Crecimiento, pobreza y desigualdad,
por Vittorio
Corbo.
En los últimos 60 años, un grupo importante de
países en desarrollo ha logrado grandes avances en su nivel de ingreso per
cápita y en la reducción de la pobreza. Sin embargo, las mejoras a la
distribución del ingreso han sido mucho más tenues. Esta aparente contradicción
o “falla del modelo” merece ser discutida, porque en realidad la situación no
implica necesariamente un problema fundamental del modelo, sino que refleja la
naturaleza de los problemas que se intenta solucionar.
Es bueno señalar que los países que han podido
mantener altas tasas de crecimiento en un período prolongado son aquellos que
han sido capaces de crear un ambiente más favorable al emprendimiento, al
ahorro, a la acumulación de capital, al empleo y a los aumentos de
productividad. Este mejor ambiente pro crecimiento sostenido fue posible
gracias a las reformas en las políticas económicas y en las instituciones, especialmente
las orientadas a lograr estabilidad macroeconómica y financiera, la reducción
de barreras al comercio internacional de bienes, servicios y flujos de
inversión, y la disminución de barreras a la operación de las empresas; todo
esto dentro del marco de una economía de mercado. En paralelo, todos estos
países introdujeron tempranamente políticas educacionales que permitieron
aumentar, en forma generalizada, la calidad de la educación.
El crecimiento sostenido del ingreso per cápita
contribuyó a reducir la pobreza y mejorar los indicadores sociales a través de
la creación de empleo y la generación de recaudación tributaria para financiar
un mayor gasto público, el que se orientó a mejorar las condiciones de vida de
los más pobres. De hecho, estudios especializados muestran que la reducción de
la pobreza se explica principalmente por el crecimiento. Así, no es de
sorprender que los resultados más impresionantes en la caída de la pobreza se
dan en los países que han tenido un período prolongado de alto crecimiento,
como es el caso de Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong, y, recientemente, de
China, Vietnam, India, Indonesia y Tailandia.
En cuanto a crecimiento y equidad, los casos de
Brasil e India son muy interesantes de analizar. En Brasil, la administración
de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) hizo avances importantes en reformas
macroeconómicas y de eficiencia destinadas a sentar las bases para el
crecimiento sostenido. Sin embargo, las últimas dos administraciones se
enfocaron más en la redistribución de ingresos y, en el proceso, aunque
lograron reducir la pobreza (en menor magnitud que Chile), dejaron de lado
reformas de políticas fundamentales para sostener un alto crecimiento. Como
resultado, en los últimos años, el crecimiento se ha reducido
significativamente, disminuyendo la capacidad del país de sostener los logros
previos y frustrando las expectativas de la población de seguir aumentando su
bienestar.
Por su parte, en India, como muy bien lo
ilustran Bhagwati y Panagariya en su reciente libro “Why Growth Matters - How
Growth in India Reduced Poverty and the Lessons for Other Developing
Countries”, a comienzos de los 90 se inició un proceso de importantes reformas
en el área de la apertura externa y en el desmantelamiento del extenso sistema
de licencias que limitaban el emprendimiento y la eficiencia. Estas reformas
llevaron la tasa de crecimiento al 7,8% anual en el período 2001-2010. Sin
embargo, pensando que el alto crecimiento estaba asegurado, el segundo período
del gobierno del Primer Ministro Manmohan Singh puso más énfasis en acelerar la
redistribución de ingresos y, en el proceso, se deterioraron las cuentas
fiscales y la cuenta corriente, y se aceleró la inflación, lo que obligó a su
banco central a subir agresivamente la tasa de interés. En paralelo, se
pospusieron reformas fundamentales para mantener un alto crecimiento. Como
resultado, el crecimiento sufrió una importante caída en los últimos dos años.
