Ecos del "11"...

Nunca antes, nunca más,

por Gonzalo Rojas.

Nunca antes de septiembre de 1973 hubo en Chile una reacción tan decisiva frente a un Gobierno. Varias habían sido las ocasiones anteriores en que fuerzas opositoras habían enfrentado al poder Presidencial y lo habían derribado: los estanqueros, pelucones y o'higginistas frente a Pinto en 1829; los Congresistas frente a Balmaceda en 1891; los militares jóvenes frente a Alessandri, en 1924. Pero si se leen los documentos que fundamentaban esas acciones, en ninguno de los tres casos estamos delante de una auténtica rebelión: los sublevados solo invocaron la violación de la Constitución y de las Leyes, la grave situación económica o la corrupción de los poderosos.

El 11 de septiembre de 1973 es otra cosa: por primera y única vez en la historia de Chile, se invoca el derecho de rebelión "para deponer al gobierno ilegítimo, inmoral y no representativo del gran sentir nacional".

Algún profesor universitario -uno de esos iconoclastas que todo lo festinan- sostiene ahora que el argumento fue elaborado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, como si eso invalidara su racionalidad. Qué más da lo que incomode a ese activista, o qué más da quién redactó en realidad el Bando Nº 5; lo importante es que el texto clave del 11 de septiembre específica y fundamenta la acción decisiva: "Destituir al Gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído en la ilegitimidad flagrante".

Nunca antes se había usado ese lenguaje. Es que tampoco, nunca antes, Chile había enfrentado una amenaza que tocara tan a fondo la fibra nacional.

La rebelión -el derecho de rebelión- comenzó a ejercerse con anterioridad a la llegada de Allende al poder, porque ya se contaba con todas las señales que activan la sana intuición de los pueblos libres. La legítima defensa, antes que un tratado académico, es una adrenalina que brota del intestino del alma. Se la ejerce cuando no queda otra opción, cuando la disyuntiva es morir aplastado o tratar de sobrevivir, aun a costa de innombrables sacrificios.

Dicen que fueron la CIA y el gran capital quienes activaron ese rechazo. No tienen ni idea -no quieren tenerla, porque escapa a su lógica determinista- cómo se rebela la persona humana ante los intentos de opresión, ante la evidente puesta en práctica de un proyecto totalitario, apoyado en una ideología criminal y sustentado en partidos militarizados, dispuestos a matar y morir.

Ni siquiera fue la pura Guerra Fría. Fue algo mucho más simple: el espíritu indomable de sobrevivencia de chilenos libres -dueñas de casa, mineros, profesionales, estudiantes, transportistas, comerciantes, empleados, agricultores-. Ellos comenzaron una rebelión que, sin la acción final de las Fuerzas Armadas y de Orden, quizás habría fracasado ante la pertinacia de las fuerzas militarizadas que enfrentaban.

¿Suena a batalla de película en blanco y negro? Sí, lo fue. Fue una auténtica rebelión ciudadana frente a una agresión partidista. Fue una batalla épica. Por eso hay que decir: nunca más.

Nunca más debemos los chilenos permitir que avance un proyecto cuyas raíces filosóficas e históricas, cuyos frutos remotos y recientes dan cuenta de una agresión tan radical al ser nacional, a la vida suya y mía, diaria, normal, sencilla, desprovista de odios.

Nunca más debemos permitir que ese mal se desarrolle, porque no habrá seguridad alguna de poder rebelarnos de nuevo legítimamente contra él. Y aunque se lograra, ya sabemos cómo sufrió una vez esta tierra como para repetir la experiencia, ciertamente aumentada.

Y, mucho menos, habrá derecho alguno a pedirles a las Fuerzas Armadas y de Orden un nuevo sacrificio, aunque gustosas lo repetirían por Chile.

Cambio, pero ¿de quién?,

por Orlando Sáenz.

Como todo mi entorno sabe que hace ocho años no solo voté por la señora Bachelet, sino que colaboré económicamente en la campaña de alguno de los candidatos a Parlamentario que la acompañaban, con frecuencia me enfrento a la pregunta de por qué ahora descalifico terminantemente su nueva candidatura Presidencial. Es la contundencia de mis razones la que me mueve a expresarlas por escrito y a someterlas a público escrutinio.

