¿Qué es un encapuchado?
por Joaquín García Huidobro.
No solo para el Gobierno es importante que se
distinga entre el ejercicio de la libertad de expresión y el uso de capuchas
para destruir la ciudad y enfrentarse contra la policía. Todos sabemos que la
oposición no solo aspira, sino que tiene altas probabilidades de llegar a La
Moneda. También sabemos que, si vuelve al poder, su gran problema será cómo
asegurar la Gobernabilidad. En una coalición tan heterogénea no será fácil
poner de acuerdo a René Cortázar y Camila Vallejo. Además, aunque Michelle
Bachelet tiene muchas virtudes, no se caracteriza por reforzar el sentido de la
autoridad.
De modo que, por el bien del país y para
ahorrarse problemas, no estaría mal que la oposición fuera despejando el camino
para asegurarse de que podrá manejar el orden público de manera razonable,
desde las calles de Santiago hasta las tierras de La Araucanía.
La discusión sobre qué hacer con los
encapuchados exige clarificar dos cosas diferentes. En primer lugar, si esos
manifestantes están ejerciendo su libertad de expresión al cubrirse la cara en
las marchas. En segundo lugar, si la llamada “Ley Hinzpeter” es una buena Ley.
La discusión se ha empantanado no por
cuestiones de técnica Legislativa, sino porque muchos Parlamentarios parecen no
entender que el uso de la capucha en las marchas no es un modo legítimo de
expresión. La capucha y el pasamontañas no quieren expresar algo, sino lo
contrario: no expresar. Buscan precisamente no mostrar la cara ni exteriorizar
la propia opinión mediante un discurso inteligible.
Quien se pone una capucha hace algo muy
distinto de quien emplea una calabaza de Halloween o una máscara en el desfile
de los zombis. En determinados contextos, un pasamontañas o una capucha son un
instrumento para delinquir mejor.
¿O alguien diría que una persona que entra a un
banco con la cara recubierta con una media que le deforma el rostro, y con un
elemento contundente en la mano, está expresando algo, salvo su deseo de
quedarse con los ahorros ajenos?
Una vez que se reconozca que la práctica de los
encapuchados es ilegítima, la cuestión de su tratamiento Legal no debería ser
muy difícil.
Más complicado, en cambio, resulta saber si el
Presidente Piñera cometió un error cuando, con ocasión del asesinato del Subteniente
Daniel Silva, instó a los Parlamentarios a aprobar pronto la Ley contra los
encapuchados. La furia de Twitter fue indescriptible. ¿Qué tiene que ver un
asalto cometido por delincuentes comunes, que matan a un Carabinero en un
asalto, con un legítimo ejercicio de la libertad de expresión, como es el hecho
de ponerse una capucha? Lo menos que le dijeron es que pretendía lucrar con el
dolor de la familia de la víctima.
¿Se equivocó el Presidente? Me parece que,
lejos de haber incurrido en un error o un abuso, está apuntando a un problema muy
de fondo: el respeto a la Ley no es un acto aislado, sino parte de todo un
clima social. Sucede, sin embargo, que durante la última década se ha ido
instaurando un modo de convivencia donde las agresiones a la policía están
pasando a ser parte del paisaje que nos rodea. Cabe, entonces, que el asesinato
de Daniel Silva sea la expresión más extrema de una tendencia preocupante,
caracterizada por la falta de respeto por la Ley, la autoridad y el orden. Los
encapuchados son otro eslabón de la misma cadena.
Con todo, esta tendencia no se resuelve con una
Ley de encapuchados. Es necesario atacar muchos frentes a la vez. La ciudad no
sufre solo cuando los encapuchados tiran piedras en las vitrinas o los
grafiteros hacen de las suyas, sino también con los edificios que no armonizan
con el entorno. A los Carabineros se les falta el respeto arrojándoles piedras,
pero también utilizando un tono despectivo cuando van a sacar un parte. Las
funciones sagradas las profanan los que las interrumpen con gritos y vandalismo,
pero las banalizan quienes se retiran de ellas para contestar una llamada
telefónica. No solo los pirómanos destruyen el bosque nativo, sino también
determinados proyectos inmobiliarios hechos de manera poco cuidadosa. Todos
estos bienes están relacionados.
