de los disidentes a campos de rehabilitación, al estilo marxista.
Pido perdón por ese engaño. Pido perdón también por todos los caídos a manos del ejército clandestino marxista, que mató 301 personas sólo entre septiembre y diciembre de 1973, según las dos Comisiones formadas por Aylwin a partir de 1990. Pido perdón por los asesinatos del Intendente Carol Urzúa, del Jefe de Inteligencia Roger Vergara, de los Oficiales Carevic y Zegers, intentando desconectar explosivos, por el pasajero del metro muerto al estallar una bomba terrorista, por los Carabineros que cayeron al explotar bajo su bus una bomba vietnamita; por los 47 uniformados asesinados entre 1978 y 1986, según la publicación de "El Mercurio" de 30 de mayo de 1986 ("Caídos por Dios y por la Patria en el Cumplimiento de su Deber").
Pido perdón por Sebastián Piñera, que ha olvidado a
tantas víctimas del extremismo y ha insultado a aquellos de sus propios
colaboradores que trabajaron con el Gobierno Militar, describiéndolos como
"cómplices pasivos" bajo el Gobierno Militar, expresión que además de
envolver una connotación delictual calumniosa revela ignorancia, pues cómplices
son los que "cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o
simultáneos", de modo que desde el momento en que realizan
"actos" no pueden ser pasivos y si son pasivos no pueden ser cómplices.
Todo lo cual revela el guirigay que tiene en la cabeza, ya revelado cuando
afirmó que el voto "no" en el plebiscito permitía un más pronto
retorno a la democracia, en circunstancias en que era el voto "sí" la
vía más corta, pues reducía en un año la primera Presidencia de Augusto
Pinochet y hacía posible la vigencia del articulado permanente de la
Constitución, que hacía posible la plena democracia, desde un año antes.
Pido perdón por Oscar Guillermo Garretón, quien afirmó que "las víctimas son culpa de la dictadura si bien la violencia fue culpa de todos", por su olvido de las víctimas del marxismo, en particular las más indefensas, como el poblador Simón Yévenes o el guardia del Intenente Carol Urzúa que se arrastró malherido tras el atentado que mató a éste, pero a quien remató en el suelo con numerosos balazos en la espalda una "mujer metralleta" del MIR; o el agricultor Raúl Vásquez, quemado dentro de la casa de su fundo en 1972 por los marxistas, o Antonieta Maachel, que se suicidó en su fundo "La Tregua" en 1970, tras ser ultrajada por una banda marxista que le había usurpado su casa y su tierra. Y pido perdón también por haber ido Garretón, en los inicios del régimen unipopulista, como asesor para la expropiación de bancos por Allende, barbudo, vestido de guerrillero y con una pistola (la cual puso sobre la mesa) para después anunciarles a los aterrorizados funcionarios del banco que éste iba a ser expropiado y que no debían sacar de él ni siquiera una máquina de escribir, cosa que me ha relatado el gerente de operaciones de la institución allí presente, don Hernán Isotta, hace poco rato, a propósito de la moderación que parece exhibir ahora Garretón.
Pido perdón por la injusta condena de Sebastián Piñera y de la directiva de los Jueces de izquierda, que en lugar de pedir ellos perdón por dejar a los delincuentes libres y desconocer todas las leyes en su persecución prevaricadora a los uniformados (r), ahora exigen a la Corte Suprema pedir perdón por las actuaciones de ésta durante el Gobierno Militar, actuaciones que han sido falseadas por el Informe Rettig y por el propio Sebastián Piñera en estos días, acusando a los Tribunales de entonces por supuestamente no acoger recursos de amparo. Los catorce Ministros del pleno de la Corte Suprema, en 1991, rechazaron tales imputaciones y declararon: "...se aparta de la verdad el aserto de que se habría dejado en la indefensión a las personas sin base legal alguna, contrariando la normativa Jurídica. Lo que ha querido decir el Informe es que se habría contrariado la interpretación que eventualmente le habrían dado a esas mismas normas, los firmantes del Informe, lo que es bien distinto". El pleno declaró al Informe Rettig como un "apasionado, temerario y tendencioso producto de una investigación irregular y de probables prejuicios políticos".
