A casi 40 años del “golpe”,
por Mario Montes.
Desde
hace unos días hemos vuelto a ser bombardeados por versiones falsarias de lo
que causó la intervención del 11 de septiembre de 1973 cuidadosamente
manipuladas por quienes destruyeron el país y una prensa cómplice del engaño.
Por lo que vemos en los distintos “reportajes”
de la TV y en sesudos artículos de prensa se debiera colegir que ese día los
uniformados de nuestras FFAA y de Orden amanecieron con ansias de poder y sin
motivo alguno optaron por deponer del Gobierno a Salvador Allende.
Esta mañosa versión nos oculta lo que sucedió
en el Gobierno de la unidad popular y que, siendo una minoría trataron de
imponer a los chilenos una tiranía de corte castrista, sometiendo a los
chilenos por el terror o por el hambre.
Es efectivo que Allende llegó al poder
democráticamente, con los votos de un 33,3 % de los votos de la ciudadanía y
con la complicidad de la democracia cristiana que creyó en la palabra de
Allende al firmar con él un estatuto de garantías Constitucionales.
A poco de asumir comenzaron las ilegalidades
del Gobernante y el pisoteo permanente de la Constitución, abrogando todos los
derechos de la ciudadanía y poniendo en marcha un sistema que nos llevara a la
instalación de una dictadura de su sector político.
Las industrias de productos básicos y la
comercialización de todo tipo de mercancías quedaron en manos del poder de su
gente, que rápidamente se puso a trabajar para establecer la tarjeta JAP, de
racionamiento, con el objetivo de doblegar los afanes libertarios del pueblo.
Que Allende perdió su legitimidad es evidente,
como lo avalan los dictámenes de la época de la Contraloría, la Corte Suprema y
el Congreso, que dejan en claro que la administración allendista se apartó de
la Constitución y de las Leyes.
La inmensa mayoría de los chilenos, mujeres,
gremios laborales y sectoriales del comercio, los camioneros etc., los
estudiantes, profesionales, partidos políticos, consumidores, dueñas de casa,
clamaban porque se pusiera fin a un Gobierno que lo había dislocado todo.
Los uniformados, cuándo tomaron el poder,
encontraron un país quebrado financieramente, social, laboral y moralmente
destruido, con la producción agrícola e industrial devastada, lleno de
odiosidades irreconciliables y con su futuro absolutamente comprometido.
Progresismo en debate,
por Eugenio Guzmán.
Recientemente han sido publicados dos libros
que, aunque de naturaleza distinta, abordan los desafíos y problemas del
progresismo de izquierda. El primero de ellos, de Marcel Oppliger, corresponde
a un estudio de casos sobre la trayectoria de la Venezuela de Chávez, pero
abordando los desafíos de Maduro después de su muerte, titulado “La revolución
fallida: un viaje a la Venezuela de Hugo Chávez”. El segundo, editado por
Carlos Fortín, Augusto Varas y Marcelo Mella, cuyo título es “Los desafíos del
progresismo”, es una densa y extensa publicación de ensayos en torno al tema
del progresismo de izquierda en América Latina y Europa.
En el caso de Oppliger, este es un libro que
nos introduce en los problemas que finalmente enfrenta el voluntarismo de un
Chávez, que intenta por distintos medios de torcer el rumbo democrático de una
de las democracias que mayor estabilidad exhibió en los últimos 50 años, pero
que a partir de la llegada al poder de Chávez, si de algo estamos ciertos es
que son pocos los avances logrados en términos de los valores políticos
centrales del progresismo político de izquierda; a saber, la libertad de
expresión, la alternancia en el poder y el imperio de la Ley, por señalar
algunos. Todo ello deriva en que más que progresismo estamos en presencia de
una fórmula que termina siendo el más crudo y desnudo populismo, en que la
figura del “líder carismático” lo es todo y se instala como la antipolítica; es
decir, la ausencia de mediación por parte de reglas e instituciones que
calibren y contrapesen la voluntad del Gobierno.
Por su parte, el texto de Fortín, Varas y Mella
aborda distintos debates en relación a las definiciones de progresismo, en
particular el de izquierda. Por lo pronto, uno de los problemas tiene que ver
con la equivocidad del término. A modo de ejemplo, si el elemento definitorio
son las posiciones que se tienen respecto de una agenda valórica (legalización
del aborto, drogas, eutanasia, el matrimonio gay y la adopción de hijos por
parte de parejas del mismo sexo), claramente es insuficiente, pues progresismo
en ese sentido también lo encontramos en sectores de derecha. Más aún lo que
podemos llamar progresismo en estos términos no siempre encuentra seguidores
incondicionales para todos los temas. En efecto, quienes son partidarios del
aborto no necesariamente lo son de la legalización de la droga.
