Responsabilidades y provecho político,
por Nassir Sapag.
No estoy seguro de quién hace aprovechamiento
político de la acción de los delincuentes que terminaron con la vida de un Carabinero.
Si el Presidente de la República, que llama a apurar la aprobación de Leyes que
protejan a la policía -en definitiva, a la población-, o el Presidente del
Senado, un Senador y el Presidente de un partido de la oposición, que lo acusan
de aprovechar la ocasión con fines políticos. Y tampoco me importa.
Lo que me preocupa, como a la mayoría de los
chilenos -que se oponen a los encapuchados, al ataque a Carabineros y al
vandalismo en las manifestaciones-, es qué se hará al respecto. Nadie entiende
si es incapacidad, falta de voluntad o temor lo que hace que los Legisladores
sigan postergando una decisión que lo único que está logrando es fortalecer
cada día más a estos grupos violentistas y debilitar una institucionalidad que
costará mucho reconstruir.
En un momento en que la sociedad se encontraba
altamente sensibilizada por un asesinato tan repudiable, qué oportuno hubiera
sido para el país que se discutieran con altura de miras los proyectos de Ley
de protección al Carabinero, antiencapuchados y de identificación preventiva
presentados por el Ejecutivo, donde el Gobierno explicara a la comunidad su
propuesta y la oposición expusiera sus reparos y, si las tuviera, las medidas
opcionales que proponen para detener la escalada violentista. Pero, en vez de
eso, se nos dio un penoso espectáculo de cómo se privilegian intereses
electorales de corto plazo en vez de atender las preocupaciones y prioridades
de la gente que creen y dicen representar.
La elaboración de las “minutas” que hemos
conocido en los últimos días, las rencillas por cupos Parlamentarios y las
declaraciones que, para tratar de ser más que su oponente, se concentran en
buscar formas de destruirlos en vez de superarlos constructivamente -que, como
los sismos de grado seis, ya dejan de sorprendernos- son clara prueba de que la
gran preocupación de la clase política es obtener dividendos para ganar las
próximas elecciones, incluso a costa de postergar la solución de los problemas
que urgen a la población.
Parece que no se dan cuenta de que al debilitar
la autoridad de Carabineros, la institución pública que se mantiene con el
mayor índice de confianza en el país, a pesar de que en las encuestas el tema
de la delincuencia supera como problema a la suma de los de salud y educación,
traerá, más temprano que tarde, más costos que beneficios para los chilenos.
Desilusiona ver cómo día a día crecen las
declaraciones sin contenido, subjetivas, descalificadoras, con ausencia de
propuestas o sin la crítica constructiva que hace avanzar y desarrollarse a los
países, las instituciones y las personas.
Ojalá quienes han asumido las más altas
responsabilidades Legislativas aprovechen el tiempo que resta antes de las
próximas elecciones, para dar un buen ejemplo de que las cosas hay que
enfrentarlas y resolverlas. Es la oportunidad para volver a legitimarse como
depositarios de la confianza de guiar los destinos del país. Decir no a los
encapuchados y no a la agresión a Carabineros es un gran paso. Si no se está de
acuerdo, quienes se opongan deberían explicar que tienen una opción mejor para
abordar un sentir mayoritario de la población y que está por sobre sus
posiciones políticas.
¿Papa Francisco Superstar?,
por Luis Eugenio Silva.
La Jornada Mundial de la Juventud en Río de
Janeiro es una respuesta positiva al catolicismo y a las religiones en general.
Desde hace décadas se viene repitiendo que las
formas religiosas están en franca retirada y que la respuesta científica es la
que busca el hombre, lo que no es tal, ya que es reducir la capacidad de
preguntarse del ser humano a un solo factor. Las preguntas trascendentales,
como qué soy, para qué estoy, qué pasa conmigo post mortem, es decir, preguntas
por el sentido de la misma vida, siguen acusando al espíritu humano y abren el
camino hacia la respuesta religiosa que se expresa en la fe.
Para el catolicismo la fe es un don, pero el
que busca sinceramente encuentra y Dios se lo dará. Es cierto que las formas
individualistas se hacen sentir en las expresiones religiosas cristianas, pero
el sentido de pueblo religioso no ha desaparecido, como lo demuestra la
convocatoria que el catolicismo y el Papa en especial han hecho, y que atrae a
millones de jóvenes que llegan, con sacrificio, desde todas las partes del
mundo, a escuchar al Papa al que ven y saben que es el representante de Cristo
en la tierra y superior de la Iglesia Católica, que les trae un mensaje de
parte del mismo Señor.