Preocupado por la caída en el crecimiento, el gobierno ha dado un segundo empuje
a las reformas pro crecimiento en los últimos meses, liberalizando la inversión
extranjera directa en grandes tiendas y en el transporte aéreo, y rediseñando
su sistema de subsidios para mejorar su focalización y reducir el costo para el
Estado. Sin embargo, aún no enfrenta el gran problema de su extremadamente
restrictiva legislación laboral que limita la competencia en los mercados de
bienes intensivos en su abundante mano de obra.
Los casos mencionados nos deben recordar que
cambios sustentables en distribución del ingreso son mucho más lentos
comparados con la reducción de la pobreza. Además, la literatura especializada
muestra que a nivel mundial la distribución del ingreso se ha deteriorado en
los últimos 20 años. Entre los factores que habrían contribuido a este
resultado destacan el progreso tecnológico intensivo en capital humano —que ha
aumentado el ingreso de las personas con más capital humano relativo al resto—,
los efectos del ingreso de China al mercado internacional de bienes intensivos
en trabajo y la reducción del poder sindical que ha seguido al proceso de
globalización. Es también importante recalcar que un trade-off entre
crecimiento y equidad es solo aparente cuando se quieren acelerar los procesos.
En el largo plazo, sustentabilidad del crecimiento y mejoras permanentes de la
distribución del ingreso presentan muy pocas incompatibilidades. Mejoras en la
calidad de la educación, inversión en capital humano e infraestructura,
remoción de barreras al emprendimiento y la creación y crecimiento de empresas,
etc., son medidas pro crecimiento y pro equidad.
Con esta idea del escenario mundial es bueno
poner en perspectiva la experiencia chilena en estas últimas décadas. Según los
datos de la Cepal, Chile fue el país de América Latina que logró la mayor caída
de la pobreza entre los años 1990 y 2011. En paralelo, Chile, después de
Panamá, es el país con el más alto crecimiento promedio en ese período, un 5,2%
anual. Sin embargo, para seguir avanzando en la reducción de la pobreza es fundamental
actuar usando políticas públicas integrales, que contribuyan a aumentar la
empleabilidad de las madres y de los jóvenes con bajo nivel de capital humano.
Propuestas en esta dirección aparecen en el estudio reciente de Res Pública,
“95 Propuestas para un Chile Mejor”.
En cuanto a distribución del ingreso, conforme
a los datos del World Development Indicators del Banco Mundial 2013, Chile
también es uno de los países de América Latina que más han progresado en
reducir la desigualdad del ingreso. Sin embargo, la desigualdad aún es muy
alta. Para seguir avanzando en reducirla, las principales oportunidades están
en mejorar la calidad de la educación preescolar, básica y media que reciben
los dos quintiles más pobres de la población, y en aumentar su empleabilidad.
Actuar en políticas pro crecimiento se hace aún
más urgente ahora que el entorno externo de Chile se deteriora por la
desaceleración de China y las perspectivas de una política monetaria menos
expansiva en EE.UU.
Camino,
por Adolfo Ibáñez.
Cuando se emprenden viajes largos, el camino
suele hacerse un tanto tedioso y surge la tentación de tomar un atajo. Como
país, nos ha ocurrido varias veces. En 1924 -y luego de muchos años de difundir
un diagnóstico deprimente de nuestra realidad, que hoy sabemos cuán errado
era-, se abandonó el camino que traíamos para tomar por una senda novedosa,
marcada por el estatismo.
Se postuló la necesidad de la protección social
y del fomento económico, ambos aspectos que se venían desarrollando con fuerza
desde décadas antes. Se comenzó por dictar la Constitución de 1925. El
resultado fue un crecimiento gigantesco de la administración pública y un
sistema de privilegios que beneficiaron a los más fuertes: sindicatos, gremios
empresariales y profesionales, burocracia pública y mundo político, que se
concertaron y repartieron los beneficios del sistema a costa de la mayoría que
no tenía capacidad de presión. Este atajo nos llevó al subdesarrollo y nos dejó
incapacitados de aprovechar el rápido desarrollo tecnológico, social y
económico del mundo, con todas sus secuelas de postración para los chilenos.
