“1.000 días Y 14.600 días mejores”,
por Alexis.
“No
esperéis ocultar nada; el tiempo viene, pasa y lo descubre todo, y la verdad
queda por fin manifiesta” Sófocles.
En estos días, todos los canales de televisión
se han empeñado en mostrar al espectador la fábula de los mil días de Allende,
donde se quiere dar una imagen del ex Presidente que está muy distante de la
verdad y que poco o nada tiene que ver con ella.
Lo cierto es que el Gobierno de la Unidad
Popular fue uno de los peores Gobiernos de toda nuestra historia. En esto no
caben dos versiones, aunque existan miles de ellas.
Basta ver las imágenes que se muestran por los
canales de televisión, para darse cuenta que ese Chile de hace cuarenta años
fue algo muy lejano y diferente al Chile que hoy conocemos.
El Chile de hoy es catorce mil seiscientos días
mejores que los vividos en esos tristes y desgarradores mil días que pretendían
entregarnos, atados de pies y manos, a las fauces del oso moscovita y su
representante en América, país que hasta el día de hoy sigue mostrando las
llagas de una herida que es imposible de cerrar, mientras persistan en mantener
ese estado de guerra permanente contra la democracia.
Dicen que una imagen vale más que mil palabras,
y ello lo demuestran las escenas tomadas por las cámaras de los servicios
noticiosos de aquel entonces, donde bien puede advertirse lo que sucedería a
continuación, si lo que pretendían hubiese alcanzado el éxito que ellos
pregonaban.
Sólo hay que pensar en la famosa lista de las
cuarenta medidas prometidas al pueblo para entender que nada de eso podía ser
posible en un país que había perdido el norte y su brújula giraba en forma loca
sin destino cierto.
Lo malo de todo esto, es que hay una juventud
que compone más del setenta por ciento de nuestra población, y que no tiene la
menor idea de lo que sucedió en forma real en esos mil días, pero sí puede ver
lo que se ha hecho en los catorce mil seiscientos días que han transcurrido
luego de la gran tragedia que conmovió a nuestro país hasta hacer pensar que
habíamos perdido en forma definitiva nuestras raíces.
Por esos catorce mil seiscientos días que nos
han abierto a un país en orden y democrático podemos levantar una copa y decir
¡salud!
Los revolucionarios y el 11 de septiembre,
por Mauricio Rojas.
Cómo llegamos al 11 de septiembre de 1973? Esta
es la pregunta clave que debiéramos ser capaces de responder a cuatro décadas
del golpe militar. Es hora de entender cómo un día llegamos a odiarnos con tal
frenesí que nos dimos el terrible derecho a destruirnos los unos a los otros.
La muerte de nuestra democracia no fue un accidente inesperado, sino producto
de una larga enfermedad que se había ramificado por todo el tejido social,
destruyendo la convivencia cívica y convirtiendo a Chile en un país en guerra
civil mental. Sólo faltaban los tanques en la calle, hasta que un día allí los
tuvimos.
Posteriormente, esa historia se ha acallado. En
parte sepultada por el horror de los crímenes de la dictadura, pero también por
la manipulación de quienes se benefician de ese silencio. Pocas voces han sido
tan sinceras como la de Radomiro Tomic, que en agosto de 1973 le escribía al
general Carlos Prats: “Sería injusto negar que la responsabilidad de algunos es
mayor que la de otros, pero, unos más y otros menos, entre todos estamos
empujando a la democracia chilena al matadero”. Y luego agregaba: “Como en las
tragedias griegas, todos saben lo que va a ocurrir, todos dicen no querer que
ocurra, pero cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda”.
Sí, todos sabíamos que el país se encaminaba
hacia el golpe militar, la guerra civil o, como creía Carlos Altamirano, la
creación de un Vietnam chileno. Pero en lugar de hablar de esta verdadera
tragedia se nos ha contado una historia de opereta, donde los infaltables
imperialistas yanquis manipulan a unos generales traidores que ponen fin a los
intentos democráticos de todo un pueblo por construir una sociedad mejor.
