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miércoles, 7 de agosto de 2013

Temas de contingencia para meditar...














El golpe blanco: la DC y Allende,
por Leónidas Montes.


En Chile valoramos poco nuestra historia. Las sensibilidades y la política contingente en muchos casos parecen nublar nuestra verdadera realidad histórica. Generalmente son historiadores extranjeros los que ponen una cuota de objetividad. Respecto del Gobierno de Allende y del golpe militar, hemos sido más proclives a estudios sesgados y subjetivos, que a la realidad histórica misma. Afortunadamente, esto está cambiando en Chile. En la academia están surgiendo jóvenes historiadores con espíritu crítico y riguroso que, alejados de la contingencia y las creencias personales, realizan investigaciones académicas serias e interesantes. Un ejemplo reciente es un artículo publicado en la penúltima Revista de Estudios Públicos acerca del contexto de la ascensión al poder de Salvador Allende y el rol de la DC. Los documentos desclasificados por los Estados Unidos a partir de 1999 han traído muchas sorpresas a nivel mundial. Y también local.


El golpe ha sido ampliamente estudiado. En cambio, lo que realmente sucedió entre el 4 de septiembre de 1970, cuando se elige por estrecho margen a Allende, y la sesión del Congreso pleno del 24 de octubre que debía elegirlo como Presidente para el período 1970-76, es un capítulo todavía abierto de nuestra historia. Conocidas son algunas acciones destinadas a impedir el acceso de Allende al poder. Pero tradicionalmente el énfasis ha estado en el rol de la CIA, Nixon o Kissinger, y no en el rol o las intenciones del Presidente Frei Montalva y algunos miembros de la DC para que Allende no llegara a la Presidencia. En este período se trama el llamado “golpe blanco”.


En medio de la Guerra Fría, el Embajador de EE.UU., Edward Korry, naturalmente compartía la actitud antiallendista de un importante sector de la DC. Lo interesante es que Korry fue el principal interlocutor de Frei Montalva y sus Ministros en estas tensas e intensas siete semanas antes de que Allende fuera confirmado por el Congreso. Y este testimonio está disponible.


La escisión que dio origen al MAPU reflejaba la división interna de la DC frente a un eventual futuro Gobierno de orientación marxista. Pero esta división era más profunda. El rol de Tomic como articulador de la Unidad Popular es conocido. Para Frei Montalva, en cambio, el horizonte político que prometía Allende era inquietante. Dudaba del compromiso del PS y PC con la institucionalidad democrática. No olvidemos que en, el ardor de los 60, el Congreso Socialista de 1967 ya había aprobado la vía armada como posible método de acción política. Frei le advertía a Tomic que la ascensión de Allende sería “una catástrofe histórica sin retorno”. Según Korry, antes de las elecciones, el Presidente Frei Montalva “estaba profundamente pesimista y perturbado”. Temía “la imposición de un Estado marxista-leninista” que inexorablemente conduciría a la destrucción de la institucionalidad.


Ante la renuncia de Jorge Alessandri, surgió la idea o posibilidad de generar una crisis institucional. Pero Tomic, Leighton y otros DC se opusieron y apoyaron a Allende. En cambio, Carlos Figueroa y Andrés Zaldívar formaban parte de un grupo de Ministros de Frei Montalva —compuesto también por Raúl Troncoso, Sergio Ossa y Patricio Rojas— que pensaban que algo debía hacerse para evitar que Allende fuera elegido por el Congreso. Este “grupo informal de trabajo” habría estado dispuesto a renunciar durante la cuenta económica de Zaldívar ante el Congreso, y gatillar así una crisis que impediría la confirmación de Allende como Presidente. Se llegó a especular acerca de una renuncia masiva del Gabinete. Pero esta “fórmula Parlamentaria” no se concretó. Algunos próceres de la DC se quejaban ante el Embajador Korry de la reticencia y falta de liderazgo de Frei Montalva para actuar decididamente. Intentaron convencer, sin éxito, a Leighton. Pero Tomic venció a Frei Montalva dentro del partido. Finalmente, Allende le dio garantías a la DC. Así, el 24 de octubre Allende fue elegido con los votos de los partidos de la UP y la DC.


La controvertida figura de Allende ha alcanzado ribetes románticos. Y su Gobierno se ha idealizado, escondiendo una realidad más compleja. Olvidar el pasado es el peor enemigo del futuro. Pero ignorarlo por conveniencia puede ser peor. Por eso, es importante develar lo que realmente sucedió en este período de nuestra historia.


