Lo Que le Pasó a Vargas Llosa,
por Hermógenes Pérez de Arce.
Hace muchos años Mario Vargas Llosa se había
interesado en la política y su popularidad como escritor, en ese tiempo de
izquierda, lo había catapultado a la condición de figura nacional peruana, de
modo que terminó siendo candidato Presidencial.
Su ventaja en las encuestas era tan grande que
tomó la campaña con mucha calma, pues nadie lo desafiaba realmente. Estaba tan
seguro de ganar que hasta había empezado a virar ideológicamente hacia la
derecha.
Tiempo después, a poco de haber sido derrotado inesperadamente
en la elección por Alberto Fujimori, en un almuerzo con él al que asistí en
"El Mercurio" o en la Viña Santa Rita (no recuerdo exactamente en
cuál de las dos partes, porque en ambas estuve con él) refirió que nunca se
había preocupado de ese candidato rival oriental y prácticamente desconocido.
Añadió que un hijo suyo, unas dos semanas antes de los comicios, le había
advertido que "había un chinito muy popular en las poblaciones, que tenía
muchos votos". Pero Vargas Llosa no le hizo caso ni se preocupó, porque
"el chinito" no marcaba en las encuestas más acreditadas. Por eso
que, el día de la elección, recibió como un mazazo inesperado y sorpresivo la
noticia de que "el chinito" iba a ser el próximo Presidente del Perú
en lugar suyo.
He recordado ese episodio a raíz del prolongado
e insólito viaje a Nueva York de Michelle Bachelet, que ha permitido a Evelyn
Matthei monopolizar el escenario Presidencial. Esta última es una candidata
infatigable y lo ha hecho objetivamente muy bien en estos afiebrados días
iniciales de su campaña, aprovechando "a piacere" el campo libre que
le ha brindado el relajado talante de su principal adversaria.
Entretanto, silenciosamente el país sigue
tomando nota de las amenazas que representa el programa de esta última para el
futuro de la economía chilena y la estabilidad institucional. Hubo una pausa en
el estado de pánico ambiente gracias al anuncio de que figuras DC moderadas,
como René Cortázar, José De Gregorio y Jorge Burgos, se iban a incorporar al comando
de la candidata izquierdista. Hasta la Bolsa repuntó durante unos días. Pero
desde la propia izquierda han surgido voces que atacan con poca piedad a
Cortázar y le restan base como figura que pudiera adquirir alguna connotación
en un futuro equipo de Bachelet; y a su turno, el vocero oficial de ésta,
Álvaro Elizalde, ha reafirmado que las iniciativas programáticas suyas que más
desconfianza despiertan, como la idea de cambiar la Constitución, la reforma
tributaria (que incluye la supresión de uno de los dos motores de crecimiento
más importantes de la economía chilena en las últimas décadas, el FUT) y la
carísima y regresiva promesa de una educación superior gratuita, más el apoyo
de la candidata a figuras revolucionarias jóvenes de la extrema izquierda y el
PC, y el conocimiento de que la estrategia de la "Nueva Mayoría" fue
una idea comunista aprobada por el partido rojo en su XXI Congreso del año
2001, han reencendido el pesimismo acerca de su eventual gestión. Entonces la
Bolsa ha vuelto a caer.
Para empeorar las expectativas, el inefable Presidente
de la DC, Ignacio Walker, se ha encargado de comunicar al país que su
colectividad "no será obstáculo" para que se lleve a cabo el radical
programa de reformas que la candidata de la izquierda ha recogido "de la
calle". Ésta, seguramente telefoneada por sus más próximos, ha resuelto
anticipar en un día su retorno al país. Porque las campañas electorales --como
todo menestar arduo en esta vida-- son un 10% de inspiración y un 90% de
transpiración.
