El país real.
por José Antonio
Guzmán.
Día
a día nos vemos sorprendidos y atemorizados por los hechos que ocurren en
nuestro país.
La
irrupción violenta en una ceremonia religiosa en la Catedral de Santiago; el
asesinato cruel de ancianos en La Araucanía; la presencia destructiva de
encapuchados en las manifestaciones civiles; la liberación inmediata de
delincuentes sorprendidos in fraganti ; el fraude de algunas empresas privadas
a los consumidores; la lucha política estéril e intrascendente; la intolerancia
y descalificación inmediata a través de las redes sociales de quienes se
atreven a expresar una opinión diversa; el crimen y la inseguridad; la
utilización abusiva de los medios de comunicación que resaltan solo las
noticias negativas; la demanda intransigente e inmediata de derechos. Y suma y
sigue.
Todos
ellos van minando la confianza en nosotros mismos y en las instituciones,
destruyendo la imagen y prestigio de las personas, alejándolas de los asuntos
de interés público y ensimismándolas egoístamente en sus problemas particulares
o familiares.
Se
escucha con frecuencia decir que este país no tiene remedio; que una vez más no
lograremos alcanzar el desarrollo; que la culpa es del Gobierno o la oposición;
que los políticos se perpetúan en el poder y no atienden los problemas reales;
que la educación es de pésima calidad; que los empresarios son insensibles y
buscan solo su provecho personal; que el modelo económico es el principal
causante de las desigualdades, e innumerables afirmaciones negativas, sin
sustento, que solo sirven para dividir y paralizar.
En
contraste y ante la incredulidad de los extranjeros que nos miran, observamos
una economía que crece sostenidamente y crea empleos; una fuerte reducción de
la pobreza; un aumento significativo del consumo de la población; un incremento
de la cobertura de educación media y superior y del financiamiento para
cursarlas; una abundante pero silenciosa labor social privada en beneficio de
la educación; la salud laboral; la protección a la familia; el cuidado de los
ancianos desvalidos; la prevención ante la drogadicción, y tantas otras cosas.
Vemos
a miles de jóvenes vibrando con el mensaje Papal y participando en trabajos
voluntarios. A miles de jóvenes abriéndose un espacio en el emprendimiento
personal, ya sea en la cultura, el arte, los negocios o el servicio social, que
no aspiran a ser dependientes del Estado. A miles de jóvenes incorporándose a
las Fuerzas Armadas y de seguridad al servicio del país o entusiasmados con el
deporte.
Encontramos
a millones de personas cuya principal aspiración es tener un empleo digno o una
actividad independiente, tener la capacidad de educar a sus hijos, acceso a la
tecnología moderna y a bienes y servicios de mejor calidad. Que no respaldan la
confrontación ni el odio. Que desean usar su libertad para elegir entre
alternativas diversas.
Este
es el país real, que no se manifiesta públicamente y, aunque comparte muchas de
las expresiones de insatisfacción, no está dispuesto a arriesgar los avances logrados.
Ciertamente
no es una actitud autocomplaciente, puesto que todos tenemos conciencia del
enorme camino por recorrer para ser un país auténticamente desarrollado, no
solo desde el prisma económico, sino también social y cultural. Conciencia de
los grandes déficits para alcanzar una calidad razonable de vida urbana y de
los riesgos y carencias que amenazan nuestro futuro, como es el caso de la
energía y la mano de obra calificada. Conciencia de las enormes desigualdades
que aún persisten y que es preciso reducir, y de los abusos que ejercen unos
pocos empresarios sobre consumidores que no tienen opción. Conciencia de la
baja productividad de nuestra economía y de las bajas pensiones.
Lograr
la meta del desarrollo, postergada varias veces en los últimos años, dependerá
no solo de decisiones prudentes en lo contingente, sino de recordar y poner en
práctica las virtudes que nos hicieron crecer tan aceleradamente durante 30
años, hoy olvidadas o menospreciadas, y, sobre todo, de impulsar los hábitos culturales
indispensables para llevar a buen término la tarea del desarrollo, lo cual se
puede sintetizar en una sola idea: recuperar la confianza.