Elecciones y La Haya
por Joaquín Fermandois.


Frente al Juicio ante la Corte Internacional se ha mantenido, como en tantos casos anteriores, una tradición de "política de Estado", es decir, que una vez discutida en las instancias pertinentes, todas las fuerzas públicas apoyan las posiciones del Gobierno, y solo después de emitido el fallo comienzan las críticas, cuando las hay. Laguna del Desierto fue uno de estos casos porque Chile perdió en toda la línea. Desde que el Perú inició la presentación ante La Haya se ha mantenido la misma actitud.


No obstante, en algunos internacionalistas ligados a la oposición ha emergido un matiz distinto. No se basa ni en el objeto mismo -el límite marítimo- ni en la estrategia Jurídica, en sus grandes rasgos ya diseñada durante el Gobierno de Michelle Bachelet, y los equipos son prácticamente los mismos. En lo que se pone énfasis ahora es en el carácter de las relaciones bilaterales. El año 2008 el Gobierno de Michelle Bachelet enfrió las relaciones generales con el Perú, en señal de disgusto y para indicar que el acto de Lima era "inamistoso", ya que desconocía un tratado y práctica de muchas décadas. Quizás tuvo que ser así. Por demasiadas razones de peso no se podía sostener una actitud de este tipo en el tiempo.


Chile había comenzado mucho antes a tener relaciones económicas muy estrechas con Lima, algo inédito en siglo y medio. No solo eso, sino que la articulación con la Alianza del Pacífico -algo tenue pero de gran proyección- iniciada bajo Michelle Bachelet aunque sin mayor entusiasmo, fue asumida con bríos por la administración de Sebastián Piñera.


Desde estas páginas he criticado el apocamiento chileno ante la transformación de varias repúblicas democráticas en sistemas políticos caracterizados por caciquismos populistas, con matonaje internacional para atemorizar a los Gobiernos que no comulgan con sus ruedas de carreta, y capaces de convertir a la democracia en caricatura, cercando a la oposición y a la prensa independiente.


Hay que destacar, por el contrario, el acuerdo con varios países ribereños del Pacífico, que tiene la mayor relevancia. Evita el ser arrinconado por las mareas populistas, que quieren arrastrar consigo a la Concertación o Nueva Mayoría, y otorga un marco de sentido común en las relaciones internacionales de la región. Ofrece una vía para encauzar las relaciones vecinales, tema complicado para Chile, en especial con Perú. En cambio, un paulatino aprendizaje en tareas comunes llevará no solo a una mayor integración, sino a crear una armazón que pueda desalentar tentaciones de rivalidad geopolítica, y que las emociones profundas originadas en el remoto pasado se vayan transmutando con el paso de las décadas. Un gran programa.


Las críticas mencionadas se originan en la batalla Presidencial que se avecina. Se acotan al terreno político, sin mucha sabiduría por lo demás. Se da el temor -debido al atraso en pronunciar el fallo- a que el resultado final no sea todo lo perfecto que sueñan algunos, y habría que hallar culpables. En realidad nadie sabe. Al Tribunal, como a todo Jurado, le gusta sentirse tal, y es imposible adivinar su decisión en todas sus implicancias. Hablaría muy mal de un Tribunal el que castigara en sus fallos a un país por las buenas relaciones con su vecino, olvidando la cuestión Jurídica envuelta. Esta es muy sencilla: hay un tratado y una práctica de 60 años. Es de esperar que las críticas hacia la política del Gobierno ante el Perú no constituyan una coartada para politizar la posición chilena en La Haya. Gran ironía: a la derecha siempre se le ha reprochado el no darles suficiente atención a las relaciones con los países latinoamericanos.


¿Y Dónde Está la "Fortuna" de Pinochet?,
por Hermógenes Pérez de Arce.


Periódicamente se resucita el "caso Riggs" para enlodar la memoria del más importante estadista chileno del siglo XX. Hasta no hace mucho sus detractores decían que la "fortuna" de Pinochet era de 27 millones de dólares. Ahora, sin explicación, la han reducido a 17 millones, según un "informe" de la Universidad de Chile. Pero eso tampoco es verdad.


