Temas “calientes”….

Chile reciente: Una historia coja,

por Francisco Javier González.

En las cabinas de proyección de los viejos cines de barrio existía un pequeño instrumento, simple, pero fundamental: la empalmadora. Se utilizaba para unir los celuloides en caso de rotura o corte. Con frecuencia, cuando se pasaba la película y ésta llegaba al empalme, se producían unos extraños saltos, se desajustaba la imagen o, lo que era peor, quedaba detenida en un cuadro. Con el calor de los carbones, no era infrecuente que se quemara ese pedazo del film. Obviamente que estos percances eran motivo de pifias, alegatos, zapateos y las infaltables bromas por parte del público.

Con motivo de los cuarenta años del 11 de septiembre de 1973, parece que en varios medios de comunicación y también en cenáculos universitarios se trabaja en "editar" la "película" de la historia de Chile reciente, mediante cortes y empalmes. El resultado es un relato parcial y carente del necesario contexto. Allí no está la historia, o al menos faltan trece años de ella que son fundamentales para una mínima comprensión de los acontecimientos: los diez de la década del sesenta y los tres del Gobierno de la Unidad Popular.

Es evidente que hay hechos que marcan la historia de los pueblos, introduciendo cambios dramáticos o repercusiones insospechadas. Por su trascendencia, por sus mismas características y consecuencias, puede existir la tentación de aislarlos y transformarlos en causa y explicación de todo lo que ocurra con posterioridad a ellos. Sin lugar a dudas, el 11 de septiembre de 1973 ha sido uno de esos hitos en nuestra historia. Desde esa perspectiva, es necesario combatir las simplificaciones y, en su justa medida, darle el carácter de una escena más de lo que podríamos llamar la película del Chile reciente. Tiene esos antes y después que permiten verlo no como cuadro inmóvil y aislado, sino que como parte de un proceso histórico. En este sentido, no se le puede considerar como origen sin verlo igualmente como término, ni analizarlo como causa sin estudiarlo también como efecto. En definitiva, al igual que con los acontecimientos contemporáneos, esa fecha también tiene su pasado, pasado que lo sitúa en un contexto imprescindible para su conocimiento.

En torno al 11 de septiembre se nos quiere presentar una "memoria histórica" de carácter nacional. Pero se olvida que toda memoria del pasado, en singular, es de suyo selectiva y parcial. Porque como los sucesos dejan huellas distintas en las conciencias, solo cabría hacer "memorias históricas", en plural, y no un recuerdo único que debe imponerse a todos. Cada chileno, como actor de los hechos o receptor de los recuerdos que genera, aquilata su propia memoria del 11 de septiembre y de los sucesos anteriores y posteriores al mismo. Bien se entiende que si se pudiesen auscultar esas memorias, se encontrarían registros que ocupan el abanico completo de los sentimientos y pasiones humanas. Entonces, ¿hay alguien que pueda arrogarse el derecho de concebir una memoria oficial, absoluta y para todos, de unos hechos que son percibidos y recordados de manera distinta por sus compatriotas?

Si se quiere tener una aproximación a la realidad de los hechos, el estudio histórico de los procesos sociales y políticos no puede ser objeto de cortes o censuras. El historiador, sean cuales sean sus ideas, tiene por misión investigar honesta y profundamente los acontecimientos del pasado y tratar de explicarlos. Y si así lo hace, no se quedará en algunos sucesos y sus consecuencias, sino que abordará también sus causas. En este sentido, pretender hacer historia selectiva del 11 de septiembre de 1973, ineludiblemente termina transformando la investigación de dicho acontecimiento en un mero juicio del mismo. En historia, la simplificación deforma y tergiversa. Eso es lo grave.

