Víctima del nunca más
por Axel Buchheister.
Se acerca el 40 aniversario del pronunciamiento
militar y la izquierda, particularmente en un año de elecciones, inicia el
proceso de poner el tema sobre el tapete para sacar dividendos políticos. La
estrategia es archisabida y la practican con singular éxito: comienzan a
revelar hechos como si fueran el último hallazgo, aunque muchos los han
conocido desde siempre. Por ejemplo, que hace seis años se encontraron frascos
con toxina botulínica en el ISP, que a pesar que se destruyeron sin informar a
nadie, debemos creer que existieron. Y tendremos para muchos aniversarios más,
ya que aunque hoy el verdadero escándalo sea que durante 18 años la
Concertación expuso indolentemente a la ciudadanía a las toxinas y no hizo
nada, difícilmente habrá un político de centroderecha que se atreva a
denunciarlo así.
Pero sin duda el mayor precio del “remake” ha
sido pagado por el ex General Juan Emilio Cheyre. Se le acusa de haber tenido
un gesto humanitario, que fue investigado por los Tribunales y por el cual no
fue objeto del menor reproche: siguiendo una orden de su superior, el Comandante
Lapostol, coordinó la entrega por unos días de un menor en un convento de
monjas (estamos hablando de 1973, en una época de anormalidad) para que lo
cuidaran, mientras se tramitaba el envío a sus parientes en Argentina -lo que
sucedió-, ya que sus padres habían muerto a manos de otros militares (después
se supo que asesinados). Lo triste es que la denuncia ha contado con la ayuda
de Ernesto Lejderman -como se llama el menor-, de quien hubiera sido esperable
que agradeciera a Lapostol y Cheyre que velaran por su integridad y que lo
reunieran con sus abuelos, considerando el trauma que hay en su país por los
menores que fueron retenidos por la fuerzas de seguridad y entregados
ilícitamente en adopción. Pero bueno, así es la política.
El doble estándar de la Concertación con el General
Cheyre es notable. Lo designaron Comandante en Jefe con pleno conocimiento del
caso Lejderman, pues el juicio para investigar la muerte de sus padres ya llevaba
un par de años a esa fecha y es inverosímil que en la revisión de sus
antecedentes -consulta incluida a grupos de derechos humanos- no haya salido el
punto; “no podían menos que saber”, como siempre sentencian. Lo blindaron por
razones políticas ante la muerte de 45 reclutas en Antuco (no cabe duda de que
debió haber presentado su renuncia). Y recientemente lo aprobaron como miembro
del Consejo del Servicio Electoral, sin mayor reparo.
Pero sobre todo, lo ensalzaron por su “nunca
más”, que fue un reconocimiento sin matiz de todas las culpas del pasado. Pues
muchas cosas condenables ocurrieron, pero la izquierda ha eludido toda
responsabilidad al respecto, pues la gran pregunta es por qué sucedieron. La
respuesta es porque ellos trajeron a Chile -una democracia prestigiada y
consolidada- el odio, la amenaza y la violencia como método de acción política.
Tensionaron tanto el ambiente nacional, que se liberaron fuerzas que son de suyo
incontrolables. Cuando el General Cheyre excluyó toda consideración a esto, le
confirió a la izquierda una superioridad moral incontrarrestable, tanto que
basta que señalen a cualquiera para que sea culpable. Y ahora lo señalaron a
él.
Chile debe exigir un nuevo trato a la Argentina,
por Hernán Felipe Errázuriz.
Indignante para Chile es el estado de las
relaciones con Argentina. Con el hostigamiento a LAN para proteger las
ineficiencias de Aerolíneas Argentinas, se ha llegado a otro límite
intolerable.
En 10 años, Néstor y Cristina Kirchner han
dañado las relaciones bilaterales. Con el apoyo del Tratado de Paz y Amistad
por el Presidente Alfonsín, se terminaron las beligerancias provocadas por la
Junta Militar argentina y se inició un período de cooperación, ampliado en la
Presidencia de Menem.