Resolver la cuestión de los encapuchados es una
parte pequeña, aunque importante, del problema más general de la falta de
respeto por la Ley y la autoridad. Los encapuchados no son la causa de nuestros
males. Un encapuchado es el fruto necesario de largos años de demolición de la
autoridad de los padres, de los profesores, de los Gobernantes y, en
definitiva, de la Ley.
Candidatura Senatorial riesgosa,
por Axel Buchheister.
La Alianza se encuentra en búsqueda de
candidatos competitivos para potenciar sus posibilidades en las elecciones Parlamentarias.
En la Región de Antofagasta, Renovación Nacional ha recurrido como candidato a
una figura con imagen potente y cuya gestión en el Consejo de la Cultura fue
muy bien evaluada: Luciano Cruz-Coke.
Pero no es tan fácil, porque existe un
inconveniente: hasta hace poco tiempo ostentaba el cargo de Presidente del
Consejo de la Cultura con “rango de Ministro”, aunque formalmente fuera sólo un
“Jefe de Servicio”. Son estos funcionarios “jurel tipo salmón” que ha creado la
Ley, una figura híbrida confusa, conforme a la cual son y no son, porque tienen
la mayoría de los privilegios del cargo (salvo el sueldo), pero según parece no
los costos asociados. Algo muy chileno.
Conforme con la Constitución, no puede ser
candidato a Diputado o Senador quien en el año previo a la elección haya sido Ministro
de Estado. Nada dice sobre figuras híbridas. La razón de ese impedimento es que
el poder que confiere el cargo de Ministro facilita la construcción de una
plataforma electoral, sobre todo cuando se aproxima la votación. Entonces, no
siendo clara la letra de la norma, si nos estamos a su razón de ser, pareciera
que los funcionarios con rango de Ministro quedan afectos a ella.
La Concertación objetará la postulación de
Cruz-Coke ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Contará para ello con
antecedentes que no cabe menospreciar, como múltiples apariciones en la prensa
en calidad de Ministro, la página web del Consejo que habla de “Ministro de
Cultura” a secas, asistencia a los Consejos de Gabinete o palabras del
Presidente refiriéndose a él como Ministro. También el trato que se le concedió
en el Congreso, permitiéndole ingresar sin más trámite a la sala (cualquier
autoridad distinta de un Ministro requiere expresa anuencia). Asimismo, lo
complica un precedente Judicial: la Carta Fundamental indica que toda acción
civil interpuesta contra un Ministro de Estado por actos propios de sus
funciones, requiere contar con la aprobación previa del Senado, para evitar que
sean hostilizados con demandas Judiciales, y recientemente se presentó una
contra la ex “Ministro del Sernam”, que supuestamente sólo era una Jefe de Servicio.
El Tribunal entendió que era propiamente Ministro y remitió el caso al Senado
para que ejerza su atribución, con lo que entonces la palabra final en este
precedente la tiene la Concertación, con mayoría en el Senado.
Lo complejo es que una vez que se inscribe la
candidatura, no hay vuelta atrás: si el Tricel inhabilita al candidato, no se
puede reemplazar. En ese evento, la probabilidad de que el representante de la
UDI -que iría solo- sea doblado, será alta, sobre todo si va por fuera el Senador
Cantero, como ha anunciado. La Concertación ejercería un derecho al impugnar al
candidato RN, aunque no tenga mucha autoridad: con sus votos contribuyó a crear
esta figura confusa y si el candidato fuera suyo, indudablemente estaría
argumentando lo contrario. Porque argumentos y precedentes en sentido inverso
hay, pero apostar el destino de una candidatura Senatorial a un fallo Judicial
que nadie puede predecir, es arriesgar mucho y no necesariamente lo más
sensato.
Prioridades Legislativas: necesidad de foco.
