Buenas noticias,
por Leónidas Montes.
Hace dos semanas se realizó el lanzamiento de
Espacio Público, un think tank liderado por Eduardo Engel que reúne a
destacados académicos de centro-izquierda. Con una alta convocatoria —estaba
repleto de jóvenes estudiantes universitarios que no pudieron entrar al
auditorio—, James Robinson dio una apasionada y vibrante charla inaugural. Por
otro lado, está compitiendo Horizontal, un joven think tank de centro-derecha.
Asimismo, han surgido y siguen surgiendo una serie de otras iniciativas —sobre
todo en educación— que persiguen aportar al debate público. Evidentemente el
rol del CEP ha sido un ejemplo por más de 30 años. Y su influencia ha sido
clave en muchas materias. Pero el Instituto de Libertad y Desarrollo también ha
contribuido enormemente al debate. Y para qué hablar de la importancia de
CIEPLAN. Afortunadamente en Chile hay varios centros de estudios que, desde
diferentes perspectivas y posturas ideológicas, buscan alimentar la necesaria
deliberación que exigen las políticas públicas. Estas son buenas noticias para
el país. Si algo nos caracteriza es el compromiso de las élites con las
políticas públicas. Esa interacción entre lo privado y lo público es muy
virtuosa. Y mientras más competencia haya en estas lides —al final, las ideas y
las buenas políticas no son monopolio de nadie—, mejor para el futuro del país.
Espacio Público está trabajando en varias
iniciativas de interés público. Y recientemente Horizontal, en conjunto con la
Escuela de Gobierno de la UAI, dieron a conocer un estudio acerca de la Ley de
lobby. La intención de Legislar el lobby lleva diez años discutiéndose. La
regulación del lobby en Chile ya se parece al cuento del lobo. Hasta ahora
mucho ruido y pocas nueces. O mejor dicho, muchas nueces y poco ruido (mal que
mal, al parecer se trata de una actividad bastante lucrativa). Pero se acaba de
dar un paso alentador. La iniciativa de Gobierno fue aprobada abrumadoramente
por la Cámara de Diputados. Ahora es el turno del Senado. Ojalá los honorables
comprendan la necesidad e importancia de contar con una Ley de lobby. Chile ha
dado pasos institucionales importantes en materia de transparencia. Pero aún
queda el lobby. Mientras mayor transparencia y accountability tengan nuestras
instituciones, menor será la desconfianza que nos abruma.
Un gran legado que nos dejó Andrés Velasco como
Ministro de Hacienda fue el sustancial aumento de fondos públicos para becas de
posgrado en el extranjero. El cambio ha sido sorprendente. Los becados a las
mejores universidades del mundo han aumentado de manera explosiva. Por ejemplo,
entre 1981 y 2000 se entregaron, en promedio, 57 becas de posgrado al año. Pero
entre el 2000 y el 2012 se entregaron en promedio 447 becas de posgrado al año.
Casi 8 veces más. Para que se haga una idea, el 2009 se repartieron 1.316
becas. Hoy hay muchas más oportunidades. Antes eran muy pocas las becas. Muchas
de ellas a universidades españolas de dudosa calidad. Pero todo eso ha
cambiado. Y para bien. Son muchísimas las becas que se entregan año a año. Y
gran parte de éstas financian a estudiantes que van a las mejores universidades
del mundo en sus especialidades.
A comienzos de los 80, cuando nos reíamos de
los “cuescos Cabrera”, tener un MBA o un máster en una universidad top era un
privilegio. Era algo inusual, casi único. Y había muy pocos PhD. Esos eran
casos muy excepcionales. Hoy todo esto está cambiando. Un MBA parece ser un
commodity para quienes quieren dedicarse al mundo de los negocios. Y un PhD es
sólo una condición necesaria para iniciar una carrera en el mundo académico.
Todo esto avanza al ritmo de nuestro PIB per cápita. Y evidentemente son buenas
noticias para el futuro de Chile. Porque si algo caracteriza a los chilenos
recién egresados de sus estudios en el extranjero, es que la gran mayoría
regresa al país.