Y si de complejidades se trata no siempre los
defensores de una agenda valórica progresista no están de acuerdo en temas tan
sensibles como la voluntariedad del voto, lo que pone en evidencia que
progresismo moral y político no necesariamente responden a un mismo eje
ordenador. Ciertamente, existen razones que permiten una argumentación que
distingue la aceptación de unos valores y otros y su coherencia con ciertos
principios o modelos políticos, como sería el caso de aceptar una ley de aborto
pero no el voto voluntario o la legalización de la droga.
Finalmente, el texto organizado por Fortín,
Varas y Mella no sólo se queda en las definiciones, sino que aporta
interesantes debates sobre la importancia de definir y revisar agendas. Un
ejemplo lo constituye la necesidad de separar aguas entre progresismo de
izquierda y el populismo. Otro corresponde a la necesidad de abordar nuevos
temas y reconsiderar otros; tal es el caso de los alcances del
multiculturalismo, en sociedades en las que lo menos deseable es fomentar la
fragmentación social y en que por lo tanto lo central es fomentar la
integración social.
Ambos libros, a través de distintas ópticas y
con distintos alcances, abordan el debate sobre el significado y práctica del
progresismo de izquierda. En efecto, en momentos en que lo central en la
discusión política pasa por definiciones, ambos entregan, precisamente, eso,
definiciones, o al menos las controversias que surgen al respecto.
Disminuye la desigualdad.
Según un informe de la Secretaría General de la
Presidencia, las cifras de desigualdad de este Gobierno son las mejores en 40
años para el Gran Santiago. Realizado sobre la base de la Encuesta de Ocupación
de la U. de Chile que se aplica en la capital, este estudio concluye que el
índice Gini de los primeros tres años de la administración Piñera es el mejor
de las últimas cuatro décadas. Este indicador (en el que el valor 1 representa
total desigualdad y el cero, perfecta igualdad) muestra un guarismo de 0,48,
mejor que el de los Presidentes anteriores. Refrenda esto el indicador de
desigualdad a nivel nacional que entrega la encuesta Casen, cuya cifra de 0,52
para 2011 es la más baja en 21 años
Obviamente no son del todo homologables los
períodos comparados, y Santiago no necesariamente es representativo de la
realidad nacional. Asimismo, los resultados de las políticas trascienden los
períodos de Gobierno y se traslapan en el tiempo. No obstante, más allá de lo
anterior, la tendencia muestra cierta estabilidad en el tiempo de los índices
de desigualdad y, pese a los distintos esquemas económicos aplicados, un leve
avance hacia el mejoramiento.
El problema de la desigualdad no es patrimonio
de un determinado conglomerado político, sino del país en su totalidad. Chile
se ha caracterizado históricamente por una alta desigualdad de ingresos, y ese
ha sido el talón de Aquiles de los enormes avances económicos que ha logrado y
que han permitido prácticamente eliminar la pobreza extrema y reducir los
índices de pobreza en forma sustancial. Eso es lo que realmente ha diferenciado
a nuestro país de la región, ya que en materia de distribución del ingreso los
índices nacionales no son sustancialmente diferentes de los del resto del
continente.
Cabe recordar que mayores niveles de igualdad
de un país no significan necesariamente mayor desarrollo económico ni mayor
bienestar de sus habitantes, ya que se puede tener un alto grado de igualdad,
pero al mismo tiempo ser muy pobre. Pero sí es deseable una sociedad con
menores diferencias, ya que eso suele ser un factor determinante para la
estabilidad social y una convivencia armónica.
Existe cierto consenso en que para mejorar la
distribución de ingreso se requieren una reforma educacional y una
institucionalidad laboral moderna y dinámica, y también en que una economía que
crece y crea empleos contribuye determinantemente a la reducción no solo de la
pobreza, sino también de la desigualdad de ingresos. Y algo de eso se ha
empezado a vislumbrar en los últimos años.
Cambio cultural para promover la innovación.