Como es natural, los tiempos para Legislar del
actual Gobierno se tornan cada vez más estrechos. Sin embargo, su agenda sigue
siendo ambiciosa. El Presidente ha reiterado en diversas ocasiones que sus
prioridades son seguridad ciudadana, educación y salud. En algunas
oportunidades, a esta trilogía ha agregado energía y transporte público. En
todas estas áreas los proyectos que están tramitándose en el Congreso son
complejos, no siempre despiertan consensos rápidos y se requiere, por tanto,
que los equipos de Gobierno estén concentrados en llevarlos adelante. En
energía, por ejemplo, los proyectos de Ley de carretera eléctrica, concesiones
e interconexión entre los subsistemas del país aún requieren mucho diálogo. Y
esto, sin contar con la especulación acerca del deseo de la oposición de no
darle "logros" al Gobierno en plena campaña, como lamentablemente se
vio esta semana en una obstaculización final a la Ley del Deporte.
Otro tanto ocurre con los proyectos de
educación. Aquí la agenda es nutrida y, probablemente, hay iniciativas que no
tienen grandes posibilidades de avanzar. Es el caso, entre otras, de la
relativa a financiamiento de los estudiantes de la educación superior, porque
el pacto Nueva Mayoría está promoviendo avanzar hacia la gratuidad en este
nivel, idea que ese proyecto no comparte. Sin claridad respecto de lo que la
oposición quiere impulsar, es difícil que pueda avanzar. No obstante, otros
planes podrían concretarse, pero eso requiere una negociación política de
envergadura, que demandaría un mayor acompañamiento a la Ministro de Educación
por sus pares de La Moneda: carrera docente, nueva Ley de acreditación, Superintendencia
de educación superior y autorización y supervisión de jardines infantiles, son
proyectos que podrían aprobarse con un buen trabajo político del Gobierno.
También en salud deben asegurarse acuerdos para
avanzar en las iniciativas que abordan el plan garantizado de salud en el
sistema privado, rotulado de alimentos y ampliación de la competencia en la
venta de fármacos, entre otras. Por diversas razones, ha sido difícil
concretarlas, e igualmente se requiere un gran empuje para sacarlas adelante y
el concurso no sólo del Ministro de Salud, sino que también de los Ministros
políticos.
Y en estos mismos días, el país ha observado
que tampoco está siendo fácil la tramitación de los proyectos del Ejecutivo
contra la delincuencia y la violencia. En este caso, el Presidente Piñera se ha
involucrado, al menos en su discurso, para empujar su tramitación. Es una
demostración de que se necesita un trabajo muy coordinando y con un
involucramiento decidido de las autoridades políticas, más allá de las
sectoriales, en la concreción de las prioridades definidas.
Por todo lo anterior, sorprende -ya que no ha
sido mencionado entre sus prioridades- que el Presidente destine tiempo propio
y, obviamente, de sus Ministros políticos, a promover a estas alturas de su
mandato nuevos cambios fundamentales en el sistema electoral, en el sistema de
reemplazo de las vacancias en el Congreso y en la regulación de la reelección
de los Parlamentarios. Es sabido que el Mandatario no comparte las reglas
actuales en estos ámbitos, pero los Gobiernos tienen que elegir sus líneas de
acción, y esta no fue considerada en su momento. En las postrimerías del
Gobierno no tiene sentido abordarlo, pues solo distrae esfuerzos. Por cierto,
si hubiese grandes acuerdos en torno a estos asuntos se entendería la actuación
Presidencial, pero no los hay. Existen ya tres propuestas, y la oposición no
tiene una postura única sobre la materia. Las posibilidades de Legislar en esta
materia con éxito son, por tanto, inexistentes. Y, entretanto, por falta o
imposibilidad de dedicación, se reduce la posibilidad de Legislar en los
asuntos que el propio Gobierno ha definido como sus prioridades.
Elevado nivel del gasto público.