Luego se desencadenó el deterioro. Se necesitan
dos para bailar tango. El proceso destructivo por el matrimonio Kirchner -más
bien por su caos de Gobernantes y desprecio a los vínculos con Chile- se
beneficia de la política chilena de apaciguamiento y resiliencia frente a los
agravios recibidos.
A los Presidentes Lagos y Bachelet y a cientos
de miles de hogares chilenos les cortaron el gas. No se indemnizaron los
perjuicios de la violación del tratado gasífero, y ambos, al igual que el
Presidente Piñera, continuaron homenajeando exageradamente al matrimonio
trasandino. Seguimos apoyando los desvaríos de Cristina en los foros mundiales,
y en la OMC nos abstenemos de sumarnos a las demandas al Gobierno trasandino
por sus restricciones al comercio.
Chile, en medio de intimidaciones ilegítimas a
LAN en Argentina, comparte ayer un comunicado tranquilizador de ambas Cancillerías
sobre el estado de la cooperación, cursa hoy la extradición de un Juez
argentino, mantiene desde siempre facilidades para el comercio y operaciones de
las empresas vecinas, incluso a las de su línea aérea Estatal que amaga a la
nuestra, y somos timoratos en nuestro derecho a conexión e intercambio con
Malvinas. Elocuente es que nuestras exportaciones a la Argentina son cuatro
veces inferiores a las de ese país a Chile, muchas en competencia desleal y con
graves perjuicios a la agricultura e industria nacionales.
En correspondencia, Argentina impone trabas a
las exportaciones de bienes y controles cambiarios a los servicios nacionales,
expropia intereses de Enap, interpone toda clase de obstáculos a las empresas
chilenas y niega la extradición de un inculpado en el asesinato del Senador
Jai- me Guzmán.
Es tiempo de responder con firmeza y seriedad:
tenemos a nuestro favor la transgresión trasandina a la reciprocidad, el poder
de negociación del abismante desequilibrio comercial y el amparo Diplomático a
nacionales por la violación de estándares mínimos en el tratamiento de
extranjeros que contempla el derecho internacional.
Frente a la irresponsabilidad del Gobierno
vecino para aprovechar el inmenso potencial de las relaciones bilaterales,
debemos abandonar la pasividad y tomar la iniciativa. Nuestros vínculos con
Argentina no pueden depender ni agotarse en lo que decida Cristina Kirchner.
Argentina: nada personal,
por Joaquín García Huidobro.
LAN estaba muy tranquila, porque un contrato le
garantizaba un hangar en Aeroparque hasta 2023. Chile tenía gas asegurado por
un convenio internacional. Personas de todo el mundo habían puesto sus ahorros
en bonos del Estado argentino. Pero los K dijeron otra cosa, y los hangares, el
gas y los ahorros pasaron a mejor vida. Estos incumplimientos no son una
novedad: en 1978 pasó lo mismo con el laudo arbitral del Beagle.
El argumento oficial que justifica esas
conductas es irrefutable: "¿Cómo vamos a cumplir, si no nos
conviene?". Los chilenos se enfurecen. Les parece que son prácticas cuasi
delictuales y lo toman como una ofensa personal. Ignoran que tenemos las mismas
palabras, pero no el mismo idioma.
Las diferencias entre ambos países son
siderales. En algunos casos favorecen a Argentina (música, teatro, plástica,
ciudades, deporte, personalidad, riqueza agrícola). En otros, la ventaja va del
lado chileno. En ningún campo se aprecian tan claramente como en la distinta
concepción de la Legalidad que impera a uno y otro lado de la cordillera.
Veamos algunos ejemplos.
En el siglo XIX, Juan Manuel de Rosas
(1793-1877) y Diego Portales (1793-1837) promovieron Gobiernos fuertes, capaces
de asegurar el orden. Pero Rosas se dedicó a establecer una prolongada
dictadura, mientras que Portales se preocupó de institucionalizar un régimen.
En el siglo XX, los golpes de Estado fueron un
recurso habitual de la política argentina. En Chile, en cambio, su intervención
fue excepcional, y buscó revestirse de formas Legales.
