La cara de piedra de la “Doña,
por Mario Montes.
A pesar de conocer la capacidad para el engaño
y la fabricación de eslóganes que poseen los zurdos, tanto a nivel
internacional como local, todavía nos sorprende un poco la “cara de piedra” de
sus voceros, especialmente de la “Doña” que ahora quiere repetirse el plato en
la Presidencia de la República.
No sabemos si es mala memoria o simple mala fe,
pero hemos escuchado a la señorita Bachelet criticar ácidamente lo sucedido con
el censo, que por cierto es reprochable, pero, creemos que ella, con lo
realizado en su Gobierno, por cierto extremadamente malo, no tiene calidad moral para pretender
aprovecharse de la circunstancia.
A título de recordatorio rememoraremos tres
“perlas” de la administración de “Doña” Michelle, que si fuéramos racionales
tomaríamos muy en cuenta, su implementación del Transantiago, fuera de los
sufrimientos a la población capitalina cuesta a los chilenos 1.500 millones de
dólares anuales en subsidios.
Su mal manejo de la emergencia provocada por el
terremoto y tsunami del 27 F de 2010, dejó decenas de personas muertas por la
falta de aviso del maremoto que venía, el que no se avisó por dejación, falta
de determinación o simple ignorancia, sus dudas de sacar a las FFAA a las
calles provocaron vergonzosos saqueos.
Pretendiendo victimizarse, jugando a la mala
memoria ancestral que demostramos los chilenos, acusa una campaña sucia y nos
ofrece la señora Bachelet Jeria lo que no hizo en sus cuatro años en La Moneda
y hacernos olvidar que su Gobierno dejó un déficit gigantesco, que aumentó la cesantía e inhibo el crecimiento.
Un cóctel indigesto,
por Joaquín García Huidobro.
En los últimos tres años han dejado de hacerse
inversiones mineras y energéticas por US$ 33.755 millones. ¿Cuál es la causa de
esta demora? Los conflictos ecológicos con las comunidades, que se traducen en
juicios y paralizaciones. En muchos casos se trata de proyectos que no se
realizarán nunca, porque una demora de un año implica 18% de encarecimiento,
una suma capaz de desalentar al más entusiasta.
¿Qué está pasando? ¿Por qué nos damos el lujo
de espantar unas inversiones que necesitamos para superar la pobreza o mejorar
la educación? En el Chile de hoy se han mezclado muchos ingredientes en un momento
poco propicio, hasta producir un cóctel particularmente indigesto.
El primer ingrediente es el cambio en la
sensibilidad ecológica de los chilenos. Un cambio abrupto y no siempre
racional: la gente rechaza las represas, pero no quiere renunciar a prolongadas
duchas de agua caliente; busca energías limpias, pero mucha calefacción.
A esto se suma el protagonismo que han
adquirido las comunidades locales. Hoy, para instalar una industria, una
central eléctrica o un basural no basta con sumar ingresos y egresos. Es
necesario conducir un complejísimo proceso que envuelve delicadas relaciones
con unas comunidades que ya no están dispuestas a ser meras espectadoras de lo
que sucede en el vecindario. Es decir, se trata de una cuestión política. A
nuestros ingenieros comerciales les enseñan finanzas y contabilidad, pero no
política ni cómo entender al hombre. Casos como HidroAysén o Freirina son un
ejemplo de cómo las universidades no supieron leer los signos de los tiempos y
han formado profesionales que tienen un déficit de humanismo. Otro ingrediente
peligroso.
Pero no solo las universidades fallaron. Aunque
nuestra Legislación ambiental es de 1994 y 2012, la Superintendencia de Medio
Ambiente lleva solo 7 meses fiscalizando. Esto significa que por largo tiempo
no hubo un control adecuado y, en ocasiones, las empresas se malacostumbraron.
Este vacío fue llenado por los Jueces, que en algunos casos fueron tomando un
protagonismo que no correspondía a sus conocimientos en la materia. Ignorancia
y activismo son dos ingredientes que producen malos resultados.
