Temas relevantes....

Lugares comunes electorales,

por Gonzalo Rojas Sánchez.

Una vez inscritas las candidaturas para el próximo 17 de noviembre, aflora con especial fuerza en el chileno su talante mitad cínico y mitad escéptico.

En los próximos meses se oirá -en los taxis y en las oficinas, en las sobremesas y en las micros, en las happy hours y a las salidas de clases- un conjunto de genialidades, tan banales como dañinas. Se repetirán consignas, como si se tratara de hacer palotes para aprender a escribir.

Aquí van.

"Gane quien gane, al día siguiente yo tengo que trabajar igual".

Tontería supina. Si gana la Concertación (cuya muerte ha decretado infaliblemente la candidata Vallejo del PC), habrá vencido el socialismo más duro y no habrá chileno que pueda realizar con autonomía las tres funciones básicas que se vinculan al trabajo: emprender, contratar, ahorrar. Va a ser imposible que pueda trabajar igual. Mucho peor, sí. Pregúnteles a los que vivimos la UP.

"Mi voto no importa nada".

Renuncia voluntaria a responder por los propios actos. Torpe decisión por la cual se supone que, con su abstención, el no-elector se hace intocable, cuando sucede justamente lo contrario: al no votar queda en una posición de total indefensión ante el Estado, desarmado en su calidad de ciudadano, deshecho en su propia identidad, porque no ha sido capaz de marcar ni una simple rayita... o hasta cuatro, más bien. Uno de los principales resortes cívicos ha sido vencido. Cómo se alegran los socialistas al contar con un rebaño tan pasivo.

"No hay que votar, porque todos los políticos son corruptos".

Eslogan acuñado en las izquierdas para conseguir que los mejores individuos de las derechas se dediquen a los negocios, donde todos sabemos que nadie se corrompe. Y desde la vida privada, entonces, muchos derechistas repiten a coro tamaña estupidez, consiguiendo que sus hijos y nietos, obviamente, no se dediquen a la corrupta política. Después, lógico, claman por políticos que los defiendan. Pero como son todos corruptos...

"Lo importante es que sean electos los moderados, no los extremistas".

Frase que se aplica solo para llamar a no votar por los miembros de la Alianza, porque -ya se sabe- no hay extremistas en las izquierdas. Todos ellos son honestos representantes de minorías discriminadas, de grupos que necesitan una voz en el Congreso, de víctimas inocentes. Por eso mismo, si hay alguien en el conservantismo que exprese convicciones, no debe ser elegido. Es un fanático fundamentalista: no apoya la liberación animal ni está a favor de iluminarnos solo con velas.

"Los candidatos son los mismos de siempre".

Observación estadística totalmente absurda. Los profesores universitarios, las madres de familia, los gerentes, los músicos, los hombres del fútbol, las actrices de teatro, los comunicadores, todos duramos entre 40 y 60 años en la vida activa. ¿Qué les impediría a los políticos seguir ese mismo ritmo? Solo la superficial demanda por caras nuevas, lo que significa facilitar la audacia y la ruptura, derrotando de antemano a la experiencia y a la reforma. Así, no por méritos, sino por omisión, podría llegar al Congreso hasta un tipo al que apenas contratarían a prueba en su primer trabajo.

"Hay candidatos que no aseguran la Gobernabilidad".

Lo más sofisticado y, al mismo tiempo, lo más grotesco. Significa simplemente que si gana la fulanita, que se prepare, porque le vamos a hacer la vida imposible: para eso nos bastamos unos pocos, pero muy decididos, porque tú sabes que el capitalismo neoliberal ha logrado enajenar la conciencia de la gente, y que solo unas minorías selectas entendemos lo que necesitan los chilenos.

Necesitan un Estado todopoderoso y, por cierto, en sus manos.

¿Una revolución binominal?

por Daniel Mansuy.