"El Mercurio" del domingo citó como
"una vuelta de carnero" de Michelle Bachelet su anuncio después de
las primarias en el sentido de que "tenemos que trabajar sin descanso por
el triunfo de noviembre, así que (para) los que pensaban pegarse unos 'diítas'
de vacaciones, desde mañana continuamos el camino que nos va a llevar en
noviembre a La Moneda". Y acto seguido se fue por catorce
"diítas" a Nueva York.
¿No habrá nadie diciéndole que, no "un
chinito", sino "una alemancita", está conquistando mientras
tanto muchos votos en las poblaciones?
En conclusión, este último es el único factor
de tranquilidad que puede calmar las alarmadas expectativas que ponen tan nerviosos
a los mercados nacionales.
Los costos de la unidad,
por Gonzalo Müller.
No han sido fáciles estas dos semanas para la
Coalición de RN y la UDI. Luego de las primarias y el triunfo de Pablo
Longueira, se había instalado un clima de enfrentamiento y división entre los
partidos. Es en ese contexto en que la renuncia a su candidatura por enfermedad
les devolvió a ellos la decisión de ir unidos con un candidato único o
divididos hacia la elección Presidencial de noviembre.
La unidad es un valor muy preciado por los
electores, ya que se asimila a la capacidad de actuar por un interés común y no
sólo por el individual, siendo una señal importante de la tan necesaria Gobernabilidad
y estabilidad política, que tanto los Gobiernos como los países necesitan para
avanzar y desarrollarse. Más aún cuando la política es observada como fuente de
privilegios y dominada por proyectos personales por parte de la ciudadanía, el
ser capaz de alcanzar y transmitir que se puede actuar y trabajar unidos es un
atributo deseable por todo conglomerado político.
Pero como todo lo valioso, la unidad tiene
costos, no es gratis. En el caso de la Coalición oficialista, requiere de que
los máximos dirigentes de los partidos sacrifiquen en parte sus propios
intereses en beneficio de construir lealtades y confianzas más allá de sus
militancias; esto implica entender que no sólo deben responder ante sus
Consejos Generales, sino también ante los cientos de miles de independientes
que constituyen sus verdaderas bases electorales y que pueden terminar
condenando dura y mayoritariamente lo que hacia el interior pudiera aplaudir
una minoría, por muy entusiasta y ruidosa que esta sea.
Que el Presidente Piñera y el propio Gobierno
se hayan constituido en una suerte de gran elector frente a las decisiones de
los partidos no es casualidad, porque es en la propia responsabilidad de ser Gobierno
que han aprendido a colaborar y trabajar unidos cientos de militantes de RN y
la UDI, junto a independientes. Esta transversalidad lo ha constituido en una
reserva necesaria frente a las lógicas partidistas y el camino propio; su voz
ha sido clave en acelerar y destrabar las decisiones necesarias para contar en
un breve plazo con una candidata única. Lo ratifica que Evelyn Matthei haya
salido desde el propio Gobierno para enfrentar esta campaña como la candidata
única de la centroderecha.
La propia candidata del oficialismo sabe que su
primera labor debe ser generar unidad y confianza hacia el interior de los partidos,
una demostración más de que sólo una nueva candidata que no hubiera estado
involucrada en las campañas y enfrentamientos anteriores podría lograr la
indispensable integración de los partidos en la tarea Presidencial. El haber
elegido a la Senadora Lily Pérez como vocera, o haber integrado a los Senadores
Alberto Espina y Francisco Chahuán a su comité político, le permite concretar
en rostros y hechos esa unidad y al mismo tiempo multiplicar su capacidad de
interlocución con Renovación Nacional.
Pero la unidad no implica dejar de lado la
competencia, los partidos y sus dirigentes deben entender que es la elección Parlamentaria
el escenario natural para su legítima aspiración por competir y medir sus
apoyos, y que la hegemonía político-electoral se juega en este terreno mucho
más que en el Presidencial.
Por todo lo anterior, si bien la unidad no es
suficiente por sí misma para ganar la elección Presidencial, se ha constituido
en los hechos en un requisito esencial para la credibilidad de la centro-derecha.