Así las cosas, muchos empresarios sienten que
les cambiaron las reglas del juego, porque los criterios con que comenzaron sus
negocios no tienen nada que ver con las reglas que, de hecho, les están
aplicando. No les falta razón, pero no todos los empresarios son inocentes. En
bastantes casos parece haber habido el propósito de saltarse la Ley, según el
nefasto principio de que es preferible y más barato pedir perdón a pedir
permiso. ¿Cómo explicar, de otro modo, que las salmoneras sancionadas
recientemente hayan tenido sus jaulas a 800 metros del lugar autorizado? Si
nadie instala su industria en el terreno del vecino, ¿por qué en el mar se
actuó con criterios diferentes?
Otro tanto cabe decir de Pascua Lama y otros
proyectos. Allí no se trata de histeria de ecologistas, sino del incumplimiento
de claros compromisos tomados por la empresa y que sus contratistas descuidaron
de modo palmario. Algunos empresarios se quejan con razón, otros por frescura.
Para agregar problemas, los Tribunales
ambientales, que deberían resolver estas materias con un mayor conocimiento de
causa, se han demorado en comenzar. Solo se ha podido constituir el de
Santiago, mientras los otros dos (Antofagasta y Valdivia) siguen pendientes.
Tenemos, entonces, que la fiscalización rigurosa
es relativamente reciente; que los empresarios están acostumbrados a un
escenario muy distinto; que muchos ejecutivos carecen de las habilidades
políticas que requieren estos proyectos. A la mezcla anterior se suman malas
prácticas instaladas desde hace mucho tiempo; Jueces que no entienden de
complejas materias ambientales, pero que están dispuestos a fallar estas causas
con una fuerte dosis de ideología; Tribunales especializados que en buena
medida aún no existen; comunidades celosas de sus derechos; una opinión pública
muy sensible en estas materias, y un mundo globalizado, donde los
inversionistas que tienen problemas en Chile se irán a cualquier otro lugar del
globo.
¿Cabe imaginar un cóctel más indigesto?
Afortunadamente es posible que vuelva la racionalidad.
Si se consolidan los Tribunales especializados y la autoridad ambiental sigue
cumpliendo su labor, los empresarios sabrán a qué atenerse. Un par de años sin
elecciones permitirán tener la cabeza fría y resolver estos temas pensando en
el país más que en las encuestas. Si a lo anterior se suma una sana discusión
pública, puede decirse que ésta es una intoxicación que se puede evitar.
El voto en el exterior y los impuestos
por Axel Buchheister.
Como en muchas otras materias, si se hiciera
una encuesta sobre si otorgar el derecho a voto a los chilenos que residen en
el extranjero, la afirmativa arrasaría. Es que hay que ser muy malo (de
derecha, amparado en la Constitución tramposa) para negárselos.
Sorprendería a los que opinan así saber que de
acuerdo con la Constitución vigente, los chilenos que residen fuera del país
tienen pleno derecho a voto (por excepción, los no nacidos aquí tienen que
residir antes por un año, lo que se exigió en democracia a partir de la reforma
de 2005), sólo que para ejercerlo tienen que venir a votar en el territorio,
como hacemos los demás. Y que lo que verdaderamente se discute cuando se habla
de darles derecho a voto, es autorizarlos a sufragar donde residen y, por ende,
que el costo de votar pase de sus bolsillos (el viaje) al nuestro (instalar
mesas en los Consulados). Más todavía, que si se está tramitando una reforma Constitucional
al respecto no es para dar o implementar esa autorización (bastaría una Ley),
sino para restringir su derecho a unas pocas elecciones, si sufragan en el
exterior.
Como fuere, ¿por qué deben tener derecho a
sufragio, cuando no residen aquí y no les afectará concretamente quien Gobierne?;
en otras palabras, ¿por qué les asistiría el derecho de incidir en quién nos Gobierne?
Es grato tener el beneficio de decidir algo, pero más aún no tener que sufrir
los costos de equivocarse. Por algo, la Constitución establece que los
extranjeros avecindados por más de cinco años pueden votar: viven aquí y les
afecta lo que suceda.
