¿El fin de la democracia de consenso?
por Harald Beyer.
El cientista político Arend Lijphart, en su
"Paradigmas de la Democracia", distinguió entre dos tipos de
democracia: las mayoritarias y las de consenso. Estas últimas son aquellas que
buscan explícitamente acuerdos y diseñan sus instituciones políticas para
promoverlos, o sus líderes electos desarrollan la tradición de actuar con este
espíritu, por ejemplo en la conformación de sus Gabinetes, equipos de Gobierno
o en los debates Legislativos. Originalmente (porque esta es una idea que le
daba vueltas hace tiempo), Lijphart postuló que las democracias de consenso
eran indispensables para países con grandes conflictos. Sus investigaciones
posteriores constataron que, además, sus resultados en diversos indicadores
eran superiores a los de democracias mayoritarias. De ahí que las promueva.
Si hubiese que clasificar la democracia chilena,
no cabe duda de que tendríamos que ponerla en el casillero de las preferidas
por Lijphart. Y los resultados han sido muy satisfactorios. Por cierto, los
problemas no se han acabado y los desafíos en múltiples áreas son enormes, pero
desconocer los avances no tiene sentido. Sin embargo, esta forma de vivir la
democracia se encuentra fuertemente desafiada. Esto no nos debería provocar
sorpresa. Es esperable que ello ocurra y es propio de las democracias que se
cuestionen sus logros y formas de procesar y priorizar las diversas necesidades
que emergen como consecuencia de la vida en común. Más aún, cuando hay algunas
áreas relevantes -desigualdad y movilidad social- en que los avances han sido
inexistentes o, al menos, modestos. A eso hay que agregar el panorama
internacional: las incertidumbres de los últimos años creadas por la gran
recesión de 2008-9, que ha afectado la confianza en el capitalismo democrático,
y la crisis de instituciones tradicionales como las iglesias. Estas y otras
situaciones han puesto a habitantes alrededor del mundo -Moisés Naím cifra en
2.600 las ciudades que enfrentaron importantes movilizaciones en 2011- en
alerta.
Por eso, más bien resulta curiosa la escasa
convicción con que se ha hecho frente a ese desafío en Chile. Los primeros 20
años de la recuperación de la democracia parecen ser huérfanos. Los acuerdos
logrados en las más diversas áreas son vistos con gran distancia por gran parte
de los actores que los hicieron posibles. En este clima, no es extraño que la
educación esté especialmente cuestionada; después de todo, las imágenes de las
manos tomadas y levantadas para celebrar el acuerdo que dio origen a la Ley
General de Educación están frescas en la memoria de muchos. Poco importa que
haya sido un buen acuerdo y que los logros chilenos en educación, incluso en
calidad y disminución de brechas por nivel socioeconómico, sean destacados en
diversas publicaciones internacionales. Por supuesto, no hay nada
contradictorio en celebrar estos acuerdos y logros, y reconocer los enormes
problemas que persisten en educación.
Ahora bien, se podría argumentar que esos
consensos de la transición tienen algo de artificial. Después de todo, tenemos
reglas contramayoritarias, un sistema electoral y, por un buen tiempo, Senadores
designados que son difíciles de encontrar en otras democracias. Cabe suponer
que esas instituciones políticas bien particulares en algo influyeron en el
desarrollo de los acontecimientos, pero cargarles la mano es, sin duda, una
exageración. Gran parte de los cambios que el país experimentó responden a un
genuino interés en llevar adelante una democracia de consenso. Y las luces y
sombras del país no se pueden entender sin esa aproximación política. No cabe
duda de que ello estuvo fuertemente influido por una historia de desencuentros
y fuertes conflictos que llevó a nuestros líderes políticos al convencimiento
de que esa era la mejor forma de avanzar. La verdad es que si esa forma de Gobernar
se mantuvo no fue por la espada de Damocles que significaban esas reglas, sino
porque los resultados, incluidos los electorales de las principales coaliciones
que estuvieron detrás de los acuerdos, han sido satisfactorios.
Puede ser que esa historia esté quedando atrás
y podamos cambiarnos a la democracia mayoritaria, sin grandes tensiones y sin
retroceder en resultados, más allá de lo que diga la evidencia comparada. Ese
espíritu parece animar a un sector importante de la actual oposición. Es una
aspiración legítima y seguramente posible, porque esas instituciones que se
cuestionan -gran parte de ellas al menos- parecen tener cada vez más sus días
contados. Pero hay varios factores que hacen recomendable apelar a la cautela.
