La prohibición de la memoria,
por Jorge Edwards.
Confieso que me gustaba la política española de
los años de salida del franquismo. Me parecía un ejemplo de buena convivencia,
de voluntad democrática, de síntesis de la memoria y el olvido en proporciones
inteligentes. Ahora el debate político se ha puesto más áspero, la memoria del
pasado más invasiva e intolerante. Me da la impresión de que el ideologismo
empieza a predominar de nuevo sobre la ideología y sobre el buen manejo de las
ideas. Escribo con el rumor de fondo de una comparecencia del Presidente del Gobierno
ante el Congreso, sobre las voces de un debate veraniego apasionado y
acalorado. El tema central es el de la corrupción en la vida política, ni más
ni menos. Es un tema esencial de la democracia, de las sociedades modernas,
desarrolladas, de la cultura de nuestros días. Y me llego a preguntar si puede
hablarse de cultura en el sentido más serio de la palabra, de verdadera
convivencia civilizada, en los días que corren. Los problemas de corrupción
existen en China, en Rusia, en Italia, en España, en Brasil y en Chile, en
todas partes. Pero existen con matices diferentes, con posibilidades menores o
mayores de salida. El Papa les dice a los jóvenes que tienen derecho a
rebelarse. Yo creo que tienen derecho, pero a la vez tienen que cumplir con
muchas obligaciones. Pueden tirar tomates podridos, pero ¿pueden tirar bombas
molotov? ¿Pueden destruir impunemente sus propios establecimientos
estudiantiles? Y los rebeldes mapuches del sur de Chile tienen todos los
derechos de este mundo, y en primer lugar el de ser escuchados, pero ¿tiene
sentido hacer valer un derecho humano en forma violenta, incendiando una casa y
permitiendo que sus dueños mueran carbonizados? ¿Es posible que la
reivindicación se transforme en opresión, en racismo de otro cuño?
Cuando se salía de períodos históricos negros,
había una tendencia instintiva a entenderse, a darse la mano por encima de
barreras anquilosadas. Se había vivido tantos años en la rigidez, que el
espíritu de convivencia adquiría una atracción natural. Son actitudes que ahora
se gastaron, se agotaron. Después de haber leído a Montaigne durante toda la
vida, me interesé hace unos pocos años en estudiar al personaje. Al autor de
los ensayos le tocó vivir en una época de guerras de religión devastadoras,
sanguinarias. Los cronistas contemporáneos contaron que las aguas del Sena, el
río que atraviesa por el centro de París, estaban rojas en el amanecer de la
noche de San Bartolomé. Rojas de sangre, se entiende. Las víctimas, los
hugonotes perseguidos por la Liga Católica, eran defenestrados, degollados, y
los cadáveres se arrojaban al río. Eso ocurrió hace cuatro siglos y un poco
más, pero cuatro siglos, en términos históricos, no son demasiado. El Edicto de
Nantes, que puso término a la guerra religiosa, estableció la prohibición de
recordar los hechos dolorosos, violentos, que habían dividido a los franceses.
Montaigne tuvo un papel pacificador. Recomendó a su soberano y amigo Enrique de
Navarra, que después reinaría en Francia como Enrique IV, que se alejara del
partido hugonote y que se acercara a la religión católica, que representaba la
tradición francesa natural. En otras palabras, el famoso Edicto, Constitución
conciliadora, prohibía la memoria excesiva de los hechos ocurridos. Era lo
contrario de las Constituciones fundamentales, reivindicativas, memoriosas, con
las que sueñan algunos ahora. Ponía la causa de la paz, de la reconciliación
nacional, por encima de cualquier otra.
Escucho el debate en la televisión, en medio de
mis tranquilas y breves vacaciones, y compruebo que el Presidente del Gobierno
se hace una pregunta interesante: ¿por qué se piensa que los acusadores, los
que sacan a cada rato trapos sucios a relucir, tienen la razón siempre, antes
incluso de que los Jueces hayan realizado su trabajo y emitido sus dictámenes?
Puede que sea una tendencia humana, pero puede también que sea una manía
hispánica. Los museos de la memoria proliferan en nuestros mundos angustiados,
nerviosos, obsesivos. Mientras las crisis se perpetúan.