El impacto que tendrán estas nuevas
generaciones formadas en el extranjero será significativo. Aportarán no sólo
con conocimientos, sino también con su experiencia. Habrá mayor diversidad y
calidad académica. Y mayor tolerancia política. Naturalmente la competencia
académica será más cruel. Pero su impacto en las políticas públicas se hará
notar. Por esta razón debemos celebrar y apoyar la emergencia de los nuevos
think tanks. Porque al final habrá más competencia. Y más lugares que darán
acogida a los futuros becados que vuelvan al país.
Propuestas del G9 para la educación superior,
por Ignacio Sánchez.
La variedad del sistema de educación superior
(ES) debe garantizar la libertad de enseñanza en nuestro país. La riqueza de
esta libertad radica en que permite una sociedad pluralista, enriquece los
bienes culturales, vela por una mayor calidad del sistema y profundiza las
bases democráticas de una sociedad. Es así como una universidad de orientación
pública debe ser analizada desde una concepción basada en su quehacer y en las
acciones que la universidad emprenda en pos del bien común, sin que prevalezca
el origen de su propiedad como elemento discriminador.
La Red de Universidades Públicas no Estatales (G9)
es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que agrupa a las
universidades públicas no Estatales del Consejo de Rectores (Cruch). Sus
instituciones tienen tradición, servicio público, arraigo e identidad en el
entorno Regional y nacional. Son referentes nacionales e internacionales en
varias materias.
Estas instituciones cuentan con el mayor
promedio de años de acreditación; en pregrado y posgrado representan más de un
40% de la matrícula del Cruch, con la mitad de los alumnos y programas de
doctorado. Sus académicos, titulados y graduados, representan el 50% del
Consejo de Rectores. En cuanto a la investigación, su aporte al país representa
más de la mitad de los proyectos Fondecyt y de las publicaciones indexadas, con
gran calidad e índice de impacto. Además, cuentan con gran proporción de los
proyectos de desarrollo y transferencia tecnológica, patentes y
licenciamientos.
Junto con la reafirmación del carácter público
de estas instituciones, las propuestas prioritarias incluyen las siguientes
áreas: 1) Acceso: el informe internacional Pearson hace imprescindible la
incorporación de cambios al proceso de admisión universitaria. Una nueva
institucionalidad, modificaciones a la PSU, la incorporación del ranking de
notas y nuevos instrumentos de selección son tareas a abordar. 2) Acreditación
y fiscalización: los proyectos de Ley de la nueva Agencia de Acreditación y de
la superintendencia están aún en el Congreso; requieren ser perfeccionados y
aprobados con el aporte de todos los actores. En el caso de la Ley de
Superintendencia de Educación Superior, ésta debe velar por impedir el lucro y
evitar que la vinculación entre empresas relacionadas se utilice para extraer
renta de las universidades.
3) Financiamiento y diferenciación de las
universidades: se ha avanzado en el financiamiento estudiantil, proceso que
debe continuar incorporando beneficios para un mayor porcentaje de estudiantes.
Se requiere de un detallado análisis de los aranceles de referencia, los que
son vitales para el financiamiento del sistema. Además, se debe avanzar en
perfeccionar el aporte Estatal a las instituciones que aportan bienes públicos,
en especial en las áreas de investigación, creación e innovación. 4) Otras
áreas prioritarias son el desarrollo Regional; la innovación y el
emprendimiento; la formación inicial de profesores; el cambio a la Asignación
Fiscal Indirecta, definiendo mejor al “mejor alumno”; la nueva
institucionalidad para las ciencias y el apoyo a la educación
técnico-profesional.
El compromiso de bien público es lo que marca
la misión y objetivo de nuestras instituciones. El sistema de educación
superior no estatal ha sido parte fundamental del desarrollo universitario.
Importancia del Congreso.
A medianoche del lunes cerraron las
inscripciones para los candidatos Presidenciales, Parlamentarios y a Consejeros
Regionales. Iniciada ya la carrera electoral, muchos análisis se dedicarán a
escudriñar las opciones de los principales bloques políticos a mantener o
acrecentar su poderío en el Congreso. En particular, la Nueva Mayoría ha hecho
explícito su objetivo de -aprovechando los "doblajes" que permite
nuestro sistema electoral- conseguir una mayoría suficiente como para impulsar
reformas profundas a nuestro ordenamiento Legal y Constitucional. Pero aunque
la filiación partidaria sea importante, la verdad es que las mayorías Parlamentarias
son siempre muy heterogéneas, y los proyectos de Ley importantes suelen
negociarse y aprobarse con apoyos transversales, obtenidos de entre los
representantes más librepensantes o díscolos del bloque adversario. Siendo así,
más que el color político de los Parlamentarios elegidos, importan sus
condiciones y convicciones personales.