Dejemos primero establecido un hecho: cuando Impuestos Internos, bajo un Director socialista, examinó los ingresos y gastos de Pinochet durante sus 17 años de Gobierno (1973-1990), sólo encontró 544 mil dólares sin explicar ("La Tercera", 8 de octubre de 2005, p. 4). Una suma irrisoria, equivalente a lo que los Gobernantes de la Concertación se llevaban cada dos meses para la casa en sobres clandestinos con billetes ("fue una corruptela", reconoció el inefable don Patricio cuando se comprobó que esa práctica se había iniciado bajo su Gobierno). Pablo Longueira salvó a Ricardo Lagos y a la Concertación del escándalo, mediante una verdadera "Ley de Amnistía" extraordinariamente generosa, pues lo que hasta entonces se robaban fue agregado a sus sueldos. Los concertacionistas nunca le agradecieron debidamente. Entonces Impuestos Internos dictaminó que los gastos reservados no podían examinarse. "Hecha la trampa, hecha la Ley", comentó en esos días un feligrés de mis columnas en "El Mercurio". Y la Concertación quedó impoluta. Lo malo es que después volvió a dejar de estarlo, tras una renovada lista de escándalos.


Entonces, que quede claro: la acción de Gobernante de Pinochet no fue el origen del patrimonio que después reunió. Desde luego, en su declaración inicial de bienes, hecha al asumir el poder en 1973, se advertía ya un conjunto de haberes que, en dinero de hoy, equivaldría a cerca de 3 millones de dólares. A ello se sumaron los ahorros de todo su período de Gobernante y los numerosos donativos que recibió. Hasta hubo un ciudadano sueco, Jorn Wilhelm Sjersted, que en 1982 lo designó heredero de su fortuna. Seguramente para compensar el daño que el Primer Ministro sueco, Olof Palme, infería a Chile, al contribuir públicamente a financiar el terrorismo comunista (FPMR) de acá. Pero ¡justicia divina!: a Palme lo asesinó un terrorista.


Pero las mayores ganancias las obtuvo el General después de 1990, a raíz de que el dueño del Banco Riggs, Mr. Albritton, otro gran admirador del General por su contribución a la caída del comunismo y a la liberación de centenares de millones de seres humanos, lo visitó en Chile a mediados de la década y le ofreció administrarle sus ahorros (que él suponía, con razón, amenazados por la vindicta del marxismo local). Le prometía una buena rentabilidad, la cual consiguió. Esto lo reconoce el Informe del Senado norteamericano que dio a conocer la cuenta del General en el Riggs. La misma fue originalmente detectada por izquierdistas norteamericanos gracias a la "Patriotic Act" destinada a permitir el examen de cuentas privadas, con motivo del atentado a las Torres Gemelas. Por esas ganancias el entorno del General pagó impuestos por nueve millones de dólares en Chile, equivalentes al 132 por ciento del patrimonio gravado, pago que contribuyeron a financiar personas próximas y admiradoras del General. Los detalles pueden verse en mi libro "Terapia para Cerebros Lavados", páginas 422 y siguientes.


El hecho es que los Jueces empeñados en investigar "la fortuna de Pinochet", con atribuciones para hacerse de todo lo que aparezca a su nombre en cualquier lugar de Chile o el mundo, han logrado incautar dos millones 600 mil dólares, que es la suma que tienen hoy en su poder. De esta cantidad, periódicamente la cónyuge del General debe solicitar giros para poder pagar las contribuciones de sus inmuebles, algunos de los cuales provienen de donativos de personas agradecidas de su acción salvadora de la Patria. Pues la supuesta "fortuna de Pinochet" de 17 millones de dólares no está en ninguna otra parte.


En efecto, esos 17 millones "comprobados" por la Universidad de Chile nunca existieron. El perito Gonzalo Marín Orrego perició el verdadero patrimonio del General después del 2000 y descubrió numerosos errores y dobles contabilizaciones. En "El Mercurio" del 20 de octubre de 2007, págima C 15, la publicación de su peritaje mostró una suma final líquida de 7,4 millones de dólares, los cuales se componen de sus bienes raíces y de los 2,6 millones en poder del Tribunal.


Entremedio, un politizado Consejo de Defensa del Estado, con gran publicidad y declaraciones estentóreas de sus abogadas de izquierda sobre "lavado de dinero", ha iniciado acciones que terminaron en nada. A raíz de una cuenta del General en el Banco Espirito Santo de Miami, el citado Consejo intentó hacerla incautar alegando que provenía de "recursos Fiscales malhabidos", pero el banco norteamericano se defendió y ganó el juicio, pues demostró que el origen de los fondos se explicaba con los ingresos propios del General. Claro, no hubo la misma publicidad para el fallo que para el anuncio de la demanda del CDE.