El Presidente de la República haría bien en dejar de opinar sobre temas que desconoce y preocuparse del creciente clima de insubordinación y caos que vive el país por su falta de autoridad, a raíz de lo cual los chilenos ni siquiera pueden obtener documentos de identidad o pasaportes que les permitan viajar al exterior en busca de mejores horizontes que los ofrecidos en esta tierra de crecientes discriminaciones, violencia izquierdista y desfiguración histórica.
Yo también quiero pedir perdón,
por Nassir Sapag.
Para seguir la moda del perdón (exigida a unos y no
a otros), que más se parece a una estrategia comunicacional para descalificar
al adversario por lo que hace 40 (¿o 43?) años hizo o no hizo y si sabía o no
sabía, yo también quiero pedir perdón.
Perdón por haberme sumado a la DC cuando apoyó la
elección del Gobierno de minoría de Salvador Allende, descartando la opción de
que los chilenos eligiéramos democráticamente en una segunda vuelta a nuestro Presidente
y creer, ingenuamente, que Allende firmaba un Estatuto de Garantías
Democráticas para cumplirlo, y no como una maniobra táctica, como él mismo lo
reconoció más tarde.
Perdón también por haber apoyado, en 1970 e inicios
de 1971, la idea de una revolución en democracia como la solución ante la
incapacidad de Alessandri y Frei para generar una estrategia de desarrollo
país, Presidentes que además dieron pie a legitimar la intervención del Estado
en la propiedad privada.
Perdón por compartir públicamente la opinión del
63,3% de los Diputados de la derecha y el partido democratacristiano que el 22
de agosto de 1973 firmó el acuerdo que acusaba el grave quebrantamiento del
orden Constitucional y Legal de la República por parte del Gobierno, por
amparar atropellos contra las personas, violar los dictámenes de la Contraloría
General de la República, atentar contra la libertad de expresión y la libertad
de enseñanza, violar la garantía Constitucional del derecho de propiedad, crear
la peor crisis económica del país, quebrar el estado de derecho y usar a las Fuerzas
Armadas y Carabineros políticamente, en vez de encaminarlos a restablecer las
condiciones de la Constitución y las Leyes, y para garantizar la estabilidad
institucional, paz civil, seguridad y desarrollo, entre otras.
Perdón por sumarme a la gran mayoría del país que,
independiente de que hoy no lo quieran reconocer, veíamos como única opción
para evitar una guerra civil el que hubiera un golpe militar, y que aún hoy
creemos que fue una decisión correcta de la que no habría por qué avergonzarse
de haber apoyado.
Perdón por haber creído, en 1973, que los militares
de la época nos devolverían la democracia mucho antes de cuando lo hicieron.
Perdón por no hablar al principio de la dictadura,
aun sabiendo que se cometían atropellos a los derechos humanos, y recién
participar en la campaña del No cuando la mayoría se atrevió a expresar
públicamente su oposición, y por callar los logros del Gobierno militar por
temor a que se interpretara como apoyo a toda su gestión.
Perdón por creer que los dirigentes estudiantiles
tenían ideales y no haber visto que políticamente serán más de lo mismo por la
inconsecuencia de la forma en que quieren llegar al Congreso a toda costa, sin
vergüenzas a cambiar su discurso con tal de lograr su ambición.
Perdón por perder tiempo pidiendo perdón en vez de
estar pensando cómo mejorar la calidad de la educación, a demostrar que por
cambiar el binominal se necesita gastar en más Legisladores, a determinar si la
educación será gratis para unos pocos elegidos o las universidades públicas se
abrirán a todo el que quiera estudiar, o a justificar que es más rentable
financiar con los impuestos de los chilenos las campañas “publicitarias” (no
comunicacionales) de los candidatos que mejorar la atención de salud.
Lecciones y acuerdos,
Edmundo Eluchans.
