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martes, 20 de agosto de 2013

Fotografías noticiosas y temas para recapacitar...


 








A casi 40 años del “golpe”,
por Mario Montes.


Desde hace unos días hemos vuelto a ser bombardeados por versiones falsarias de lo que causó la intervención del 11 de septiembre de 1973 cuidadosamente manipuladas por quienes destruyeron el país y una prensa cómplice del engaño.


Por lo que vemos en los distintos “reportajes” de la TV y en sesudos artículos de prensa se debiera colegir que ese día los uniformados de nuestras FFAA y de Orden amanecieron con ansias de poder y sin motivo alguno optaron por deponer del Gobierno a Salvador Allende.


Esta mañosa versión nos oculta lo que sucedió en el Gobierno de la unidad popular y que, siendo una minoría trataron de imponer a los chilenos una tiranía de corte castrista, sometiendo a los chilenos por el terror o por el hambre.


Es efectivo que Allende llegó al poder democráticamente, con los votos de un 33,3 % de los votos de la ciudadanía y con la complicidad de la democracia cristiana que creyó en la palabra de Allende al firmar con él un estatuto de garantías Constitucionales.


A poco de asumir comenzaron las ilegalidades del Gobernante y el pisoteo permanente de la Constitución, abrogando todos los derechos de la ciudadanía y poniendo en marcha un sistema que nos llevara a la instalación de una dictadura de su sector político.


Las industrias de productos básicos y la comercialización de todo tipo de mercancías quedaron en manos del poder de su gente, que rápidamente se puso a trabajar para establecer la tarjeta JAP, de racionamiento, con el objetivo de doblegar los afanes libertarios del pueblo.


Que Allende perdió su legitimidad es evidente, como lo avalan los dictámenes de la época de la Contraloría, la Corte Suprema y el Congreso, que dejan en claro que la administración allendista se apartó de la Constitución y de las Leyes.


La inmensa mayoría de los chilenos, mujeres, gremios laborales y sectoriales del comercio, los camioneros etc., los estudiantes, profesionales, partidos políticos, consumidores, dueñas de casa, clamaban porque se pusiera fin a un Gobierno que lo había dislocado todo.


Los uniformados, cuándo tomaron el poder, encontraron un país quebrado financieramente, social, laboral y moralmente destruido, con la producción agrícola e industrial devastada, lleno de odiosidades irreconciliables y con su futuro absolutamente comprometido.


Progresismo en debate,
por Eugenio Guzmán.


Recientemente han sido publicados dos libros que, aunque de naturaleza distinta, abordan los desafíos y problemas del progresismo de izquierda. El primero de ellos, de Marcel Oppliger, corresponde a un estudio de casos sobre la trayectoria de la Venezuela de Chávez, pero abordando los desafíos de Maduro después de su muerte, titulado “La revolución fallida: un viaje a la Venezuela de Hugo Chávez”. El segundo, editado por Carlos Fortín, Augusto Varas y Marcelo Mella, cuyo título es “Los desafíos del progresismo”, es una densa y extensa publicación de ensayos en torno al tema del progresismo de izquierda en América Latina y Europa.


En el caso de Oppliger, este es un libro que nos introduce en los problemas que finalmente enfrenta el voluntarismo de un Chávez, que intenta por distintos medios de torcer el rumbo democrático de una de las democracias que mayor estabilidad exhibió en los últimos 50 años, pero que a partir de la llegada al poder de Chávez, si de algo estamos ciertos es que son pocos los avances logrados en términos de los valores políticos centrales del progresismo político de izquierda; a saber, la libertad de expresión, la alternancia en el poder y el imperio de la Ley, por señalar algunos. Todo ello deriva en que más que progresismo estamos en presencia de una fórmula que termina siendo el más crudo y desnudo populismo, en que la figura del “líder carismático” lo es todo y se instala como la antipolítica; es decir, la ausencia de mediación por parte de reglas e instituciones que calibren y contrapesen la voluntad del Gobierno.