El año de la innovación, como definió el Gobierno
al 2013, coincidió con la elaboración del informe cuatrienal que realiza el
Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC), entidad que hace
unos días entregó el documento al Ejecutivo. El informe, denominado “Surfeando
hacia el futuro, Chile en el horizonte 2025”, establece una serie de
orientaciones para que el país avance en materia de innovación.
Uno de los aspectos principales que menciona el
reporte es la necesidad de que exista en Chile un cambio cultural de fondo que
reformule la manera en que entendemos el proceso de innovar. Por lo general,
este concepto lo vinculamos con el desarrollo de las áreas de la información,
el conocimiento y las nuevas tecnologías, mientras que el informe plantea una
transformación transversal que involucra a todos los sectores del quehacer
humano y a las actividades que realizamos cotidianamente; es un cambio social
profundo en cuanto a la forma de comprender el mundo y cómo nos desenvolvemos
en él. En este punto el país exhibe deficiencias importantes, principalmente
porque el impulso para la innovación se ha dado de manera vertical desde el
Estado, el que a partir de una política industrial basada en la entrega de
recursos, subsidios, incentivos tributarios y otras herramientas, es el que
hasta ahora define de modo discriminatorio cuáles áreas son beneficiadas para
la implementación de políticas que la promuevan. Para este año de la
innovación, el Gobierno dispuso recursos por US$ 1.000 millones, cifra considerable,
pero cuya efectividad práctica es discutible, debido a que la verdadera
promoción de la innovación debe provenir de un cambio cultural que emerja desde
la sociedad civil.
Introducir una mentalidad innovadora en todas
las capas de la sociedad implica, en primer término, promover su desarrollo a
temprana edad y durante todas las etapas del desarrollo educacional de las
personas. Este proceso debe ser continuo y debe ir acompañado de incentivos
para el fortalecimiento del emprendimiento, ya sea de manera independiente o al
interior de las empresas, a través de una relación horizontal que genere
núcleos de innovación en todos los ámbitos. En la medida en que esta visión
innovadora sea internalizada por sectores cada vez más amplios de la sociedad,
se podrán mejorar las prácticas productivas, perfeccionar el capital humano,
aumentar la competitividad, disminuir las desigualdades y alcanzar el
desarrollo que el país espera. El informe es crítico en esta materia y así lo
expresa el presidente del CNIC, quien señaló que “al político, al empresario o
al trabajador, en general, no le interesa la innovación”.
El documento invita a asumir los desafíos que
impone la sociedad de la innovación, en la cual los cambios son vertiginosos y
constantes. Como es frecuente en la discusión sobre este tema, propone avanzar
desde una matriz económica basada en la exportación de materias primas, hacia
una orientada a la diversidad productiva y la creación de valor agregado. Esto,
sin embargo, no debe constituirse en un fin en sí mismo, sino que debe darse en
conjunto con el aprovechamiento de todas las ventajas competitivas que posee el
país. Es en éstas, y no en el despliegue de políticas industriales definidas
verticalmente, donde radica la posibilidad de que Chile siga ampliando las
posibilidades de su posicionamiento global.
Polémica por beneficios penitenciarios.
Más allá de errores específicos que las
instituciones involucradas deben aclarar y corregir, en el debate en torno al
asesinato de un Carabinero por un prófugo desde marzo por incumplimiento de un
beneficio intrapenitenciario, con prontuario, algunos han invocado argumentos
de intención política, y otros procuran mantener instalada en la opinión
pública la errónea idea de que el encarcelamiento es la gran solución a la
delincuencia en Chile.
En realidad, nuestro país tiene una alta tasa
de encarcelamiento y todo indica que está haciendo uso ineficiente de este
recurso. La mera cantidad de personas encarceladas no es indicador de
resultados positivos, ya que ello implica delitos cometidos, víctimas y gastos
del Estado. El foco debe estar puesto en cuántos delitos se evitan con esas
acciones. En materia penitenciaria, subsisten deficiencias en materias de
gestión del sistema, de la oferta programática que brinda Gendarmería a la
población que atiende y, además, componentes críticos de nuestro sistema se
hallan en estado embrionario: recién está en discusión parlamentaria el nuevo
Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, y no contamos siquiera
con una institucionalidad a cargo de la etapa pospenitenciaria, que podría
haber jugado un papel en el caso debatido.