Se podrá argumentar que lo que atrae en las
magnas reuniones y grandes convocatorias es la experiencia de vivir un especie
de recital, o ver a una figura carismática en un ambiente comunitario, y no lo
meramente religioso, y en parte ello puede ser verdad, al menos para un
segmento de los que asisten. Pero incluso en aquellos, no se puede negar que
hay algo de religioso y de búsqueda de Dios, en medio de un mundo donde parece
que lo que manda es el egoísmo pragmático y el materialismo.
Sin desconocer en absoluto las condiciones
humanas y espirituales del Papa Francisco —que con su simplicidad y su estilo
directo y ajeno al ceremonial atrae a multitudes y encanta por su sencillez—,
no se puede negar que no es sólo eso lo que arrastró a las multitudes en Río,
ya que antes de él, Benedicto XVI de muy diferente estilo, y Juan Pablo II,
también con estilo distinto e iniciador de estas convocatorias juveniles,
atrajeron a las juventudes en diferentes lugares del planeta.
Es la fe la que mueve montañas. Es Cristo el
que sigue atrayendo a las multitudes, que ven en su mensaje una respuesta a las
inquietudes más profundas del espíritu humano, y un camino para crear una
sociedad más justa y fraterna, en la posiblemente más hermosa etapa de la vida
que es la de la juventud.
El Papa Francisco está llamado a conducir la
Iglesia con la fuerza del Evangelio, en una nueva etapa de ésta, corrigiendo
fallas y abusos que la afean y que la ponen en discusión, pero no es el Cristo,
sino su representante, y la juventud bien sabe esto y agradeciéndole la
convocatoria va tras Jesús y quieren experimentar ser partes de la Comunidad de
los creyentes, que reconocen a Dios como Padre, y a Cristo como Salvador y al
Espíritu como el verdadero conductor de la Iglesia, a pesar de las fallas y pecados
de los que la conformamos.
Dios no ha muerto, ni la religión es un opio,
ni es una proyección de las carencias humanas, como se afirmó en el pasado.
Dios sigue llamando y lo hará hasta la consumación de los siglos. Las magnas
asambleas juveniles en el Brasil lo demuestran, y ello viene a poner una nota
de optimismo religioso y humano, a la humanidad cristiana o no, creyente o no,
ya que la juventud que busca una respuesta humana y trascendente es la garantía
de un futuro mejor.
El Papa Francisco no es un Superstar, sino el
humilde servidor de Cristo en su Iglesia y el sucesor del no menos humilde
pescador de Galilea, el primer Papa, San Pedro.
Conflictos energéticos,
por Carlos Martínez.
Recientemente, este diario publicaba un informe
sobre grandes proyectos detenidos en el área minera y energética. El viernes,
la Corte de Apelaciones anuló la resolución del Comité de Ministros que
autorizaba la central termoeléctrica de Punta Alcalde. Aunque el debate se ha
centrado en obras que requieren grandes inversiones, como las centrales de la
Patagonia, los opositores a estos proyectos han planteado como solución muchas
centrales de pasada, de menor tamaño.
Un editorial en estas mismas páginas señalaba
que, respecto a la Patagonia, “si se ha tomado la decisión política de no
seguir adelante con éste, debe proponerse una solución alternativa que aporte
su equivalente en energía”.
¿Qué está pasando con otras soluciones? Si
vemos el mapa de las zonas más ricas en recursos hídricos, hay proyectos de
pequeña envergadura que están sometidos a similar oposición que las de Aysén.
Esto está reduciendo el espacio de la generación de energía a su mínima
expresión.
Por estos días, diversas agrupaciones y ONG
celebran la paralización de la central Doña Alicia (de sólo 6,3 MW y con una
inversión de US$ 20 millones). Pero también están en la mira centrales como Las
Nieves, Truful Truful, Neltume, Mediterránea, por citar algunos proyectos, en
su mayoría de 20 a 50 MW.
Es innegable que las comunidades necesitan
certeza en cuanto a que estos proyectos serán sustentables y que recibirán
compensaciones por las alteraciones que ellas impliquen. Pero las empresas
necesitan certeza Jurídica respecto a que sus proyectos serán viables, en la
medida que cumplan con las exigencias ambientales y las normativas de consulta
a las comunidades.