Por su parte, el texto de Fortín, Varas y Mella aborda distintos debates en relación a las definiciones de progresismo, en particular el de izquierda. Por lo pronto, uno de los problemas tiene que ver con la equivocidad del término. A modo de ejemplo, si el elemento definitorio son las posiciones que se tienen respecto de una agenda valórica (legalización del aborto, drogas, eutanasia, el matrimonio gay y la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo), claramente es insuficiente, pues progresismo en ese sentido también lo encontramos en sectores de derecha. Más aún lo que podemos llamar progresismo en estos términos no siempre encuentra seguidores incondicionales para todos los temas. En efecto, quienes son partidarios del aborto no necesariamente lo son de la legalización de la droga.


Y si de complejidades se trata no siempre los defensores de una agenda valórica progresista no están de acuerdo en temas tan sensibles como la voluntariedad del voto, lo que pone en evidencia que progresismo moral y político no necesariamente responden a un mismo eje ordenador. Ciertamente, existen razones que permiten una argumentación que distingue la aceptación de unos valores y otros y su coherencia con ciertos principios o modelos políticos, como sería el caso de aceptar una ley de aborto pero no el voto voluntario o la legalización de la droga.


Finalmente, el texto organizado por Fortín, Varas y Mella no sólo se queda en las definiciones, sino que aporta interesantes debates sobre la importancia de definir y revisar agendas. Un ejemplo lo constituye la necesidad de separar aguas entre progresismo de izquierda y el populismo. Otro corresponde a la necesidad de abordar nuevos temas y reconsiderar otros; tal es el caso de los alcances del multiculturalismo, en sociedades en las que lo menos deseable es fomentar la fragmentación social y en que por lo tanto lo central es fomentar la integración social.


Ambos libros, a través de distintas ópticas y con distintos alcances, abordan el debate sobre el significado y práctica del progresismo de izquierda. En efecto, en momentos en que lo central en la discusión política pasa por definiciones, ambos entregan, precisamente, eso, definiciones, o al menos las controversias que surgen al respecto.


Disminuye la desigualdad.


Según un informe de la Secretaría General de la Presidencia, las cifras de desigualdad de este Gobierno son las mejores en 40 años para el Gran Santiago. Realizado sobre la base de la Encuesta de Ocupación de la U. de Chile que se aplica en la capital, este estudio concluye que el índice Gini de los primeros tres años de la administración Piñera es el mejor de las últimas cuatro décadas. Este indicador (en el que el valor 1 representa total desigualdad y el cero, perfecta igualdad) muestra un guarismo de 0,48, mejor que el de los Presidentes anteriores. Refrenda esto el indicador de desigualdad a nivel nacional que entrega la encuesta Casen, cuya cifra de 0,52 para 2011 es la más baja en 21 años


Obviamente no son del todo homologables los períodos comparados, y Santiago no necesariamente es representativo de la realidad nacional. Asimismo, los resultados de las políticas trascienden los períodos de Gobierno y se traslapan en el tiempo. No obstante, más allá de lo anterior, la tendencia muestra cierta estabilidad en el tiempo de los índices de desigualdad y, pese a los distintos esquemas económicos aplicados, un leve avance hacia el mejoramiento.


El problema de la desigualdad no es patrimonio de un determinado conglomerado político, sino del país en su totalidad. Chile se ha caracterizado históricamente por una alta desigualdad de ingresos, y ese ha sido el talón de Aquiles de los enormes avances económicos que ha logrado y que han permitido prácticamente eliminar la pobreza extrema y reducir los índices de pobreza en forma sustancial. Eso es lo que realmente ha diferenciado a nuestro país de la región, ya que en materia de distribución del ingreso los índices nacionales no son sustancialmente diferentes de los del resto del continente.


Cabe recordar que mayores niveles de igualdad de un país no significan necesariamente mayor desarrollo económico ni mayor bienestar de sus habitantes, ya que se puede tener un alto grado de igualdad, pero al mismo tiempo ser muy pobre. Pero sí es deseable una sociedad con menores diferencias, ya que eso suele ser un factor determinante para la estabilidad social y una convivencia armónica.


Existe cierto consenso en que para mejorar la distribución de ingreso se requieren una reforma educacional y una institucionalidad laboral moderna y dinámica, y también en que una economía que crece y crea empleos contribuye determinantemente a la reducción no solo de la pobreza, sino también de la desigualdad de ingresos. Y algo de eso se ha empezado a vislumbrar en los últimos años.


Cambio cultural para promover la innovación.


