Temas de contingencia para meditar, fotos informativas...

Buenas noticias,

por Leónidas Montes.

Hace dos semanas se realizó el lanzamiento de Espacio Público, un think tank liderado por Eduardo Engel que reúne a destacados académicos de centro-izquierda. Con una alta convocatoria —estaba repleto de jóvenes estudiantes universitarios que no pudieron entrar al auditorio—, James Robinson dio una apasionada y vibrante charla inaugural. Por otro lado, está compitiendo Horizontal, un joven think tank de centro-derecha. Asimismo, han surgido y siguen surgiendo una serie de otras iniciativas —sobre todo en educación— que persiguen aportar al debate público. Evidentemente el rol del CEP ha sido un ejemplo por más de 30 años. Y su influencia ha sido clave en muchas materias. Pero el Instituto de Libertad y Desarrollo también ha contribuido enormemente al debate. Y para qué hablar de la importancia de CIEPLAN. Afortunadamente en Chile hay varios centros de estudios que, desde diferentes perspectivas y posturas ideológicas, buscan alimentar la necesaria deliberación que exigen las políticas públicas. Estas son buenas noticias para el país. Si algo nos caracteriza es el compromiso de las élites con las políticas públicas. Esa interacción entre lo privado y lo público es muy virtuosa. Y mientras más competencia haya en estas lides —al final, las ideas y las buenas políticas no son monopolio de nadie—, mejor para el futuro del país.

Espacio Público está trabajando en varias iniciativas de interés público. Y recientemente Horizontal, en conjunto con la Escuela de Gobierno de la UAI, dieron a conocer un estudio acerca de la Ley de lobby. La intención de Legislar el lobby lleva diez años discutiéndose. La regulación del lobby en Chile ya se parece al cuento del lobo. Hasta ahora mucho ruido y pocas nueces. O mejor dicho, muchas nueces y poco ruido (mal que mal, al parecer se trata de una actividad bastante lucrativa). Pero se acaba de dar un paso alentador. La iniciativa de Gobierno fue aprobada abrumadoramente por la Cámara de Diputados. Ahora es el turno del Senado. Ojalá los honorables comprendan la necesidad e importancia de contar con una Ley de lobby. Chile ha dado pasos institucionales importantes en materia de transparencia. Pero aún queda el lobby. Mientras mayor transparencia y accountability tengan nuestras instituciones, menor será la desconfianza que nos abruma.

Un gran legado que nos dejó Andrés Velasco como Ministro de Hacienda fue el sustancial aumento de fondos públicos para becas de posgrado en el extranjero. El cambio ha sido sorprendente. Los becados a las mejores universidades del mundo han aumentado de manera explosiva. Por ejemplo, entre 1981 y 2000 se entregaron, en promedio, 57 becas de posgrado al año. Pero entre el 2000 y el 2012 se entregaron en promedio 447 becas de posgrado al año. Casi 8 veces más. Para que se haga una idea, el 2009 se repartieron 1.316 becas. Hoy hay muchas más oportunidades. Antes eran muy pocas las becas. Muchas de ellas a universidades españolas de dudosa calidad. Pero todo eso ha cambiado. Y para bien. Son muchísimas las becas que se entregan año a año. Y gran parte de éstas financian a estudiantes que van a las mejores universidades del mundo en sus especialidades.

A comienzos de los 80, cuando nos reíamos de los “cuescos Cabrera”, tener un MBA o un máster en una universidad top era un privilegio. Era algo inusual, casi único. Y había muy pocos PhD. Esos eran casos muy excepcionales. Hoy todo esto está cambiando. Un MBA parece ser un commodity para quienes quieren dedicarse al mundo de los negocios. Y un PhD es sólo una condición necesaria para iniciar una carrera en el mundo académico. Todo esto avanza al ritmo de nuestro PIB per cápita. Y evidentemente son buenas noticias para el futuro de Chile. Porque si algo caracteriza a los chilenos recién egresados de sus estudios en el extranjero, es que la gran mayoría regresa al país.

