Entre la catedral y Copacabana,
por Gonzalo Rojas Sánchez.
El asalto a la Catedral de Santiago es solo una
triste anécdota, en medio de una realidad aún mucho más dramática. Si Monseñor
Ezzati ha tenido que usar expresiones como "anárquicos y fanáticos",
y sostener que esas personas practican la "intolerancia" y una
"violenta irracionalidad", es porque se ha llegado a un punto de
especial gravedad. Este no es el lenguaje habitual de un Obispo. Solo lo
utiliza cuando ve con claridad que hay algo muy serio en riesgo.
¿La libertad religiosa? ¿La seguridad del
culto? Mucho más que eso, sin duda. Lo que ha quedado al descubierto, una vez
más, es que hay fuerzas en Chile que simplemente no van a claudicar en su afán
por destruirlo todo: orden, diálogo, legalidad, vida, racionalidad, paz,
familia, religión.
Al mismo tiempo, el Papa Francisco llamaba en
Brasil a los católicos jóvenes a ser protagonistas, a no meterse en la cola de
la historia, a jugar adelante siempre. "Quiero que la Iglesia salga a la
calle", les decía a esos millones de personas que, en vez de asaltar
inmuebles, llenaban pacífica y fraternalmente una de las playas más famosas del
mundo. Entre ellos, había 10 mil chilenos.
La disyuntiva está planteada.
Nadie está mejor posicionado para cambiar para
bien el rumbo del país que esos 10 mil católicos jóvenes: han recibido un
mandato que los obliga a mucho; ante todo, a reconocer que existe un conflicto
que los afecta. La sola posibilidad de que vuelvan a Chile solo para refugiarse
en sus propios mundos y cultivar ahí sus vidas resulta repugnante. Sería el
desperdicio de todo lo que se ha invertido en ellos. A la calle los ha mandado
el Papa.
O sea, tendrán que asumir que se les pide
entrar en unas relaciones muy complicadas justamente con quienes usan métodos
del todo reñidos con las convicciones de los católicos jóvenes. Porque mientras
estos rezaban y cantaban en Copacabana, otros destrozaban y agredían en
Santiago; mientras unos se formaban para el diálogo, otros practicaban la
violencia. Y es justamente entre esas dos mentalidades que debe trabarse la
discusión.
No será nada fácil, pero la ventaja de los
católicos jóvenes está en que cuentan con varias armas que, si son coherentes y
constantes, resultarán decisivas: saber oír, saber argumentar, saber comprender
y saber perdonar. Cada una de esas actitudes es un eslabón imprescindible en la
cadena con la que un católico joven puede lograr cambiarle la cara al clima de
creciente agresividad con que unos pocos quieren marcar el rumbo de Chile.
Oír y argumentar, en primer lugar, porque
después de escuchar, los católicos jóvenes pueden pasar a la ofensiva con mucha
facilidad. Pueden dejarse ya de quejumbres y lamentos, para plantear hoy mismo
los grandes ideales que expanden la vida, la familia, la libertad, la amistad,
la ciencia, la entrega, la educación.
Las necesidades vitales de los chilenos son
muchas, pero a ver qué anarquista puede oponer algo que les haga el peso a los
grandes ideales, algo que pueda llenar el corazón de un joven más allá de una
calentura ideológica; a ver qué fanático logra sostener sus desvaríos más allá
del lapso de una protesta o de un bombazo.
Para comprobarlo, ciertamente los católicos
jóvenes tienen que buscar el enfrentamiento conceptual. En los centros de
alumnos, en las ONG, en las actividades recreativas, en los partidos políticos:
ahí, argumento contra argumento, iniciativa contra iniciativa, podrán demostrar
que una Jornada Mundial de la Juventud deja huella, marca, mueve al heroísmo
cotidiano.
La profanación de la catedral de Santiago no ha
sido más que una dolorosa oportunidad para que se compruebe cuánta falta hace
su vitalidad comprometida.