Pues bien, prefiero los debates conciliadores
de hace pocos años, que no admitían los reproches insultantes. ¿Quién tuvo la
culpa de todo, la tuvo alguien, un grupo, una facción, o la tuvimos, en alguna
medida, todos? ¿Y la Justicia, por definición, es aleccionadora, pedagógica,
humanista, o es vengativa, exclusiva, excluyente? Si leemos con atención el
preámbulo del Edicto de Nantes, uno de los clásicos Jurídicos de todos los
tiempos, podemos entender más en profundidad estos delicados asuntos, pero
¿quién, en estos días, se va a poner a leer papelotes tan antiguos? Tenemos que
insistir en nuestra cultura del brulote, del insulto cotidiano, de la no
lectura, para desgracia nuestra. Para que nuestra guerra no declarada continúe
por los siglos de los siglos. Para que nuestros triunfos sean nuestras
derrotas.
¿Salario o ingreso mínimo?,
por Rolf Lüders.
El Gobierno cedió a la presión partidaria y
accedió a incrementar el salario mínimo en un 8,8% nominal, al mismo tiempo que
anunció un proyecto de institucionalidad permanente para fijarlo. El aumento
real propuesto excede con creces el crecimiento esperado del PIB durante el
período de vigencia de dicho salario. Con ello se exacerban la injusticia y el
efecto negativo sobre el empleo formal de todo salario mínimo. En vez de crear
la mencionada institucionalidad, lo que corresponde hacer es eliminar el salario
mínimo y reemplazarlo por un ingreso mínimo socialmente justo.
Todo aumento de salario forzado -determinado
por Ley- inducirá a los empresarios a reducir, en el margen, empleo formal. No
he visto estudio técnicamente aceptable que no llegue a esa conclusión. Los
nuevos desempleados -que tenderán a estar entre los de menor productividad- no
tendrán otra alternativa práctica para subsistir que engrosar la informalidad.
Con ello las remuneraciones medias en el sector informal -que ya son más bajas-
se reducirán aún más, y aquellas del sector formal, aumentarán. Además, caerá
la productividad media de la economía. Sería preferible para todos
-trabajadores, empleadores y consumidores- no interferir en el mercado laboral
de esta forma y asegurar a los trabajadores de bajos salarios, mediante
subsidio, un ingreso mínimo más elevado.
El salario mínimo nació en Australia -entonces
uno de los países con el PIB per cápita
más elevado- a fines del siglo XIX, y tuvo por objeto evitar la
existencia de ingresos puntuales en extremo bajos. Más tarde se utilizó -y en
muchos países aún se sigue utilizando- como referencia para acuerdos salariales
particulares en aquellos sectores en que no se negocia colectivamente. Teniendo
en consideración esas finalidades y los efectos descritos en el párrafo
anterior, se ha tratado en Chile recientemente -sin éxito este año- de limitar
el reajuste del salario mínimo al aumento estimado de la productividad, más la
tasa de inflación esperada.
Chile tiene un salario mínimo de aproximadamente 400 dólares, que es elevado.
No obstante, al calcularlo en relación al PIB per cápita, la cosa cambia. Su
valor, 32%, queda dentro del rango medio-bajo que tienen países como Brasil,
EE.UU., México y Uruguay. Similar valor y jerarquía toma para Chile el índice
de Katz, que compara el salario mínimo con el salario medio de la economía.
A pesar de lo anterior, el grado de
informalidad en el mercado del trabajo en Chile sigue siendo importante y se
refleja, por ejemplo, en las significativas lagunas previsionales existentes.
Además, hay muchos -sobre todo personas jóvenes y mujeres, pero también
temporeros en las épocas pertinentes- que no encuentran trabajo al salario
mínimo vigente. Lo ideal sería eliminar el salario mínimo y junto con ello la distorsión
que genera en el mercado laboral, y alcanzar su objetivo redistributivo
estableciendo un ingreso mínimo de un monto considerado justo. Esto último se
podría lograr elegantemente -como hemos sugerido en anteriores escritos-
reemplazando nuestro complejo e ineficiente sistema de beneficios sociales por
un impuesto sobre la renta progresivo negativo.