Las dos principales listas Parlamentarias
inscritas anoche son muy amplias y diversas. Ello se ha acentuado esta vez por
la integración del Partido Comunista a lo que fuera la Concertación. Las
divergencias y tensiones en el interior de ese bloque son tan obvias que es
difícil imaginar cómo podría conformar un Gobierno eficaz y una mayoría Parlamentaria
cohesionada. Pero la coalición oficialista, antes de tan coincidente visión
programática, tras su experiencia de Gobierno muestra también importantes
diferencias, tanto en lo económico-social como en lo valórico. Por eso, para
los votantes de uno u otro sector, tanto como el signo político de la coalición
que los cobija, importará conocer bien la trayectoria y los planteamientos
propios del candidato por quien hayan de marcar su preferencia.
Muchos de los candidatos son conocidos porque
más de 70% de los actuales Parlamentarios cuyo período vence ahora van a la
reelección. En cuanto a los nuevos nombres, hay figuras conocidas provenientes,
por ejemplo, de los movimientos sociales -dirigentes estudiantiles y
sindicales-, así como también ex Ministros de destacada participación en el
actual Gobierno. Su experiencia y capacidad de liderazgo pueden constituir un
valioso aporte en la discusión de las iniciativas Legales y la articulación de
los acuerdos necesarios. Con todo, sorprende que las plantillas Parlamentarias
de ambos bloques no incorporen a más ex Ministros o altos funcionarios ya sea
del actual Gobierno o de los anteriores, cuya experiencia y reputación los
haría especialmente indicados para asumir la representación de la ciudadanía en
la elaboración de las Leyes.
Tal vez esto derive del hecho de que, a juzgar
por las encuestas, el Parlamentario es el más desacreditado de los oficios. A
eso contribuye la amplia brecha existente entre las expectativas que despiertan
en las campañas electorales y la exasperante lentitud de los trámites Legislativos.
Las reformas educacionales adquirieron prioridad ante la opinión pública luego
de las marchas estudiantiles de 2006. Cinco años más tarde, una nueva ola de
protestas hacía ver que a esa fecha los avances eran nulos y desataba un nuevo
ímpetu reformador. Cuando ya se acerca el fin del actual período Presidencial,
el grueso de las importantes iniciativas Legales presentadas por el Gobierno
-pese a contar muchas de ellas con amplio respaldo entre los expertos- sigue
estancado por razones políticas. Algo semejante ocurre con los proyectos de Ley
para barrer con los obstáculos para la inversión en energía y minería, así como
en aquellos que impulsan la competitividad en diversos ámbitos.
El Congreso que se inaugurará el próximo 11 de
marzo tendrá una ardua tarea para revalidar la función Parlamentaria, para
representar las aspiraciones y demandas de la ciudadanía y para hacerlas carne
en la tramitación de iniciativas Legales concretas y prácticas, que se hagan
cargo de los reales problemas del país.
Falta de coherencia en Santiago Centro.
Las directivas del Partido Socialista y de la
Democracia Cristiana decidieron bajar las candidaturas a Diputado de sus
partidos en el Distrito 22 (Santiago Centro), con el propósito de favorecer la
opción del otrora dirigente estudiantil y actual representante de Revolución
Democrática, Giorgio Jackson.
La determinación resulta llamativa, pues pone
de manifiesto una paradoja. Durante mucho tiempo, tanto los representantes del
pacto opositor como el candidato que será beneficiado han venido señalando con
insistencia la necesidad de terminar con los vicios que, según su parecer,
arrastra el modelo electoral chileno, especialmente en lo referido a la falta
de competencia que asignan al sistema binominal, al cual atribuyen la
responsabilidad de no permitir la oxigenación de la actividad política. Sin
embargo, la decisión de la Nueva Mayoría de no llevar candidatos en el Distrito
22 atenta precisamente contra la mayor competencia que estos mismos demandan y
deja en evidencia su disposición a utilizar el binominal a su favor en la
medida en que éste les permita maximizar su rendimiento electoral.