Esto motivó la búsqueda de un nuevo atajo a
partir de 1964: la revolución. Nuevamente el diagnóstico cargó las tintas:
había que cambiar las estructuras. En el lenguaje de entonces, significaba
prescindir de todo lo existente y partir de cero. Se ofrecía tener un país
reluciente al cabo de 10 años, mediante la acción de una minoría iluminada por
la ideología. No duró tanto el país. Se destruyeron las instituciones políticas
y jurídicas, la economía y, sobre todo, la convivencia: no quedó más recurso
que pedir la intervención militar para terminar con el desastre.
A partir de ese punto comenzamos un camino que
no ofrece facilidades, sino metas posibles mediante el esfuerzo de todos
sostenido en el tiempo. Ahora, cuando comienzan a palparse sus bondades,
nuevamente reaparecen la prédica negativa y el afán de cambiarlo todo: es la
cultura del atajo que rechaza lo positivo.
El camino es latero, ¡qué duda cabe!: arreglar
una tuerca por aquí y otra por allá; dar la vuelta a la loma y vadear el
estero. Pero es el camino de todos y para todos; tiene la belleza de los espinos,
los quillayes y los cactus (es lo que hay). Tampoco requiere de iluminados que
monopolicen la conducción. La disyuntiva es perdurar por la huella polvorienta
que permite avanzar y transitar a todos, o tomar por el atajo de las reformas
deslumbrantes que hacen del pasado su ídolo y del fracaso, su destino.
¿Y si Maduro es colombiano?,
por Juan Carlos Vargas.
Durante las últimas semanas, medios de
comunicación social y varios analistas del ámbito político han venido afirmando
que Nicolás Maduro nació en Colombia, específicamente en un barrio de Cúcuta
donde habría vivido los primeros 10 años de vida. Luego sus padres se
trasladaron a la entonces República de Venezuela donde terminaron de criar
aquél niño colombiano, quien por los designios de un caudillo y la complicidad
de las instituciones del Estado hoy es Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela.
Si las anteriores afirmaciones son ciertas,
Nicolás Maduro no sería venezolano por nacimiento, lo cual es contrario al
requisito establecido en el Artículo 41 de la Constitución de 1999, el cual
establece que "Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin
otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta,
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutiva, Presidente o Presidenta y
Vicepresidente o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional (...)".
De la anterior norma, la cual es clara y no
establece excepción alguna, se evidencia que el período que ejerce el actual Presidente
de Venezuela, el interinato como Presidente encargado, su designación como Vicepresidente
por Hugo Chávez (2012), y por si fuese poco su gestión como Presidente de la
Asamblea Nacional (2005-2006) constituyen flagrante violaciones a nuestra Carta
Magna. Hechos estos que sumados al fraude electoral del 14A coloca a Nicolás
Maduro en una situación de irrefutable ilegitimidad.
Estamos seguros que todos los venezolanos,
independientemente si votaron o no por Maduro, desean que los poderes públicos
actúen con la mayor transparencia y de esa manera se nos permita ver la partida
de nacimiento original del actual Presidente de la República, pues, hasta la
fecha las respuestas respecto a este señalamiento no han hecho sino generar más
dudas, toda vez que el Gobernador Vielma Mora afirmó que Nicolás Maduro nació
en el Estado Táchira, mientras que por su parte el propio Maduro indicó que
nació en Caracas.
Las mencionadas dudas deben ser aclaradas por
el Tribunal Supremo de Justicia, debido a que nos encontraríamos ante un
supuesto de nulidad absoluta para el ejercicio de la Presidencia.
Por otra parte, llama la atención la omisión de
la Fuerza Armada, quien a estas alturas debería haber reaccionado enérgicamente
exigiendo una minuciosa investigación, y en caso de comprobarse la veracidad
exigir la renuncia de su actual Comandante en Jefe por traición a la patria,
pues están en juego nada menos que la soberanía, seguridad y defensa de la
nación.