El impacto que tendrán estas nuevas generaciones formadas en el extranjero será significativo. Aportarán no sólo con conocimientos, sino también con su experiencia. Habrá mayor diversidad y calidad académica. Y mayor tolerancia política. Naturalmente la competencia académica será más cruel. Pero su impacto en las políticas públicas se hará notar. Por esta razón debemos celebrar y apoyar la emergencia de los nuevos think tanks. Porque al final habrá más competencia. Y más lugares que darán acogida a los futuros becados que vuelvan al país.

Propuestas del G9 para la educación superior,

por Ignacio Sánchez.

La variedad del sistema de educación superior (ES) debe garantizar la libertad de enseñanza en nuestro país. La riqueza de esta libertad radica en que permite una sociedad pluralista, enriquece los bienes culturales, vela por una mayor calidad del sistema y profundiza las bases democráticas de una sociedad. Es así como una universidad de orientación pública debe ser analizada desde una concepción basada en su quehacer y en las acciones que la universidad emprenda en pos del bien común, sin que prevalezca el origen de su propiedad como elemento discriminador.

La Red de Universidades Públicas no Estatales (G9) es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que agrupa a las universidades públicas no Estatales del Consejo de Rectores (Cruch). Sus instituciones tienen tradición, servicio público, arraigo e identidad en el entorno Regional y nacional. Son referentes nacionales e internacionales en varias materias.

Estas instituciones cuentan con el mayor promedio de años de acreditación; en pregrado y posgrado representan más de un 40% de la matrícula del Cruch, con la mitad de los alumnos y programas de doctorado. Sus académicos, titulados y graduados, representan el 50% del Consejo de Rectores. En cuanto a la investigación, su aporte al país representa más de la mitad de los proyectos Fondecyt y de las publicaciones indexadas, con gran calidad e índice de impacto. Además, cuentan con gran proporción de los proyectos de desarrollo y transferencia tecnológica, patentes y licenciamientos.

Junto con la reafirmación del carácter público de estas instituciones, las propuestas prioritarias incluyen las siguientes áreas: 1) Acceso: el informe internacional Pearson hace imprescindible la incorporación de cambios al proceso de admisión universitaria. Una nueva institucionalidad, modificaciones a la PSU, la incorporación del ranking de notas y nuevos instrumentos de selección son tareas a abordar. 2) Acreditación y fiscalización: los proyectos de Ley de la nueva Agencia de Acreditación y de la superintendencia están aún en el Congreso; requieren ser perfeccionados y aprobados con el aporte de todos los actores. En el caso de la Ley de Superintendencia de Educación Superior, ésta debe velar por impedir el lucro y evitar que la vinculación entre empresas relacionadas se utilice para extraer renta de las universidades.

3) Financiamiento y diferenciación de las universidades: se ha avanzado en el financiamiento estudiantil, proceso que debe continuar incorporando beneficios para un mayor porcentaje de estudiantes. Se requiere de un detallado análisis de los aranceles de referencia, los que son vitales para el financiamiento del sistema. Además, se debe avanzar en perfeccionar el aporte Estatal a las instituciones que aportan bienes públicos, en especial en las áreas de investigación, creación e innovación. 4) Otras áreas prioritarias son el desarrollo Regional; la innovación y el emprendimiento; la formación inicial de profesores; el cambio a la Asignación Fiscal Indirecta, definiendo mejor al “mejor alumno”; la nueva institucionalidad para las ciencias y el apoyo a la educación técnico-profesional.

El compromiso de bien público es lo que marca la misión y objetivo de nuestras instituciones. El sistema de educación superior no estatal ha sido parte fundamental del desarrollo universitario.

Importancia del Congreso.

A medianoche del lunes cerraron las inscripciones para los candidatos Presidenciales, Parlamentarios y a Consejeros Regionales. Iniciada ya la carrera electoral, muchos análisis se dedicarán a escudriñar las opciones de los principales bloques políticos a mantener o acrecentar su poderío en el Congreso. En particular, la Nueva Mayoría ha hecho explícito su objetivo de -aprovechando los "doblajes" que permite nuestro sistema electoral- conseguir una mayoría suficiente como para impulsar reformas profundas a nuestro ordenamiento Legal y Constitucional. Pero aunque la filiación partidaria sea importante, la verdad es que las mayorías Parlamentarias son siempre muy heterogéneas, y los proyectos de Ley importantes suelen negociarse y aprobarse con apoyos transversales, obtenidos de entre los representantes más librepensantes o díscolos del bloque adversario. Siendo así, más que el color político de los Parlamentarios elegidos, importan sus condiciones y convicciones personales.