El informe de la ejecución del presupuesto
público del primer semestre de este año, entregado esta semana por el Gobierno,
revela que se mantiene un nivel de aumento del gasto público por encima del
crecimiento económico del país, y que ya se comienzan a avizorar restricciones
en los ingresos luego de un largo período de bonanza. Todo este panorama
debería llamar a la prudencia a las candidaturas Presidenciales en competencia,
para evitar la generación de expectativas desmesuradas de aumento de beneficios
sociales. Es indispensable, además, que se introduzca como antecedente en el
debate político las limitadas posibilidades que existen de seguir aumentando el
gasto público sin comprometer el desarrollo sustentable del país.
En lo que se refiere a los ingresos del Gobierno
central, los datos entregados por la Dipres muestran una caída de un 5,6% real
en el primer semestre, en comparación a igual período de 2012, principalmente
por una disminución de los impuestos pagados por las empresas mineras, en razón
de la caída de los precios del cobre, lo que también afectó los excedentes
generados por Codelco. Por su parte, el gasto devengado del Gobierno central
alcanzó un aumento de 6,8% en relación a igual período de 2012, lo que excede
largamente las estimaciones de crecimiento en torno a 4% del PIB para este año,
y lleva a proyectar un déficit efectivo de 1,2% del PIB para 2013. Se va
configurando así un panorama más claro de lo que será la gestión Fiscal de esta
administración, la que si bien podría ser cuestionada por no reducir el ritmo
de gasto público y generar más espacios al sector privado en el período, es
probable que sea finalmente alabada por contener las presiones de gasto que
provienen desde todos los sectores políticos, incluso desde el interior del Gobierno,
y que han sido contenidas casi exclusivamente desde Teatinos 120.
Este panorama de alto gasto público debe mover
a la prudencia por el hecho de que revela un margen muy estrecho para aumentos
en un futuro Gobierno, considerando el ritmo que ha sido la tónica en los
últimos años. Por una parte, se ha mantenido el incremento de gasto efectuado
luego de la crisis de 2007, consumiendo parte de la bonanza generada a partir
de los altos precios del cobre del último tiempo. Por otra, el presupuesto público
se ha rigidizado al alza con sucesivas reformas y beneficios aprobados en
distintas áreas, pero que tienen en común que conllevan compromisos que generan
derechos adquiridos que en el futuro serán difíciles de ajustar a la baja. Esos
compromisos, además, fueron en su momento irresponsablemente subestimados, con
evaluaciones de impacto Fiscal equivocadas y, en algunos casos, con incrementos
de beneficios no evaluados al momento de la aprobación Parlamentaria. Ejemplos
de esta realidad son la Reforma de la Jornada Escolar Completa, la Reforma
Procesal Penal, la Reforma Previsional y el Transantiago, entre otros.
Este escenario restrictivo puede ser un
problema menor -incluso una ventaja- para los sectores que consideren los
aumentos de impuestos como un fin y no como un medio, en la medida que abonarán
la estrechez Fiscal a sus argumentos pro alzas de impuestos. Pero es muy
probable que se enfrente un escenario económico menos auspicioso, donde una
señal de ese tipo se traduzca en menor crecimiento y una menor recaudación Fiscal,
frustrando incluso el financiamiento de reformas sociales que hoy pueden aparecer razonables.
Singularidades políticas.
Las movilizaciones sociales han removido el
escenario político de los últimos años, agitando la agenda pública y las
prioridades del mundo político. Pero toda esa espontaneidad engloba un conjunto
disímil y contradictorio de aspiraciones y reclamaciones, y es mediante el
sistema político que la sociedad asigna coherentemente las viabilidades y
concentra los esfuerzos para hacerlas realidad. La campaña electoral en curso
tiene elementos institucionales y políticos novedosos, que en parte responden a
la situación descrita. El estreno del voto voluntario a nivel Presidencial y Parlamentario,
el inédito proceso de primarias Legales y el retiro por razones de salud del
vencedor en ese proceso en la Alianza, para configurar una competencia centrada
fundamentalmente en dos mujeres cuyas vidas se entrecruzan desde sus infancias,
confirman la vertiginosa dinámica de la actividad política en democracia.