Anteriormente le entregaron el apoyo a la representante del PC en La Florida
para que asumiera una candidatura sin someterse a primarias.
Ha sido la propia candidata Presidencial del
conglomerado quien ha pedido que se les dé un trato especial a determinados
candidatos al Congreso, para que éstos amplíen sus posibilidades de salir
electos. Esta incongruencia entre el discurso y lo que finalmente se pone en
práctica provoca un gran daño al sistema político y les resta credibilidad a
sus dirigentes. La renovación de los cuadros Parlamentarios no debe darse
minimizando la posibilidad de escoger de los votantes. Estos necesitan contar
con opciones viables para elegir a sus representantes.
¿Cambios en la tasa de cotización previsional?
A pesar de que ha sufrido múltiples cambios en
distintos Gobiernos, sigue postulándose la necesidad de reformar nuestro régimen
previsional. El énfasis actual se pone en las tasas de reemplazo que ofrece el
sistema, particularmente para los sectores medios. La reforma de 2008, que creó
una pensión solidaria para todas las personas, independientemente de la
densidad de cotizaciones, y un aporte previsional solidario para cotizantes con
bajos saldos y que perteneciesen al 60% de menores ingresos, ha significado un
piso amplio para estos sectores. Siempre se podrá revisar los montos definidos
en esa oportunidad, pero ellos fueron razonables, ya que montos muy altos
desincentivarían del todo la cotización obligatoria. Más allá de las
particularidades de cada sistema previsional, en todos los países hay
preocupación por establecer un equilibrio apropiado entre solidaridad y esfuerzo
contributivo.
En esa oportunidad también se aseguró una mayor
competencia en el sistema. De hecho, las comisiones pagadas por la
administración de los fondos se han reducido. Esa reforma también logró
aumentar las pensiones esperadas de las mujeres mediante la creación del bono
previsional por hijo, entre otros cambios. Obviamente, esas transformaciones no
podían resolver los problemas de densidad de cotizaciones, que se vinculan
estrechamente con el mercado laboral. Los trabajadores de ingresos medios
tienen también importantes lagunas previsionales que afectan los saldos
acumulados durante su vida activa y, por tanto, reducen las tasas de reemplazo
al jubilar.
Tampoco podían resolver los aumentos en la
expectativa de vida al nacer. Para el promedio de la población, ella alcanzaba
aproximadamente los 69 años al aprobarse el sistema de capitalización
individual. En la actualidad es de 10 años más. No hay buenos datos respecto de
la expectativa de vida al momento de jubilar, pero todo sugiere que el cambio
ha sido similar. Dado esto, nuestro sistema de pensiones no impone una edad
obligatoria para jubilar. Sería lógico que en estas circunstancias las personas
retrasaran la edad de jubilación. Sin embargo, los 65 años para los hombres y
los 60 para las mujeres siguen estando en el imaginario de la ciudadanía como
el momento del retiro. Si aumenta la expectativa de vida, se mantienen las
edades para pensionarse, pero no se ajusta la tasa de contribución: la única
variable de ajuste es la tasa de reemplazo, que, así, debe ir a la baja.
Por eso, si no se quiere postergar la edad de
jubilación, la única solución plausible es elevar las contribuciones
previsionales. Eso supone incentivar los ahorros voluntarios o aumentar la tasa
de cotización obligatoria. La primera de esas opciones ha mostrado ser eficaz
solo para personas de ingresos medio-altos o altos. La segunda no es fácil de
aplicar en la práctica. Nuestro mercado del trabajo ha demostrado ser bastante
sensible a la tasa de cotización total para seguridad social -esto es, la
diferencia entre el costo para el empleador y el salario para el trabajador-.
La alta informalidad que todavía presenta nuestra economía no parece poder
desligarse de dicha tasa. Con todo, podría haber un espacio para aumentarla, ya
que, según el Banco Mundial, Chile se encuentra entre aquellos países que
presentan bajas tasas de cotización y, además, han aumentado las capacidades
del Estado para controlar los engaños en materia contributiva.
El Gobierno ha anunciado que explorará una
reforma en tal sentido. Sería positivo que eso fuese acompañado de cambios que
aumentaran aún más la competencia en el sistema, por ejemplo, promoviendo las
licitaciones de carteras no solo para los nuevos cotizantes, sino también para
los antiguos que aceptaran voluntariamente participar en este proceso, o
separando la administración de la recaudación previsional y de las cuentas de
la gestión de los fondos previsionales.