El aniversario de la involución cubana,
por Andrés Oppenheimer.
El Gobernante de Cuba, General Raúl Castro,
celebró el viernes el 60 aniversario del ataque guerrillero al cuartel Moncada
que dio inicio a la revolución cubana, pero ese acontecimiento también podría
ser recordado como el principio de las seis décadas que marcaron el mayor
fiasco político y económico de Latinoamérica.
Es cierto que muchos de nosotros -especialmente
los que no nacimos en la isla- hace muchos años vimos a la "revolución
cubana" con cierta dosis de admiración romántica. Pero aún si se deja de
lado el hecho de que los revolucionarios cubanos derrocaron a una dictadura
para instalar otra, las estadísticas de las últimas seis décadas revelan una
historia de miles de muertes sin sentido, una emigración masiva que dividió a
casi todas las familias cubanas, y un colapso económico como pocos en el mundo.
En 1958, el año antes de que el líder
guerrillero Fidel Castro tomara el poder, Cuba tenía un ingreso per cápita de
unos US$ 356 anuales, el tercero o cuarto de Latinoamérica según la medición
que se use, dice el economista de la Universidad de Pittsburg y autor del
reciente libro "Cuba en la era de Raúl Castro", Carmelo Mesa Lago,
uno de los más reconocidos expertos internacionales en economía cubana.
En comparación, Costa Rica era más pobre que
Cuba, y países asiáticos como Corea del Sur eran muchísimo más pobres, con un
ingreso per cápita inferior a US$ 100 anuales.
Fíjense cómo han cambiado las cosas desde
entonces:
Según estadísticas del Banco Mundial, Corea del
Sur -que abrió las puertas a la inversión extranjera masivamente desde
principios de la década de 1960- tiene hoy un ingreso per cápita anual de US$
22.600, Costa Rica de US$ 9.400 anuales, y Cuba de US$ 5.400. Y según varios
estudios de Mesa Lago, la cifra de Cuba está inflada por las manipulaciones
estadísticas del gobierno de la isla.
Corea del Sur tiene hoy 276 autos por cada mil
personas, Costa Rica 135 y Cuba tan solo 21, según el Banco Mundial.
En Corea del Sur, el 37% de la población tiene
acceso a internet de banda ancha, comparado con el 9% en Costa Rica, y solo el
4% en Cuba, dice el Banco Mundial.
Mientras Corea del Sur se ha convertido en un
centro industrial mundial -sus productos electrónicos Samsung y sus autos
Hyundai se venden en todas partes-, y Costa Rica ha atraído fábricas de alta
tecnología como Intel, Cuba se ha convertido en un desierto industrial.
La isla ni siquiera ha podido seguir
produciendo azúcar o cigarros a los niveles de 1958. Según cifras oficiales
citadas por Mesa Lago, la producción de azúcar de Cuba cayó de 859 toneladas a
106 toneladas por cada mil personas en las últimas seis décadas, y la
producción de cigarros cubanos cayó de 92 mil cigarros por cada mil personas a
26 mil en el mismo período.
Hasta hace muy poco, los cubanos solían bromear
diciendo que los tres mayores logros de la revolución eran la salud, la
educación y la dignidad nacional, mientras que los tres mayores fracasos de la
revolución eran el desayuno, el almuerzo y la cena.
Pero hoy, hasta la salud y la educación en Cuba
han decaído y la dignidad nacional es cuestionable desde que el país se
convirtió dependiente económicamente primero de la ex Unión Soviética y
últimamente de Venezuela.
Hoy la expectativa de vida en Cuba es de 79
años, la misma que en Costa Rica, e inferior a la de 81 años de Corea del Sur.
En el ámbito educativo, Cuba merece crédito por haber eliminado el
analfabetismo más rápido que casi todas las otras naciones latinoamericanas,
pero su educación universitaria es una sombra de lo que era.