Dos
conocidos intelectuales de nuestro tiempo, Fukuyama y Peyrefitte, han
establecido que el elemento central que explica el éxito y bienestar de una
nación respecto de otras es el nivel de confianza prevaleciente en esa
sociedad.
Se
trata de la confianza en las instituciones, de una motivación común por algo
más grande, de la capacidad de los individuos de asociarse en pos de un
objetivo mayor, de la confianza en que las autoridades obran de buena fe, de la
confianza en la libertad y la capacidad de las personas individuales, de la
confianza en la justicia y la aplicación de la ley, de la confianza en la veracidad
de la información, por citar algunos aspectos.
Reflexionando
sobre estos conceptos y analizando su vigencia en Chile, uno llega a la
conclusión de que estamos aún lejos de una sociedad basada en la confianza y
que si en algún momento parecimos enfilar en la dirección correcta, gracias a
una política de acuerdos, en los años recientes hemos vuelto a retroceder y
parece muy improbable que, bajo el grado de controversia política, económica,
social y valórica que tiene hoy nuestro país, aun dentro de las propias
coaliciones políticas, se pueda construir la confianza necesaria para alcanzar
el nivel de desarrollo de los países más avanzados.
Quienes
tienen la responsabilidad de dirigir hoy las instituciones y los medios de
comunicación, las personas con mayor ascendiente en el país y muy en especial
los políticos, deben encabezar una verdadera cruzada para restablecer las
confianzas de todo orden.
Avance de los hospitales públicos,
por Luis Castillo.
La
mejor forma de garantizar la continuidad del sistema público de salud y sus hospitales no es la modernidad de sus
estructuras, sino su capacidad de garantizar eficiencia en el manejo de los
recursos, equidad en el acceso, calidad en la atención y satisfacción de los
usuarios y sus familias.
Para
lograr ese objetivo, el trabajo se ha centrado en separar funciones: el
Ministerio de Salud en la regulación y planificación, Fonasa en el área de
financiamiento y gestión de compra, y la Superintendencia de Salud en su papel
fiscalizador de la calidad de los prestadores. En todas estas instituciones el
hospital juega un rol clave, ya que es ahí donde la misión establecida se
concreta.
Durante
los últimos años hemos visto cómo el cambio de los hospitales ha ido de la mano
de la profesionalización de la administración hospitalaria, lo que ha permitido
el ingreso -a través de la Alta Dirección Pública- de profesionales expertos en
procesos y administración en el 45% de los establecimientos autogestionados y
en el 40% de los servicios de salud. Esto se ha visto reflejado en una mayor
planificación productiva, aplicación de una mejor disciplina presupuestaria,
control de las inversiones en equipamiento e infraestructura y permanente
auditoría de procesos asociados a la satisfacción de usuarios.
Desde
la perspectiva de los pacientes y sus familias, la consolidación de la gestión
clínica como concepto, ha hecho que los equipos directivos de los hospitales
deban resguardar no sólo la entrega de salud con el mejor estándar posible,
sino que también han debido aprender -en el buen sentido del término- a ser más
competitivos. ¿Por qué, se preguntarán?
La
respuesta es clara: la entrega de asignaciones presupuestarias en base a
indicadores de productividad real en desmedro de un subsidio fijo ha demandado
que los hospitales determinen cuál es su cartera de servicios. Este cambio,
sumado al cumplimiento de metas de gestión y número de prestaciones a realizar
es el pilar de la sustentación del sistema. En otras palabras, los hospitales
reciben flujo de recursos en base a las atenciones y cirugías que efectivamente
hacen.