Al mismo tiempo, se nos bombardea con imágenes
televisivas o museos recordatorios que nada explican, simplemente porque nada
quieren explicar. Esas imágenes son necesarias, pero están allí para
impactarnos y emocionarnos, no para desarrollar nuestra capacidad de entender y
juzgar lo que realmente pasó.
Por mi parte, hace tiempo que llegué al
convencimiento de que si algo le debíamos a Chile quienes participamos en los
hechos que desembocaron en el golpe es justamente una reflexión sincera sobre
ello. Especialmente si uno proviene de esa izquierda revolucionaria que apostó
por la destrucción de la democracia y la lucha fratricida como medio para crear
una sociedad acorde con sus ideales. Nuestra responsabilidad no fue pequeña por
lo que ocurrió en Chile y de ella no nos exime el que después hayamos sido
víctimas de las tropelías de la dictadura.
Es esa perspectiva autocrítica resaltan tres
hechos. El primero es la determinación de Allende y la Unidad Popular de llevar
adelante un proceso de transformaciones revolucionarias sin contar con el
respaldo de la mayoría del país. Sólo la estructura defectuosa de nuestro
sistema institucional y un uso mañoso de todo tipo de artimañas y resquicios legales
permitió poner en práctica un propósito semejante. Lo que Allende pretendió fue
volver las formas (manipuladas) de la democracia contra el verdadero espíritu
de la misma y eso no podía terminar bien. Se trata de ese “gran desprecio por
la democracia” del que Eduardo Frei Montalva hablaba en una carta de mayo de
1975.
A este hecho hay que sumarle el accionar del
extremismo político, que hizo imparable la marcha de Chile hacia el abismo. Al
respecto, cabe recordar que ya en 1967 el partido de Salvador Allende había
adoptado, por unanimidad, una resolución estableciendo que “la violencia
revolucionaria es inevitable y legítima” y “constituye la única vía que conduce
a la toma del poder político y económico”. Allí se declaraba, además, el
carácter instrumental de “las formas pacíficas o legales de lucha”: “El Partido
Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al
proceso político que nos lleva a la lucha armada”. Este es el trasfondo nada
folclórico de la “revolución con sabor a vino tinto y empanadas”.
La radicalización de los socialistas culmina en
el Congreso de La Serena, de enero de 1971, donde Altamirano es elegido
secretario general y los sectores provenientes del Ejército de Liberación
Nacional (ELN), creado por el Che Guevara, se hacen con el control de los
órganos directivos del partido. Este es un dato clave para entender la dinámica
de los años siguientes y la impotencia de Allende para contener la deriva
extremista de sus propias fuerzas.
A su vez, también el MIR se radicaliza. A fines
de 1967 la dirección pasa al grupo de jóvenes liderado por Miguel Enríquez y la
estrategia política se decanta por la “guerra revolucionaria, prolongada e
irregular”. Por ello, en 1969 el MIR pasa, junto con otros grupos guerrilleristas
(ELN, VOP y MR2), a la lucha armada. Hasta mediados de 1970, cuando el MIR
suspende tácticamente sus acciones militares, se habían llevado a cabo una
decena de asaltos a bancos, cuatro secuestros de aviones, tres asaltos a
armerías y decenas de atentados con bombas.
En suma, fuimos muchos los “idealistas” que
sembramos los vientos de la discordia y la violencia y cosechamos una dictadura
muy distinta a aquella del proletariado con que soñábamos. Nada justifica las
brutalidades cometidas por los militares, pero tampoco nada justifica nuestro
aporte a la creación de un clima de odios fratricidas entre los chilenos. Es
hora de ser honestos y, con las palabras de Ricardo Lagos, decir: “Para nunca
más vivirlo, nunca más negarlo”.
Nota de la Redacción:
Aunque no compartimos los calificativos del
autor de esta nota, exiliado, integrante del academic board de la Fundación
para el Progreso y ex Parlamentario en Suecia, respecto al Gobierno
militar, creemos que su descripción del
accionar liberticida del allendismo vale la pena tenerlo en cuenta para
contextualizar los sucesos que llevaron al 11 de septiembre, la violencia y el
odio que inocularon a la sociedad chilena. Tomado de pulso.cl
La verdadera trampa electoral,
por Gonzalo Müller.