La división impide que el mensaje de un nuevo Gobierno de la Coalición sea
efectivo, peor aún retrasa la necesaria ampliación de sus fronteras hacia los
sectores independientes, moderados y menos politizados, los que resultaron
claves en la formación de la mayoría que el año 2009 llego al Gobierno de la
mano del Presidente Piñera.
Grandeza,
por Eugenio Tironi.
El pasado 11 de febrero Benedicto renunció a su
condición de sucesor de Pedro. Lo hizo diciendo: "He llegado a la certeza
de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, no se adecuan por más tiempo al
ejercicio del ministerio". Su gesto provocó un remezón que algunos
compararon al del Concilio Vaticano II, hace casi medio siglo.
El 18 de julio pasado fuimos testigos de otra
renuncia: la de Pablo Longueira, que abandonó la candidatura Presidencial luego
de haberse ganado ese derecho triunfando días antes en una reñida elección
primaria. Los motivos los entregaron sus hijos: "Nuestro padre se
encuentra enfermo. Con posterioridad al triunfo de la elección primaria de la
Alianza, durante unos días de descanso, su salud se fue deteriorando, producto
de un cuadro de depresión médicamente diagnosticado".
Al comienzo reinó la incredulidad. Con las
horas, la abdicación de Pablo Longueira sacudió a los chilenos y se convirtió
en noticia mundial. Su familia o su partido, perfectamente pudieron haber
inventado una "mentira piadosa" para justificarlo. En Chile, al
menos, nadie se lo hubiese objetado; pero eligieron ser transparentes sobre los
motivos que lo llevaron a la renuncia.
No era fácil. Lo que hoy llamamos
"trastornos del ánimo" es un área que, desde tiempos inmemoriales, la
humanidad ha cubierto con el manto del tabú; ese tipo de fenómenos que -en
palabras de Freud- "no está permitido tocar", y sobre lo que es mejor
no hablar, pues se teme el castigo y, en el fondo, el contagio. Quienes los
sufren los viven como un estigma, y por eso mismo los ocultan. Y quienes los
rodean, a veces sin pensarlo, se vuelven cómplices del encubrimiento,
reforzando con esto el tabú. Estigma y tabú son los dos extremos de una misma
soga. Esto es lo que da valor al gesto de Longueira y de quienes lo rodean: al
reconocer que padece una depresión severa, rompieron el estigma, y con esto,
desplazaron el tabú.
Longueira es un líder político fuerte y
exitoso. Representa a un sector político-cultural más identificado con el
esfuerzo que con el fracaso. El hecho de admitir que sufre un cuadro de
depresión provocó que Chile entero reflexionara y conversara del tema con un
grado de honestidad desconocido. Permitió a mucha gente, como señalara el
psiquiatra Marco A. de la Parra, "hablar de su depresión, en el sentido de
que es algo respetable, que le sucede a todo el mundo y que no significa falta
de carácter, falta de fe, ni flojera, ni falta de voluntad". Volvió
patente que este tipo de trastorno no se supera apelando al "coraje"
o a la "adrenalina", ni con el mero acompañamiento de familiares,
amigos o guías espirituales: requiere mucho más que eso. Y permitió que se
pusiera en el tapete que los trastornos del ánimo tienen una tasa de incidencia
cada vez más elevada en los cuadros de morbilidad de la población, lo que está
ligado al tipo de sociedad que hemos venido edificando.
El gesto de Pablo Longueira y su entorno
representa un punto de quiebre para la manera como la sociedad chilena ha
tomado los trastornos del ánimo. Pero su servicio hacia la sociedad chilena no
ha terminado. Tienen la oportunidad de demostrarnos que la persona que los
sufre está enferma, pero no muerta; que puede requerir alejarse por un tiempo,
pero no está invalidada de por vida; que debe ser objeto de ayuda, no de
compasión. Nos queda a nosotros asumir que una sociedad es sana solo si los
acoge y contribuye a cuidarlos; en otras palabras, si desobedece al tabú.