Transparencia del SII.
La renuncia de Julio Pereira a la Dirección del
Servicio de Impuestos Internos en julio pasado, tras cuestionamientos sobre
condonaciones tributarias realizadas a la multitienda Johnson’s, dejó pendiente
un tema de fondo: La reserva de los ciudadanos y empresas en materia de
impuestos, protegida por el Código Tributario y el interés público de
transparentar las decisiones del SII, requiere de un complejo equilibrio.
El caso que gatilló la salida de Pereira puso
sobre el tapete que hay que afinar la información sobre las resoluciones de las
autoridades tributarias y ayer el nuevo Director realizó una serie de anuncios
que apuntan a mejorar la transparencia, los que se implementarán desde
septiembre en la página web del SII. Primero, la agenda de reuniones de las
autoridades del SII (Director, Subdirectores, el Director de grandes
contribuyentes y los Directores Regionales) con contribuyentes será pública.
Esto va en la misma línea de la actual Ley de “lobby” que se discute en el
Congreso, que busca que los propios ciudadanos sean agentes de control de las
relaciones entre el poder político y económico. Segundo, se compartirán las
respuestas que lleguen al SII mediante la Ley de Transparencia, que en la
actualidad se entregan solamente a la persona que hace el requerimiento. Y
tercero, y el punto más complejo, se publicará en la web mensualmente una lista
con el RUT de los contribuyentes que recibieron condonaciones de multas e
intereses en las oficinas del SII, además del porcentaje y el tipo de
beneficiario (persona, micro, pequeña, mediana o gran empresa). Los montos no
se entregarán porque esto violaría las normas de reserva del Código Tributario.
Ante una opinión pública mucho más inquisitiva
que en el pasado es importante dar desde la autoridad la mayor cantidad de
señales de transparencia. En este caso puntual, además, ayudará a hacer
comprender a la ciudadanía el rol de las condonaciones en el trabajo del SII.
Hasta ahora, el debate tiñó este mecanismo al asociarlo a tráfico de intereses,
pero lo cierto es que en la última década, este servicio ha concedido 1,4
millones de condonaciones de multas e intereses a 796 mil contribuyentes. Este
alto número se debe a que anualmente se aplican infracciones de poca monta a
cientos de miles de contribuyentes, que deben ser regularizadas de manera
rápida para seguir con los procesos tributarios. Los grandes casos (como el de
Johnson’s) son sólo algunas decenas al año. Además, las condonaciones tienen
tope de hasta 55% de los intereses y 60% de las multas, lo que supone también
límites a las decisiones de las autoridades tributarias.
Habrá que esperar a que los expertos hagan
análisis a fondo sobre los aspectos Jurídicos de estas modificaciones pro
transparencia que se anunciaron ayer, de manera de resguardar la reserva en
materia impositiva. Sin embargo, la señal apunta en la dirección correcta en el
sentido de no eliminar un mecanismo necesario como son las condonaciones, sino
que dotar de transparencia a aquellos procesos que levantan suspicacias en la
ciudadanía.
Destrozos en Parque Forestal y política sobre eventos
masivos.
Justificada indignación ha provocado en la
ciudadanía el estado en que quedó el Parque Forestal y sus alrededores, tras el
recital masivo que conmemoró los 50 años de existencia del grupo Los Jaivas. Se
trató de un espectáculo gratuito, inexplicablemente autorizado por el Municipio
de Santiago sin haber exigido mínimas medidas de resguardo a sus organizadores,
lo que dio pie a múltiples destrozos, el robo de valiosas obras de arte desde
el Museo de Arte Contemporáneo y la acumulación de basura que, según el propio Municipio,
alcanzó las 20 toneladas. Lo acontecido debe motivar una profunda revisión de
las autorizaciones para este tipo de eventos masivos, los que si bien
despiertan alto entusiasmo en la población, deben ser realizados en zonas
especialmente diseñadas para ello y que no pongan en riesgo a los vecinos ni a
los asistentes.