Liberar la venta de drogas desde el salón,
por Juan Ignacio González, Obispo de San Bernardo.
Semanas atrás leí que un ex Parlamentario
consumió droga en un programa de TV, que diversos otros representantes del
pueblo se ufanan de hacerlo y que la misma OEA promueve la legalización del uso
de la droga. Por contraste, debo comprobar los efectos de la droga en nuestras
"periferias", como diría el Papa Francisco. Surge la pregunta. ¿En
qué mundo vivirán estos políticos y qué fundamento puede esgrimirse para la
despenalización de la droga? Razones deben tener; razón, no. Creo saber una
cosa. No conocen el drama humano, personal, familiar y social de los más pobres
y desamparados. Son sabios de salón, de números y estadísticas. Pero el mundo
real está hecho de hombres y mujeres, más o menos jóvenes de carne y hueso. No
de cifras. Les damos de comer todos los días.
Cae en mis manos una carta de una madre:
"Hoy, cuando lloraba por mi hijo drogadicto, pensé lo triste que es que
para que algunos tengan mucho más, otros lo dan todo, hasta su propia vida. Si
solo pudieran oír ustedes, por un instante, el llanto de incontables madres
como yo; vislumbrar cómo viven hijos como el mío. ¿Conocen ustedes el infierno
tan terrible que venden, tanto para los que usan drogas como para los que
sufren por ello? ¿Acaso tienen la más mínima idea del dolor que sienten madres,
padres, cónyuges e hijos, al saber que su ser querido está endrogado en algún
lugar desconocido quizás, incapaz de ayudarse a sí mismo y ni siquiera de pedir
ayuda? Cuando miran a sus propios hijos, a los que colman de tantos bienes
materiales y llevan a Europa cada año, ¿no piensan que ellos también quizás
podrían ser sus propias víctimas? Ustedes, mercaderes de la muerte, convierten
a jóvenes sanos, llenos de vida y esperanza, en pobres guiñapos humanos cuya
única esperanza es la próxima dosis de la droga; cuya única familia son los que
con ellos se drogan. Los apartan de sus seres queridos, del camino que Dios
había trazado para ellos y del disfrute de los bienes inefables de la vida, que
son los únicos que de verdad importan. Y todo para saciar la ambición desmedida
de unos cuantos". Duro, pero real.
En una de nuestras Comunas se quiere hacer una
intervención para mejorar uno de los barrios más afectados por la droga. Están
presentes en el empeño la autoridad Municipal, Ministerial, la Iglesia y las
organizaciones sociales. Hay mucha droga circulando, especialmente cuando cae
la noche. Vienen autos de lejos -últimos modelos- a buscarla o traerla. En un
edificio hay un departamento desocupado que es una "casa de estudio",
es decir, el lugar donde los drogadictos de la noche van a
"recuperarse" durante el día. Los vecinos se quejan y con razón, pero
callados. Más allá se ha descubierto un polígono de tiro, sí, de tiro, donde
los traficantes prueban las nuevas armas que han conseguido. De noche hay tableteo
de metralletas y pistolas nuevas. Son para defenderse de las
"mexicanas" que organizan los de otras villas para quitar la droga;
hay que defenderse. En días pasados, en una "quitada" los que
atacaban sacaron desnudos a todos los de las otras bandas a la calle. La villa
en silencio y todos escondidos. Al que alega se le corre bala. Una señora que
se asomó a su ventana esquivó el balazo por casualidad. Esto es verdad, no
parte de una novela.
Sigue la madre angustiada. "A pesar del
dolor que en este instante embarga mi alma, tengo fe en Dios y ruego no solo
por mi hijo, sino por todos los demás que están sufriendo el mismo infierno;
por las madres, los padres, las esposas, esposos e hijos que lloran en silencio
también. A los gobernantes les pregunto: ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cómo es
posible que no existan o se ofrezcan suficientes recursos para ayudar a
incontables jóvenes y demás personas que se encuentran en estas circunstancias?