En economía, los presupuestos chilenos constituyen
un marco que ningún Gobierno puede sobrepasar. En Argentina se calculan unos ingresos
más bajos que los reales, para que, con esas platas no previstas, el Presidente
pueda hacer lo que se le ocurre durante el año. El verdadero presupuesto se
hace cuando el año ya ha terminado.
Entre nosotros, las materias más relevantes se
regulan por Ley. Allá existen los Decretos de Necesidad y Urgencia, que
permiten saltarse al Congreso. Kirchner dictó 60 por año, Menem 54 (Cristina ha
sido más modesta).
En Chile, los sindicatos son manejados por la
izquierda más dura, de tintes marxistas. En Argentina los sindicatos fueron
siempre marcadamente anticomunistas y partidarios del sistema.
Salvador Allende era enemigo de la empresa
privada. Juan Domingo Perón la admitía, siempre que fuera dócil a los
telefonazos de la administración.
En Chile, las diferencias ideológicas se
expresan en diversidad de partidos. En Argentina, tanto el Gobierno como la
oposición adhieren al peronismo. Los chilenos, que solo conciben la política en
clave de izquierda, centro y derecha, creen que el peronismo es un movimiento
de izquierda. Aunque hay una izquierda peronista, este movimiento no
corresponde ni al esquema de frentes populares ni a los partidos de izquierda.
Se trata, más bien, de un modelo fascista, pero que, a diferencia de sus
congéneres europeos, tuvo mayor éxito.
El sistema K, hoy reinante, tiene una
sensibilidad de izquierda, pero sus métodos de dudosa legalidad corresponden a
la más pura ortodoxia fascista. Son tan eficaces que le han permitido
mantenerse en el poder por 10 años, a pesar de que Néstor Kirchner solo obtuvo
el 22% de los votos en su primera elección.
En el mundo K, si la inflación es alta, se
"sugiere" a la empresa que no suba un determinado producto, o se
"recomienda" a los supermercados congelar los precios por un cierto
número de meses. Si los números siguen siendo desfavorables, se cambia a las
autoridades encargadas de llevar las estadísticas oficiales y se prohíbe
difundir datos distintos de los que entrega el Gobierno.
Con mentalidad chilena, nuestros empresarios
confían que el problema de LAN se resolverá en las conversaciones entre el Ministro
Moreno y su congénere argentino. Piensan que un Ministro es alguien que manda y
que puede tomar decisiones. Pero eso no sucede en la República K, donde ni
siquiera existen los Consejos de Gabinete. El poder está en otra parte. Y ese
poder es incapaz de entender las palabras de buena crianza. Bien lo saben
muchos millones de argentinos, que son sus primeras víctimas. Ellos son ajenos
a todas estas martingalas, porque hay una gran diferencia entre la enorme
calidad humana de su gente y el talante de quienes manejan el sistema.
Acusar a "los argentinos" de las
barbaridades de sus Gobiernos implica olvidar que desde hace décadas padecen un
sistema político corrupto que los limita a tener que elegir al menos malo. Por
eso, no estaría mal que comenzáramos por sacarnos las propias anteojeras y nos
diéramos cuenta de que para entender a Argentina no basta con ir de compras a
Buenos Aires.
Canadá, a la caza de talentos,
por Andrés Oppenheimer.
Mientras la muy necesaria reforma migratoria de
Estados Unidos sigue estancada en el Congreso, Canadá no espera: al igual que
Gran Bretaña, Australia, Chile y Brasil, ha lanzado un programa para atraer a
emprendedores de todo el mundo ofreciéndoles visas permanentes, y hasta
ciudadanía. Y a juzgar por lo que me dijo en una entrevista el nuevo Ministro
de Ciudadanía e Inmigración de Canadá, Chris Alexander, el programa piloto de
su país de dar 2.750 visas a jóvenes emprendedores extranjeros muy pronto
podría ser ampliado. "Si tenemos éxito y logramos atraer a la clase de
gente que deseamos atraer, confío en que ese número de visas aumentará",
me dijo.
Así, Canadá se une a otros países que esperan
crear centros tecnológicos semejantes a Silicon Valley atrayendo a
emprendedores globales que no pueden conseguir visas permanentes en Estados
Unidos. Y son bastante agresivos para lograr su propósito.
