Una elección abierta,
por Gonzalo Müller.
Estamos frente a una elección abierta y
competitiva. No es una frase que nadie en la centroderecha pudiera haber dicho
con confianza hace tres semanas, en medio del clima de división y conflicto que
se vivió en los días inmediatos al fin de la candidatura de Pablo Longueira
debido a su enfermedad.
Pero el escenario ha ido cambiando. El sábado
recién pasado, Evelyn Matthei ha sido proclamada candidata única de los partidos
de Gobierno, cerrando exitosamente la primera etapa de su campaña, cuyo
objetivo declarado, desde que su partido la nombrara candidata, era ser elegida
como la candidata de unidad, capaz de articular no sólo a la UDI y a RN, sino a
otros conglomerados como Evópoli y más importante aún hacia los independientes,
paso necesario si quería que la suya fuera una candidatura competitiva.
Estas tres semanas, Evelyn Matthei logró
revertir un escenario complejo como lo era la posibilidad de ir divididos a la
elección Presidencial, y demostró liderazgo y capacidad de entendimiento para
acercar posiciones y transmitir confianza, provocando que rápidamente hasta los
más tenaces contradictores de su candidatura terminaran sumándose. Su actitud
hizo que primara al fin la racionalidad y la sensatez de no seguir
profundizando las divisiones y dejar de lado los tambores de guerra para dar
paso a una paz constructiva que permita ahora, en estos 90 días, construir
aceleradamente una alternativa potente y competitiva para enfrentar a la
Concertación y a sus aliados.
Valorar completamente la importancia de contar
con Evelyn Matthei como candidata única es entender que, en la nueva etapa que
inicia, sus esfuerzos estarán concentrados en los principales activos de su
campaña. Primero, su identificación con el Gobierno, lo que la va a llevar a
acercarse a la aprobación de éste. Lo veremos con mucha frecuencia tanto entre
los Ministros como en el propio Presidente, que van a hacer sentir su
preferencia por la candidata que ofrece la continuidad de lo bueno de su Gobierno.
Pero reconstruir la mayoría que llevó al Presidente Piñera a triunfar hace casi
4 años va a requerir de Matthei que logre también ir más allá de quienes
aprueban al Gobierno, y recoger las inquietudes y necesidades de electores más
independientes y no politizados, que priorizan la satisfacción de sus problemas
y necesidades por sobre la identificación más ideológica.
Sólo no entender los cambios de los últimos
años, donde una ciudadanía más activa y demandante ha tomado protagonismo,
permite en algunos sectores de la Concertación un exacerbado exitismo que aleja
más que convoca y que olvida tanto la mala evaluación ciudadana de los partidos
que acompañan a su candidata, como las sorpresas de las últimas elecciones,
donde carreras corridas terminaron en sorpresivas y dolorosas derrotas. Son
sólo los ciudadanos y su participación quienes se reservan el derecho de
decidir hasta último momento en nuestro sistema con voto voluntario.
Así, la afirmación de que estamos frente a una
elección abierta, se pronuncia hoy con optimismo, ya que Evelyn Matthei logró
sortear quizás el escollo más difícil para plantearse cara a cara frente a
Michelle Bachelet, y esto era alcanzar la unidad del oficialismo. La
comparación directa entre ambas, los Gobiernos de que fueron parte y sus
liderazgos es algo que se mira con esperanza. De este modo, la elección Presidencial
se encamina a dirimir cuál de estas dos mujeres va a dirigir nuestro país los
próximos cuatro años, y en ese camino de debates y propuestas aparece también
la elección entre dos modelos de sociedad muy distintos, donde la izquierda se
inclina por la igualdad y la propuesta de Matthei promueve avanzar en mayor Justicia.
Instituciones, desarrollo integral y cambio
institucional,
por Klaus Schmidt-Hebbel.