Por eso, sectores de centroderecha han puesto
como condición para aprobar esta nueva regulación que el chileno que vota en el
exterior mantenga un vínculo con el país. Existen ciudadanos que están fuera en
misión oficial, que han ido a estudiar o, incluso, que se han ido
voluntariamente en busca de un mejor futuro, pero que pueden volver, que
mantienen nexos y parece razonable facilitarles el sufragio. Pero en el vértigo
de las reformas políticas se estaría llegando a un acuerdo de no exigir vínculo
alguno, restringiéndose el voto a las elecciones Presidenciales (incluidas las
primarias) y a los plebiscitos. Es decir, no habrá sufragio en el exterior,
entre otras, en las elecciones Parlamentarias, lo que deviene en una
contradicción, porque los plebiscitos existen básicamente para dirimir
desacuerdos entre el Congreso y el Presidente con ocasión de una reforma Constitucional.
En efecto, los residentes en el exterior no votarán por Parlamentarios, que de
ordinario aprueban las reformas Constitucionales, pero sí cuando éstas
provoquen un desencuentro entre ellos y el Presidente. ¿Por qué se les concede
participación en el arbitraje en un caso tan excepcional?
La revolución norteamericana se originó porque
a los habitantes de las colonias se les cobraban impuestos, pero no se les daba
derecho a elegir representantes en la metrópoli. Por eso, en EE.UU. pagar
impuestos y votar son caras inseparables de una misma medalla. Siguiendo esa
sabia asociación, propongo un solo vínculo de los chilenos que residen en el exterior
permanentemente para votar: que paguen impuestos aquí. Derechos asociados a
obligaciones, nada más… ni menos.
El problema de las confianzas.
No cabe ignorar el que el Índice de Percepción
Económica, que mide mensualmente la confianza de los consumidores, haya caído
por tercer mes consecutivo, alcanzando su mínimo en un año (50,7) y quedando a
un paso de entrar en la zona de pesimismo (50). Hay menores expectativas para
el país a cinco años y una negativa visión del empleo futuro. De mantenerse
esta tendencia, anticiparía una brusca baja del consumo. El Ministro de
Hacienda hizo un llamado a la tranquilidad, advirtiendo que esto corresponde a
una desaceleración prevista, pese a lo cual las cifras de creación de empleos,
bajo desempleo y alza de salarios confirman la robustez de nuestra economía.
Sin perjuicio de lo cual, admite que las personas tienen hoy incertidumbre
sobre el rumbo futuro del país.
Inequívocamente, esto último es inseparable de
las propuestas de campaña que plantean varias candidaturas, que pueden
ilusionar a muchos, pero cuyas adversas e inevitables consecuencias para el
desarrollo socioeconómico nacional son anticipables.
La confianza o desconfianza en el futuro se
vincula en parte con la edad: los más jóvenes tienden a la primera, pues todo
menor de 40 años solo ha asistido durante su vida a un curso general de
progreso, más allá de altibajos temporales, y percibe esa tendencia como
garantizada, ya que no vivieron el subdesarrollo que sufría Chile en los años
previos. Ellos pueden ignorar u olvidar que las expectativas —a diferencia del
voluntarismo— son un factor determinante del rumbo de toda economía. Pero
quienes aspiran a dirigir el país no pueden hacer otro tanto. Siendo así, las
dos principales candidaturas deben necesariamente abordar en la campaña el tema
de las expectativas económicas, que ya está incidiendo en nuestra realidad
nacional.
Bachelet y Matthei frente a las expectativas.