Muchos años de observación me han enseñado que los Presidentes de Chile se pueden clasificar en dos tipos muy diferentes: los que son simples mascarones de proa de la base política que los llevó a La Moneda y los, muchos más raros, que Gobiernan según sus propias convicciones y que son capaces de limitar drásticamente la influencia de su base política en la acción Gubernativa. La señora Bachelet pertenece, casi arquetípicamente, a la primera categoría.

Y ocurre que la base política que hoy apoya su candidatura es sustancialmente distinta de la que la entronizó hace ocho años. El 2009 todavía existía la Concertación de Partidos por la Democracia y su centro de gravedad lo marcaba una Democracia Cristiana vigorosa y definida en torno a la doctrina social de la Iglesia y un socialismo no marxista evolucionado y moderno, completamente ajeno al sectarismo extremista que arrastró al abismo al Gobierno de Salvador Allende. Era el socialismo humanista de Ricardo Lagos y Camilo Escalona, a años luz del actual de Andrade. Hoy, el centro de gravedad de la base política de la señora Bachelet está situado entre el fosilizado Partido Comunista de siempre y un socialismo en regresión al marxismo populista. En suma, la llamada Nueva Mayoría no es para nada la Concertación más el Partido Comunista, como le gusta definirse, sino que es la Unidad Popular más lo que queda de una Democracia Cristiana olvidada de sus principios y del papel que jugó hace cuarenta años. Y la señora Bachelet, experta profesional en socializar las ideas de sus cambiantes entornos, ya refleja en sus demagógicos discursos el abismal cambio en su base política.

Mi segunda razón compete a las falencias personales que demostró la señora Bachelet en su anterior administración. Como pienso que el próximo período Presidencial será pródigo en situaciones críticas, como profetizan los nubarrones económicos, políticos, sociales e internacionales que asoman en el horizonte, me he fijado mucho en la capacidad de reacción en situaciones de este tipo que pudieran exhibir las distintas opciones Presidenciales. La candidata Bachelet enfrentó dos decisiones críticas en su Gobierno anterior y en las dos fracasó estrepitosamente.

Cuando, recién iniciado su mandato, tuvo en sus manos todos los antecedentes para darse cuenta de que proseguir con la implementación del Transantiago en los términos que estaba proyectado conduciría a un desastre económico y ético sin precedentes en la historia de Chile, no tuvo ni el juicio ni el valor político para retroceder a tiempo en algo obviamente mal proyectado. Su decisión, la más cómoda pero la peor, ha significado el despilfarro de más de seis mil millones de dólares, cifra tan enorme que se puede comparar con la necesaria para financiar cualquiera de las reformas educacionales que se barajan. Con seis mil millones de dólares se habrían podido construir 60 mil buenas viviendas sociales de UF 2 mil, o un sinnúmero de hospitales, escuelas y comisarías. Pero más que el daño económico de esa enorme suma, es el daño cívico y moral que emana del Transantiago: ¿Por qué todos los chilenos tienen que subsidiarles el transporte público a los santiaguinos y nada más que a ellos?, ¿por qué, todavía peor, ese subsidio discriminatorio se destina a darles transporte gratis al 20% de los frescos que ni siquiera aportan el costo subsidiado de un mal servicio? Esos interrogantes hacen pensar en el derecho moral que tiene para exigir nuevos tributos alguien que dilapidó de tal manera los que tuvo a su disposición en el pasado.

La segunda crisis a que he aludido fue la planteada por el terremoto y maremoto en las postrimerías de su deslavado mandato. Sobre las falencias de conducción de ese aciago día se ha dicho tanto que creo que es mejor tender un velo de pudor sobre lo que ya es un clásico de la chambonería y falta de liderazgo de un Gobierno ante una emergencia. Por eso es que la ulterior partida al extranjero de la ya por entonces ex Mandataria más pareció una fuga que otra cosa. Porque el pretexto del vacuo cargo que le inventó Naciones Unidas no logra, ciertamente, encubrir la evasión de responsabilidad política que significó esa partida.

En las condiciones señaladas, ¿se puede confiar en la señora Bachelet para contener los desmanes de "la calle", o el terrorismo mapuche, o la delincuencia rampante?, ¿se puede confiar en su conducción económica sensata en una época de inevitable contracción como la que se avecina? Yo no puedo, pese a toda mi buena voluntad.

Con todo, la pregunta importante no es si la señora Michelle Bachelet merece un segundo mandato. La pregunta importante y trascendente es si el desconcertado y ofuscado Chile de hoy se merece algo mejor que ella.

A 40 años del quiebre institucional,

por Claudio Arqueros.