El premio Nobel D. North define a las
instituciones como “las restricciones ideadas por los humanos que estructuran
la interacción política, social y económica. Ellas consisten tanto de
restricciones informales (costumbres, tradiciones y códigos de conducta), como
de reglas formales (Constituciones, Leyes, derechos de propiedad)”. D. Acemoglu
y J. Robinson enfatizan que son las instituciones las que determinan “por qué
fracasan las naciones” (el título de su último libro) o por qué son exitosas.
¿Por qué la institucionalidad es clave? Porque
las buenas instituciones promueven cuatro objetivos centrales para toda nación:
democracia, respeto de derechos humanos, progreso económico e inclusión social.
Pero el desarrollo de buenas instituciones también depende de condiciones
sociales y políticas favorables. Mejores reglas del juego político, económico y
social son más fáciles de adoptar en democracia y en países de mayor desarrollo
económico y social.
Una buena institucionalidad —¿qué mejor ejemplo
que una buena Constitución?— debe lograr un necesario equilibrio entre
estabilidad y flexibilidad. Una institucionalidad muy rígida anquilosa a la
sociedad e invita a la ruptura por las armas o por la calle. Pero una
institucionalidad demasiado flexible o débil es aprovechada por Gobiernos
populistas que la destruyen en su propio beneficio económico y político (por
ejemplo, los sucesivos Gobiernos argentinos desde Perón hasta el actual
kirchnerismo, incluyendo la dictadura militar).
Chile ha fortalecido por un cuarto de siglo su
institucionalidad, enmendando errores históricos y aprendiendo de la buena
experiencia mundial. Este esfuerzo transversal recibió hace dos semanas el
Premio ICARE a la institucionalidad económica, distinción que fue personificada
en los Ministros de Hacienda Alejandro Foxley y Felipe Larraín.
Dentro y fuera del ámbito económico, y solo
desde el año 2000, el país ha avanzado significativamente en su
institucionalidad. Por ejemplo, destaco la Reforma Procesal Penal del 2000, el
Sistema de Alta Dirección Pública de 2003, la Ley de Responsabilidad Fiscal de
2006, el Consejo para la Transparencia en 2008, la Subsecretaría de Prevención
del Delito en 2011, el Consejo de Estabilidad Financiera en 2012 y el Consejo
Fiscal en 2013.
¿Cómo está Chile en comparación mundial? El
índice de desarrollo institucional del FEM refleja la medida más amplia
disponible, combinando instituciones económicas y políticas, públicas y
privadas. Dado su PIB per cápita, Chile tiene un grado de desarrollo
institucional algo mayor que países comparables. Ello es muy bueno, porque nos
permitirá crecer más en los próximos años. Respecto de la institucionalidad
macroeconómica, Chile está a la vanguardia mundial. En lo microeconómico, hay
dos comparadores internacionales que muestran nuestra posición relativa. En
cuanto a libertad económica, llegamos en años recientes a los niveles de EE.UU.
y Japón. En facilidad para emprender negocios, estamos mucho mejor que las
economías emergentes en general, pero nos falta bastante para remover barreras
y apoyar el emprendimiento, a fin de garantizar un nivel de facilidad con que
se hacen negocios comparable al de países desarrollados.
Ciertamente enfrentamos muchos retos de
reformas institucionales para acelerar nuestro paso hacia un desarrollo
integral, con una política de mayor calidad y participación ciudadana, hacia
una sociedad más inclusiva y menos desigual, con mayor seguridad ciudadana, y
donde la gente y las comunidades sean más felices. Las 95 propuestas del Grupo
Res Publica Chile (www.95propuestas.cl) incluyen docenas de ideas concretas de
avance institucional en política, economía y sectores sociales.
Destaco un hecho esencial: en democracias
maduras los cambios institucionales se hacen solo dentro de la
institucionalidad. En una sociedad democrática, los cambios son producto del
voto ciudadano, que da origen a las mayorías políticas que propugnan dichos
cambios, realizados a través del Congreso y del Gobierno, y en permanente
diálogo con las minorías. Aunque algunos cambios pueden ser motivados por las
demandas expresadas en manifestaciones o en “la calle”, estos cambios no pueden
responder al “Diktat” de dirigentes de grupos de interés. Consecuentemente, en
democracia los cambios Constitucionales no pueden ser encargados a una asamblea
constituyente u otra instancia Extraparlamentaria, sino que deben encauzarse a
través del Congreso, postura que en Chile es compartida por los más destacados Senadores
de izquierda, centro y derecha.