Las dos principales listas Parlamentarias inscritas anoche son muy amplias y diversas. Ello se ha acentuado esta vez por la integración del Partido Comunista a lo que fuera la Concertación. Las divergencias y tensiones en el interior de ese bloque son tan obvias que es difícil imaginar cómo podría conformar un Gobierno eficaz y una mayoría Parlamentaria cohesionada. Pero la coalición oficialista, antes de tan coincidente visión programática, tras su experiencia de Gobierno muestra también importantes diferencias, tanto en lo económico-social como en lo valórico. Por eso, para los votantes de uno u otro sector, tanto como el signo político de la coalición que los cobija, importará conocer bien la trayectoria y los planteamientos propios del candidato por quien hayan de marcar su preferencia.

Muchos de los candidatos son conocidos porque más de 70% de los actuales Parlamentarios cuyo período vence ahora van a la reelección. En cuanto a los nuevos nombres, hay figuras conocidas provenientes, por ejemplo, de los movimientos sociales -dirigentes estudiantiles y sindicales-, así como también ex Ministros de destacada participación en el actual Gobierno. Su experiencia y capacidad de liderazgo pueden constituir un valioso aporte en la discusión de las iniciativas Legales y la articulación de los acuerdos necesarios. Con todo, sorprende que las plantillas Parlamentarias de ambos bloques no incorporen a más ex Ministros o altos funcionarios ya sea del actual Gobierno o de los anteriores, cuya experiencia y reputación los haría especialmente indicados para asumir la representación de la ciudadanía en la elaboración de las Leyes.

Tal vez esto derive del hecho de que, a juzgar por las encuestas, el Parlamentario es el más desacreditado de los oficios. A eso contribuye la amplia brecha existente entre las expectativas que despiertan en las campañas electorales y la exasperante lentitud de los trámites Legislativos. Las reformas educacionales adquirieron prioridad ante la opinión pública luego de las marchas estudiantiles de 2006. Cinco años más tarde, una nueva ola de protestas hacía ver que a esa fecha los avances eran nulos y desataba un nuevo ímpetu reformador. Cuando ya se acerca el fin del actual período Presidencial, el grueso de las importantes iniciativas Legales presentadas por el Gobierno -pese a contar muchas de ellas con amplio respaldo entre los expertos- sigue estancado por razones políticas. Algo semejante ocurre con los proyectos de Ley para barrer con los obstáculos para la inversión en energía y minería, así como en aquellos que impulsan la competitividad en diversos ámbitos.

El Congreso que se inaugurará el próximo 11 de marzo tendrá una ardua tarea para revalidar la función Parlamentaria, para representar las aspiraciones y demandas de la ciudadanía y para hacerlas carne en la tramitación de iniciativas Legales concretas y prácticas, que se hagan cargo de los reales problemas del país.

Falta de coherencia en Santiago Centro.

Las directivas del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana decidieron bajar las candidaturas a Diputado de sus partidos en el Distrito 22 (Santiago Centro), con el propósito de favorecer la opción del otrora dirigente estudiantil y actual representante de Revolución Democrática, Giorgio Jackson.

La determinación resulta llamativa, pues pone de manifiesto una paradoja. Durante mucho tiempo, tanto los representantes del pacto opositor como el candidato que será beneficiado han venido señalando con insistencia la necesidad de terminar con los vicios que, según su parecer, arrastra el modelo electoral chileno, especialmente en lo referido a la falta de competencia que asignan al sistema binominal, al cual atribuyen la responsabilidad de no permitir la oxigenación de la actividad política. Sin embargo, la decisión de la Nueva Mayoría de no llevar candidatos en el Distrito 22 atenta precisamente contra la mayor competencia que estos mismos demandan y deja en evidencia su disposición a utilizar el binominal a su favor en la medida en que éste les permita maximizar su rendimiento electoral. Anteriormente le entregaron el apoyo a la representante del PC en La Florida para que asumiera una candidatura sin someterse a primarias.