La
estrategia ha traído consecuencias directas sobre el registro de la actividad
realizada, cimentando con ello la base de las próximas discusiones presupuestarias
y, sin duda, consolidando el futuro de cómo deben operar hospitales públicos de
calidad.
Sin
embargo, en salud sabemos que mejores indicadores de gestión son letra muerta
sin personal de excelencia. Por ello, parte de los esfuerzos se han centrado en
consolidar instrumentos de retención del recurso humano en el sector. En este
aspecto, acceso a sistemas de capacitación continua y entrega de incentivos en
base a indicadores objetivos -como evaluaciones de los propios pacientes sobre
la calidad de la atención recibida en los hospitales- son algunas de las
herramientas que validan el quehacer de los profesionales que se dedican a la
salud pública.
En
medicina existen avances diarios, requerimientos crecientes, expectativas
abultadas y abierta crítica ciudadana. Sin embargo, los hospitales cumplen su
rol, y aun cuando todavía hay mucho que hacer, se han sentado las bases de lo
que la experiencia internacional demuestra que es la forma de avanzar en
institucionalidad de salud pública y de calidad.
Voces de la reconciliación.
A
pocas semanas de cumplirse 40 años desde el 11 de septiembre de 1973, el país
comienza a rememorar esos hechos con visiones divergentes. Si bien se han dado numerosos
pasos para acercar las posturas de los diversos grupos políticos que se
enfrentaron entonces, subsisten puntos de vista encontrados que crean cierta
tensión y desconfianzas entre las dos principales corrientes políticas del
país. Durante la transición, diversas comisiones -cuyo símbolo podría ser la
Comisión de Verdad y Reconciliación, más conocida como Comisión Rettig-
formadas por personas de todos los sectores políticos se abocaron a investigar
los hechos más perturbadores de ese período excepcional de nuestra historia, y
sus conclusiones permitieron atenuar parte de los recelos entre los políticos,
pero, a no dudarlo, sin que se lograra eliminarlos del todo. Pese a los avances
y a una transición pacífica y civilizada, que ha sido calificada de ejemplar,
subsisten diferencias que, según algunos, revelan que el país aún no se ha
reconciliado.
Dos
dirigentes políticos de bandos opuestos, el Senador Larraín (UDI) y el ex Senador
Núñez (PS), han editado un libro titulado "Las voces de la reconciliación",
en el que se recogen las impresiones e interpretaciones de varios dirigentes
políticos, académicos y sociales. Encabezados por el Presidente Piñera, junto a
los ex Presidentes Aylwin, Frei y Lagos, plantean enfoques acerca de la
reconciliación, su significado y sus logros en estos últimos decenios. Si bien
para muchas personas los problemas ya están superados, otras siguen esperando.
Algunas aguardan más información; otras, signos de arrepentimiento, y algunas,
que les pidan perdón. El problema es que para muchos son los otros los que
deben pedir el perdón, pero jamás ellos mismos, que mantienen una opinión
favorable acerca de su propio comportamiento.
Si
la reconciliación se entiende como un ideal, tal vez sea poco realista
esperarla en un país en que el enfrentamiento llegó a límites extremos. Para
muchos de quienes reflexionan sobre estos temas, la aceptación de una verdad
común es un factor que contribuye decisivamente a dar por superados los
problemas y, por tanto, para ello se necesitaría primero establecer la verdad
del quiebre democrático, de las reacciones que él produjo y de lo que sucedió
más tarde con tantas personas que desaparecieron sin que se cuente con
información fidedigna de lo que ocurrió con ellas. No parece fácil conseguirlo,
y para quienes vivieron en esos tiempos y tengan una memoria directa de lo
vivido, es posible que nunca se llegue a una auténtica pacificación, perdón y
restablecimiento de la confianza.