El reciente Ranking QS de universidades
latinoamericanas, uno de los más conocidos, coloca a la otrora prestigiosa
Universidad de La Habana en el puesto 81 en Latinoamérica, muy por debajo de
las universidades de Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina, Costa Rica,
Venezuela y Paraguay.
Cuando le pregunté si funcionarían las
recientes reformas pro-libre mercado del general Castro para revertir el
desastre económico cubano, Mesa Lago me dijo que "son las reformas
económicas más importantes implementadas en Cuba desde la revolución, pero el
problema es que las regulaciones excesivas, los controles burocráticos y los
impuestos las están obstaculizando".
Mi opinión : Cuando leía los discursos de los Presidentes
de Uruguay, Bolivia, y otros países que participaron junto a Castro en las
celebraciones del 26 de julio en Cuba elogiando los supuestos logros de la
revolución cubana, no pude evitar plantearme una sencilla pregunta: si Cuba es
un país tan exitoso y su pueblo está tan feliz, ¿por qué el Gobierno no ha
permitido una sola elección libre en seis décadas? La respuesta es muy simple:
porque el régimen cubano sabe que su revolución ha sido un fracaso, y que
seguramente perderían una elección libre.
Atropello a la libertad de conciencia.
Es absolutamente repudiable e inaceptable el
ataque de un centenar de violentistas a la Catedral Metropolitana mientras se
celebraba en ella un oficio religioso. Con total prescindencia de que se
adhiera a un credo u otro, o a ninguno, es exigible a la autoridad que cumpla
con su deber de resguardar la libertad de conciencia, la manifestación de todas
las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que la Constitución
garantiza. Eso es de la esencia de toda democracia, y hay para la nuestra un
peligroso punto de inflexión en que haya sido aquí atropellado impunemente.
Quienes se manifestaban a favor del aborto tenían derecho a hacerlo, aunque él
repugne a vastos sectores. No tenían derecho, en cambio, a invadir
destructivamente un recinto de una religión que se opone al mismo. Al hacerlo,
perdieron la calidad de legítimos manifestantes para constituirse en
delincuentes. Todo demócrata auténtico, así como las instancias que velan por
los derechos humanos, debería condenar expresamente lo ocurrido, al igual como
lo han hecho el Presidente Piñera y la Alcalde de Santiago.
La injustificable tolerancia ante lo sucedido
mueve a preguntarse cuál es el próximo límite de civilización que se permitirá
atropellar. Ya lo han sido colegios, universidades, Ministerios, el Senado.
¿Ahora las iglesias?
Como si no bastara pisotear la libertad de
conciencia, está también la arista histórica y cultural. El templo violado se
identifica con nuestra identidad misma, desde la fundación del país. Alberga
tesoros de arte y reliquias nacionales, y es tumba de figuras de nuestro pasado
que pertenecen a todos los chilenos. Asombra que este depósito de nuestra
historia no haya podido ser resguardado ni por seguridad privada ni por la
fuerza pública, por un mal entendido ánimo apaciguador. Por cierto, ni siquiera
un amago de daño o destrucción se admitiría impunemente en ningún país
avanzado, y lo aquí ocurrido es un baldón para Chile.
Límites a la reelección de Parlamentarios.
Uno de los aspectos que el Gobierno ha
considerado en su agenda modernizadora de la política es poner límites a la reelección
de los Parlamentarios. Para ello, presentó una reforma Constitucional que
dispone que los Senadores no podrán reelegirse más de un período consecutivo en
la misma circunscripción (dos períodos seguidos en total), ni los Diputados más
de dos en un mismo Distrito (tres períodos).