El regreso de Michelle Bachelet, el viernes,
marcó el inicio real de la competencia con Evelyn Matthei, para cuyo desenlace
solo faltan tres meses y medio. La candidata del pacto Nueva Mayoría expresó a
este diario su aspiración de que esta sea "una campaña en que se
intercambien ideas de debate limpio y de altura", para lo cual deberá
probablemente contener algunas de las críticas hechas por su vocero a Matthei.
Elecciones sin encuestas.
A diferencia de otros procesos electorales, es
probable que esta vez la opinión pública disponga de pocas encuestas de
reconocida validez, y si las hay, serán muy cercanas a los comicios mismos.
Bachelet lidera en preferencias en todos los
sondeos conocidos hasta aquí. Cualquiera sea el apoyo con que emergió Matthei
en la carrera Presidencial como candidata única de la centroderecha,
probablemente convergerá hacia un porcentaje que no debiera ser muy distinto
del nivel de apoyo del actual Gobierno, entre 38 y 40%, o del alcanzado en los
últimos años en las primeras vueltas por los abanderados de RN y la UDI, en
torno al 44%. Cualquier encuesta intermedia debiera registrar esa trayectoria
ascendente hasta que alcance esos niveles.
Hoy, junto a Enríquez-Ominami hay varios
candidatos alternativos a los partidos tradicionales, aunque el P. Comunista,
antes permanente soporte de aquellos, ahora adhirió a Bachelet. El efecto
combinado de estas particularidades, pese al favoritismo que da la primera
opción a Bachelet, subraya las incertidumbres de esta campaña. ¿Qué representan
Parisi y Enríquez-Ominami? ¿Cuánta gente se movilizará para ir a votar? ¿Se
confirmará el entusiasmo que despertaron las primarias o volveremos a las
cifras de la elección Municipal? ¿Cuál será el efecto de la elección inédita de
los Consejeros Regionales? Tal vez solo en la recta final, con la franja y los
debates en el último mes, se clarifiquen algunos de estos interrogantes.
Progresos y cambios.
No es fácil discernir qué está pensando la
sociedad chilena de todo esto. Las expectativas de cambio que la animan
-básicamente mayor equidad- coexisten en algunos grupos con la convicción de
que todo lo alcanzado por Chile en los últimos 30 años está garantizado, independientemente
de nuestro comportamiento como país. Bajo ese error intelectual, hay sectores
políticos que ofrecen extraviadas propuestas económicas, sociales y políticas,
que alientan aprensiones paralizantes en algunos y ahuyentan las posibilidades
reales de avances en la senda de progreso seguida en las últimas décadas, cuyos
logros se podrían graficar fácilmente de período a período Presidencial. Ese es
el caldo de cultivo para las violentas reivindicaciones de los llamados
pescadores artesanales, del abusivo paro de los trabajadores de la basura o del
bloqueo de Tocopilla, pero también es el sustrato de la demanda de los
estudiantes universitarios para que se les dé enseñanza gratuita y universal.
Ese desalineamiento entre expectativas y realidades puede tener un alto costo
para los chilenos.
Asimismo, el lenguaje verbal y gestual ha
sufrido un retroceso. Ha habido notas de preocupación por esta materia, como
las reuniones de algunos de los candidatos Presidenciales que ha tenido la
Alianza con grupos de Ministros. Cualquiera sea el ánimo de esos encuentros, su
organicidad y publicidad pueden cubrir de sospechas electorales la gestión de
esos Secretarios de Estado, lo que no es conveniente para el desenvolvimiento
de sus responsabilidades públicas. Del mismo modo, como señal de calidad de
nuestra política es muy inconveniente la reunión del comando de Bachelet con la
mesa del Senado, proyectando la imagen de que las prioridades y el flujo Legislativos
se pueden supeditar, en el ámbito de los Congresistas, a las necesidades y
planificación de un candidato Presidencial, por sobre el interés público.
Con todo, dadas las no pocas coincidencias de
fondo entre ambas candidatas, quien en el imaginario de los votantes logre
conciliar mejor el resguardo de lo alcanzado con las expectativas de mayores
niveles de igualdad debería conseguir el apoyo mayoritario.