A pesar de que por estos días se ha señalado que “no es justo hablar del golpe de Estado como un destino fatal inevitable”, nadie puede dejar de reconocer que, hace 40 años, Chile había llegado a una situación de desborde institucional e intolerancia que había sido provocado fundamentalmente por la UP. En ese contexto, la acción militar era fácticamente ineludible.

El mismo Patricio Aylwin, en entrevista poco después del 11 de septiembre de 1973, afirmaba: “La destrucción institucional a la que había llevado el Gobierno de Allende al país provocó un grado de desesperación y angustia colectivo que precipitaron el pronunciamiento de las fuerzas armadas (…) En esas circunstancias, creemos que la intervención de las fuerzas armadas se adelantó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista”. Sus palabras contextualizan la crisis y dan cuenta de que no es justo hablar de la acción militar desde la teoría de las diversas salidas posibles, ya que las opciones en la historia se dan en un marco contingente y no en abstracto.

Hoy, a 40 años, es fácil afirmar que el quiebre podría haberse evitado y que lo ideal habría sido un mayor esfuerzo por impedirlo. Pero nada de eso ocurrió y no fue por responsabilidad de las FF.AA. o de la inmensa mayoría del país que deseaba la salida de Allende y el término de su proyecto totalitario. Entonces, ¿por qué no hubo una salida diferente? ¿Qué llevó a la polarización de la sociedad? ¿Qué impidió que la UP hiciera esfuerzos reales por buscar una solución que no pasara por el enfrentamiento? La promesa de la política de lograr una convivencia sana en la diferencia se rompió debido a la ideología del odio que se venía predicando y practicando desde hacía décadas por los partidos marxistas. Las injustificables violaciones a los derechos humanos fueron un reflejo de ese odio que se había gestado en el país, pero que ciertamente no comenzó ese 11 de septiembre.

El proyecto de la UP utilizó la vía electoral únicamente como un medio más para su revolución socialista que buscaba el poder total. Así lo acreditan múltiples intervenciones del Presidente Allende, como la declaración de los dirigentes del PS (El Mercurio 28/2/1967), la entrevista a R. Debray (Punto Final 16/3/1971) o su primer mensaje al Congreso Pleno en 1971.

Todo fenómeno se debe conocer por sus causas; de lo contrario, no habrá nunca conciencia profunda y real. En esta hora de balances y reflexiones, no es justo olvidar qué motivó el quiebre institucional y cuál fue la responsabilidad de quienes sustentaron una ideología hegemónica articulada sobre el odio y la lucha de clases.

Causas y efectos,

por  Mario Montes.

Durante los últimos 30 días hemos sido testigos del “bombardeo” de imágenes unilaterales, que descontextualizando los sucesos han pretendido mostrar una inmensa ferocidad del Gobierno Militar intentando señalar que no habían causas para esa violencia.

Desde mediados del Gobierno de Eduardo Frei Montalva, periodo en que el MIR comenzó sus “expropiaciones revolucionarias” para financiar sus actividades, los partidos comunistas y socialistas, más una fracción ultrista de los radicales, exacerbaron la siembra de odios sociales.

Con la llegada de Allende al poder la violencia creció a niveles intolerables, los grupos extremistas de izquierda eran amparados y financiados, cuándo no dirigidos, desde La Moneda, se comenzó a intimidar a los adversarios y se trató de apabullar a los opositores por el hambre.

En un ambiente de ilegalidades y de pisoteo a la Constitución, por parte del oficialismo, con una polarización insoportable, que convirtió a los adversarios en enemigos, y con una ciudadanía desesperada a la que se le negaba la alimentación para sus hijos llegó el 11 de septiembre.

Con ese ambiente, un Golpe de Estado, promovido por los opositores y fomentado por las ilegalidades de quienes  Gobernaban, no era esperable que el Pronunciamiento fuese incruento ni que los odios se aplacaran con facilidad y sin la existencia de abusos.

No pretendemos justificar las trasgresiones a los derechos humanos, pero, creemos que es imprescindible reconocer que estos actos fueron cometidos por ambos lados que se encontraban en el conflicto y que las víctimas de ambos se respeten y reconozcan por igual.

Los detenidos, e incluso una parte importante de los fallecidos, no eran blancas palomas que estaban repartiendo caramelos en las esquinas, tampoco quienes debieron reprimirlos y enfrentarlos son los criminales que nos quieren presentar interesadamente algunos.