Restringir la reelección de los Parlamentarios
ha sido frecuentemente mencionado como una medida indispensable para superar
ciertos vicios de la política, pero que, sin embargo, requiere considerar
también los diversos efectos adversos que puede provocar. La principal crítica
que se dirige a la reelección indefinida es que impide la renovación de la
política, “eternizando” a los Parlamentarios en su cargo, cuestionamiento que
no es suficiente, porque la renovación no es un objetivo que en sí mismo deba
ser cautelado por la institucionalidad,
sino que asegurar la competencia. La literatura especializada consigna que el
inconveniente que efectivamente produce la reelección indefinida de los Parlamentarios
es que incentiva que dirijan su acción política a promover los intereses de su
base votante prescindiendo del bien general, lo que alimenta el clientelismo.
En contraposición, aquel Parlamentario que no continuará en su puesto tiende a
privilegiar las iniciativas de bien común, que a la larga son reconocidos,
aunque implique contrariar los intereses parciales de su base votante.
Siendo efectivo lo anterior, en contrario se
debe tener presente que impedir la reelección tiene, a su vez, costos, como
perder experiencia acumulada por los Legisladores para realizar su función, que
requiere de un aprendizaje como toda actividad, y perder a personas que pueden
ser muy valiosas. Por otra parte, es discutible desde una perspectiva
democrática que se pongan restricciones al legítimo derecho de los ciudadanos
de decidir libremente quién es su representante en el Congreso, como asimismo
que se restrinja la competencia excluyendo alternativas. Además, cabe
considerar que los números muestran una alta renovación en ambas Cámaras, lo
que también es posible apreciar en las plantillas proyectadas para noviembre
próximo. En suma, si bien restringir la reelección puede tener la virtud de
alejar del Congreso a Parlamentarios que se han entregado a prácticas que
distorsionan la función legislativa, también margina a aquellos que han hecho
aportes relevantes y que han realizado debidamente su labor, todo lo cual
corresponde en democracia sea discernido por los electores.
Dada su complejidad, este tema requiere un
debate ponderado, que supere visiones simplistas. El proyecto del Gobierno se
plantea con mesura en la disyuntiva, en cuanto pone un límite holgado para
evitar distorsiones. Según éste, un político podría mantenerse hasta 28 años en
el Congreso (12 como Diputado y 16 como Senador), suponiendo que hace una
carrera exitosa, tiempo suficiente para aprovechar sus capacidades y
experiencia, además de ser factible que siga sirviendo la labor Parlamentaria
por otro lugar o por períodos discontinuos si dentro del proceso democrático lo
favorece el parecer de la ciudadanía. Empero, podría explorarse una alternativa
distinta a poner límites a la reelección, que es restringir los gastos Parlamentarios,
que en el hecho sirven para cimentar una base electoral para la reelección, así
como ampliar los períodos de campaña y el límite al gasto electoral de los que
desafían a los incumbentes, todo lo cual removería barreras que restringen las
posibilidades de los potenciales competidores.
Enfoques Internacionales: "Brasil, más allá
de la visita Papal".
El Pontífice, con su sobriedad,
latinoamericanismo y sensibilidad, sintonizó mucho más que sus predecesores con
los brasileños, ahora hartos de la corrupción, del despilfarro presupuestario y
del mal funcionamiento de sus instituciones políticas y servicios públicos. El
país se debate en un punto crítico de su economía, que puede estancarse o
retomar el crecimiento, y en la disyuntiva entre la deslegitimación o el
fortalecimiento de sus instituciones.
Las proyecciones de la economía de Brasil no
son alentadoras. La meta inflacionaria del 4,5% para este año será excedida
sobradamente, y el crecimiento del 3% se verá reducido en a lo menos un punto.
A ello se suman la caída en la tasa de inversión y la fatiga tributaria por la
más alta carga impositiva de las economías emergentes, de 32% respecto del PIB
-50% más que la nuestra-. Para allegar más fondos a los servicios básicos como
la salud, no quedó más que reasignar el 20% del fondo petrolero, antes
destinado íntegramente a la educación.