En momentos en que se abre la discusión sobre
cambios al sistema electoral que elige a nuestro Congreso, debemos analizar la
reforma propuesta, que lamentablemente fue
aprobada ayer por en el Senado, bajo los efectos que su nueva lógica produce,
para darnos cuenta de que si bien avanza en proporcionalidad debemos establecer
claramente a qué costo logra esos avances.
Se debilita fuertemente la relación elector-Parlamentario.
Como consecuencia de fusionar Distritos para avanzar en proporcionalidad, se
terminaron creando megadistritos de hasta 500 mil electores. Y en Regiones,
además de gigantescas dimensiones territoriales, también los componentes
locales de la elección sufren un deterioro, resintiéndolo especialmente
aquellas Comunas más pequeñas que en la práctica se quedarán sin representantes
de sus intereses y necesidades, sobre todo si estos están en oposición de las
necesidades e intereses de los grandes centros urbanos. Los Parlamentarios de Regiones
evidenciarán, al mirar cómo se fusionan los Distritos, que serán sus electores
los que perderán poder relativo frente a las grandes Comunas de nuestro país,
produciendo una mayor concentración del poder político, en la misma relación
que se concentra la población.
Se necesitan menos votos para ser Parlamentario,
algo que sin duda les resulta atractivo a los actuales Parlamentarios y a los partidos
minoritarios, por el efecto de que una lista se hace más fuerte al haber más
candidatos en la lista; por ejemplo, un candidato con el 5% de los votos cuya
lista alcance el 15% tiene una insuperable opción de llegar al Parlamento, por
elegirse 6 Diputados en ese Distrito, lo que hasta ahora era casi imposible al
elegir sólo a 2. El costo de esta mayor facilidad es la menor importancia
individual del Parlamentario; con listas más fuertes se debilita la importancia
del candidato, y por lo mismo se fortalece el poder de los partidos.
Hasta ahora la persona del candidato a Parlamentario
era muy importante. Su capacidad, conexión o historia con la comunidad podían
ser determinantes en que resultara electo o no, más allá incluso del sector
político al que representaba, pero estos factores ceden o desaparecen ante la
existencia de una lista con 4, 6 u 8 candidatos que termina siendo una elección
por partidos y no por candidatos.
Uno de los atractivos de la reforma es que abre
la posibilidad de una mayor competencia y una multiplicación de la oferta
política en nuevas listas electorales, pero eso es subestimar la capacidad de
nuestros políticos de maximizar sus beneficios al menor costo, esto es mantener
grandes coaliciones y capturar por esa vía el máximo de cargos a elegir; total,
ya han demostrado que no necesitan estar de acuerdo en lo que van hacer para
estar en una misma lista electoral, ni tampoco llevarse muy bien; sigue siendo
más fuerte el premio de permanecer unidos más allá de toda diferencia.
El problema de parchar el binominal es terminar
con un engendro peor. Si queremos avanzar hacia un verdadero nuevo sistema
electoral, debemos primero preguntarnos qué es lo que valora el elector de sus Parlamentarios,
y tratar de potenciar esas relaciones. La propuesta que se vota hoy avanza en
el sentido contrario de una política más cercana a los electores.
Hay varias alternativas de sistemas electorales
con los mismos 120 Diputados; por ejemplo, 120 Distritos más pequeños y
cercanos a los electores podrían elegir a nuestros Parlamentarios a través de
un sistema uninominal, que favorezca la creación de mayorías que le den
estabilidad al país, pero también que ayude a desconcentrar el poder político
en todo el territorio nacional. Este sistema mayoritario tiene la ventaja de
hacer más competitiva y empodera a los electores frente a los partidos.
Cuidado de la paz social.