En el nombre de Dios y de todos los familiares y amigos angustiados por la pérdida
de seres queridos debido a las drogas, los reto a buscar y encontrar soluciones
que les permitan ofrecerles la ayuda que tanto necesitan, para poder vivir una
vida plena como miembros útiles de nuestra sociedad".
La mamá sabe, porque conoce a fondo la realidad
humana que viven su familia y sus hijos, que el camino correcto no es legalizar
la droga, y se escandaliza cuando los que han sido elegidos para guiarnos la
usan y promueven su legalización. También faltan muchos políticos con
"olor a las ovejas".
¿Y cómo mejorar la educación pública?,
por Sergio Muñoz Riveros.
No sirve lanzar proclamas a favor de la educación
pública si se la daña en los hechos. Por desgracia, eso es lo que ha ocurrido
en numerosos liceos Municipales en los que la confusión de objetivos ha
impuesto una dinámica autodestructiva cuyas primeras víctimas han sido los
propios alumnos.
Es penoso el balance del largo período en el
que los liceanos han sido “actores secundarios” de los planes combativos de la
Confech. Allí está el caso del liceo Darío Salas: las últimas tomas han
significado, además de la pérdida de clases, la destrucción de instalaciones y
el robo de todo tipo de bienes. Los estragos han generado temor e
incertidumbre. Fue un buen liceo, pero las tendencias anárquicas lo han llevado
al momento más crítico de sus 66 años.
Lamentablemente, las consignas despegadas de la
realidad han creado la ilusión de que ciertos cambios Constitucionales, Legales
y financieros traerán una reorganización total de la educación, la cual, desde
ese momento, sería “pública, gratuita y de calidad”. Pues bien, los liceos
públicos y gratuitos han perdido calidad debido a una agitación sin horizonte
claro.
Sería equivocado reducir todo a un asunto de
platas. Se requiere elevar el gasto por alumno, mejorar la infraestructura y el
equipamiento, incrementar los sueldos de los profesores, pero incluso si se aprueba
una reforma tributaria en 2014 y se focaliza bien el gasto (o sea, en
preescolar, básica y media), la calidad no se elevará automáticamente en 2015.
Hay mucho trabajo por hacer y deben confluir varios factores.
Algunas mejoras dependen de que la Agencia de
Calidad y la Superintendencia de Educación cumplan bien su misión. Sin embargo,
lo esencial será el trabajo bien hecho dentro de los colegios. Los cambios
sustantivos deben producirse en la sala de clases.
¿Desmunicipalización? No es la panacea. Si los Municipios
dejan de ser los sostenedores, habrá que crear otra estructura legal de
dependencia de los colegios, la que por sí misma no obrará milagros. Nada será
simple ni instantáneo.
Lo esencial es el cambio cualitativo de la
enseñanza, y ello supone fortalecer el liderazgo pedagógico de los Directores y
elevar el desempeño docente. Se requiere revisar los programas y currículos, y
fijar objetivos exigentes, como que los egresados de 4° medio sean capaces de
escribir correctamente en castellano y de hablar en inglés.
Hay que premiar a los buenos profesores, que no
son pocos, y alentar a los que se superan, pero aquellos que no cumplan con el
nivel exigido, deben ser removidos para permitir la contratación de otros más
competentes. La calidad no caerá del cielo.
En Chile seguirá habiendo enseñanza pública y
enseñanza privada. La obligación del Estado es mejorar la educación pública,
pero a la vez debe seguir apoyando a la educación particular subvencionada. En
ambos casos, tiene que fiscalizar rigurosamente.
A los estudiantes les han hecho mal los halagos
políticamente interesados. Tienen derecho a expresar sus puntos de vista, por
supuesto, pero también tienen deberes. Y el tiempo corre, por lo que necesitan
trabajar duro para sacar los estudios adelante y prepararse para la vida
adulta.
Algunos dirigentes estudiantiles creen que la
intransigencia es la llave que abre todas las puertas, incluida la del
protagonismo político personal. Se engañan gravemente. Es cierto que son
jóvenes y desconocen muchas cosas, pero precisamente por eso hay que ayudarlos
a razonar para que no atenten contra su futuro y el de miles de estudiantes.
