La Puerta Abierta,
por Hermógenes Pérez de Arce.
Michelle Bachelet es mucho más parecida a
Salvador Allende de lo que todo el mundo cree. Ambos son a primera vista
demócratas y respetuosos de las reglas, pero a segunda vista resultan ambiguos.
Pero para quienes miramos tres veces no lo son.
Allende le había confesado a Regis Debray que
se proponía instaurar un socialismo "marxista, científico, total",
pero no lo decía tan claramente en sus discursos. Éstos eran deliberadamente
ambiguos, pero si uno entendía su idioma, podía descifrar sus verdaderas
intenciones. Por ejemplo, en su primer Mensaje al Congreso Pleno, el 21 de mayo
de 1971, dijo que quería llevar a cabo su revolución socialista respetando la
institucionalidad, pero le advirtió al Congreso que si no aprobaba sus
iniciativas revolucionarias, iba a desencadenarse la violencia. "Claro,
decía, queremos responsablemente evitarla".
Traducción: "o me aprueban los proyectos
revolucionarios o habrá violencia. No será porque yo la quiera, sino porque ustedes
no aprueban mis proyectos".
Michelle Bachelet ha dicho ante los
corresponsales de la prensa extranjera: "Quiero que los cambios Constitucionales
se hagan por la vía institucional, que podamos elegir más Parlamentarios, y yo
me quedaría hasta ahí". Pero no se quedó hasta ahí, sino que añadió:
"Si la realidad va hacia otro lado, miraremos cómo hacemos para
efectivamente avanzar en Chile". ¿Qué tienen que ver las elecciones Parlamentarias
con las reformas Constitucionales?
Traducción: "Espero tener suficientes
doblajes en la elección Parlamentaria como para poder reformar la Constitución
a mi gusto. Pero si la realidad va hacia otro lado, entonces 'miraremos' cómo
reformarla de todas maneras". ¿Cómo? Bueno, ya uno de sus asesores lo ha
anticipado: "Por las buenas o por las malas".
La izquierda siempre aparenta jugar según las
reglas, pero de hecho procura saltárselas, "hacer trampa". Y cuando
esto es denunciado, entonces argumenta que son las reglas las tramposas, para
así poder violarlas.
También esto es muy parecido a lo que sostenía
Allende: su partido había declarado explícitamente que iba a tomar el poder
mediante la violencia, pero él argumentaba que la violencia provenía de las
normas que había. Decía que era una "violencia institucionalizada" y
que las armas de los revolucionarios se limitaban a oponerse a ella... sólo se
estaban defendiendo...
Michelle Bachelet, entonces, no ha dicho que va
a respetar la institucionalidad para llevar a cabo sus propósitos de reforma
constitucional. Lo que ha dicho es que si no consigue esto último, le quedará
una puerta abierta para conseguir sus propósitos sin respetar la
institucionalidad.
Las dos carátulas,
por Orlando Sáenz R.
La campaña Presidencial
que se inicia parece, a primera vista, muy carente de suspenso dada la enorme
ventaja con que la enfrenta la señora Bachelet. Sin embargo, su candidatura
esconde debilidades que, bien explotadas, la pueden conducir a una derrota que
ciertamente sería histórica.
Desde luego, la señora Bachelet enfrenta la
campaña con una ventaja tan amplia y con una base de sustentación tan
ideológicamente dispersa, que solo puede aspirar a conservar lo que ya tiene
sin plantear más que generalidades que no puede precisar porque cada precisión
le cuesta partidarios de algunos de sus extremos. Por eso es que, como ya
podemos comprobarlo, su discurso abunda en eslóganes que, sin exacta
definición, no significan nada: ¿qué es justicia social, igualdad de
oportunidades, previsión solidaria, o reforma Constitucional en boca de la
señora Bachelet? Son términos en que la enorme mayoría de los chilenos deseamos
avances, pero en que cualquier cosa cabe dentro de los límites de esos términos
y cualquier precisión que ella trate de darles le costará partidarios.
Por eso es fácil predecir que la señora
Bachelet intentará la campaña más liviana, farandulesca y menos confrontacional
que pueda y que en ella sobrarán los actos emotivos y faltarán las precisiones
programáticas. Por lo demás, eso es lo único sensato que puede hacer porque,
¿dónde está el punto de equilibrio entre la concepción marxista y la
democratacristiana de la libertad de enseñanza? ¿y el del populismo desatado de
Gómez y el desarrollismo humanizado de Velasco?