Menciono dos. Ahora que Chile ingresó a la OCDE podemos compararnos en muchas
dimensiones distintas. En general, Chile aparece en varias de las comparaciones
rezagado, pero en ninguna tanto como en confianza interpersonal. Así, mientras
los habitantes de la OCDE, en una proporción promedio que llega al 59%,
expresan un alto nivel de confianza en el otro, en nuestro país esa tasa llega
solo al 13%. Al mismo tiempo, en diversas encuestas se puede leer que nuestros
ciudadanos valoran que los cambios se produzcan a través de acuerdos amplios.
Son antecedentes que sugieren que la democracia de los consensos puede seguir
siendo necesaria para el país. Por cierto, puede alcanzarse ese propósito con
instituciones distintas de las actuales. Es un camino que vale la pena
explorar.
Estadísticas en Chile,
por Rolf Lüders.
El censo 2012 ha pasado a ser tema de debate
político. Este no ha surgido porque los
resultados del censo hayan puesto en duda algunas políticas públicas, sino
porque se ha pasado a desconfiar de los datos mismos. Este cuestionamiento se
viene a sumar a los que afectaron a las estadísticas entregadas por la Casen y
el IPC.
La politización de este asunto eminentemente
técnico es lamentable, especialmente en un período de elecciones. Chile se ha
caracterizado y se sigue caracterizando por tener datos estadísticos
confiables, a pesar de que los nuestros -como los de todo el mundo- son
imperfectos y siempre se pueden mejorar. Tratar de generar la imagen contraria
a cambio de una ganancia política es irresponsable.
En lo concerniente al Censo 2012, las autoridades
de Gobierno cometieron importantes faltas. La primera fue generar expectativas
exageradas. Se tildó a los censos anteriores (llamados de hecho) como
artesanales, y por lo tanto, sujetos a importantes errores; en cambio, se
afirmó que aquel de 2012 (denominado de derecho) iba a ser profesional y de
última generación. La implicancia fue entonces que éste sería prácticamente
perfecto.
La segunda falta fue, en su momento, no
explicitar que las cifras del censo incluían -como corresponde en todo aquel de
derecho- estimaciones tanto para el caso de casas con moradores ausentes, como
en aquel de casas no visitadas por los censistas. Cuando se conocieron
públicamente estas imputaciones ardió Troya.
La última falta fue tratar de aplacar la
anterior reacción mediante el nombramiento de una comisión transversal que
debía evaluar lo realizado y proponer medidas correctivas. Esta comisión estuvo
compuesta por personas íntegras y de merecida reputación profesional. Sin embargo y en general, sus integrantes no
tienen la experiencia técnica adecuada en una materia tan específica y compleja
como lo es la preparación y ejecución de censos. No es de extrañar entonces que
su informe exacerbara el debate.
Los censos nunca son completos y perfectos y
los chilenos no han sido la excepción. En todo tipo de censo siempre hay un
largo y arduo proceso de reconciliación de datos, que aún no se completa para
el Censo 2012. En los censos de derecho se hace, además, una estimación de la
información faltante. Al respecto, es importante destacar, por ejemplo, el caso
de Inglaterra en 2011, que demuestra que aún en una situación de cobertura
relativamente baja se pueden obtener, mediante el proceso recién mencionado,
estadísticas censales confiables.
El tema de la calidad de algunas de las
estadísticas en Chile -eminentemente técnico- se ha tendido a politizar. Para
resolver el caso puntual del Censo 2012 se contratará a expertos
internacionales idóneos -ajenos a la contingencia política chilena- que puedan
hacer una evaluación del trabajo realizado y proponer medidas correctivas. Más
importante, una lección de este episodio y también de aquellos del IPC y de la
Casen, es que a mediano y largo plazo, la elaboración de datos estadísticos
debe ser realizada por entes técnicos, absolutamente autónomos y adecuadamente
dotados de recursos. Hacia ese objetivo debe ir avanzando el país.
Y los programas, ¿cuándo?