Recientemente Canadá colocó un enorme cartel en
una autopista de Silicon Valley con la leyenda: "¿Problemas con la Visa
H-1b? Vire hacia Canadá". Y tanto Chile como Brasil ofrecen generosos
subsidios a emprendedores extranjeros.
Alexander me dijo que bajo el nuevo programa
canadiense, si uno es un joven extranjero que vive en Silicon Valley, tiene una
gran idea y recibe una inversión de un mínimo de US$ 75.000 de un inversionista
de Canadá, "se le concederá residencia permanente, con la capacidad de
convertirse en ciudadano".
El Ministro señaló que una vez que las
asociaciones de inversionistas aprueban a un candidato, "el proceso de
darles visas es relativamente rápido y el porcentaje de aprobación muy
elevado". Y agregó que "la idea es permitir que las mejores empresas
del sector privado, y no el Gobierno, elijan a los ganadores".
Chile, cuyo programa Startup-Chile, patrocinado
por el Gobierno, se inició hace tres años, ofrece US$ 40.000 de ayuda Gubernamental,
más espacio de oficinas gratis y visas de trabajo a empresarios extranjeros con
proyectos internacionales. Hasta el momento se han postulado 7.200
emprendedores extranjeros, de los cuales 670 ya han sido aceptados.
A principios de este año Brasil anunció su
programa Startup-Brasil, que ofrece a los emprendedores tecnológicos nacionales
y extranjeros casi US$ 100.000 en ayuda Gubernamental, más oficinas gratuitas.
El programa de Brasil, a diferencia del chileno, está más dirigido a los
emprendedores nacionales, y solo un 25% serán extranjeros.
En comparación, el proyecto de Ley de
inmigración de Estados Unidos que fue recientemente aprobado por el Senado
-pero sigue bloqueado por los republicanos de la Cámara Baja- solo ofrece una
"visa de inversor no-inmigrante" de tres años de duración. Aunque esa
visa es renovable, los postulantes deben satisfacer varias condiciones muy
exigentes para poder convertirla en una visa permanente que conduzca a la
ciudadanía, como generar ingresos anuales de US$ 750.000.
Las empresas tecnológicas de Estados Unidos
están tan frustradas con las restricciones inmigratorias que les impiden
contratar a científicos e ingenieros extranjeros graduados en las mejores
universidades estadounidenses, que muchas de ellas -incluyendo Microsoft- ya
han establecido laboratorios en Vancouver, Canadá, para ponerlos a trabajar
allí.
De manera aún más dramática -y al principio,
cuando escuché esto, creí que era una broma-, un grupo de emprendedores ha
lanzado un plan para crear una comunidad de emprendedores flotante en un
crucero anclado en aguas internacionales, a 12 millas (unos 20 kilómetros) de
la costa de San Francisco.
El proyecto, llamado Blueseed, ofrece a
emprendedores extranjeros la posibilidad de estar cerca de Silicon Valley sin
necesitar una visa de trabajo de Estados Unidos y la posibilidad de trasladarse
todos los días a tierra en un ferry. Más de 1.400 emprendedores de 68 países ya
han manifestado su interés de vivir en el barco, según el sitio del proyecto,
Blueseed.com.
Mi opinión: Los republicanos de la Cámara de
Representantes tienen gran parte de la culpa de que el sistema migratorio
estadounidense no se modernice, porque -aun cuando respaldan entregar más visas
a los emprendedores extranjeros- están bloqueando la Ley general de reforma
migratoria donde están incluidas las visas para emprendedores.
Sus objeciones al proyecto de Ley del Senado,
que ofrece darles una vía de acceso condicionado a la ciudadanía a millones de
inmigrantes que ya están en el país, están causando un grave daño a la
economía.
Los inmigrantes siempre han sido un beneficio
para este país, y ahora -con la inmigración no autorizada en el punto más bajo
en los últimos 40 años- las objeciones de los Congresistas republicanos suenan
más absurdas que nunca.