Las ONG y algunos grupos indigenistas imponen
sus criterios, bloquean los proyectos y los Judicializan en Tribunales. Es una
suerte de tiranía de estos grupos que, más que sustentabilidad, tienen
objetivos ideológicos sin que conozcamos qué nos ofrecen de alternativa
energética... Salvo lo que escuché decir en una radio al ecologista Douglas Tompkins: abandonar la idea de
crecimiento y reducir la población (sic).
Hoy, la generación eléctrica no tiene flanco
que no sea asediado. Ya apreciamos que toma intensidad la campaña contra el
proyecto Octopus (1.400 MW), que contempla dos centrales térmicas en Bulnes. Y
vendrán otras. Es hora de que las empresas comuniquen mejor sus proyectos y
revisen la forma de beneficiar a las comunidades de manera más integral,
generando relaciones de confianza y reciprocidad. Pero también de convencerse
de que uno de los actores no tiene el menor interés en negociaciones ni en
mejorar los proyectos. Sólo quieren que no se concreten.
Tras esto hay una asimetría, en particular en
lo comunicacional. Es cosa de ver un reciente programa transmitido por
televisión acerca de los conflictos ambientales, con una visión sesgada y con
juicios ya hechos previos a la investigación periodística. Tenemos así un actor
ideológico que se arroga el ser Juez moral de los proyectos y las empresas que
se atienen al cumplimiento de la institucionalidad. Fruto de esta asimetría,
Goliat y David se han invertido.
El voto de los encapuchados,
por Cristián
Monckeberg.
Lo anunciaron y lo ejecutaron. Pese a la
aprobación en general, los Diputados de la oposición desplumaron el proyecto
del Gobierno sobre fortalecimiento del resguardo al Orden Público al rechazar
la mayor parte de sus artículos, incluyendo el que buscaba sancionar a los
encapuchados. La estrategia obstruccionista operó.
La frase no es gratuita. Durante el trámite de
esta iniciativa, el Ejecutivo se hizo cargo de numerosas inquietudes de la
oposición, suprimiendo, matizando o mejorando muchos de sus artículos. Todo
enfocado en la búsqueda de alcanzar un acuerdo que nos permitiera un avance
sustantivo en materia de seguridad pública. Pero no fue suficiente y los
argumentos de la “Nueva Mayoría” se agudizaron.
Aclaremos sus aprensiones. Han dicho
públicamente, por ejemplo, que están preocupados de que esta Ley sancione la
libertad de expresión de los incitadores a estas manifestaciones, “olvidando”
que la norma fue retirada hace meses. Aseguran que se violenta el derecho a
reunión, cuando jamás se toca. Insisten que es un proyecto inútil, pues
estaríamos en presencia de conductas ya sancionadas en el Código Penal u otras Leyes
especiales.
Nada más alejado de la realidad, pues el texto
pone su mayor esfuerzo en sancionar conductas que no están tipificadas, como
aquellas cometidas por quienes, con ocasión de desórdenes públicos graves,
interrumpen en forma violenta los servicios públicos o interfieren la libre
circulación de las personas.
Peor aún. Si revisamos el boletín 4832-07,
proyecto presentado por la ex Presidenta Michelle Bachelet el 12 de enero de
2007 y que se encuentra hoy en tercer trámite, veremos que muchos de los Diputados
que hoy rechazan la propuesta del Gobierno aprobaron sin problemas sancionar a
los encapuchados e incitadores de las marchas, haciéndolos responsables
solidarios de los costos de los destrozos que ellas generaran.
¿Qué es lo que ocurre, entonces? ¿Cómo se
explica este cambio radical? ¿Amnesia? Lo cierto es que pareciera que en la
Concertación piensan que los encapuchados son parte del movimiento social, que
van a votar por ellos en noviembre y diciembre próximo… Señores, ¡se equivocan
profundamente! Los encapuchados no votan. Lo único que consiguen es la
impunidad de quienes cometen delitos a rostro cubierto, en una apuesta
demasiado peligrosa.
Muerte de comunero mapuche.
La muerte del comunero Rodrigo Melinao en la Comuna
de Ercilla (Región de La Araucanía), como consecuencia de un disparo de
escopeta y en circunstancias aún no aclaradas, ha generado justificada
inquietud por sus alcances y deberá ser motivo de una exhaustiva investigación
por los organismos competentes.