Ha sido la propia candidata Presidencial del conglomerado quien ha pedido que se les dé un trato especial a determinados candidatos al Congreso, para que éstos amplíen sus posibilidades de salir electos. Esta incongruencia entre el discurso y lo que finalmente se pone en práctica provoca un gran daño al sistema político y les resta credibilidad a sus dirigentes. La renovación de los cuadros Parlamentarios no debe darse minimizando la posibilidad de escoger de los votantes. Estos necesitan contar con opciones viables para elegir a sus representantes.

¿Cambios en la tasa de cotización previsional?

A pesar de que ha sufrido múltiples cambios en distintos Gobiernos, sigue postulándose la necesidad de reformar nuestro régimen previsional. El énfasis actual se pone en las tasas de reemplazo que ofrece el sistema, particularmente para los sectores medios. La reforma de 2008, que creó una pensión solidaria para todas las personas, independientemente de la densidad de cotizaciones, y un aporte previsional solidario para cotizantes con bajos saldos y que perteneciesen al 60% de menores ingresos, ha significado un piso amplio para estos sectores. Siempre se podrá revisar los montos definidos en esa oportunidad, pero ellos fueron razonables, ya que montos muy altos desincentivarían del todo la cotización obligatoria. Más allá de las particularidades de cada sistema previsional, en todos los países hay preocupación por establecer un equilibrio apropiado entre solidaridad y esfuerzo contributivo.

En esa oportunidad también se aseguró una mayor competencia en el sistema. De hecho, las comisiones pagadas por la administración de los fondos se han reducido. Esa reforma también logró aumentar las pensiones esperadas de las mujeres mediante la creación del bono previsional por hijo, entre otros cambios. Obviamente, esas transformaciones no podían resolver los problemas de densidad de cotizaciones, que se vinculan estrechamente con el mercado laboral. Los trabajadores de ingresos medios tienen también importantes lagunas previsionales que afectan los saldos acumulados durante su vida activa y, por tanto, reducen las tasas de reemplazo al jubilar.

Tampoco podían resolver los aumentos en la expectativa de vida al nacer. Para el promedio de la población, ella alcanzaba aproximadamente los 69 años al aprobarse el sistema de capitalización individual. En la actualidad es de 10 años más. No hay buenos datos respecto de la expectativa de vida al momento de jubilar, pero todo sugiere que el cambio ha sido similar. Dado esto, nuestro sistema de pensiones no impone una edad obligatoria para jubilar. Sería lógico que en estas circunstancias las personas retrasaran la edad de jubilación. Sin embargo, los 65 años para los hombres y los 60 para las mujeres siguen estando en el imaginario de la ciudadanía como el momento del retiro. Si aumenta la expectativa de vida, se mantienen las edades para pensionarse, pero no se ajusta la tasa de contribución: la única variable de ajuste es la tasa de reemplazo, que, así, debe ir a la baja.

Por eso, si no se quiere postergar la edad de jubilación, la única solución plausible es elevar las contribuciones previsionales. Eso supone incentivar los ahorros voluntarios o aumentar la tasa de cotización obligatoria. La primera de esas opciones ha mostrado ser eficaz solo para personas de ingresos medio-altos o altos. La segunda no es fácil de aplicar en la práctica. Nuestro mercado del trabajo ha demostrado ser bastante sensible a la tasa de cotización total para seguridad social -esto es, la diferencia entre el costo para el empleador y el salario para el trabajador-. La alta informalidad que todavía presenta nuestra economía no parece poder desligarse de dicha tasa. Con todo, podría haber un espacio para aumentarla, ya que, según el Banco Mundial, Chile se encuentra entre aquellos países que presentan bajas tasas de cotización y, además, han aumentado las capacidades del Estado para controlar los engaños en materia contributiva.

El Gobierno ha anunciado que explorará una reforma en tal sentido. Sería positivo que eso fuese acompañado de cambios que aumentaran aún más la competencia en el sistema, por ejemplo, promoviendo las licitaciones de carteras no solo para los nuevos cotizantes, sino también para los antiguos que aceptaran voluntariamente participar en este proceso, o separando la administración de la recaudación previsional y de las cuentas de la gestión de los fondos previsionales.