A cuarenta años de ocurrido el golpe de Estado del
11 de septiembre de 1973, es recurrente la pregunta de si Chile ha alcanzado el
anhelado reencuentro. La respuesta negativa obliga a formularnos otra
interrogante, que es si la inexistencia de una visión común sobre las causas de
la intervención militar y sobre las responsabilidades políticas previas y
posteriores, es o no impedimento para lograr construir un futuro común
distinto, más tolerante y respetuoso de las ideas ajenas, capaz de generar
mecanismos institucionales en que nunca la fuerza reemplace a la política.
Sostengo la convicción más profunda de que ello no
es ni puede ser un impedimento, ya que construir ese futuro es un imperativo
ético insoslayable. Quienes hoy ejercemos algunas tareas públicas no podemos
eludir la responsabilidad que recae sobre nosotros. La historia nos juzgará
severamente si no entendemos la envergadura de la obligación que pesa sobre
nuestros hombros, ya que no hacerlo importa transferir a futuras generaciones
un conflicto que nos divide y del que no fueron parte.
No obstante que la sociedad chilena,
mayoritariamente, ha buscado desde el retorno a la democracia cerrar las
heridas del pasado, el peso de las distintas visiones respecto de las causas y
consecuencias de lo vivido en 1973 ha hecho imposible tener un diagnóstico
compartido, lo que afecta nuestra convivencia nacional, aunque probablemente
con una mirada objetiva a años del conflicto, ambas partes tengan algo de
razón. Ni el 11 de septiembre se gestó como un hecho espontáneo -sino que como
conclusión de una aguda crisis política-, ni los dolorosos abusos -a veces,
derechamente, crímenes- que afectaron a miles de personas pueden ser
justificados.
La experiencia de otros países que han vivido
quiebres cruentos en su convivencia revela que los procesos de reencuentro
social son lentos, en los que se instalan paulatinamente consensos básicos que
no buscan tanto reinterpretar el pasado, casi siempre tarea muy difícil, sino
que, a partir de los hechos, extraer lecciones y alcanzar acuerdos para no
repetir los errores y corregir los mecanismos e instrumentos que la sociedad se
da para zanjar sus diferencias.
¿Cuál es el rol de la política si no buscar caminos
para lograr sociedades integradas que construyan su desarrollo en un clima de
paz, seguridad y respeto?
Creo que después de cuatro décadas, debemos
centrarnos en las lecciones que generan estos hechos, buscando mecanismos
políticos e institucionales que impidan que ellos se vuelvan a repetir y
construyendo una cultura de respeto y convivencia cívica que permita
administrar las diferencias, respetar a los adversarios y hacer partícipes a
las minorías del deber de cuidado de la estabilidad democrática, que a todos
corresponde.
Ciertamente hay cuestiones políticas que nos
dividen, las que hoy se encuentran exacerbadas por la próxima contienda
electoral. En este contexto, un aspecto sustancial para el logro de un país más
unido y reconciliado es abordar con generosidad, lealtad e inteligencia las
exigencias que recíprocamente, aún hoy, se formulan las fuerzas políticas del
país. Ello se logra con gestos políticos concretos.
Como ejemplos de cuestiones que nos dividen, aun
cuando respecto de algunas puede haber una clara opción manifestada por la
ciudadanía, tenemos el sistema binominal, la forma como deben enfrentarse la
violencia y el vandalismo instalados como práctica en las manifestaciones
políticas, el financiamiento de la educación superior, la prioridad nacional
para resolver la pobreza extrema, y el enorme desafío de mejorar el sistema
previsional frente a una población que vive cada vez más años, entre otros.
Si las coaliciones políticas fueran hoy capaces de
concitar un acuerdo nacional, abordando algunos de estos temas, para
ofrecerlos, de manera simbólica, en nombre de quienes fueron víctimas de la
violencia política, de ambos lados, estaríamos dando un paso más sabio, valioso
y potente que cualquier recriminación que siga permanentemente mirando el
pasado.
De esta manera, construiríamos un país mejor y más
integrado, y las generaciones actuales percibirían generosidad y
desprendimiento de los actores políticos, sentido de país y visión de Estado,
en aras del proyecto común de construir un Chile mejor.
Memoria y uso del Once.