El hecho ocurre en una zona que en el último
tiempo ha estado altamente tensionada por la violencia, con múltiples ataques y
consecuencias graves, que incluye la muerte de numerosas personas, tanto civiles
como personal policial.
Aunque en este caso se desconocen el móvil y
las circunstancias en que ocurrió el ataque, es fundamental que la
investigación que lleva adelante la Fiscalía avance en esclarecer las
circunstancias precisas de lo ocurrido y se logre detener a el o los autores
del crimen, de manera que sean puestos a disposición de la Justicia.
Toda manifestación de violencia,
indistintamente de donde provenga o a quien afecte, debe ser desterrada de
manera definitiva de esa Región, y merece una decidida condena de todos los
sectores. Hasta ahora, muchos de los casos registrados siguen sin resultados
concretos ni responsables, situación que resulta inquietante considerando que
el 2012 se abrieron 300 causas por este motivo en la Fiscalía Regional de La
Araucanía, superando en un 77% las cifras del 2011.
La prolongada sensación de impunidad que
experimenta la población que vive en esa zona, la permanente vulneración del
estado de derecho y la incertidumbre Jurídica que se ha derivado producto de este
complejo escenario ameritan una actitud decidida y coordinada de los actores y
organismos involucrados, en pos de alcanzar una resolución efectiva que ponga
término a la violencia.
Promesa cumplida.
El Gobierno puede congratularse con razón de
sus resultados en materia de creación de empleos y rebaja de la cesantía. Ese
fue el principal compromiso del Presidente Piñera durante la campaña electoral
del 2009. A solo siete meses del término de su mandato, ya es evidente que esto
se ha cumplido plenamente.
De acuerdo con el INE, los empleos creados en
los últimos tres años son 240 mil por año y la tasa de desempleo ha caído desde
casi 11% en enero-marzo de 2010 a 6,2% en el último dato. Inicialmente, algunos
economistas de oposición intentaron sostener que los avances provenían solo de
un artificio estadístico, el cambio metodológico introducido por el INE a fines
de la administración anterior. Luego sostuvieron que el dinamismo laboral
obedecía a la inercia positiva que traía del período anterior. Más tarde, que
la calidad de las ocupaciones se deterioraba por la proliferación de trabajos
precarios.
Uno a uno esos reparos han sido
contundentemente desmentidos -y silenciados sus voceros- por la sostenida
acumulación de antecedentes que dan cuenta de una clara mejoría en todas las
dimensiones con las que normalmente se evalúa el desempeño del mercado laboral,
sin perjuicio de que, desde luego, hay todavía mucho que progresar. Tanto la
encuesta del INE como la de la Universidad de Chile -que no ha experimentado
cambio metodológico alguno- retratan el último trienio como uno de los de mayor
pujanza que haya exhibido el mercado laboral chileno, en cuanto a expansión de
la ocupación total, calidad de los puestos de trabajo creados (70% con contrato
laboral y cotizaciones), menor subempleo (solo 7% de los nuevos empleos
registran jornadas parciales involuntarias) y absorción de la cesantía. Más
aún, tanto las cifras del INE como las de la U. de Chile muestran un fuerte
incremento de las remuneraciones reales promedio entre 2011 y 2013, de 8% en un
caso y de un impresionante 25% en el otro.
Por cierto, varios factores contribuyen al
sobresaliente desempeño del mercado laboral, entre ellos la reconstrucción
posterremoto, el auge de la minería y la gran afluencia de capitales extranjeros
a Chile y a la región. Pero no puede desconocerse que han sido potenciados por
las positivas señales de política macro y microeconómica emitidas por el
Gobierno en sus primeros años. Chile experimentó entonces un vigoroso repunte
de la inversión productiva, y una vez más ha quedado demostrado que cuando se
logra motivar a los emprendedores e impulsar la inversión, se multiplican los
empleos y crecen las remuneraciones.