Pero
los problemas que ocasionaron las divisiones son del pasado, y a medida que va
transcurriendo el tiempo, las nuevas generaciones enfrentan nuevos dilemas,
libres de esa pesada carga que tuvieron sus antepasados. Ese curso es natural,
y en su momento la historia se encargará de dejar atrás las odiosidades, como
las que otrora ardieron entre o'higginistas y carreristas, o entre los bandos
de la guerra civil de 1891. Entretanto, para sustentar una democracia sana, en
la que los chilenos se sientan unidos y representados, quizá no sea necesario
esperar esa solución, ni aspirar a que todos abriguen afectuosos sentimientos
de hermandad. Siempre existirán conflictos y miradas diferentes ante las
dificultades, y no cabe extrañarse por ello. Para una convivencia armónica,
bastaría que todos los sectores sientan que son respetados, que su voz cuenta y
que efectivamente tienen iguales posibilidades de participación en los asuntos
públicos. Esa meta no parece tan distante, y podría estar perfectamente al
alcance de la actual generación de políticos. De ellos se espera grandeza para
restaurar sin más dilación la convivencia después del trágico quiebre nacional.
Matthei y la decisión del Consejo General de RN.
Este
fin de semana debería traer decisiones fundamentales para los partidos, pues en
las dos grandes coaliciones sus Consejos Generales se reúnen para sancionar
oficialmente las distintas candidaturas Presidenciales y Parlamentarias. Sin
embargo, más allá de que éste sea un requisito legal para todos y que al
proclamar a las figuras que competirán por el Parlamento pueden producirse
algunas sorpresas, el centro de la atención estará ahora en Renovación
Nacional, que definirá si le da o no su respaldo como postulante a La Moneda a
la abanderada UDI, Evelyn Matthei.
En
las salidas a terreno de una activa campaña, han continuado las señales
unitarias de ella a RN, y es sintomático que el Presidente de dicha
colectividad, Carlos Larraín, se manifestara complacido por esa actitud, y que
miembros de la mesa muy cercanos suyos, como el Secretario General Mario
Desbordes, se hayan desplegado en las bases partidarias para apuntalar el voto
de apoyo en el Consejo.
Hay
expectación en RN y en la Alianza por la intervención que hará el postulante
por Santiago Poniente, Andrés Allamand, con fuerte liderazgo interno y asimismo
en estrecha competencia con el UDI Pablo Zalaquett. Su análisis de los
acontecimientos que han remecido a la centroderecha tras las primarias y el
gesto que pueda hacer en relación a Matthei serán una de las claves del
Consejo. Si bien se espera que respalde una candidatura unitaria con ella,
robustecerá también el llamado a fortalecer el partido en las elecciones Parlamentarias
y a poner énfasis en una campaña Presidencial en que se garantice total
equilibrio entre los dos partidos.
Los
pronunciamientos de Bachelet. Aunque desde la Nueva
Mayoría se enfatiza en que no hay cambio de estrategia por la actual
competencia con otra mujer, la candidata remarcó esta semana sus diferencias
con la representante de la UDI respecto del papel que jugaron los padres de
ambas por el 11 de Septiembre. Michelle Bachelet ha insistido en que desea una
campaña sin agresiones y propositiva, actitud idéntica a la que ha manifestado
Matthei, quien la llama sí a realizar debates públicos, desafío que su contendora
pospone con el argumento de que lo hará con candidatos ratificados. Por otra
parte, la ex Presidenta busca establecer lazos con figuras, sobre todo del PC,
que fueron líderes del movimiento estudiantil y que antes la rechazaron.
Importante resulta también la presentación de su equipo económico, donde hay
tres ex Ministros que le dan cierto carácter continuista y una notoria
presencia de DC y otros también moderados, lo que muchos desde la izquierda ven
como un freno a las reformas. La candidata reiteró que se mantendrán los ejes
que al respecto ha señalado y será ella quien resolverá en definitiva, aunque
las dudas se refieren justamente, más que a los grandes temas propuestos, a las
medidas concretas que decida aplicar. En los aspectos valóricos fue más
específica, pues declaró estar dispuesta a Legislar sobre el matrimonio
homosexual y debatir después sobre adopciones, y a “pensar en la posibilidad de
un aborto” en caso de violación, sin que hasta ahora se observen reacciones
contrarias desde los democratacristianos que la apoyan.