Para que los cambios educacionales favorezcan
la cohesión social y ayuden al avance de Chile hacia el desarrollo, se
necesitarán políticas coherentes y amplios acuerdos en los próximos años. En
ese contexto, los colegios públicos deben asegurar la estabilidad y la
continuidad de los estudios, para lo cual el primer requisito es que no sean un
campo de batalla.
Retraso de proyectos mineros,
por Alberto Salas,
Presidente de SONAMI.
Durante los últimos meses hemos observado diversas señales en el mundo
minero respecto de un cambio muy relevante en las condiciones en que se
desarrolla nuestra industria, y que la están llevando a una progresiva pérdida
de competitividad.
Este hecho se ha traducido en la paralización
de distintos proyectos. En septiembre del 2012, la carpeta de inversiones
calculada por Sonami alcanzaba a US$ 110.000 millones para los próximos 10
años. De ellos, hoy US$ 43.600 millones están en proceso de revisión o se ha
postergado la fecha de puesta en marcha de las iniciativas, es decir, la
proyección inicial ha disminuido en un 40%.
El primer factor que lo explica es la
disminución en las leyes del mineral, lo que obliga a mover cada vez más
toneladas de material para obtener las mismas cantidades de producto, elevando
costos de operación de mina, transporte y proceso. Por otra parte, también
preocupa el sostenido aumento que están teniendo los costos de las inversiones
de capital, que se han incrementado fuertemente en los últimos años, afectando
la rentabilidad de los futuros proyectos.
Otro punto muy relevante tiene que ver con la
energía y sus elevados precios. Este insumo básico es el principal costo de la
industria minera. Nuestro país tiene costos de energía que duplican el de otros
países de la región. Adicionalmente, el agua en Chile es escasa, especialmente
en la zona norte, donde se emplazan la mayoría de los proyectos mineros. Frente
a esto se ha planteado que la industria obtenga este recurso del mar. Esta es
una alternativa técnicamente viable en muchos casos, pero es necesario
considerar que es cuatro veces más cara que el agua fresca.
Por otra parte, en un país con pleno empleo y
un déficit de mano de obra calificada, se hace cada vez más difícil satisfacer
los requerimientos de nuestra industria. Observamos un incremento fuerte y
sostenido del costo del recurso humano, que lamentablemente no ha ido
acompañado de igual crecimiento de la productividad.
Todos estos aspectos hacen que la pequeña,
mediana y gran minería -privada y
estatal- hayan incrementado sus costos de tal forma que en muchos casos existe
un riesgo para su continuidad operacional, especialmente en las empresas
mineras de menor escala productiva.
A lo anterior debemos sumarle temas
relacionados con la institucionalidad regulatoria que cada vez es más exigente
y compleja, provocando que la obtención de permisos -en promedio- tenga un
retraso de más de dos años en el desarrollo de proyectos. A esto hay que
agregar la incertidumbre que está generando la aplicación del Convenio 169 de
la OIT.
Desde nuestra perspectiva, el Estado chileno
tiene el deber de generar instancias políticas que den certeza jurídica a
nuestra institucionalidad, destrabando y facilitando la concreción de las inversiones,
para asegurar nuestro tránsito al desarrollo.
Como empresarios mineros -de la gran, mediana y
pequeña minería- nos sentimos también responsables de esa tarea. Debemos
trabajar para recuperar una mayor competitividad y el liderazgo de nuestra minería
a nivel mundial.
Es clave dar la debida importancia a estas
señales, porque cuando se retrasan los proyectos, el aporte al crecimiento
social y económico del país también se aplaza.
¿"Situación de terror" en La Araucanía?