En cuanto a otorgamiento de beneficios, ningún
sistema es infalible, pero el Gobierno ha realizado algunos perfeccionamientos
y emprendido la implementación de instrumentos de evaluación de riesgo de
reincidencia basados en evidencia, indispensables en cualquier servicio
penitenciario moderno. Dejar atrás el populismo penal y avanzar por esta vía,
ampliando recursos a modernizaciones y programas con base técnica, es la única
fórmula realista, y aportar a ella es responsabilidad de todos los actores en
posiciones de liderazgo.
Según los estudios disponibles, en Chile la
delincuencia ocasiona costos sociales equivalentes a entre 2 y 3% del PIB. De
ellos, solo la cuarta parte corresponde a gastos del Estado para prevenir
delitos o reaccionar a sus consecuencias, que a su vez equivalen a alrededor de
la mitad de lo que, en proporción a su PIB, gastan los países de Europa y
EE.UU. Esto no se condice con la prioridad que por décadas los chilenos le
asignan a este problema.
Pero los problemas delictivos no se resuelven
simplemente con mayores presupuestos. Por ejemplo, se sabe hace largos años que
más que la cantidad de policías, lo determinante son las tácticas para evitar
delitos que ellos desplieguen día a día en cada zona. Pero un análisis de la
composición actual del gasto chileno muestra que a lo más el 10% del
presupuesto es asignado a prevención, que en general es más socialmente
rentable que la reacción tras delitos ya ocurridos. La Subsecretaría de
Prevención del Delito, responsable política en esta materia, tiene un
presupuesto algo superior a 30 mil millones de pesos, es decir, prácticamente
el 2% del presupuesto de seguridad pública. Es clave, pues, qué línea siga
Chile en cuanto a ir aumentando los recursos que supone la Política Nacional de
Seguridad Pública que debe liderar el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Decisión postergada sobre HidroAysén.
La Ministro del Medio Ambiente señaló que en el
corto plazo el Comité de Ministros espera completar el proceso de revisión de
las observaciones que se han presentado al proyecto HidroAysén. No obstante
haber recibido la aprobación de su estudio de impacto ambiental en mayo de
2011, este proyecto no ha logrado avanzar producto de las reclamaciones aún no
resueltas en esta instancia Gubernamental, por lo que es indispensable que esta
situación se zanje a la brevedad.
No resulta razonable que, habiendo transcurrido
más de dos años desde que la empresa obtuvo su resolución de calificación
ambiental, el Comité de Ministros aún no resuelva las reclamaciones que tanto
los detractores como la misma empresa han presentado respecto de dicha
calificación. La Ley de Bases del Medio Ambiente establece plazos precisos para
que el comité se pronuncie sobre dichas reclamaciones: en este caso, 60 días
corridos. Al haberse excedido largamente el período contemplado, no caben más
dilaciones. Seguir postergando una decisión debilita la institucionalidad
ambiental y sienta negativos precedentes respecto de otros proyectos que
también deben ser revisados en esta instancia.
Justificadamente se ha hecho presente que el
país está enfrentando condiciones de abastecimiento energético cada vez más
estrechas, en buena medida debido a que grandes proyectos de generación se han
visto paralizados por una creciente Judicialización, la que ha provocado
natural incertidumbre entre los inversionistas. En el caso de HidroAysén, las
empresas a cargo del proyecto lo detuvieron a la espera de condiciones que
permitan su viabilidad. Ahora cabe esperar que, en la medida en que no existan
nuevos antecedentes, el Comité de Ministros finalmente apruebe la central para
que la iniciativa se destrabe y pueda continuarse con la tramitación del
tendido eléctrico.
Enfoques Internacionales:
Masacre en Egipto.
En una sociedad profundamente dividida, entre
islamistas, seculares y un régimen castrense que no parece dispuesto a ceder el
poder, el diálogo y el compromiso no forman parte del vocabulario político. Las
grandes expectativas de una transición pacífica que surgieron tras el
derrocamiento de Hosni Mubarak y la primera elección de un Presidente en las
urnas se han desvanecido. Lo que impera hoy en Egipto es la Ley de la fuerza,
con un estado de emergencia que ha anulado las garantías individuales y el
derecho al debido proceso: una vuelta a la era Mubarak, pero aún más violenta.
Tras ser desalojados del poder, con su líder en
la cárcel, y luego reprimidos y masacrados, es improbable que los Hermanos
Musulmanes (HM) tengan voluntad de seguir en el juego político. Los
observadores temen que algunos vuelvan a la clandestinidad y, peor aún, que
muchos se unan a movimientos terroristas. Si eso ocurre, la opción de una
guerra civil no debe descartarse.