Guardando las distancias, los de Benedicto y
Pablo son gestos que, junto con dejar en evidencia la vulnerabilidad de la
condición humana, muestran que la grandeza brota de admitirla, no de negarla.
La primavera chilena,
por Jorge Selaive.
En el Medio Oriente ha emergido el término
Primavera Arabe para referirse al levantamiento del pueblo árabe ante demandas
sociales insatisfechas, mala distribución del ingreso y gobiernos reñidos con
los principios democráticos. La forma que ha tomado esta “revolución” ha
llevado a la salida de varios gobernantes y a incipientes cambios en la
estructura social y económica. Es tan fuerte la demanda social que es imposible
que los países exportadores de petróleo puedan satisfacerla desde el punto de
vista fiscal con precios bajo US$90/barril, lo que ciertamente tiene
consecuencias en la manera en que la OPEC enfrentará cualquier caída del precio
del petróleo.
Dicho lo anterior, con grandes matices, en
Chile también estamos en presencia de nuestra propia primavera, sin la
violencia pero sí con la fuerza de la argumentación técnica, como corresponde a
un país que tiene asentada su civilidad democrática.
Las demandas estudiantiles se reflejan en
propuestas de mayor recaudación tributaria orientada a satisfacerlas. La
dificultad para entregar los lineamientos de la matriz energética en un
contexto de notable fortaleza de las posturas ambientalistas que argumentan,
entre otros, rentas para el sector privado. La insatisfacción relativamente
generalizada con las utilidades de varios actores del mercado. Todas son parte
del mismo fenómeno social. Así como la primavera árabe está para quedarse,
también lo es el caso de la primavera chilena.
¿Qué consecuencias podría tener en el mediano
plazo? Claramente disminuirán las rentas sectoriales. Rentabilidades sobre
patrimonio o activos que destacaban en el concierto internacional disminuirán
de manera significativa, y el Estado —finalmente la gente— recibirá más
recursos en términos relativos respecto al sector privado. Ya hemos visto
aquello durante estos últimos años, donde ha ocurrido una evidente
transferencia de riqueza desde el capital al trabajo, que no se revertirá. El
aumento de los salarios y la contracción en las rentabilidades corporativas es
síntoma de dicha transferencia.
La manera en que reaccionará el precio de
activos también estará alineada con esta primavera chilena. La bolsa tendrá una
recuperación tímida siguiendo las menores rentabilidades de las empresas.
Asimismo, estas últimas buscarán medidas de compensación que muy probablemente
estarán reflejadas en mayores precios. Lo anterior, junto a elementos
idiosincráticos como alzas en tarifas reguladas, aumento de precios en
productos con mayor traspaso impositivo y mejoras en la medición de la
inflación podrían mantener esta última por sobre lo que sugeriría la menos
favorable posición cíclica de la economía el 2014.
Finalmente, la pregunta que parece obvia para
el empresariado es qué coalición política es capaz de lidiar mejor con un
escenario económico menos favorable y con una mantención y eventual incremento
de las demandas sociales en el marco de esta “primavera chilena”, ¿Nueva
Mayoría o Alianza?
Riesgo para los medios de comunicación.
La Comisión de Programa de las colectividades
que integran la Nueva Mayoría, apoyada en sus respectivos centros de estudio,
ha preparado el documento "Compromisos para el Chile que queremos",
que contiene los lineamientos programáticos que dicho conglomerado plantea hoy
para nuestro país como eje de su línea de acción en caso de alcanzar el Gobierno
en la próxima elección Presidencial. Su pilar queda sintetizado en el primer
párrafo, que postula "un Chile más inclusivo e igualitario, donde
prevalezcan la justicia social y la igualdad, se ponga fin al abuso, se
fortalezcan los derechos políticos, civiles y sociales, y se cimenten las bases
de una nueva convivencia social".