Para entender por qué hubo un 11 de septiembre de 1973 es absolutamente necesario estudiar bien las décadas anteriores. Las crisis políticas no se producen de manera espontánea ni por una interrupción abrupta de la democracia. Hay causas y responsabilidades anteriores que deben investigarse. Así, por ejemplo, para analizar la tragedia de la violación de los derechos humanos resulta necesario comprender que la Doctrina de la Seguridad Nacional fue desarrollada en la década de los sesenta por Estados Unidos y que fue avalada por muchos Gobiernos latinoamericanos de la época, entre ellos el chileno. Para comprender el colapso de nuestro sistema político, es preciso conocer las consecuencias que tuvieron la siembra y práctica de ideas revolucionarias en los años anteriores. Por último, para aquilatar en su justa medida los radicales cambios que se han producido en Chile en los últimos cuarenta años, resulta necesario no ignorar la pavorosa pobreza y miseria que causaron en nuestro país los programas económicos y sociales impuestos por Gobiernos anteriores a 1973.

Cortar la historia es como querer caminar con un solo pie. Tal como solía hacerlo el público de los cines de barrio cuando se trancaba la película, quizás es hora de gritarle a unos cuantos "ya pues cojo, pasa la película".

Ver más allá de las divisiones,

por Margarita María Errázuriz.

Pensando en un trabajo que debo exponer en unos días más, empecé a leer y a escuchar con más atención lo que dice la prensa y las personas sobre lo que sucede en nuestro país. Una de las cosas que más me sorprendió fue la frecuencia con que encontré referencias, en muy distintas fuentes, a la necesidad de saber observar y decodificar la realidad para entender lo que acontece. Estas repetidas alusiones las he considerado un mensaje urgente.

El primer llamado a prestar más atención a lo que acontece a nuestro alrededor lo escuché en una presentación sobre el momento sociopolítico que vivimos. En ésta se dijo que estamos en crisis —una de ésas que se sabe cómo empiezan y nunca cómo terminan—, la que puede significar retrocesos o verdaderas oportunidades. Para poder tomar las oportunidades hay que saber detenerse y ser capaz de ver más allá de lo que está a simple vista. Al día siguiente me llamó la atención un título en el diario: “La importancia de saber mirar”. Se trataba de una crítica al documental “La última estación”, que insistentemente decía que para poder entender había que escuchar los silencios, los que hablan más que el mejor de los discursos. Para no seguir abundando en ejemplos, sólo recordaré que el informe que debe presentar la Comisión de Innovación para la Competitividad al Presidente de la República, entregado en estos días, destaca que es necesario vencer nuestra “ceguera” para poder tomar riesgos y asumir compromisos que permiten ser parte de la dinámica que hoy mueve al mundo.

Creo que saber leer y entender la realidad es un tema tan presente y tan necesario en estos días porque en momentos de cambio social como los que vivimos, lo probable es estar confundido. En el contexto de esta crisis es difícil tener visiones de conjunto en la medida que todo parece fraccionado y disperso, dejándonos inmersos en un cuasi caos donde no es fácil opinar y asumir posición si no se sabe evaluar el alcance del cambio. En medio de estas dudas y ante la necesidad de tener un enfoque, reaparece un comportamiento que se ha repetido mil y una veces en la historia: la necesidad básica de reforzar la identidad, la que lleva a la búsqueda de raíces y a una actitud defensiva. En estas condiciones lo más simple es sacralizar el pasado y recrear viejas divisiones. Tanto es así que nuestra élite política se ve diariamente enzarzada en antiguas disputas, lideradas por dos bandos que por lado y lado se justifican al recordar el pasado.

Aunque tengo tantas dificultades para ver como las que tiene cualquier hijo de vecino, en lugar de grandes diferencias advierto que lo que la ciudadanía espera, y que de hecho ya está presente, es exactamente lo contrario: una clara convergencia de objetivos. Ejemplos hay muchos: la eliminación del binominal, la prioridad que tiene la calidad de la educación y la salud; la elección directa de las autoridades Regionales. Todo ello también está ante nuestros ojos. Esto no se aprecia a primera vista porque, frente a las próximas elecciones, es muy fuerte la necesidad de diferenciarse y por esta razón aparecen discrepancias y a veces con mucha fuerza. A mi juicio, las aguas profundas que están impulsando el cambio social no son las divisiones. Más allá y más potente que las diferencias creo que el país quiere acuerdos para que todos sean respetados y tengan una mejor calidad de vida. Para mí, ésta es la corriente que está empujando nuestra historia.