Nos parece irracional que se hable de verdad y “justicia” en circunstancias que es claro que la verdad se está acomodando para beneficiar a algunos y que la justicia es negada por completo a uno  los sectores que estuvo involucrado en esta dolorosa contingencia.

Creemos que tampoco es real que se hable de reconciliación cuándo se manipula la historia para deificar al peor Gobernante que ha tenido Chile en su historia y se intente demonizar a quienes debieron reconstruir el país y enfrentar una agresión terrorista digitada desde el exterior.

La historia es cíclica… si queremos,

por Benjamín Lagos.

Una teoría en filosofía de la historia es la del napolitano Giambattista Vico (1668-1744), según la cual la historia se compone de ciclos. Difiere así de la clásica concepción lineal, de raíz iluminista, que, esperanzada en la evolución de las sociedades en base a la sujeción de la fuerza bruta a la razón, suponía que la humanidad se encaminaba a un progreso indefinido. La teoría de Vico, casi coetánea al auge de la Ilustración, no comparte tan exaltado entusiasmo, sino que alberga la noción de que la historia es un corsi e ricorsi (curso y re-curso), un retorno cíclico de épocas de avances y de retrocesos, vista cada una desde una perspectiva nueva y diferente a la anterior: no se trata de partir de cero, sino desde un estadio superior, pero con patrones que se repiten.

Sin duda, en esa teoría hay algo de determinismo: que los hombres reunidos en sociedad no pueden forjar su destino sino al alero de una ley histórica que los dirige. Idea dominante en el actual debate público, que dicta que “porque los tiempos han cambiado”, “hay que” adoptar cierta decisión; elegida, claro, a gusto de quien así argumenta.

En efecto, el hombre en tanto ser libre, traza el curso de su vida, y en tanto ser racional, tiende naturalmente a procesar las experiencias evitando cometer los errores del pasado. De ahí sus evidentes progresos, por ejemplo, en la creación de riqueza, la ciencia y la técnica, y el que muchos Estados se hayan ido dando formas de Gobierno cada vez más estables, participativas y sometidas a control. La historia humana ha demostrado que los ciclos históricos presagiados pueden no cumplirse.

Sin embargo, hay hechos que parecen confirmar el corsi e recorsi. Precisamente en nuestra historia patria, pareciera que los chilenos en varias ocasiones no han resistido una especie de viraje histórico que los entrega a enfrentamientos periódicos a menudo cruentos. Chile, desde su independencia, ha transitado cada aproximadamente 40 años por crisis políticas severas: las revoluciones de 1851 y 1859 contra el Gobierno del Presidente Manuel Montt; la guerra civil de 1891; la inestabilidad política culminada en la breve República Socialista en 1932, y, por último, el quiebre de la institucionalidad en 1973.

Todo indica que en los días presentes, cuando se habla de quiebre, asambleas, cambio de estructuras y de una supuesta pérdida de legitimidad del sistema político y económico y de sus normas fundantes, el país consiente o ignora que se la está conduciendo a otra de estas rupturas, la cual, al margen de sus dimensiones, puede dejar heridas tan dolorosas en la convivencia nacional como sus predecesoras.

Justamente para evitar estos designios históricos es que, tras la crisis de 1973 y durante un régimen autoritario, se concibió y redactó la Constitución Política de 1980. Dicha norma jurídica, al tiempo que entrega una determinada concepción sobre el hombre y la sociedad reconociendo derechos y libertades y estableciendo la orgánica del poder público, edifica mecanismos de protección para evitar que el orden institucional, como sucedió con el anterior de 1925, se desmorone: quórums más que mayoritarios para la reforma de la Carta Fundamental y sus normas legales complementarias, así como un Tribunal Constitucional.

Pero un sistema institucional, por bien diseñado que esté, no se basta a sí mismo para permanecer, aun siendo su propósito. En una democracia, requiere asimismo de la legitimidad que da su defensa pública. El problema fue que los actores políticos y sociales, quienes tenían el deber de defender esta plataforma, por su acción u omisión –sobre todo esta última– no lo hicieron, abandonándola a corrientes de opinión que hoy exacerban sus defectos, callan sus virtudes y promueven falazmente su destrucción.