A cinco días del 40° aniversario del golpe militar,
la presencia de éste parece más viva que nunca, sea por la experiencia personal
de muchos chilenos, por la ausencia de Justicia en numerosos casos, por interés
académico o de aclaración de acontecimientos importantes de los que se conocen
versiones contradictorias y, para algunos, simplemente por una deliberada
utilización con el objetivo electoral de polarizar el proceso. El hecho es que,
en relación con esta fecha, se acumulan los programas televisivos, ediciones o
reediciones de libros, obras de teatro, foros académicos y todo tipo de debates
y opiniones, y ya esta semana surgieron los síntomas de la previsible violencia
de ese día, especialmente con los disparos contra Carabineros en La Pincoya y
los habituales incidentes de violencia al terminar la marcha estudiantil del
miércoles, menos numerosa que otras y sin incidentes en su trayecto. Más aún,
abundan los arrepentimientos por actos y omisiones de esa época y las
peticiones de perdón —o exigencias de hacerlo—, como sucede con la Corte
Suprema, incluso de parte del propio Presidente Piñera, que lo plantea al Poder
Judicial y, genéricamente, a la prensa. Perdón que es a título individual (sin
duda meritorio si el gesto es sincero), o en nombre de una institución (que
puede ser valioso o carente de contenido real cuando se hace por cuenta ajena).
El Mandatario intentó realizar un acto de carácter transversal para reflexionar
sobre la fecha y promover la unidad nacional, pero, sea por el rechazo de la
oposición —y de parte del oficialismo—, vacilaciones en la forma de organizarlo
y excusas de cinco de los candidatos Presidenciales, ha debido convertirlo en
una austera ceremonia con representantes de los Poderes Públicos que no
obtendrá su propósito original.
El golpe y los posteriores delitos.
Básicamente por el trágico peso de las violaciones
a los derechos fundamentales por agentes del Estado cometidas bajo el Gobierno
militar y con evidente responsabilidad de éste, y en parte también por el
actual sesgo dominante —sobre todo en la televisión y en las actividades
culturales— favorable a la “historia oficial” de ese período que ha logrado
imponer socialmente la izquierda, ocurre que el grueso de la información sobre
el Once se centra en aquellas violaciones posteriores al golpe, pero prescinde
del análisis de éste y de sus motivos y más aún del catastrófico período
precedente. Sin embargo, la simple consideración de la mayoritaria demanda del
fin de la UP en esa fecha, tanto política como institucional y ciudadana, que
incluyó por cierto a la directiva y las bases democratacristianas, obligaría a
reconocer un apoyo masivo a la intervención militar que no cabe identificar con
una aprobación a sus posteriores abusos. Lo aconsejable es que este debate,
para que no se vuelva estéril o sólo un ejercicio intelectual o de uso
político, sirva para avanzar en los terrenos de la justicia y la
reconciliación.
La tarea Legislativa.
El mayor avance político en el Congreso ha sido en
esta semana el despacho en la Comisión de Constitución del Senado del proyecto
de reforma al binominal. Subsisten, sin embargo, la reticencia de la UDI y la
negativa del Gobierno al aumento en el número de los Parlamentarios, a lo que
se suma el criterio del PPD, que expresó el Senador Lagos, y del PC, planteado
por el Diputado Teillier, en el sentido de postergar la discusión para después
de las elecciones, contando con la obvia posibilidad de alcanzar una amplia
mayoría para una reforma más profunda, todo lo cual arriesga empantanar la
iniciativa. Y algo parecido ocurre con los cambios propuestos a las isapres, lo
que limitaría la meta Legislativa del Ejecutivo. En cuanto a la nueva
distribución de Circunscripciones y Distritos y de los cupos de Senadores y Diputados,
que dimos a conocer el miércoles último, ella traería cambios significativos en
el respectivo número de Congresistas conforme al volumen de la población
correspondiente, con excepción de las zonas extremas del norte y del sur.
Además de reducir significativamente la aplicación del mecanismo binominal, se
crearían algunas grandes zonas electorales, seis de ellas con cuatro Senadores,
y nueve con Seis diputados. Pero lo más frecuente en el Senado sería, como
ahora, dos por cada una, y en la Cámara de Diputados 18 distritos con cuatro, y
sólo en cuatro seguiría habiendo dos, salvo que las calculadoras de los
partidos objeten los cambios que puedan perjudicarlos.