El nuevo ciclo del centro político,
por Sol Serrano.
Aunque parezca increíble, la estructura básica
del sistema de partidos en nuestro país tiene su matriz ideológica en 1932.
Todo ha cambiado, pero la genealogía es clara en la derecha y en la izquierda.
Donde no existe tal genealogía es en el centro. Mucho se ha escrito sobre la
diferencia que significó el paso de un centro negociador, como había sido el
Partido Radical, a un centro ideológico que no buscó negociar, sino perseverar
en su camino propio, como fue la Democracia Cristiana, con las consecuencias que
sabemos. También se ha dicho hasta el cansancio que la DC se asemeja al PR en
su declinación. Sin embargo, eso se está diciendo hace 30 años, más de la mitad
del tiempo que Gobernaron los radicales. La DC como centro político ha sido
harto más longeva, más de medio siglo, y también más exitosa. Aprendió la
lección y en la restauración de la segunda crisis dramática del siglo construyó
junto a la izquierda la coalición más duradera, estable y con mayor popularidad
que conoce la historia de Chile.
Ahora el centro cambia. Lo paradojal es que
cambia porque a una parte del partido que lo representaba ya no le interesa
representarlo. La candidatura de Claudio Orrego en la primaria fue un impulso
claro en posicionar a la DC en el centro y buena parte del aparato partidista
lo dejó solo. Algunos de sus Parlamentarios ya no son de centro. Unos, porque
no están dedicados a la política, sino al poder puro y duro para ganar bajo el
cobijo de un liderazgo despampanante, y otros porque finalmente creen poco en
el modelo construido. La DC será lealmente parte del Gobierno que posiblemente
triunfe, pero en el fondo una buena parte de su masa crítica y de sus electores
se quedaron sin casa, cansados de intentar remodelarla por dentro.
Los sin casa no son solo ellos. Uno de los
fenómenos más originales de la política actual es que el centro se ha hecho
plural. Estamos ante la coyuntura del cambio de ciclo del centro. Las analogías
históricas son peligrosas, pero tentadoras. La alianza de centroizquierda del
Frente Popular terminó en una alianza de centroderecha, y con los radicales
dispersos, minoritarios y sin foco programático. No habrían ganado el 46 si la
derecha no se hubiera trenzado en una lucha intestina llevando dos candidatos.
Ese período terminó en el triunfo de Ibáñez el 52, cuya bandera era contra los
partidos y la política. Mientras el centro se pulverizó, surgía uno nuevo, la
DC, que hacia finales de la década inició un auge electoral impresionante.
Creo que ese es el ciclo que estamos viviendo,
la formación de un nuevo centro político. Posiblemente se retrasó por el
liderazgo de Bachelet. De hecho esta elección habría sido totalmente distinta
sin ella. Por ahora, su subsidio a los partidos que representó en la primaria y
a la Nueva Mayoría es sustantivo por sus votos y por los que les chorrean a sus
Parlamentarios. Por eso es un escenario más coyuntural que estructural.
El próximo período Presidencial va a ser
difícil. Resulta increíble que en estos tiempos los problemas de la
productividad, de un crecimiento que supere el capitalismo salvaje por uno
civilizado y competitivo, el peligro de vivir de materias primas, estén tan
ausentes del debate cuando sin ellos las justas demandas por igualdad pueden
estrellarse con el muro de la frustración. Por lo mismo, el centro adquirirá
progresiva importancia.
La germinación de un nuevo centro es una
tendencia de mediano plazo. No se sabe mucho ni cuántos ni quiénes son. Ahí
están los liberales desencantados de la izquierda, sectores
democratacristianos, los que votaron por Orrego, los que votaron por Velasco,
la derecha liberal y tantísimo independiente. Lo fantástico es que ninguno de
ellos tiene candidato. Votarán por sus alianzas, más por fidelidad histórica
que por vocación de futuro. Pero se irán juntando. Por de pronto, habrá una
bancada transversal en muchos proyectos, confluirán en redes sociales, en
centros de estudio, tendrán influencia en la opinión, y si el binominal lo
permite, pueden conformar partidos que constituyan una alianza entre sí. Esa
será la diferencia entre un centro fragmentado y un centro plural que
contribuya a dar Gobernabilidad, a formar coaliciones más flexibles que las
actuales, que de estables se han vuelto rígidas.