El año de la innovación, como definió el Gobierno al 2013, coincidió con la elaboración del informe cuatrienal que realiza el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC), entidad que hace unos días entregó el documento al Ejecutivo. El informe, denominado “Surfeando hacia el futuro, Chile en el horizonte 2025”, establece una serie de orientaciones para que el país avance en materia de innovación.


Uno de los aspectos principales que menciona el reporte es la necesidad de que exista en Chile un cambio cultural de fondo que reformule la manera en que entendemos el proceso de innovar. Por lo general, este concepto lo vinculamos con el desarrollo de las áreas de la información, el conocimiento y las nuevas tecnologías, mientras que el informe plantea una transformación transversal que involucra a todos los sectores del quehacer humano y a las actividades que realizamos cotidianamente; es un cambio social profundo en cuanto a la forma de comprender el mundo y cómo nos desenvolvemos en él. En este punto el país exhibe deficiencias importantes, principalmente porque el impulso para la innovación se ha dado de manera vertical desde el Estado, el que a partir de una política industrial basada en la entrega de recursos, subsidios, incentivos tributarios y otras herramientas, es el que hasta ahora define de modo discriminatorio cuáles áreas son beneficiadas para la implementación de políticas que la promuevan. Para este año de la innovación, el Gobierno dispuso recursos por US$ 1.000 millones, cifra considerable, pero cuya efectividad práctica es discutible, debido a que la verdadera promoción de la innovación debe provenir de un cambio cultural que emerja desde la sociedad civil.


Introducir una mentalidad innovadora en todas las capas de la sociedad implica, en primer término, promover su desarrollo a temprana edad y durante todas las etapas del desarrollo educacional de las personas. Este proceso debe ser continuo y debe ir acompañado de incentivos para el fortalecimiento del emprendimiento, ya sea de manera independiente o al interior de las empresas, a través de una relación horizontal que genere núcleos de innovación en todos los ámbitos. En la medida en que esta visión innovadora sea internalizada por sectores cada vez más amplios de la sociedad, se podrán mejorar las prácticas productivas, perfeccionar el capital humano, aumentar la competitividad, disminuir las desigualdades y alcanzar el desarrollo que el país espera. El informe es crítico en esta materia y así lo expresa el presidente del CNIC, quien señaló que “al político, al empresario o al trabajador, en general, no le interesa la innovación”.


El documento invita a asumir los desafíos que impone la sociedad de la innovación, en la cual los cambios son vertiginosos y constantes. Como es frecuente en la discusión sobre este tema, propone avanzar desde una matriz económica basada en la exportación de materias primas, hacia una orientada a la diversidad productiva y la creación de valor agregado. Esto, sin embargo, no debe constituirse en un fin en sí mismo, sino que debe darse en conjunto con el aprovechamiento de todas las ventajas competitivas que posee el país. Es en éstas, y no en el despliegue de políticas industriales definidas verticalmente, donde radica la posibilidad de que Chile siga ampliando las posibilidades de su posicionamiento global.


Polémica por beneficios penitenciarios.


Más allá de errores específicos que las instituciones involucradas deben aclarar y corregir, en el debate en torno al asesinato de un Carabinero por un prófugo desde marzo por incumplimiento de un beneficio intrapenitenciario, con prontuario, algunos han invocado argumentos de intención política, y otros procuran mantener instalada en la opinión pública la errónea idea de que el encarcelamiento es la gran solución a la delincuencia en Chile.


En realidad, nuestro país tiene una alta tasa de encarcelamiento y todo indica que está haciendo uso ineficiente de este recurso. La mera cantidad de personas encarceladas no es indicador de resultados positivos, ya que ello implica delitos cometidos, víctimas y gastos del Estado. El foco debe estar puesto en cuántos delitos se evitan con esas acciones. En materia penitenciaria, subsisten deficiencias en materias de gestión del sistema, de la oferta programática que brinda Gendarmería a la población que atiende y, además, componentes críticos de nuestro sistema se hallan en estado embrionario: recién está en discusión parlamentaria el nuevo Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, y no contamos siquiera con una institucionalidad a cargo de la etapa pospenitenciaria, que podría haber jugado un papel en el caso debatido.