Abrir la cancha, renovar los cuadros, oxigenar la política: tales son algunas de las consignas que estaremos obligados a escuchar en los próximos meses. En efecto, hay una nueva generación que suele invocar su juventud como virtud salvífica para ganar espacios de poder. Si acaso es cierto que debemos erradicar los malos hábitos, entonces nada parece más adecuado que apelar a nuevos rostros. El discurso no deja de ser atractivo, porque nuestra política lleva un buen tiempo atrapada en lógicas que no representan las inquietudes que atraviesan Chile.

Con todo, estas consignas son insuficientes, porque envuelven más de una trampa. Por de pronto, es ingenuo suponer que la edad, por sí sola, implica la práctica de cierto tipo de virtudes. Mejorar la calidad de la vida pública exige más que un mero recambio de nombres. En rigor, esta manera de argumentar tiende a olvidar que el ejercicio del poder tiene efectos en las conductas y que la pureza en contacto con el poder no produce precisamente más pureza. Dicho de otro modo, los líricos de ayer suelen ser los políticos profesionales de hoy, y vaya que hay ejemplos de esto. En política, toda pretensión a la pureza está condenada a un choque brutal con la praxis. Quienes agitan estas banderas son ora ingenuos -que no han reflexionado sobre la naturaleza del poder-, ora oportunistas -que tratan de escalar posiciones invocando motivos elevados.

Estas consideraciones pueden ayudarnos a comprender la paradójica situación de Giorgio Jackson, quien busca encarnar una “revolución democrática”, al mismo tiempo que obtiene un cómodo blindaje electoral (que había sido solicitado por su entorno). Es cierto que otros han sido objeto de omisiones análogas, pero en este caso, la distancia entre la acción y el discurso es demasiado radical como para pasar inadvertida: a Giorgio le exigimos más en virtud de sus propios criterios. Por más que le pese -y aunque intente convencernos de lo contrario-, Giorgio Jackson fue designado Diputado por secretaría.

Jackson podría objetar que su apuesta es ganarle al sistema desde dentro y que es indispensable llegar al Congreso para impulsar las reformas necesarias: en palabras de Lenin, retroceder un paso para luego avanzar dos. Pero eso es un juego de máscaras que implica entrar de lleno en aquello que Ernesto Aguila llama la república binominal. Nuestro sistema electoral es suficientemente defectuoso como para empeorarlo de forma deliberada: el blindaje de Jackson reduce  las opciones de los electores. Nadie entiende todo esto mejor que la propia Concertación, y por eso lo instrumentaliza -aunque él crea lo contrario. Al final, el binominal los está cooptando a todos, incluso a los más rupturistas. Allí reside la jugada maestra de Michelle Bachelet, quien integrando al sistema a los puros, los vuelve inofensivos y hasta pintorescos: todos sabemos que la rebeldía al interior de las instituciones es una impostura puramente estética, tan falsa como inútil. Y de hecho, una revolución que transa con el binominal tiene bien poco de revolucionaria: el binominal fue pensado precisamente como negación de toda revolución. Por eso, si este es el resultado de las movilizaciones del 2011, supongo que más de alguno tiene derecho a sentirse engañado.

Nuevo guión para el Museo Histórico Nacional,

por Sergio Martínez.

El Museo Histórico Nacional está realizando unas jornadas, abiertas a todo público, con el propósito de estudiar la conveniencia de hacer un nuevo guión para ese establecimiento cultural. He sido invitado por su Director a participar en este encuentro, como expositor, y ello me ha permitido sacar algunas conclusiones que deseo exponer en este artículo.

Me parece evidente que los creadores de nuestro Museo Histórico Nacional quisieron ofrecer en sus salas y vitrinas una muestra de piezas representativas de cada época de nuestra vida pretérita, sin pretender que ellas dieran respuesta a todos los temas conflictivos de nuestra historia, ni que representaran la totalidad del ser nacional, ni mucho menos que ellas mostraran todos los elementos constitutivos de la identidad cultural de los chilenos. Dar un mayor alcance a los objetivos de nuestro Museo Histórico Nacional, como pretenden algunos participantes a estas jornadas, me parece utópico e inalcanzable.