Este centro variopinto de hoy, que está inserto
en sus alianzas un poco de allegados o los que andan husmeando una nueva casa,
será un fenómeno nuevo digno de ser observado en el tiempo que viene. A
condición, claro, de que perseveren en su convicción y de que las redes del
poder no les abriguen demasiado los pies.
Ataques contra Carabineros.
Un Carabinero muerto y otros dos heridos fue el
resultado de los ataques con armas de fuego registrados en distintos hechos
delictivos en Macul (Región Metropolitana) y en Tirúa (La Araucanía). El
primero fue víctima de disparos efectuados por delincuentes cuando intentó
repeler el robo a la oficina de una caja de compensación; mientras que el
segundo ocurrió cuando dos uniformados que realizaban notificaciones Judiciales
en una comunidad mapuche recibieron impactos de perdigón.
Se trata de hechos que ponen de manifiesto la
exposición que deben sufrir las fuerzas policiales al enfrentar este grado de
violencia. El asesinato del policía en Macul ocurrió en medio de un asalto,
mientras que el de Tirúa parece ubicarse en el contexto de los grupos que
operan en el denominado conflicto mapuche. Sin embargo, ambos constituyen
episodios muy graves, que deben ser condenados de manera transversal, porque
afectan a quienes velan por el imperio del estado de derecho y la defensa de
los derechos de las personas. Una respuesta firme frente a estos hechos es más
necesaria aún cuando se constata que en los últimos años la cantidad de Carabineros
heridos por ataques ha sido significativa. De acuerdo con informes elaborados
por la institución policial, en 2010 fueron 73 los uniformados lesionados de
diversa consideración, cifra que se elevó a 982 en 2011, especialmente, por las
manifestaciones estudiantiles de ese año y los incidentes que en ellas se
generaron. En tanto, el número de efectivos fallecidos en actos de servicio supera
en su historia los 1.160.
En La Araucanía se repiten desde hace tiempo
las agresiones a funcionarios policiales, sin que hasta ahora las medidas
adoptadas en esa zona hayan servido para frenarlas. Actualmente, se discuten en
el Congreso iniciativas que buscan otorgar mayor protección a las policías en
el ejercicio de sus labores y endurecer las penas contra quienes agredan a sus
efectivos, propuestas en las que se debiese avanzar prontamente.
La campaña se ha complicado.
Si esta afirmación resulta evidente para el
oficialismo tras los sucesivos y forzados reemplazos de candidato, obligado
ahora a cumplir la tarea en mucho menos tiempo y a superar las brechas surgidas
entre los partidos al perderse el ambiente unitario que rodeó las primarias,
podría asimismo aplicarse a la candidatura de la Nueva Mayoría.
Ayer aterrizó en Santiago Michelle Bachelet de
vuelta de sus vacaciones y encontrará un escenario distinto del que dejó al
irse a Nueva York. En lugar del vacío causado por la enfermedad de Pablo
Longueira, tiene ante sí a Evelyn Matthei, que ha logrado posicionarse en pocos
días como una abanderada competitiva, desplegó ya su campaña con salidas a
terreno y la enfrenta claramente.
Ante esa nueva situación, en la coalición
opositora sus voceros han salido a negar con insistencia cualquier similitud de
atributos entre ambas, y el vocero Alvaro Elizalde las compara sosteniendo que
mientras el liderazgo de Bachelet es de unidad, el de Matthei “divide” y su
biografía está “asociada a los peores episodios de la democracia”. Sin embargo,
este mismo esfuerzo lleva a deducir que la existencia de una competidora
femenina, hija de un General de la FACh y figura política con larga trayectoria
como ella, es un real desafío para la ex Presidente.