En cuanto a otorgamiento de beneficios, ningún sistema es infalible, pero el Gobierno ha realizado algunos perfeccionamientos y emprendido la implementación de instrumentos de evaluación de riesgo de reincidencia basados en evidencia, indispensables en cualquier servicio penitenciario moderno. Dejar atrás el populismo penal y avanzar por esta vía, ampliando recursos a modernizaciones y programas con base técnica, es la única fórmula realista, y aportar a ella es responsabilidad de todos los actores en posiciones de liderazgo.


Según los estudios disponibles, en Chile la delincuencia ocasiona costos sociales equivalentes a entre 2 y 3% del PIB. De ellos, solo la cuarta parte corresponde a gastos del Estado para prevenir delitos o reaccionar a sus consecuencias, que a su vez equivalen a alrededor de la mitad de lo que, en proporción a su PIB, gastan los países de Europa y EE.UU. Esto no se condice con la prioridad que por décadas los chilenos le asignan a este problema.


Pero los problemas delictivos no se resuelven simplemente con mayores presupuestos. Por ejemplo, se sabe hace largos años que más que la cantidad de policías, lo determinante son las tácticas para evitar delitos que ellos desplieguen día a día en cada zona. Pero un análisis de la composición actual del gasto chileno muestra que a lo más el 10% del presupuesto es asignado a prevención, que en general es más socialmente rentable que la reacción tras delitos ya ocurridos. La Subsecretaría de Prevención del Delito, responsable política en esta materia, tiene un presupuesto algo superior a 30 mil millones de pesos, es decir, prácticamente el 2% del presupuesto de seguridad pública. Es clave, pues, qué línea siga Chile en cuanto a ir aumentando los recursos que supone la Política Nacional de Seguridad Pública que debe liderar el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.


Decisión postergada sobre HidroAysén.


La Ministro del Medio Ambiente señaló que en el corto plazo el Comité de Ministros espera completar el proceso de revisión de las observaciones que se han presentado al proyecto HidroAysén. No obstante haber recibido la aprobación de su estudio de impacto ambiental en mayo de 2011, este proyecto no ha logrado avanzar producto de las reclamaciones aún no resueltas en esta instancia Gubernamental, por lo que es indispensable que esta situación se zanje a la brevedad.


No resulta razonable que, habiendo transcurrido más de dos años desde que la empresa obtuvo su resolución de calificación ambiental, el Comité de Ministros aún no resuelva las reclamaciones que tanto los detractores como la misma empresa han presentado respecto de dicha calificación. La Ley de Bases del Medio Ambiente establece plazos precisos para que el comité se pronuncie sobre dichas reclamaciones: en este caso, 60 días corridos. Al haberse excedido largamente el período contemplado, no caben más dilaciones. Seguir postergando una decisión debilita la institucionalidad ambiental y sienta negativos precedentes respecto de otros proyectos que también deben ser revisados en esta instancia.


Justificadamente se ha hecho presente que el país está enfrentando condiciones de abastecimiento energético cada vez más estrechas, en buena medida debido a que grandes proyectos de generación se han visto paralizados por una creciente Judicialización, la que ha provocado natural incertidumbre entre los inversionistas. En el caso de HidroAysén, las empresas a cargo del proyecto lo detuvieron a la espera de condiciones que permitan su viabilidad. Ahora cabe esperar que, en la medida en que no existan nuevos antecedentes, el Comité de Ministros finalmente apruebe la central para que la iniciativa se destrabe y pueda continuarse con la tramitación del tendido eléctrico.


Enfoques Internacionales:
Masacre en Egipto.


En una sociedad profundamente dividida, entre islamistas, seculares y un régimen castrense que no parece dispuesto a ceder el poder, el diálogo y el compromiso no forman parte del vocabulario político. Las grandes expectativas de una transición pacífica que surgieron tras el derrocamiento de Hosni Mubarak y la primera elección de un Presidente en las urnas se han desvanecido. Lo que impera hoy en Egipto es la Ley de la fuerza, con un estado de emergencia que ha anulado las garantías individuales y el derecho al debido proceso: una vuelta a la era Mubarak, pero aún más violenta.


Tras ser desalojados del poder, con su líder en la cárcel, y luego reprimidos y masacrados, es improbable que los Hermanos Musulmanes (HM) tengan voluntad de seguir en el juego político. Los observadores temen que algunos vuelvan a la clandestinidad y, peor aún, que muchos se unan a movimientos terroristas. Si eso ocurre, la opción de una guerra civil no debe descartarse.