Espero no ser selectiva y ver sólo aquello que quiero ver.

El ineludible lenguaje moral de las Leyes,

por Hernán Corral.

"Aunque muchos afirmen que no se meten en política, la política igual se mete con ellos", dice una antigua máxima. Algo análogo ocurre con la moral y las Leyes: aunque los Legisladores digan que solo pretenden regular Jurídicamente una materia sin proponer valores morales, lo cierto es que -para bien o para mal- las Leyes siempre hablan desde un punto de vista moral; ofrecen señales a la población sobre lo que la autoridad considera mejor para el bienestar individual y común.

Cuando se trata de algo políticamente correcto, se reconoce y se utiliza sin ambages esta función de las Leyes. Los ejemplos recientes son variados: penalización del femicidio, Ley de tolerancia cero al alcohol, Ley antitabaquismo. El Senado, en estos mismos días, ha aprobado un proyecto de Ley que prohíbe el uso y la comercialización del hilo curado.

Pero en los temas que han recibido la etiqueta de "progresistas", se pierde de vista esa función y se intenta escindir lo Legal de lo moral. Las Leyes -se argumenta- no deben imponer una posición moral, sino que, respetando el pluralismo ético, han de conceder un marco neutral de libertad para que sean los individuos los que, de modo autónomo, definan sus estilos de vida y opciones valóricas.

Es lo que ocurre con el debate sobre legalizar la marihuana. Se aduce que si un adulto desea consumirla, debe poder hacerlo, aunque se cause daño a sí mismo; las políticas públicas deberían centrarse en la prevención y la rehabilitación, y no en imponer "paternalistamente" y mediante sanciones el autocuidado de la salud.

Curiosamente las candidatas a la Presidencia Bachelet y Matthei han coincidido en la necesidad de revisar la Ley N° 20.000 y retirar la marihuana de la llamada lista 1 (drogas capaces de causar daños considerables). Las candidatas se han cuidado de adherir a la política legalizadora del Presidente Mujica en Uruguay, pero muchos la ven como un modelo a seguir.

Ese país está a punto de aprobar una Ley que permite el cultivo y la comercialización de la cannabis, mediante el establecimiento de una especie de estanco Estatal. No obstante, ya antes de que el Senado ratifique el proyecto han surgido voces críticas, incluso de quienes se declaran partidarios de no penalizar la marihuana. Andrés Oppenheimer en este mismo diario, siguiendo las opiniones del ex Presidente uruguayo José María Sanguinetti, escribió que si la Ley se aprueba en una "atmósfera de jolgorio" y como señal de permisivismo, terminará por aumentar el número de consumidores. Pero, ¿puede legalizarse la marihuana o rebajarse su calificación de droga dura a droga blanda, sin que se envíe ese mensaje moral a la ciudadanía?

Parecido fenómeno se ha producido en varios países con el aborto. Se parte diciendo que en ciertos "casos límite" la Ley no debe sustituir la decisión ética de la mujer; no se trataría de declarar lícito el aborto, sino solo de despenalizarlo. Pero el inevitable lenguaje moral de la Ley prescinde de esos tecnicismos academicistas, y lo que se comunica a la sociedad es que resulta correcto que una madre pueda tronchar la vida del niño que gesta. No es raro que pronto ese aborto limitado derive en aborto libre, y que de "hecho no punible" se convierta en "derecho individual", que se expande a otros ámbitos Jurídicos diversos del penal. En esas naciones una mujer embarazada que no es informada de que la criatura viene con una malformación puede demandar al médico para que se le indemnicen los perjuicios sufridos por no haber podido abortar y tener que "cargar" con un hijo discapacitado.

Las Leyes no pueden eludir el sentido moral que poseen en nuestra cultura; más en Chile donde el legalismo forma parte de la idiosincrasia nacional. Desconocer esa función de la labor Legislativa, sobre todo en materias tan vitales como la vida o la salud de las personas, es imponerse una ceguera que la sociedad y sus miembros más vulnerables terminan pagando caro.

Alentador informe económico.