Faltan tres meses para las elecciones de
noviembre, ya hay varias candidaturas a la Presidencia inscritas y las campañas
avanzan a todo vapor. Pero, en materia de programas de Gobierno, asunto muy
grave para las principales coaliciones (Alianza y Nueva Mayoría) de las cuales
debería surgir en primera o en segunda vuelta el próximo Mandatario, sólo
conocemos hasta ahora grandes objetivos prioritarios, muy pocas de las razones
que los avalan y todavía menos medidas concretas que permitan realizarlos. Es
cierto que, en la Alianza, los sucesivos e inesperados cambios de postulantes,
primero en la UDI y luego del elegido en primarias, explican que, aun
existiendo en cada caso estudios previos de las comisiones designadas, se
requiera ajustarlos en una fórmula conjunta y su revisión por parte de la
candidata unitaria finalmente proclamada, quien fijó para dentro de un mes la
difusión de sus propuestas. Ellas, afirmó ayer su vocera, serán coherentes con
la obra del actual Gobierno, pero deberán permitir un impulso capaz de
recuperar la amplitud de la Coalición de 2009. En la Nueva Mayoría, de Michelle
Bachelet, se han formado varias comisiones pero aún se desconocen los
pronunciamientos específicos necesarios para cumplir con los “titulares”
anunciados. El comando ha prometido que a fin de mes las comisiones entregarán
sus propuestas. Ella dijo que haría su programa recogiendo las inquietudes de
la gente, pero sin precisar cómo las incluiría, y si bien se esperan debates
entre los candidatos, en los temas de mayor interés no están claras las
propuestas que allí habría que discutir.
Grandes ejes mal definidos. Es cierto que en
materia tributaria existe un acuerdo básico en la oposición en obtener nuevos
recursos del orden de tres puntos del PIB, principalmente mediante el alza de
impuestos a las empresas y la supresión paulatina del FUT. Pero hay aspectos en
que son evidentes las discrepancias entre los expertos que integran el equipo
económico y que, según se ha señalado, zanjaría la candidata. ¿Con qué anticipación
sabrán los electores su decisión? Incluso en las reformas educacionales, pese a
la inclusión en la campaña Parlamentaria de varios dirigentes estudiantiles,
existe rechazo explícito de otros, así como diferencias internas en la
oposición en aspectos como los alcances de la libertad de enseñanza y de la
penalización del lucro. Sobre la asamblea constituyente para una nueva Carta
Fundamental, la incógnita se mantiene tras la respuesta de la ex Presidente a
la prensa extranjera, en que su voluntad de seguir la vía institucional aparece
sujeta al logro de los doblajes Parlamentarios que espera. Y fuera de los “ejes”
anunciados como prioritarios, hay temas sin definir claramente como los de la
previsión, las reformas al sistema político y las respuestas al desafío del
futuro de la economía en un cuadro de desaceleración mundial que dificulta
afianzar el crecimiento en un nivel que permita cumplir la declarada meta de
alcanzar en la próxima década el grado de desarrollo de algún país europeo.
Las otras elecciones. En las Parlamentarias,
ambos sectores completan sus listas no sin problemas para llenar algunos cupos
en forma competitiva ni sin amenazas de los díscolos. En la Senatorial, la
Alianza cubre el vacío de Magallanes con independientes, RN defiende la
legalidad de la opción de Cruz-Coke y Zalaquett procura atraer a la UDI los
votos de Parisi. En la Concertación el mayor tropiezo lo plantea el Senador
Gómez, quien pide que Bachelet decida entre él y el DC Juan Carlos Latorre el
cupo de la Sexta Región, pero ella posterga incluso el funcionamiento de su
comité político hasta la inscripción de las listas al Congreso de manera que es
poco probable que se pueda resolver ese conflicto. La primera votación popular
de los “Cores”, tras las incógnitas que dejó la Municipal, la abordará la Nueva
Mayoría con dos listas, una podría ser del eje tradicional PS-DC y otra de los
demás partidos, mientras el oficialismo prefirió una sola. Unos quieren tener
más candidatos, dado el número de las colectividades aliadas, y aumentar los
sectores involucrados, aun con el peligro de una dispersión de los votos y pese
al primer llamado de su candidata a que fueran juntos (que después cambió por
el respaldo a la lista doble). Otros buscan dar una (muy necesaria) señal de
unidad.
