INE autónomo, una necesidad de Estado,
por Cristina Bitar.
El censo 2012 es un proceso que está terminando
de la peor manera imaginable. Una serie de antecedentes llevaron a la salida
del ex director del INE, a la recomendación de repetirlo que acaba de formular
la comisión nombrada para estudiar lo que sucedió y, por último, a las
disculpas al país que pidió el Presidente de la República. Esta es una buena
muestra de cuánto necesitamos modernizar y profesionalizar el aparato público.
El camino de esta modernización es fundamentalmente cultural y de definiciones
políticas.
¿Por qué cultural? Porque sigue siendo muy
evidente que todavía los chilenos no somos capaces de separar de manera clara y
con criterios compartidos el ámbito propio del gobierno, en que se toman
decisiones políticas, por parte de las autoridades elegidas democráticamente, y
el ámbito profesional propio de la administración del Estado. De hecho, me
parece al menos discutible que el director de un servicio tan esencialmente
técnico como el INE no sea un funcionario profesional, completamente
independiente del gobierno de turno. Sin perjuicio de que tenga dependencia del
Ministerio que corresponda. El problema es fundamentalmente cultural, porque
seguimos viendo todos los cargos en el Estado como asociados necesariamente a
un compromiso político.
Es político, porque seguimos viendo el tamaño
del Estado como el elemento central a la hora de discutir sobre qué hacer en la
práctica en este ámbito. De hecho, la creación de ministerios y
superintendencias ha marcado la tónica en este gobierno, a pesar de su
orientación liberal. Ministerio de la Mujer, del Deporte, de la Cultura son
sólo algunos ejemplos que muestran cómo la prioridad es la cantidad más que la
calidad del funcionamiento del aparato público.
Por otra parte, lo ocurrido con el censo nos
hace plantear, con más urgencia que nunca, la necesidad de construir una
institucionalidad dedicada a las estadísticas públicas que funcione de manera
autónoma y profesional. La ley de INE autónomo presentada en enero de este año
por el gobierno —cuya iniciativa nació de Pablo Longueira mientras era ministro
de Economía— propone un Consejo Nacional de Estadísticas, conformado por 5
personas de reconocida experiencia y de diversas posiciones políticas.
Asimismo, se le otorga el carácter de corporación de derecho público, lo que
permite que el nombramiento de sus directivos y profesionales se realice basado
en los más altos criterios de selección profesional. Esto permitiría que el
trabajo del INE se ajuste a los estándares internacionales y que las
estadísticas públicas de Chile recuperen la confianza perdida.
La gran enseñanza que debemos sacar de lo
ocurrido con el censo es que existen algunos sectores estratégicos de la
gestión del Estado que no pueden estar a merced del color político del gobierno
y de las rencillas entre sectores políticos. Las estadísticas del INE no deben
ser usadas como una forma de vanagloriarse por los logros de un gobierno, sino
que constituyen una herramienta esencial en la formulación de políticas
públicas. En otras áreas del Estado, como en las relaciones internacionales,
existe un consenso en que deben primar las visiones a largo plazo, con altura
de miras y bajo estrictos consensos. Lo mismo hemos hecho con el Servicio
Electoral, la Contraloría, el Consejo para la Transparencia, el Instituto
Nacional de Derechos Humanos o el Tribunal Constitucional. Todos son órganos
del Estado que nos permiten funcionar, tomar decisiones y discernir. Otorgarle
una institucionalidad moderna y autónoma al INE ya no es simplemente una buena
idea, es una necesidad de Estado.
Las lecciones del cartel del potasio,
por Juan Carlos Guajardo.
El anuncio de que la compañía rusa Uralki
comenzará a vender directamente su producción de cloruro de potasio, rompiendo
así el cartel que compartía con la compañía bielorrusa Belarusian Potash
Company, ha impactado en el mercado mundial de este producto, así como en
nuestro país, especialmente porque las compañías Sociedad Chilena del Litio y
SQM son productores nacionales, siendo esta última una importante empresa en la
Bolsa de Comercio de Santiago.