En resumen, Chile ha recorrido un importante
camino de fortalecimiento institucional que nos ha permitido crecer en
democracia y desarrollo integral. Pero enfrentamos grandes desafíos de mejoras
adicionales, que deben realizarse a través de las vías institucionales,
aprovechando la rica experiencia mundial en construir sociedades mejores y
respetando a quienes piensan distinto en una actitud permanente de amistad
cívica.
Consulta a organizaciones indígenas.
La propuesta de nueva normativa de consulta y
participación a las organizaciones indígenas está llamada a culminar en un
reglamento que consolide y precise el derecho de consulta de estas comunidades y,
a la vez, destinada a otorgar certeza Jurídica respecto de la Legislación y
actos administrativos que tengan un impacto exclusivo y significativo para esos
pueblos, sus tradiciones, costumbres, prácticas religiosas, culturales o
espirituales, o la relación de estas con sus tierras. En este cometido, el
Gobierno recogió la opinión, propuestas y contrapropuestas de los dirigentes
indígenas para, próximamente, reglamentar los estándares, plazos y formalidades
para llevar a efecto las consultas y definir las medidas administrativas
susceptibles de las mismas.
El derecho indígena a la consulta proviene del
Convenio 169 de la OIT, de 1989, vigente en Chile desde 2009, habiéndose
ratificado -a juzgar por sus resultados- sin precisiones suficientes y
oportunas, y que ha sido fuente -como se previó entonces por diversas voces- de
fuertes controversias. Sus términos abstrusos y su instrumentalización para
fines ajenos a los deseados, que incluso podrían afectar la convivencia, la
integración y la unidad territorial, han significado que el grueso de los Estados
se resista a incorporarlo a su Legislación interna. Solo 22 países lo han
acogido, no obstante haberlo suscrito varias decenas.
La nueva propuesta apunta a equilibrar el
respeto de los derechos que emanan del mencionado convenio y el ejercicio de
las potestades públicas que afecten directamente a los pueblos indígenas.
La exégesis interpretativa, la complejidad y la
desnaturalización del derecho a consulta han derivado en la Judicialización e
incerteza Jurídica de Leyes, de permisos y medidas administrativas habilitantes
para realizar proyectos de inversión, infraestructura y actividades
productivas; en especial, energéticas y mineras. Estas realidades están
impidiendo o entrabando el desarrollo y el progreso nacional, principalmente en
territorios poblados por comunidades indígenas.
Son varios los proyectos en que, contando con
los permisos correspondientes, han debido detenerse por un supuesto
incumplimiento de la obligación de consulta y, más en general, por el clima de
tensión creado por las derivaciones vinculadas a este convenio en lo político,
social y económico. A este último respecto, es decidora la cifra hecha pública
por la Corporación de Bienes de Capital, que estima en 33.700 millones de
dólares el retraso de inversiones mineras y eléctricas por conflictos con
comunidades desde 2010 a esta parte -cifra cuya magnitud parece requerir
análisis por separado-.
En algunas situaciones se sostiene la
infracción de estándares que exige el Convenio 169, cuya vaguedad es a veces
manifiesta. En otras inversiones, los interesados alegan la improcedencia del
trámite. Estos desencuentros por imprecisiones normativas que favorecen a
presiones autárquicas, a la omisión de consultas eficaces y al activismo Judicial,
deberían terminar o reducirse sustancialmente con esta nueva normativa, que
reviste una importancia obvia y que, presumiblemente, despertará polémicas en
diversas aristas.
Se espera que con estos reglamentos tanto las
comunidades indígenas como las autoridades y agentes económicos tengan en
adelante mayor claridad relativa a sus efectivos derechos, facultades y
obligaciones, y con ello se facilite la ejecución de los proyectos de
desarrollo que Chile necesita indispensablemente, para beneficio de todos sus
habitantes, se definan o no como descendientes de etnias originarias.