En una extensa y ponderada entrevista con este
diario, el saliente Fiscal Regional de La Araucanía ha presentado un balance de
su gestión como responsable de la persecución penal de los delitos cometidos en
esa Región por violentistas que se arrogan la representación de la etnia
mapuche. Sus declaraciones tienen un peso particular, pues surgen de un
conocimiento directo de la situación y, además, son congruentes con las que ha venido
realizando en los últimos años: en estas causas los Tribunales elevan las
exigencias probatorias; el trasfondo es un problema histórico derivado en parte
de la aplicación de "Legislaciones especiales" a una etnia que
convive con el resto de los chilenos; la reserva de identidad de ciertos
testigos es indispensable, entre otras.
Uno de los aspectos más complejos de la
realidad que dio a conocer hace un año -la existencia de una verdadera
"guerrilla rural"-, se replantea a propósito del caso Luchsinger MacKay.
Se trataría -afirma el Fiscal- de "un hecho más de una serie de otros de
gravedad y que está dado por el descontrol que se fue generando" en los
grupos violentistas. Tal descontrol se explicaría por una mayor actividad
preventiva y represiva de los órganos del Estado en la Región, la cual, sin
embargo, no sería suficiente para impedir que "la espiral de violencia a
través de la realización constante de hechos lleve a esta posibilidad de que el
encuentro, la disputa, la rencilla, sea contestada". No se trata de
impulsar ni aprobar que los particulares hagan Justicia por su propia mano,
pero "frente a la realidad y la ausencia de controles ante los excesos de
los violentistas", es posible entender una reacción que el Fiscal -citando
a otras personas- califica con quizá deliberado candor como "una forma
distinta de buscar la Justicia". En este contexto -observa-, "cómo no
va a haber una situación de terror", si "las personas incluso están
dispuestas a perder la vida para defender lo propio".
Este diagnóstico, confirmado por el hecho de
que un atentado como el que sufrió la familia Luchsinger MacKay "ya se
había anticipado", contiene un cuestionamiento apenas velado a la
capacidad del Estado para hacer frente a una secuencia ininterrumpida de hechos
delictivos cuyo comienzo data cuando menos de 1997, y aun antes.
El Estado ha sido hasta ahora incapaz de poner
atajo a esa "espiral de violencia", hasta el punto de que los
habitantes de esa Región están dispuestos a "perder la vida" para
defender sus derechos, y sin duda muchas razones explican por qué se ha llegado
a esta situación. Pero ninguna de ellas podría ser suficiente para justificar
la ineficacia de las instituciones Estatales, que existen precisamente para
garantizar el respeto a los derechos más básicos -comenzando por la
autoconservación- en el marco de la Legalidad. El primer fin de la obediencia
de los ciudadanos frente al Estado es la protección que solo este puede
otorgar. En la misma medida en que se socava el respeto al orden jurídico y se
obliga a las personas a protegerse a sí mismas recurriendo a la fuerza, va
perdiendo sentido -para todos los involucrados- el discurso sobre derechos y
reivindicaciones.
Y lo que se dice de La Araucanía tiene en
realidad un escenario más vasto. Lo ilustra el gravísimo atentado contra un
destacamento de Carabineros por unos 90 encapuchados de la etnia pehuenche, que
obligó a retirarse a la fuerza policial.
Propuestas para modernizar la labor del Congreso.
El Gobierno viene planteando desde hace meses
su voluntad de proponer cambios a la Legislación para modernizar el
funcionamiento del Congreso. El fin de semana, el Ministro Secretario General
de la Presidencia anunció a este diario el pronto envío de un proyecto con tal
propósito, el cual contaría entre sus ejes el fortalecimiento de la asesoría Legislativa,
la incorporación de expedientes electrónicos para agilizar el trabajo Parlamentario
y el patrocinio a una moción presentada en 2011 por un grupo de Diputados que
estipula descuentos salariales a quienes se ausenten de manera injustificada de
las sesiones del Congreso.