Uralki ha roto el cartel, ya que es la compañía
con el costo de producción más bajo en el mundo, por lo que estima que puede
aumentar sus ingresos incrementando su producción, aunque esto implique una
reducción en el precio internacional. Este hecho nos recuerda con fuerza que
para cualquier compañía minera -potasio, cobre, hierro o cualquier otra-, el
indicador clave es dónde se ubica su costo de producción respecto de su
competencia. Los productos mineros son commodities y por ende su virtual
incapacidad para diferenciarse en el momento de la venta centra la competencia
casi exclusivamente en el nivel de costo. En episodios de crisis, sólo
permanecen los competidores más eficientes, de más bajo costo.
Este caso desvela la realidad de carteles operando en las barbas mismas de
países que cuentan con rigurosas regulaciones antimonopolio. De hecho, aun hoy
opera en Norteamérica un cartel en el mercado del cloruro de potasio
(Canpotex), el cual agrupa a varias de las compañías de
mayor costo de
producción -Potash Corporation of Saskatchewan (54%), The Mosaic Company
(37%) y Agrium (9%)- y por ende sujetas probablemente a más presiones en estos
momentos.
Los carteles en mercados mineros no son poco
frecuentes, y aun en mercados competitivos la cantidad de actores no es
demasiado alta. Las excepciones son los casos de productos como el cobre, que
dada su mayor utilización, se transa mayoritariamente en bolsas de metales
(Londres, de futuros de Shanghai y Comex), lo que aporta mayor profundidad y
transparencia, para beneficio y tranquilidad de nuestro país. Sin embargo, no
siempre fue así, y en algunos períodos el precio del cobre estuvo sujeto a
mecanismos de determinación de precio mucho más arbitrarios y por ende
negativos para países como Chile.
Nuestro país es exportador de muchos minerales
no metálicos, entre ellos el yodo, potasio, carbonato de litio, sulfato de
sodio, sal, boratos naturales y nitratos. Dicho sector sumó exportaciones por
US$ 1.481 millones durante el 2012, más que duplicando las exportaciones del
2005. Muchas veces la enorme relevancia del cobre, el oro y el molibdeno
ocultan el potencial de estos minerales, cuyas exportaciones totales son
similares a las de la industria del vino, de US$ 1.790 millones.
Finalmente, respecto de SQM se estima que su
costo de producción de cloruro de potasio (su principal producto) está en el
rango medio de la industria mundial, por lo que en principio podría enfrentar
las consecuencias de los cambios de este mercado, aunque con disminuciones en
sus ingresos. Sin embargo, no todo está escrito en esta historia. BHP Billiton
intentó comprar Canpotex hace algunos años y la decisión de Uralki puede
generar más movimientos en este mercado. Así se entiende la cautela en la
reacción de SQM hasta ahora.
Siguen los problemas eléctricos.
Tras el fracaso de la segunda licitación del
suministro para distribuidoras y del rechazo por la Corte de Apelaciones de
Santiago de la autorización ambiental de Punta Alcalde, la situación del
sistema eléctrico se ve grave. Dado que no se presentaron interesados, el
Ministerio de Energía está pensando en hacer más atractivos los contratos,
indexándolos al menos parcialmente a los costos marginales. Esto reduciría el
riesgo para los generadores y haría que las empresas de distribución pudieran
competir con la demanda minera.
Parte del riesgo del sistema es la Judicialización
de la aprobación ambiental de nuevas unidades, observada en los casos de Cerro
Castilla y Punta Alcalde. En ambos, las Cortes parecen haberse extralimitado en
el uso de sus atribuciones. En el primero, al realizar un análisis imperfecto
del fondo del recurso, y en el segundo, por haber rechazado un procedimiento
establecido por la Ley -una aprobación por el Consejo de Ministros que
contradijo el rechazo de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema)-.