Delitos de alta connotación pública.
Los datos entregados en el estudio
“Estadísticas de denuncias y detenciones en flagrancia de delitos de mayor
connotación social”, elaborado por el Ministerio del Interior, revelan que en
promedio éstos experimentaron un leve alza durante el segundo trimestre del
año, en relación a igual período del 2012, lo que justifica analizar en detalle
sus razones, pues es indicativo que la lucha contra la delincuencia, si bien ha
experimentado avances que no pueden ser ignorados, todavía está lejos de ser
plenamente satisfactoria, lo que puede explicar por qué no disminuyen los
índices de victimización en el país.
El delito que presentó una mayor alza durante
el período abril-junio -según número de casos policiales cada 100 mil
habitantes- fue el robo por sorpresa (incremento de 27,6%), seguido del robo
con violencia o intimidación (8,9%) y robos con fuerza (3,2%). Como
contrapartida, disminuyeron los hurtos, lesiones y violencia intrafamiliar,
mientras que los homicidios no experimentaron variación. Al mirar las cifras
según el número de casos cometidos, se observa que el robo con fuerza concentra
casi el 40% de los delitos bajo análisis, seguidos de los hurtos, con 31%. Esta
concentración debería servir como guía para canalizar el accionar policial.
La Subsecretaría de Prevención del Delito ha
atribuido parte del aumento de los delitos al hecho de que los funcionarios
policiales se han visto distraídos en funciones distintas a las que están
llamados a desempeñar en forma prioritaria, lo que ciertamente debe ser corregido,
ya que de lo contrario se ve debilitada su labor preventiva y disuasiva, la
cual juega en esto un rol fundamental. Cabe aquí también interrogarse sobre el
papel que han cumplido los órganos Judiciales -Ministerio Público y
tribunales-, pues en la medida que existan más casos sin adecuada sanción se
genera también un incentivo al delito.
Preservar la regla Fiscal estructural.
La introducción de la regla Fiscal estructural
por Nicolás Eyzaguirre, Ministro de Hacienda del Gobierno de Ricardo Lagos,
estableció un ancla referencial en la programación del uso futuro de los
recursos del Fisco y un horizonte de predictibilidad de su trayectoria, de gran
importancia para las decisiones que toman los agentes económicos. El hecho de calcular
el superávit o déficit Fiscal en términos de la estructura de largo plazo,
sobre la base de las variables fundamentales que inciden en los ingresos del
Estado, independiza el actuar del Fisco de la coyuntura del ciclo económico, y
su disciplinada aplicación le otorgó la credibilidad necesaria para
transformarse en un activo del país.
El que dicha regla estableciera un superávit
estructural de 1% -en principio innecesario, porque un ahorro permanente no
tiene sentido per se - se fundaba en la necesidad de enfrentar gastos futuros
estructurales de largo plazo y, además, en el hecho de que, incluso si en
cierto momento se transgredía un poco la regla, no se llegaría al déficit,
resaltando así la importancia del equilibrio macroeconómico.
La crisis financiera desencadenada en 2008, que
requirió una abundante inyección de recursos Fiscales, efectivamente rompió el
superávit estructural inicial, y se pasó a una situación de déficit -estimada
en 3,1% por la comisión que lo estudió en 2010, del cual 1,4% fue provocado por
la postergación, debido a la crisis, del alza impositiva convenida para 2009-,
situación que el Gobierno del Presidente Piñera heredó.
El 2010, el entonces nuevo Gobierno se
comprometió a llegar a un déficit de 1% estructural al final de su mandato. Las
proyecciones actuales anticipan, sin embargo, que ese déficit será de 1,2% al
final de 2013, aunque aún hay espacio para lograr la meta. La menor recaudación
tributaria de este año desmejoró la favorable situación de 2012, que tuvo un
déficit estructural de 0,4%.
