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lunes, 8 de julio de 2013

Temas relevantes del fin de semana....















"Castración para el autor, aborto para la niña"
por Joaquín García Huidobro.


Lo que más me impresiona en las imágenes de la entrevista que le hizo la TV a Belén -la niña de 11 años que resultó embarazada tras reiteradas violaciones de su padrastro- es su naturalidad. Ella juega con su muñeca y habla de las mismas cosas de las que hablaría una niña de su edad que no hubiera sufrido esa tragedia. Su abuela no se dio cuenta de lo que estaba pasando a su nieta, la llevó al médico solo porque se quejaba por dolores estomacales.


Una de las cosas terribles en los abusos a menores es precisamente esa. La víctima no puede gritar, retorcerse o rasguñar la cara del agresor. Ni siquiera puede deshacerse en lágrimas que le proporcionen una mínima defensa psicológica. Todo queda guardado en ese lugar misterioso que es el interior de un niño. Nadie puede asegurar, ni siquiera ella, que bloqueará esos recuerdos, quizás por años. Hasta que afloren por vías muy distintas y tengan consecuencias. Para entonces, décadas después, serán inexplicables.


Las reacciones ante un hecho así son comprensibles, ¿cómo es que Chile aún no tiene una legislación que permita resolver esos problemas? "Castración para el autor, aborto inmediato para la niña", dice la calle.


Quien, en este contexto, aparezca oponiéndose al aborto será presentado a la opinión pública como un monstruo insensible, como un personaje de caricatura que solo se interesa por sus sagrados principios morales sin preocuparse para nada de que esa niña quede hundida en la desgracia. Además, si es hombre, no tendrá siquiera derecho a abrir la boca, porque el aborto es un tema sobre el que solo tienen opinión las que son capaces de gestar.


Pienso, sin embargo, que las cosas no son como parecen. Más allá de la buena intención de quienes proponen el aborto como solución para Belén (e incluso le ofrecen pagar un pasaje a Uruguay, donde el aborto es legal), el hecho es que el recurso al aborto constituye la manera más directa de sacarse el problema de encima. La niña va al hospital, sale del hospital, y aquí no ha pasado nada. Todos tan tranquilos.


Hoy discutimos y nos apasionamos por el tema. Sufrimos por el hecho de que en nuestro querido país ocurran cosas semejantes. Si en Chile hubiese aborto, ni siquiera sabríamos del tema. Para nosotros, Belén ni siquiera tendría nombre.


Una violación es algo horroroso, casi inimaginable, y no hay aborto en el mundo capaz de borrar esa herida. Más bien se le agrega otra, aunque quien hable de las consecuencias psicológicas del aborto se expone a sufrir todo tipo de bullying .


El caso de la guagua de Belén nos pone delante de algunas preguntas fundamentales: ¿Existe algo en nuestras sociedades que sea absolutamente inviolable? ¿Hay algún bien que debamos respetar de modo incondicional? Y si ese bien no es la vida humana, entonces, ¿cuál podría ser?


Hay personas, sin embargo, que piensan que no existe un bien semejante. Consideran que todos los bienes, incluido el derecho a la vida, pueden ser sacrificados en virtud de un objetivo mayor. En este caso, por ejemplo, piensan que el bien de la vida del niño o la niña que está en gestación puede eliminarse a favor del bienestar de Belén. No les faltan medios para defender su postura, incluido el transformar al no nacido en un mero conjunto de células.


Además, tienen la ventaja de que ante casos tan duros como este, resulta difícil y hasta indeseable razonar con frialdad.


Sin embargo, aunque entendamos su postura, lo mínimo que podríamos pedirles es que la destrucción de esa vida humana se sujete a ciertas condiciones elementales. Si le vamos a aplicar la pena de muerte, la niña o el niño no nacido debería contar, al menos, con un abogado que lo defienda, un tribunal que escuche sus razones para vivir, y una corte a la que pueda apelar en caso de que el tribunal de primera instancia se equivoque.


Nada de eso sucede en esta pena de muerte singular que llamamos aborto. Corremos el riego de que el dramatismo del caso de Belén nos ciegue hasta el punto de hacer cosas igualmente terribles.


Los contrarios a la pena de muerte, entre muchos otros argumentos, señalan que es un disparate aceptar la pena capital cuando los jueces pueden equivocarse y aplicarla a un inocente. La pena de muerte es irreversible, y esa irreversibilidad es una razón para excluirla. No veo por qué no podría valer lo mismo para el aborto.