Impulsado principalmente por la demanda interna, el PIB nacional creció 4,1% en el segundo trimestre, respecto a igual período del 2012, informó esta semana el Banco Central. El dinamismo del consumo de las familias y la formación de capital en los sectores de la minería y comercio sustentaron este desempeño. Así, las expectativas de rápida desaceleración de la actividad no se han cumplido y, en consecuencia, el Grupo de Política Monetaria del instituto emisor decidió mantener la tasa.

Desde el punto de vista sectorial, con excepción de las actividades de pesca, restaurantes y hoteles, que registraron caídas respectivas de -9,9% y -2,4%, todos los sectores contribuyeron al alza del PIB, destacándose minería y servicios financieros, con crecimientos de 7,8%, y comercio, con 7%.

El consumo privado de los hogares alcanzó un crecimiento del 7% y el consumo Gubernamental aumentó en 3,6%, resultando un incremento del consumo total de 6,4%. El desempeño en la formación bruta en capital fijo fue aún mejor, con una subida de 9,3%, logrado con un fuerte aumento del 15% en el renglón “maquinarias y equipos”, y de 5% en construcción. Aunque el dinamismo de la inversión fue mayor al del consumo, este último es todavía el motor principal del crecimiento debido a que representa las ¾ partes del gasto total.

Respecto del comercio exterior, aunque las importaciones superaron a las exportaciones, persiste un superávit en el comercio de bienes de 1.224 millones de dólares, el cual es revertido por un déficit en la balanza de servicios y, además, por rentas pagadas a la inversión directa foránea, resultando en definitiva un déficit en cuenta corriente de US$ 1.631 millones (2,4% del PIB). Es preciso destacar que, a pesar del desequilibrio externo referido, el Banco Central logró incrementar en el período en US$ 1.773 millones sus activos de reserva.

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa, se registraron salidas por US$ 1.773 millones, relativas a participaciones en empresas localizadas en territorio nacional. Sin embargo, en la denominada Inversión Extranjera de Cartera, ingresaron capitales por US$ 3.236 millones, asociados principalmente a emisión de bonos en los mercados internacionales.

La deuda externa se mantuvo prácticamente constante, con un incremento de 0,6% a causa de un mayor endeudamiento por parte de las empresas y el Gobierno. No obstante, la Posición de Inversión Internacional (PII), que mide la condición acreedora/deudora del país respecto del resto del mundo, disminuyó en US$ 4.409 millones, alcanzando un saldo deudor neto de US$ 44.498 (16,7% del PIB anual). La caída en la valorización de los pasivos (deuda nacional) contribuyó en la mejora relativa en la PII. En efecto, tanto la inversión directa como la de cartera perdieron valor debido al rendimiento negativo de la bolsa chilena.

Por todos estos antecedentes, Chile ostenta una posición que favorece un ajuste no traumático y permitiría un “aterrizaje” suave ante los shocks externos. La mantención de este equilibrio macroeconómico le permitiría al país llegar en buena forma a la reactivación esperada de los mercados externos.

Consejeros Regionales: la elección menos conocida.

Cerca de  un millar de candidatos se inscribieron esta semana para competir en el proceso menos conocido de los comicios de noviembre. Se trata de la primera elección directa de los 278 integrantes de los 15 Consejos Regionales (Cores) distribuidos a lo largo de Chile. Hasta la fecha, los miembros de cada Consejo Regional (Core) eran elegidos indirectamente por los Concejales de la Región, quienes se constituían para estos efectos en Colegio Electoral.

La falta de conocimiento que se aprecia a nivel general respecto de esta elección, especialmente en la Región Metropolitana, no se condice con la importancia de la función que la Ley otorga a estos Consejeros: representar los intereses de la comunidad en la toma de decisiones que inciden en la administración de la Región. Una labor que se manifiesta a través de la asignación de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, además de otros programas de inversiones.

Por lo mismo, y con el objetivo de contar con un proceso debidamente informado, resulta fundamental que su alcance sea difundido y explicado  a los electores, una tarea que corresponde tanto a las autoridades centrales como a los actores directamente comprometidos, es decir, los candidatos a ocupar un puesto en su respectivo Consejo Regional.