Poco puede hacer en este caso la comunidad internacional, salvo condenar enérgicamente lo sucedido. Estados Unidos ha mantenido un soterrado papel de mediador, lo cual, como se ha visto, fue un fracaso, pues ni las FF.AA. (apoyadas por sectores seculares) ni los HM quisieron acercar posiciones. Tras la represión del miércoles, Obama suspendió los ejercicios militares de rutina y, a pesar de las críticas, no ha querido calificar de "golpe militar" el derrocamiento de Mohamed Mursi, pues eso lo obligaría a cortar la ayuda en armas y pertrechos de 1,3 mil millones de dólares anuales.


Con Siria en guerra civil, Libia en anarquía violenta, Túnez e Irak muy inestables, los acontecimientos de Egipto contribuyen al pesimismo sobre el futuro de la región que disfrutó una corta Primavera Árabe.


Golpe a la narcoguerrilla en Perú.


La confabulación entre guerrilla, narcotráfico y campesinos cocaleros en sectores aislados y difíciles de controlar por el Estado sigue siendo uno de los graves problemas del Gobierno peruano, que usa toda su capacidad para coordinar labores de inteligencia, vigilancia y control en las zonas de mayor producción de coca.


Si se confirma la identidad de los rebeldes recientemente muertos, se trataría de uno de los golpes más duros a los remanentes de Sendero Luminoso, aliados con los narcotraficantes. Hace ya años que la guerrilla de Abimael Guzmán se transformó en una banda de delincuentes sin ideología, que utilizan su potencial operativo para ganar dinero con la droga. Erradicar la coca del Vraem -región de 40 mil kilómetros cuadrados en que confluyen los ríos Apurímac, Ene y Mantaro- ha sido imposible. Durante años, el Gobierno descuidó ese territorio de difícil acceso, y los narcotraficantes perseguidos en Colombia ganaron presencia mediante alianzas con productores locales, convirtiendo esa zona, y otras como el Alto Huallaga, en el paraíso de la coca. Perú tiene los mayores plantíos con 48 mil hectáreas de cocales, según la ONU, y es el mayor exportador de cocaína (20 mil millones de dólares al año, según The Wall Street Journal). Con semejante negocio, no sorprende que los guerrilleros maoístas, diezmados, se hayan convertido en cuatreros al servicio de los traficantes. Los narcos pagan por seguridad y les dan redes de abastecimiento de armas y suministros.


Para Chile es un peligro que aumente la producción de cocaína en Perú y que la zona de influencia de los narcos se expanda. Por el llamado "efecto globo", cuando la situación en un lugar se pone difícil, el negocio se traslada a otro con mejores condiciones. Por ahora, hay un tráfico bajo pero persistente en el norte chileno, y por casos salientes sabemos que ya opera en los pasos del sur, donde la vigilancia es menor. Nuestras fuerzas antinarcóticos deben prepararse para luchar con eficacia contra las bandas que aprovechan esas fallas para sentar bases de operaciones en zonas descuidadas.


Gibraltar: España vs. Gran Bretaña.


Para ingleses y españoles, Gibraltar es un símbolo difícil de transar. Si en 1713 los españoles cedieron el peñón por el tratado de Utrecht, hoy no conciben que siga siendo un "territorio de ultramar británico". Las reivindicaciones españolas no han podido ser resueltas por negociaciones bilaterales. Lo que hoy tensa las relaciones entre Madrid y Londres son los controles excesivos sobre quienes cruzan la frontera, después de que el Gobierno gibraltareño lanzara al mar 70 bloques de cemento para crear un arrecife artificial donde los bancos de peces puedan reproducirse. Los españoles reclaman que sus pescadores fueron perjudicados con esta acción "inaceptable", pues, según Madrid, el mar de Gibraltar es español ya que no fue cedido en Utrecht.


Aunque la presión baje, el caso va para largo. En su trasfondo está la aspiración española a recuperar el peñón y la negativa británica a consentirlo.


Esta vez las partes amenazan con ir a la UE, a Cortes internacionales o al Consejo de Seguridad de la ONU. Si esto último fuera el caso, Chile (que probablemente tendrá un asiento en ese órgano) deberá analizar con cuidado su posición, al involucrar esto a dos importantes aliados comerciales y políticos.


Correspondencia destacada.