Cuando, pocos días antes del fallecimiento del General, nos reunimos un grupo de amigos suyos a almorzar con él, y estando en medio de la salvaje campaña de calumnias sobre su patrimonio, que rodeó sus últimos días de vida, él nos declaró textualmente: "Juro por la memoria de mi madre que nunca tomé un peso que no me correspondiera".


El tiempo ha confirmado y seguirá confirmando que nos decía la verdad.


El concurso de los quejumbrosos,
por Nicolás Márquez.


No resulta novedoso ni original sostener que la oferta que los políticos le ofrecen al electorado se ha ido envileciendo y devaluando con el correr del tiempo. Mientras antes los principales referentes o dirigentes ofrecían una propuesta ideológica diferenciadora una del otro fundada en paradigmas doctrinarios, andando los años, tanto sea por falta de interés y/o formación académica, el grueso de los dirigentes más modernos lejos de abrevar en el costado científico empezaron a mostrar “diferenciaciones” meramente formales o de estilo. Por ejemplo, un quinquenio atrás los opositores se esforzaban por mostrar mayor “simpatía”, vocación de “diálogo” y toda una serie de premisas amables que buscaban sugerir al votante la “buena onda” del candidato en cuestión, con el fin de distinguirse respecto al oficialismo. Vale decir, en los últimos años el dirigente político dejó de pretender o aspirar a ser un estadista para perfilarse sin disimulos en no mucho más que en una suerte de personaje “macanudo” similar al physique du role de los entretenedores de talk show o animadores de kermesses. Persiguiendo este último objetivo, la nueva camada dirigencial le anexó a su artificial mueca sonriente un discurso fundado excluyentemente en aforismos cordiales y esperanzadores.


Pero tanto sea que la dirigencia tradicional haya mostrado formación doctrinaria o que la generación de políticos más reciente haya exaltado el “modo optimista”, lo cierto es que los políticos siempre han ido intentado mostrar algún atributo o valor agregado en su personalidad, que sirviera como herramienta de persuasión o seducción para con el votante. Pero la erosión no se ha detenido y hoy ya estamos asistiendo a una suerte de concurso no de macanudos sino de quejumbrosos, que disputan entre sí mostrar no alguna virtud sino una insuficiencia. El defecto es definido por la RAE como la “carencia de alguna cualidad propia de algo” o como una “imperfección en algo o en alguien”.


Esta obscena explotación o exhibición de privaciones personales no discrimina en partidos políticos ni en rangos dirigenciales. Ejemplos al respecto abundan. En la última elección Presidencial (2011), la UCR nos invitó a sufragar por Ricardito Alfonsín, quien saltó a la fama en el alicaído partido como producto de la muerte de su padre (de notable parecido físico con su vástago). Vale decir, Ricardito comenzó a ganar popularidad por el único mérito de haberse quedado huérfano a los 60 años de edad. Asimismo, fue la muy coqueta Cristina quien comenzó a exhibir su cicatriz en el cuello a modo de extraña gargantilla (tras ser intervenida quirúrgicamente en el costoso Hospital del Opus Dei) y desde entonces nos muestra la herida junto a su infaltable indumentaria negra, haciendo gala y alarde de su sufrida viudez. ¿Mayores méritos tuvieron Juan Cabandié o Victoria Donda que el infortunado hecho de ser hijos de terroristas desaparecidos? Fue Daniel Scioli quien usó y sigue usando con lastimosa habitualidad, el argumento de su accidente deportivo en el cual quedó mutilado en su brazo derecho, como muestra de su “optimismo” superador de contratiempos. Mutatis mutandis, la única forma que al parecer encontró el PRO de poner a un candidato que ande sobre ruedas, fue colocar a todo propósito a Gabriela Michetti encabezando las listas de cuanta elección acontezca, puesto que su conocida discapacidad motriz sensibiliza el espíritu de los compasivos vecinos de la City porteña, quienes la suelen respaldar no tanto por sus proyectos Legislativos sino por su desdichada condición.


Al sinfín de casos similares que podemos seguir agregando y detallando, para simplificar sólo nos limitaremos a deplorar el spot bizarro y bochornoso que en estos días nos ofreció el kirchnerismo bonaerense de la mano de Martín Insaurralde, candidato que no se preocupó en mostrarle al votante mayores atributos que su condición de paciente recuperado, al salir a contar propagandísticamente su experiencia personal para vencer el cáncer que tiempo atrás lo aquejó, mostrando viejas imágenes en las que el candidato de Cristina apareció calvo con motivo de la quimioterapia que afortunadamente lo ha recompuesto.