Creo que el Museo debe adscribirse, en su muestra, a un propósito claro y objetivo de exposición de los hechos históricos, sin tomar posiciones ni a favor ni en contra de determinados acontecimientos en los que existen opiniones divergentes. Ello, por respeto a la libertad del visitante, para que este pueda formarse su propia convicción, recurriendo a otras fuentes si lo estima necesario.

La modificación del guión del Museo no debiera, en mi opinión, suprimir su desarrollo cronológico, que resulta tan necesario desde un punto de vista pedagógico, y dedicar sus salas a la exhibición de áreas temáticas. Es muy posible que los temas propuestos resulten ser una respuesta a presiones circunstanciales o a sensibilidades transitorias, que lleguen a desvirtuar la doble naturaleza de este centro cultural, tanto histórico como nacional.

La ampliación de temas que se sugiere agregar al actual guión me inquieta. La opinión de algunos expositores de que este guión no puede ser neutro, sino que debe estar comprometido, particularmente con los temas no resueltos de nuestra convivencia, de modo que el visitante adhiera a un determinado deseable proyecto de país, me parece ahistórico y no propio de este Museo. Otros participantes han planteado que el nuevo guión debe suponer un cambio en nuestra memoria histórica, para alcanzar el objetivo de un imaginario cultural más amplio, con proyección al presente y al futuro, lo que puede dar amplio campo a la llamada "filosofía de la historia" a nivel local.

Me quedo con la opinión del sabio don Andrés Bello de que "la tarea del historiador debe ser la búsqueda de la verdad hasta el límite de lo posible". Si se acepta que la tarea del historiador (equivalente a la del Museo, en cuanto a autor de un relato histórico) pueda ser interpretar y manipular los hechos, para ajustarlos a un propósito, por alto que este sea, se llega a extremos inaceptables. Hay ciertos valores como el bien de la Patria, el prestigio de una institución, la importancia de la democracia, el respeto de los derechos humanos, que merecen un trato limpio, basado en la verdad.

¿O acaso queremos que nuestro Museo Histórico Nacional, por ejemplo, presionado por transitorias inquietudes del ente social, termine por dar cabida a una serie de falsedades convenientes, pero que nada tienen que ver con la historia, que es la esencia misma de su naturaleza como entidad cultural?

Sin duda, estoy de acuerdo en llenar algunos vacíos graves que muestra nuestro Museo Histórico, como el dar marco geográfico a los hechos, o incluir testimonios de la presencia de nuestros pueblos originarios, de la esclavitud negra, de los movimientos obreros y campesinos, o mostrar la inserción de Chile en los ámbitos vecinal y mundial, o incluso destacar más los acontecimientos de 1973 en adelante, pero con equilibrio y proporcionalidad.

La historia, teniendo por fuerza que ser selectiva, no debe abundar en las diferencias, sino acercar las posiciones antagónicas. Así lo han hecho, con éxito, países ayer enemigos, que se enfrentaron en los campos de batalla, y que hoy construyen juntos un mejor porvenir para sus pueblos.

En conclusión, creo que nuestro Museo Histórico Nacional debe hacer un necesario ajuste a su guión, para incorporar en él algunos temas que no pueden faltar y que son indispensables para completar una muestra representativa de nuestra identidad como nación. Creo, también, que algunos temas conflictivos para la comunidad nacional deben ser llevados a otro tipo de establecimientos, como ha quedado demostrado con el Museo de la Memoria. Y creo, también, que nuestro Museo Nacional de Historia debe encaminar su acción a la unión de todos los chilenos, para así contribuir eficazmente a la salud espiritual de la nación, y a la paz social que debe ser la base de todo auténtico progreso, en beneficio de las futuras generaciones de chilenos.

Falla del Estado en La Araucanía.