Con todo, aunque las cifras indican que la
regla del Ministro Eyzaguirre ha sido en la práctica abandonada, si se
considera el esfuerzo Fiscal extraordinario que significó el terremoto, se
trata de guarismos que siguen mostrando una responsabilidad Fiscal ejemplar,
sostenida a lo largo de los años.
Hacia el futuro la situación es más incierta,
pues los derechos sociales universales prometidos por varios de los candidatos Presidenciales
en esta campaña suponen cuantiosos gastos estructurales nuevos, difíciles de
modificar, por lo que una disminución de ingresos permanente, a resultas de una
desaceleración de la economía en el nuevo ciclo, podría hacer que el país
perdiese este valioso activo que despierta admiración en el extranjero.
Dilemas en financiamiento de salas cuna.
En el marco de la celebración del Día del Niño
este domingo, el Presidente de la República reiteró su promesa de enviar un
proyecto de Ley que garantice el financiamiento de salas cuna para todas las
madres que trabajen. En la actualidad, sólo aquellas que laboran en empresas
con más de 20 empleadas tienen derecho a recibir este beneficio, que en la
actualidad pagan los empleadores, lo que es indeseable desde el punto de vista
de potenciar el empleo femenino, ya que pone a las mujeres en edad fértil en
desventaja frente a sus pares hombres. Este proyecto ha sido anunciado ya en
varias ocasiones y aún no se presenta al Congreso, lo que a pocos meses del fin
del actual Gobierno se ve complejo de aprobar antes de terminar la
administración de Sebastián Piñera.
Este domingo no se entregaron detalles y queda
por confirmar quién financiará la sala cuna de las empleadas de empresas más
pequeñas (¿el empleador pyme?, ¿el Estado a través de un subsidio especialmente
diseñado?) y también si será efectivamente universal, es decir, si no se
focalizará solamente en las empleadas más vulnerables. Hoy es un beneficio que
tienen todas las mujeres, independiente de su nivel de remuneración, dado que
lo pagan los empleadores, pero resultaría debatible si se traduce en un aporte
del Estado que se dé en apoyo de madres con sueldos altos para costear el
cuidado de sus hijos. También en algunas versiones que han circulado se ha
barajado la posibilidad de incluir a los padres en este beneficio, de manera de
no dañar el empleo femenino.
Lo cierto es que hoy el escenario dista de ser
ideal y es deseable una reforma. Primero, la sala cuna con cargo al empleador
es una medida que dificulta el empleo de mujeres en edad productiva,
especialmente de las empresas más pequeñas, que prefieren mantenerse bajo la
cuota de los 20 que los obliga al beneficio. En caso de incluirse a las mujeres
que trabajan en pequeñas empresas, se deberá buscar un aporte Estatal o con
cargo a algún fondo específico, porque son compañías que no pueden asumir este
costo adicional, pero que a la vez son claves en el empleo femenino. Segundo,
sólo se aplica a aquellas mujeres que trabajan en empresas de tamaño mediano,
dejando fuera a un segmento de empleadas de pymes que con dificultad
compatibilizan vida laboral con cuidado de los hijos.
La reforma debe, entonces, mejorar la actual
situación y hay varios puntos a tener en cuenta. Sería deseable que el
financiamiento no quede a cargo de los empleadores para no dañar el empleo
femenino, pero que los recursos estén focalizados en aquellas mujeres de
remuneraciones medianas y bajas. También, se debe dar flexibilidad en este
beneficio. Las madres deben poder elegir entre varias opciones sobre dónde
dejar a sus niños, dado que la confianza en el establecimiento es clave para
realmente ser un apoyo al trabajo de la mujer. Privilegiar el derecho a elegir
de las madres entre opciones competitivas les permitirá buscar horarios,
estilos de cuidado y cercanía más adecuados para su familia. Explorar el
sistema de cuidadoras que opera en otros países o pensar en un voucher similar
al que existe para el resto del sistema educativo debería ser debatido. Y,
finalmente, junto con poner foco en el empleo femenino, hacerlo en el anhelado
deseo de calidad, es decir, que además de cuidado físico los niños reciban
estimulación desde la temprana edad.