Poco puede hacer en este caso la comunidad
internacional, salvo condenar enérgicamente lo sucedido. Estados Unidos ha
mantenido un soterrado papel de mediador, lo cual, como se ha visto, fue un
fracaso, pues ni las FF.AA. (apoyadas por sectores seculares) ni los HM
quisieron acercar posiciones. Tras la represión del miércoles, Obama suspendió
los ejercicios militares de rutina y, a pesar de las críticas, no ha querido
calificar de "golpe militar" el derrocamiento de Mohamed Mursi, pues
eso lo obligaría a cortar la ayuda en armas y pertrechos de 1,3 mil millones de
dólares anuales.
Con Siria en guerra civil, Libia en anarquía
violenta, Túnez e Irak muy inestables, los acontecimientos de Egipto
contribuyen al pesimismo sobre el futuro de la región que disfrutó una corta
Primavera Árabe.
Golpe a la narcoguerrilla en Perú.
La confabulación entre guerrilla, narcotráfico
y campesinos cocaleros en sectores aislados y difíciles de controlar por el
Estado sigue siendo uno de los graves problemas del Gobierno peruano, que usa
toda su capacidad para coordinar labores de inteligencia, vigilancia y control
en las zonas de mayor producción de coca.
Si se confirma la identidad de los rebeldes
recientemente muertos, se trataría de uno de los golpes más duros a los
remanentes de Sendero Luminoso, aliados con los narcotraficantes. Hace ya años
que la guerrilla de Abimael Guzmán se transformó en una banda de delincuentes
sin ideología, que utilizan su potencial operativo para ganar dinero con la
droga. Erradicar la coca del Vraem -región de 40 mil kilómetros cuadrados en
que confluyen los ríos Apurímac, Ene y Mantaro- ha sido imposible. Durante
años, el Gobierno descuidó ese territorio de difícil acceso, y los
narcotraficantes perseguidos en Colombia ganaron presencia mediante alianzas
con productores locales, convirtiendo esa zona, y otras como el Alto Huallaga,
en el paraíso de la coca. Perú tiene los mayores plantíos con 48 mil hectáreas
de cocales, según la ONU, y es el mayor exportador de cocaína (20 mil millones
de dólares al año, según The Wall Street Journal). Con semejante negocio, no
sorprende que los guerrilleros maoístas, diezmados, se hayan convertido en
cuatreros al servicio de los traficantes. Los narcos pagan por seguridad y les
dan redes de abastecimiento de armas y suministros.
Para Chile es un peligro que aumente la
producción de cocaína en Perú y que la zona de influencia de los narcos se
expanda. Por el llamado "efecto globo", cuando la situación en un
lugar se pone difícil, el negocio se traslada a otro con mejores condiciones.
Por ahora, hay un tráfico bajo pero persistente en el norte chileno, y por
casos salientes sabemos que ya opera en los pasos del sur, donde la vigilancia
es menor. Nuestras fuerzas antinarcóticos deben prepararse para luchar con eficacia
contra las bandas que aprovechan esas fallas para sentar bases de operaciones
en zonas descuidadas.
Gibraltar: España vs. Gran Bretaña.
Para ingleses y españoles, Gibraltar es un
símbolo difícil de transar. Si en 1713 los españoles cedieron el peñón por el
tratado de Utrecht, hoy no conciben que siga siendo un "territorio de
ultramar británico". Las reivindicaciones españolas no han podido ser
resueltas por negociaciones bilaterales. Lo que hoy tensa las relaciones entre
Madrid y Londres son los controles excesivos sobre quienes cruzan la frontera,
después de que el Gobierno gibraltareño lanzara al mar 70 bloques de cemento
para crear un arrecife artificial donde los bancos de peces puedan
reproducirse. Los españoles reclaman que sus pescadores fueron perjudicados con
esta acción "inaceptable", pues, según Madrid, el mar de Gibraltar es
español ya que no fue cedido en Utrecht.
Aunque la presión baje, el caso va para largo.
En su trasfondo está la aspiración española a recuperar el peñón y la negativa
británica a consentirlo.