Si ni siquiera a un padrastro violador estamos dispuestos a quitarle la vida, entonces no se la quitemos al hijo o la hija de Belén.


Y ahora ¿quién podrá defendernos?
por Gerardo Varela Alfonso.


Leyendo en la prensa y viendo por la tele el vendaval de malas ideas y de políticas públicas irresponsables que se escuchan -las que van a coincidir, lamentablemente, con un período de contracción económica mundial y chilena-, no pude dejar de pensar en el Chapulín Colorado y su famosa frase, que titula esta columna.


Terminada la Primera Guerra Mundial y destronado que fue el Emperador austrohúngaro, asumió un Gobierno socialista en Austria claramente partidario de una mayor intervención del Estado en la economía. Sin embargo, ese Gobierno le pidió a Joseph Schumpeter, liberal y uno de los padres de la economía moderna, que asumiera el cargo de Ministro de Economía. Enrostrado que le fue su aceptación en ese cargo tan contradictorio con su forma de pensar, él señaló que si uno ve a una persona a punto de suicidarse, lo mejor es que haya un médico cerca.


Frente al programa del tipo suicidio político, institucional y económico que se anuncia, la pregunta obvia que nos surge es ¿Quién va a ser el doctor que asista a Chile en su delirio suicida?


Nos están tratando de convencer de que la felicidad y prosperidad de Chile depende de 3 caminos. Una reforma Constitucional, otra reforma tributaria y una reforma educacional. Las propuestas suponen que es mejor tener gasto público que ahorro privado (FUT); es mejor potenciar la educación Estatal que la libertad de elección de los padres, y que es mejor tener una Constitución que les dé más poder a los políticos que a los ciudadanos.


Nos enfrentamos a un escenario que no sé cómo no se nos había ocurrido antes. El camino al progreso está pavimentado de gratuidad en bienes escasos, derechos sin deberes, impuestos más altos, menos ahorro privado, Estado rico y ciudadanos pobres y una Constitución menos rígida que se pueda modificar acorde con el cambio de la temperatura social y política. La historia mundial y chilena enseñan que esto es una receta para el desastre político y económico.


Chile va corriendo detrás de la curva. Quiere ir al Estado de Bienestar del cual países ricos tienen que arrancar porque no pueden financiarlo. El progreso de Chile no se ha producido a pesar del "Modelo", sino que gracias a él. Parte esencial del Modelo es la Constitución Política, que es un antídoto que evita que los ratones sigan al flautista hasta suicidarse ahogados. Para aquellos que no la han leído, es bueno que sepan que la tan vapuleada Constitución tiene una columna vertebral que debe ser cuidada, porque recoge la experiencia histórica de muchas heridas políticas e institucionales autoinfligidas.


La Constitución consagra un régimen Presidencial fuerte, con una potestad reglamentaria fortalecida que limita las materias de Ley a aquellas materias más relevantes para la institucionalidad política y económica. Reconoce un catálogo de derechos individuales básicos, desde la libertad de educación y culto que tanto molesta al comunismo, hasta la igualdad ante la Ley, el derecho de propiedad y de libertad de iniciativa económica. Establece la separación de poderes y la independencia del Banco Central y consagra la iniciativa Legislativa exclusiva del Poder Ejecutivo en materia de gastos. Además, limita la actividad económica del Estado, porque es un competidor desleal que no puede quebrar, es ineficiente e irresponsable como administrador, y su crecimiento es a costa de la libertad de los privados. Finalmente, establece que su columna vertebral no puede ser modificada por simples mayorías, sino que requiere quórums más exigentes que van desde la mayoría absoluta hasta los 3/4 de ambas cámaras en las materias más importantes. Esto no la hace tramposa, porque entonces todas las Constituciones del mundo lo serían, sino que la hace una Norma Fundamental para la estabilidad de un régimen democrático.


Un sino de nuestra historia es que las crisis institucionales de Chile se suceden cada 40 años (1810, 1851, 1891, 1925 y 1973...¿2013?). Confiemos en que la doctora honre a Schumpeter y tenga la inteligencia y fortaleza para sortear nuestra cita con la historia.


La vía de la intolerancia,

por Axel Buchheister.