Otro factor también incide en el carácter
peculiar de esta campaña. Las múltiples y potentes demandas del electorado,
sobre todo el de izquierda, y los resquemores y el temor de una hegemonía de la
UDI en Renovación Nacional, obligan a los candidatos a actuar con pies de
plomo, cuidando sus declaraciones, sea para no comprometerse a lo imposible o
para garantizar un trato equitativo hacia sus huestes. Hasta en las
susceptibilidades originadas por las listas Parlamentarias y por el contenido
de los programas, se aprecia que esta vez más que los aciertos de los
postulantes pesará en el resultado el no cometer errores que alejen a uno u
otro sector de un electorado sumamente fraccionado.
Matthei y RN. Ella se perfila como candidata unitaria. Esta
semana logró conformar un comité político con figuras destacadas de RN (Senadores
Espina y Chahuán) y Evópoli (Jorge Saint-Jean), lo que no es algo menor, y
están en plena elaboración las propuestas programáticas y los equipos de
trabajo conjuntos. La tensión en las dos principales colectividades se ha ido
aplacando y RN se encamina al Consejo General que habrá de ratificar o rechazar
a Matthei como la abanderada común. Esta semana hubo al respecto gestos
indicativos, informados por “La Segunda”: ella tiene un abrumador respaldo
entre los Diputados de Renovación y uno también importante en sus Presidentes Regionales.
Sin duda, hay un sector del partido que preferiría tener candidato propio, pero
es poco probable que logre levantarlo al haber descartado esa posibilidad
Andrés Allamand y dados los acotados plazos de que se dispone, ya que el 19 de
agosto deben estar inscritos los aspirantes a La Moneda. Eso sí —y esto es
parte de la habitual negociación eleccionaria— surgen voces desde RN pidiendo
más gestos de la UDI, como una equitativa distribución de los recursos
económicos para la campaña, y el Presidente de la tienda, Carlos Larraín,
elogia las decisiones unitarias de Evelyn Matthei, pero hace notar que lleva
una contabilidad de ellas para, según eso, tomar la correspondiente
determinación en el Consejo.
La plantilla Parlamentaria de la Nueva Mayoría
sigue trabada. Pese a que Bachelet pidió a los partidos opositores que la
tuvieran lista antes de su partida a Estados Unidos, ellos no pudieron cumplir
entonces y tampoco lo han hecho a su regreso. El tapón más evidente es el Presidente
del Partido Radical, José Antonio Gómez, que pese a que antes de las primarias
dio a entender que no tenía tales aspiraciones, pide un cupo para seguir siendo
Senador. El problema es que alguien tendría que cederle el suyo, pero hasta
ahora nadie en ningún sector parece dispuesto a hacerlo.
Asimismo, ha habido reparos éticos en el PPD
respecto a algunos nombres y discrepancias en el PS sobre su apoyo a Giorgio
Jackson. Estos asuntos irritan al comando bacheletista, y la vocera Javiera
Blanco dijo esta semana que siempre la ex Presidente “va a tener la última
opinión respecto a la plantilla”, pero rápidamente debió corregirse pues los
partidos no aceptan renunciar a esa prerrogativa y mientras tanto presionan
para buscar una salida, la que en todo caso dejará más de algún herido.
El Gobierno y sus partidos. Luego de semanas
difíciles, durante las cuales perdió la iniciativa política debido a las pugnas
entre las colectividades que lo apoyan, La Moneda busca ordenar las filas. El
Presidente Piñera cenó con los Diputados RN con el objeto de recomponer las
relaciones y despejar la idea de que había favorecido a la UDI. Asimismo, se
reunió ayer, junto a los Ministros RN, con la directiva y prepara gestiones
para que opere sin problemas la discusión sobre la reforma al sistema
binominal, en la que existen tres proyectos, promoviendo conversaciones para
lograr un acuerdo entre las bancadas oficialistas y opositoras del Senado. El
Gobierno se desplegó también exitosamente para detener el paro de los
recolectores de basura, que estaba a punto de convertirse en una bomba de
tiempo social. Pese al intento de los Alcaldes de oposición de endosar el
conflicto al Ejecutivo, éste maniobró en combinación con Alcaldes de la Alianza
para llegar finalmente a un acuerdo con los trabajadores.
Parlamentarios ausentes.
