Nueve candidatos, una gran crisis de sentido,
por Sergio Melnick
Y llegamos
a la partida de la carrera Presidencial, con nada menos que 9 candidatos que
dicen saber qué es lo mejor para el país. En Chile hay unos 14 partidos, un par
más en formación e innumerables movimientos que les gustaría Gobernar.
Para mí esta inédita situación es expresión de
una enorme crisis de sentido nacional, equivalente en lo societal a la crisis
de la mitad de la vida. Se parece a la crisis de los 40 años, cuando en general
los cimientos familiares y económicos se han formado y hay “un algo” que parece
faltar en la vida. El bienestar económico no parece ser suficiente, aunque
ciertamente necesario ya que nadie lo quiere dejar.
Esta crisis de sentido en Chile se manifiesta
por las propuestas de los candidatos. Bachelet mira el sentido deseado, sólo
desde la perspectiva de la sociedad, de lo colectivo, y quiere un cambio de su
organización bajo un Estado rector poderoso con una nueva Constitución que
defina ese sentido. Cree en el discurso y las comunicaciones, y que la carga se
arregla en el camino, el Estado justo es el único camino.
Matthei mira el sentido de la sociedad dentro
de la flecha de la historia de la civilización cada vez más eficiente y
tecnológica, con un gran paraguas espiritual, en que cada cual tiene que hacer
esa búsqueda dentro del marco general. Es la idea abstracta de la libertad, que
es la gran aspiración humana primordial.
ME-O, para mí, es básicamente un
existencialista moderno, que cree en una sociedad intelectualizada que busca su
destino colectivo en el discurso autorreferente del ser humano, y cargada de
emociones de arte y de cultura.
Sfeir busca el sentido en el reencuentro con la
madre naturaleza, y casi al servicio de ésta. Tiene además una mirada
espiritual de anclaje oriental, donde existe la divinidad, pero no un creador
personificado. Propone política con espiritualidad.
Israel es un intelectual pragmático, racional,
tolerante, que postula la descentralización e identidad Regional o local como
motor del progreso tanto colectivo como social. Un cambio de escala en el
equilibrio de lo colectivo y personal.
Roxana es básicamente una exitosa activista de
los que ella considera marginados y reivindica una nueva forma de total
igualdad, casi una versión moderna de la lucha de clases.
Claude es un revolucionario urbano, un poco
adolescente aun en su pensar, que cree en los cambios radicales instantáneos y
en el asambleísmo como base de la organización; un borrón y cuenta nueva.
Parisi es un tecnócrata moderno, que cree en la
estricta racionalidad económica como gran motor de la sociedad. Es un llanero
solitario de la política. Jocelyn-Holt, otro llanero solitario, es un soñador
moderno que cree en una sociedad mejor combinando la razón, lo colectivo, y lo
espiritual personal, pero sin un modelo claro.
En una primera mirada, podemos dividir el grupo
entre los tolerantes y los fundamentalistas, esos que ven la sociedad de manera
polar, es decir buenos y malos, no diferentes. Entre los absolutistas está
Claude, Roxana, yo creo que Sfeir. Los otros muestran diversos grados de
tolerancia. Los más tolerantes diría yo son Parisi, Jocelyn-Holt, e Israel. En
un espacio intermedio están Bachelet, Matthei, ME-O. Bachelet tiene asociada la
intolerancia del PC y el PS, y Matthei el anclaje conservador de la UDI que las
limitan en su campo de acción. ME-O, el arquetipo del puer eterno, tiene aun la
volatilidad y voluntarismo de la inmadurez, pero que afortunadamente se arregla
sola con el tiempo.
A mi juicio, nuestro país requiere encontrar
una nueva relación entre lo individual y lo colectivo. La solución no es ni
todo Estatal, ni todo individual, como se caricaturiza en nuestra política. Lo
Estatal debe cuidar sólo lo colectivo, lo común, las reglas de convivencia y de
lo estratégico a nivel de la historia, pero no reemplaza nunca a la necesaria
responsabilidad personal y el esfuerzo en su propio destino, a la búsqueda de
la propia identidad y singularidad.