También fue objetable el comportamiento de la
empresa, pues solo después del rechazo de la Corema estuvo dispuesta a
introducir medidas adicionales de mitigación de la contaminación. Dados los muy
conocidos riesgos de rechazo, ¿no podrían haber planteado esas medidas desde el
comienzo, mejorando las probabilidades de aprobación por la instancia Regional?
Eso, quizás, habría evitado la incómoda situación en que la Corte de
Apelaciones dejó al Consejo de Ministros (que ahora apela ante la Corte
Suprema). Tal vez la empresa consideró la poca coherencia de las evaluaciones
ambientales, que, según una ex Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de
Energía, se han tornado erráticas y sujetas a presiones Regionales.
Con una mirada de corto plazo, el rechazo del
proyecto no es una tragedia para las empresas establecidas, que reciben altos
precios marginales por su producción, si no ingresan unidades de otras empresas
que hagan caer estos precios.
Las licitaciones de suministro de distribución
tienen una duración de pocos años. Este lapso no debería extenderse, porque se
congelarían los elevados precios actuales, que en un plazo más largo deberían
bajar. Incorporar los costos marginales para indexar estos contratos tiene
ventajas e inconvenientes. Entre las primeras está el hecho de que transparenta
para los consumidores residenciales -hasta ahora protegidos por contratos de
suministro antiguos- el real costo de las restricciones ambientales. Además, es
favorable a las empresas generadoras, cuyo riesgo de costos se traspasa a los
usuarios. Entre los inconvenientes está el que con ello se desvirtúa el sistema
regulatorio, y las generadoras establecidas pierden incentivos a hacer
inversiones para reducir el costo marginal.
Por eso es útil evaluar la propuesta de las
generadoras que usan recursos renovables (ERNC). Ellas proponen que, como estas
licitaciones son por porcentajes menores de suministro y existe potencia
excedentaria en el sistema, se licite la cantidad (bloques) de energía
requerida, sin exigir potencia. En tal caso, ellas podrían competir, pues
generan energía a bajo costo, aunque no proveen potencia firme (disponible en
todo momento). Pero como el sistema dispone de capacidad diésel, así como de
embalses de rápida respuesta, puede absorber un porcentaje limitado de energía
sin dicha potencia firme. La estabilidad no empeoraría, pues las fallas durante
sequías son producto de falta de energía, y no de potencia. Con su entrada, los
costos marginales bajarían, y además se cumplirían anticipadamente las metas de
energías renovables. En todo caso, después de dos licitaciones desiertas, la
Comisión Nacional de Energía debería considerar alternativas innovadoras.
Respuesta del Gobierno ante protestas en Tocopilla.
Tras casi dos semanas de protestas en
Tocopilla, que han incluido cortes de las principales rutas de acceso a esa
localidad de la Región de Antofagasta y
enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros, el Gobierno y las
autoridades de esa ciudad alcanzaron un acuerdo preliminar respecto de las
exigencias que se estaban formulando. Las protestas tienen su origen en una
serie de demandas que los habitantes de esa comunidad han planteado al
Ejecutivo, y que están relacionadas con la falta de médicos especialistas en el
hospital de esa zona, la lentitud del proceso de reconstrucción tras el
terremoto que afectó a la ciudad el 2007, la carencia de planes para enfrentar la contaminación
ambiental, mejoras en educación y en infraestructura vial, entre otras.