Los ejes en torno a los cuales se quiere
construir ese nuevo Chile son la participación, la reforma tributaria, la inserción
internacional, la reforma Constitucional y política, los derechos sociales (con
énfasis en educación y salud), la reforma laboral, un nuevo modelo de
desarrollo económico y la descentralización. El concepto que cruza todo este
documento es el de derechos sociales garantizados, con el Estado como el gran
organizador del esquema de convivencia ciudadana. Implícitamente, pero de modo
inequívoco, se percibe un manto de sospecha sobre las iniciativas privadas, que
desde su perspectiva serían el germen de la desigualdad, el abuso y la
desprotección.
Nada de lo anterior sorprende demasiado en
cuanto corresponde a la visión de izquierda tradicional -con ostensibles
semejanzas con ideas en boga en los años 60 del siglo pasado-, aunque sí llama
la atención que se la enarbole ahora, tantas décadas después de haber sido ella
abandonada por los países avanzados, y ciertamente por la propia Concertación,
que en su hora practicó una renovación efectiva y a diversos respectos exitosa.
No obstante, vista la dramática experiencia de
los medios de comunicación en los países latinoamericanos que siguen el modelo
chavista, así como lo ocurrido con ellos en la culta Argentina bajo el
kirchnerismo, no cabe subestimar el peligro envuelto en lo que se anticipa
respecto del "derecho a una información plural, veraz y trasparente, lo
que nos lleva a luchar por establecer las condiciones para democratizar el
actual sistema de medios de comunicación, que ha permitido concentrar en pocas
personas o empresas, nacionales o extranjeras, el control de los medios de
comunicación masivos".
Aunque se reconoce el efecto de las tecnologías
en expandir el acceso a información de toda especie a crecientes números de
personas, se añade que "también resulta necesario incentivar en los medios
de comunicación tradicionales un auténtico pluralismo tanto en los contenidos
como en la propiedad". El lenguaje utilizado deja en la sombra a qué
medidas daría lugar lo anterior. La referencia al control de los medios de comunicación
masiva por pocas empresas y la necesidad de incentivar el pluralismo en la
propiedad de los mismos no aclara si se quiere modificar el régimen de
propiedad privada de dichos medios, o mantenerla, pero hacerla más
"plural". ¿Y qué significa exactamente "democratizar" los
medios? ¿Forzar la entrada de otros propietarios a los medios actuales, o
impulsar desde el Estado nuevos medios con nuevos propietarios? ¿Cómo
aseguraría eso la pluralidad de contenidos que se dice pretender? Diseñar
políticas públicas solo mediante aspiraciones -como se hace repetidamente en
este documento- trasunta más un voluntarismo que parecía superado que una
reflexión detenida sobre cómo abordar los complejos problemas de la sociedad
moderna. Y es notorio que lo anterior parece tener por blanco a la prensa, ya
que en los demás medios el holgado predominio de la izquierda es evidente, y no
se advierte cuánto más pudiere él expandirse, sin excluir del todo el
pluralismo que se postula.
En materia de medios de comunicación, como en
varias otras, este documento abre inquietantes incógnitas y dudas, que en su
momento deberán ser sopesadas por la candidata Bachelet con una mirada más
global, capaz de distanciarse de los parámetros de un modelo chavista para los
medios, en un área tan sensible para la democracia real.
Mejoras en educación técnico-profesional.
Hace unos días, la Ministro Schmidt anunció un
ajuste curricular para la educación media técnico-profesional (TP), cuya malla
no se había modificado desde 1998. La modernización de los currículos
estableció un total de 34 especialidades y 17 menciones que comenzarán a
implementarse gradualmente en los colegios técnicos profesionales. El cambio
regirá para más de 180 mil escolares que optan por este tipo de educación, un
43% del total de estudiantes de ese nivel.