Frente a las expectativas, Bachelet y Matthei
están en situaciones muy diferentes. La primera puede contar con una votación
sustancial, pero hay sectores más impermeables a los recursos emocionales, que
se mueven en el plano de análisis racionales y realistas. La confianza de estos
últimos en sus propuestas es la que está tambaleando, y la persona llamada a
reganarla es su Jefe programático de campaña y ex Director de Presupuestos,
Alberto Arenas. Este, sin embargo, está sometido a fuertes críticas incluso
dentro de su propio pacto, por especialistas reputados que plantean reservas
severas. La candidatura Bachelet tiene ahí un problema poco ventilado, pero
considerable. Cabe suponer que, si ganara, ella tendría que atenerse más no a
las promesas de campaña, sino a las orientaciones sólidas de otros técnicos
económicos de su conglomerado, so riesgo cierto de retroceso del país, y no
solo en lo económico, sino también en lo social, pues sin recursos no podrá
entregar mejores niveles de bienestar, igualdad y demás avances que anuncia. En
contrario, Matthei da por sí misma garantías de un manejo económico eficaz y
conducente a preservar el crecimiento que ha impulsado al país por ya casi
cuatro décadas. Por su trayectoria, ella encarna la capacidad técnica y la
decisión para hacer frente a tiempos difíciles y, además, entre quienes podrían
colaborar con su eventual gestión se cuentan nombres acreditados en todas las
áreas de la economía y el desarrollo social.
Listas y actitudes contrastantes.
El conglomerado que apoya a Bachelet no logró
configurar una lista única de candidatos para Consejeros Regionales, pese a que
la propia candidata había pedido que la hubiera: el eje DC-PS competirá contra
otro del PPD y entidades menores. Esto fue calificado como natural y hasta
positivo por sus protagonistas, pero en realidad es señal de múltiples desacuerdos
profundos.
En contraste, más allá de sus habituales roces,
RN y la UDI sí acordaron una lista única para tales Consejeros, lo que sin duda
su electorado ha acogido con beneplácito. Sorprende que este hecho no haya sido
debidamente destacado por la propia Alianza, quizá porque muchos de sus
candidatos al Congreso, en penoso espectáculo, aparecen desgastándose
recíprocamente en rencillas por nimiedades que no responden a diferencias
conceptuales, sino a personalismos sin ninguna importancia para el país.
Calificar como unitario solo el matiz propio, pero divisionista el matiz del
aliado, se degrada en caricatura. A grandes rasgos, lo inverso se observa en la
oposición, donde las diferentes visiones son inconciliables, pero se acallan
para efectos electorales.
En la política moderna, ningún “núcleo duro” es
capaz de ganar una elección si no se demuestra una altura de visión y conducta
que convoque al no militante, en un electorado voluntario. Quienes no
comprendan esto son hoy anacronismos políticos.
Voto en el extranjero y confiabilidad en el
sistema.
Para las confianzas se abre otro flanco en
relación con el voto de chilenos en el extranjero. Todos los llamados a
preservar la confiabilidad de nuestro sistema electoral que se formularon tras
las deficiencias evidenciadas en las pasadas elecciones Municipales aparecen
ahora contradichos por un vértigo de Legislar precipitadamente para instaurar
el voto de los chilenos en el extranjero, sin tener aún garantías técnicas de
lo que el Servicio Electoral y nuestros Consulados pueden entregar en esta
materia. A menos de 90 días de las elecciones Presidencial y Parlamentaria, en
pleno ardor de la campaña, no hay ninguna serenidad ni informes de preparación
técnica mínimamente suficientes para Legislar hoy sobre esta modalidad, y un
realismo básico aconseja postergarla para más adelante. Ciertamente hay otras
prioridades más apremiantes.
Las señales para la economía tras el mal desempeño
bursátil.
Las acciones chilenas han tenido un mal
desempeño en 2013. En lo transcurrido del año, los precios de acciones de
sociedades anónimas (IPSA) han caído cerca de 12%, una baja que se acerca al
18% si estos precios se miden en dólares, lo que ubica a nuestro país como uno
de los de peor desempeño entre aquellos con economías con algún grado de
desarrollo financiero. Es importante identificar las razones tras esta
involución, en la medida que los precios de acciones normalmente anticipan
cambios en el desempeño más general de la economía.