La campaña en curso.
En la oposición llama la atención el interés del
PPD en establecer un lazo más directo con el PS, el partido que ideológicamente
le es más cercano, en lugar de la tradicional vinculación entre el socialismo y
la DC. Esta, por su parte, busca, a lo menos en la Octava Región Costa,
reforzar aquel eje, que ha sido central en lo que fue la Concertación, con el
apoyo de la Democracia Cristiana al socialista (y defensor de esa alianza)
Camilo Escalona. En otro episodio de la campaña Parlamentaria, el candidato DC
a Senador por Santiago Poniente, Alberto Undurraga, ha asegurado el apoyo del
PC a su postulación, lo que muestra en la falange un nuevo paso hacia una
acción política conjunta. Respecto del Gobierno, un nuevo instructivo de la
Contraloría detalla con rigor aquellas actuaciones que constituirían
intervencionismo electoral, limitando incluso el uso de los medios electrónicos
y obligando a la igualdad entre todos los sectores políticos en la asistencia a
ceremonias y actos oficiales. Establece, además, las sanciones por infringir
tales normas de probidad administrativa —como asimismo por denuncias
infundadas—, que podrían llegar según el caso hasta la destitución del
funcionario responsable.
Demandas del movimiento estudiantil.
El movimiento estudiantil -liderados en esta
ocasión por la Confech- realizó el miércoles una nueva marcha en la ciudad de
Santiago para reivindicar su petitorio. Este no sólo se limita a aspectos
estrictamente educacionales, sino que también pretende impulsar una serie de
cambios estructurales en distintas áreas, lo cual dificulta la tarea de
apreciar con claridad las finalidades y demandas que persigue el movimiento.
La marcha, como ya se ha hecho costumbre en este
tipo de movilizaciones, terminó con incidentes y destrozos por parte de
encapuchados, lo que constituye un llamado de atención para los convocantes,
que parecen desentenderse de los costos que conllevan estas formas de protestas
para el resto de la ciudadanía.
En esta ocasión los dirigentes estudiantiles dieron
a conocer exigencias que sintetizan las demandas del movimiento en estos
últimos años. Junto con solicitar la desmunicipalización y otra serie de
cambios en educación, como la gratuidad total, también plantean la estatización
de la industria del cobre, reformas tributarias o el término de las AFP, por
mencionar algunos aspectos. Resulta legítimo que un movimiento social haga
presentes sus demandas, y que éstas incluso puedan ir más allá del campo
estrictamente educacional, pero es necesario que dichas exigencias sean
canalizadas por la vía institucional y no sean impuestas mediante acciones de
presión que ignoren la legítima deliberación pública.
El hecho de que el movimiento estudiantil mantenga
una potente capacidad de movilización no debe llevar a suponer que allí se
representan todas las voces de la sociedad. La última encuesta CEP revela que
la confianza ciudadana en el movimiento estudiantil ha decaído en forma
relevante, lo que abre legítimos cuestionamientos sobre la efectividad de las marchas,
y la necesidad de buscar otras formas de hacer oír su voz.
Alarmas en competitividad.
Chile bajó un puesto en el "Ranking Mundial de
Competitividad Global", quedando en el 34° lugar entre 148 países. Este
índice -promovido por el Foro Económico Mundial y que en Chile cuenta con la
colaboración de la U. Adolfo Ibáñez- busca evaluar la competitividad y el clima
para hacer negocios en cada país analizado. El nuestro sigue teniendo un claro
liderazgo en América Latina, aunque es preocupante que desde 2004 -cuando
alcanzó el 22° lugar- muestre una declinación que, si bien gradual, es
sistemática. Por cierto, esto no necesariamente significa que los indicadores
chilenos se hayan deteriorado en términos absolutos, pero las transformaciones
llevadas a cabo en otros países afectan nuestra posición relativa.