Las movilizaciones en Tocopilla sorprendieron
nuevamente al Gobierno, cuya reacción frente a lo que estaba ocurriendo fue
tardía. Esta situación deja en evidencia una reiterada incapacidad de éste para
anticiparse a los conflictos sociales. Algo similar ocurrió a comienzos de 2011
en Magallanes a propósito de la reducción del subsidio al gas, un año después
en Aysén con protestas por el aislamiento y el costo de vida en esa Región, y
en mayo de 2012 en Freirina por los malos olores que emanaban de una planta
agroindustrial. En todos estos casos la intervención del Gobierno ocurrió
cuando los conflictos se habían desatado y en respuesta a las medidas de
presión que ejercieron en su momento los habitantes de esas localidades. Todo
esto ha sentado un mal precedente, motivando a muchos grupos de interés en
distintas partes del país a utilizar mecanismos ilegales, como cortes de
carretera y alteración del orden público, para hacerse escuchar frente a las
autoridades.
Para enfrentar la situación que está ocurriendo
en Tocopilla, el Ejecutivo conformó tres mesas de trabajo, encabezadas por el Subsecretario
de Desarrollo Regional, con el objetivo de alcanzar un acuerdo con la comunidad
que ponga término a las protestas. En este sentido, es positivo que las
diferencias estén siendo resueltas a través del diálogo, en aquello que
corresponde a la órbita de atribuciones del Gobierno, siendo uno de los puntos
más urgentes a tratar la falta de médicos especialistas en el hospital de la
localidad. El ministro de Salud se comprometió a entregar una pronta solución a
esa demanda, estableciendo un acuerdo de 10 puntos, cuyas principales
medidas se comenzarán a aplicar a partir
del 1 de octubre y que incluye, entre otras, la destinación de los médicos
especialistas requeridos. Este inconveniente no es de fácil solución, dado que
la escasez de médicos en determinadas áreas
es un problema a nivel nacional, que afecta particularmente a muchas
localidades apartadas. La entrega de mayores incentivos a los profesionales de
la salud para que ejerzan en las zonas alejadas y el otorgamiento de
facilidades para el proceso de convalidación de títulos a especialistas
extranjeros interesados en trabajar en esos lugares, son medidas que
contribuirían a reducir el actual déficit en esta materia.
Para lograr el término de las protestas es
clave que las medidas que ofrezca el Gobierno
en respuesta a las demandas de los habitantes de Tocopilla atiendan las
particularidades de los problemas que exhibe esa zona, iniciativas que a su vez
deben ser asumidas por la comunidad con realismo en cuanto a las expectativas y
plazos para su implementación. No obstante, para que a futuro las protestas
sociales no escalen hasta este punto, el Ejecutivo tendrá que adoptar una
actitud más proactiva que le permita desactivar oportunamente este tipo de conflictos.
Mapas de riesgo para zonas costeras.
Un informe
de la Contraloría General de la República dio cuenta que sólo siete de
las 34 cartas de inundación de las áreas costeras del país, definidas por el
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa), están ajustadas de
acuerdo con la planimetría actual, mientras que en las restantes se desconoce
la situación de riesgo de las localidades que se encuentran habitadas. La
situación sería más compleja, pues según el reporte, todavía hay sectores que
no tienen una cartografía para tales efectos. En respuesta, el Shoa señaló que
su cartografía se encuentra plenamente vigente y que incluso han introducido
nuevas tecnologías para su perfeccionamiento.
Es muy importante que estas diferencias que
existen entre ambos organismos respecto al estado actual de los mapas de riesgo
sean despejadas para que no se generen dudas sobre herramientas que son
relevantes para poder delimitar las áreas de construcción en la línea costera y
planificar de forma adecuada las emergencias en caso que se presenten salidas de
mar como las registradas en febrero de 2010.
Según el reporte del órgano Contralor, el Shoa
cuenta únicamente con mapas de riesgo de las principales ciudades. La entidad,
dependiente de la Armada, manifestó que esto se debe a que muchos Municipios no
han proporcionado los planos actualizados de las localidades. Si esto es
efectivo, lo que corresponde es mejorar la coordinación con esas instituciones
y avanzar en la confección de las cartas de inundación faltantes.