Afán legislativo. En el Congreso ha habido inusitada actividad,
traducida en varias Leyes aprobadas y otras con importantes avances. Entre las
iniciativas beneficiadas con ello están la de la regulación del lobby, donde
tras una década de frustraciones se logró concordar en un tema de la mayor
importancia para el sistema político, aunque si se quiere profundizar en ese
campo falta otro pilar, el de la transparencia en el financiamiento de los
partidos y las elecciones. También en el mismo ámbito se aprobó el voto de los
chilenos en el exterior, con sólo el requisito previo de la inscripción en el Consulado,
y se hace más probable, pese a algunas resistencias, un acuerdo respecto al
sistema electoral que combina el proyecto del Gobierno y parte de la Alianza
con el de sectores de la oposición y de RN, probablemente con un aumento menor
que el propuesto en el segundo del número de Senadores y Diputados. Es sin duda
una buena noticia esta productividad de los Legisladores, pero, por una parte,
ella contrasta demasiado con la lentitud del trabajo anterior en algunos de
esos mismos proyectos ahora despachados o en curso de serlo, y, por otra,
parece preferible que la labor del Parlamento sea más constante y no se
apresure en exceso, tratándose de asuntos delicados, por motivos
circunstanciales. A este afán se suma, también, el envío de otras iniciativas
del Ejecutivo, como las relativas a salas cunas y reformas en la previsión, sin
duda positivas y que muestran el interés del Gobierno en completar hasta donde
sea posible en estos últimos meses su agenda Legislativa.
Consecuencias del control de natalidad.
La política de hijo único que rige desde 1979
en China podría ser relajada, según lo expresado por la Comisión de
Planificación Familiar de ese país. Actualmente, para tener un segundo hijo, el
padre y la madre deben ser hijos únicos. También quedan eximidos de esta
política los matrimonios que viven en áreas rurales y cuyo hijo es mujer, así
como algunas minorías étnicas. La propuesta en estudio contempla levantar la
prohibición de un segundo hijo si uno de los padres es hijo único, y podría
entrar en vigor a principios de 2014, y extenderse a todas las familias en
2015.
La política de hijo único, que ha significado
millones de abortos y esterilizaciones, ha provocado un envejecimiento de la
población que algunos temen irreversible y que, en todo caso, amenaza la
competitividad de China. Según su Oficina Nacional de Estadísticas, la
población de hasta 14 años es solo el 16,60% (6,29 puntos porcentuales bajo el
anterior registro), mientras que las personas de entre 15 y 59 años conforman
el segmento mayoritario, con 70,14%. Por primera vez en casi 50 años, en 2012
la fuerza laboral mostró un descenso, con anticipables repercusiones en el
consumo. Y mientras hoy hay casi cinco contribuyentes por cada pensionado, esta
relación bajará a una de dos a uno. Asimismo, se estima que en 2050 habrá
cuatro personas de más de 65 años por cada 10 que tengan entre 15 y 64, algo
que podría resultar catastrófico en un país que carece de un sistema de
seguridad social fuerte.
En Chile, este tema no se encuentra en la agenda
pública, pese a que desde 1960 la tasa de natalidad está en continuo descenso,
llegando a 1,8 por mujer, una de las más bajas de América Latina, y por debajo
de la tasa de reposición (2,1).
El envejecimiento de la población puede afectar
la estructura de gastos del Estado en seguridad social. La Cámara de Comercio
de Santiago ha advertido esto, observando que puede "llevar a modelos
tributarios con cargas más pesadas sobre la población activa, con el objeto de
financiar los gastos de la población pasiva".
Esta transición demográfica a la baja está muy
influida por la disminución de los matrimonios, la postergación del embarazo
por mujeres que priorizan los estudios y la consolidación laboral, la
dificultad para conciliar familia y trabajo, y el alto costo de criar un hijo.
La caída de la tasa de natalidad comenzó a
acentuarse en Chile a resultas de las políticas de planificación familiar desde
mediados de los años 60. Entonces, EE.UU. veía a Chile como uno de los países
que podían encabezar el desarrollo de la anticoncepción, por el buen nivel de
su medicina respecto del resto de la región, por lo que el uso de
anticonceptivos se masificó en la década de 1970. Posteriormente, el desarrollo
económico y la incorporación masiva de la mujer al trabajo, a partir de los
años 90, reforzaron esta tendencia a la baja.