El censo
fallido. Parecía que las cosas se
encaminaban bien para La Moneda, que ha puesto toda su fuerza en lograr que la
Alianza enfrente unida la elección Presidencial, pero sorpresivamente “reventó”
el caso INE al quedar nítidamente expuesta la pésima gestión que caracterizó al
Censo Nacional y que incluso hizo necesario que el Presidente Piñera pidiera
“humildemente perdón”, procurando quizás ir más allá de las débiles excusas de
sus antecesores, por ejemplo en el caso del Transantiago. El gesto Presidencial
habla bien de la transparencia y la seriedad con que el Gobierno tomó la
denuncia por los obvios errores cometidos, que significan un duro golpe al
eslogan del “Gobierno de los mejores” que, para lamento del oficialismo, será
usado seguramente por la oposición con intensidad.
Despacho de la Ley para fortalecer el orden público.
La Cámara
de Diputados despachó el proyecto de Ley que fortalece el resguardo del orden
público -llamado “Ley Hinzpeter”, en alusión al anterior Ministro del Interior
que la impulsó-, pero casi sin contenido y desprovisto de todas las propuestas
significativas del Gobierno con ese fin. El Ejecutivo había planteado al
Congreso establecer medidas de carácter penal para contener y castigar los
desmanes que ocasionan perjuicios a las personas y a la propiedad pública y
privada, durante las protestas y manifestaciones en las calles. Estos excesos
han sido claramente reprobados por la ciudadanía, no obstante que en muchos
casos pueda apoyar el motivo de las manifestaciones, que por definición
deberían ser pacíficas.
El
Ejecutivo focalizó su iniciativa en sancionar a quienes cometen desórdenes
públicos graves, paralizando o interrumpiendo algún servicio público,
valiéndose de fuerza en las cosas o de violencia o intimidación en las
personas, o impidiendo o alterando, en iguales términos, la libre circulación
por puentes, carreteras, caminos u otros bienes de uso público semejantes,
resistiendo el actuar de la autoridad. Asimismo, constituiría agravante de los
delitos de homicidio y lesiones, que sean cometidos con ocasión de la
celebración de actos, manifestaciones o espectáculos públicos que congreguen la
presencia masiva de personas. Finalmente, quienes incurrieren en todos los
delitos anteriores con ocasión de las manifestaciones y cubran su rostro, con
el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u
otros elementos análogos, serían castigados con el máximo de la pena prevista.
La
oposición rechazó todas estas iniciativas con el argumento que implicaban
“criminalizar la protesta” o bien, que ya existían herramientas legales para
sancionarlas, pero ello no es efectivo. En primer lugar, no hay criminalización
porque nadie que concurra a una manifestación en forma pacífica y con pleno
respeto a Ley, queda abarcado por las figuras delictivas descritas. Y en
segundo, porque si bien ciertos delitos que se cometen en las protestas están
sancionados -como los robos, incendios o daños-, el hecho de participar en los
desmanes contribuye a facilitar que se cometan aquéllos y no está
apropiadamente tipificado y penado, quedando frecuentemente impune. Finalmente,
quien ejerce los legítimos derechos a reunirse, opinar y disentir, carece de
justificación para hacerlo “encapuchado”, lo que tampoco sería castigado per
se, sino considerado como una forma de agravar la penalidad de los delitos que
eventualmente cometa al ejercer aquéllos.