Desde que en 1990 el Gobierno anunció que impulsaría toda una nueva política para los descendientes de pueblos originarios -estableciendo una distinción entre el estatus de los chilenos y los que la Ley Indígena de 1993 identificó como mapuches, aimaras, rapanuí, atacameños, quechuas, collas, kawésqar y yámanas-, este diario previno que ese paso, lejos de mejorar la situación de tales grupos, podría crear nuevos y graves problemas que los impulsores de esa política no supieron prever. Ya el solo postular tal división respondía a visiones ideológicas ajenas a nuestra realidad de un mestizaje inextricable durante más de 400 años. Al parecer, se buscaba ponerse a tono con casos de otros países avanzados, sobre bases notoriamente improvisadas, quizá incluso sin advertir el anacrónico sustrato de discriminación étnica que esa normativa envolvía.

Al dejarse de lado la meta de plena asimilación e igualdad, superando los bolsones de extrema pobreza creados por políticas de larga data y derivados precisamente de someter a esos grupos a regímenes de propiedad comunitaria, la situación no ha hecho sino empeorar, hasta llegar a la actual, en que determinadas zonas de La Araucanía y otras Regiones se han transformado en escenario de creciente violencia armada, incluso con muertes, además de ingentes pérdidas económicas y parálisis del desarrollo de territorios potencialmente muy ricos.

Entre las Presidencias de Aylwin y Piñera, los cinco Gobiernos han fracasado en cerrar este peligroso quiebre en la unidad nacional. Por ineficacia, o debilidad, o temor, o sesgo ideológico de todos los órganos públicos, los hechos delictivos -brutales asesinatos incluidos- permanecen en su gran mayoría impunes.

En enero pasado, a raíz del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mac Kay, el Presidente Piñera anunció diversas medidas para reforzar la seguridad en esa región, entre ellas el fortalecimiento de la presencia policial -400 carabineros, un segundo helicóptero, cuatro carros policiales blindados-, e instruyó al General Director de Carabineros a mantener el control día y noche, estableciendo incluso una unidad especializada contra el terrorismo y la violencia en la IX Región. Sin embargo, siete meses después, las acciones violentistas continúan sin cambios significativos. El sistema institucional se muestra incapaz de contrarrestar sus acciones: encapuchados incendian inmuebles privados y públicos, campamentos de Conaf y escuelas, atacan a Carabineros y buses, balean a conductores de camiones y queman estos no solo en caminos apartados, sino en plena Ruta 5 Sur -espina dorsal de la conectividad del país, que puede ser atacada e interrumpida cuandoquiera los extremistas lo estimen-. Ante la ineficacia del Estado, los transportistas tratan de organizarse en fórmulas de autoprotección y piden que sus camiones circulen en caravanas protegidas por Carabineros. Con variadas explicaciones, anuncios tales como cámaras de seguridad en dicha ruta y la creación de un seguro para los camioneros no se han concretado. Actos que en cualquier democracia avanzada se considerarían terroristas, son calificados como delitos comunes, lo que en todo caso es poco relevante, porque tampoco son habidos los "pequeños y aislados grupos extremistas" que por dos décadas han sido capaces de hacer frente con éxito a los poderes públicos. Más allá de los sucesivos Gobiernos manifiestamente sobrepasados en todas sus dependencias, ni todo el Congreso ni todos los partidos políticos condenan categóricamente estos hechos, y Jueces y Fiscales no pueden contener los golpes violentistas que se repiten una y otra vez.

El coordinador policial en el área del conflicto, General de Carabineros Carlos Carrasco, designado hace 7 meses, cuestiona la forma como la Fiscalía determina qué predios deben tener protección de efectivos policiales, que para ello deben ingresar a una propiedad privada -375 hombres, que equivalen a una Comisaría mayor de la Región Metropolitana-, con lo cual se restan de la vía pública, donde serían más beneficiosos. Con todo, estima que un número creciente de presuntos hechores está en prisión preventiva o ha recibido sentencias por sus conductas. Según su evaluación, los hechos masivos han disminuido, pero los "actos relámpago" se han mantenido, y destaca la organización de los atacantes, su agresividad para enfrentarse a los Carabineros y su rapidez -no más de cinco minutos-, lo que facilita su fuga. Ha establecido un servicio permanente en las rutas de mayor tránsito, pero hay sectores muy solitarios, que facilitan cualquier acción delictiva. Pese a rumores en contrario, no se han identificado grupos terroristas extranjeros, pero sí llegan permanentemente ONG u otras entidades internacionales para contactar a las comunidades, aunque no se han certificado que den instrucción a grupos extremistas. Realistamente, resume su juicio diciendo: "No creo que lo hayamos hecho bien".