La Alcalde de Santiago ofreció públicas excusas
a los vecinos del Parque Forestal y justificó lo sucedido ante la llegada de unas 70 mil personas, en circunstancias
que se esperaban unos 15 mil asistentes. La autoridad Edilicia habló de
“descontrol”, “irresponsabilidad” y “desmesura” de los asistentes, y señaló que
a futuro se evitará autorizar eventos de esta magnitud en dicha zona. La
explicación resulta insuficiente, porque incluso asumiendo que hubiesen llegado
las personas inicialmente previstas, el lugar carecía de las medidas de
seguridad y equipamiento sanitario para cobijar un recital masivo, por lo que a
todas luces, no fue acertado haber escogido el Parque Forestal para una
conmemoración de este tipo. Atribuir lo sucedido a un problema de “falta de
cultura” de los asistentes, no hace más que constatar un dato que debió haber
sido considerado previamente por la autoridad, pues existen abundantes precedentes
de similares desmanes en actos de este tipo.
El país ha dado pasos significativos para
combatir la violencia en los estadios, y hoy en día, los eventos deportivos -en
virtud de la Legislación vigente y la aplicación de programas como “Estadio seguro”-
deben cumplir con estrictos resguardos. Por ello, no parece lógico que eventos
masivos que convocan a una asistencia tanto o más numerosa, puedan realizarse
con relativa facilidad y sin estar sujetos a mayores obligaciones en cuanto a
la seguridad que se debe brindar a los asistentes y en general, para asegurar
el orden público. Queda al desnudo una incongruencia que debe ser corregida.
En este caso se ha desoído la voz de los
vecinos, quienes desde hace tiempo han advertido a las autoridades Municipales
y Regionales sobre distintas manifestaciones de todo tipo que con frecuencia
tienen lugar en el Parque Forestal -ferias artesanales, fiestas culturales o
grupos de protesta ciudadana- y que han deteriorado la calidad de vida en el
sector. El legítimo interés ciudadano por asistir a eventos culturales o
artísticos no debe darse al costo de afectar la calidad de vida de los vecinos,
y cabe esperar que esta consideración esté presente en las futuras
autorizaciones de eventos masivos, que hoy se hacen frecuentes en distintos
puntos de la ciudad.
Los eventos artísticos y culturales masivos son
frecuentes en las grandes ciudades del mundo -ejemplo de ello son los
conciertos de verano que tienen lugar en parques de grandes urbes, como Nueva
York, Chicago o Londres- y constituyen un aporte al enriquecimiento de la vida
cultural y al goce responsable de la infraestructura de los espacios que brinda
la ciudad. Santiago no debe renunciar a este tipo de espectáculos, pero es
relevante que si se trata de eventos abiertos se privilegien zonas aptas para
ello, como por ejemplo, el Parque O’Higgins.
Demografía, inmigración y sociedad.
Sin perjuicio de las dificultades del último
censo para tener cifras precisas respecto de la población del país, tanto sus resultados
como los del anterior -sumándole a este el balance neto de nacimientos, muertes
e inmigración- arrojan estimaciones que indican una notoria disminución de la
tasa de crecimiento de la población, que podría incluso traducirse en un
estancamiento o disminución de ella en algunos quinquenios más.
Es un fenómeno que tiende a darse con el
desarrollo, pues la mantención de altos niveles de vida requiere una vida
laboral activa de las parejas, lo que hace más difícil que, en promedio, tengan
más hijos. Esto, de paso, permite a la ingeniería demográfica soñar con
estabilizar la población mundial en alrededor de 9 a 10 mil millones de
personas hacia mediados de siglo.
En paralelo con esa tendencia general, hay
fenómenos de migración e inmigración, provocados por las diferencias relativas
en la prosperidad o por el crecimiento económico de los países, que hacen que
las personas busquen instalarse en países o territorios distintos de su lugar
natal, que ofrezcan mejores oportunidades laborales y de calidad de vida. La
prosperidad que exhibe nuestro país como consecuencia de casi tres décadas de
desarrollo sostenido -a pesar del cuestionamiento a que ese desarrollo ha sido
sometido en los últimos dos años- ha atraído a crecientes grupos de personas de
países vecinos, en particular peruanos, bolivianos, argentinos, pero también de
países no vecinos, como Colombia. En Antofagasta se estima la presencia de unos
11 mil colombianos, motivados por el boom minero y de construcción que existe
en la zona.