La democracia anclada en el emprendimiento y
búsqueda personal es el modelo que mejor parece satisfacer la búsqueda de ese
equilibrio, que varía de sociedad a sociedad. Lo único que no nos sirve son los
fundamentalismos que tratan de que todos sean como ellos, que se sienten dueños
de la verdad y que se muestran como salvadores mesiánicos de la sociedad. El
desvalido requiere asistencia del colectivo, pero sólo hasta poder hacerse
cargo de su propia vida, de su propio sentido, y su propio destino. El camino
debe ser guiado por la equidad, por la Justicia. Pero eso no es lo mismo que la
igualdad que es sólo un caso de equidad. También es “justo” el premio al
esfuerzo y al rendimiento, y también es justo en muchos casos repartir de
acuerdo a la necesidad. La combinación adecuada de estos criterios es la clave,
cosa que ningún candidato ha abordado sistemáticamente.
Los candidatos “chicos” quedarán en el camino y
veremos si realmente son democráticos o eran fundamentalistas. Las finalistas
serán dos mujeres, Matthei y Bachelet, y yo espero que gane aquella que mejor
combina lo personal y colectivo con el adecuado respeto de ambas posiciones. Y
esa, bueno, ya sabemos quién es.
El Primer Capítulo de mi Nuevo Libro,
por Hermógenes Pérez de Arce.
Aunque no sé si se dividirá en capítulos. En
todo caso, el material está. La cosa es ordenarlo. La obra se titula “¡Felices
40 Años!” Título desafiante para una izquierda que ha demonizado la fecha de la
salvación de Chile. Es que conmigo “no se la va a llevar pelada”.
El material, como dije, ya está. Pero lo más
difícil de un libro es la corrección. Eso me lo enseñó una vez el crítico
literario Ignacio Valente, seudónimo del sacerdote del Opus Dei, José Miguel
Ibáñez. “Los escritores chilenos no corrigen suficientemente”, recuerdo que me
comentó, “porque gran parte de la calidad de un libro proviene de la revisión
después de terminado”.
Entonces, este libro, de estar, estará, pero,
por ahora, no suficientemente revisado. La cosa es que exista como tal el día
11 de septiembre, la segunda fecha más importante de la historia de Chile y, si
me apuran, LA más importante, porque sin el 11 seríamos otro modelo de
sociedad, con partido único, “dictadura de clase” (que es el nombre inventado
por los comunistas para el régimen en que quienes manden sean sólo ellos); con
pobreza igualitaria y generalizada y sin siquiera libertad para salir del país.
En resumen, otra Cuba.
El 18 de septiembre de 1810 no nos libró de
algo tan grave, pues implicaba sólo pasar, de ser colonia, a nación
independiente. O, en rigor, definió si íbamos a depender de España o íbamos a
tener directamente un monarca, Fernando VII, pero siendo una nación aparte y
regida por autoridades propias. Porque la Primera Junta de Gobierno reconoció
su sometimiento al Rey, si bien no a la nación ibérica. Pero el modelo de
sociedad no iba a cambiar. En cambio, la UP sí iba a cambiar el modelo de
sociedad. Íbamos a pasar, de ser una de hombres y mujeres libres, individuales
y diversos, a otra dictatorial, centralizada e igualitaria a la fuerza.
Bueno, si el 11 este libro está en librerías,
óptimo; si no, pero por lo menos está ya impreso, aceptable; y si todavía sigue
en el computador ¡qué le vamos a hacer! Pero de que va a estar, va a estar. Los
mantendré informados.
El hecho es que hasta ahora el advenimiento de
los 40 años está siendo algo así como un desastre para los que tienen las
mismas ideas que yo. El predominio sin contrapeso de la versión de la izquierda
en los medios más masivos le permite ir ganando la efeméride “por paliza”.
Anoche, por ejemplo, vi en la televisión a
Ricardo Lagos y se refería al Gobierno Militar como uno que degollaba personas.
Probablemente una mayoría de nuestra opinión pública concordaría con esa
descripción. El único problema es que es falsa. El famoso caso “degollados”
sucedió no sólo al margen de toda voluntad del Gobierno Militar, sino en contra
de la misma, en abril de 1985. El Ministro del Interior de la época era un
respetado abogado civil, Ricardo García Rodríguez, que inmediatamente de
saberse el secuestro de tres dirigentes comunistas y del FPMR, dio los pasos
para averiguar su paradero.