 

 

La Alcalde  de Providencia logró su objetivo de sustituir el nombre de la avenida 11 de Septiembre, después de más de 30 años de ser conocida bajo esa denominación. Una iniciativa que provocará innumerables problemas prácticos, pero que no son insuperables, en la medida en que con el tiempo el nuevo nombre se vaya asentando. Salvo, por cierto, que un nuevo alcalde decida cambiárselo por otro o dar vuelta atrás, lo que no se puede descartar.

 


¿Qué justifica que la Alcalde gaste energía en eso cuando hay otros problemas más acuciantes, como las tomas de varios colegios de la Comuna? Se argumenta que es un nombre que divide; políticamente, se entiende. Eso es un pretexto, porque desde 1990 hay múltiples calles y plazas que han pasado a denominarse Salvador Allende o Gladys Marín. ¿Que acaso esto no divide? Por cierto que sí, pero hay un detalle: pocos se atreven a decirlo, por el riesgo de ser “funados” de las más variadas formas.



Lo que ha sucedido en realidad es que se ha usado una vía pública para instalar la intolerancia respecto de lo que piensan y sienten sectores adeptos a la centroderecha, que no son pocos y probablemente son mayoría en esa Comuna, más allá de los resultados en las recientes elecciones Municipales. Por lo mismo, era importante hacerlo: hay que erradicar todo vestigio de una visión distinta, sobre todo donde es más factible que perdure, y cambiar la verdad histórica, que no es otra que en los tres años del Gobierno de la Unidad Popular el país se sumió en una profunda crisis que amenazaba con destruir la economía del país y acabar con la libertad y la tolerancia. Por ello, el evento que evoca la avenida, que puso fin a esos aciagos días, es muy significativo para muchos ciudadanos, que tienen igual derecho que la izquierda a la conmemoración con el nombre de calles y plazas.



Que han sido exitosos en su objetivo y cada día hay menos dispuestos a defender sus ideas se refleja en la actitud de los Concejales de la centroderecha, que prefirieron no asistir en vez de presentarse y dar razones, como corresponde en la institucionalidad que los rige. Dijeron que la solución era consultar a los vecinos, lo cual fue la promesa de participación con que llegó la Alcalde al cargo y que, sin duda, aquí no cumplió. Pero la verdad es que los países y Comunas no pueden administrarse a punta de asambleísmos, y para eso se escogen Concejales: representar a los vecinos e intermediar sus peticiones y visiones, de modo que haya Gobernabilidad. No dar quórum es desconocer el propósito con que los Concejales son elegidos y una forma de negar la participación a los representados, pero sobre todo eludir las cuestiones espinudas. Cabe destacar la actitud del Concejal Manuel José Monckeberg, que asistió, dio sus razones y votó. Los demás no cumplieron su deber y no se metieron en problemas; nunca conocimos su opinión sobre el tema.


Para los que dicen que no importa, que es el nombre de una calle no más y que lo que se ha vivido en torno a ella en estos días demuestra que sí divide, cabe recordarles las palabras de Winston Churchill: “Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo con la esperanza de que será el último en ser comido por él”.



¿Gratuidad: qué novedad?
por José Joaquín Brunner.


¿Qué de nuevo tienen los planteamientos sobre gratuidad de la educación superior formulados en nuestro debate político y académico?


Primero, surgen paradójicamente cuando alrededor del mundo se difunden esquemas de costos compartidos entre el Estado, los estudiantes y sus familias. En efecto, la tendencia hacia el cobro de aranceles es clara y contundente: de Australia a Vietnam, de Pakistán a China, de Corea a Gran Bretaña, de Armenia a Nigeria y los Países Bajos. En todas partes la razón de este fenómeno global es la misma: las limitaciones de la caja fiscal.


Segundo, en paralelo, los estados promueven la educación superior privada, financiada directamente por quienes se benefician de ella. De hecho, puede decirse que en Asia y América Latina el explosivo crecimiento de la matrícula ha sido privatizado por los gobiernos.


Tercero, al contrario, los proponentes de la gratuidad van a contracorriente. Exigen que el Estado asuma el costo total de esta enorme empresa educativa; en Chile, más de un millón de estudiantes, cien mil docentes y cuatro mil millones de dólares pagados anualmente por concepto de aranceles. En breve, la gratuidad no es gratuita: impone al Estado un cuantioso desembolso. Y no solo eso. Una parte -estimada en mil millones de dólares- necesitaría destinarse cada año para comprar la mejor educación superior disponible en el mercado a fin de proveerla a los estudiantes provenientes del 20% más rico de la sociedad.