Con
la posición adoptada, los partidos de la Concertación parecen haber acogido un
predicamento de bloquear la iniciativa, renunciando a la oportunidad de hacer
aportes para rectificar sus eventuales deficiencias. La necesidad de la
iniciativa queda, además, de manifiesto al apreciar la realidad de los daños a
las personas y a la propiedad, pública y privada, como de la grave alteración
de la vida ciudadana, de la cual la opinión pública ha sido espectadora en
muchas de las protestas en años recientes. Las fuerzas políticas debieran tener
una sola opinión, tanto para defender los derechos ciudadanos, como para exigir
el respeto de las condiciones que habilitan la convivencia civilizada. El
proyecto de Ley será considerado ahora por el Senado, donde es previsible que
el Gobierno renueve los aspectos centrales de su propuesta y cabe esperar que
el debate se lleve con la altura de miras propio de la Cámara Alta y la
relevancia que el asunto amerita.
La gratuidad regresiva.
En
el debate nacional sobre cómo aumentar el acceso a la educación universitaria y
su calidad, sorprende el énfasis Estatista que ponen amplios sectores. Con
mirada desde el exterior, el experto Jamil Samil, hasta hace poco coordinador
del programa de educación terciaria (universitaria y técnica o profesional) del
Banco Mundial, así lo ha advertido en reciente visita al país. Samil subraya
algo obvio, cual es que un modelo de educación universitaria gratuita significa
subvencionar a los estudiantes de mayores ingresos, algo que pocos países
pueden financiar sostenidamente y con altos estándares de calidad. Algunos
nórdicos lo hacen, pero se trata de sistemas altamente costosos. Dinamarca y
Finlandia destinan el 1,8% de su PIB a financiar la educación terciaria, lo que
implica en promedio unos 5.000 millones de dólares para una población de entre
15-24 años en torno a 700.000 personas (en Chile, el Fisco destina el 0,8%).
Por
eso, la mayoría de las propuestas recientes, especialmente para países
emergentes, se enfoca en sistemas no gratuitos, pero que implican becas y
créditos Estatales con condiciones ventajosas, cuyos pagos son ligados al
salario que los estudiantes obtienen cuando comienzan su vida laboral.
Para
aumentar la educación terciaria se requiere no solo reducir su costo para los
estudiantes, sino atender las deficiencias de la educación básica y, sobre todo,
focalizar ayudas no solo financieras en los estudiantes de menos recursos.
Si
la gratuidad de la educación universitaria fuera la respuesta, no se explicaría
por qué el 21,3% de los jóvenes finlandeses está desempleado, ni por qué su Gobierno
está alarmado ante el creciente número de jóvenes que se quedan hasta la
educación básica, equivalente a nueve cursos, o hasta los 15 años. Según la
OCDE, la tasa de ingreso a la educación terciaria es 10 veces mayor entre los
jóvenes finlandeses con padres con formación académica respecto de los que no
la tienen. Y también se ha establecido que los grupos más vulnerables están en
mayor riesgo de quedar fuera del sistema. Se cree que, aunque excelentes, las
escuelas finlandesas no están preparando a los estudiantes para enfrentar la
vida adulta y el mercado laboral.
En
Alemania sucede algo similar. Aunque el acceso a la educación es gratuito, y su
modelo está altamente enfocado en la formación técnica y profesional, en los
últimos años las empresas y academias profesionales tienen más problemas para
llenar los cupos de formación. Es uno de los pocos países donde las
generaciones más jóvenes muestran una tendencia a obtener menores niveles
académicos que sus padres.
La
respuesta no está exclusivamente en el costo de entrada a las carreras
universitarias o técnicas. Formar un capital humano más productivo e innovador,
acorde con las necesidades de un país en desarrollo, requiere priorizar otras
áreas, como la calidad de los profesores y los contenidos.
Investigación Judicial en mina San José.
Después
de tres años de investigación, la Fiscalía de Atacama resolvió cerrar el caso
por el derrumbe ocurrido en la mina San José -hecho acontecido el 5 de agosto
de 2010, y que dejó atrapados a 33 mineros- al considerar que no existían
antecedentes suficientes para continuar indagando en las responsabilidades
penales de los dueños del yacimiento.