No hay dudas de que el grueso de los dirigentes políticos se caracterizan por su proverbial desfachatez, empero, estos se permiten obrar con esa impune extravagancia como consecuencia del anodino y condescendiente votante medio siempre presto a sufragar en pos de la compasión que le despierta la ocasional carencia del aspirante político. Se busca entonces fomentar en las muchedumbres un primitivo instinto de “solidaridad” para con el quejoso y desamparado oferente.


Es decir, los partidos políticos ya no tratan de mostrar confiables propuestas ni candidatos magnánimos, sino de apelar al “voto lástima” colocando en las boletas electorales a cuanto doliente ande pululando en la militancia convencional. Pareciera ser que el que posee el defecto más impactante estaría destinado a ganar las elecciones.


Finalmente, todo indica que nuestra decadente idiosincrasia ha permutado o reemplazado en sus preferencias la virtud por la carencia, haciendo de la fortaleza y la capacidad un dato indiferente y del defecto una suerte de ventaja comparativa, la cual a este ritmo no tardará en asimilarse o convertirse en un título nobiliario.


Minuta opositora para enfrentar el trabajo Legislativo.


La revelación de la existencia de una minuta que instruye a los Parlamentarios de la oposición a oponerse al avance de una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno da cuenta de un trastroque de prioridades que puede resultar dañino para los intereses del país y que no debe convertirse en la manera de enfrentar el proceso legislativo.


Una vez definido el resultado de las primarias en que el pacto Nueva Mayoría escogió a su carta para las elecciones de noviembre, la oposición decidió -a instancias del Presidente del Senado- crear un grupo entre las bancadas Legislativas de ese sector y altos representantes del comando de la candidata, con el propósito de actuar coordinados y definir prioridades. De este colectivo -que se reúne todas las semanas- emanó una minuta, cuyo contenido fue dado a conocer por este diario la semana pasada. El documento realiza un análisis de la situación político-Legislativa, describe un conjunto de situaciones y acciones de la agenda pública y el avance de una serie de proyectos. Al mismo tiempo, formula una serie de recomendaciones para que los Parlamentarios opositores endurezcan su actitud frente a La Moneda, promoviendo, entre otras acciones, “dilatar la tramitación” del proyecto de Ley que crea el ministerio del deporte o ralentizar la discusión de la iniciativa presentada por el Ejecutivo sobre Gobiernos Regionales.


Detrás de esta actitud parece haber un ánimo electoral que presta escasa consideración al mérito de las iniciativas que se propone bloquear. Esto va más allá del papel que toda oposición debe jugar en el sistema político. En una democracia, la oposición tiene legítimas aspiraciones de llegar al poder y sacar del Gobierno a las autoridades a través del voto de la mayoría. Para conseguirlo, debe ser capaz de mostrarse como alternativa y fiscalizar al Ejecutivo, haciendo notar los eventuales errores cometidos por éste y destacando sus propuestas para mejorar la condición del país y sus ciudadanos. Es su obligación llevar adelante esta labor poniendo en primer lugar el interés general, sin dejarse guiar por la sola búsqueda de la conveniencia propia ni menos poniendo en peligro al bienestar de la sociedad.


Este tipo de instructivos no contribuye a la calidad de la actividad política y, todo lo contrario, tiende a confirmar las críticas que desde diversos puntos se formulan en contra de dirigentes que son percibidos como distantes y despreocupados de las soluciones a los problemas más urgentes que enfrenta el público.


El documento opositor también critica al Gobierno, al cual acusa de usar “las urgencias para privilegiar aquellos temas que se podrán rentabilizar electoralmente”. Se trata de un cuestionamiento atendible. No corresponde que el Ejecutivo utilice la facultad institucional que le entrega el ordenamiento Constitucional para sacar ventajas en las urnas y sin considerar los méritos de las propuestas. El uso intensivo de las urgencias Legislativas genera confusión en la discusión de los proyectos y hace menos eficiente el trabajo en el Congreso, al obligar a redefinir de manera constante las prioridades en la agenda de discusión de proyectos. Por lo mismo, debe recurrirse a esta herramienta con discreción y siempre pensando en aquello que es mejor para el país y su desarrollo.


Una universidad fracasada.