Transparencia del SII.

La renuncia de Julio Pereira a la Dirección del Servicio de Impuestos Internos en julio pasado, tras cuestionamientos sobre condonaciones tributarias realizadas a la multitienda Johnson’s, dejó pendiente un tema de fondo: La reserva de los ciudadanos y empresas en materia de impuestos, protegida por el Código Tributario y el interés público de transparentar las decisiones del SII, requiere de un complejo equilibrio.

El caso que gatilló la salida de Pereira puso sobre el tapete que hay que afinar la información sobre las resoluciones de las autoridades tributarias y ayer el nuevo Director realizó una serie de anuncios que apuntan a mejorar la transparencia, los que se implementarán desde septiembre en la página web del SII. Primero, la agenda de reuniones de las autoridades del SII (Director, Subdirectores, el Director de grandes contribuyentes y los Directores Regionales) con contribuyentes será pública. Esto va en la misma línea de la actual Ley de “lobby” que se discute en el Congreso, que busca que los propios ciudadanos sean agentes de control de las relaciones entre el poder político y económico. Segundo, se compartirán las respuestas que lleguen al SII mediante la Ley de Transparencia, que en la actualidad se entregan solamente a la persona que hace el requerimiento. Y tercero, y el punto más complejo, se publicará en la web mensualmente una lista con el RUT de los contribuyentes que recibieron condonaciones de multas e intereses en las oficinas del SII, además del porcentaje y el tipo de beneficiario (persona, micro, pequeña, mediana o gran empresa). Los montos no se entregarán porque esto violaría las normas de reserva del Código Tributario.

Ante una opinión pública mucho más inquisitiva que en el pasado es importante dar desde la autoridad la mayor cantidad de señales de transparencia. En este caso puntual, además, ayudará a hacer comprender a la ciudadanía el rol de las condonaciones en el trabajo del SII. Hasta ahora, el debate tiñó este mecanismo al asociarlo a tráfico de intereses, pero lo cierto es que en la última década, este servicio ha concedido 1,4 millones de condonaciones de multas e intereses a 796 mil contribuyentes. Este alto número se debe a que anualmente se aplican infracciones de poca monta a cientos de miles de contribuyentes, que deben ser regularizadas de manera rápida para seguir con los procesos tributarios. Los grandes casos (como el de Johnson’s) son sólo algunas decenas al año. Además, las condonaciones tienen tope de hasta 55% de los intereses y 60% de las multas, lo que supone también límites a las decisiones de las autoridades tributarias.

Habrá que esperar a que los expertos hagan análisis a fondo sobre los aspectos Jurídicos de estas modificaciones pro transparencia que se anunciaron ayer, de manera de resguardar la reserva en materia impositiva. Sin embargo, la señal apunta en la dirección correcta en el sentido de no eliminar un mecanismo necesario como son las condonaciones, sino que dotar de transparencia a aquellos procesos que levantan suspicacias en la ciudadanía.

Destrozos en Parque Forestal y política sobre eventos masivos.

Justificada indignación ha provocado en la ciudadanía el estado en que quedó el Parque Forestal y sus alrededores, tras el recital masivo que conmemoró los 50 años de existencia del grupo Los Jaivas. Se trató de un espectáculo gratuito, inexplicablemente autorizado por el Municipio de Santiago sin haber exigido mínimas medidas de resguardo a sus organizadores, lo que dio pie a múltiples destrozos, el robo de valiosas obras de arte desde el Museo de Arte Contemporáneo y la acumulación de basura que, según el propio Municipio, alcanzó las 20 toneladas. Lo acontecido debe motivar una profunda revisión de las autorizaciones para este tipo de eventos masivos, los que si bien despiertan alto entusiasmo en la población, deben ser realizados en zonas especialmente diseñadas para ello y que no pongan en riesgo a los vecinos ni a los asistentes.