La
decisión del Ministerio Público ha generado una fuerte polémica -hecho
esperable, atendido el impacto mediático que este accidente y el posterior
rescate generó-, y los propios mineros han señalado que apelarán de la
decisión, entre otras razones porque no todos ellos fueron interrogados por la
Fiscalía, y por considerar que existen otros antecedentes que podrían ser
útiles en la indagación. Corresponde esperar que sea la instancia Judicial la
que se pronuncie respecto de estos hechos, ajena a todo tipo de presiones y
atendiendo al mérito de los antecedentes, ya que a partir de sus resoluciones
será posible fijar jurisprudencia sobre el alcance de las responsabilidades en
casos de alta complejidad.
La
seguridad que debe imperar en la minería, especialmente en las pequeñas y
medianas faenas, quedó en entredicho a raíz de este accidente. Los datos
indican que si bien el país aún debe dar pasos adicionales para reducir la
accidentabilidad en la minería, en estos últimos años se han advertido
progresos que deben ser valorados, porque sugieren que la autoridad ha sido
capaz de ejercer mayor fiscalización y las propias empresas han mejorado sus
estándares. Los datos del Sernageomin indican que en 2012 la tasa de accidentes
llegó a 2,8 por cada millón de horas-hombre, la cifra más baja desde 1983,
mientras que las fiscalizaciones se han triplicado. El resultado de la
investigación penal es uno de los antecedentes que se deben tener presentes a
la hora de evaluar la suficiencia de las medidas de prevención adoptadas a
partir de la fecha del accidente.
El censo fallido.
La
comisión externa nombrada por el nuevo Director del INE para evaluar los
procedimientos, metodologías y resultados del último censo reveló en su informe
las graves deficiencias en que se incurrió en el desarrollo de este importante
instrumento. Ya se había informado sobre la comisión de errores, pero nunca al
grado de que da cuenta este informe: una de sus conclusiones es la conveniencia
de repetirlo en 2015, utilizando un cuestionario más breve.
Numerosos
errores condujeron a una omisión estimada de la población censada superior al
9%. Típicamente, en los países desarrollados esta omisión no supera el rango de
1,5 a 1,8%. En naciones menos desarrolladas hay experiencias en que esas
omisiones han llegado a 5%, aunque con un promedio levemente superior al 3%. La
tasa de omisión registrada en Chile es, pues, particularmente elevada.
Explican
esta situación, entre otros factores, una escasa preparación; un cambio en la
metodología de levantamiento de los datos en mitad del proceso, sin que, por
ausencia de un pre-test, se hayan evaluado los eventuales problemas que podrían
surgir en la etapa de entrevistas en los hogares, y, en fin, la asignación de
recursos insuficientes para una tarea de esta envergadura. A su vez, la
metodología empleada para corregir las omisiones no supera ningún estándar
técnico y es incorrecta. De la lectura del informe no cabe desprender que estas
fallas hayan tenido como objetivo una manipulación o falsificación de la
información: son un conjunto de procedimientos mal aplicados, decisiones
incorrectas y, en algunos casos, mera incompetencia. Con todo, el informe
cuestiona la forma como se comunicaron los resultados y la poca transparencia
en ese proceso respecto de las omisiones efectivas.
En
tal sentido, es difícil culpar a la autoridad política por este episodio,
aunque se le puede reprochar un exceso de confianza en directivos del INE que
actuaron muy lejos del profesionalismo esperado en un organismo técnico. Por
eso es oportuno y procedente el perdón que pidió el Presidente Piñera a todos
los chilenos. Más de 60 millones de dólares se gastaron en este proceso, y la
población aspira a que los recursos públicos sean muy bien utilizados. Del
mundo político se espera mayor conciencia de la responsabilidad que significa
ese traspaso de recursos. El Presidente se ha esforzado por darle a su Gobierno
un sello especial y personal en esta dimensión, y por eso no extraña que esta
situación lo haya afectado particularmente y hasta indignado.