La conmemoración de los 40 años del Golpe de
Estado ha originado una avalancha de recuerdos, perdones y recriminaciones. Es
de esperar que esta mirada de ese doloroso pasado ayude a sacar lecciones para
nuestro presente, en el sentido de ir solucionando las tensiones propias de las
democracias sin llegar al punto del quiebre institucional que vivió el país a
principios de la década del setenta.
En el discurso del Presidente Sebastián Piñera,
“Por un Chile reconciliado y en paz”, pronunciado durante la ceremonia
realizada en La Moneda, el Mandatario
destacó que la amistad cívica y la paz son valores frágiles y que existe una
relación muy estrecha entre la democracia, el progreso económico y la justicia
social.
En ese sentido cabe realzar el significado de
la llamada “política de los acuerdos”, que desde el regreso a la normalidad
democrática favoreció el entendimiento entre los que ayer fueron adversarios.
Esta se ha ido diluyendo en los últimos años y debe volver a tomar fuerza. Sólo
una clase política que logra ceder para avanzar puede garantizar al país un
marco de estabilidad y una salida institucional a las frustraciones sociales
propias de una sociedad más empoderada y cercana al desarrollo. Esta política
de los acuerdos debe estar respaldada por un lenguaje cuidadoso y respetuoso,
no uno confrontacional, binario y ofensivo, que fue lo que marcó el diálogo
político en Chile desde fines de los sesenta.
Otra condición clave es afinar la detección de
aquellos temas que dividen o que afectan seriamente la vida de los chilenos. En
etapas tempranas, problemas como el financiamiento de la educación superior,
que terminaron con marchas y una desazón generalizada de las familias de clase
media, deben a tiempo enfrentarse con políticas públicas serias y focalizadas.
La delincuencia, el temor número uno de los chilenos en todas las encuestas
recientes, es un foco de preocupación que de no ser canalizado podría llevar al
desprestigio de las fuerzas de orden o a profundizar la falta de credibilidad
de la política. Otros focos de posibles estallidos sociales son la poco
expedita atención en los servicios de salud pública en los que se atiende el
80% de los chilenos.
Hay que canalizar la fuerza de la calle hacia
las instituciones. Buena señal es que los líderes clave de las potentes
movilizaciones estudiantiles de 2011 y 2012 estén hoy compitiendo para entrar
al Parlamento, así como algunos de los dirigentes sociales de las
movilizaciones Regionales. Es en las elecciones que se deben consolidar estos
liderazgos para traducir estas inquietudes sociales en políticas públicas. Y a
la vez, la institucionalidad política debe ser reformada paulatinamente, con
consenso, con respeto por la estabilidad, sin dejarse marear por las oleadas
refundacionales que siempre hacen aflorar lo más polarizado de la sociedad.
Los 40 años que vienen dependerán de la
capacidad de la generación actual de manejar los conflictos a tiempo y con
decisión dentro del marco institucional, sin dejarse tentar por el populismo y
las posiciones extremas.
Conmemoración dividida del 11 de septiembre.
En una ceremonia oficial encabezada por el
Presidente de la República, el Gobierno conmemoró ayer en La Moneda el
cumplimiento de los 40 años del quiebre institucional que vivió el país el 11
de septiembre de 1973. El encuentro se realizó sin la presencia de los
representantes de la Nueva Mayoría, quienes decidieron ausentarse del acto
organizado por el Ejecutivo y realizar uno paralelo en el Museo de la Memoria.
Tampoco asistieron varios de los candidatos Presidenciales que competirán en
los comicios de noviembre.
Considerando las sensibilidades que continúa
despertando esta fecha en distintos sectores políticos y de la sociedad, su
conmemoración era una oportunidad propicia para realizar un significativo gesto
de unidad que contribuyera al reencuentro efectivo de los chilenos en un tema
que continúa generando divisiones a cuatro décadas de ocurridos los hechos. Sin
embargo, la escasa prolijidad con que el Ejecutivo preparó este acto público
-de gran relevancia por la carga simbólica que conlleva- y la nula disposición
de gran parte de la oposición de acudir al mismo, tuvieron como consecuencia
que se desperdiciara una inmejorable instancia para promover un espíritu
unitario en esta materia y avanzar en el proceso de reconciliación.