Esta tarea recae también en las diferentes coaliciones y partidos políticos en su calidad de responsables finales de haber presentado candidatos en base a sus atributos y capacidades, antes que privilegiar parentescos o “premios de consuelo” para políticos que no obtuvieron cupos en las elecciones Parlamentarias. Después de todo, la Legislación establece acertadamente que el Core no es un cargo de dedicación exclusiva ni tampoco supone una suerte de Congreso Regional.

Parece recomendable esperar el funcionamiento práctico de los cambios introducidos a los Consejos Regionales y que incluyeron este sistema de elección por voto popular, antes de proceder con nuevas reformas que tienden a confundir el sistema de Gobierno central que mantiene Chile y que, independiente de los requerimientos que comprensiblemente pueden existir a nivel Regional, ostenta resultados positivos en aspectos claves, como son el control presupuestario, la focalización del gasto público y el desarrollo planificado de las políticas públicas.

Avanzar en reformas como la incorporación de un Presidente del Consejo Regional elegido por voto popular, un rol que en la actualidad es asumido por el Intendente -representante del Gobierno central en cada Región y responsable de la coordinación con él- supone la introducción de una figura que terminaría compitiendo con dicha autoridad, tanto en responsabilidades como en expectativas de evaluación popular.

Más indicado resulta implementar la actual reforma y poner los mayores esfuerzos en el desarrollo de una elección informada y transparente, de tal forma que la comunidad conozca a quienes aspiran a un escaño en su respectivo Core y les exija un desempeño de excelencia en el futuro.

Inversión extranjera y dinamismo en la agricultura.

Hace cinco o seis décadas, el cuestionamiento a la baja producción agrícola era habitual. Se sustentaba esa visión en un análisis simplista, basado solo en indicadores como la superficie cultivada. Las tendencias ideológicas de entonces aseguraban que esa situación era consecuencia de una concentración de la tierra. Aunque por cierto ese fenómeno no era el único argumento para defender tal política, así surgieron las presiones para una reforma agraria, estimuladas por el Gobierno estadounidense. Pero la redistribución de la tierra no tuvo los efectos esperados en cuanto a producción agrícola, y la información disponible más bien da cuenta de un retroceso en ella. Una de las razones de esa baja producción -junto a la violencia y al contexto del campo en esa época- era, en realidad, la maraña de aranceles y restricciones, que se traducía en un escenario muy negativo para la producción agrícola, que significaba en la práctica un gigantesco impuesto a la producción. En cambio, la apertura comercial de los años 70, 80 y 90 permitió una enorme expansión de la producción agrícola, que ha sido destacada en distintas instancias internacionales.

La competencia mundial y las barreras fitosanitarias que enfrentan las exportaciones de los productos agrícolas en los más diversos países han impulsado importantes innovaciones en esta industria. En algunos casos, ellas han sido resultado de desarrollos tecnológicos creados en Chile; en otros, adaptaciones de tecnologías foráneas, y también han existido situaciones en las cuales inversionistas extranjeros han aportado con nuevas tecnologías. Este desarrollo dinámico ha permitido que Chile pueda pensar en convertirse en un importante actor en la industria agroalimentaria mundial. En algunos sectores específicos ya lo es. Las expectativas de este sector son hoy alentadoras. A ello ha contribuido no solo la estabilidad económica del país, sino asimismo una mejor infraestructura caminera, y también puertos que han logrado aumentar su competitividad. Naturalmente, también hay experiencias fallidas, pero casi siempre se ha producido una rápida reconversión, que ha permitido que el sector no se estanque y los recursos fluyan a los sectores más productivos. Los tratados de libre comercio que ha suscrito Chile también han apoyado el desarrollo de esta industria, particularmente porque la demanda alimentaria está expandiéndose y la marca "Chile" ha logrado una aceptación importante en productos agrícolas.