Mantener condiciones laborales tan favorables ha
de ser primera prioridad del Gobierno actual en lo que resta de su mandato y,
sobre todo, del que se hará cargo en marzo próximo. Si eso se consigue, Chile
será diferente no solo en lo económico, sino también en lo social. Mucha de la
crítica contra la economía de mercado -en particular su supuesta incapacidad
para superar la desigualdad- surgió de la década pasada, cuando el desempleo
promediaba 9% y se generaban apenas 120 mil puestos de trabajo al año, con la
consiguiente secuela de frustración y malestar social. A diferencia de entonces,
lo que hemos vivido últimamente es un proceso de crecimiento económico con
inclusión social, porque hay más y mejores oportunidades ocupacionales. Han de
evitarse, pues, las alzas de impuestos, las trabas burocráticas y
reglamentarias y los reajustes electoralistas de los salarios, que ya están
frenando las inversiones y pronto pueden hacerse sentir en un menor dinamismo
laboral.
Estrategia para la innovación y el desarrollo.
El Consejo Nacional de Innovación para la
Competitividad (CNIC) dio a conocer al Presidente Sebastián Piñera sus
“Orientaciones Estratégicas para la Innovación: Surfeando hacia el futuro-Chile
en el Horizonte 2025”, el cual pretende, según sus autores, “generar un relato
de cómo el futuro se está configurando”.
El estudio se aboca a tres espacios de
preocupación: Energía, Educación y Neo-biología. Como narrativa de
anticipación, eventualmente podría constituir la base de políticas
programáticas específicas y como tal es aconsejable atender a su viabilidad.
Por cierto, una tarea nada de fácil, al considerar que los procesos de
innovación no son lineales, están plagados de incertidumbres y suceden en
ambientes culturales complejos. Sin embargo, contamos con algunas interesantes
proposiciones elaboradas por un extenso y dedicado equipo de trabajo.
Nuestra economía es intensiva en el uso de la
energía eléctrica y por tanto proclive al surgimiento de restricciones severas
como efecto del crecimiento en la actividad. En los últimos 9 años, el costo
del MW/hr se incrementó en 670%. Esta condición amerita esfuerzos en aumentar
la eficiencia de uso y abrir nuevas fuentes de energía renovable no
convencional. En el norte del país, la energía solar permitiría aportar energía
a todo el Sistema Nacional (SIC+SING). Un uso alternativo de la energía solar,
aunque marginal, podría ocuparse en desalinizar las aguas del mar para su
utilización en proyectos locales. Adicionalmente, recientes desarrollos del gas
de esquisto, de baja contaminación, complementarían la actual generación de
energía hidroeléctrica.
El desarrollo de la biología sintética abre las
puertas a la medicina regenerativa y a mejoras en los diagnósticos de
afecciones hereditarias. India, en particular, ha respondido exitosamente a
estas nuevas demandas, especializándose en el desarrollo de servicios de
exámenes y vacunas, entre otros. El CNIC propone incorporarnos a las redes
globales de investigación en neo-biología y capturar empleos de buen nivel en
este mercado mundial.
En educación, el Consejo plantea una
orientación al emprendimiento y explícitamente “inyectar un nuevo núcleo de
disciplinas emprendedoras, parte de las cuales se derivan de las humanidades” y
esto supondría aprender a leer las necesidades del entorno, administrar
compromisos e innovar.
En síntesis, reconvertir la matriz energética,
capacitarnos para abordar la demanda de servicios biotecnológicos sofisticados
y transformar nuestros sistemas de aprendizaje exigirá de ingentes recursos. En
el 2010, Chile alcanzó en Gastos I+D un 0,5% del PIB. Por su parte, India logró
los éxitos indicados en el estudio del CNIC con un 0,9% del PIB en Gastos I+D,
en el 2007. La diferencia es apreciable, considerando que los países con mayor
incidencia mundial en esta categoría son Japón con 3,3% e Israel con 4,2%. Este
dato indica que la viabilidad de los procesos de innovación depende del
esfuerzo nacional en inversión en investigación y desarrollo. Chile debe
aumentar significativamente su proporción del Gasto I+D para cumplir con los
desafíos propuestos.
Existe una experiencia exitosa acumulada a
través de la Fundación Chile y es necesario estimular con políticas públicas la
vinculación universidad-empresas para generar nuevos productos competitivos y
asegurar la propiedad intelectual de éstos.
La estrategia de los “Laboratorios Naturales”
podría complementar el esfuerzo. Estos se basan en condiciones locales que no
son fácilmente reproducibles en el resto del mundo y en consecuencia pueden ser
atractivos para los grandes centros de investigación de empresas y países
desarrollados, los cuales podrían aportar conocimiento y capitales para las
innovaciones requeridas.