Una parte de la explicación para este deterioro
está en que parece aproximarse el fin del período de bonanza para los países en
desarrollo, que comenzó luego de la crisis financiera subprime en EEUU. Hoy se
espera menor crecimiento en China y revisión de la política monetaria
norteamericana, ambos elementos determinantes de esa bonanza. De hecho, los
inversionistas institucionales, en especial las AFP, muestran una tendencia
vendedora que ha disminuido su inversión a nivel local a un mínimo en 10 años,
prefiriendo mercados externos más rentables (principalmente EEUU). Mientras los
países desarrollados seguirían al alza, eventualmente sin nuevas crisis
financieras, los emergentes dejarán de gozar de las extraordinarias condiciones
de los últimos cuatro años. Chile se vio particularmente beneficiado por ese
ciclo favorable, por lo que cabe esperar condiciones más estrechas en el
futuro. De hecho, ya se percibe en 2013 un menor crecimiento económico respecto
de los tres años previos.
La visión más negativa que estarían reflejando
los precios de acciones también está influida por incertidumbres domésticas que se han
acrecentado. Desde luego, a pocos meses
de un cambio de Gobierno y renovación Parlamentaria, se han debilitado las
certezas en temas tan relevantes como la estructura tributaria o las
disponibilidades energéticas. Más allá de eso, y sin que se pueda dimensionar
con precisión su alcance, ha tomado fuerza un cuestionamiento más amplio a
aspectos permanentes y centrales de nuestra institucionalidad política y
económica.
Las alzas tributarias tienen efecto directo
sobre el precio de las acciones (porque reducen las utilidades disponibles para
los accionistas) e indirecto, vía menor crecimiento de la economía, porque
afectan los incentivos para invertir. Aún depurada del impacto de situaciones
muy específicas en algunas compañías, la caída en los precios accionarios en
2013 parece exceder lo que podría
atribuirse al impacto directo de las alzas tributarias que se promueven, y es
muy difícil estimar el impacto de sus efectos indirectos cuando hay tanta
incertidumbre en torno a su contenido y probabilidad de ocurrencia. Lo
razonable, sin embargo, es reconocer que tanto el fin del ciclo externo
positivo, como la incertidumbre política y económica están tras los guarismos
accionarios deteriorados. Desde luego, las autoridades deben anticiparse a
ajustar aquellas políticas que pueden facilitar el acomodo a las nuevas
condiciones. Pero quizás lo más relevante sea que, a partir de ese reconocimiento,
comience un esfuerzo serio de todos
quienes tienen capacidad de incidir en el futuro del país para acotar
propuestas e incertidumbre, a fin de preservar un ambiente conducente al mayor
bienestar de los chilenos. El punto de partida debe ser moderar las
expectativas exuberantes que se alimentaron en la fase buena del ciclo externo.
Inversiones rezagadas.
La inversión es muy sensible a un conjunto de
factores no solo económicos, sino también políticos y sociales. La decisión de
llevar adelante un proyecto que involucra una gran inversión es un proceso
crecientemente complejo. Hoy, las compañías no solo deben considerar esas
múltiples aristas, sino también las visiones de las comunidades locales, que
han adquirido un peso importante en la posibilidad de realizar grandes
proyectos de inversión. Esta actitud, extendida en los más diversos países y
que se aglutina bajo la noción de “No en mi patio trasero”, está causando una
demora considerable en la concreción de las más diversas inversiones.
En nuestro país, los proyectos anunciados, pero
atrasados, alcanzarían más de 63 mil millones de dólares solo en el sector
minero. En otros sectores también hay rezagos, aunque son más difíciles de
estimar. La Corporación de Bienes de Capital calcula en casi 34 mil millones de
dólares la paralización de inversiones en la industria minera y eléctrica que
se explica por conflictos con la comunidad que no se han podido resolver
adecuadamente. Esto, pese a que, en general, deben superar evaluaciones de
impacto ambiental que contemplan una amplia participación de la ciudadanía, y
en particular de las comunidades locales.
Los proyectos, lógicamente, se inician por lo
habitual en momentos óptimos desde el punto de vista de su rentabilidad. Si su
materialización demora más de lo esperado, pueden perder su atractivo y,
sencillamente, no concretarse. Y un país en que se torna muy difícil contentar
a las comunidades locales, a veces movilizadas por ONG partidistas, puede dejar
de ser interesante como destino de inversiones. Es cierto que hay proyectos que
solo se pueden hacer en un lugar específico, y eso puede contrapesar las dificultades
señaladas, pero son casos más bien excepcionales. En el mundo globalizado, el
capital fluye fácilmente entre países. Según la citada corporación, Chile es el
país de la región que, al menos en el sector minero, registra más atrasos por
acciones de la comunidad. En otras regiones del mundo hay países que han dejado
de ser un importante destino de inversiones precisamente por la presión de
dichas comunidades locales contra grandes proyectos de inversión.