Resulta llamativo que durante la ceremonia de
la Nueva Mayoría el ex Presidente Lagos señalara que se debería haber hecho un
solo acto para demostrar que puede haber coincidencias, pues a su juicio “falta
tener un diagnóstico común de lo que sucedió para cerrar bien las heridas”. Si
existía consenso en cuanto a la importancia de realizar un único acto
republicano que convocara de manera transversal a todos los sectores, cuesta
entender que éste no se haya podido concretar finalmente. Esto deja de
manifiesto ante la opinión pública que aún no existe una clara voluntad de las
autoridades políticas para superar las heridas del pasado.
Más impuestos, menor inversión y crecimiento.
En el clima electoral, a raíz de una propuesta
de la candidata Bachelet, múltiples voces han propiciado un alza tributaria y
la eliminación de diversos incentivos al ahorro hoy existentes. Dos argumentos
son los más invocados para justificar tales alzas. Por una parte, se las
postula como una forma de darle mayor equidad al sistema impositivo, buscando
que las personas de mayores ingresos contribuyan proporcionalmente con una cuota
mayor que la actual. Por otra, se aduce que es una manera de aumentar la
recaudación fiscal, para financiar proyectos de alto costo Fiscal, como una
reforma educacional.
Respecto del primer argumento, en realidad los
impuestos en Chile son bajos solo si se miden por la tasa nominal aplicada a
las empresas. Sin embargo, las numerosas excepciones que contempla la mayor
parte de los países de la OCDE hacen que muchos de esos países tengan una menor
recaudación que el nuestro. Así, en Chile ella equivale al 5,3% del PIB; en los
países de la OCDE es solo 3%. Y, en general, Chile recauda en impuestos
-excluyendo las cotizaciones previsionales- cerca del 22% del PIB, tasa no muy
distinta de la que se observaba en los países de la OCDE cuando tenían un nivel
de desarrollo similar al nuestro.
Respecto de la necesidad de incrementar los
ingresos Fiscales, se insiste en que un alza de impuestos no afectaría el
crecimiento económico. Pero, en realidad, los inversionistas exigen a los
proyectos que emprenden una rentabilidad acorde con el mercado y el riesgo que
asumen. El retorno relevante es aquel que efectivamente terminan recibiendo,
por lo que mientras mayor sea el impuesto, mayor será el rendimiento antes de
impuestos que se exija a los proyectos para realizarlos. Por eso, si suben los
tributos, inevitablemente habrá menos proyectos de inversión.
Asimismo, se ha propuesto la eliminación del
Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), aduciendo que él contribuye a la
evasión. Actualmente, por esta vía, las empresas reinvierten cerca del 70% de
las utilidades y generan más de la mitad del ahorro privado. Evitar que este
mecanismo sea mal utilizado puede requerir algunas correcciones para evitar
posibles evasiones, pero sería un craso error que para solucionar un problema
circunscrito se afecten la tasa de ahorro y las inversiones que Chile necesita.
Chile es hoy más rico que nunca en su historia.
La recaudación anual de impuestos supera los 50 mil millones de dólares y,
según cálculos de Libertad y Desarrollo, se ha incrementado en 11 mil millones
desde 2008, solo por efecto del crecimiento económico y la menor evasión.
Medidas efectistas, como el alza tributaria, pueden ser contraproducentes y
afectar el progreso socioeconómico.
Señales del mercado inmobiliario.
Hace algunos meses el Banco Central tomó la
medida prudencial de alertar respecto de una posible burbuja inmobiliaria,
basándose en el alza sostenida e importante del valor de los terrenos e
inmuebles que se observaba en el mercado. Ella estaba destinada principalmente
al sector bancario, pues es sabido que la oferta de créditos hipotecarios
abundantes, en particular si ellos no exigen pagos iniciales sobre el 25% del
valor de la vivienda, sobreestimulan la demanda de bienes inmuebles, y con ello
su precio. Esto retroalimenta el ciclo alcista hasta valores eventualmente
insostenibles, lo que a la postre conduce al rompimiento de la burbuja y su
secuela de efectos negativos. La crisis financiera de 2008 tuvo su origen en
fenómenos de ese tipo.