Apelando a San Mateo: a quienes poseen capital cultural y social en abundancia, más les será dado, y a los que poseen poco, incluso ese poco les será disminuido.


Cuarto, la idea de aumentar vía gratuidad el subsidio a la educación superior es particularmente chocante en un país donde la educación escolar está subfinanciada y la educación temprana recién comienza a instalarse y expandirse. Desde ya en Chile el gasto por alumno terciario es incomparablemente más alto que el gasto por estudiante de la educación primaria y secundaria. Aumentar esta brecha añadiría obstinación a la injusticia.


Quinto, ¿cuál es entonces el modelo de gratuidad que se busca implementar en Chile? Implícito en los planteamientos locales de gratuidad se halla el modelo latinoamericano de educación universitaria pública y gratuita, donde las élites se forman a costa de la precaria renta nacional, mientras la mayoría no accede a la educación terciaria o bien la abandona antes de concluir sus estudios o, en el mejor de los casos, debe adquirirla en instituciones privadas (algunas de dudosa seriedad).


Sexto, sin embargo el rendimiento del sistema chileno es superior en varios aspectos clave al del modelo que se quisiera adoptar: la participación en la educación terciaria es casi 20 puntos porcentuales más alta; también lo es la participación de los hijos del quintil de menores ingresos; asimismo la tasa de graduación de jóvenes de menores recursos es mejor en Chile a la del promedio de la región. Igual ocurre con la proporción de personas con educación superior completa en la fuerza de trabajo de 25 a 34 años de edad. En breve: queremos imitar un modelo cuyo desempeño es inferior al nuestro.


Séptimo, por último, la gratuidad llamada universal nos conduciría hacia cuatro escenarios negativos. Uno, igual como sucede en otros países, el gasto por estudiante cae, pues el Estado no logra financiar adecuadamente un volumen de actividades en continuo aumento; por consiguiente, la calidad de las instituciones decae.


Dos, el Estado se ve forzado a abandonar la gratuidad para todos y opta por subsidiar al segmento de alumnos más favorecidos por su origen sociocultural.


Tres, debe reservar la gratuidad únicamente para los jóvenes que ingresan a universidades estatales (selectivas o no), transformando así un pretendido derecho social en privilegio de minorías.


Cuatro, debe empujar la mayor parte de la demanda hacia carreras técnicas y una educación a distancia (ofrecida por proveedores privados, incluso for profit ), segmentando así la demanda a favor de un número menor de universitarios.


Es hora de revisar a fondo este inconducente concepto de gratuidad.


Acuerdo energético: El lado B del consenso.


Los grandes consensos políticos, que permitieron reformas importantes en la década pasada en educación y previsión, se han ido espaciando en los últimos años. El más reciente, aunque de menor magnitud que los antes mencionados, se dio hace algunas semanas, cuando el Gobierno y un grupo de Parlamentarios anunciaron un acuerdo para sacar adelante dos proyectos de Ley eléctricos en trámite en el Congreso: el primero, sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (agilizando los tiempos para obtener las respectivas servidumbres) y el segundo, de fomento a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), conocido como 20/20 (ahora rebautizado como 20/25 al alargarse hasta el 2025 la exigencia de tener una matriz energética con el 20% de ERNC). El acuerdo alcanzado supone tramitar y concluir su discusión de manera conjunta.


Se busca de esta manera dar un necesario impulso a una alicaída agenda Legislativa eléctrica, que en los últimos años sólo ha podido mostrar aprobaciones en el net metering (que regula la inyección de energía de particulares al sistema) y en algunas normativas de leña. Grandes proyectos, como el de carretera eléctrica, se han dejado en segundo lugar por la dificultad política que conlleva su aprobación y tampoco se ve en el ámbito administrativo una real voluntad para concretar proyectos energéticos (recordemos que el Consejo de Ministros se ha demorado más de un año en reunirse para aprobar la primera fase de HidroAysén).


En un escenario de gran preocupación por el futuro cercano en materia de precios energéticos (en 2010, el precio de la energía ¡fue más alto en Chile que el promedio de la OECD! Y un reciente estudio de la Sofofa puso este factor en tercer lugar para explicar la paralización de más de US$55 mil millones en proyectos de inversión en Chile), es destacable que se busquen los consensos para avanzar. Sin embargo, la negociación implicó dar el pase a algunos puntos complejos en el proyecto de concesiones, por una parte, y por otra, potenciar una propuesta definitivamente inconveniente como es imponer una cuota de ERNC dando la espalda a las bases de un sistema energético fundado en la señal de precios que ha sido exitoso por décadas.