Argentina: ¿Primaria o encuesta?
Con una participación del 70% en las primarias Legislativas
del domingo, los argentinos enviaron un rotundo mensaje: les interesa la
política y lo que pase en las elecciones de octubre. Con el resultado referido,
enviaron una señal aún más clara a la Presidente Cristina Fernández: no están
conformes con su manera de Gobernar.
La Mandatario se amparaba en el 54% de votos
con que fue reelegida en 2011 para impulsar las reformas que consideraba
adecuadas, aun cuando estas fueran rechazadas a viva voz por la opinión
pública, que ha salido a la calle en innumerables oportunidades para protestar
contra algunas de sus decisiones. Hoy, con el 26% de los votos que obtuvo su
Frente para la Victoria, no podrá "ir por todo", como lo planteaba en
temas que iban desde la reforma judicial hasta el control de la prensa y los
medios de comunicación.
En unas primarias que parecen una encuesta
nacional, para la Presidente fue una derrota dolorosa la que sufrió su
conglomerado en Santa Cruz, base de su apoyo y donde inició su carrera política
con el fallecido ex Presidente Néstor Kirchner. También las de San Juan, Chubut
y, sobre todo, La Rioja, donde el peronismo nunca había perdido. En Santa Fe,
Mendoza, Córdoba y la capital, el triunfo opositor era esperable. Cristina, que
se jugó por entero en la campaña de su candidato en la Provincia de Buenos
Aires, debió aceptar la evidencia de que vastos sectores de la clase media ya
no la apoyan.
Si el kirchnerismo quiere mantener el control
que tiene actualmente en el Congreso -y más todavía si Cristina quiere ir por
una re-reelección-, tendrá que hacer grandes esfuerzos no solo para evitar
seguir perdiendo respaldo, sino para ganar nuevos votos. En ese caso, deberá
rectificar en políticas que han golpeado a aquellos grupos socioeconómicos
tradicionalmente mayoritarios en Argentina, y abrir espacios para el diálogo y
la discusión, reemplazando su estilo verticalista de gestión.
Para la fragmentada oposición, el desafío es
enorme. Si bien tuvo un excelente desempeño, debe demostrar que la unidad no es
solo instrumental y que en verdad puede actuar en conjunto cuando las materias
lo requieran. En el caso de la izquierda, analistas consideran que fue una
sorpresa que el Frente UNEN -la alianza de grupos de esa orientación- haya
obtenido tan alta votación, pero le falta mucho para ser realmente un
conglomerado con cohesión y sentido de futuro.
En el caso del PRO, de Mauricio Macri, el hecho
de que además de obtener el triunfo en la capital -su bastión tradicional-
lograra buen apoyo en otros Distritos del país, le hace albergar esperanzas
para una eventual campaña Presidencial. Pero para poder concretarla, requiere
una dosis grande de manejo político para allegar apoyos de otros partidos y de
quienes obtuvieron por sí mismos buenos resultados y querrán, quizás, tener su
oportunidad en 2015. Tal podría ser el caso del Intendente de Tigre, Sergio
Massa, gran vencedor de la jornada del domingo.
Correspondencia para meditar.
Señor Director:
"Teología política".
Nuevamente el columnista Carlos Peña desenfunda
su bisturí retórico para cuestionar ahora el perdón que el Presidente Piñera
pidió a la ciudadanía reconociendo los errores del último censo. Apoyándose en
una forzada -y pretenciosa- interpretación lingüística, argumenta que "el
perdón es un concepto teológico... que se practica en las religiones
monoteístas", que no le correspondía utilizar al Presidente, agregando
luego "que parece noble, pero es puro utilitarismo para acallar las
críticas".