Con respecto a la tecnología, Estados Unidos
aun tiene una enorme ventaja sobre el resto del mundo. Pero si el Congreso no
aprueba de una vez por todas la tan postergada Ley de reforma migratoria,
Canadá y otros países -o quizás incluso un barco anclado en aguas
internacionales frente a California- reducirán cada vez más esa ventaja.
Las empresas tecnológicas de EE.UU. están tan
frustradas con las restricciones inmigratorias... que muchas ya han establecido
laboratorios en Vancouver.
El Metro con electricidad más cara.
El Metro está negociando un nuevo contrato de
suministro eléctrico, al acercarse el vencimiento del actual.
Desafortunadamente, obtener un precio razonable es imposible en las condiciones
presentes. No hay nuevos proyectos de generación que permitan cierta seguridad
de bajos costos de energía en lo venidero. Las empresas que podrían proveer
contratos (Chilectra o alguna industria de generación) saben que el costo de
largo plazo es hoy impredecible, por lo que solo aceptan contratos a costo
marginal, muy superior al de electricidad proveniente de las unidades de bajo
costo.
Dado que ha sido casi imposible construir
grandes centrales hidráulicas y carboneras, en los últimos años el sistema
opera parte del tiempo con generación diésel, que causa dicho costo marginal. Y
la fracción de tiempo en que el sistema operará con diésel aumentará en los
próximos años.
Esto implica que también los costos del Metro
subirían en grado significativo. Actualmente, la electricidad representa el 13%
de ellos. Si el contrato de suministro del Metro queda indexado al costo
marginal, podría subir en 200%, quizás a 40% de los costos totales. En tal
caso, el valor del pasaje tendrá que subir, y para evitar la reacción del
público será necesario aumentar aún más el subsidio al Transantiago, destinando
menos recursos a otras tareas del Estado.
Los elevadísimos costos de suministro fueron
predichos desde hace años por expertos del área y por los sectores productivos,
pero no ha habido respuesta del aparato Estatal. Ha faltado liderazgo del
Ejecutivo en este tema estratégico, y el Legislativo tiene tal temor a los
grupos ambientalistas más extremos, que la Comisión de Energía y Minería del
Senado pide su venia antes de actuar en temas energéticos. Por su parte, los Tribunales
ignoran sin más la Ley cuando se trata de detener proyectos energéticos.
La ciudadanía también es responsable, por su
indiferencia frente a este tema, cuyo costo ya llega a ella de las más diversas
formas. Las dificultades del Metro muestran las consecuencias de todo eso, que
llevan al sinsentido de que uno de los medios de transporte más ecológico sea
perjudicado por acciones supuestamente favorables al medio ambiente. Comienzan
así a enfrentarse los resultados de las imprudentes veleidades ambientalistas:
el estándar de vida de los chilenos crecerá menos, y los recursos que podrán
dedicarse a resolver problemas sociales no estarán disponibles.
La semana política:
Peligroso precedente del caso Servel.
La renuncia del Presidente del Consejo Directivo
del Servel, Juan Emilio Cheyre, no es asunto episódico, sino peligrosa
consecuencia de una suerte de revisionismo histórico por el cual se pretende
desconocer todo el camino de transición recorrido con éxito en el último cuarto
de siglo. Incluso muchos de quienes aportaron protagónicamente a ese éxito, hoy
aparecen devaluándolo. En ese marco, revisten gran valor las palabras del ex
Presidente Frei (DC) quien ha reivindicado "esa política que, con sus
virtudes y defectos, fue capaz de conducir de manera ejemplar una transición
muy compleja, y tuvo generosidad para alcanzar acuerdos en aspectos
fundamentales de la vida nacional. Así avanzan los países". O las del Senador
Escalona (PS), quien encomió esa "vieja política (...) que ponía el acento
en la unidad y no en la división". Y los que han servido en el Ejército
tienen razón al dolerse de que haya quienes, habiendo trabajado con esa
institución como autoridades por dos décadas en plena democracia, enfrentando
juntos cada situación de dificultad, hoy se unan al coro de sus atacantes, o no
alcen la voz para hacer valer una justa ecuanimidad.