El Gobierno ha anunciado medidas para
incentivar la natalidad, como el bono al tercer hijo, la ampliación de la
cobertura del tratamiento contra la infertilidad, la prolongación del posnatal
y el acceso gratuito a las salas cuna y jardines infantiles. Son pasos en la
buena dirección, pero que deben ir acompañados de políticas públicas que
faciliten la labor de los padres en la crianza de los hijos y en el
financiamiento de la misma.
Acertada preocupación Fiscal.
Encomiable preocupación despierta en nuestros
líderes de opinión la preservación de la disciplina Fiscal. A tres meses de la
elección Presidencial, tema de encendido debate es el estado del erario nacional
que la actual administración legará a la próxima y cómo podría esta hacer
realidad sus planes de gasto. Comparativamente, nuestras cifras Fiscales siguen
siendo envidiables, pero los chilenos somos en especial exigentes en esta
materia porque hemos aprendido que la disciplina Fiscal es un factor clave no
solo de la buena marcha de la economía, sino también de una democracia estable.
La Dirección de Presupuestos estima que el
déficit Fiscal estructural -esto es, corregidas sus fluctuaciones cíclicas-
alcanzará al 1,2% del PIB, superior al de 2012 y al presupuestado
originalmente. Esto con razón despierta críticas. Un déficit así revela
debilidad en el ahorro del Fisco y obliga al país a depender demasiado de
ahorros captados del resto del mundo. Su contrapartida es el déficit de la
cuenta corriente de la balanza de pagos, que ya bordea un inquietante 5% del
PIB, pese al buen precio del cobre. Esta situación está obligando al Banco
Central a mantener una tasa de interés más alta que la deseable para contener
la demanda, limitar el déficit externo y evitar un rebrote de la inflación. A
futuro, eso puede perjudicar el crecimiento y la generación de empleos,
especialmente entre las pymes.
En el fragor de la campaña electoral, la
principal candidata de la oposición, la ex Presidente Bachelet, y su Jefe de
programa, el ex Director de Presupuestos Alberto Arenas, responsabilizan de
ello al actual Gobierno. Pero durante su gestión elevaron el gasto público de
17 a 23% del PIB, y pasaron desde un superávit estructural de 1% del PIB a un
déficit del 3%, según la medición recomendada por una comisión de expertos de
alto nivel, actualmente en aplicación. Dicha instancia (Presidida por el ex Presidente
del Banco Central Vittorio Corbo y compuesta por otros seis reputados economistas;
entre ellos, dos ex Directores de Presupuestos de la Concertación) desestimó la
contabilidad Fiscal introducida unilateralmente por el Gobierno de Bachelet,
que le permitió en 2009 reportar un déficit equivalente a solo un tercio del
incurrido en ese año.
La trayectoria de la política Fiscal durante el
Gobierno actual ha sido la inversa. Pese a los desembolsos ocasionados por el
terremoto, el gasto público y el déficit Fiscal fueron reducidos en el
equivalente a 2% del PIB entre 2009 y 2011. Eso ayudó a cimentar una vigorosa
expansión de la inversión privada y del empleo. Sin embargo, desde entonces la
tendencia se ha interrumpido, y tanto el gasto público como el déficit Fiscal
se han mantenido estables en relación con el PIB. En parte ello se debe a
gastos comprometidos con anterioridad, pero también revela las dificultades
políticas -incluso en un Gobierno de centroderecha- para aplicar la austeridad
necesaria en la gestión Fiscal.
Los estrategas de las campañas Presidenciales
tienen razón en preocuparse. La actual situación Fiscal limita la capacidad de
financiar programas de gasto público como los que suelen deleitar a los
electores. Acentuar el déficit y recurrir al endeudamiento sería económicamente
inconveniente y políticamente irresponsable. Hay quienes piensan que la
solución está en nuevos impuestos, ya sea sobre las utilidades de las empresas,
sobre sus ahorros acumulados en el llamado FUT -como planteó el ex candidato
Andrés Velasco- o, lo que es casi lo mismo, sobre los patrimonios, como acaba
de proponer el candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami. Cualquiera de esas
opciones permitiría solventar un mayor gasto Fiscal o reducir el déficit Fiscal,
pero a costa del ahorro privado que Chile requiere para seguir creciendo. Es
decir, equivaldría -en términos coloquiales- al fútil ejercicio de
"desvestir a un santo para vestir a otro".