La Ley Orgánica del Congreso Nacional dispone
que es deber de los Parlamentarios asistir a las sesiones de sus respectivas Cámaras
y a las de las comisiones a que pertenezcan, pero no establece una sanción si
esa norma se infringe.
Últimamente, ausencias muy numerosas de Parlamentarios
han obligado a postergar la discusión de proyectos importantes, como ocurrió
con la reforma a la Ley de Primarias. En lo que va del actual período Parlamentario
(2010-2014) se han producido 4.279 inasistencias a sesiones de sala de la
Cámara Baja, de las cuales menos de la mitad (1.870) han sido justificadas.
Ante esta situación se ha planteado que tales
inasistencias deberían ser sancionadas con una multa imputable a la dieta. Al
respecto, ya en 2011 un grupo de Diputados presentó una moción. Sus autores,
los Diputados Browne, Rubilar, Edwards y Sabat (RN), Hasbún y Hoffmann (UDI) y
Chahín, Saffirio y Torres (DC), estiman necesario penalizar aquellas ausencias
que arriesgan la aprobación de Leyes. A su juicio, esta iniciativa cumple
"con el principio de igualdad, asimilando la situación de un Parlamentario
a la de cualquier particular o empleado Fiscal, que ve disminuida su
remuneración ante inasistencias injustificadas". El Ejecutivo mira esta
iniciativa con interés, y podría incluirla en su proyecto para modernizar la
labor del Congreso.
El prestigio del Legislativo, esencial para
nuestra democracia, depende de la responsabilidad con que se ejerza la función Parlamentaria
y del respeto que con eso se demuestre a los representados. De quienes cumplen
un mandato ciudadano y reciben por ello remuneraciones suficientes y ventajas
anexas, es exigible el cumplimiento irrestricto del mismo. Para asegurarlo,
desde 1990 varias iniciativas adoptadas por diferentes mesas directivas de las Cámaras
han buscado devolver a la función Parlamentaria el reconocimiento público que
necesita, e importantes reformas a los reglamentos han incluido normas sobre
información corporativa, asesorías externas, asignaciones parlamentarias y
auditorías, entre otras.
Pese a este esfuerzo, subsisten deficiencias
serias, como las referidas inasistencias injustificadas, que podrían superarse
incluso con la normativa ya vigente. El artículo 77 del Reglamento de la Cámara
dispone "que cuando deba levantarse una sesión por falta de quórum, los Diputados
que no se encuentren en la sala serán sancionados con una deducción sobre su
dieta que determinará la Comisión de Régimen Interno (...). Para estos efectos,
esa Comisión, en la primera sesión que celebre al iniciarse cada período Legislativo,
fijará el monto de las deducciones que corresponda aplicar sobre la dieta Parlamentaria
por concepto de multa a inasistentes en sesiones fracasadas y por faltas al
orden". El Senado contempla rebajas a la dieta por la segunda causal, cuyo
monto dependerá de la gravedad de la misma.
Si tales criterios elementales no son
satisfechos, no puede extrañar que las encuestas muestren que,
independientemente de su posición política, el 68% de los consultados
desaprueba la forma como está desarrollando su labor el Senado, y el 74% lo
haga respecto de la Cámara Baja (Adimark, mayo 2013).
Cambios en las cifras delictivas.
Las estadísticas de denuncias, publicadas
periódicamente por el Ministerio Público o puestas online a disposición de la
ciudadanía por Carabineros de Chile, muestran un leve aumento en los delitos
reportados durante este año. Sin embargo, las denuncias dependen de varios
factores, entre ellos la gravedad del delito y el nivel socioeconómico de las
víctimas, por lo que las encuestas de victimización son mejores instrumentos
para medir el curso real de la delincuencia.
A este respecto, la reciente encuesta de Paz
Ciudadana-Adimark, relativa a robos o intentos de robo en el primer semestre de
2013, estableció una tasa de victimización en hogares de 37,6%, cifra
estadísticamente igual a la del segundo semestre de 2012, pero inferior a la
registrada en igual semestre de 2012, cuando ascendió a 39,3%. No hubo cambio
significativo en Regiones, y solo un aumento en la victimización en Santiago,
específicamente en el sector surponiente y en hogares de bajos ingresos.