Permisos más rápidos. En simple, el proyecto de concesiones eléctricas (presentado por el actual Gobierno al Congreso en mayo de 2012, y que pasó a tercer trámite Constitucional en la Cámara) apunta a agilizar los permisos de concesiones para el paso de los trazados eléctricos y, a la vez, salvaguardar los derechos de los propietarios de los terrenos. Los plazos son hoy demasiado lentos: una concesión definitiva en teoría debía demorarse 120 días y en la práctica se demora 699. Hay líneas de transmisión que se están demorando casi 4 años en entrar en operación, el doble del tiempo total esperado. El proyecto busca poner plazos más cortos a las autoridades involucradas y simplificar trámites; se moderniza el sistema de notificaciones a los afectados (hoy hay resquicios de los afectados para no ser notificados y así dilatar el proceso), y se acelera la tasación de los terrenos e inmuebles. Quizás, lo más relevante es restringir el plazo de los reclamos y exigir que sólo se acepten aquellos relacionados con un listado de causas, no sobre cualquier tema relacionado como es en la actualidad.


Esto último se pone en peligro con algunos puntos del acuerdo al dejar una definición demasiado amplia -"los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte"-, abriendo una puerta que podría ir en contra del objetivo de la celeridad que busca el proyecto.


Además, en materia de áreas silvestres protegidas se acordó exigir que se dé cumplimiento a una serie de normas de diverso rango, incluyendo los tratados internacionales que Chile ha suscrito y estén vigentes en esta materia, lo que no contribuye a dar certeza para los inversionistas. Tampoco ayudará lo siguiente, incorporado tras el acuerdo: "En el caso que las obras de una concesión ya obtenida atraviesen tierras pertenecientes a comunidades indígenas, antes de comenzar su construcción se deberá acreditar haber realizado el procedimiento de la consulta contemplada en el artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo". La consulta indígena sólo debiera realizarse en la medida de lo aplicable, de la manera en que es pertinente a cualquier sector productivo, y considerando que es la primera vez que una Ley chilena la plasma, se abren inquietudes respecto a que no tenga una interpretación discriminatoria en contra del sector eléctrico.


El polémico 20/20, hoy 20/25. Esta moción Parlamentaria ha avanzado rápidamente en las últimas semanas. Tanto el proyecto original 20/20 como el 20/25 ahora propuesto han sido una aspiración de los sectores ecologistas y de la industria eléctrica dedicada a las energías renovables no convencionales. En palabras simples, fuerza la incorporación de proyectos de ERNC estableciendo una meta de participación, sin la debida atención a su condición de eficiencia y competitividad. En efecto, durante su tramitación no ha habido ningún esfuerzo serio por estimar los sobrecostos comprometidos en esta meta, que dicen relación tanto con la real factibilidad de desarrollar proyectos de ERNC competitivos, como con el costo que genera para el sistema la incorporación masiva de fuentes de generación que son estacionales e intermitentes (como la energía solar y eólica). Además, cabe destacar que ya han surgido en el mercado alternativas de financiamiento a energías renovables (como por ejemplo, fondos privados para estabilizar precios), lo que resulta en una solución mucho más eficiente para el desarrollo de las ERNC que obligar al Estado a licitar bloques para cumplir con cierta cuota de participación.


Así este acuerdo, si bien loable en su intención de lograr avances en materia energética en el Parlamento, cedió bastante en un proyecto de buena calidad, como era el de concesiones eléctricas, promoviendo, a su vez, una Legislación que pone en duda la factibilidad de bajar los costos energéticos, que es la gran preocupación en este momento. Cabe esperar que una vez aprobados estos proyectos se centre la atención en destrabar el desarrollo de planes de generación de base (lo que incluye termoeléctricas e hidroeléctricas, siendo estas últimas tan limpias y renovables como las ERNC), que es lo que el país necesita para no obstaculizar su proceso de crecimiento y progreso.


Derecho a la educación, bloqueado.