Para construir este indicador de competitividad, el
informe evalúa 12 "pilares" que a su vez se agrupan en tres grandes
categorías. La primera concierne a aquellos factores indispensables para un
buen funcionamiento de las distintas economías. La segunda, a aquellos que
promueven su eficiencia, y la última, a los que fortalecen la innovación. Cada
uno de ellos se divide en diversos indicadores.
En cada una de estas categorías Chile presenta
fortalezas y debilidades. Así, en la primera destacan favorablemente los pilares
de entorno macroeconómico e institucional, en tanto que la mayor debilidad se
presenta en calidad de la educación primaria. Un deterioro se observa en
infraestructura, particularmente en transporte aéreo.
En la categoría de eficiencia, destaca el desarrollo
del sistema financiero, mientras la mayor debilidad radica en el mercado del
trabajo. Al respecto, resulta particularmente inquietante la aún insuficiente
participación laboral de la mujer, con lo que se desperdicia talento que sin
duda potenciaría la productividad del país. Y si bien hay algunos mejoramientos
relativos, los elevados costos de despido siguen siendo el talón de Aquiles de
nuestro mercado del trabajo. También llama la atención un importante deterioro
en la eficiencia del mercado de bienes: preocupa la elevada concentración de
los mercados y el deterioro relativo en el grado de orientación a los clientes
-indicadores que quizás están correlacionados-.
En innovación también se registran retrocesos,
particularmente en el pilar de sofisticación de los negocios y, dentro de este,
en cantidad y calidad de los proveedores locales y en el desarrollo de clusters
(concentraciones de empresas e instituciones interconectadas en un campo
particular), fenómenos que posiblemente también están conectados.
Es sabido que este índice es un buen predictor del
crecimiento de largo plazo y, por eso, el retroceso reportado en los últimos
años hipoteca nuestras posibilidades de progreso. El aumento de bienestar que
ha experimentado Chile en las últimas décadas habría sido imposible sin el
fuerte crecimiento, y este debería ser una prioridad política transversal. Los
esfuerzos para aumentar la competencia, eficiencia y transparencia de los mercados
deben ser permanentes. El Gobierno actual hizo un esfuerzo mediante la agenda
de impulso competitivo y logró aprobarla en parte, pero importantes proyectos
de ella languidecen en el Congreso. En la actual campaña Presidencial, el
crecimiento económico prácticamente no recibe menciones de los candidatos.
Parece creérselo asegurado, pero la evidencia comparada es abrumadora en
demostrar que eso es una quimera. Es ilusorio pensar que se puede girar contra
los pilares que sostienen este progreso sin afectarlo, y que no es necesario
fortalecerlos, porque se defienden solos. Nada más alejado de la realidad: en
poco tiempo podríamos encontrarnos con un ritmo de expansión económica
mediocre, como el que hemos experimentado durante gran parte de nuestra vida
independiente.
Desafíos en Colombia.
Dados los antecedentes históricos de Colombia, es
comprensible que, ante los desmanes que se produjeron durante una protesta que
terminó en saqueos y dejó dos muertos, el Presidente Santos haya tomado
rápidamente la determinación de militarizar Bogotá. Si bien su decisión fue
criticada por algunos sectores, consiguió el objetivo de controlar la
violencia. Las legítimas manifestaciones de sectores sociales, tanto en
Colombia como en otros sitios, son aprovechadas por grupos radicalizados,
anarquistas y delincuentes que hacen de las movilizaciones un campo de batalla
útil a sus intereses. Mostrar disposición a usar todos los medios Legales,
incluidas las FF.AA., es un potente disuasivo que Santos no vaciló en utilizar.
Cincuenta mil efectivos militares se sumaron a las
fuerzas policiales en todo el país para colaborar en el despeje de carreteras
bloqueadas por miles de campesinos y camioneros que han estado en paro desde
mediados de agosto. Mientras los transportistas piden rebaja del precio de los
combustibles, los pequeños agricultores tienen una larga lista de
reivindicaciones que da cuenta de la postergación que han sufrido durante años
de conflicto con la guerrilla y el narcotráfico. Ahora, cuando hay expectativas
de que se negocie la paz con las FARC, han sacado fuerzas para exigir
soluciones a sus acuciantes problemas.