Visita de relator de la ONU.
De visita en Chile para interiorizarse de la
situación en La Araucanía, el relator especial de las Naciones Unidas sobre
derechos humanos y contraterrorismo entregó una serie de recomendaciones. Entre
ellas figuran “derogar la Legislación antiterrorista o abstenerse de usarla”;
la creación de una comisión consultiva nacional con presencia representativa de
etnias indígenas, y la definición de una estrategia nacional que avance hacia
el reconocimiento político y cultural de ellas. Señaló, además, que todas estas
medidas podrían comenzar a desarrollarse hoy mismo.
El relator tuvo ocasión de reunirse con
autoridades de Gobierno, Judiciales, Parlamentarias y policiales, así como con
comunidades mapuches y víctimas de la violencia de esa zona.
Como suele ocurrir con este tipo de visitas,
resulta llamativo el selectivo criterio que ha utilizado el relator para
abordar las violaciones a los derechos humanos. Aunque se reunió con familiares
del matrimonio Luchsinger Mackay, asesinado en febrero tras un ataque incendiario
a su casa, en las declaraciones públicas del enviado internacional no ha habido
señales de preocupación o solidaridad con las víctimas no mapuches de la
violencia, lo cual puede resultar premonitorio del tono y el contenido que
tendrá el informe final que debe entregar en marzo próximo.
Con falta de sensibilidad hacia esas víctimas,
el relator ha señalado entrever que Chile no enfrenta amenaza terrorista
alguna, comparando la situación nacional con la vivida por países afectados por
la acción de Al Qaeda. Su sugerencia de que la Legislación antiterrorista sea
derogada no parece considerar que es legítimo que el país busque sancionar ese
tipo de conductas y que es papel de los Tribunales establecer si debe aplicarse
para castigar delitos.
Titubeos programáticos.
La noche de su triunfo en las primarias, la
candidata ganadora de la Nueva Mayoría dijo que ese resultado era una señal de
apoyo a los cuatro ejes que ella había planteado durante su campaña: reforma
constitucional, reforma tributaria, educación superior gratuita y una reforma
previsional no del todo clara. La versión que ella había dado de esos cuatro
ejes durante la campaña para las primarias era bastante radical: inicialmente
insinuó una asamblea constituyente para reformar la Constitución; la gratuidad sería
para todo el sistema educacional, desde la prebásica hasta la universitaria,
eliminando el financiamiento compartido y el lucro en todo aquello en que aún
se permite, y una reforma tributaria que recaudaría tres puntos adicionales del
producto, modificando sustancialmente el esquema impositivo actual. La lógica
de esa radicalidad se basaba en la necesidad de atraer a los sectores más a la
izquierda, para conformar efectivamente una "Nueva Mayoría".
Una vez ganada la candidatura, con una
coalición que va desde la DC hasta el PC, la IC y el MAS, comenzaron a aparecer
señales de moderación -o, al menos, así fueron interpretadas-, como la
incorporación a su comando programático de figuras moderadas de la DC, como
José De Gregorio y René Cortázar, y técnicos acreditados como Eduardo Engel y
Eduardo Bitran. Así se daba la impresión de que un planteamiento menos radical
y mejor apoyado en estudios y cifras atraería al electorado de centro, que las
posturas anteriores podrían haber ahuyentado, y así procurar la adhesión de una
parte sustancial del espectro político.
Sin embargo, declaraciones de José De Gregorio
-"la gratuidad universitaria para el quintil más alto es empezar al
revés"- no agradaron a algunos dirigentes más a la izquierda de su
comando, y la interpretación como más moderadas de las nuevas declaraciones de
la candidata produjeron descontento en varios otros y críticas de candidaturas
como la de ME-O, sembrando dudas sobre el curso que en definitiva tome su
programa. Bachelet ha dicho que utilizará tres fuentes para construirlo: las
que propongan los partidos que la apoyan, lo que recojan los
"diálogos" ciudadanos, y las conclusiones a que llegue su comando
programático, integrado por un amplio grupo de personeros de diversas sensibilidades
políticas y técnicas. Asimismo, ha quedado establecido que será ella quien tome
la decisión final de entre tantas y tan diversas opciones.