Inmediatamente después de las primarias, algunos colegios Municipales -entre ellos varios principales de las Comunas de Providencia y Santiago- fueron nuevamente tomados por sus alumnos, para insistir en las diversas demandas que los estudiantes resumen en educación gratuita, pública y de calidad. Estas movilizaciones suelen ser iniciadas por cúpulas estudiantiles minoritarias que, con una política de hechos consumados, han conseguido, tras sucesivas consultas, votaciones y asambleas consultivas, respaldos mayoritarios circunstanciales. La voz de aquellos estudiantes que rechazan o se han abstenido de apoyar la toma ha tenido escasa cabida. En diversas oportunidades, la opción de continuar con las clases no se plantea, pues se debe elegir entre continuar la toma o tener lo que se denomina "horarios protegidos".


Hasta ahora, los apoderados habían asumido poco protagonismo. Esto, afortunadamente, comienza a cambiar. A los intentos de algunos padres por reunir firmas en contra de la toma prolongada se ha sumado un grupo de apoderados que presentaron un recurso de protección para exigir que la Municipalidad de Providencia entregue el servicio educativo como sostenedor responsable de los colegios públicos de la Comuna, y han hecho presente su malestar por la situación que afecta a sus hijos. La Ley General de Educación establece la obligatoriedad de los sostenedores públicos de garantizar el acceso a la educación. No ha habido hasta ahora mayor pronunciamiento de los Tribunales, pero es esperable que lo haya, dada la repetición y prolongación de estas movilizaciones.


Preocupa la legitimidad que ciertas autoridades Edilicias intentan otorgarles a estas ocupaciones. Proveer de urnas para el voto secreto y contar con la presencia de adultos, profesores o veedores municipales, como ocurrió en un liceo de Providencia, no legitima la interrupción del quehacer académico y la privación del derecho a la educación de miles de alumnos.


Es paradójico que las demandas por mejor educación pública se traduzcan en largos paros y tomas con pérdidas millonarias en infraestructura, la interrupción de un año académico que ya se anuncia deberá prolongarse hasta enero, el entorpecimiento del acceso a beneficios alimentarios y el éxodo hacia instituciones privadas. Y es bochornoso el caso de las alumnas del Liceo Carmela Carvajal, que votaron para deponer la toma al comenzar las vacaciones de invierno, anunciando que a su término evaluarían continuar con la ocupación.


El real respeto de la institucionalidad y el rechazo resuelto a estas tomas violentas por parte de todos los actores políticos, y especialmente de los padres y profesores afectados, son esenciales para resguardar la educación pública. El respaldo de la ciudadanía al movimiento estudiantil se ha sustentado en la inclusión en la agenda pública de diversas debilidades que afectan al sistema educacional en su conjunto, lo que se ha traducido en propuestas, proyectos de Ley y reformas, muchas de ellas en actual debate Legislativo. Asimismo, la educación es tema prioritario en la campaña Presidencial. Sin embargo, la insistencia en las tomas como medio de presión seguramente debilitará ese apoyo, pues la intransigencia de grupos extremos daña a miles de alumnos de educación básica y media que no pueden ejercer su derecho a educarse.


Los Tribunales y la aplicación de la Ley antiterrorista.


El Tribunal oral que trató la acusación contra Hans Niemeyer, consistente en colocar, detonar y fabricar cuatro artefactos explosivos en distintos lugares y ocasiones, entre agosto y noviembre de 2011, resolvió declararlo culpable por sólo uno de los cargos. Además, desestimó la aplicación de la Ley de conductas terroristas, calificando los hechos sólo bajo los delitos de poseer bombas, previsto en la Ley de control de armas, y daños a la propiedad.


La resolución de los Jueces de no sancionar conforme a la Ley antiterrorista no puede sino causar preocupación. Son variados los casos en que en el último tiempo se ha desestimado condenar a los inculpados según esta norma en situaciones relacionadas con posesión o instalación de bombas en lugares públicos. Lo mismo ha ocurrido con ataques incendiarios en La Araucanía. Es decir, frente a un conjunto de sucesos que, por su contexto, sin lugar a dudas han buscado causar un clima de inseguridad y amedrentamiento en diversos sectores de la ciudadanía, no se ha considerado castigar conforme a dicha Ley. En la práctica, ésta queda sin efecto, porque no se divisa en qué casos podría ser aplicada, como no fuere en un cuadro de extendida violencia, que es lo que su existencia pretende prevenir.