La propuesta del Ministerio de Educación es
positiva, ya que da una señal para un sector que ha quedado postergado en la
medida en que la educación superior, especialmente la universitaria, se toma la
agenda. Este rezago es, sin embargo, inconveniente para la sociedad en su
conjunto, ya que la alternativa técnico-profesional es valorada por las
familias como una opción para que sus hijos encuentren trabajos más calificados
al momento de entrar al mercado laboral.
En el sistema actual promedio, los
establecimientos TP obtuvieron 35 puntos menos en lectura que los
científico-humanistas y 47 puntos menos en matemáticas en el SIMCE 2012. Hay,
además, otro problema que afecta a los estudiantes de los colegios técnicos: la
baja titulación de sus egresados. Sólo el 58% de los egresados en 2010 obtuvo
su título, principalmente porque no hacen sus prácticas profesionales. Menos
del 30% sigue estudios superiores en centros de formación técnica o
universidades.
Es en este escenario sombrío que se puede
plantear que es positivo que las especialidades se renueven, como propone el Ministerio,
para adaptarse mejor a las necesidades de la industria y así tener más
prácticas y oportunidades laborales. En este punto, además de las directrices
de la autoridad, lo que se necesita es la autonomía y proactividad de los
colegios mismos para acercarse a empresas y gremios y trabajar en conjunto con
ellas. Muchas de las escuelas TP exitosas, con altos puntajes SIMCE y con
buenos resultados en empleabilidad, tienen alianzas con compañías de la zona
que aportan material y profesores y captan luego alumnos para sus plantillas.
También buscar en el extranjero oportunidades de intercambio que motiven a los
mejores alumnos.
Pero junto a esta inclusión al sector
productivo es también importante contar con cuerpos directivos con facultades
para introducir mejoras en lenguaje y matemáticas. Un alumno puede tener buenas
herramientas técnicas, pero se verá limitado en su carrera si no tiene una
aceptable comprensión de lectura para adquirir más conocimientos.
Adicionalmente, las habilidades no cognitivas
(comunicación, puntualidad, disciplina, organización) deben privilegiarse en
esta etapa escolar, ya que son barreras de entrada al mercado laboral.
Finalmente, es deseable que los colegios TP
sean objeto de un estudio a fondo a nivel de expertos, de manera de identificar
cuáles son las falencias en detalle de esta alternativa académica de cara a un
futuro donde cada día se demandan más trabajadores con buen nivel técnico.
Información sobre deuda positiva en el retail.
La opción tomada por la autoridad fiscalizadora
de imponer vía una norma administrativa a los emisores de tarjetas no bancarias
la obligación de informar la deuda positiva de sus clientes, si bien tiene
justificación de fondo, es equivocada por el hecho de que se trata de una materia
que debe ser regulada por Ley al incidir en el derecho a la privacidad de los
deudores. Esta obligación consiste en que cada emisor entregue a la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) el listado de los
deudores y el saldo de sus deudas, entre otros antecedentes.
El debate acerca de la conveniencia de ampliar
la información que deben entregar los emisores de tarjetas de crédito no
bancarias ha enfrentado en reiteradas oportunidades a esas empresas con la Sbif.
El “retail financiero” se resiste a compartir información que considera
privativa de sus operaciones. Sin embargo, los beneficios de que exista esa
información son evidentes, en la medida en que permite a toda entidad
financiera conocer con mayor precisión el grado de endeudamiento de quienes
solicitan préstamos -ajustando la tasa al nivel de riesgo real del deudor- y
agregar mayor competencia al mercado del crédito.
Asimismo, esta información facilita que la
autoridad conozca con mayor precisión los riesgos sistémicos asociados a toda
la industria del crédito. Hay aquí una cierta diferencia con la situación de
los bancos, donde por captar fondos del público vía depósitos hay un riesgo
mayor, pero el retail financiero también tiene riesgos sistémicos que
supervigilar, sobre todo por la relevancia que han adquirido en la economía
estas nuevas formas de financiamiento y por el hecho de que también se puede
financiar a través de la emisión de títulos.