Se trataba de José Manuel Parada, Manuel
Guerrero y Santiago Nattino, que habían sido secuestrados al salir de un
colegio que regentaban (curioso: un colegio comunista bajo la “dictadura”. ¿Por
qué? Porque ella garantizaba libertad educacional. ¿Cómo pueden llamarla,
entonces, “dictadura”? Buena pregunta.)
El hecho fue que el Gobierno pidió a la Corte
la designación de un Ministro en Visita que se abocara al caso, para encontrar
a los secuestrados. Pero el Tribunal se demoró en designarlo y los tres
aparecieron muertos, degollados.
A la vez, también el Gobierno había demandado
de la CNI investigar la situación. Este organismo informó al Presidente y a la
Junta, como también al Ministro en Visita designado, José Cánovas Robles, que
los presuntos secuestradores pertenecían al Cuerpo de Carabineros. Esto parecía
verosímil, porque el FPMR había perpetrado un atentado criminal poco antes, en
Concepción, tendiendo una celada consistente en una aparente bomba, en un
hotel, la cual, al ser desactivada por personal policial, hizo estallar otra
que quitó la vida a uno de los que hacían esa tarea. Se podía suponer que el
secuestro era un acto de venganza contra altos dirigentes del grupo terrorista.
Pero el Juez Cánovas Robles desconfió de la
versión de la CNI. El hecho fue que sólo años después vino a darse cuenta de
que ésa era la verdad. En cambio, el Presidente y la Junta se dieron por enterados
de ella apenas la CNI se la comunicó a ambos. Y precisamente por haberse
inculpado a miembros del Cuerpo de Carabineros, y estar el Gobierno
completamente en contra de un acto terrorista como ese secuestro, se pidió la
renuncia al representante de Carabineros en la Junta, General César Mendoza
Durán, por su responsabilidad de mando en no poder controlar el actuar de
subalternos suyos. Finalmente, éstos fueron condenados a cadena perpetua.
Luego, no tuvimos un Gobierno que “mandara a
degollar gente”, como dijo Lagos. Falsa acusación… ampliamente compartida. Casi
todos la repiten hasta hoy.
Pero del triple asesinato derivaron verdades
sorprendentes. Como todas las de esas características, han sido silenciadas en
Chile. Resultó que uno de los caídos del PC y del Frente era el encargado de
los archivos de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago. ¿Cómo
había llegado ahí? Había comenzado como chofer y se había ido ganando la
confianza de los prelados. Su cargo era clave, porque “archivaba” sus propias
versiones de todo lo que sucedía. ¿Saben ustedes de dónde vienen los “Archivos
del Cardenal”? De las versiones “archivadas” por un alto jefe comunista y del
FPMR.
Esta última condición no es un invento mío: el
28 de agosto de 1986, página A-1, “El Mercurio” publicó la siguiente
declaración de un terrorista del FPMR, Alfredo Malbrich Labra, que había sido
apresado poco antes:
“El 1° de mayo de 1979 soy detenido por Carabineros
en la Alameda Bernardo O’Higgins y trasladado a la Primera Comisaría. Mi esposa
concurrió a la Vicaría de la Solidaridad y pone un recurso de amparo en mi
favor. Al quedar libre, concurro a la Vicaría, lugar en que trabo amistad con
José Manuel Parada, el cual me pide que colabore prestando el teléfono de mi
casa como buzón y llevando pequeños recados; posteriormente me pregunta si me
gustaría colaborar en una forma más sistemática…”
A partir de ahí Malbrich se transforma en un
activo guerrillero del Frente, incluso con participación en el desembarco de
armas de Carrizal Bajo. En sus palabras, “para instaurar un Gobierno
revolucionario marxista-leninista, siguiendo el ejemplo de Cuba y Nicaragua”.
Notable.
Conclusión: Lagos no dijo la verdad, pero
probablemente la mayoría de los chilenos comparte su afirmación de que el
Gobierno Militar “degollaba gente”. Y la versión de los acontecimientos de
entonces manejada por la Vicaría y, por consiguiente, por las autoridades de la
Iglesia, era tutelada por un alto jefe comunista y cabecilla de una
organización terrorista.