No sería justo aplicar este juicio solo a Carabineros. El Estado de Chile, en su conjunto, está fallando peligrosamente. Cualquiera sea el próximo Gobierno, le será exigible que pruebe eficacia allí donde todos sus predecesores han fallado desde 1990.

Nueve candidatos a La Moneda.

Este lunes terminaron de inscribirse formalmente las candidaturas a la Presidencia de la República y van a ser nueve los chilenos que compitan por llegar a La Moneda en la elección del 17 de noviembre, un número inédito de postulantes en la historia de Chile.

Este dato es interesante en sí mismo, pues significa que más personas que nunca antes decidieron emprender el complejo desafío de construir una plataforma Presidencial y pudieron hacerlo. Ello es una señal doblemente positiva para la salud de nuestra democracia, pues no sólo refleja la confianza de los candidatos en un sistema político al que legitiman participando en su proceso electoral y aceptando sus reglas, sino que también es prueba fehaciente de una institucionalidad que ofrece caminos efectivos para desarrollar proyectos políticos y poderlos someter al juicio ciudadano.

La composición del elenco de candidatos Presidenciales es aun más decidora que el número. Hace menos de una década y media, Gladys Marín fue la primera mujer en aspirar a La Moneda, y hace ocho años Michelle Bachelet fue la primera en lograrlo. En noviembre próximo serán tres las mujeres en la papeleta, y dos de ellas compiten representando a las principales coaliciones políticas del país, siendo bastante probable que se enfrenten solas en una eventual segunda vuelta, lo que marcaría otro hito sin precedentes, no sólo en Chile, sino a nivel mundial. Ello sin duda refleja cambios societales de gran calado en el rol y el aporte de la mujer, que son bienvenidos (más allá de lo que aún reste por hacer en ese ámbito, por cierto) y que el país innegablemente valora.

La diversidad de ideas y trayectorias políticas en el grupo de postulantes Presidenciales es otra señal de fortaleza democrática. Existen representantes de partidos políticos tradicionales con décadas de historia, pero también de tiendas de más reciente formación, como el PRO, o incluso algunos que compiten sin el apoyo de partidos establecidos, como genuinos independientes. Algunos tienen experiencia en la vida pública como políticos o ex autoridades, otros como académicos o líderes de opinión, y también hay dirigentes sociales o ex funcionarios de organismos internacionales. Sus matrices ideológicas también abarcan un amplio espectro de concepciones políticas y propuestas de gobierno: de ninguna manera podría decirse que “son todos lo mismo”, como a menudo se critica a la clase política, y eso es ganancia del electorado.

Por último, parece igualmente una señal de vigor democrático —y social— que las edades de los nueve candidatos vayan de los 40 a los 65 años, un cuarto de siglo de diferencia que da cuenta de una rica variedad de experiencias y trayectorias personales. Esto también debe entenderse como un activo, pues significa que miembros de dos generaciones de chilenos tienen la posibilidad y las ganas de hacer contribuciones al país desde la cúspide del Poder Ejecutivo.

Todas estas son señales positivas, pero desde luego la calidad democrática de una elección no depende sólo del elenco de Presidenciables. En materia de financiamiento de la política, por ejemplo, queda mucho por hacer para lograr una “cancha más pareja”, que efectivamente permita una competencia real; el funcionamiento interno de los partidos políticos y sus procesos para escoger a sus candidatos también es un ámbito donde hace falta más transparencia, más competencia y más rendición de cuentas; los medios de comunicación podrían hacer un esfuerzo adicional por dar espacio a las opiniones y propuestas de los candidatos menos “convencionales”, así como por promover un debate fundado en las ideas, más allá de lo que digan las encuestas, pues eso es parte de la función que les toca cumplir; y los electores tienen el deber de mostrar, con su interés por la campaña y su disposición a participar votando, que el proceso democrático no les es indiferente. 