La Alcalde de Santiago ofreció públicas excusas a los vecinos del Parque Forestal y justificó lo sucedido ante la  llegada de unas 70 mil personas, en circunstancias que se esperaban unos 15 mil asistentes. La autoridad Edilicia habló de “descontrol”, “irresponsabilidad” y “desmesura” de los asistentes, y señaló que a futuro se evitará autorizar eventos de esta magnitud en dicha zona. La explicación resulta insuficiente, porque incluso asumiendo que hubiesen llegado las personas inicialmente previstas, el lugar carecía de las medidas de seguridad y equipamiento sanitario para cobijar un recital masivo, por lo que a todas luces, no fue acertado haber escogido el Parque Forestal para una conmemoración de este tipo. Atribuir lo sucedido a un problema de “falta de cultura” de los asistentes, no hace más que constatar un dato que debió haber sido considerado previamente por la autoridad, pues existen abundantes precedentes de similares desmanes en actos de este tipo.

El país ha dado pasos significativos para combatir la violencia en los estadios, y hoy en día, los eventos deportivos -en virtud de la Legislación vigente y la aplicación de programas como “Estadio seguro”- deben cumplir con estrictos resguardos. Por ello, no parece lógico que eventos masivos que convocan a una asistencia tanto o más numerosa, puedan realizarse con relativa facilidad y sin estar sujetos a mayores obligaciones en cuanto a la seguridad que se debe brindar a los asistentes y en general, para asegurar el orden público. Queda al desnudo una incongruencia que debe ser corregida.

En este caso se ha desoído la voz de los vecinos, quienes desde hace tiempo han advertido a las autoridades Municipales y Regionales sobre distintas manifestaciones de todo tipo que con frecuencia tienen lugar en el Parque Forestal -ferias artesanales, fiestas culturales o grupos de protesta ciudadana- y que han deteriorado la calidad de vida en el sector. El legítimo interés ciudadano por asistir a eventos culturales o artísticos no debe darse al costo de afectar la calidad de vida de los vecinos, y cabe esperar que esta consideración esté presente en las futuras autorizaciones de eventos masivos, que hoy se hacen frecuentes en distintos puntos de la ciudad.

Los eventos artísticos y culturales masivos son frecuentes en las grandes ciudades del mundo -ejemplo de ello son los conciertos de verano que tienen lugar en parques de grandes urbes, como Nueva York, Chicago o Londres- y constituyen un aporte al enriquecimiento de la vida cultural y al goce responsable de la infraestructura de los espacios que brinda la ciudad. Santiago no debe renunciar a este tipo de espectáculos, pero es relevante que si se trata de eventos abiertos se privilegien zonas aptas para ello, como por ejemplo, el Parque O’Higgins.

Demografía, inmigración y sociedad.

Sin perjuicio de las dificultades del último censo para tener cifras precisas respecto de la población del país, tanto sus resultados como los del anterior -sumándole a este el balance neto de nacimientos, muertes e inmigración- arrojan estimaciones que indican una notoria disminución de la tasa de crecimiento de la población, que podría incluso traducirse en un estancamiento o disminución de ella en algunos quinquenios más.

Es un fenómeno que tiende a darse con el desarrollo, pues la mantención de altos niveles de vida requiere una vida laboral activa de las parejas, lo que hace más difícil que, en promedio, tengan más hijos. Esto, de paso, permite a la ingeniería demográfica soñar con estabilizar la población mundial en alrededor de 9 a 10 mil millones de personas hacia mediados de siglo.

En paralelo con esa tendencia general, hay fenómenos de migración e inmigración, provocados por las diferencias relativas en la prosperidad o por el crecimiento económico de los países, que hacen que las personas busquen instalarse en países o territorios distintos de su lugar natal, que ofrezcan mejores oportunidades laborales y de calidad de vida. La prosperidad que exhibe nuestro país como consecuencia de casi tres décadas de desarrollo sostenido -a pesar del cuestionamiento a que ese desarrollo ha sido sometido en los últimos dos años- ha atraído a crecientes grupos de personas de países vecinos, en particular peruanos, bolivianos, argentinos, pero también de países no vecinos, como Colombia. En Antofagasta se estima la presencia de unos 11 mil colombianos, motivados por el boom minero y de construcción que existe en la zona.