Ahora
hay por delante dos desafíos inmediatos. Por una parte, evaluar rápidamente si
se sigue la recomendación de la comisión de expertos de realizar un nuevo
censo. Las críticas que ella hizo son bien fundadas y, tomadas en su conjunto,
respaldan la idea de un nuevo censo, sobre todo porque afectan la calidad de
los datos. Con todo, la comisión no se detuvo a analizar en extenso si hay
posibilidades de corregir la información obtenida utilizando técnicas
estadísticas o censos parciales. Si esto fuese posible, podría seguirse este
camino y, además, adelantar el próximo censo algunos años.
Por
otra parte, debe fortalecerse técnicamente al INE. La experiencia internacional
es al respecto valiosa. Desde luego, en estos organismos importa mucho la
experiencia y, por tanto, conviene retener equipos profesionales altamente
preparados por tiempos prolongados, y que no cambien con los gobiernos de
turno. Hay que recordar que ya hubo problemas con la implementación de la nueva
encuesta de empleo en el Gobierno anterior, y también el IPC ha presentado
problemas. Parece haber cierta falta de capacidades, que difícilmente se
crearán si hay cambios continuos en los directivos superiores. Es habitual,
además, que estas instituciones cuenten con Consejos asesores externos de especialistas
que son especialmente útiles en el momento de abordar problemas técnicos
complejos. Por último, instituciones como estas requieren recursos suficientes
para entregar productos estadísticos de alta calidad, que -no cabe olvidarlo-
son fundamentales para el diseño de políticas públicas.
Correspondencia para meditar.
Señor
Director:
Museo Histórico.
Según
informaciones recientes, el Museo Histórico entrará en una etapa de revisión de
su contenido, para lo cual se convocaría a representantes de la comunidad de
diversas áreas. Vale decir, no interesa tanto la historia como acoger otros
planteamientos que no es fácil imaginar.
No
se entiende cómo un museo de historia pueda estar sujeto a la opinión de
quienes no son especialistas en el estudio del pasado, con excepción de los
técnicos en museología.
El Director
del museo, Diego Matte, al asumir el cargo manifestó opiniones que revelaban
desconocer nuestro pasado. Sería recomendable que en un nuevo diseño
interviniesen los historiadores.
Entre
las ideas que maneja el señor Matte figura dar mayor cabida a las culturas
originarias, dándoles el carácter de museo de la prehistoria. En verdad, esa
parece una concesión a la sensibilidad del ambiente, pero no una decisión
epistemológica. Por otra parte, existen numerosos museos, tanto en Santiago
como en Regiones, que abarcan la prehistoria.
Igualmente,
es de temer que se exagere la importancia de las culturas autóctonas, cuya
presencia ha sido muy débil en el trayecto del país, en que la cultura dominante
ha conformado de manera unitaria el ser nacional.
Tememos
que esta materia es simplemente una concesión a la demagogia vocinglera y al
desorden en La Araucanía.
La
ampliación del museo al siglo XX se justifica ampliamente, y es de esperar que
se realice de manera equilibrada, sin concesiones a ninguna tendencia extrema,
de manera que supere en objetividad al Museo de la Memoria.
Sergio
Villalobos R.
Señor
Director:
Votos marcados.
Hacer
que las mesas receptoras de sufragios lleven una contabilidad de todas las
marcas que puedan tener los votos -cosa que por lo demás nunca se ha hecho-
conlleva un peligro mayor para nuestra democracia: el retorno del cohecho.
Desde la promulgación en 1958 de la Ley de cédula única, se buscó hacer los
votos homogéneos para evitar identificar a quien lo había emitido. ¿Quién podrá
evitar que los partidos compren votos a través de marcas particulares inscritas
y contabilizadas por el Servel?
José
Ignacio Llodrá.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