Bachelet ha demostrado haber madurado en su
capacidad política, así como en su sagacidad para dirigir su acción en las direcciones
que mejor acomodan a sus convicciones, moderadas por lo que la mayoría
ciudadana reclama y lo que sus asesores le aconsejen. Asimismo, ha aprendido a
escoger con cuidado a quienes de entre estos últimos escucha con más atención,
y no tiene temor a cambiar esas preferencias. Así, aunque algunos de sus
partidarios no ven problemas en que ella modere su discurso, y otros anuncien
que ya está todo programáticamente definido, insinuando que no debería hacerlo,
lo más probable es que este titubeo entre moderación y radicalidad solo
encuentre una solución consolidada a medida que avance la campaña, en
pragmática consonancia con lo que esta vaya mostrando.
La irrupción de una candidata atípica, como
Evelyn Matthei, que emplea un lenguaje difícil de enmarcar en la tradición de
la derecha, ciertamente obliga a ese pragmatismo.
Remezón por el fin del cartel del potasio.
Por casi una década, las empresas Uralkali
(Rusia) y Belaruskali (Bielorrusia), a través de la Corporación de Potasio de
Bielorrusia (BPC), llevaron a cabo prácticas no competitivas para mantener
artificialmente alto el precio de dicho mineral. Pero ventas hechas por
Belaruskali fuera del acuerdo habrían desencadenado la decisión de su socia
rusa de poner término al cartel. Uralkali informó además su intención de
ampliar significativamente sus ventas directas a China, India y Brasil. Para
esto, buscará aumentar su producción en 40% en los próximos dos años. Algunos
expertos anticipan que eso reducirá significativamente el precio del potasio,
desde los actuales 390 dólares por tonelada a niveles inferiores a 250, e
incluso hay quienes afirman que se estabilizaría en torno a 100, pero las
opiniones más aceptadas giran en torno a los 300. Una reducción en el extremo
bajo obligaría a algunos productores del mineral a abandonar el mercado, pues
en muchos casos los costos de producción se ubican en torno a los 250 dólares
la tonelada.
Tras la caída de la URSS, auge de la producción...
y carteles.
El potasio es muy utilizado como fertilizante regulador
de los nutrientes en las cosechas: contribuye a la formación de raíces más
profundas, a una menor pérdida de agua y al incremento del contenido proteico
de los productos, entre otras positivas propiedades. De allí su importancia y
el que se haya constituido en un mercado relevante a nivel mundial, como lo
muestran sus niveles de producción. Durante los tres últimos años, ha superado
los 50 millones de toneladas, y se espera que alcance los 60 millones en 2013.
Hasta comienzos de esta semana, casi el 70% de
la producción mundial era controlado por dos carteles: Canpotex (formado por
tres empresas norteamericanas) y la citada BPC.
Los problemas de libre competencia en esta
industria no son nuevos. Ya en los años 70, productores en Nuevo México, EE.UU.,
evaluaron la posibilidad de controlar la producción del potasio para poder
aumentar los precios y así hacer más rentable el negocio. Pero pasarían años
hasta que esa lógica se extendiese globalmente.
Con el derrumbe del régimen comunista de la Unión
Soviética, las inmensas pero poco explotadas reservas de potasio de Rusia
pudieron finalmente ser trabajadas, por la incorporación de capitales privados.
Así nacieron las empresas Uralkali y Belaruskali. En 2005, ellas formaron la
asociación exportadora BPC, específicamente creada para competir con Canpotex.
BPC tenía una ventaja estratégica importante: la mayor cercanía de sus minas a
China e India, lo que rápidamente le permitió jugar un rol clave en el mercado.
La operación del nuevo cartel redundó en una
reducción de 39% en la producción global de potasio durante 2009, alcanzando su
menor nivel en 30 años. Esto significó, además, que entre enero de 2008 y
octubre de 2009 el precio aumentara más de 400%, desde 200 dólares por tonelada
(históricamente considerado como techo) hasta casi 900. Las quejas de los
consumidores fueron calmadas con disminuciones del precio, que se ha mantenido
en el rango 390-490 dólares durante los últimos dos años.