Por su parte, las personas en un rango de alto
temor alcanzaron el 13,3% en el nivel nacional, y sí aumentó significativamente
en relación con el semestre inmediatamente anterior, en que se había registrado
el nivel más bajo de la serie (11,7%). Esa variación se explica por un aumento
en Regiones, no en Santiago, y en hogares de nivel socioeconómico medio.
El que Chile cuente con diversas estadísticas
delictivas, tanto públicas como independientes, es no solo positivo, sino
indispensable para el diseño de políticas públicas eficaces. Sin embargo, no es
fácil para la opinión pública comprender que los datos deben ser analizados
considerando no solo su contenido preciso, sino también su contexto, y en
perspectiva.
Así, si bien esta encuesta establece nuevamente
que la victimización es un factor de gran relevancia para explicar los niveles
de temor de las personas, desde hace algunos años indica que estas variables no
se mueven siempre en la misma dirección, tal como se observa en los resultados
nacionales y como ocurre en muchos países. Una hipótesis plausible para
explicar esto es la que esgrimen economistas y psicólogos del comportamiento,
quienes han comprobado la teoría según la cual los seres humanos sobreestimamos
la probabilidad de ocurrencia de hechos de los cuales tenemos ejemplos
concretos, y que, por lo tanto, los medios de comunicación masiva jugarían un
papel en las percepciones subjetivas.
Por otra parte, y también hace ya varios años,
todas las fuentes indican la existencia de patrones en la actividad delictiva.
La encuesta de Paz Ciudadana registra por tercera vez un aumento en la
victimización en el sector surponiente de la capital y, nuevamente, el 25% de
los hogares concentra prácticamente el 90% de los hechos reportados. No
obstante, esta información caracteriza el fenómeno, pero en ningún caso es
suficiente para realizar recomendaciones concretas sobre qué hacer, pues sigue
siendo una agrupación estadística de miles de problemas delictivos de muy distinta
naturaleza, y el sentido común no basta para formularlas. Comprender cabalmente
las causas mediatas y desplegar estrategias eficaces es, en cambio, el espíritu
del Sistema Táctico de Análisis del Delito desplegado por el Gobierno y
Carabineros. Y la evidencia es igualmente clara en señalar que no hay atajos:
lograr bajas sostenidas en la victimización requiere un esfuerzo también
sostenido y sistemático de las autoridades e instituciones, que trascienda a
los períodos Gubernamentales, para realizar modernizaciones que maximicen el
aporte de cada órgano a la reducción del delito, y para ampliar sustancialmente
la cobertura de programas de prevención y reinserción basados en evidencia.
Las reformas laborales de la oposición.
El documento que los partidos del pacto Nueva
Mayoría entregarán próximamente a su candidata para contribuir a su programa de
Gobierno es bastante general en varios ámbitos, pero en algunos, como el
laboral, entra en mayores detalles y parte de un diagnóstico obvio, cual es que
los orígenes de la desigualdad están en los bajos salarios y empleos precarios
de un sector importante de la fuerza de trabajo.
Las tasas de participación laboral en Chile,
sobre todo de jóvenes y mujeres, siguen siendo bajas. Sin embargo, no es claro
que eso sea resultado -como sostiene el documento- de un marcado desequilibrio
en las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. En realidad
ocurre que la mitad de la fuerza de trabajo en Chile no terminó la educación
media y la escolaridad a la que accedió fue de pésima calidad. Como
consecuencia, sus niveles de productividad son muy reducidos. Esta situación es
especialmente adversa para la igualdad salarial en una economía como la
nuestra, abundante en recursos naturales y que, por tanto, genera estructuras
productivas intensivas en capital físico y humano. Se agrega a este cuadro
negativo el que nuestras políticas de capacitación son muy deficientes.
Por cierto, economías fuertemente
sindicalizadas pueden conseguir mejores salarios en el corto plazo, pero, si
eso no tiene respaldo en productividad, más temprano que tarde las empresas
sustituyen trabajo por capital, o promueven tecnologías que ahorran en trabajo
y producen desempleo. Así, no hay avances en igualdad salarial. Algo de esto
vivieron muchos países industrializados desde mediados de los 70, y su
conclusión fue que hay que mantener mercados laborales flexibles.