Seguidamente desarrolla su columna infiltrando
cada párrafo con el ácido de la descalificación a la actitud Presidencial, utilizando
epítetos en su contra, tales como "personalidad alérgica al carisma",
"megalomanía al presentar las cifras", "torpeza Gubernamental",
"chapucería", etcétera. Finalmente, corona todo ello calificando al
nuevo director del INE como "un hombre enemistado con las palabras, un
verdadero amigo de la torpeza verbal". ¡Qué horror! Cuán lamentable es
observar que la inteligencia y el talento de los hombres se vean algunas veces
corroídos por el vinagre de sus propias pasiones.
Pedir perdón es, a mi juicio, un acto cotidiano
de urbanidad y de respeto al prójimo al que los hombres (de cualquier o de
ningún credo religioso) debiéramos recurrir con más frecuencia. No es fácil
hacerlo. El orgullo y la soberbia siempre conspiran contra ello. Elevado al
nivel de alguna autoridad, sea Presidente, Obispo, General de Ejército o Rector
universitario, pedir perdón supone un acto de valentía, de humildad, de
nobleza, que siempre debiera merecer admiración más que descalificación.
Fabio
Valdés C.
Señor Director:
Demanda de seguridad.
Detectives y Carabineros efectúan controles
masivos y en ellos se detiene a prófugos
de la justicia o sujetos por delito Flagrante. Claramente ello incide en la
percepción de seguridad, pero lo que pasa después es preocupante, ya que ni el
10 % de ellos queda en prisión preventiva, es decir, un simple paseo y de
vuelta al rentable negocio de la delincuencia. Por idiosincrasia, las
medidas cautelares distintas de la
prisión preventiva, simplemente no funcionan y a veces es un ardid para el buen
delinquir. Se debe hacer un cambio profundo, por lo que es muy buena la idea de que los Fiscales den
examen para ascender, pero además de ello se debiera revisar su gestión, medida
en resultados. También se debiera sancionar a los Jueces cuyos fallos sean
permanentemente revertidos por las Cortes; asimismo, cabría otorgar mayores
facultades a las policías y restringir el otorgamiento de medidas cautelares que hacen volver a la
calle a delincuentes peligrosos. Hoy la ciudadanía demanda seguridad y es
altamente contradictorio que los buenos transformen sus casas en cárceles y los
malos gocen de las bondades de la plena libertad.
Alberto Contreras Silva.
Señor Director:
Bicentenario del Instituto Nacional.
En 1913 el centenario del Instituto Nacional
tuvo un amplio eco en la sociedad, manifestándose un sentimiento de gratitud
por parte del país a esta institución forjadora de la patria. El sábado pasado,
el Instituto Nacional celebró sus 200 años de existencia, haciéndose entrever
en las redes sociales, situándose en un Trending Topic nacional durante casi
todo el día. No todos los comentarios eran felicitaciones, sino también se
destacó un sentimiento opuesto al llamado “Institutano”, un sentir de repudio
al fanatismo, exacerbación y chovinismo por parte de algunos quienes festejaban
tal efeméride. Ante esto puedo decir que tal concepto es honorable; el
Instituto entrega a sus alumnos el poder de razonamiento, las herramientas para
superarse y el fomento para en un futuro enriquecer la patria. Citando la frase
de Fray Camilo Henríquez, “el gran fin del
Instituto es dar a la patria ciudadanos que la defiendan, la dirijan, la hagan
florecer y le den honor”, pienso que esto se ha cumplido, por lo que agradecer
al Instituto Nacional por preparar
hombres que sirvan a la patria no es ilegítimo. Más aún, debemos como sociedad
ocupar a este famoso colegio como un ejemplo, de modo que la educación se
centre en formar ciudadanos dados a engrandecer al colegio y la Patria.
Martín Rebolledo Jaure.
Señor Director:
Perros vagos.
Aunque parezca una noticia de inicios del siglo
pasado, un perro vago atacó a un joven chileno transmitiéndole el virus de la
rabia. No se trata de buscar una solución que linde en la barbarie. Sólo
bastaría con esterilizar a las hembras.
¿Qué falta en Chile para eliminar el problema?
¿Voluntad política?
No creo que falte presupuesto, cuando se está
pensando en aumentar el número de Parlamentarios.
Miguel
Huerta Marín.