Quizás el mejor ejemplo de la creciente consolidación de la industria agroalimentaria sea el aumento de la inversión extranjera que se observa en la agricultura. Según antecedentes del Comité de Inversiones Extranjeras, entre 2003 y 2008 ella rara vez superó los 200 mil dólares anuales, pero en los últimos años se registra un incremento importante y habría llegado el año pasado a 50 millones de dólares. Son montos bajos si se comparan con otras industrias como la minería, pero importa la tendencia.

Por otra parte, la Cepal reporta que ha habido dinamismo en la compra por extranjeros de terrenos agrícolas en Chile. Estas inversiones parecen motivadas por diversas razones. Una importante es la perspectiva de exportación a los mercados asiáticos, que se aprecian cada vez más abiertos a recibir productos chilenos. Se espera igualmente que de ahí vengan las mayores demandas por productos agrícolas de calidad. Pero también parece existir un interés por aprender de la experiencia chilena, lo que sugiere que nuestros empresarios agrícolas están desarrollando su labor de forma muy eficaz.

Con todo, hay desafíos importantes: se requiere invertir más en riego, la infraestructura portuaria y caminera tiene que seguir mejorando y, particularmente, debe asegurarse un sistema de transportes más eficiente.

Carrera de Fiscales, discutible conveniencia.

Por fin se ha establecido un cauce para el acercamiento entre los actores políticos y los Fiscales asociados gremialmente. Solo cabe esperar que las conversaciones no tengan lugar a puertas cerradas y que los acuerdos, si se alcanzan, no obedezcan a transacciones políticas de corto plazo, pues los factores en juego son trascendentales tanto para la ciudadanía como para otras instituciones del Estado, especialmente la Judicatura.

Al parecer, los Fiscales y los abogados asistentes aspiran a que se establezca en el Ministerio Público una carrera funcionaria en la cual se ascienda automáticamente por el transcurso del tiempo y la ausencia de deméritos relevantes. Advirtiendo que ni en el Gobierno ni entre los Parlamentarios consultados existiría disposición para apoyar una propuesta semejante, la directiva gremial propuso que los ascensos se supeditaran al rendimiento logrado en pruebas de conocimientos Jurídicos, como una forma de anticipar la formación futura de una auténtica Academia de Fiscales. La idea era desvincular en la mayor medida posible los ascensos de la discrecionalidad de los Fiscales Regionales, que es uno de los problemas identificados en el régimen actual. Según trascendió, la propuesta fue calificada por las bases como un "autogol", pues una vez implementada se tornaría incontrolable.

Lo más relevante, sin embargo, es que al parecer no existen propuestas alternativas, salvo la de instaurar un proceso análogo al que rige para el escalafón primario del Poder Judicial. Es decir, el gremio de los Fiscales ha reclamado a las autoridades políticas un cambio en sus proyecciones profesionales -incluso con amenazas de movilización-, pero sin proponer más contenidos que la extensión a su propio ámbito del proceso que rige para los Jueces, el cual es controvertido tanto dentro como fuera de la Judicatura, y muchos países avanzados no consagran una "carrera Judicial" en sus ordenamientos.

Esto podría ser sintomático de una forma algo inmovilista de afrontar los retos que plantean el incremento sostenido del ingreso de causas y las dificultades propias de todo proceso de institucionalización. En el ámbito de la carrera de los Fiscales adjuntos, no se debería dejar de considerar que si el Legislador no estableció una carrera, eso puede explicarse por la conveniencia de una sana rotación de personas en las tareas que realiza la mayor parte de los Fiscales, no necesariamente en un esquema de carrera funcionaria tradicional. Un Fiscal que trabaja a conciencia adquiere una vasta experiencia y capacitación que puede emplear en el Ministerio Público, si es su vocación para toda la vida profesional, o en múltiples otros ámbitos de la abogacía, si prefiere otras orientaciones. Por eso, tal vez no haya que forzar la creación de una carrera rígida, formal -y en cierto modo paralizante-, allí donde las características de las funciones no aconsejan que la haya.

Retraso en Tribunales ambientales.

La Ley de 2012 que creó tres Tribunales ambientales en el país dispuso que el 28 de junio pasado deberían haber quedado instalados, lo que, sin embargo, no ocurrió con los que tendrán asiento en Antofagasta y Valdivia. Sólo se encuentra en proceso el nombramiento de los Jueces que componen el segundo, ya que para el restante no habría postulantes interesados.