Así se escribe la historia, pero tal vez
debería escribirse de otra manera.
Mejores profesores para Chile,
por Carolina Schmidt.
La calidad de la educación tiene como techo la
calidad de sus docentes. Si nos importa mejorar la calidad y equidad de nuestra
educación, debemos asegurarnos de tener excelentes profesores dentro de la sala
de clase, especialmente en los colegios más vulnerables, pues es ahí donde
ocurre el cambio. Es lo que sucede en los países con mejores resultados, que se
preocupan de seleccionar a los nuevos profesores entre el 30% de mejor
desempeño académico de sus colegios.
La realidad nacional en este aspecto es preocupante.
El 2011 egresaron de pedagogía cerca de 15 mil alumnos, de los cuales 73%
obtuvo bajo 500 puntos o no rindió la PSU. A su vez, las facultades de
pedagogía no han estado a la altura del desafío que significa formar
profesores. Así lo reflejan los resultados de la prueba Inicia, donde más de la
mitad de los egresados que rindieron la prueba no domina la materia que debe
enseñar. Es por ello que resulta urgente elevar las exigencias para el ingreso
a la profesión docente. Sin embargo, es difícil atraer a jóvenes talentosos y
con vocación si no mejoramos los salarios, pues de las 10 profesiones
universitarias peor pagadas, cinco pertenecen al área de educación. La brecha
salarial es tan grande, que incluso para alguien con verdadera vocación a enseñar
es poco atractivo entrar a pedagogía existiendo otras carreras que ofrecen
mejores perspectivas laborales.
El proyecto de carrera inicial docente que
acabamos de enviar al Congreso busca cambiar esta realidad, atrayendo a jóvenes
talentosos y con vocación a la profesión docente, así como también retener y
premiar a los profesores que se destacan por su desempeño. Para ello, el
proyecto de ley eleva las exigencias para ejercer en el sector subvencionado por
el Estado, ya sea colegios Municipales o particulares subvencionados, exigiendo
un título de carrera acreditada, haber rendido la prueba Inicia y un puntaje
mínimo de 550 puntos en la PSU, pertenecer a un determinado porcentaje del
ranking de su colegio o haber obtenido una calificación satisfactoria en la
prueba Inicia.
Junto con ello, se elevan las remuneraciones de
forma importante. Para los recién egresados se crea un reconocimiento económico
de excelencia académica para atraer a jóvenes talentosos a ejercer al sector
subvencionado, especialmente a los sectores más vulnerables, doblando el
salario de quienes ejerzan la docencia en colegios con concentración de niños
vulnerables. Este reconocimiento económico puede mantenerse si el docente
demuestra buen desempeño en el aula, obteniendo la actual Asignación de
Excelencia Profesional (AEP), cuyo monto se aumenta en más del doble.
Tenemos conciencia que para el buen ejercicio
de la profesión se requiere disponer de tiempo suficiente para poder preparar
las clases, diseñar las pruebas, corregir, atender a los padres, entre otras
actividades. Hoy la proporción entre horas lectivas y no lectivas es de 75/25,
lo que no es suficiente. El nuevo proyecto rebaja esta proporción a 70/30,
entregando dos horas más para la preparación de clases a profesores con jornada
completa.
Con todo, sabemos que aún quedan aspectos
importantes por ser abordados y que ningún instrumento es perfecto, pero estas
limitaciones no deberían ser un impedimento para avanzar en mejorar la
profesión docente y su valoración social.
La reforma agraria ante la historia.
Después de casi cinco décadas, la evaluación de
la reforma agraria sigue siendo motivo de áspero debate. Eso se explica en
parte porque fue una política que dividió al país, pero también porque los
actores de esa época o sus descendientes esgrimen para justificarla tres
diversas razones, válidas según ellos en el Chile de fines de los años 60, con
la DC, e inicios de los 70, con la Unidad Popular: mejorar la productividad y,
por ende, la producción agrícola; atenuar la desigualdad de ingresos, y
neutralizar a un sector político o "grupo de poder e influencia" que
constituía un obstáculo a la "democratización" del país.