Son aspiraciones justas, pero es obvio que a la
izquierda extrema le conviene que ese sector siga movilizado, para ella
mantenerse presente en el campo. Cómo responderá Santos a estas reivindicaciones
está por verse. Si bien ya ha llegado a compromiso con algunos grupos de
huelguistas, otros aún no deponen el paro.
Por otra parte, las negociaciones con la guerrilla
en La Habana han encontrado escollos. El Congreso discute una propuesta de referéndum
para aprobar los acuerdos de paz, al cual la guerrilla se opone, postulando una
Asamblea Constituyente. Santos rechaza esa posibilidad argumentando que no está
en discusión el modelo de sistema, sino el fin del conflicto y la reinserción
política de los guerrilleros. Además, existe la polémica por el "Marco
Jurídico para la Paz", Ley que fue avalada por la Corte Constitucional,
pero a la que muchos critican por la supuesta impunidad en que quedarían
innumerables delitos. El Presidente ha dicho que no se podrán investigar todos
los crímenes de 50 años de violencia, pero que esa Legislación "garantiza
los derechos de las víctimas, al mismo tiempo que permite la transición hacia
la paz".
Cuando Santos reajuste su Gabinete -que presentó su
renuncia este lunes-, dará una señal potente de los lineamientos para su último
año de Gobierno, que será reforzada con el anuncio de si va o no a la
reelección el próximo año. Esperar hasta noviembre, como se había anticipado,
parece ahora demasiado tiempo. Con su popularidad muy golpeada -bajó de 48 a
21% en la última encuesta Gallup-, el Presidente enfrenta un complejo panorama
para tomar su decisión.
Santos debe ahora demostrar que tiene el liderazgo
necesario para adecuarse a los desafíos sociales, así como para terminar de
buena manera el proceso de paz con las FARC.
Correspondencia para meditar.
Señor Director:
11 de septiembre.
Debido a las discrepancias que tienen los chilenos
sobre el 11 de septiembre, como si el país hubiera vivido en la tranquilidad de
una democracia plena a partir de 1970, muy poco se ha debatido acerca del
fracaso político, económico, institucional y social del Gobierno de la Unidad
Popular. Igualmente, sobre la actuación militar solicitada por la mayoría
ciudadana, por intermedio de sus instituciones representativas, para poner fin
al caos y desorden que existía en el país y porque el Ejecutivo no se atenía a
la Constitución y a las Leyes para Gobernar. Tampoco se ha polemizado lo suficiente
sobre la eficiente labor del Gobierno militar para reconstruir el país,
recuperar la economía, las actividades productivas y demás tareas nacionales.
No ha sido así con las fuertes críticas que se han suscitado por el atropello a
los derechos humanos que trajo la participación militar y que nadie puede
justificar, pero esa exacerbación en nada contribuye a la reconciliación; todo
lo contrario, fomenta el odio y la venganza, “ni perdón ni olvido”.
También hay
otro aspecto muy importante que se ha olvidado y que no se ha analizado con la
profundidad, franqueza y valentía, para preguntarse qué habría sido de nuestra
patria si no hubiera habido un oportuno pronunciamiento militar o golpe, para
defender a la nación de dos inminentes y peligrosas amenazas que se apreciaban
en ese tiempo. Una, que se desatara una guerra civil y otra, que se instaurara
una dictadura marxista tipo cubana sin retorno.
Con todas
las dificultades, problemas y consecuencias, ese riesgo lo evitó la apropiada
intervención militar de las FF.AA. y Carabineros de Chile, el 11 de septiembre
de 1973.
Pedro Romero
Julio.
Señor
Director:
Reconciliación.
En
aras de la reconciliación, e imitando el gesto de Ricardo Israel quien donó al
Museo de la Memoria la copia de su sentencia por complicidad de tenencia de
arma de enero de 1974, por la cual estuvo detenido, hago un llamado a donar al
mismo museo la copia del Acuerdo de la Cámara de Diputados de fecha 22 de
agosto de 1973 en que se declara la inconstitucionalidad del Gobierno de
Allende. Igualmente si alguien posee copia de algunos otros documentos, como
las actas del indulto de Allende a los integrantes de la VOP, asesinos de Pérez
Zujovic, entre otros.