Uno de los compromisos de las autoridades,
luego de ocurrido el sismo, fue adoptar las medidas recomendadas por los
expertos para corregir las deficiencias en los sistemas de alerta y mitigación
del impacto de estos fenómenos, entre los que se encontraba precisamente esta
cartografía. Es urgente por lo tanto corregir este retraso, considerando que el
país está expuesto a eventos de esta naturaleza, los cuales deben ser
enfrentados con una preparación rigurosa.
Nuevo Ministerio de Deportes.
Tras larga tramitación Legislativa, la Cámara
de Diputados aprobó finalmente, y casi por unanimidad, el proyecto de Ley que
crea el Ministerio del Deporte. Hasta ahora, este rubro había estado a cargo de
la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de Gobierno.
En adelante, el nuevo Ministerio será el "encargado de elaborar y evaluar
la Política Nacional del Deporte y los planes generales en materia
deportiva", además de "administrar un catastro de infraestructura
deportiva a nivel nacional y regional".
Cuando esta Ley entre en vigencia, el
Presidente de la República deberá designar al Ministro. El actual Subsecretario
del ramo, Gabriel Ruiz-Tagle, ha expresado que espera que "antes de fin de
año toda esta nueva institucionalidad quede lista", y ha agregado que
estima necesario que la nueva Legislación ayude a "todos los deportistas,
no solo a los de élite, sino también a quienes practican el deporte de manera
masiva". En esa línea, esta normativa contempla la creación de un Consejo
Nacional del Deporte, para asesorar al nuevo Ministerio en las múltiples
materias de esta área.
La tramitación de esta Ley no estuvo libre de
conflictos políticos. Pese a su amplia aprobación final, el proyecto fue motivo
de confrontación entre el oficialismo y la oposición, y, dentro de esta última,
el clímax fue la instrucción de "dilatar" la tramitación de la
iniciativa, expresada en una minuta que se atribuyó a personeros del comando de
Michelle Bachelet y otros políticos, y causó gran malestar entre Parlamentarios
de la Alianza y autoridades de Gobierno. Connotados deportistas de disciplinas
representativas del deporte nacional manifestaron su sorpresa por esta política
pequeña en un proyecto referido a un tema tan transversal como el deporte. De
hecho, la referida minuta no solo alude a esta iniciativa, sino que considera
una lista de varios proyectos de Ley a vetar, por provenir del Gobierno. Los
extractos que se han conocido de ese documento son decidores: "En el
escenario electoral, el Gobierno utilizará la agenda Legislativa con lógica
electoral (...). Desde la oposición debemos mantener la denuncia activa al
fracaso de la nueva forma de Gobernar y mostrar en debate Parlamentario
capacidad de Gobernabilidad futura".
La creación del Ministerio del Deporte, fruto
de años de maduración a nivel político y social, es vista hoy transversalmente
como un avance. No obstante, pudo haber sucumbido ante intereses políticos de
corto plazo, de no ser por su atractivo mediático y por el respaldo que hoy
suscita en la sociedad. Lamentablemente, no es el caso de otras iniciativas, que
resultan neutralizadas por las ventajas particulares que algunos pretenden
obtener con ello, arrastrados por el enardecimiento propio de la campaña
electoral en curso.
Enfoques
Internacionales: Estrategia antiterrorista.
En momentos en que la administración de Obama
ha estado cuestionada por la intromisión de las agencias de espionaje en las
comunicaciones de los estadounidenses, este episodio (se interceptó una
teleconferencia entre varios líderes de Al Qaeda sobre eventuales ataques) avivó
el debate sobre qué debe prevalecer en una sociedad abierta: ¿la seguridad o la
privacidad y las libertades individuales? Para la Casa Blanca, la información
captada por controvertidos medios Legales fue de gran valor para evitar ataques
que se preparaban en distintos puntos. Será difícil saber si efectivamente esos
atentados estaban en camino, pero el valor asignado a la prevención se explica
ante la incertidumbre de la acción de terroristas dispuestos a inmolarse para
dañar a sus "enemigos".