Dicha medida tuvo efectos, pues desde el ámbito
de la oferta, las empresas inmobiliarias y constructoras frenaron sus ímpetus,
lo que se ha traducido en una disminución de los nuevos permisos de
construcción. Sin embargo, eso se concretará en el corto plazo en una menor
oferta de viviendas, lo que mantiene la presión sobre sus precios y sobre la
velocidad de ventas de las unidades residuales.
Esto ha sido corroborado en un estudio reciente
que muestra que, comparado con el resto de los países de la OCDE, el valor de
una vivienda se recupera con un período de años de arriendo más corto que lo
que ocurre en aquellos. En Chile ese período es, en la actualidad, de 14 años,
mientras en la OCDE se extiende a 23. Aunque eso refleja más bien los precios
relativos entre arriendo y adquisición de bienes inmuebles, el hecho de que
aquí sea más corto denota un mayor valor relativo del arriendo respecto del
valor de venta, lo que sugiere un mercado con menor oferta que la necesaria,
comparado con esos otros países. Otras cifras que confirman lo anterior son las
que muestran que en el primer semestre de 2013 el stock de viviendas se agotaba
en 12 meses, mientras en 2010 eso ocurría en 20 meses. Asimismo, en 2007, 0,4
personas se interesaban en una vivienda usada ofertada en la prensa, cifra que
sube a 1,1 en 2013. Además, en 2009 una vivienda requería estar 145 días en el
mercado antes de ser adquirida, cifra que descendió a 90 días en 2012, y a 64
en 2013. También los precios por metro cuadrado han experimentado alzas
significativas, de entre 9 y 14%, en el último año.
En las semanas recientes, los bancos han
comenzado a hacer ofertas atractivas de sus créditos hipotecarios, lo cual es
evidencia de que la medida prudencial del Banco Central tuvo sus efectos: las
cifras recién indicadas estarían marcando el final del ciclo alcista más que la
continuación del mismo, y la nueva demanda requerirá esos incentivos que los
bancos están comenzando a ofrecer.
Todo este panorama es congruente con la
disminución del crecimiento que exhibe la economía, luego de tres años muy
dinámicos. Esto constituye una señal de sanidad del mercado inmobiliario, que
está respondiendo de manera apropiada al ciclo que se está viviendo.
Por otra parte, la fuerza que ha mostrado el
mercado de la vivienda en los últimos años ha coexistido con las señales de
malestar que una parte de la población ha mostrado en las protestas ciudadanas.
Esa es otra muestra de la complejidad que ha adquirido nuestra sociedad, pues
admite tanto conductas que procuran aprovechar las ventajas que otorga el
sistema como aquellas que manifiestan molestia con otros aspectos del mismo.
Las interpretaciones simplistas de los fenómenos sociales no se condicen con la
evidencia empírica.
Educación parvularia: Junji, Juez y parte.
La educación parvularia es fundamental para
asegurar una verdadera igualdad de oportunidades. La evidencia disponible
señala con claridad que desde muy temprano se producen diferencias en las
habilidades cognitivas y socioemocionales de los niños, que están muy asociadas
a indicadores económicos, sociales y culturales de los hogares. Si se aspira a
igualdad no cabe ser indiferentes a esta realidad. No es aceptable que los
logros educativos de un niño, con todo cuanto eso significa en su vida, estén
tan influidos por su origen. No obstante, es lo que ocurre en la actualidad.
Para revertir esta situación, la educación inicial tiene un papel
insustituible, pero eso exige que sea de calidad. Su mera existencia -como
también lo muestran distintos estudios- no es garantía de igualdad de
oportunidades.