Este último grupo de razones fue promovido
habitualmente por orientaciones políticas que no lograron apoyo ciudadano
suficiente para avanzar sus propuestas y que, en vez de reconocerlo, buscaron
responsabilidades en otro lugar. Tales miradas terminaron constituyéndose
finalmente en amenazas a la libertad individual: en aras de un supuesto bien
superior muy difuso, se restringieron severamente los derechos individuales,
afectando de modo impredecible la convivencia, sobre todo porque se amenazaron
modos de vida muy apreciados. El argumento de que en torno al campo se
articulaba un grupo de poder que obstaculizaba la democracia no tiene sustento.
Tampoco se sostiene el que hubiese escasa preocupación por la producción
agrícola. La evidencia es contundente en cuanto a que, a resultas de la maraña arancelaria
de esa época y de las barreras no arancelarias, el sector agrícola era uno de
los más desprotegidos en esos años. Por ejemplo, mientras el sector textil en
1967 tenía una tasa de protección efectiva de casi 500%, la agricultura tenía
una tasa negativa.
La expropiación del período 1965-1973 se
concentró en los predios agrícolas de más de 80 hectáreas de riego básico, que
representaban casi el 3% de las explotaciones y el 55% del total de hectáreas
definidas de esta manera. (datos basados en el Censo Agropecuario de 1965). En
1973 esas explotaciones se habían terminado, indicando la profundidad de la
reforma. Esta, además, fue mucho más allá de la Legislación aprobada: se
expropió 23% más de las aproximadamente 4.800 explotaciones que se justificaban
en el marco de la Ley. Y todas esas redistribuciones de la tierra tuvieron nulo
impacto en productividad y producción. El período 1970-1973 muestra un
deterioro importante en todas las cifras agropecuarias que es ampliamente
reconocido. Pero incluso el período anterior (1965-1970), contrariamente a lo
que a veces se aduce, muestra cifras muy pobres. Por ejemplo, la participación
del valor agregado de la agricultura en la producción nacional cayó levemente
entre 1965 y 1970. Tampoco hubo aumento en la productividad agrícola. En el
caso del trigo, medida por quintales por hectárea, ella se mantuvo y disminuyó
la superficie sembrada. En los demás cereales, salvo el arroz, la productividad
cayó. Los antecedentes disponibles hacen, pues, imposible sostener que la
reforma agraria haya sido exitosa desde el punto de vista de la productividad y
la producción agrícolas.
El excelente pie de la agricultura en las
últimas décadas tiene otras causas, siendo la apertura comercial la más
fundamental, porque ella modificó la situación de desprotección efectiva en que
se encontraba este sector económico.
La reforma agraria tampoco propició una mejor
distribución de la renta. Es más, mientras se llevaba adelante este proceso, la
desigualdad de ingresos iba en aumento. Por cierto, ello no puede atribuirse a
tal reforma, pero sí refleja la equivocada visión al respecto. En esos años
comenzó a evidenciarse un fenómeno que ha afectado a todo el mundo, relativo a
los enormes premios al trabajo calificado y al capital humano que han traído
consigo los avances tecnológicos. En Chile, ese premio es especialmente fuerte,
como consecuencia del escaso capital humano disponible. El efecto de la
distribución de la tierra sobre la desigualdad de ingresos estaba claramente
exagerado, y no sorprende, pues, que no haya tenido incidencia sobre ella. Por
tanto, la reforma agraria fue un fracaso, originado en un excesivo ideologismo
sin apego a la evidencia, indispensable para llevar adelante políticas
exitosas, y, además, el torrente de odios desatado en la aplicación de ese
proceso coadyuvó al conflicto político entonces insolucionable en la democracia
chilena.
Una excepción inconveniente.
El Gobierno está evaluando una fórmula que les
permita a los pensionados mitigar el impacto en el alza de las contribuciones
que se debería registrar a comienzos del próximo año, debido al reavalúo de las
propiedades no agrícolas habitacionales. El Ejecutivo estudia distintos
criterios para determinar el mecanismo (que podría ir desde la exención total o
parcial del pago del impuesto territorial hasta un subsidio), el valor tope de
las propiedades que quedarían afectas a la medida, y el potencial universo de
beneficiarios.