Al margen de la polémica, EE.UU. ha demostrado
capacidad para obtener datos de inteligencia por distintas vías. Las
actividades de los organismos de seguridad con capacidad de análisis y el uso
de tecnologías de punta no son suficientes para obtener toda la información
necesaria. Esas agencias disponen también de informantes o infiltrados en las
organizaciones extremistas, que pueden facilitar datos clave, solo captables
por personas que se mueven en ellas. Es arriesgado, pero imprescindible.
Desbaratar al menos un golpe terrorista ya es una misión exitosa.
Las informaciones de la semana pasada pusieron
el foco en Yemen, donde una filial de Al Qaeda es muy activa y tiene gran
presencia en una sociedad de tribus y clanes que protegen a sus miembros más
militantes. Allí, EE.UU. ha destinado 600 millones de dólares desde noviembre
pasado para la lucha antiterrorista, pero también para programas sociales y de
transición a la democracia, en la idea de que deben solucionarse los problemas
que "alimentan el extremismo".
Como Yemen, otros países del mundo musulmán
plantean riesgos para la seguridad estadounidense, y también son campo donde se
libra lo que se llamó una "guerra global contra el terror". Obama
prefiere definirla como una "serie de esfuerzos persistentes y enfocados a
desmantelar redes específicas de extremistas violentos que amenazan a
EE.UU.", que no solo incluye ataques quirúrgicos contra sus líderes, sino
también apoyo a las instituciones políticas y al desarrollo económico. ¿Será
este el enfoque adecuado para terminar con las amenazas, o es ingenuo confiar
en esta estrategia que mantiene a EE.UU. vinculado a comunidades que no quieren
tenerlo cerca?
Las frías relaciones entre
Obama y Putin.
Es poco probable que las relaciones entre Rusia
y EE.UU. vuelvan a épocas en que ante cualquier incidente se temía el inicio de
una guerra, que significaba el peligro de escalamiento hasta una confrontación
nuclear. La racionalidad imperó por décadas, y es lo que seguramente ocurrirá
en esta ocasión.
Al cancelar su reunión bilateral con Putin, al
margen de la cumbre del G-20 en San Petersburgo, Obama envió una señal de
molestia por la decisión rusa de dar asilo temporal a Edward Snowden, quien
filtró documentos clasificados en que se revela el extenso programa de vigilancia
de las comunicaciones que realiza el Gobierno estadounidense.
"Hay momentos en que ellos vuelven a la
mentalidad de la Guerra Fría", dijo Obama sobre la decisión rusa. El
Kremlin también está molesto. Considera que Washington es incapaz "de
desarrollar relaciones con Moscú en un plano de igualdad". Es cierto que
Obama y Putin nunca han tenido buena química. En un comienzo, el primero trató
de replantear las relaciones, pero pronto volvieron a surgir problemas. En Irán
y la crisis de Siria están en orillas opuestas: mientras Rusia es firme aliado
de Damasco, EE.UU. apoya a los rebeldes. El control de armas también los
distancia. Washington considera que hay que reducir los arsenales nucleares y
dejar un nivel disuasivo; los rusos no quieren desprenderse del material que
los mantiene como superpotencia. Y en el plano de los derechos humanos, Putin
ha acusado al Departamento de Estado de financiar las campañas opositoras,
mientras los estadounidenses condenan el trato que recibe la oposición y la
represión contra los homosexuales.
Pero EE.UU. y Rusia están obligados a un
acercamiento, y más temprano que tarde deberán recomponer sus relaciones.
Oposición venezolana más
arrinconada.
Agotadas las instancias nacionales, tras el
rechazo del Tribunal Supremo de Justicia de la impugnación a las pasadas
elecciones presentada por Henrique Capriles, la oposición acudirá a las
instancias internacionales. No será fácil esa defensa, y los opositores deberán
juntar energías para ganar las elecciones de diciembre y mantener unido el
frente por la democracia. Ese esfuerzo supone defender la libertad de prensa de
los constantes embates contra los diarios. A las investigaciones por delitos
económicos se sumó la inadmisible multa millonaria al diario El Nacional por
publicar en 2010 fotos de cadáveres en la morgue.