Por una parte, la llegada de inmigrantes sirve para mitigar la escasez de trabajadores nacionales, provocada por la alta demanda por trabajo en el último trienio. Por otra, puede generar una reacción de rechazo, pues dichos extranjeros pueden estar dispuestos a trabajar por salarios menores y, además, en períodos de menor dinamismo, a competir con trabajadores nacionales por los mismos puestos de trabajo. Este es un fenómeno ampliamente conocido en el hemisferio norte, al que se agrega la carga que significa para la nación receptora el otorgarles los beneficios sociales que el Estado garantice. Sin embargo, en un mundo globalizado y competitivo, no parece posible evitar la llegada de inmigrantes, que deben ser considerados más bien como un valioso aporte a la creación de riqueza nacional, que el ambiente foráneo al que se enfrentan estimula con particular energía.

Correspondencia destacada.

Señor Director:

Lady Di.

Ante las denuncias de un soldado inglés de élite que dice haber escuchado que la muerte de Lady Di, en 1997, habría sido planificada, el establishment ha reaccionado con cautela, dudando de la veracidad de la información, dado el tiempo que se habría esperado para darla a conocer. En Chile, ante una denuncia de ese tipo, inmediatamente habríamos designado un ministro en visita y ordenado la exhumación del cadáver, porque para nosotros cuarenta años para reabrir un proceso no es nada.

Miguel A. Vergara Villalobos

Señor Director:

¿Revolución democrática?

¿No es más democrático ofrecer más opciones de candidatos a los ciudadanos para elegir a sus representantes que menos? ¿No es más legítimo el triunfo cuando el número de contrincantes es mayor?

Resulta desilusionante que la candidatura de Giorgio Jackson sea menos democrática que si hubiera competido al interior de la lista de la Concertación; al menos en este segundo escenario los ciudadanos hubieran tenido más opciones. Es verdad que el binominal tiene graves defectos, pero la solución en este caso es incluso peor.

¿Revolución democrática? De democrático, nada; de revolucionario, tampoco. Es la misma vieja política de siempre, de la cual ya estamos hartos.

Sylvia Eyzaguirre.

Señor Director:

Déficit estructural.

En la columna del 19 de agosto de 2013 del integrante del comando de la candidata de la Nueva Mayoría, Guillermo Larraín, se evalúa el desempeño Fiscal de la actual administración. Una vez más se intenta argumentar que el déficit estructural heredado no fue de 3,1% del PIB, sino que menor. Si el señor Larraín sigue dudando de las recomendaciones de la Comisión Corbo, en donde participaron 2 ex Directores de Presupuestos de los Gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, también puede leer el más reciente reporte de la Consulta del Artículo IV del FMI que indica que en 2009 el balance estructural fue de 4,3% del PIB y que a 2012 se había reducido ya a 0,6% del PIB. ¿Estarán mal en el FMI también?

Además se pregunta por qué la recaudación tributaria durante la actual administración fue “discreta”, según sus palabras, y por qué no se lograron mejores resultados Fiscales. La respuesta es muy simple, está en las cifras de la página web de la Dipres y pudo haberlas mirado antes de consultar, pero ya no lo hizo. La respuesta es que los ingresos tributarios mineros en el periodo 2006-2009 fueron de 2,5% del PIB promedio, mientras que, de acuerdo con las últimas proyecciones oficiales, en 2010-2013 esta cifra disminuyó a 1,5% del PIB. Por el contrario, los ingresos tributarios no mineros en el periodo 2006-2009 promediaron 13,9% del PIB (si no se considera 2009 que por ser año de crisis este promedio asciende a 14,1% del PIB), mientras que en el periodo 2010-2013 esta cifra es de 15,2% del PIB. Es decir, aunque la actual administración no corrió con la misma suerte de tener los márgenes unitarios récord del cobre vistos en 2006 y 2007, aumentó en forma importante los ingresos tributarios no mineros, más asociados al crecimiento económico. Finalmente, nuestro Gobierno tampoco enfrentó la baja carga de gasto público con la que partió la administración anterior, en torno a 18% del PIB, sino que la que le heredaron fue de 23,4% del PIB.

Gustavo Díaz, Instituto Libertad.