Una propuesta de este tipo es regresiva desde
el punto de vista de las políticas públicas, y su aplicación sólo podría ser
atendible si se entregaran argumentos técnicos válidos para justificarla, lo
que no ha sucedido. Aunque la manera en que se han venido cobrando las contribuciones
resulta discutible -pues se asemejan hoy más a un impuesto a la renta que a uno
territorial-, es inconveniente introducir exenciones que beneficien a un
determinado sector de la población, en este caso, a un grupo de entre los
pensionados. El manejo práctico de las exenciones a menudo puede prestarse para
situaciones poco claras, además de que abre la puerta para que otros sectores
reclamen para sí regímenes excepcionales, lo cual podría derivar en escasa transparencia
y tratos privilegiados para quienes tienen mayor capacidad de organización y
movilización.
Otro aspecto que debe considerarse es la
cantidad de recursos que se dejará de percibir con esta medida, especialmente
porque los dineros recaudados por el impuesto territorial son parte importante
del presupuesto de muchos Municipios. Cabe recordar que el reavalúo se ha
postergado en dos ocasiones (2011 y 2013), lo que ya ha beneficiado a los
contribuyentes.
En definitiva, la decisión que se adopte en esta
materia debe estar sujeta a fundamentos estrictamente técnicos y no debe estar
orientada a obtener réditos políticos en un año electoral.
Disciplina Fiscal para el 2014.
Los parámetros que soportan las estimaciones
del Presupuesto Nacional obedecen a fundamentos macroeconómicos de carácter
permanente como la fuerza de trabajo, la formación bruta de capital fijo y la
productividad de los factores de producción. Como se sabe, el mundo real no
funciona en forma determinista, sino que es afectado por accidentes
impredecibles que deben filtrarse por métodos estandarizados y opiniones
expertas.
El Consejo Consultivo Asesor del Ministerio de
Hacienda ha cumplido con su tarea proyectiva, declarando un crecimiento del PIB
tendencial de 4,8% para 2014. La estimación se basa principalmente en la
Política de Balance Estructural, propuesta por el FMI y arraigada actualmente
en la política Fiscal. Esta busca eliminar el comportamiento pro-cíclico del
gasto Fiscal, el cual contribuía a la aceleración de la tasa de inflación y
encaminarnos hacia una política contra-cíclica. La estimación es sólo 0,1
puntos menor a la proyección implícita en el actual presupuesto Fiscal, en
consonancia con el dinamismo observado en la demanda interna, la condición muy
próxima al pleno empleo de la fuerza de trabajo y un precio promedio proyectado
del cobre de US$ 3,04, ligeramente menor al subyacente en el actual presupuesto
de US$ 3,06.
Todo indica que la estimación reconoce que nos
encontramos en una situación que, es de esperar, no cambie radicalmente.
Aunque, es bueno recordar, las consideraciones que soportan la proyección, más
que coyunturales, obedecerían a objetivos de política macroeconómica, como el
minimizar la volatilidad Fiscal, aumentar el ahorro público en los ciclos
expansivos, contribuir a reducir la percepción del riesgo soberano, estabilizar
las tasas de interés y sostener un tipo de cambio real que sustente la
competitividad de las exportaciones.
En definitiva, se está aplicando una regla
compleja, permanente, racional y de multipropósito, de manera que, aún
desconociéndose las cifras preliminares del Presupuesto 2014, es posible
esperar que éste se incremente en una cifra cercana al crecimiento del PIB
tendencial. Comparando la trayectoria del PIB desestacionalizado (sólo de
tendencia) con los incrementos interanuales del Gasto Fiscal, el crecimiento de
este último agregado se ha aproximado al crecimiento del primero. En efecto, en
el 2010, el PIB desestacionalizado y el gasto Fiscal crecieron 5,7% y 13,1%,
respectivamente. Para el 2012, la brecha fue menor, registrándose un
crecimiento de 5,6% en el PIB desestacionalizado y de 9,7% en el gasto Fiscal.
El Ministro de Hacienda dio una clave importante cuando afirmó: “Vamos a tener
un crecimiento del gasto público, pero probablemente será menor a lo que hemos
tenido en años previos”. Deberíamos agregar con una certeza razonable: así
ocurrirá debido a la aplicación consistente de la regla presupuestaria. No en
vano, el Ministro Larraín acotó: “Vamos a continuar en esta tradición y va a
estar en línea con lo que nosotros recibimos en el Presupuesto 2010”.