Es muy posible que esa campaña ambigua y
puramente emocional que es tan fácil de pronosticar le baste para ser elegida,
sobre todo si se tiene en cuenta la brutal pérdida de cultura política que ha
sufrido el país en los últimos tiempos. Pero, ¿es prudente enfrentar las tremendas
dificultades del próximo Gobierno con un campo tan minado por las expectativas
incumplibles y con una base política gelatinosa y cuyo único aglomerante es el
goce del poder? En ese escenario, lo probable es que la señora Bachelet asuma
una misión en que, como en su propia campaña, tenga mucho que perder y nada que
ganar en vista de su importante currículo.
La constatación de todo lo anterior nos lleva a
una pregunta humana que probablemente se quedará sin respuesta: ¿por qué
Michelle Bachelet aceptó una candidatura en que, en lo personal, no tiene nada
que ganar y todo que perder? Ya fue Presidenta, de modo que un nuevo período ni
siquiera agregará algo a su currículo, mientras que un mal segundo Gobierno le
haría perder todo lo ganado. Lo más probable es que se haya dejado convencer,
aunque parezca increíble, de que las encuestas demuestran que es la única
"salvadora de la patria" posible, lo que probaría que, aunque
agnóstica, cree en la ancestral patraña de que "vox populi, vox Dei".
Es tan evidente que ella es la persona menos indicada para presidir Chile en el
próximo período y es también tan evidente que la ex Concertación tiene varios Presidenciables
más calificados, que cuesta creer en el papel mesiánico que le han colgado.
Completamente opuesta es la situación de Evelyn
Matthei, la única candidata con posibilidades de amagarla. Esta enfrenta una
campaña en que no tiene nada que perder y mucho que ganar, sobre todo con las
enormes ventajas personales con que la inicia. Es inteligente, directa,
precisa, enérgica, sabe lo que quiere y está parada sobre una base política
que, pese a sus anecdóticos conflictos temperamentales, es infinitamente más
homogénea que la montonera doctrinal de su adversaria. No deja de ser
paradójico que la llamada Alianza, tras una serie de episodios sorpresivos y
hasta bochornosos, haya dado con la mejor carta con que puede enfrentar con
reales posibilidades de éxito al "fenómeno Bachelet". Es como para
creer que hasta a los dirigentes de la Alianza les es posible alcanzar la
divina facultad de escribir derecho con letra torcida, aun sin proponérselo.
La voluntad y capacidad de la señora Matthei
para dar respuestas precisas en su programa de Gobierno les serán especialmente
fructíferas en un campo que le está vedado a su contendora: el de restaurar en
Chile el pleno imperio de la Ley y el orden público. En la medida en que la
ciudadanía asuma que ese es el principal y más urgente problema que enfrenta la
democracia chilena, el transmitir la sensación de energía suficiente para
enfrentar ese desafío será determinante en el resultado electoral. Y esa
sensación no la puede transmitir la señora Bachelet porque ni siquiera cree en
el problema, y menos aún creen los que la acompañan. Para ellos democracia es
sinónimo de que todo el mundo haga lo que quiera y eso les impide darse cuenta
de que la enorme mayoría está más que harta de los encapuchados, de los
servicios básicos paralizados con cualquier pretexto, de La Araucanía
convertida en zona de guerra, de la delincuencia que aumenta todos los días, de
los caminos bloqueados y de la inseguridad campeando en todas partes. A la
señora Matthei se le puede creer capaz de restaurar la Gobernabilidad
resquebrajada; a la señora Bachelet, no.
Bastaría esto último, sin siquiera echar mano a
los más de seis mil millones de dólares enterrados por la señora Bachelet en el
Transantiago, para poder fácilmente concebir una gran sorpresa en la elección
del próximo noviembre.
Que no se malogre una Ley necesaria para el orden
público.
El magro desempeño del Estado en el control de
las conductas delictivas de algunas personas con ocasión de manifestaciones o
marchas dio lugar a un proyecto de Ley encaminado a reforzar el resguardo del
orden público en tales actos masivos. Él ingresó al Congreso en octubre de 2011
y fue despachado hace poco por la Cámara, aunque con amplio rechazo de la
oposición a la mayor parte de sus preceptos. La discusión se traslada ahora al
Senado, que recibe la iniciativa con dos indicaciones del Ejecutivo de tal
envergadura, que han vuelto casi irreconocible la propuesta original. El foco
sigue estando, no obstante, en la definición del delito de desórdenes públicos,
debido a que la redacción actual ("los que turbaren gravemente la
tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular
o con cualquier otro fin reprobado") se habría mostrado insuficiente o
ineficaz. La nueva propuesta reemplaza esta figura por una de "desórdenes
públicos graves", que se verifica cuando se paralizan o interrumpen
servicios públicos, o se impide o altera la circulación resistiendo a la
autoridad, en ambos casos usando fuerza en las cosas, o violencia o intimidación
en las personas.