Hay noticias que impactan por su gravedad pero que, por su misma duración, se van borrando de la atención del público aunque sus efectos (en este caso, malos efectos) sigan produciéndose a diario. El sábado recién pasado “La Segunda” revivió una gran parte de los problemas que siguen afectando, más que a la institución misma que hoy carece de representación legal, a las personas (profesores, alumnos, funcionarios) que integraban la Universidad del Mar.


El mayor volumen de las víctimas está sin duda en los estudiantes. Sólo continúan matriculados en ella 4.700, hay 6.600 que lograron reinsertarse en otras universidades, 1.300 están en proceso de obtener su título, pese a las dificultades que han debido superar, y existe un saldo de unos mil de la matrícula oficial de los que se ignora su destino actual. Pero la suma de esas cifras sugiere que ya previo al colapso se había producido una disminución en la cantidad de alumnos porque se está lejos de los 18.000 que había antes de que estallara públicamente la crisis.


Es verdad que no todas las sedes de la institución se encuentran en la misma situación ya que algunas, como las de Quillota y San Fernando, subsisten en cierta medida. Pero la casa central de Reñaca ha estado tomada por más de siete meses, y aunque un grupo, que es principalmente de dirigentes estudiantiles ha permanecido allí e incluso hay “profesores solidarios” que van a dictar algunas clases, la acción Judicial iniciada por una empresa a la cual los controladores transfirieron el dominio a cambio de un crédito podría originar su desalojo y ya se ha estado efectuando un traslado de mobiliario a otra sede de Recreo. Parte de los profesores (sin sueldos) se han retirado de hecho, pese a lo que se les adeuda, y otros recurren inútilmente a diversas instancias. El personal de funcionarios se redujo a la mitad.


El financiamiento de la universidad no funciona al haberse suspendido el pago del Crédito con Aval del Estado por hallarse “en proceso de cierre”, no existir representante legal y paralizarse el proceso de quiebra, cuyos fondos recaudados están retenidos. La falta de colaboración de los controladores, principales responsables de lo ocurrido, agrava la crisis y confirma que la entidad es inviable, hasta el punto de que la propia Ministro de Educación declare que sólo queda ayudar a los alumnos y trabajadores en forma individual y focalizada.


La dolorosa experiencia de la Universidad del Mar, cuyo fracaso era previsible y no fue advertido a tiempo por las respectivas autoridades, cuando la burbuja crecía a ojos vista, ha sido a lo menos prueba evidente de la necesaria reforma del sistema (que bien podría haber causado y hasta estar causando problemas similares en otras) y de la compleja intervención de distintas atribuciones administrativas y Judiciales. Pero en cuanto a este caso en sí mismo, él requiere sanciones ejemplares y la búsqueda de una solución para los estudiantes desplazados, como sostiene la Ministro, avalada sí por los poderes públicos, si no para compensarlos plenamente, lo que no parece realista, a lo menos para abrirles alguna alternativa distinta para estudios que, sumados a su esfuerzo personal, les conduzcan a un futuro profesional.


Por ello se hace urgente que prospere el proyecto de Ley de Superintendencia de la Educación Superior, que permitirá contar con una institucionalidad que vele por el cumplimiento de los estándares de calidad en la enseñanza y evite que más familias vean frustrados sus sueños de progreso para sus hijos. Dicho proyecto ha sufrido una sexta postergación en su trámite en el Congreso por falta de consenso sobre la regulación de las empresas relacionadas. No es comprensible para el país que esta situación se prolongue.


Crecimiento de la economía chilena.


La economía nacional sigue dando muestras de dinamismo, si bien parece evidente que no muestra la misma fuerza que exhibió el año pasado. Ello, a la luz del Imacec de junio reportado por el Banco Central, según el cual la economía se habría expandido preliminarmente en 4,2% respecto de igual mes del año anterior -un registro mejor al que esperaba el mercado-, mientras que la serie desestacionalizada muestra un aumento de 1% respecto de mayo de este año.


El crecimiento de junio estuvo sostenido principalmente por el dinamismo que mostraron el sector minero y el comercio. En este último caso parece haber una correlación con la tasa de desempleo que muestra el país, la que al ubicarse en niveles cercanos al pleno empleo ha llevado a que las personas no hayan frenado mayormente su nivel de consumo. Sin embargo, hay otros indicadores que dan cuenta de una desaceleración, como la producción industrial -que ha experimentado una baja significativa- o los permisos de construcción, que también se han ralentizado. Estos indicadores hacen prever que el PIB chileno se expandirá este año ligeramente sobre el 4%, lo que sigue siendo un registro aceptable respecto a la región y el mundo.