Chile no puede desgarrarse indefinidamente en
la reviviscencia interesada de los odios de hace 60, 50 o 40 años. Sería
suicida hacer el juego a quienes lo procuran. ¿Se quiere acaso que las nuevas
generaciones sufran una división semejante? Se olvida el contrastante ejemplo
de los grandes acuerdos que consolidaron la democracia y el desarrollo que hoy
tienen a Chile en una situación de privilegio en Latinoamérica. Y si se admite
aplastar mediante un bullying político y mediático a todo quien haya tenido cualquier
actuación entre 1973 y 1990, ¿no se abren las puertas para extenderlo acto
seguido no solo a ellos, sino también a quienquiera disienta de los que ahora
apelan a tales métodos?
En el caso del ex Comandante en Jefe del
Ejército y ex Presidente del Servel se cedió a tal bullying , y eso sienta un
sombrío precedente. Cuando se reclama una inhabilitación no ya por una
responsabilidad Legal, sino por una supuesta responsabilidad moral -calificada
unilateralmente como tal por los propios constructores de una presión
demoledora-, se borran los límites que separan el debate democrático del ánimo
de aniquilamiento.
En evitar con todo su potencial ese rumbo
debería concentrarse el Gobierno, en vez de distraerlo -como ocurrió en este
mismo caso del Servel- en contactos improcedentes, ya que ese organismo es
autónomo, y la confusa actuación del Ejecutivo solo empaña su imagen de
independencia, que debe preservarse intacta tanto en su ser como su parecer. La
confianza en el voto depende de eso.
Candidata en sede empresarial.
Por casi dos horas se extendió la visita de la
candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, a la sede de la Confederación
de la Producción y del Comercio (CPC). Acompañada de su Jefe programático,
Alberto Arenas, departió con el comité ejecutivo del máximo ente gremial del
empresariado. Según lo informado a los medios, se conversó "sobre todos
los temas", en particular sobre la apremiante situación energética del
país y las inquietudes que despierta la reforma tributaria propuesta por Bachelet.
"Tuvimos varias coincidencias, pero también varias divergencias",
dijo el Presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz.
Encuentros como este se enmarcan en la sana
práctica desarrollada en Chile durante las últimas décadas, de mantener un
diálogo permanente y crear lazos de confianza entre las cúpulas políticas y
empresariales. De hecho, la directiva de la CPC tiene programada una reunión
semejante con la candidata de la Alianza, Evelyn Matthei, para la próxima
semana, y tal vez deba dedicar a ello las próximas ocho semanas, para dar un
trato semejante a todos los postulantes Presidenciales. Sin duda, es una
instancia útil. Para Bachelet, por ejemplo, quizá fue instructivo oír las
preocupaciones de los máximos representantes de la agricultura, el comercio, la
minería y la industria respecto del atraso en las inversiones en generación
eléctrica o sobre el impacto en las empresas del alza en la carga tributaria
que patrocina su programa de campaña. Para los empresarios presentes, no puede
ser más valiosa la oportunidad de conocer los planes de la candidata, auscultar
sus reales intenciones y apreciar la actitud de su principal asesor económico.
Sin embargo, lo informado a la opinión pública
es extremadamente general y crea una inconveniente imagen de secretismo. Otras
organizaciones gremiales empresariales, representativas de la pequeña y mediana
empresa, o sindicales y de consumidores, no estuvieron presentes. Hay
antecedentes sobre los planes de la candidata que pueden ser de alto valor
económico para los dirigentes empresariales presentes y para sus representados.
Alguien podría conjeturar que lo conversado -por ejemplo sobre la gradualidad
de una reforma tributaria- incluso podría incidir en las cotizaciones
bursátiles. La sospecha de que la gran empresa tendría acceso privilegiado a
información sobre los planes de los candidatos no le hace bien al
funcionamiento de nuestra democracia ni a la imagen de la empresa privada, hoy
tan vapuleada en círculos intelectuales y políticos.