Cobertura de los planes de Isapres.

Un estudio realizado por la Superintendencia de Salud reveló que existe una amplia diferencia entre la cobertura que ofrecen las Isapres en sus planes de salud con el resultado de cobertura que reciben los afiliados. Según el informe, un 97% de los contratos bonifica en promedio el 70% del total del valor de las prestaciones, mientras que sólo en el 20% de los casos el resultado final es consistente con lo estipulado. Según el informe, esta situación se explica por varias razones, como mal uso de los convenios por parte de los usuarios, enfermedades preexistentes y estrategias comerciales exageradas de las Isapres.

Para evitar estas diferencias entre la cobertura teórica y efectiva de los planes de salud que se contratan, sería conveniente que se adopten ciertas medidas al momento de afiliarse a alguna de estas instituciones. La principal es promover que los afiliados se interioricen correctamente sobre cuáles son los términos del contrato que están firmando, y que exista información clara y precisa sobre su real cobertura, con información basada en resultados efectivos logrados por los afiliados existentes. Es deber de los usuarios informarse a cabalidad del tipo de prestaciones que les serán cubiertas, los porcentajes de bonificación y sus topes, además de los centros médicos donde más les conviene atenderse. En la medida que los asegurados conozcan bien sus planes podrán optimizar el uso de los mismos.

El papel que les cabe a las Isapres en este aspecto es primordial, pues son más de dos mil los convenios que están vigentes. Este alto número provoca una asimetría de información que afecta la decisión de los usuarios, ya que no les permite manejar con detalle los términos de los planes a los que pueden acceder y les reduce las posibilidades de comparar precios y beneficios. Esta falencia podría corregirse acotando la cantidad de planes que las aseguradoras ofrecen, sin afectar la competencia, que debe ser una de las ventajas de este sistema frente a Fonasa.

¿Fusión de Comunas?

Un informe elaborado por el Ministerio de Vivienda proyecta que hacia el año 2020 unas 30 Comunas se fusionarán en 12 grandes ciudades. De ser así -lo que parece plausible-, eso plantea una serie de desafíos que requieren ser abordados por la autoridad, en conjunto con especialistas y las comunidades involucradas, para aprovechar mejor los beneficios que ese proceso origina y, además, mitigar los problemas que esa misma situación pueda provocar.

Es el caso de La Serena y Coquimbo, que aunque son Comunas distintas, ya constituyen en la práctica una única ciudad, y un fenómeno similar ocurre o se augura para las Comunas de Temuco y Padre Las Casas, Rancagua y Machalí, Valparaíso y Viña, Concepción y Talcahuano, entre otras.

Aunque según algunos, este es un fenómeno impulsado por el esfuerzo comercial de empresas inmobiliarias que extienden la oferta de viviendas a nuevos terrenos y van copando los espacios entre las ciudades, eso no podría ocurrir si el público no tuviese interés en adquirirlas, lo que a su vez es consecuencia de la multitud de externalidades positivas que las ciudades ofrecen a la población y que esta desea aprovechar. La concentración de población en ciudades más grandes permite una mejor oferta laboral, comercial, educacional, cultural y de entretención que los poblados más pequeños, porque la provisión de ellos se facilita cuando se ofrece a mayor cantidad de personas, aunque eso, obviamente, ocurre al costo de problemas de congestión vehicular, transporte público, contaminación y delincuencia, entre otros.

Si dos o más Comunas pasan a formar parte de una misma ciudad, la administración de esta puede hacerse bajo tres distintas modalidades: fusionar las Comunas que la componen, para tener así una sola autoridad; mantener las Comunas separadas con sus respectivos Alcaldes, o mantener las Comunas separadas e introducir una nueva autoridad -Alcalde Mayor es el término que se ha acuñado- que esté por encima de los Alcaldes y coordine a la nueva ciudad como un todo.