Las cifras conocidas en materia de actividad económica dan cierta holgura al Banco Central respecto de la tasa de política monetaria, al haber una actividad relativamente saludable y presiones inflacionarias bajo control. Pero parece evidente que el país se encamina hacia una situación que si bien dista de una crisis, no gozará de las holguras de antaño, lo que debe ser tomado en cuenta por las distintas fuerzas políticas, muchas de las cuales presionan por un aumento significativo del gasto público y aumento de impuestos a las empresas para satisfacer distintas demandas sociales, muchas de las cuales si bien son legítimas, deben tomar en cuenta esta realidad, que impone ante todo prudencia.


Poder Judicial y generación eléctrica.


Los límites del control Judicial son asunto de amplio debate en diversos países. En general, hay concordancia mayoritaria en que la Judicatura debe dejar espacio a la técnica y a la política para definir asuntos en los cuales hay tensión entre distintos objetivos que surgen de la vida en común, no necesariamente reglada por una norma Jurídica. Se concuerda generalizadamente en que no es función de los Jueces cuestionar decisiones técnicas, ni tampoco aquellos caminos políticos que han sancionado los representantes de la ciudadanía para resolver esas tensiones. En contrario, hay corrientes extremas, reacias a sustraer del pronunciamiento de la Justicia cualquier materia que le sea sometida, por opinable que sea la procedencia de hacerlo.


Este debate se ha puesto una vez más en el tapete entre nosotros, a propósito de la resolución Judicial que deja sin efecto la decisión del Comité de Ministros de aprobar el proyecto de Punta Alcalde. Este proyecto, impulsado por Endesa, contempla una central a carbón, un muelle mecanizado y plantas de tratamiento de aguas servidas. Su evaluación ambiental fue rechazada en la instancia Regional que combina aspectos técnicos y también políticos.


Nuestra institucionalidad ambiental establece la posibilidad de apelación a un Comité de Ministros en caso de rechazo de un proyecto por razones ambientales, dado que ante un proyecto de tales características es natural que la autoridad política tenga la posibilidad de revisar decisiones en que se plantearon tensiones entre distintos objetivos sociales. Esta no es una particularidad de la Legislación chilena, sino algo habitual en la experiencia comparada. Por cierto, la decisión de la autoridad no puede ser arbitraria, sino que ha de ser fundada, como efectivamente ocurrió en esta oportunidad.


En su apelación, la referida empresa ofreció compensaciones para mitigar las contaminaciones de la central en evaluación, que no habían sido ofrecidas en la tramitación Regional. La Corte de Apelaciones formuló una serie de consideraciones en su fallo, pero en cuanto al fondo las más importantes apuntan a que se estaría amenazando el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación; que el Comité de Ministros no se habría referido a los aspectos en disputa en la reclamación, y que habría acogido una compensación que no se discutió en la instancia regional previa. Que se cuestione esto último es lo más sorprendente, porque es indudable que en esa etapa previa la empresa estimó haber ya ofrecido las mitigaciones ambientales apropiadas, que luego amplió en su apelación.


A la luz de la Legislación chilena, los argumentos de la Corte de Apelaciones resultan discutibles, y cabe preguntarse si no se están excediendo los límites del control Judicial. Se ha sostenido que la Legislación chilena es ambigua y se presta para estos problemas, o que en este caso el Comité de Ministros no habría seguido sus propias regulaciones. Respecto del primer punto, vale recordar que hace poco, durante la administración pasada, se revisó en forma profunda la institucionalidad y la Legislación ambiental. Si bien, como toda Legislación, no entra en todos los detalles -lo cual sería imposible-, es difícil argumentar a partir de ella que el Comité de Ministros haya ido más allá de la normativa vigente: ni la Ley de Bases del Medio Ambiente ni su reglamento imponen al Comité de Ministros un procedimiento específico, más allá de solicitar informe a los organismos sectoriales que participaron en el proceso de evaluación de impacto ambiental. De ahí que esta interpretación Judicial sea discutible.