        

Señor Director:


Revisión histórica de la DC.


Un grupo de connotados personajes democratacristianos está impulsando una revisión histórica respecto de la posición oficial de su partido, frente al golpe militar de 1973. Pretenden reescribir la historia y, en base a una carta escrita por tan sólo 13 dirigentes de la época, establecer como verdad histórica (y única) el rechazo de toda la Democracia Cristiana al golpe de Estado.


 Los impulsores de esta idea suponen que los chilenos somos desmemoriados, y que basta con una declaración formal del partido para cambiar la historia y los hechos tal como los conocemos, tal como de verdad ocurrieron. Sugiero que aprovechen de incluir en la declaración su adhesión irrestricta al gobierno de Allende y la negación oficial de participación de cualquier camarada en el gobierno militar; así la mentira quedará completa.


José Miguel Rodríguez.


Señor Director:


Camila y Giorgio.


Mientras se desarrollaban las protestas estudiantiles, sus líderes Camila Vallejo y Giorgio Jackson, en sus declaraciones, dejaban muy en claro su distancia con la política partidista, en especial con las dirigencias. Pero cuando hoy esa misma “vieja política inoperante” les brinda una vía libre para tener más posibilidades de llegar al Congreso, una de dos: la vieja política quiere tener “un refresh” con caras nuevas o Camila y Giorgio finalmente tuvieron que aceptar todo lo que tanto rechazaban para seguir en carrera. Sus noveles seguidores de tantas jornadas, junto a sus padres, debieran recibir una justa y bien merecida explicación.


Luis Enrique Soler Milla.


Señor Director:


Binominal.


Si favorece, es bueno y hay que mantenerlo; si no, es malo, hay que cambiarlo. Hoy las miradas se dirigen a la UDI por su negativa a cambiar el binominal, como ayer pasó con la DC, que estaba sobredimensionada, especialmente en el Senado en 1997 —cuando logró elegir a los 10 candidatos a Senadores que llevaba—, como lo manifestó Ricardo Hormazábal, ex Presidente de la Falange, en la prensa escrita el martes 28 de marzo de 2006, suponiéndolo como análisis del ex Presidente Ricardo Lagos, a quien acusó —como otros también lo hacían— de buscar el debilitamiento de la DC. Días antes, don Ricardo Froilán había señalado en una entrevista radial que la reforma al sistema binominal “había que hacerla en serio y sin calculadora”. Hoy, 2013, como moneda de cambio por esta reforma, una parte de nuestra clase política insiste en aumentar el número de Congresistas, en lugar de mantenerlo y exigir más idoneidad, capacidad, compromiso, entrega, más trabajo y responsabilidad a los que logren la re-elección, a los que suban de escaño y a los que entren, al amparo todavía del binominal, no faltando uno que otro Diputado que, como protesta a este sistema, haya decidido no continuar en estas funciones. Como Gabriel Ascencio (DC), quien, después de haber manifestado a comienzos de septiembre del año pasado: “Si el binominal no deja renovar, quienes creemos en ideas nuevas debemos salir”, ahora sí va como candidato al Senado por Los Lagos, porque la directiva de su partido se lo pidió. Ello por un eventual doblaje, necesidad imperiosa a nivel nacional para la “Nueva Mayoría” de Bachelet; es decir, para la Concertación más el PC, también favorecido con el binominal a contar de 2009.


Jorge Saavedra Moena.




A 235 años del natalicio de Bernardo O´Higgins.


Hace 235 años, un 20 de agosto de 1778, nació en Chillan viejo  don Bernardo O'Higgins, uno de los padres de nuestra Patria, que junto a José Miguel Carrera y sus hermanos, y una gran cantidad de patriotas lucharon hasta lograr la Independencia Nacional del tutelaje colonial español.


Desde esta tribuna, saludamos a este hijo de nuestra tierra, así como a todos aquellos que sacrificaron sus vidas y haciendas en pos de la libertad de los chilenos, que sin duda merece el lugar de privilegio en que le ha puesto la historia y el cariño respetuoso de nuestro pueblo.

 









 Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.

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#GolpeAlaPyme.

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Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

LANATA : CARTA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
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Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

PARA VER COMPLETO HAGA DOBLE CLIC SOBRE EL VÍDEO.

Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

Padre nuestro que estás.....

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