La respuesta no es obvia, pues todas tienen ventajas y desventajas. La mantención de Comunas separadas que deban coordinarse entre ellas por temas de interés común -la modalidad de Santiago- permite una mayor cercanía de la autoridad con los vecinos, aunque es dudoso que su gran cantidad actual -más de 30- sea la óptima. Por su parte, el Alcalde Mayor centraliza de tal manera autoridad -y, eventualmente, discrecionalidad- en las decisiones, que no siempre ello resulta en mejores ciudades. El caso de México y Sao Paulo lo ejemplifica. Este problema forma parte de la larga lista de temas que se siguen acumulando en la varias veces anunciada pero nunca acometida reforma del Estado.

Apoyo educativo familiar.

La Agencia de Calidad de la Educación ha elaborado un "Índice de apoyo educativo familiar", con la información proporcionada por las respuestas de los estudiantes de 4° básico al cuestionario que se aplicó en el momento de rendir el Simce, con el objeto de identificar diversos aspectos que inciden en el proceso educativo. Es una iniciativa ciertamente positiva, que permite establecer qué fortalezas y debilidades se presentan en el contexto de enseñanza de los estudiantes.

Los resultados -que fueron clasificados en nivel alto, medio y bajo, de acuerdo con el respaldo que reciben los alumnos- muestran con nitidez que, a medida que aumenta el nivel socioeconómico de la familia, es también mayor el apoyo que brindan los padres a sus hijos escolares, tanto mediante ayuda en la realización de las tareas como en incentivos y reconocimiento de sus éxitos escolares. Sin embargo, esta constante -algo inesperadamente- cambia en los niveles socioeconómicos más altos, en los que solo uno de cada cuatro escolares dice sentirse muy apoyado por su familia.

Este análisis da cuenta también de diferencias significativas en el apoyo que se entrega a los niños versus las niñas: también algo inesperadamente, las mujeres expresan menor respaldo de sus padres en sus actividades escolares.

Muy significativo es el alto apoyo familiar que declaran los alumnos de colegios particulares subvencionados, lo que revela un involucramiento transversal de aquellos padres que han optado por un determinado establecimiento, ya sea por su calidad o sus características formativas, incurriendo en algunos casos en importantes esfuerzos económicos para acceder a ellos. Este factor tiene un enorme alcance para los alumnos y también para la sociedad, pero hasta ahora no aparece ponderado en el debate político en torno a la mantención o supresión de la enseñanza particular subvencionada.

Diversos estudios confirman la relevancia del respaldo familiar para el estudiante, aunque él solo se traduzca en acompañamiento, incentivos o reconocimientos de logros académicos. El involucramiento y la participación de los padres en las actividades de los colegios contribuyen de manera significativa a impulsar y apoyar proyectos que comprometen a todos los actores -como las actividades extracurriculares, el mantenimiento del orden interno, las normas de prevención y erradicación del bullying -, así como también a la consecución de altos niveles de exigencia académica. Derivar (o abandonar) toda la responsabilidad en profesores y directivos dificulta el progreso académico de los estudiantes, especialmente durante los años de educación básica. El papel de los padres y apoderados es determinante en la formación de los hábitos de estudio, la superación de dificultades, la disciplina y la exigencia, aspectos que los propios estudiantes reconocen y valoran. Todo esto, que por lo demás parecería bastante obvio, está siendo ignorado por el debate actual, y es muy oportuno que este índice lo ponga en evidencia estadística.

Las esperanzas defraudadas de la Primavera Árabe.

Recibido hace un par de años con optimismo debido a su promesa democratizadora y de paz para la región, el movimiento de la denominada Primavera Arabe atraviesa hoy por una severa crisis, que se expresa en la dura represión contra los islamistas por parte del Gobierno militar en Egipto, la guerra civil en Siria, la división sectaria y tribal en Libia, la fragilidad política de Túnez y la fuerte presencia de Al Qaeda en Yemen. La inestabilidad se ha convertido en la norma para el Medio Oriente, la zona donde se ubica el 48% de las reservas globales de petróleo y que constituye, desde la antigüedad, un puente natural para conectar a Europa con Asia.