Primarias Legislativas en Argentina.
No es fácil entender desde el exterior el
funcionamiento de la institucionalidad política argentina, que ayer tuvo una
expresión electoral en las primarias a la que muchos observadores atribuyen
importancia, tanto para los comicios de octubre en que se renovará un tercio
del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados, como también para la próxima
contienda Presidencial. Está, desde luego, el hecho de que se trate de un país
con sistema Federal, en el que pesan fuertemente las tradiciones y los
liderazgos, en especial el poder de las autoridades Regionales, limitando así
la influencia del Gobierno central. Ello explica en parte el que los triunfos
en las distintas Provincias aparezcan ahora repartidos entre cuatro tendencias
diferentes, con una distribución geográfica fraccionada.
Otra característica, que se prolonga ya por
décadas, es el predominio casi constante del peronismo en sus distintas
versiones (en este caso, oficialista u opositor). Si el primero, agrupado en el
Frente para la Victoria, obtuvo el 29,6%, el segundo, aunque superado por una
alianza radical-socialista, llegó al 22,4%, con lo que más de la mitad de los
votantes se proclaman, a una insólita distancia histórica, herederos de Perón
pese a sus muy distintas posiciones políticas. Así, en la elección del Jefe de
Estado, y no obstante el avance radical, lo más probable es que quien suceda a
Cristina Fernández pertenezca a una de esas dos tendencias justicialistas.
Incluso la realización de estas primarias sorprende. En teoría, ellas deberían,
como las recién estrenadas en Chile, seleccionar los candidatos de cada sector
en la Parlamentaria próxima. Sin embargo, esto al parecer opera sólo en algunos
casos y en la mayoría de los de más importancia igual participarán postulantes
que ahora aparecen mal situados, porque las listas en que figuraron se
presentarán también en octubre.
Pese a tales condicionamientos, en la práctica
se valoran algunas consecuencias significativas del acto cívico de ayer para el
futuro cercano. Se esperaba que el oficialismo tuviera la más alta votación y
así fue, pero disminuyendo su fuerza, lo que le aleja la posibilidad de tener
en el Congreso la mayoría necesaria para la reforma que permita a la Presidente
otra reelección. Lo que más se destaca es el triunfo del peronista Sergio Massa
(antiguo Jefe de Gabinete de ella y hoy opositor) en la Provincia de Buenos
Aires, donde está la mayor votación (37% del total del país), con seis puntos
sobre Martín Insaurralde, apoyado personalmente por Cristina Fernández.
Esa victoria sitúa a Massa en primer plano para
la Presidencial de 2015, en relación, por ejemplo, a la candidatura eventual
del Gobernador Daniel Scioli, todavía aliado de la Mandataria, y por cierto en
mejor situación que otros nombres claramente adversos al justicialismo, como el
Alcalde Mauricio Macri o la Diputado Elisa Carrió. En todo caso, cabe advertir
que la oposición al Gobierno continúa dividida y abarca sectores muy distantes
entre sí, aunque los radicales celebran el segundo lugar en términos nacionales
obtenido por la coalición de la que forman parte, pero con menos relevancia que
la lograda personalmente por Massa, en quien se ha centrado sobre todo la
atención pública, en forma paralela a la creciente decepción respecto del
resultado de las políticas oficiales y a la molestia popular por la inflación y
las denuncias de corrupción.
Correspondencia destacada.
Señor Director:
¿Retomando el punto del tejido interrumpido?