Y
aunque es mucho pedir quizás el Acta del Congreso Socialista de 1967, en que el
partido aprobó la vía armada como método de acción política.
Para
que la historia y la memoria se completen.
Antonio
Rabajille Diuana.
Señor
Director:
Video
de Vicuña.
Absolutamente
nada justifica atropellos contra los derechos más esenciales de las personas y
ninguna dictadura o régimen autoritario es aceptable. Por eso mismo, sería
bueno recordarle a Benjamín Vicuña y la Confech que el modelo que se pretendía
instalar en Chile por la vía democrática, y que parecen idealizar, estaba
inspirado en el modelo dictatorial que imperó en la RDA y la URSS, que fue un
fracaso no sólo en garantizar más libertad e igualdad para las personas, sino
que las subyugó totalmente al poder coactivo de sus dictadores, sus policías
secretas y campos de reeducación, atropellando de manera sistemática sus derechos
más esenciales y costando la vida de millones de inocentes. Por lo mismo, no
hay que olvidar que los cambios necesarios se deben hacer en la misma
democracia y no contra ella.
Jorge
Gómez Arismendi, Director de Contenidos Fundación Cientochenta.
Una
breve mirada a nuestra historia reciente,
un
Magnicidio fracasado.
El 7
de septiembre de 1986, hace 27 años, en la Cuesta de Las Achupallas, en el
Cajón del Maipo, el Presidente de la República, Augusto Pinochet Ugarte, salió
ileso de una “encerrona” del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), brazo
armado del partido comunista de Chile.
A las
18:35 horas de ese día, un grupo de combate del Frente Patriótico Manuel
Rodríguez (FPMR), integrado por 18 terroristas, fuertemente armados, divididos en 4 unidades, emboscaron la caravana del Gobernante, en lo que denominaron
“Operación Siglo XX”.
El
atentado, en el que el General Pinochet salvó la vida por el valor y la
determinación de sus escoltas, fue una verdadera masacre, en la que cayeron 5
escoltas del Mandatario y otros 11 quedaron gravemente heridos y con secuelas
graves para siempre.
El
criminal acto fue cuidadosamente preparado, objetivo para el cual contaron con
un generoso presupuesto, y se llevó a cabo con un poderoso arsenal, fusiles
M-16 y lanzacohetes LAW, además de granadas de mano, parte de las armas ingresadas por el PC criollo por Carrizal Bajo.
A
pesar de los medios de los atacantes y de la cantidad de víctimas que dejó, la
“Operación Siglo XX” fracasó en su intento de cometer un Magnicidio, con lo que
creemos fracasó la guerra civil que el comunismo chileno quería desatar en
nuestro país.
Aunque
no queremos hacer una “reconstrucción” ni relato pormenorizado del ataque,
creemos que es importante destacar que los terroristas habían sido entrenados
en Cuba en el uso de lanzacohetes, lo que demuestra claramente la manipulación
extranjera de este intento criminal.
Nuestro
homenaje a las víctimas de este acto criminal:
Queremos
rendir un homenaje y agradecimiento a los guardianes del General Pinochet
caídos en cumplimiento de su deber en el demencial atentado, con que el partido
comunista daba inicio a su “guerra popular”, eufemismo con el que disfrazaron
su planificación de la criminal guerra civil que buscaban, y que fracasó por el
valor de los encargados de la defensa del entonces Gobernante de Chile.
Las víctimas
fatales, para nosotros verdaderos héroes, a las que muchos han olvidado, son el
Cabo 1º de Ejército Miguel Guerrero Guzmán, Cabo 1º de Ejército Gerardo
Rebolledo Cisternas, Cabo 1º de Ejército Cardenio Hernández Cubillos, Cabo 1º
de Carabineros Pablo Silva Pizarro, Cabo 2º de Ejército Roberto Rosales
Martínez, este saludo lo hacemos extensivo a los 11 uniformados que quedaron
heridos, algunos de ellos mutilados, y a los que se les ha negado todos sus
derechos humanos.
Pueblos
bien informados
difícilmente
son engañados.