No obstante la justificación de contar con esa
información consolidada, cuando se trata de la entrega de antecedentes
personales que está amparada por el derecho a la vida privada de cada deudor,
la obligación de entregarla debe ser establecida y regulada a través de una Ley.
Lo delicado de esta materia queda ilustrado en el hecho de que, respecto de los
bancos, esta misma exigencia se encuentra regulada en la Ley General de Bancos,
que ampara la información con la reserva y sanciona con pena de cárcel al que
la revela indebidamente a terceros. Incluso, hay antecedentes de reclamos de la
propia banca respecto de regulaciones administrativas que también incidían en
materia bajo secreto y reserva, lo que pone de relieve la importancia de este
punto.
Luego de la dictación de esta normativa, han
surgido reclamos desde los afectados acerca de la improcedencia de esta
regulación y el peligro que significaría para la integridad de la información.
Según trascendidos de prensa, la Superintendencia habría manifestado el
propósito de contar con esta base de datos sólo para fines de fiscalización,
sin estar contemplada su entrega al sistema financiero en general. Esta
incertidumbre pone de manifiesto la necesidad de mayor precisión regulatoria,
particularmente en la determinación de quiénes pueden acceder a los datos y hasta
dónde alcanza la obligación de reserva.
Actualmente se encuentra en el Congreso una
propuesta de reforma integral impulsada por el Gobierno para regular la
consolidación de información financiera de los deudores, a cuya tramitación
debería asignarse máxima urgencia, a fin de zanjar definitivamente las
deficiencias de fondo y forma que existen actualmente en esta área.
Contratos telefónicos.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones ha
aprobado los protocolos de ventas telefónicas de ocho empresas de
telecomunicaciones, lo que les permite volver a ofrecer contratos por esa vía.
Ante una denuncia televisiva de malas prácticas en estos contratos -confirmando
actuaciones de las que antes solo se tenía evidencia anecdótica-, dicha Subsecretaría
prohibió realizar nuevos contratos de esa especie mientras no mejoraran los
protocolos, para impedir una repetición de abusos.
Las empresas que fueron autorizadas para volver
a operar tienen ahora procedimientos que hacen posible determinar que el
titular de la cuenta ha dado su consentimiento expreso, claro e informado, y
que la empresa conserva debido registro de tal contratación.
Estas malas prácticas para forzar o inventar
contratos por vía telefónica, que luego resultan muy difíciles de cancelar,
muestran las características menos amables de mercados sin adecuada regulación.
Los vendedores telefónicos reciben comisiones por los contratos que consiguen,
por lo que tienen incentivos para presionar al cliente, o incluso inventar su
asentimiento al contrato de servicios. Por eso se precisan protocolos de
verificación que confirmen el efectivo asentimiento del titular del contrato, y
es procedente que el ente regulador establezca estándares mínimos. De lo
contrario, la presión competitiva sobre las empresas hará que se repitan
conductas como las denunciadas -y ahora corregidas-.
Habiéndose establecido los protocolos mínimos,
cuyo cumplimiento es sistemáticamente fiscalizado, las empresas pueden
beneficiarse, pues aunque los procedimientos son más complejos, evitan los
costos de cancelación y de indemnización de contratos mal establecidos, y
además mejoran su imagen pública.
Por cierto, es insuficiente que las empresas
pretendan desligarse de su responsabilidad, atribuyéndosela a los vendedores,
ya que ellas tienen la obligación de supervisar lo que ocurra en su nombre. Y
yerran aquellas que pretendan reincidir en malas prácticas, pues los
consumidores ya no están dispuestos a aceptarlas.