El tramado del tejido sociopolítico del país
tuvo su punto de quiebre definitivo en 1973, cuando se propuso la ENU, esquema
estatista absoluto relativo al sistema educacional y que significaba, siguiendo
la ideología revolucionaria entonces en marcha, el "tocar fondo",
puesto que entrañaba el inicio de la creación del Hombre Nuevo, arquetipo
básico del marxismo.
Hoy la candidatura concertacionista-comunista,
como bien lo ha decidido un columnista de este medio, ha estado teniendo y
sigue concretando su énfasis prioritario en la reforma educacional centrada en
un predominio insuperable del Estado.
¿Retomando el punto del tejido interrumpido?
Sergio Rillon.
Señor Director:
La Araucanía llora y sufre.
Nuestra Región de constantes cielos nublados y
húmedos llora, porque han pasado años y cada día somos testigos de los
horrendos atentados que sufren agricultores, transportistas y personas comunes
y corrientes que vivimos en estas tierras. Ni las autoridades políticas, ni la
Justicia, ni los organismos de seguridad, ni la comunidad hemos sido capaces de
frenar este vandalismo. Muchos de los que habitamos en esta Región tenemos
miedo de que alguno de los nuestros que se traslada de una ciudad a otra sea
atacado por las noches en las rutas de la Región; miedo a que los campos y
casas de nuestros amigos o familiares sean quemados cobardemente, como ha
ocurrido tantas veces; miedo a que las siembras y cosechas de nuestras tierras
y que exigen tanto trabajo y dedicación sean destruidas impunemente. La
Araucanía llora y sufre, pero no se rinde. Seguirá en el anhelo por lograr la
paz, aunque muchas veces sentimos que el resto del país no conoce ni entiende
lo que acá nos ocurre.
Paulina Nualart González. Abogada.
Señor Director:
Pregunta al CDE.
Loable autodefensa de los consejeros del
Consejo de Defensa del Estado, realizada mediante carta publicada en “La
Segunda” del viernes 9 de agosto.
Aprovecho que los señores consejeros están
inspirados escribiendo, para preguntarles qué ha hecho el Consejo de Defensa
del Estado en relación al escándalo de los exonerados políticos, y para
intentar recuperar algo de los dineros mal habidos, para destinarlos a mejoras
en la educación y salud de los más pobres, y así no tengan que subirnos
nuevamente tanto los impuestos.
Rodrigo Cooper Cortés.
Señor Director:
Junta Nacional de la DC.
A más de un mes de la derrota de su candidato Presidencial,
la DC realizó su Junta Nacional en la que proclamó a Michelle Bachelet como su
abanderada para noviembre. La pregunta que surge es: ¿habrán superado la
desazón por la pérdida de Orrego? Algunos dirán que los apenados no son muchos.
No pocos falangistas declararon su apoyo a
Bachelet incluso durante la campaña de Orrego, quien se sintió muy abandonado
por sus camaradas, por lo que la alegría que se respiraba en el acto efectuado
en Valparaíso era comprensible. Tal vez vale la pena hacer un guiño a las
sentidas palabras de Orrego, en las que reconoció errores en su campaña.
Entre tantas declaraciones surgidas, hubo una
que muestra el exceso de confianza en los guarismos de noviembre. Eduardo Frei
acotó: “creo que la elección está ganada”. De seguro su experiencia como
candidato y su olfato para oler la cercanía del triunfo lo hicieron emitir
dichas palabras. Pero también las hubo de molestias, como las de la Senador Rincón, quien dijo “no compartir
por falta de transparencia y pluralismo
la conformación del comando de Bachelet”. Bueno, esto es igual que cuando hay
un matrimonio y las familias de ambos contrayentes se empiezan a tratar; aunque
aquí hace más de medio siglo que se conocen y aún se tratan de “usted”.
Quizás la gran incógnita para la DC -y por
ahora sin respuesta- es ¿cuánto tiempo deberán esperar para tener un Presidenciable
de fuste, y contar con el cerrado apoyo de sus actuales socios para llegar a La
Moneda?
Luis Enrique Soler Milla.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.