La ciudadanía tiene derecho a conocer con la
mayor exactitud posible el contenido de las conversaciones formales de sus
dirigentes políticos y empresariales. Poco costaría que ellas concluyeran con
un comunicado en completitud sobre lo conversado. Está bien cultivar el diálogo
y la confianza entre unos y otros, pero no hasta el punto de crear la imagen de
que asuntos públicos que importan a todos se negocian entre unos pocos, a
puertas cerradas.
Cheque en blanco en lo esencial de una nación.
A planteamientos similares del Senador Escalona
(PS) se han sumado los de José Miguel Insulza, en cuanto a desestimar la idea
de una asamblea constituyente con facultades para definir el contenido de una
nueva Constitución para el país. "No creo que estemos en crisis como la
que se vivía en Ecuador, Venezuela o Bolivia cuando hicieron sus asambleas constituyentes",
afirmó el actual Secretario General de la OEA. Por lo tanto -estima-, no
corresponde hacer un llamado al pueblo a reformular la estructura política de
la nación, ni menos entregar a 200 personas elegidas de la misma manera que los
Senadores y los Diputados un cheque en blanco para que se transformen en
"el pueblo que refunda la nación". Lo primero es buscar el consenso
político sobre los temas en que se pretende introducir reformas, y solo después
definir el mejor procedimiento para hacerlo.
El insistente énfasis que los partidarios de
una asamblea han puesto en la elección del procedimiento evidencia precisamente
una total falta de consenso en cuanto a los contenidos, salvo, al parecer, en
cuanto a los quórums especiales y la sustitución del binominal. Cuando se
pregunta sobre los aspectos de fondo que se plantea reformar, aparecen dos
clases de asuntos: aquellos en que existe amplio acuerdo respecto del fin, pero
discrepancias enormes sobre los medios para alcanzarlo, y aquellos que implican
un evidente retroceso desde el punto de vista de la experiencia histórica.
Entre estos últimos aspectos se plantea, por ejemplo, revisar la subsidiariedad
del Estado, que fue preciso introducir expresamente en la Ley Fundamental
debido a que el Estado fue copando con su intervención la mayor parte de la
actividad económica. También se pretende instituir formas de control político
respecto del Banco Central, olvidando que su autonomía es un pilar básico de
cualquier economía política sana. Tampoco falta la propuesta de asestar un
severo golpe a la democracia representativa, estableciendo un régimen
plebiscitario que, conocidamente, es terreno fértil para la demagogia y el
populismo.
Entre las demás reformas vagamente esbozadas se
mencionan aspectos como la igualdad de género, el reconocimiento Constitucional
de los pueblos originarios y de los derechos y libertades ciudadanas, la
necesidad de moderar el régimen político Presidencialista, entre otros. En
materias como estas, sin embargo, la dificultad no está en acordar objetivos,
sino en definir la mejor forma de concretarlos. Resulta ingenuo o simplemente
demagógico pretender que una asamblea constituyente vaya a ser capaz de
responder las preguntas reales y concretas que plantean estos objetivos. Esa
vía infligiría un daño al país, al entregar un cheque en blanco para que un
grupo de personas se arrogue la función de reformular la estructura política de
una nación que está lejos de hallarse en crisis.
Correspondencia destacada.
Señor
Director:
40 años.
A
propósito de la conmemoración de los 40 años, dicen que no hay historia sin
ayer. ¿Y quién contará la de antes de ayer?
Constanza
Prado Puga.
Señor
Director:
Encapuchados.
La
prensa informa de un avanzado registro electrónico impuesto en EE.UU. para
registrar rostros de personas en lugares públicos, noticia que refuerza la
actual campaña chilena por prohibir y castigar a quienes originen desórdenes
ocultando sus rostros e identidad.
Contrariamente,
en Chile hay personas que aprueban el recurso de las capuchas o antifaces para
proceder irresponsablemente en nuestras calles.
David
Benavente C.
Señor Director:
Nueva institución.
Curiosamente, quienes hace un tiempo eran los
que más vociferaban en contra de los senadores designados, hoy no trepidan en
crear, mediante el blindaje y los pactos de omisión, esta nueva institución de
los Diputados designados.
Gonzalo Pablo Brito Infante, Ingeniero
comercial.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