Destaca el correcto comportamiento de la
subsecretaría del ramo en todo este episodio. Reaccionó en forma rápida ante la
evidencia de conductas viciadas, definiendo con celeridad lo que deben
incorporar los protocolos de contratación de servicios por teléfono para ser
aceptables. Cabría argumentar que debió haber actuado antes, pero a menudo es
difícil para un regulador técnico enfrentar una industria sin una oportunidad
como la que le brindó el referido programa televisivo.
En todo caso, la posibilidad de realizar
operaciones telefónicas es positiva para la mayoría de los clientes, siempre
que puedan confiar en que lo que contratan es lo que efectivamente solicitaron.
Correspondencia para meditar:
Señor Director:
Lecciones del caso venezolano.
La situación política expuesta por el líder
opositor venezolano, Henrique Capriles, en su reciente visita a nuestro país
nos recuerda la importancia de las instituciones para el desempeño de un
sistema político democrático. Desde 1958, la fortaleza y competitividad de los
partidos en Venezuela resultaban claves para el funcionamiento de una
democracia que era considerada como un modelo en América Latina. Con todo, el
sistema de partidos colapsó dramáticamente a fines de los 90, dando paso al régimen
chavista.
Esta experiencia debe ser analizada con
detención en países cuyos sistemas de partidos son considerados como altamente
institucionalizados. El caso venezolano demuestra que aspectos teóricamente
positivos, tales como la estabilidad electoral, persistencia en el tiempo y
fortaleza organizacional de los partidos, pueden presentarse conjuntamente con
niveles crecientes de desafección política, abstencionismo y un fuerte declive
en la identificación partidaria.
En Venezuela se ensayaron cambios a la
institucionalidad electoral para hacer frente a la crisis política, como la
introducción del voto voluntario en 1993. No obstante, dicha reforma no logró
resolver el problema de fondo: el déficit representativo asociado a la baja
capacidad adaptativa de los partidos políticos. Por el contrario, el drástico
incremento en la abstención luego del cambio señalado contribuyó, entre otros
factores, a debilitar aún más la ya frágil institucionalidad partidista,
socavando de paso la legitimidad del sistema político en su conjunto.
Los sistemas de partidos latinoamericanos
suelen ser descritos como altamente inestables, caracterizados por bajos
niveles de estructuración programática y fuertes dosis de personalismo. Hasta
ahora nuestro país ha mantenido una trayectoria diferente, al igual que
Venezuela durante la segunda mitad del siglo XX. No obstante, hoy se evidencian
síntomas de descomposición que requieren atención. Una mirada a la experiencia
del país caribeño en esta materia puede ser de utilidad.
José
Manuel Edwards, Andrés Dockendorff Valdés. Miguel Ángel López Varas.
Señor Director:
Productos "no
tóxicos".
Ante lo ocurrido con el pequeño de ocho años
que se intoxicó y posteriormente murió al ingerir silicona escolar, creo
apropiada la medida de prohibir que los productos que contienen metano salgan
rotulados como “no tóxicos”.
Nicole Escobar Minai.
Señor Director:
Ataque a la Catedral.
Con profundo dolor hemos sido testigos de los
lamentables hechos ocurridos el jueves pasado en la Catedral de Santiago,
durante la misa Presidida por monseñor Ricardo Ezzati.
Más allá de nuestro rechazo a las causas que
motivaron a los manifestantes, consideramos particularmente grave la
vulneración a los fundamentales principios de libertad de conciencia, libre
manifestación de las creencias y a la libertad de culto, amparados por nuestra
Constitución y por diversos tratados de derechos humanos.
Actos de este tipo en nada contribuyen con un
desarrollo humano integral que permita la construcción de una sociedad más
unida y fraterna, y demuestran la incapacidad de un sector minoritario de la
población a aceptar los resultados de la deliberación pública cuando no cede en
su beneficio.
Enviamos todo nuestro apoyo a Monseñor Ezzati,
a los asistentes y a quienes hoy sufren al ver su templo vulnerado.
Henry Boys Loeb, Constanza Yáñez Ríos
Presidencia Fundación Soñando Chile.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.