Para lograr calidad en este nivel educacional,
se requieren profundos cambios en su organización y financiamiento. También se
necesitan educadoras de párvulos adecuadamente preparadas y permanentemente
capacitadas. En estos campos, el Gobierno actual ha hecho algunos cambios
relevantes, pero están lejos de consolidarse. Por eso, si bien es interesante
que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) quiera medir por primera
vez la calidad de esta educación, tal propósito debe analizarse con cuidado. Y
es necesario recordar que en el Congreso se tramita un proyecto de Ley que
corrige algunos defectos institucionales en el diseño de la educación
parvularia.
En la actualidad, la apertura de un jardín
infantil requiere un permiso Municipal y otro sanitario que ninguna relación
tienen con los aspectos propiamente pedagógicos del proceso educativo. La Junji
realiza una fiscalización, pero ella adolece de restricciones en su aplicación.
Además, esa institución es, al mismo tiempo, proveedora de ese servicio, y
resulta obviamente inapropiado que sea Juez y parte. Por eso, el proyecto
aludido exige para los jardines infantiles una autorización del Ministerio de
Educación que se haga cargo de algunas exigencias sin las cuales sería muy
difícil que estas instituciones funcionen adecuadamente. Asimismo, encarga la
supervisión del cumplimiento de estas exigencias a la Superintendencia de
Educación. Se corrigen así algunos defectos del diseño institucional.
Con todo, hay acuerdo en que eso no
necesariamente garantiza calidad y en que se requiere evaluar las prácticas que
se observan en un jardín. Pero al hacerse cargo la Junji de esta labor, vuelve
a introducirse este doble rol de Juez y parte que debe evitarse, y tanto más
cuanto que es tan disímil la asignación presupuestaria entre las distintas
instituciones proveedoras de educación parvularia. Al no existir un
financiamiento por párvulo claramente identificable, niños que son iguales
desde el punto de vista de sus características socioeconómicas y culturales
pueden recibir financiamientos muy distintos, que indudablemente afectan sus
oportunidades. ¿Cómo podrían establecerse, entonces, exigencias comunes? El
modelo que pretende promover Junji define cuatro categorías de evaluación:
básica, media, avanzada y de excelencia, pero eso requiere estándares bien
definidos y ampliamente debatidos. Hay que recordar, por ejemplo, que las
categorías similares definidas para la educación escolar se basan en varias
pruebas estandarizadas e incluyen indicadores que han sido largamente
debatidos.
Parece razonable -junto con otros cambios
institucionales y de financiamiento más equitativo- avanzar en exigencias de
calidad, pero eso debe ser fruto de un trabajo más preciso, con líneas de base
determinadas cuidadosamente. Asimismo, no resulta conveniente que la
institución responsable de evaluar la calidad sea la propia Junji, ya que este
organismo, como uno de los principales responsables de la provisión de
educación parvularia, debe ser el primero en sujetarse a cuidadosa evaluación.
Una carta para meditar.
Señor Director:
Nunca más.
La expresión ha sido manoseada en estos días
hasta el cansancio, igual que las búsquedas de perdón. Sucede que en ciertas
ocasiones se desatan actitudes populacheras, que sirven a las personas para
realzar su figuración.
El deseo de que nunca más se realicen
persecuciones como las ocurridas durante el Gobierno militar debería conllevar
la idea de que también nunca más surja un movimiento como la UP, populista
delirante que se proponga llevar a cabo una revolución destinada a terminar con
la institucionalidad nacional y que cause graves trastornos en la vida de
nuestra gente. Que nunca más falten los alimentos, que no se busque la
ideologización de la educación, que la propiedad privada desaparezca, que las
grandes organizaciones gremiales como la de los mineros, camioneros, los
profesionales y comerciantes, no sean reprimidas, que el poder Judicial no sea
burlado y, en fin, que la voluntad mayoritaria no sea menospreciada y
amenazada.
También es de desear que nunca más, como ocurre
hoy en día, aparezcan personajes frenéticos, aprovechadores de malos recuerdos,
que usan la palabrería para estimular malas pasiones y sacar ventajas políticas
a falta de ideas constructivas. Esto incluye a un ex Presidente de Chile que
usando un juego de palabras y con tono terminante ha tratado de justificar lo
injustificable.
Sergio Villalobos R.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