Se critica a esta redacción el que podría
implicar la conversión de la figura en un delito de carácter político, ya que
no se exige siempre una amenaza real para la vida o la salud, sino que basta
una alteración de las condiciones normales en que se desarrolla la vida
cotidiana de las personas. Este giro es discutible porque, al parecer, los
problemas prácticos no están en la definición del delito, sino en las
dificultades para su prueba y, además, en el peligro de que la figura pueda ser
aplicada no solo a quienes aprovechan las marchas para delinquir, sino también
a quienes realizan una protesta social incómoda pero pacífica. Por tales
razones, aparentemente tiene más sentido concentrarse en aspectos
complementarios y procesales.
En primer lugar, parece deseable la aprobación
de las circunstancias agravantes que el proyecto contempla, tanto respecto de
los delitos contra la vida y la salud como contra la propiedad que se cometen
en el contexto de la celebración de actos, manifestaciones o espectáculos
públicos que congregan la presencia masiva de personas. Este contexto de
masividad puede efectivamente dar al hecho una connotación en especial grave,
llamada a incidir en el tratamiento que recibirá en el sistema penal, pero
asegurando al mismo tiempo que al sujeto se le impute un atentado real y
efectivo contra bienes jurídicos concretos.
En segundo lugar se debería rescatar la
prohibición de usar capuchas, pañuelos u otros elementos análogos, cuya
utilización está prevista como circunstancia agravante de los delitos contra la
vida, la salud y la propiedad que se cometan en contextos masivos y, al mismo
tiempo, como una simple falta autónoma respecto del que no comete ninguno de
los delitos anteriores. Este aspecto, que ha sido uno de los más controvertidos
del proyecto, es al mismo tiempo uno de los más valiosos que contiene, si se
considera que el principal problema de los delitos que se trata de reprimir no
estaría en su definición Legal, sino en las dificultades probatorias que
enfrenta la autoridad y que, en la práctica, hacen estériles muchos de sus
mejores esfuerzos por controlar la situación.
Por eso mismo, es lamentable que el proyecto
solo haya conservado unas pocas y anodinas normas de índole procesal, en vez de
hacer un aporte más profundo a la resolución de los problemas específicos que
plantea la prueba de hechos delictivos cometidos en contextos masivos. Es un
desafío complejo y que requiere la capacitación y colaboración decidida de las
fuerzas policiales, pero quizá si los esfuerzos se concentraran en estos
aspectos -en vez de destinarlos a una reformulación conceptual de los delitos-,
la eficacia de la persecución penal se potenciaría considerablemente. En esa
misma línea, la indicación de marzo de 2013 contiene un elemento interesante,
pues en ciertos casos permite conmutar la pena de multa por la de trabajos en
beneficio de la comunidad, una sanción incipiente en Chile, pero cuyos efectos
disuasivos son conocidos en países avanzados.
Reavalúo de bienes raíces y aumento de carga
tributaria.
El Servicio de Impuestos Internos ha continuado
adelante con el trabajo para poner en marcha el reavalúo de los bienes raíces
no agrícolas con destino habitacional, que debía entrar en vigencia a comienzos
del presente año, pero que se postergó hasta el 1 de enero próximo. Uno de los
principales motivos para la postergación, más allá de las explicaciones
oficiales, fue el hecho de que los cambios en las tasaciones tendrían especial
impacto en el monto de las contribuciones (impuesto territorial) en Comunas de
clase media, como Maipú, La Florida, Quilicura o Calama, situación que no ha
variado en los últimos meses. Por consiguiente, es muy probable que el tema
vuelva a estar próximamente en el debate, pero en esta ocasión, cuando las
campañas electorales, tanto Presidencial como Parlamentaria y -por primera vez-
de Consejeros Regionales, estén en su punto más alto.
La actualización de los avalúos significará un
aumento del impuesto territorial que afecta a las viviendas -ya se hizo
efectivo para los demás bienes raíces no agrícolas-, conocidas comúnmente como
contribuciones, en atención al incremento del valor que en general han
experimentado los inmuebles. Este mecanismo de determinación del gravamen es
cuestionable, porque siendo su rendimiento íntegro destinado a los Gobiernos
locales para solventar los servicios Comunales, no tiene relación con éstos,
sino que con el valor de las propiedades, con lo que se ha transformado en un
mero impuesto patrimonial. Afectar el patrimonio de los individuos (las
empresas lo rebajan como gasto) es injusto e inconveniente, porque grava
activos adquiridos con rentas que ya tributaron y puede no concordar con los
ingresos actuales del contribuyente, lo que desincentiva la formación de
capital en bienes raíces.