Si bien parecen interesantes, los cambios
propuestos eluden entrar al problema de fondo que afecta la labor del Poder
Legislativo. Por de pronto, se ha validado en el quehacer Parlamentario una
modalidad de trabajo que no siempre favorece un debate de alto nivel ni produce
como resultado la promoción del bien común a través de la concurrencia meditada
a la formación de las Leyes. Por el contrario, parece prevalecer un estilo
donde muchas veces prima el interés individual. Esto se traduce en que una
serie de beneficios que reciben los Parlamentarios -como, por ejemplo, la
“semana Distrital” o buena parte de sus asignaciones- terminan siendo orientados
de manera prioritaria a conseguir la reelección y a promover medidas que la
garanticen a través de la generación de clientelas electorales en sus Distritos
o Circunscripciones, olvidando la búsqueda del interés general de la nación,
que debe ser su motivación.
Aunque son numerosos los casos de Senadores y Diputados
que realizan una labor seria, el prestigio y la efectividad del Poder
Legislativo se han visto severamente afectados, al punto que la evaluación
ciudadana del Poder Legislativo es muy negativa, tal como vienen indicándolo
numerosas encuestas desde hace largo tiempo, las cuales consistentemente
muestran bajos niveles de confianza y aprobación. Mientras no se aborden estas
insuficiencias que orientan la labor de los Parlamentarios, será difícil que la
situación cambie.
Resulta valorable la preocupación del Gobierno
por modernizar el Congreso, que se inscribe en una nutrida agenda de reformas
políticas impulsadas en los últimos tres años. Sin embargo, es prudente evaluar
si las iniciativas propuestas apuntan verdaderamente a solucionar un problema
que es complejo y que hunde sus raíces en los incentivos que hoy tienen los Parlamentarios
para desarrollar su labor. Por ejemplo, mejorar las asesorías que reciben los Legisladores
y utilizar expedientes electrónicos puede ser de alta utilidad para darle mayor
calidad y agilidad a la discusión de los proyectos de Ley. Es positivo que el
Ejecutivo esté pensando en mejorar estos ámbitos, en los cuales hay mucho
espacio por desarrollar.
La idea de descontar parte de la dieta a
quienes no asisten a las sesiones de sala puede también ser útil, aunque hay
que analizar si la esencia de la labor Parlamentaria se da siempre en esa
instancia, la cual, por lo demás, muestra bajos índices de inasistencia. Al
mismo tiempo, corresponde que el Gobierno, como órgano Colegislador, también
haga correcciones en la forma a menudo descuidada con que envía proyectos de Ley
y en la manera en que maneja las urgencias, pues un uso errático de ellas
supone cambios a las prioridades de la agenda Legislativa que pueden ir en
desmedro de la eficacia del Congreso.
Costos de la electricidad: no solo pesimismo.
Un estudio de la empresa Colbún muestra que,
dado el crecimiento esperado de la demanda, las centrales previstas solo
cubrirán dos tercios de la demanda adicional en el año 2020. De ser válidas,
estas predicciones virtualmente garantizan que el costo de la electricidad a
esa fecha sea el de las centrales generadoras diésel, incluso en años
lluviosos. Ese precio es tan elevado que reduce la competitividad de las
empresas y el crecimiento esperado en el futuro, lo que significa menos
recursos para políticas sociales y mayor contaminación, por el uso casi
permanente de unidades diésel. Además, los atrasos en las líneas de transmisión
vitales para evacuar la generación de las pocas centrales en construcción
contribuirán a la vulnerabilidad y a los mayores costos.
Cabe preguntarse por los motivos de haber
llegado a esta situación, y si es posible aminorar sus consecuencias. Es
efectivo que estas predicciones reflejan la mejor opinión de expertos, pero
dependen de muchos supuestos. Quizá no consideren la posibilidad de una fuerte
entrada de gas natural. Por ejemplo, solo con cerrar los ciclos de unidades de
generación de ciclo abierto -una medida relativamente simple- se podrían
agregar 1.000 MW en un plazo corto. Tampoco es claro que consideren que, en el
mediano plazo, la demanda por energía responde al alza de precios. Ante su
mayor costo, las empresas y personas harán un uso más eficiente de la energía.