Por más de una década, específicamente desde el
año 2001, la política Fiscal se ha fundamentado en el concepto del balance
estructural del Gobierno central consolidado. Se podría definir como una
política de austeridad racional que propende al ahorro Gubernamental en
períodos de bonanza y de des-ahorro en tiempos de baja en la actividad
económica. Siendo racional, responde a parámetros previamente establecidos y
consensos técnicos, de manera que es muy improbable que los criterios
directrices del presupuesto Fiscal obedezcan a olas de optimismo en la región
latinoamericana y particularmente en Chile. Sin embargo, la elaboración y
ejecución del presupuesto se sujeta al poder político que determina el monto y
la orientación del gasto del Gobierno consolidado. Está por verse si la regla
estructural de austeridad cederá a las presiones de un año electoral y a las
exigencias de una mayor participación del Gobierno y gasto Fiscal. A lo
primero, Hacienda responde que se atiene a la tradición y lo segundo queda
sujeto al apego que tenga el Gobierno venidero a la disciplina Fiscal, con
independencia de sus orientaciones políticas.
Regulación Legal del reciclaje.
El Gobierno ha enviado al Congreso un proyecto
de Ley que tiene por objeto regular el reciclaje de los residuos de los
productos que se transan y consumen. La figura Legal que así se crearía es la
llamada "responsabilidad extendida del productor" (REP), según la
cual los productores "son los responsables de la organización y
financiamiento de la gestión de los residuos de los productos prioritarios que
se comercialicen en el país". Es la primera vez que se propone una Ley en
esta materia y, de ser aprobada, está llamada a tener un impacto significativo
en la manera como se dispongan y reutilicen dichos residuos.
A comienzos del siglo XXI, las sociedades
modernas han ido internalizando de manera creciente que los residuos no deben
ser considerados solo como la parte no aprovechada de los procesos productivos
o de consumo. En realidad, constituyen otros recursos, que pueden ser
reincorporados al repositorio de aquellos con que los seres humanos crean valor
para la vida en sociedad. Ellos podrán ser reutilizados, en algunos casos de
manera inmediata; en otros, con posterioridad a su descarte, luego de someterse
a procesos de transformación o revalorización por la intervención humana o,
cuando eso no sea posible por razones tecnológicas, de carácter natural.
Sin embargo, el hecho de que sea necesaria una Ley
para asignar responsabilidades a los productores respecto del destino de esos
recursos residuales denota que su aprovechamiento no siempre es rentable
privadamente, y en algunos casos puede incluso no serlo tampoco desde el punto
de vista público. Eso dependerá del costo de recolectarlos, seleccionarlos,
transformarlos y reutilizarlos. Por tanto, en ciertos casos tiene sentido
enterrarlos en rellenos sanitarios, para que se descompongan mediante procesos
naturales, o incinerarlos. La gama de opciones que se abre para la
reutilización de esos recursos residuales es inmensa y sigue creciendo con el
tiempo, de modo que no pocas rentabilidades negativas que aún subsistan podrán
cambiar de signo en el futuro: su reaprovechamiento será cada vez más
generalizado, porque los recursos se hacen, en general, progresivamente más
escasos y porque las tecnologías para hacerlo de manera eficiente aparecen de
modo constante. Asimismo, la creciente conciencia ambiental de la población les
otorgará mayor valor a los productos que incorporen reciclaje, lo que también
contribuirá a que se hagan más rentables.
Con todo, es necesaria una nota de cautela,
porque en muchos casos el mayor costo en que incurran los productores al
hacerse "responsables de manera extendida" de los residuos que
generen-aguas arriba del proceso productivo, o aguas abajo luego de ser
consumidos- será traspasado a los consumidores. Eso ocurrirá, por ejemplo, con
los envases desechables, más allá del vidrio o del plástico, de una gran
variedad de alimentos o productos. A medida que el público les adjudique mayor
valor a los productos reciclados, tendrá menor resistencia a pagar su mayor
costo, y, con el tiempo, será la forma natural de concebirlos. Pero,
entretanto, debe tener cabal conciencia de que el reciclaje, como todo, tiene
un costo ineludible.