Por una parte, la llegada de inmigrantes sirve
para mitigar la escasez de trabajadores nacionales, provocada por la alta
demanda por trabajo en el último trienio. Por otra, puede generar una reacción
de rechazo, pues dichos extranjeros pueden estar dispuestos a trabajar por
salarios menores y, además, en períodos de menor dinamismo, a competir con
trabajadores nacionales por los mismos puestos de trabajo. Este es un fenómeno
ampliamente conocido en el hemisferio norte, al que se agrega la carga que
significa para la nación receptora el otorgarles los beneficios sociales que el
Estado garantice. Sin embargo, en un mundo globalizado y competitivo, no parece
posible evitar la llegada de inmigrantes, que deben ser considerados más bien
como un valioso aporte a la creación de riqueza nacional, que el ambiente
foráneo al que se enfrentan estimula con particular energía.
Correspondencia destacada.
Señor Director:
Lady Di.
Ante las denuncias de un soldado inglés de
élite que dice haber escuchado que la muerte de Lady Di, en 1997, habría sido
planificada, el establishment ha reaccionado con cautela, dudando de la
veracidad de la información, dado el tiempo que se habría esperado para darla a
conocer. En Chile, ante una denuncia de ese tipo, inmediatamente habríamos designado
un ministro en visita y ordenado la exhumación del cadáver, porque para
nosotros cuarenta años para reabrir un proceso no es nada.
Miguel A. Vergara Villalobos
Señor Director:
¿Revolución democrática?
¿No es más democrático ofrecer más opciones de
candidatos a los ciudadanos para elegir a sus representantes que menos? ¿No es
más legítimo el triunfo cuando el número de contrincantes es mayor?
Resulta desilusionante que la candidatura de
Giorgio Jackson sea menos democrática que si hubiera competido al interior de
la lista de la Concertación; al menos en este segundo escenario los ciudadanos
hubieran tenido más opciones. Es verdad que el binominal tiene graves defectos,
pero la solución en este caso es incluso peor.
¿Revolución democrática? De democrático, nada;
de revolucionario, tampoco. Es la misma vieja política de siempre, de la cual
ya estamos hartos.
Sylvia Eyzaguirre.
Señor Director:
Déficit estructural.
En la columna del 19 de agosto de 2013 del
integrante del comando de la candidata de la Nueva Mayoría, Guillermo Larraín,
se evalúa el desempeño Fiscal de la actual administración. Una vez más se
intenta argumentar que el déficit estructural heredado no fue de 3,1% del PIB,
sino que menor. Si el señor Larraín sigue dudando de las recomendaciones de la
Comisión Corbo, en donde participaron 2 ex Directores de Presupuestos de los Gobiernos
de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, también puede leer el más reciente reporte de
la Consulta del Artículo IV del FMI que indica que en 2009 el balance
estructural fue de 4,3% del PIB y que a 2012 se había reducido ya a 0,6% del
PIB. ¿Estarán mal en el FMI también?
Además se pregunta por qué la recaudación
tributaria durante la actual administración fue “discreta”, según sus palabras,
y por qué no se lograron mejores resultados Fiscales. La respuesta es muy
simple, está en las cifras de la página web de la Dipres y pudo haberlas mirado
antes de consultar, pero ya no lo hizo. La respuesta es que los ingresos
tributarios mineros en el periodo 2006-2009 fueron de 2,5% del PIB promedio,
mientras que, de acuerdo con las últimas proyecciones oficiales, en 2010-2013
esta cifra disminuyó a 1,5% del PIB. Por el contrario, los ingresos tributarios
no mineros en el periodo 2006-2009 promediaron 13,9% del PIB (si no se
considera 2009 que por ser año de crisis este promedio asciende a 14,1% del
PIB), mientras que en el periodo 2010-2013 esta cifra es de 15,2% del PIB. Es
decir, aunque la actual administración no corrió con la misma suerte de tener
los márgenes unitarios récord del cobre vistos en 2006 y 2007, aumentó en forma
importante los ingresos tributarios no mineros, más asociados al crecimiento
económico. Finalmente, nuestro Gobierno tampoco enfrentó la baja carga de gasto
público con la que partió la administración anterior, en torno a 18% del PIB,
sino que la que le heredaron fue de 23,4% del PIB.
Gustavo Díaz, Instituto Libertad.