Poca movilidad resta en las políticas Fiscales
y monetarias ante el fantasma inflacionario, que podría terminar con las
aspiraciones de la Presidenta Rousseff para reelegirse en 2014: ha
experimentado una caída de popularidad de más de 30 puntos en un mes, con una
aprobación cercana a ese mismo porcentaje, por debajo de la de Lula y muy cerca
de su ex Ministro Marina Silva.
Los ajustes de gastos son insuficientes, y para
retomar el crecimiento se requieren cambios estructurales en las prestaciones
sociales y también para superar las deficiencias de infraestructura, como lo
demandan los manifestantes. Con ocasión de la visita Papal, se transparentaron
al mundo las fallas de suministro eléctrico -que paralizaron por varias horas
el metro de Río- y las insuficiencias viales que entramparon a su comitiva en
esa ciudad y obligaron a varios no previstos desplazamientos en helicóptero.
Tampoco se advierten cambios políticos
sustanciales como los que reclaman las multitudes. Acertadamente, la Mandataria
reemplazó su promesa de una asamblea constituyente por un eventual plebiscito
que dependería de los términos que apruebe el Congreso. Entendió los riesgos de
inestabilidad de las consultas directas, que pueden demoler la
institucionalidad democrática y crear un asfixiante clima de incertidumbre.
También, es positivo que los Legisladores ampliaran la tipificación de los
delitos de corrupción y las facultades para investigarlos.
En cambio, avanzan con lentitud las propuestas
de transparencia y financiamiento, para evitar la opacidad de los aportes
privados. Algo parecido sucede con las normativas sobre pactos entre partidos
políticos, las reformas al sistema electoral y la suplencia de los Parlamentarios.
Lo que sucede en Brasil impacta en el mundo y
en Chile. La relación bilateral, a pesar del proteccionismo brasileño y de su
resistencia a la Alianza del Pacífico, registra vínculos positivos e
inversiones nacionales por más de 14 mil millones de dólares; otros mil
millones de dólares invertidos en Chile provienen de corporaciones brasileñas,
y el intercambio comercial suma 10 mil millones de dólares anuales. Ese enorme
activo en la relación y el potencial de Brasil nos hacen estar especialmente
interesados en lo que ocurra en ese país y en la renovación de sus
instituciones políticas.
Humala pierde apoyo y la sociedad civil protesta.
Las positivas cifras económicas del Perú no son
suficientes para que los peruanos escapen de la ola de descontento que remece a
Latinoamérica. Crecen las protestas por el funcionamiento supuestamente corrupto
de sus instituciones políticas, a raíz de nombramientos por el Congreso,
considerados espurios, en el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo
y el Banco Central.
Las manifestaciones con denuncias por espionaje
interno y serias acusaciones de corrupción a políticos incluyen a los ex Presidentes
García y Toledo. Más relevante es la abrupta pérdida de popularidad del
Presidente Humala, que actualmente solo recibe 30% de apoyo.
El debilitamiento de la clase política y de la
institucionalidad peruanas es relevante para el ejercicio de la autoridad en el
caso probable de un fallo adverso al Perú de la Corte de La Haya en su demanda
marítima.
Las medidas anunciadas en la segunda cuenta
anual del Jefe de Estado podrían contribuir a revertir la adversa situación en
que se encuentra. Mientras el Presidente pierde respaldo popular, adopta
medidas para lograr uno mayor de las Fuerzas Armadas, mejorando sus
remuneraciones y apertrechamiento. Humala, a diferencia de su predecesor Alan
García, se ha esmerado en repotenciarlas. Esta semana anunció la compra de un
satélite para fines militares y de 20 aviones de entrenamiento a Corea del Sur.
En lo que va corrido de su mandato, ha efectuado adquisiciones militares
superiores a los dos mil millones de dólares, que incluyen misiles y cohetes
antitanque, torpedos de última generación y la modernización de su material
aéreo Mirage y MIG. El presupuesto de defensa de Perú para 2013 -de 2.272
millones de dólares- más que duplica al de 2006 y supera significativamente al
del año pasado. A lo anterior deben sumarse los recursos adicionales por otros
1.200 millones de dólares para el combate a la guerrilla interna y para
adquirir armamento. Es ahora Chile, durante este Gobierno, el que por primera
vez congela los desembolsos de la Ley Reservada del Cobre para adquisiciones
militares.