La central Angostura, bienvenida.
Ha comenzado el llenado del embalse Angostura,
sobre el Biobío, asociado a la central del mismo nombre. Es el único proyecto
hidroeléctrico de gran escala desde Ralco (aprobado en 1997, entró en operación
en 2004) y el último en el futuro previsible, pues no hay otros de este tipo
cercanos a concretarse. Diseñado para no tener capacidad de regulación -esto
es, de almacenamiento-, entregará 316 MW, y representará el 3,35% de la
generación anual del SIC.
Fue aprobado durante el Gobierno de Bachelet y,
para aminorar la oposición ambientalista, su capacidad de regulación se redujo
casi a cero: el nivel de operación solo puede variar un metro entre la cota más
alta y la más baja. Así, en la práctica opera como una central de pasada, que
genera solo con el caudal del río. Pese a esta desventaja, hay argumentos en su
favor: el lago de 640 ha que se formará será un atractivo para inversión
turística, pues su nivel no cambiará a lo largo del año. El embalse cubre un
área muy limitada, porque está ubicado en una de las partes más estrechas del
río. Por eso, solo fueron desplazadas 46 familias, que recibieron
compensaciones en tierras, vivienda y otros beneficios. Pese a eso, enfrentó
fuerte oposición de organizaciones que aducen los derechos de los pueblos
originarios.
Esta oposición a centrales con capacidad de
regulación es un fundamentalismo ambientalista, pues invoca razones aplicables
a otros países, con otra geografía. Chile necesita energía de costo moderado para
su desarrollo, y la energía hidráulica, especialmente la proveniente de
embalses con capacidad de regulación, tiene muchas ventajas, por las especiales
condiciones de nuestro país. Es limpia y renovable, y como estas centrales
normalmente se instalan en la cordillera, donde casi no hay vegetación y las
escarpadas laderas proveen buenas caídas inundando poco terreno, producen pocos
gases por descomposición orgánica. Por su ubicación, las familias afectadas son
relativamente pocas, y cabe compensarlas generosamente. Son el complemento
ideal de las energías renovables no convencionales (ERNC), como la fotovoltaica
y la eólica, pues pueden responder rápidamente a las caídas en la generación de
estas. La alternativa es instalar centrales de gas de ciclo abierto, de alto costo de operación, ineficientes y contaminantes. Hay tantos
argumentos en favor de esta complementariedad entre hidroeléctricas de embalse
y ERNC, que en Europa existen lagos que se cargan y descargan según la
generación de unidades ERNC.
Los ambientalistas objetan que los embalses
alteran el flujo natural de los ríos y, por lo tanto, la fauna y flora en sus
aguas y riberas. Es un argumento válido, mas no para descartar los embalses,
sino para exigir medidas paliativas que aminoren sus efectos. Una posibilidad
es que, además de dejar un caudal ecológico, cada cierto tiempo, con aviso
previo a los ribereños, los embalses liberen aguas para simular las
inundaciones periódicas que se dan en la naturaleza. Una anécdota elocuente:
hace poco, Nueva Zelandia tuvo que destinar millones de dólares a salvar un
sapo amenazado por un embalse. Puede ser caro, pero es mejor que no disponer de
un embalse que genera energía limpia y de bajo costo.
¿Por qué esa oposición a ellos en nuestro país?
Tal vez por desconfianza ante la eficacia de las medidas de mitigación, o por
sus efectos sobre la belleza escénica, o por la concentración de la propiedad
de los mejores derechos de agua no consuntiva, o simple ignorancia de algunos
críticos. Y, más aún, algunos no creen en el desarrollo económico y en la
obligación moral de elevar el estándar de vida de la población. En tal caso,
deberían sincerar sus argumentos, para que las consecuencias de esa opción se
discutan abiertamente.
Violencia en Egipto y riesgos para el Medio
Oriente.