Mayorías en universidades.
En lo que va del año las universidades de
Chile, Central, Santiago, Arcis, de Valparaíso y otras han visto suspendidas
sus actividades académicas por tomas de sus recintos o paros estudiantiles
impulsados por grupos minoritarios radicalizados, cuyas acciones no han sido
condenadas por las federaciones universitarias. Eso se observó con la ocupación
de la casa central de la U. de Chile, y aún más en la U. de Santiago, cuyo
rector cuestionó la representatividad de las tomas, advirtiendo que "no
participa el 90% del alumnado, que se encuentra en sus casas o se toma
vacaciones", por lo cual la ocupación "no corresponde a una expresión
global de los estudiantes". Para el rector de la U. de Valparaíso y
presidente del Consorcio de Universidades Estatales, las tomas son actos de
fuerza que impiden a los académicos, los funcionarios y al resto de los
estudiantes ejercer sus derechos a trabajar y estudiar. Las situaciones extremas
han sido desatadas por grupos violentistas y delincuentes encapuchados que se
mezclan con estudiantes, parapetándose en las sedes académicas para atacar a
Carabineros y provocar disturbios.
Así ocurrió en la Usach, cuya máxima autoridad
pidió a la fuerza policial disponer el resguardo y la vigilancia de esa
universidad, "para proteger nuestro patrimonio público, incluyendo el
ingreso de su personal a la corporación, supeditado a la coordinación
telefónica con el suscrito". En Valparaíso se presentaron cargos por
usurpación de inmueble y por los daños causados por los extremistas. En la U.
Central, el rector denunció la toma por grupos que han dañado el patrimonio de
esa casa de estudios con actos delictivos, llegando a "usar armas blancas
contra nuestros funcionarios".
Todo esto sigue un modelo estándar:
invariablemente, agitadores siempre minoritarios dan el primer paso para
iniciar el conflicto; las federaciones estudiantiles se pronuncian a posteriori
, para mantener las tomas con votaciones realizadas en asambleas que adoptan
procedimientos ad hoc .
Las demandas comunes de los estudiantes en las
distintas universidades buscan básicamente resolver problemas de becas y
créditos, que se engloban en una educación no determinada por diferencias
sociales o económicas, pero los controladores de las tomas añaden en sus
petitorios temas como democratización, estatización y triestamentalidad, para
que los planteles sean administrados por "gobiernos universitarios",
y otros de política general, que se exacerban en época de elecciones. Esto
exhuma visiones de los movimientos en los años 60, con fuerte participación del
Partido Comunista.
Entretanto -ahora como hace medio siglo- la
pérdida de clases causa un daño difícilmente reversible a la calidad de la
formación de más de una promoción de nuestros alumnos de la educación superior,
lo que no parece preocupar realmente a las minorías extremas. Parece hora de
que, en interés propio, las auténticas mayorías estudiantiles se hagan
escuchar.
Revisión al sistema de beneficios penitenciarios.
El hecho de que dos de los inculpados de
participar en un robo que terminó en el homicidio de un Subteniente de
Carabineros habían sido favorecidos por beneficios carcelarios, como la salida
diaria de uno de ellos -que incluso había quebrantado y se encontraba prófugo
desde marzo- y de libertad anticipada el otro, ha causado desconcierto en la
opinión pública y movió al Ministro del Interior a anunciar una exhaustiva
revisión de las medidas que dependen de Gendarmería.
El condenable homicidio de un oficial de
Carabineros en acto de servicio a manos de delincuentes que habían obtenido
beneficios penitenciarios, no justifica un cuestionamiento conceptual de la
existencia de ese tipo de medidas, sino -como ha dicho el Gobierno- a la
revisión de las mismas y del procedimiento conforme al que se determina su
procedencia, para que cumplan efectivamente con el fin de rehabilitación y
reinserción social de los condenados y no en una oportunidad para la comisión
de delitos semejantes. De otro modo, resultan contraproducentes y no hacen más
que contribuir a una sensación de impunidad de quienes quebrantan la Ley.
En ese sentido no debe perderse de vista que
los beneficios que se conceden siempre pueden ser quebrantados, pero lo que
debe determinarse es si la tasa de incumplimiento en nuestro medio es
comparable a otros países y si el otorgamiento está mejorando los índices de
rehabilitación frente al cumplimiento íntegro de las condenas, como asimismo
qué rectificaciones deben introducirse para mejorar los resultados.