Los efectos en Chile: negativos en lo bursátil.
Era imposible que un evento de esta magnitud
mundial -curiosamente no previsto por los analistas- dejara de repercutir
también en nuestro país. El valor de la acción de Soquimich (SQM-B) -productor
pequeño y tomador de precios- cayó 17% el martes (la mayor baja en 19 años, lo
que acarreó la suspensión de sus transacciones por casi dos horas), y 5,9% el
miércoles, para tener un leve remonte al final de la semana. Se estima que esa
empresa habría perdido 2 mil millones de dólares en capitalización en dos días.
Esto ha afectado directamente a las AFP, que controlan el 12,22% de la empresa.
Ecos en el mercado de alimentos.
Se estima que el crecimiento de la población
del planeta requerirá un aumento de 80% en la demanda por alimentos durante los
próximos 40 años (el doble de lo que ha crecido en las últimas cuatro décadas),
poniendo particular presión sobre la industria de los fertilizantes. Esto ya ha
comenzado a concretarse con el crecimiento de China. Las cifras de 2012 de la
IFA ( International Fertilizer Industry Association ) catalogan a la segunda
economía del globo como la mayor demandante de potasio, con 5,2 millones de
toneladas, seguida por Brasil y EE.UU., ambos con 4,4 millones, y luego India,
con 2,5 millones. Los restantes 12 millones de toneladas se reparten en el
mundo.
Por eso, para los países productores de
alimentos lo ocurrido es una excelente noticia. Por ejemplo, se estima que para
sustentar su industria alimentaria, China importará anualmente a lo menos 4
millones de toneladas de potasio desde ahora hasta 2020. El término del cartel
le permitirá ahorrar anualmente unos 1.144 millones de dólares.
Si bien Chile es un jugador pequeño en este
mercado, lo sucedido le ofrece también interesantes oportunidades. Nuestro
sector agrícola, lejos de dejarse llevar por el pesimismo, debe aprovechar esta
reducción en el precio de los fertilizantes.
Un par de cortas misivas para pensar.
Señor Director:
Muerte de Carabinero.
Qué lección de ética y grandeza la del doctor
Pilasi, en su carta de ayer. Admirable ejemplo, tan escaso en estos tiempos.
César Antonio Santis.
Señor Director:
Elecciones Parlamentarias
Se está terminando el plazo para las vueltas de
carnero...
Isidoro Loi.
Señor Director:
Agresiones a venezolanos
en Chile.
Quiero denunciar la preocupante situación que
vivimos los venezolanos residentes en Chile, cada vez que se manifiestan de
forma pacífica contra el Régimen de Caracas. Venimos siendo increpados sistemáticamente
por violentos grupos de choque, los cuales han llegado al extremo de la
agresión física, traspasando el límite de lo legal. El jueves 18 de julio
asistimos al encuentro con nuestro líder Henrique Capriles Radonsky, en el ex
Congreso Nacional. A la entrada, nos esperaban miembros del Partido
Comunista/Acción Proletaria, Asamblea Popular por la Unidad Social, Unión
Clasista de Trabajadores, Unión Bicentenario de los Pueblos, vociferando:
¡Golpistas! ¡Fascistas! ¡Asesinos! ¡Pinochetistas! (¿?). Pasaron a los puños,
zancadillas y empujones. Mujeres con niños de coche, ancianos, gente que volvía
de sus trabajos, fueron golpeados, escupidos, pateados y ensuciados con huevos.
No contamos con una sola identificación de los
agresores, que nos permita hacer una denuncia formal. Por ello exhorto a los
dirigentes de estas organizaciones, cuyos nombres no aparecen en sus sitios
web, a asumir su participación en estos hechos y llamar a sus integrantes a
limitarse a sus conocidos gritos e insultos, a los que ya estamos
acostumbrados.
Isabel Massin Bocca.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