Es natural que ellas tengan aprensiones
respecto de estos proyectos. En muchos casos las compensaciones que reciben
parecen pequeñas comparadas con los beneficios que perciben otros actores. Y
también ocurre que son instrumentalizadas para oponerse en aras de objetivos
que persiguen otros grupos. Promover un equilibrio adecuado supone criterios
flexibles para desarrollar las negociaciones, y las empresas deben hoy poner
más atención a estas comunidades y comprender sus motivaciones. Muchas ya han
aprendido de sus experiencias y desarrollado vínculos con aquellas en que se
insertan. En otros casos, las comunidades no están dispuestas a aceptar esos
vínculos —fenómeno que parece cada vez más común en Chile y que requiere
mejores reglas e instituciones para resolver los conflictos—.
Azaroso proyecto sobre fármacos.
La tramitación de la Ley de fármacos parece
estar llegando a sus últimas etapas, pero aún no se sabe con exactitud qué se
aprobará finalmente. En el tercer trámite Constitucional, el Senado rechazó
cinco puntos de las innovaciones que la Cámara introdujo al proyecto. Si bien
uno de los temas fundamentales —la prohibición de venta de remedios en
supermercados y otros lugares diferentes de farmacias— fue esta vez aprobado
por la comisión del Senado, aún es posible que el Ejecutivo use el veto para
insistir en este punto.
Respecto de la obligación de los médicos de
recetar indicando el nombre genérico del medicamento, cuando este exista, que
había sido eliminada por los Diputados, volvió a aparecer entre los Senadores.
Como se preveía, habrá entonces una comisión mixta del Senado y la Cámara para
llegar a un acuerdo respecto de la versión final, sin perjuicio de un posible
veto. Será difícil para los Diputados defender su postura de que el medicamento
que se le recete al paciente deba permanecer oculto al mismo, pues se trata de
un mecanismo de transparencia que hace posible la competencia entre los
laboratorios que fabrican la misma droga bioequivalente.
Más allá de los dos puntos más controvertidos,
existen diferencias en las versiones de la Cámara y el Senado en la seguridad
de los envases, la manera en que pueden presentarse los medicamentos
—prohibiendo la forma de dulces o de bombones—, la prescripción y expendio de
lentes, el plazo que debe otorgarse a las farmacias para que puedan vender los
medicamentos fraccionadamente, como lo dispone la misma Ley, y en cuanto a la
responsabilidad que cabe a quienes causen daño a la población por la venta de
un remedio.
En casi todas las normativas del mundo existe
el ánimo de controlar al máximo la materia sobre la cual Legislan, provocando
una multiplicidad de Leyes cada vez más detalladas y complejas. Es posible que
eso esté ocurriendo en este caso, en que los Parlamentarios quieren ordenar la
forma exacta en que deben actuar todas las farmacias. Algunos de los aspectos
que causan discrepancias entre ambas Cámaras perfectamente podrían quedar
entregados a los reglamentos, en tanto que en otros, posiblemente los
laboratorios y las mismas farmacias van a encontrar formas ingeniosas de burlar
las intenciones de los Parlamentarios. De ocurrir así, surgirá una nueva
iniciativa, aún más compleja, para ir cerrando los espacios de quienes quieren
operar en este mercado sin un exceso de controles.
Acuerdo para evitar cierre de teatro.
Un acuerdo directo entre el Consejo de la Cultura
y con la Municipalidad de Santiago permitió que el Teatro del Puente, ubicado
en esa Comuna, no cerrara sus puertas definitivamente el 11 de agosto, como
estaba previsto, debido a la falta de financiamiento. El convenio contempla la
entrega de recursos por parte del Consejo para pagar los gastos fijos del
teatro hasta enero de 2014, mientras que la entidad Edilicia pretende integrar
al recinto como parte del presupuesto institucional y cofinanciar el proyecto de
programación que la sala postulará para el próximo año.