Si el rendimiento de los tributos locales no
permite financiar los servicios en algunas Comunas de menores ingresos o tamaño,
los recursos de éstas debieran suplementarse con fondos generales de la nación
y no con una reasignación de lo recaudado por otras Comunas. Que no se haga de
esa forma se debe simplemente a que el Fisco ha incrementado su nivel de gasto
en variados aspectos que no dejan disponibilidades presupuestarias para algo
que debiera ser prioritario, como es el Gobierno local. Ello pone en evidencia
que el gasto público termina requiriendo de múltiples tributos y no
exclusivamente de gravar a los sectores de mayores ingresos, porque la realidad
es que no resultan suficientes y es necesario extenderlos a otras fuentes que
generan mayor rendimiento y baja evasión, como acontece en este caso con las
contribuciones de sectores medios.
Es probable que, al aproximarse el momento en
que deba entrar en vigencia el reavalúo, surjan voces a nivel político para que
éste se modere para ciertos sectores o se postergue nuevamente, como también ha
sucedido con el que afecta a los combustibles. Sin embargo, sería importante
que en el debate se reconozca que tiene efectos no hacer ajustes en el gasto
público, eliminando o racionalizando aquellos que son dudosos o menos
prioritarios, y sobre todo que no es factible pensar que la carga tributaria
sólo se puede incrementar para ciertos sectores económicos o para las empresas,
pues ello desincentiva la inversión, el ahorro y el crecimiento, y cuando su
rendimiento, pasado cierto punto, tiende a decaer.
Progresos, pero insuficientes.
Después del 27 de febrero de 2010 -al igual que
tras otras catástrofes en numerosas ocasiones anteriores-, repetidamente se ha
criticado que los efectos de ese sismo y maremoto, que causaron múltiples
víctimas y enormes daños materiales, pudieron en algún grado haberse reducido
si los sistemas de alerta y los organismos correspondientes hubieran operado
como debían.
Las víctimas que pudieron evitarse y no lo
fueron son un costo humano irreversible, pero parecería que, al menos, el país
y las autoridades han extraído ciertas enseñanzas de esa tragedia. Una muestra
de ello -virtualmente sin precedentes- es el que, tres y medio años más tarde,
aún persistan los procesos Judiciales para resolver las responsabilidades
penales que correspondan. Y, mirando hacia adelante, hay algunas señales de que
colectivamente ha pasado ahora a considerarse como una materia de importancia
nacional la prevención y la preparación ante tales catástrofes, en cuanto a
características y líneas de construcción y también a las conductas que deben
observar sus habitantes en caso de emergencia. Así, periódicamente en zonas
costeras de varias Regiones se han venido practicando ejercicios de alerta para
protección de la población, con amplia participación ciudadana y de
Carabineros, bomberos, profesores, trabajadores y estudiantes. Se ha puesto en
práctica un programa de megasimulacro organizado por la Onemi, que
recientemente abarcó las Regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y
Atacama. Él va más allá de los sistemas de alarmas, evacuación de sitios y
traslados por vías señaladas a zonas de seguridad, pues busca recrear una
situación "de vida real" que permita revisar y poner a prueba
procedimientos y funciones previstos.
Por su naturaleza sísmica, Chile necesita estar
alerta cada día, para no repetir la amarga experiencia de 2010, y lo observado
parece denotar avances en cuanto a coordinación, preparación operacional,
tiempo de respuesta, identificación de puntos débiles en la planificación y
déficits de recursos y equipos, y capacidades de fomentar la conciencia pública
en estas materias. El reciente ejercicio en el norte contó con la participación
de 250 mil personas que respondieron disciplinadamente a las instrucciones
Pero no cabe darse por satisfechos. Voces
expertas han advertido en este diario que numerosos componentes del sistema de
emergencias y la gestión misma de este -que sigue estando indebidamente
fragmentado- distan aún mucho de haber progresado como sería exigible.
La experiencia internacional más avanzada en
esta materia muestra indicios de estar siendo paulatinamente asimilada, pero la
mejor manera de probarlo y medir la efectiva calidad de los protocolos y
medidas que se están aplicando sería someterlos a una evaluación externa anual
por expertos de terceros países calificados.
Resultados de la encuesta del Injuv.
El Instituto Nacional de la Juventud hizo
públicos los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud 2012, estudio que
realiza cada tres años. El sondeo, que consultó a más de ocho mil jóvenes entre
15 y 29 años, entrega varios datos relevantes sobre la realidad de esta cohorte
acerca de sus miradas en torno a distintas materias. Disponer de esta
información es muy valioso, pues constituye una herramienta que puede ser útil
para la elaboración de políticas públicas orientadas a ese sector de la
población.