Además, la tasa de sindicalización en esas
naciones ha caído de modo significativo: para los miembros de la OCDE, desde
35% promedio en los años 60, a tasas actuales de 17%, aproximadamente. Ninguno
se ha eximido de estas tendencias, aunque en algunos pocos la caída ha sido
menos pronunciada y se han mantenido tasas altas de sindicalización. No hay una
única explicación para el fenómeno de dichas tasas, pero muchos expertos
coinciden en que los avances técnicos, la globalización y la especialización no
siempre hacen que los sindicatos sean las mejores instituciones para negociar
las condiciones laborales de todos los trabajadores, y no solo de algunos de
ellos, colocados en la base.
En los partidos de la Nueva Mayoría, estos
cambios mundiales no parecen haber provocado debate -si bien el encargado del
área laboral de Bachelet ha anunciado que consultará este documento con todas
las bancadas de su sector-. Quizá por eso se promueve una sindicalización
automática de los nuevos trabajadores, y si bien se permite una desafiliación
posterior, para hacer coherente su propuesta con la libertad de afiliación, es
fácil prever las presiones que recibiría un trabajador nuevo, o las trabas que
enfrentaría para renunciar a ese automatismo. No parece haber experiencias de
esta naturaleza en el mundo. Esto no sorprende, ya que esta política presume
que para un trabajador sería siempre más conveniente estar afiliado a un
sindicato que no estarlo, planteamiento sumamente dudoso, dados los desarrollos
recientes.
También se postula, entre otras
recomendaciones, terminar con los grupos negociadores, prohibir el reemplazo
durante la huelga, dificultar el despido y promover la negociación por rama.
Son políticas antiguas, que más que beneficiar a los trabajadores pueden
perjudicarlos, porque en vez de reforzar su poder negociador desincentivan la
demanda por trabajo. Por cierto, hay espacio para impulsar relaciones laborales
que eleven la productividad y beneficien tanto a los trabajadores como a las
empresas, pero eso supone promover una mayor colaboración, aumentando, por
ejemplo, los asuntos que pueden ser objeto de negociación colectiva, en vez de
promover políticas que ven a ambas partes como adversarias.
Correspondencia para meditar.
Señor Director:
Muerte de Carabinero.
Conozco de cerca la realidad de nuestros Carabineros,
a los cuales hago llegar mi profundo respeto y solidaridad, y los insto a
seguir con su noble misión.
La muerte de un joven oficial nos debe hacer
reflexionar sobre qué tipo de sociedad construimos y qué elementos de
protección damos a quienes valientemente nos defienden de la delincuencia día a
día. Atacar a un policía en muchos lugares en un delito gravísimo. En Chile,
atacarlos con bombas molotov o ácido con el fin de causar el mayor daño,
incluso la muerte, no pasa de ser un delito común.
Hay varias Leyes pendientes que necesitan ser
aprobadas con urgencia, o seguirán ocurriendo hechos tan lamentables como los
de estos días.
Andrés Solari L.
Señor Director:
Jacobinismo galopante
No comprendo el concepto de libertad de
expresión del señor Luis Villavicencio, a propósito de los repudiables actos al
interior de la Catedral de Santiago.
Sabemos que el lenguaje de los derechos humanos
viene sufriendo en las últimas décadas un proceso de inflación dialéctica,
indeterminación conceptual, e incluso de anomia prosódica. Pero esto ya es
demasiado. Sugerir que los católicos debemos quedarnos tranquilos en nuestros
propios templos, casi complacidos, mientras asaltan nuestros altares,
interrumpen nuestro culto e insultan a nuestro Dios, porque a eso hay que
llamarle "libertad de expresión", suena más bien a un alegato en
favor de la agresión religiosa al estilo del "cara, yo gano; sello, tú
pierdes". Lo que me recuerda el uso que los jacobinos hacían de la
libertad (también de expresión) antes de emprenderla contra sus víctimas.
Iluso yo, que pensaba que el jacobinismo se
había extinguido.
Julio Alvear Téllez.
Pueblos bien
informados
difícilmente
son engañados.