Aun así, el Comité de Ministros podría haber atentado contra el ordenamiento vigente, pero no se desprende eso de la lectura del fallo, aunque su texto sugiere una suerte de expectativa de mayor rigor en la actuación de la autoridad política. No parece razonable que esa mera expectativa sea razón suficiente para dejar sin efecto sus actos, ejecutados en conformidad con el marco legal. En gran medida, el pronunciamiento Judicial descarta la opción -¿o el mérito técnico?- de las compensaciones, que son una forma particular y aceptada por la Legislación de asegurar que no aumenten las emisiones en una zona específica. En el pasado, numerosos proyectos se han podido concretar mediante esta vía. Podría preferirse que este objetivo se consiguiese de otra forma, por cierto menos eficiente, pero ello está más allá de la esfera judicial.


Retorno de científicos.


La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) ha anunciado un concurso para estimular el retorno de los investigadores chilenos que se hayan doctorado en el extranjero en los últimos años. En el país existen alrededor de 9 mil doctorados que trabajan casi exclusivamente en las universidades y se estima que existen fuera de Chile alrededor de mil doctores nacionales más, muchos de los cuales comienzan sus carreras académicas en los mismos centros donde obtuvieron su formación. Constituye, sin duda, una ventaja formar doctores, pues tales universidades pueden elegir a los mejores para que integren sus cuerpos académicos, con grave detrimento para nuestro país.


El programa que se ha anunciado consiste en un llamado a concurso a los doctores de origen chileno, o extranjeros residentes en Chile, que hayan obtenido su grado en los últimos años y que cuenten con tres años de experiencia. Se espera que unos 100 doctores se interesen en postular a este plan y que unos 50 de ellos sean seleccionados. A ellos, el Estado les entregará un monto en dinero significativo, tanto en sueldo -un millón 600 mil pesos mensuales- como en apoyo a sus investigaciones -20 millones de pesos anuales- por dos años. Los ganadores deberán ubicar una universidad que esté interesada en contar con sus servicios y que se comprometa, por tanto, a ofrecerles los equipos necesarios para desarrollar su proyecto. Como, además, la distribución de estos capacitados investigadores no es homogénea en el país, se ha establecido un estímulo adicional para quienes decidan instalarse en una universidad de Regiones.


La necesidad de doctores es muy alta en la actual etapa de desarrollo de las universidades chilenas. El impacto en la investigación y en la formación de los estudiantes, en especial los de posgrado, es difícil de exagerar. Pese al avance de los centros académicos nacionales, nuestras universidades aún no brillan en el panorama internacional, en gran medida por la baja productividad científica. En las empresas productivas, la ausencia de investigadores realmente preparados es casi absoluta.


El programa de Conicyt es realmente valioso y oportuno. La preparación de un doctor es una tarea mayor y no consiste solamente en la preparación de los últimos años, sino de toda su trayectoria como estudiante. Aun los doctores que estudian en el extranjero han obtenido la mayor parte de su formación en Chile, y es natural que nuestro país aspire a contar con sus servicios. Pero ante la pérdida de redes locales que significa irse a estudiar afuera, el nuevo programa viene a solucionar o, al menos, paliar significativamente un problema real.


Por cierto, será necesario que el sistema nacional de universidades no solo se interese por traer a estos jóvenes investigadores, sino que los dote del ambiente necesario para desarrollar su trabajo.
 

Una carta para la meditación:


Señor Director:


Endurecimiento de penas.


Los Senadores Jorge Pizarro y Ricardo Lagos Weber, junto con varios miembros de la Concertación y el Partido Comunista, declararon que el Gobierno está sacando provecho político con el asesinato del Subteniente de Carabineros, a raíz de que el Presidente Sebastián Piñera dijera que quienes no votan aprobando las Leyes que endurecen las penas y amplían las causas para quienes agreden a Carabineros, provocan violencia y destruyen bienes públicos y privados, están a favor de delincuentes y encapuchados.


Es bueno que los Senadores tengan claro que la mayoría de los chilenos estamos a favor de las palabras del Presidente y de que se apruebe pronto la ley.


Olga Cuevas Camarda.


Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.

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EMPRENDEDORES RESPONDEN A LAS MENTIRAS DEL OFICIALISMO BACHELETISTA.

#GolpeAlaPyme.

Hágase seguidor de Reacción Chilena

Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

LANATA : CARTA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
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Mantenemos este video como un homenaje a Felipe Cubillos .

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Canción Nacional de Chile completa con todas sus estrofas....

Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

PARA VER COMPLETO HAGA DOBLE CLIC SOBRE EL VÍDEO.

Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

Padre nuestro que estás.....

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A Nuestros Hombres de Armas y nuestros caídos

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Libre, Nino Bravo

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