Las políticas de financiamiento cultural son
perfectibles y debe realizarse un esfuerzo por mejorarlas para que lleguen a
más sectores y faciliten la expresión de diversas disciplinas y enfoques
artísticos, que es, en parte, lo que reclaman los gestores del Teatro del
Puente. Con todo, el sistema permite que opten a fondos concursables todos
quienes postulen cumpliendo requisitos generales y transparentes. Se trata de
políticas que descansan en la garantía de igualdad de condiciones para acceder
a los recursos en virtud de la calidad y méritos de los proyectos que se
presentan.
Sin embargo, en el caso del Teatro del Puente
esos criterios no parecen haber sido considerados. Queda la sensación de que el
Consejo y el Municipio decidieron otorgar recursos a ese proyecto debido a la
capacidad de sus impulsores para generar repercusión pública acerca del
eventual cierre del recinto y criticar las políticas culturales. No resulta
conveniente que determinadas entidades aparezcan recibiendo un tratamiento
especial por parte de las autoridades, pues ello no sólo es injusto con todas
aquellas iniciativas que compiten por fondos concursables, sino que sienta el
negativo precedente de que ejerciendo presión sobre la autoridad ésta termine
cediendo.
Correspondencia para recapacitar.
Señor Director:
Protección a Carabineros.
A propósito de la impactante crónica publicada
en este medio, el pasado martes 13 de agosto, respecto de las labores de
resguardo que como punto fijo cumple el personal de Carabineros de Chile en la
llamada "Zona Roja" de la Novena Región, no puedo dejar de expresar
mi más profunda preocupación por las deplorables condiciones en que estos
nobles servidores públicos se encuentran en cumplimiento de su deber.
Allí, a veces solos, expuestos a muy bajas
temperaturas, sin electricidad ni con la infraestructura mínima suficiente que
resguarde su integridad física y emocional, a kilómetros de otros centro
poblados y en una situación de riesgo evidente, se hace urgente mejorar las
condiciones de vida de estos Carabineros que realizan un arduo y peligroso
trabajo. Lo contrario sería una gravísima señal de indiferencia hacia quienes a
diario arriesgan su vida por proteger y resguardar la seguridad de sus
semejantes.
Nuestras autoridades deben, a la brevedad,
tomar todas las medidas necesarias para reparar esta condición de abandono,
otorgando los recursos necesarios que permitan mejorar las precarias
condiciones de los lugares que cobijan a Carabineros en aquellos lejanos
territorios y dotarlos de los medios de seguridad apropiados y necesarios en
consideración a la difícil y arriesgada misión que se les ha encomendado.
M. Angélica Cristi M., Diputado.
Señor Director:
Ataque a un cuartel de policía.
Luego del alevoso ataque que sufrió la noche del
lunes 12 el Cuartel Independencia, nos resulta imposible no hacer presente a la
comunidad la gravedad que reviste esta situación, que no se da en forma
aislada, sino que se inserta dentro de una larga lista de atentados a cuarteles
y personal de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile.
Lo más curioso es que cualquier persona sabe
que dentro de un cuartel policial hay policías premunidos de armas de fuego.
¿Qué espera entonces alguien que ataca una unidad policial?
A nuestro juicio, lo único que se buscaba era
provocar un incidente de gravedad, con heridos y muertos, para justificar la
“represión” que muchos dicen que hay en Chile. No obstante, la policía actuó de
manera medida, conteniendo la situación sin ocasionar daños a civiles.
Llamamos a la comunidad en pleno a defender a
sus policías, exigiendo a las
autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo que tomen todas las medidas
necesarias para que estos hechos sean
duramente sancionados en caso de repetirse. Si los encargados de mantener la
seguridad y el orden público se ven socavados en su labor, se debilitan los
cimientos de la sociedad entera.
Juan Villarreal Vergara, Presidente del Círculo
de Oficiales Generales PDI.
La izquierda es incapaz de crear riqueza,
aunque es experta en repartir miseria.