La regulación de los beneficios propiamente
penitenciarios (salida dominical, salida de fin de semana y salida controlada
al medio libre) es, en general, correcta: los otorga Gendarmería con informe
del consejo técnico del establecimiento penitenciario y progresivamente a
medida que se acerca el momento de optar a la libertad condicional, en función
de variables como las necesidades de reinserción social del interno, presunción
que respetará las normas que lo rigen y que no continuará su actividad delictiva,
entre otras. Por su parte, la libertad condicional, que requiere el
cumplimiento de la mitad de la condena, observancia provechosa de actividades
internas y buena conducta, la conceden comisiones integradas por funcionarios Judiciales,
en que cabría suponer que es determinante el acatamiento exhibido de los
beneficios obtenidos.
Sin embargo, cifras de Gendarmería indican que
en 2012 el quebrantamiento de las salidas aumentó en 23% respecto del año
anterior, por lo que cabe preguntarse por los criterios que se están aplicando
para concederlas como también por los recursos destinados a fiscalizar su
observancia. Sería lamentable que se estuviere actuando con automatismo frente
a la llegada de los plazos para postular, sin realizar las ponderaciones exigidas
por la reglamentación, o bien como un mecanismo para descongestionar las
cárceles. Asimismo, es necesario distinguir la gravedad de los delitos
cometidos, donde al homicidio no se le atribuye la importancia que amerita: uno
de los inculpados de la muerte del Subteniente Silva había dado muerte antes a
otra persona y, no obstante, gozaba de una reducción de condena. Mejorar el
proceso de reinserción y rehabilitación es absolutamente indispensable, pues la
mera aplicación de la cárcel no es respuesta suficiente.
Algunas cartas para reflexionar.
Señor Director:
Violencia en La Araucanía.
La violencia ha golpeado nuevamente a nuestra Región.
En circunstancias que son objeto de investigación, perdió la vida Rodrigo
Melinao Licán. Los medios de comunicación informan que ello ocurrió como
consecuencia de un disparo con arma de fuego. Esperamos que una investigación
eficaz nos permita saber qué pasó y llevar al o los autores ante los Tribunales
en el más breve plazo posible.
Nos duele la violencia en La Araucanía. Una vez
más queremos transmitir nuestro mensaje de paz. No podemos acostumbrarnos a que
este ambiente de inseguridad se vuelva algo normal y perdamos la capacidad de
asombro. Todo Chile debe sentir y sufrir lo que pasa en nuestra Región. Este
año de elecciones Presidenciales y Parlamentarias, esperamos que todo el mundo
político tenga muy presente esta realidad y le den la prioridad que hace rato
venimos pidiendo.
El dolor de esa familia y de todos los
parceleros que viven en ese entorno nos debe afligir a todos.
Los habitantes de La Araucanía somos chilenos
como cualquier otro y tenemos el mismo derecho a vivir en paz, sin distinción
de etnia, credo religioso, nivel socioeconómico o distinción de ningún tipo.
Solo de la mano de la Justicia en todos los casos alcanzaremos la paz.
Emilio Taladriz M., Presidente Multigremial de
La Araucanía.
Señor Director:
Marihuana.
La candidata Michelle Bachelet dijo en el
matinal de Chilevisión, sobre la marihuana, que ella no la ha consumido, por lo
que para muchos podría ser considerada “perna”. Sería una lástima que, al
contrario y tal como pasó años atrás con el cigarrillo y el alcohol, se
considerara “cool” a quien fuma marihuana. Me temo, sin embargo, que los
rostros y figuras públicas que apoyan la despenalización del consumo de esta
droga en diversas campañas y en redes sociales están instalando precisamente la
idea de que es lo más normal del mundo fumar marihuana.
Alejandro Bascur Bruce.
Señor Director:
Trayectoria política.
El problema de las alabadas primarias,
particularmente si son armadas a última hora y con poco margen para propaganda,
es que pueden dejar fuera de competencia a Parlamentarios con probada
trayectoria en beneficio de candidatos con adherentes más organizados y
disciplinados. Así, me parece que el alejamiento del Diputado Enrique Accorsi
es una pérdida para el Congreso.
Miguel A. Vergara Villalobos.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.