Esto, junto al menor crecimiento de la economía, podría eliminar o reducir el
déficit de inversión eficiente, y los precios en 2020, aunque altos, serían
mucho menores que las predicciones.
Más importante es determinar qué ha llevado al
país a una situación en que los precios de la energía son tan elevados. Tal vez
lo fundamental sea que ni el actual ni ninguno de los últimos Gobiernos ha sabido
explicar a la ciudadanía la importancia para el desarrollo nacional de disponer
de energía a costo moderado. Es indudable que existen deficiencias en la
regulación de la electricidad, problemas de competencia y judicialización,
además de una oposición de comunidades y ambientalistas que es ciega a los
argumentos. Pero ninguna de estas dificultades habría sido insalvable si los
sucesivos Gobiernos hubieran hecho ver a la opinión pública la importancia
vital del tema eléctrico para nuestro país.
Hay algunas posibilidades de que las cosas
mejoren en el futuro. Si se aprueba, la Ley de Servidumbres promete acelerar el
proceso de construcción de las líneas indispensables para dar seguridad al
sistema y permitir el ingreso de nuevas unidades de generación. Luego, el
consenso de opiniones negativas que despertó la errónea intervención de la
Corte Suprema en el caso Castilla debería aminorar el riesgo de repetir errores
Judiciales similares en el futuro. Asimismo, el gas natural líquido comenzará a
llegar a Chile a un precio moderado -si bien no tan bajo como el gas argentino
en su hora-, y el desarrollo futuro de las centrales de base usará ciclos
combinados. Estas unidades poseen respecto de las unidades a carbón muchas
ventajas (ambientales, de flexibilidad operacional y de rapidez de
instalación), que compensan en parte su mayor costo de operación. Si se
construyera una línea de transmisión -como lo planea una empresa privada- entre
los sistemas interconectados del norte y centro-sur, podrían ingresar fotovoltaicas
en gran escala. Aunque es un escenario optimista, la combinación de gas,
fotovoltaica y embalses podría reducir los costos del sistema a valores más
compatibles con el desarrollo nacional.
Temor a la delincuencia.
El índice INDICE de Paz Ciudadana-Adimark sobre
victimización reveló un alza en el nivel de temor de la población, lo que da
cuenta que los avances que el Gobierno señala se han registrado en el combate a
la delincuencia aún no son enteramente percibidos por la población, lo que debe
servir como llamada de alerta respecto de la evaluación de las políticas
públicas en una materia que resulta de indudable complejidad.
De acuerdo con el estudio, el temor de ser
víctima de la delincuencia subió al 13,3%, contra el 11% que se había
registrado en diciembre pasado, mientras que casi el 70% de la población
declara un nivel de temor intermedio. Asimismo, se advierte que la sensación de
temor es mayor en la capital respecto de Regiones, si bien en estas últimas
también experimentó una ligera alza.
Estos resultados contrastan con las
conclusiones a que han llegado otros estudios, como la Encuesta Nacional Urbana
de Seguridad Ciudadana, cuya última versión arrojó una baja significativa en el
nivel de victimización. Ciertamente, se cruzan aquí aspectos objetivos con las
percepciones de la ciudadanía, donde es explicable que existan disensos,
especialmente porque los avances en materia de delincuencia pueden tardar en
ser percibidos por la población. Pero hay aspectos que tanto en este estudio
como en otros parecen coincidir, como por ejemplo el alto porcentaje de hogares
victimizados. Ello parece indicar que hay espacios para mejorar las labores de
inteligencia y prevención por parte de las policías, lo que permitiría mayor efectividad.
También cabría poner atención en la tasa de
denuncia de delitos y la satisfacción que la población exhibe hacia la labor de
las policías y el Ministerio Público, variable que, según Paz
Ciudadana-Adimark, sigue con un deficiente nivel de evaluación. Ello puede
traducirse en un bajo incentivo para denunciar delitos, lo que dificulta la
tarea de persecución y eficacia en el control de la delincuencia.