Desde que a comienzos de 2011 se produjo el
levantamiento popular que provocó la caída del ex Presidente Hosni Mubarak
-quien se había mantenido en el poder desde 1981-, existe incertidumbre acerca
de cuál es el camino que en definitiva seguirá Egipto. Esas dudas parecen estar
aclarándose ahora, cuando puede decirse que el más populoso e influyente país
árabe avanza hacia un estado de gravísimo conflicto interno para el que no se
ve una salida pronta ni fácil.
Ayer, las autoridades reconocieron que el asalto
a los lugares donde desde hace semanas acampaban los partidarios de Mohamed
Morsi -el Mandatario pro islamista derrocado en un golpe de Estado militar en
julio- ha dejado centenares de muertos,
los que seguramente seguirán aumentando, debido a que todavía hay muchas
víctimas que no han logrado ser identificadas. Por su inaceptable violencia y
el número de muertos, puede decirse que el episodio del miércoles será
recordado por décadas junto a otras masacres que han dejado profunda huella,
como la ocurrida en la Plaza de Tlatelolco, en Ciudad de México, en 1968 o la
de la Plaza Tiananmen, en Beijing, en 1989.
De esta forma, la Primavera Árabe, un
movimiento que fue celebrado con optimismo cuando sacudió al Medio Oriente en
2011, recibe en Egipto, su escenario más importante, un golpe muy duro. La
compleja situación por la que atraviesa este país amenaza con desencadenar un
conflicto gravísimo, que puede terminar inflamando a toda la región y afectando
a las potencias occidentales, las cuales recién ahora comienzan a definir una
postura crítica clara respecto de la manera en que están actuando los militares
egipcios. La posibilidad de que la violencia escale es muy alta, sobre todo si
se considera que la Hermandad Musulmana -el grupo al que pertenece Morsi y a
cuyo llamado responden los manifestantes que han sido reprimidos en los
campamentos desalojados- está llamando a la resistencia y a nuevas
manifestaciones para desafiar a las autoridades.
La extrema violencia que las autoridades
militares han utilizado contra su propia población les resta legitimidad y pone
en entredicho la convocatoria que han hecho para la celebración de nuevas
elecciones Presidenciales y a la redacción de una nueva Constitución. Es muy
poco probable que, en estas condiciones, Egipto pueda normalizar con rapidez su
convivencia política, avanzar con algún grado de credibilidad hacia una
transición democrática y generar un ambiente propicio para la reconciliación.
Todo lo contrario, lo que parece estar ocurriendo es un sangriento retorno a la
situación que el país vivió en los años 90, con un poderoso Gobierno militar
que era resistido por guerrillas islamistas. En esa época, los actos
terroristas y la represión eran comunes, con una sociedad polarizada.
La importancia estratégica de Egipto hace que
lo que allí ocurra tenga consecuencias para toda la región. En los últimos
años, ésta se ha visto sacudida por fuertes cambios que no han traído
estabilidad. Libia no ha conseguido
superar el desgobierno desde el éxito de la rebelión que sacó del poder a
Muammar Gaddafi, mientras que Siria se encuentra sumida en una guerra civil. Si
en Egipto se consolida una situación análoga, como parece estar ocurriendo, el
Medio Oriente entrará en una fase nueva, más volátil y peligrosa para la paz
mundial.
Claridad sobre la muerte de disidente.
A traves de una serie de entrevistas de prensa,
el joven político español Angel Carromero ha ido aclarando su versión sobre lo
que ocurrió con el vehículo que conducía el 22 de julio de 2012 por una
carretera cubana en compañía de un activista sueco y de los disidentes Oswaldo
Payá y Harold Cepero.
Carromero sostiene que la versión entregada por
las autoridades es falsa y que lo más probable es que Payá y Cepero salieran
con vida luego de que un auto de la seguridad cubana los sacara del camino al
impactarlos por detrás. El cree que el “accidente” en el que estuvo envuelto
fue fabricado para permitir el asesinato de Payá, cuyo liderazgo era
internacionalmente reconocido y cuya familia ha denunciado públicamente que el
dirigente fue eliminado por el régimen castrista.
En el juicio que siguió al acontecimiento,
Carromero declaró que todo fue un accidente, y resultó condenado por
“conducción imprudente”. Sin embargo, de vuelta en España, afirma que testificó
bajo presión de las autoridades locales y que el proceso fue una farsa
destinada a confirmar la versión de La Habana sobre el incidente.