Este proyecto de Ley es un primer paso en la
dirección correcta, y, si se diseña y aplica bien, puede abrir la puerta al
reciclaje de una gran cantidad de recursos, elevando los estándares
medioambientales de nuestro país y agregando valor al sistema con nuevas
actividades productivas. Igualmente, nuestros exportadores han de advertir que
es anticipable que, con el tiempo, los países receptores más avanzados valoren
más los productos reciclados y tiendan a preferirlos a los que no lo sean.
Es de esperar que este esfuerzo Legislativo se
haga ahora de manera cuidadosa, sin fundamentalismos ni demagogia, porque un
exceso de entusiasmo Parlamentario en un sentido, o de lobby comercial en el
opuesto, puede hacer fracasar este tipo de Legislaciones.
¿Fallo inaplicable?
Hay expectación sobre las próximas
declaraciones del Presidente Santos respecto del fallo de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ), que zanjó una larga controversia territorial y
marítima entre Colombia y Nicaragua, y que Bogotá considera "inaplicable".
En su veredicto, el Tribunal asignó las porciones de tierra a Colombia, y
delimitó gran parte del espacio marítimo a favor de Nicaragua, lo cual, a
juicio colombiano, perjudica y enclaustra a los isleños.
Apenas conocido el fallo, el 19 de noviembre
pasado, el Mandatario colombiano lo consideró "equivocado" por una
serie de "omisiones, errores, excesos e inconsistencias", y no
descartó presentar recursos para "defender los derechos, pues se lesionó
gravemente la integridad geográfica de Colombia". Dado que un fallo de la
CIJ es inapelable, durante meses los colombianos han estudiado con sumo cuidado
cuáles serían los caminos a seguir. Se contrataron varios equipos de abogados
internacionalistas, colombianos y extranjeros, que hicieron recomendaciones y
propuestas que el Presidente y sus asesores están ahora analizando. Es muy acertado
que, como ha dicho la Canciller María Ángela Holguín, Colombia no tome
"decisiones precipitadas, y mucho menos haga declaraciones sin medir cada
una de las palabras".
Los especialistas consultados por el Gobierno
coincidieron en que "las inconsistencias del fallo son de tal calado que
conducen a su inaplicabilidad", según lo ha comentado uno de ellos. Estas
radican, según el mismo experto, en que el fallo pasa "por encima de los
tratados de delimitación marítima suscritos por Colombia con Panamá, en 1976;
con Costa Rica, en 1977; con Honduras, en 1986, y con Jamaica, en 1993",
lo cual significa que se invalidan tratados vigentes. A su juicio, también se
ignoran "los derechos a zonas contiguas de territorios insulares" y
se "violan los derechos vitales de los isleños".
Sin duda el fallo de la Corte debe ser acatado
por Colombia, y es valioso que su Gobierno no lo considere nulo, sino que haya
dicho que pedirá su revisión e interpretación. Lo que está en suspenso,
entonces, es el modo como Bogotá presentará sus demandas para encontrar una
fórmula que permita su aplicación en terreno, lo cual requiere además que las
partes se pongan de acuerdo.
Por eso se ha sostenido que la decisión de la
CIJ no podría ejecutarse en un plazo menor de siete u ocho años. Luego, es
preocupante que Nicaragua ya haya tomado medidas como entregar concesiones para
exploraciones petroleras, lo que objeta Colombia, que mantiene una presencia
naval en las aguas adjudicadas a Nicaragua. Ha molestado a Colombia que
Nicaragua anunciara que pedirá a ONU reconocer que su plataforma continental va
más allá de las 200 millas marinas, y pida por tanto sus derechos sobre ese
espacio, afectando la zona económica colombiana. Es una de las razones -según
Holguín- por las cuales Colombia se retiró del Pacto de Bogotá de 1948, sobre
resolución pacífica de controversias en cortes internacionales, para evitar
nuevos juicios con Nicaragua.
El Presidente Santos podría pedir a La Haya una
revisión e interpretación del fallo -recursos cuya admisibilidad debe evaluar
la Corte- y solicitar que se modifique sobre la base de antecedentes
desconocidos durante el proceso por la parte que los invoca (Colombia), o que
se aclaren puntos del mismo, por falta de precisión de algunos de sus párrafos,
lo cual facilitaría su recepción y ejecución por Colombia.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