Esta vez las partes amenazan con ir a la UE, a
Cortes internacionales o al Consejo de Seguridad de la ONU. Si esto último
fuera el caso, Chile (que probablemente tendrá un asiento en ese órgano) deberá
analizar con cuidado su posición, al involucrar esto a dos importantes aliados
comerciales y políticos.
Correspondencia destacada.
Señor Director:
Revisión histórica de la DC.
Un grupo de connotados personajes
democratacristianos está impulsando una revisión histórica respecto de la
posición oficial de su partido, frente al golpe militar de 1973. Pretenden
reescribir la historia y, en base a una carta escrita por tan sólo 13
dirigentes de la época, establecer como verdad histórica (y única) el rechazo
de toda la Democracia Cristiana al golpe de Estado.
Los
impulsores de esta idea suponen que los chilenos somos desmemoriados, y que
basta con una declaración formal del partido para cambiar la historia y los
hechos tal como los conocemos, tal como de verdad ocurrieron. Sugiero que
aprovechen de incluir en la declaración su adhesión irrestricta al gobierno de
Allende y la negación oficial de participación de cualquier camarada en el
gobierno militar; así la mentira quedará completa.
José Miguel Rodríguez.
Señor Director:
Camila y Giorgio.
Mientras se desarrollaban las protestas
estudiantiles, sus líderes Camila Vallejo y Giorgio Jackson, en sus
declaraciones, dejaban muy en claro su distancia con la política partidista, en
especial con las dirigencias. Pero cuando hoy esa misma “vieja política
inoperante” les brinda una vía libre para tener más posibilidades de llegar al
Congreso, una de dos: la vieja política quiere tener “un refresh” con caras
nuevas o Camila y Giorgio finalmente tuvieron que aceptar todo lo que tanto
rechazaban para seguir en carrera. Sus noveles seguidores de tantas jornadas,
junto a sus padres, debieran recibir una justa y bien merecida explicación.
Luis Enrique Soler Milla.
Señor Director:
Binominal.
Si favorece, es bueno y hay que mantenerlo; si
no, es malo, hay que cambiarlo. Hoy las miradas se dirigen a la UDI por su
negativa a cambiar el binominal, como ayer pasó con la DC, que estaba
sobredimensionada, especialmente en el Senado en 1997 —cuando logró elegir a
los 10 candidatos a Senadores que llevaba—, como lo manifestó Ricardo
Hormazábal, ex Presidente de la Falange, en la prensa escrita el martes 28 de
marzo de 2006, suponiéndolo como análisis del ex Presidente Ricardo Lagos, a
quien acusó —como otros también lo hacían— de buscar el debilitamiento de la
DC. Días antes, don Ricardo Froilán había señalado en una entrevista radial que
la reforma al sistema binominal “había que hacerla en serio y sin calculadora”.
Hoy, 2013, como moneda de cambio por esta reforma, una parte de nuestra clase
política insiste en aumentar el número de Congresistas, en lugar de mantenerlo
y exigir más idoneidad, capacidad, compromiso, entrega, más trabajo y
responsabilidad a los que logren la re-elección, a los que suban de escaño y a
los que entren, al amparo todavía del binominal, no faltando uno que otro Diputado
que, como protesta a este sistema, haya decidido no continuar en estas
funciones. Como Gabriel Ascencio (DC), quien, después de haber manifestado a
comienzos de septiembre del año pasado: “Si el binominal no deja renovar,
quienes creemos en ideas nuevas debemos salir”, ahora sí va como candidato al
Senado por Los Lagos, porque la directiva de su partido se lo pidió. Ello por
un eventual doblaje, necesidad imperiosa a nivel nacional para la “Nueva
Mayoría” de Bachelet; es decir, para la Concertación más el PC, también
favorecido con el binominal a contar de 2009.
Jorge Saavedra Moena.
A 235 años del natalicio de Bernardo O´Higgins.
Hace 235 años, un 20 de agosto de 1778, nació
en Chillan viejo don Bernardo O'Higgins,
uno de los padres de nuestra Patria, que junto a José Miguel Carrera y sus
hermanos, y una gran cantidad de patriotas lucharon hasta lograr la
Independencia Nacional del tutelaje colonial español.
Desde esta tribuna, saludamos a este hijo de
nuestra tierra, así como a todos aquellos que sacrificaron sus vidas y
haciendas en pos de la libertad de los chilenos, que sin duda merece el lugar
de privilegio en que le ha puesto la historia y el cariño respetuoso de nuestro
pueblo.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