Cada Tribunal se compone de tres Ministros, dos abogados y un experto, más dos suplentes, que son nombrados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, adoptado por tres quintos de los miembros en ejercicio, de una quina propuesta por la Corte Suprema, que a su vez tiene que formarla de un listado de postulantes seleccionados por el Consejo de Alta Dirección Pública. Requieren tener 10 años de profesión, cierta especialidad y haberse destacado en su desempeño, además de estar sujetos a inhabilidades -no pueden postular quienes hayan servido en la institucionalidad medioambiental en los dos años previos- y prohibiciones posteriores a su desempeño, que dura seis años, aunque reelegibles.

Lo complejo y en cierto modo sobredimensionado del procedimiento de nominación, como asimismo los requisitos y condicionantes para integrar y desempeñarse en dichos Tribunales           -tratándose de una especialidad nueva- han provocado una escasez de postulantes y que no se haya podido cumplir con los plazos previstos por la Ley. Además, está en duda la carga de trabajo que tendrán, tanto que el proyecto original contemplaba un solo Tribunal. Todo ello parece demostrar que las decisiones Legislativas se están adoptando exclusivamente como fruto de una negociación política, sin mayor base en estudios técnicos, antecedentes concretos y realismo. Los resultados quedan a la vista.

Nuevo TLC, cambio de escenario.

Las negociaciones entre EE.UU. y la Unión Europea para firmar el tratado de libre comercio más grande del mundo se iniciaron hace más de un mes, y poco se ha discutido aún sobre sus efectos en Chile. Se espera que ese TLC esté listo a fines de 2014, y se calcula que impulsaría el crecimiento de ambas partes en unos 100 mil millones de dólares anuales. En principio, esto beneficiaría a Chile, socio comercial con TLC vigentes con ambas partes: a mayor crecimiento de sus socios, mayor la posibilidad para Chile de aumentar los envíos.

Sin embargo, la eliminación de barreras arancelarias y la estandarización de normas comerciales de ambas potencias provocarán cambios directos e indirectos en el comercio mundial, para los que Chile debe prepararse. Por ejemplo, se espera que este TLC modifique el panorama energético internacional. Nuestro país deberá competir por el gas estadounidense, que sería enviado con preferencia a su nuevo socio europeo.

Hasta ahora, el estudio más amplio al respecto ha sido elaborado por el Instituto Ifo de Alemania, que concluye que los principales perdedores serían, precisamente, los países que ya son socios preferentes tanto de Estados Unidos como de Europa, incluyendo a Chile. Según ese estudio, el PIB de Chile perdería 3,76% en la década siguiente a la puesta en vigencia de ese TLC. Esta cifra y la conclusión del estudio han sido discutidas, porque aún es difícil vaticinar los alcances que tendrá el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa. Pero no está en discusión que este nuevo marco plantea un escenario más competitivo en el comercio internacional.

En este cuadro, conviene no retrasar las negociaciones en otros procesos de integración comercial en los que participa Chile. El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), entre algunos países de América Latina, Estados Unidos y Asia, que comenzó en 2005, se apresta a negociar su 22ª ronda este mes, sin que se sepa aún de avances concretos. Es más, los gremios del país afirman que desconocen los detalles de las negociaciones.

Al mismo tiempo, la Alianza del Pacífico con México, Perú y Colombia no acaba de concretarse, a pesar de la atención y respaldo internacional que ha recibido. La prensa colombiana observa que la última ronda de negociaciones concluyó en una disputa entre los socios, mientras el bloque sigue sumando países.

Es demasiado pronto para predecir con certeza los impactos de la integración entre EE.UU. y la Unión Europea. Pero Chile debería comenzar a preparar su estrategia para crecer en otros mercados, mejorando su oferta más allá de las materias primas y desarrollando industrias que den a sus envíos un mayor valor agregado. En un mercado mundial con más competidores formando alianzas, no basta con encontrar socios fuertes como China o Japón, sino que se requiere mejorar la oferta.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.