Legado de la violencia en Colombia.
La comisión especial creada para investigar el
legado de violencia que ha significado para Colombia las varias décadas de
conflicto armado, reveló que 220 mil personas han perdido la vida a raíz de
esta lucha, lo que deja de manifiesto la crueldad con que han actuado los
grupos armados en el país, y la necesidad de que este tipo de actos sean
duramente condenados y repudiados por la comunidad internacional.
El Grupo de Memoria Histórica demoró seis años
en investigar la historia de conflictos que entre 1958 y
2012 ha enfrentado
a grupos guerrilleros -principalmente las Farc y el
Ejército de Liberación Nacional- y grupos paramilitares. Casi 12 mil personas
fueron masacradas; otras 27 mil fueron secuestradas; 16 mil cayeron en
asesinatos selectivos; 1.500 fallecidos en atentados; en fin, el listado no
hace sino dar cuenta del legado de violencia fruto de la lucha ideológica y el
amparo que recibieron los grupos en conflicto -especialmente las guerrillas-
para actuar fuera de la Ley y con total desprecio por la vida humana. Es
llamativo que del total de 220 mil fallecidos, algo más de 177 mil correspondan
a civiles y apenas 40.000 sean combatientes, lo que da cuenta del peligro al
que se exponen inocentes cuando se desatan este tipo de conflictos.
A lo
largo de las décadas ha sido llamativo el apoyo que algunos países de la región
y organizaciones civiles han brindado a los grupos guerrilleros colombianos, lo
que ha facilitado su sobrevivencia, financiándose no sólo mediante extorsiones,
sino también recurriendo al narcoterrorismo. La decidida lucha frontal que
inició tanto el Gobierno de Alvaro Uribe y continuada por el Presidente Juan
Manuel Santos ha permitido un significativo debilitamiento de las Farc, lo que
ha posibilitado que el grupo se haya allanado a emprender conversaciones de paz
con el Gobierno con miras a un desarme definitivo. Los avances de este proceso
han sido lentos, por la reticencia de la guerrilla a ceder en puntos clave y su
persistencia en secuestros selectivos.
Nuestra posición para las Presidenciales.
Por personalidad, capacidades y preparación creemos que la candidato de la
Alianza, Evelyn Matthei, es la mejor opción para seguir en la senda del
progreso, proporcionar a todos los chilenos las oportunidades que les permitan
llegar a donde sean capaces y para terminar con las odiosas injusticias que
siguen existiendo en el país.
Estamos ciertos, dado que ha demostrado su
compromiso con la justicia social, que una administración dirigida por la
candidato abrirá posibilidades para todos nuestros compatriotas y que dará todos
los pasos para nivelar la cancha en favor de quienes siempre han sido
postergados.
Nos gusta el análisis de esta destacada
profesional sobre los problemas que nos afectan y nos atrae la solución, con
libertades plenas, que plantea para la solución de los temas que nos agobian.
Tenemos fe en que tiene la fuerza, las ganas y la determinación de sacar al
país de la desesperanza que afecta a grandes sectores ciudadanos.
Aprobamos sin condiciones sus planteamientos
que implican que el Estado debe actuar con fuerza en la Fiscalización y
concordamos plenamente en la necesidad de fortalecer la innovación como una
necesidad imperiosa para lograr pasar a las grandes ligas de los países
desarrollados con oportunidades para todos.
Por lo anterior nuestra determinación es la de
trabajar para llevar a esta gran mujer a La Moneda, por cierto luchando por
asegurarle el necesario respaldo en el Congreso, porque creemos que por primera
vez en mucho tiempo, con la continuación de la obra de Piñera, tenemos la
posibilidad de mantener la senda progresista.