El golpe de Estado que derrocó a principios de julio en Egipto al Presidente islamista Mohammed Morsi, vinculado a la islamista Hermandad Musulmana, ha desencadenado una espiral de violencia que amenaza salir fuera de control. El Ejército acusa al depuesto Mandatario de llevar adelante un Gobierno inepto y buscar la formación de una dictadura, al tiempo que ha reprimido con inusitada fiereza las manifestaciones de protesta de los fundamentalistas. Estos atacan puestos fronterizos, iglesias coptas y llaman a la resistencia, con lo cual Egipto se acerca a la posibilidad de terminar sumido en un conflicto armado o de caer en una dictadura militar.

El hecho de que los otros países protagonistas de la Primavera Arabe sufran, con mayor o menor intensidad, situaciones de alto riesgo obliga a reflexionar acerca de qué ha sucedido con este movimiento. A partir de 2011, en diversos lugares se registraron manifestaciones masivas que sacaron del poder a Gobiernos ineficaces y corruptos que, sin embargo, habían sido capaces de garantizar estabilidad interna y confiabilidad Diplomática. Se pensó que el derrocamiento de líderes impopulares y la celebración de elecciones bastarían para apaciguar la polarización y escoger autoridades que actuarían de manera pacífica en el tablero geopolítico regional. Eso no ha sucedido.

En algunas partes, como Libia y Siria, el levantamiento popular terminó generando guerras civiles. En otros, como Túnez y Egipto, se registraron elecciones donde resultaron ganadores partidos islamistas. En todos, sin embargo, quedaron en evidencia insuficiencias culturales que hacen difícil el surgimiento de una institucionalidad democrática fuerte, capaz de limitar y controlar al Gobierno y garantizar el respeto a los derechos básicos de las personas. Al mismo tiempo, se hizo patente la polarización de las diversas sociedades entre los sectores que apuestan por un Gobierno secularizado y modernista, por un lado, y los que impulsan una organización social acorde con la Ley y los valores del Islam tradicional. Por último, también se produjo una división entre los países musulmanes por razones estratégicas e ideológicas, la cual es muy evidente en el caso de Egipto, donde Arabia Saudita, Jordania y los Emiratos Arabes Unidos apoyan a los militares laicos y Turquía, Irán y Qatar respaldan a la Hermandad Musulmana.

Lo sucedido es otra muestra de que la realidad termina imponiéndose al mero voluntarismo y de que la idea de un Medio Oriente poblado por regímenes democráticos por ahora se ve lejana. La comunidad internacional debe actuar con decisión y rapidez para asegurar que los derechos esenciales de las personas sean cabalmente respetados e impedir que continúen las masacres.

Correspondencia para meditar.

Señor Director:

Platas de campañas

Con espanto leí el titular del diario del martes: $9 mil millones para las campañas Presidenciales.

¿Cuántas cosas se podrían hacer con esa plata? ¿Implementar cuántos hospitales, consultorios, centros de la Junaeb, salas cuna, casas de subsidio que aún no se han dado a gente que sufrió con el terremoto?

Margarita Gallardo S.

Nota de la Redacción:

Desde hace mucho tiempo hemos reclamado por los ingentes costos que ha asumido el Estado para financiar las actividades políticas, este es uno de ellos, pues creemos es necesario recordar que a los candidatos, de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos, se les devuelve gran parte de lo invertido.

Creemos que la clase política, que sostenemos solo se mira el ombligo, sigue privilegiando su actividades, por las que ciertamente reciben altísimos emolumentos, que consideran prioritarias, por sobre las verdaderas necesidades de los chilenos, especialmente los más humildes.

Financiamiento de los partidos políticos, organización y coste de las primarias, pago de los gastos electorales son algunos de los altos importes que estamos pagando, por cierto decenas de millones de dólares, que sin duda alguna se podrían invertir con criterio social para solucionar problemas más importantes.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.