Existe una alta probabilidad de que el español
ahora esté diciendo la verdad. Hay numerosas inconsistencias en la versión
oficial: las enfermeras declararon en un comienzo que al hospital llegaron
vivas cuatro personas; el árbol contra el que supuestamente chocó el auto
conducido por Carromero parece intacto; de hecho, ni éste ni el activista sueco
recuerdan haber impactado un árbol; no se conocen los resultados de las autopsias
a Payá y Cepero; no se permitió a los abogados de Carromero inspeccionar el
auto siniestrado, etc. Las circunstancias de la muerte del más importante
disidente cubano merecen ser aclaradas para despejar las dudas que rodean el
deceso, donde será clave la presión internacional.
Un par de cartas para la meditación.
Señor Director:
Documental.
El actor Benjamín Vicuña, refiriéndose al
documental “Chile, las imágenes prohibidas”, que debutó el miércoles en TV,
expresa que dicho programa tiene como objetivo el “que nunca más se produzcan
violaciones a los DD.HH. en Chile”. Estoy muy de acuerdo con él, y es deber de
todos los chilenos el no permitir que lleguen al Gobierno partidos o grupos que
inciten a la violencia, que intenten coartar la libertad de sus ciudadanos y
que creen un caos social y económico tal, que lleven a buscar o exigir
soluciones extremas para evitar la destrucción de nuestro país y de su sociedad.
Lamentablemente, no creo que se expliquen las causas que conducen a una
situación no deseada como la que se muestra en el documental y, una vez más,
sólo se muestren los efectos.
Juan M. Reveco Bravo.
Señor director:
Reelección Parlamentaria.
Se ha hablado mucho de los cupos para las
próximas elecciones y sus respectivas campañas.
Sería oportuno que aquellos candidatos que van
a la reelección publiquen su asistencia a las sesiones del Congreso, cuántos
proyectos presentaron y cuáles fueron los gastos incurridos en su gestión Parlamentaria.
Recién ahí podremos sacarlos al pizarrón, para que por primera vez podamos
votar con conocimiento y no por
inclinación política partidista. Ya es hora de que elijamos por eficiencia y
servicio al país, terminando con los candidatos que hacen del Congreso una
carrera vitalicia sin rendirle cuentas a nadie.
Raúl A. Sigren
Señor Director:
Remedios y farmacias.
El miércoles pasado celebramos buenas noticias
en el ámbito Legislativo. La Cámara de Diputados aprobó la Ley del lobby que
pasa a tercer trámite en el Senado. Y por su parte, la Comisión de Salud del
Senado dio un paso importante con la Ley de fármacos: se obliga a los médicos a
prescribir el genérico en las recetas. También se aprobó la venta de remedios
fraccionados.
No obstante, pese a todo lo que ha sucedido con
las farmacias y al debate que se ha generado en torno a los remedios OTC
-aquellos que no requieren receta médica para su venta-, la Comisión insiste en
que solo podrán venderse en las farmacias. Esto atenta contra el sentido común
y la práctica en muchos países.
Queda una esperanza en la Comisión Mixta del
Senado. De otra forma, la señora Juanita, para paliar su resfrío en este mes de
agosto, sólo podrá comprar una "Aspirina C, limonada caliente" en una
farmacia. Y si vive en una de las 50 Comunas que no cuentan con farmacias
tendrá que encargarla, viajar o comprarla en una feria. Pero no se preocupe: el
Estado se hará cargo a través de los centros de salud.
Leónidas Montes L., Decano Escuela de Gobierno,
UAI
Señor
Director:
Varios cursos menos.
Estudié medicina veterinaria en la U. de Chile. El programa consistió en cinco años de clases, pasos prácticos, salidas a terreno, prácticas profesionales, turnos en clínicas, etcétera. A esto se le sumó una tesis de grado. Obtuve el título de médico veterinario.
Hoy en una universidad privada se ofrece obtener el mismo título con actividades tres veces por semana (dos tardes y una mañana). Me parece impresentable, irresponsable y vergonzoso. En mi formación no tuve ningún curso de más, pero me parece que esos estudiantes tendrán varios de menos.
Dr. Luis Pablo Hervé Claude, Médico veterinario.
Pueblos bien informados
difícilmente son
engañados.