Uno de los aspectos más llamativos del estudio
se refiere al alto nivel de jóvenes que manifiesta estar satisfecho con su
vida. Un 83,5% de los encuestados afirmó ser feliz, cifra que contrasta con la
percepción que algunos sectores políticos han querido instalar en relación a
que existiría en ellos un profundo malestar social. Incluso, un 88,4% de los
entrevistados piensa que en cinco años estará mejor que en su situación actual.
Las cifras reflejan más bien que los jóvenes se muestran optimistas frente al
futuro y que sienten contar con las oportunidades suficientes para optar a un
nivel de vida mejor. De hecho, estudios académicos sugieren que en las
generaciones jóvenes la desigualdad socioeconómica es más baja que en las
mayores.
En lo que sí mostraron un fuerte rechazo fue en
los temas relacionados con política. Un 80,6% señaló estar poco o nada
interesado en esa actividad y el 61% estima que las redes sociales son un mejor
instrumento que el voto para expresar sus demandas. Estos indicadores confirman
lo que ya mostraban anteriores sondeos y reafirman el ingente desafío que tiene
la dirigencia política de revertir esa tendencia, especialmente en un escenario
electoral de voto voluntario. Ampliar los espacios de participación ciudadana y
disminuir las barreras de entrada para ingresar al sistema político son algunas
de las iniciativas que se debiesen impulsar junto a las reformas políticas que
se tramitan en el Congreso.
Médicos especialistas extranjeros.
Al menos 30 médicos especializados han llegado
al país procedentes de España para suplir algunas de las carencias
estructurales del sistema nacional de servicios de salud. La escasa
disponibilidad de tales especialistas ha sido uno de los puntos débiles de todo
el sistema, pues implica costosos traslados y demoras en la atención a los
pacientes a lo largo de Chile que causan justificada indignación en los
afectados, y explican que los problemas de salud aparezcan constantemente entre
las mayores preocupaciones de la población según las encuestas, y motiven
fundados reclamos periódicos de ciertas zonas que se sienten abandonadas, como
Tocopilla, que ha sido la más reciente de una larga lista. Se han intentado
diversas soluciones a este problema, pero el avance es lento y los fracasos de
los planes son corrientes.
La llegada de los profesionales españoles viene
a darle a este problema una solución rápida pero parcial, pues se trata de una
oportunidad transitoria, provocada por una crisis económica que dificulta su
contratación en su país de origen. Al mismo tiempo, en nuestro país, a la gran
necesidad se suma el hecho de que existen los recursos para ir remediando la
situación. Los recién llegados médicos especialistas -entre los cuales se
cuentan oftalmólogos y anestesistas- han aceptado desempeñarse en lugares de Provincias
que carecen de esas especialidades. Desde antiguo existía un reconocimiento
mutuo de los títulos profesionales entre nuestro país y España, pero ese
convenio fue objetado por la Unión Europea y las autoridades españolas y
chilenas lo cancelaron. Este año, con motivo de la visita del Presidente del
Gobierno español, Mariano Rajoy, se acordó firmar una nueva homologación de los
títulos profesionales, que consulta la rendición de las pruebas locales
habilitantes para desempeñarse en nuestro país.
Pero es evidente que no basta con la presencia
de los médicos para dar por superada esta grave deficiencia del sistema de
salud, sino que es necesario mantenerlos equipados con las tecnologías actuales
e, idealmente, comprometidos a quedarse en las zonas más desatendidas. La
solución de fondo no es fácil, porque los cargos médicos en los que un
profesional pueda especializarse son limitados y las carencias son muy altas,
estimándose en más de mil los médicos especialistas necesarios para superar el
problema. Aun cuando se contara con una cifra parecida, la distribución
seguiría siendo un problema, pues las zonas en que las carencias son mayores
están relativamente aisladas y no existen suficientes estímulos para que un
especialista se radique en ellas. La administración de este problema en forma
centralizada tampoco favorece su solución, debido a que las condiciones que se
ofrecen a los especialistas no alcanzan los niveles que se requieren para
mantenerlos trabajando en el lugar donde hacen falta.
Pese a estas limitaciones, mientras no se
disponga de suficientes médicos chilenos, la autoridad hace bien en contratar
facultativos extranjeros, y aunque eso no siempre encuentre buena acogida en el
gremio médico y las instancias que lo agrupan, es evidente que el interés
superior radica en dar atención aceptable a la población.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