La confrontación, además, se ha agudizado durante este simbólico mes de septiembre, mediante un lenguaje duro, más de división que de amistad cívica, que ha incluido imputaciones a personas determinadas y a sectores completos de la opinión pública, aumentándose la tensión y la incertidumbre sobre la paz social. Si bien dicho cariz nace en parte del natural y evidente dolor por las trágicas situaciones de violencia acaecidas, no se asume la responsabilidad del clima que tales declaraciones crean en la sociedad, retrotrayéndose la convivencia nacional a un momento histórico que en términos institucionales y económico-sociales no corresponde al Chile actual, el que, si bien con tareas pendientes, no cree en la ruptura política y confía en la iniciativa individual más que en el igualitarismo como herramienta de progreso (encuesta CEP julio-agosto 2013).

Todo indicaría entonces que, pese a la armazón jurídica y debido a la persistencia, a menudo interesada, de nuestros desencuentros, el país está en vías de sucumbir nuevamente al corsi e recorsi.

Pero, como señalamos, no hay ley histórica que rija las actuaciones de los miembros de una sociedad cuando esta, y citando a otro filósofo de la historia, Arnold Toynbee, está dispuesta a superar los desafíos que se le presentan en su camino al crecimiento y prosperidad, largamente anhelados. Los desafíos deben siempre emprenderse en base a la experiencia y no ignorándola; de lo contrario se pavimenta el camino del determinismo. El imperativo es, entonces, reformar aquellos defectos de las instituciones para que podamos conservar lo útil de estas y así hacerse cargo en paz de las legítimas aspiraciones de las mayorías, ajenas a los encarnizados debates de la élite política. En un agitado septiembre de conmemoraciones, Chile debe cuidar lo alcanzado y seguir hacia la meta. Lejos de atarnos a supuestos ciclos, nuestra historia puede ser distinta.

Nuestro día de reflexión de ayer.

Ayer, como lo hacemos desde hace cuarenta años, hicimos un brindis en homenaje a aquellos que pusieron fin al proyecto totalitario de Salvador Allende y rezamos por las víctimas, de ambos bandos, caídos en la conflagración política gatillada por la siembra de odios que desató la izquierda chilena.

Sin duda alguna fue una jornada de claro obscuros, pues, a la alegría de haber recuperado las libertades amenazadas y de un laborioso proceso de reconstrucción, adicionamos el dolor por las víctimas, civiles y uniformadas, que dejó la conflagración digitada por la irresponsabilidad y el sectarismo de la clase política.

Una conclusión, que nos parece necesaria, es que nunca más debemos aceptar que políticos oportunistas y populistas puedan dividir a la ciudadanía en bandos irreconciliables ni que fomenten la violencia como una manera de hacerse con el poder o de mantenerse en las más altas Magistraturas.

Dicho lo anterior, y porque no queremos repetir historias dolorosas ni volver a pagar las altas cuentas que hemos pagado los chilenos, nunca más debemos acertar que nuestra historia sea falseada por aquellos que quieren obtener dividendos políticos o beneficios espurios en lo económico.

Terminando el día, elevamos nuestras oraciones al Altísimo porque de a nuestro país la necesaria sabiduría y la voluntad de terminar con las divisiones y odiosidades que nos permitan lograr una reconciliación que nos lleve a volver a sendas progresistas que permitan que leguemos un mejor país a las nuevas generaciones.

Correspondencia destacada.

Señor Director:

Ricardo Lagos.

Leo en “La Segunda” que Ricardo Lagos E. defiende el gobierno de Allende porque funcionaban el Congreso y los Tribunales, aunque la ruina económica y política a que llevó al país era tan evidente, que hizo necesario e inevitable destituirlo. No basta con que el Congreso funcione si se lleva al país a un desastre. En cuanto a la famosa comparación de errores con horrores, bastante simplista, debe saber el señor Lagos que el que siembra vientos cosecha tempestades.

Todo esto es contradictorio con el mismo Gobierno de Lagos, en el que se esmeró en actuar con cierta prudencia económica y política, para confirmar que no era otro Allende.

Manuel Blanco Vidal.

Saludo de la Redacción:

Amigos y amigas, estos últimos días cargados de odiosidades, de una gran violencia psicológica de aquellos que se sienten moralmente superiores, de imágenes sesgadas y versiones unilaterales nos han dejado con un agotamiento moral y físico inmenso.

Lo anterior, sumado al desagrado de escuchar a algunos que se hacen los de las chacras con lo que sucedió, que dicen no haber sabido, y de solicitudes de perdón  inmorales, además de arrepentimientos convenientes, nos lleva a la necesidad de tomarnos unos días de descanso y desintoxicación.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.