Castigar ciertas conductas como terroristas es una decisión que adopta soberanamente la Ley y la tarea que compete a los Tribunales es aplicarla de acuerdo  al mérito del proceso. Según ésta, configura un delito terrorista, entre otros, colocar o detonar bombas o artefactos explosivos con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie. Aunque el fallo en extenso se conocerá recién el viernes próximo, en el veredicto que sintetiza el juicio del Tribunal respecto del hecho, en que la participación del inculpado se tuvo por plenamente acreditada, se estimó que no se configuró el delito terrorista dado que se trató de un artefacto de fabricación casera, de bajo poder destructivo, no siendo así la naturaleza del medio empleado o sus efectos aptos para provocar dicho temor.


Sostener que la detonación de artefactos explosivos de bajo poder colocados al azar no produce un efecto intimidatorio en la población parece una interpretación muy restrictiva de la Ley. El empleo de una bomba tiene por sí el efecto de atemorizar a individuos distintos de la víctima directa, cuando es claro que el propósito no era causar daño específico al banco que recibió el ataque y que el artefacto fue colocado en la proximidad de un cajero automático, punto al que accede el público en general a toda hora. Se concluiría así que el acusado colocaba bombas sin motivo, lo que no guarda sentido. Por otra parte, el tipo penal no exige que las bombas sean de alto poder -pudiendo ser, literalmente, de “cualquier tipo”-, como es requerido respecto de otros medios.


El propio Tribunal dejó constancia en el veredicto de la gravedad que los actos terroristas envuelven para la seguridad de la sociedad y las personas, como también para las instituciones democráticas. Los Jueces no pueden ser ajenos a esos valores y tienen que considerarlos al momento de dictar sentencia, porque al usar criterios excesivos, no previstos en la Ley, están dejando de aplicar una Legislación que persigue cautelarlos de un modo más eficaz frente a ataques que tienen gran capacidad de socavarlos.


Egipto en crisis.


El golpe de Estado ejecutado por el Ejército egipcio en contra del Gobierno islamista ha puesto al país en una coyuntura crítica y constituye un símbolo de los efectos que ha tenido el movimiento de la Primavera Arabe en el mundo musulmán.


Al derrocar al Presidente elegido en las urnas sobre la base de que éste dirigía al país hacia un proceso de islamización, y sin dar solución a problemas sociales y económicos urgentes, los militares han ratificado la condición de árbitros de la política egipcia que han ejercido desde hace décadas y que se hizo muy patente con la salida del Mandatario Hosni Mubarak en 2011. Pese a que el Ejército ha prometido llamar a nuevas elecciones, el rol que está desempeñando nada tiene que ver con el que debe tener esa institución en un ordenamiento democrático Constitucional, más aún si se sabe que se ha disuelto el Congreso y se ha arrestado a dirigentes clave de la Hermandad Musulmana.


Tal como sucedió en Argelia en 1993, la intervención del Ejército egipcio ha puesto fin al experimento democrático islamista en ese país. El hecho de que en muchos otros Estados árabes los sectores fundamentalistas hayan ganado elecciones y ocupen posiciones de poder abre la interrogante de si es posible que situaciones similares ocurran en naciones como Túnez o Libia.


Hasta ahora, los sectores islamistas egipcios han reaccionado sin violencia generalizada -aunque ha habido enfrentamientos que dejaron varios muertos-, pero dejando claro que no aceptan la remoción de su Gobierno, lo cual pone las cosas en curso de colisión. Las nuevas autoridades han señalado que esperan que la Hermandad Musulmana participe en la vida política del país, pese a que no se entiende cómo podría hacerlo si sus posibilidades de ejercer el poder por la vía institucional han sido coartadas.


Correspondencia para deliberar.


 Señor Director:


Cambio de nombre.


Los habitantes de Providencia ya pueden dormir tranquilos pues se acabó la delincuencia, las calles están completamente limpias de basuras, los estacionamientos dejaron de realizar cobros abusivos y se terminó la prostitución callejera. Todo eso gracias a que se cambió el nombre de la avenida 11 de Septiembre, un tema que tenía angustiados a los habitantes. Sólo falta que, para que todos en Santiago se vean felices, se cambie el nombre de calles y avenidas llamadas Salvador Allende y Gladys Marín, y para terminar totalmente con las cosas que nos dividen, como argumentó la Alcalde de Providencia, que se aprovechen las obras de remodelación de la Plaza de la Constitución para retirar la estatua de Salvador Allende.


Héctor Barahona.


Señor Director:


Colegios tomados.


En este país, para votar se necesita tener 18 años, entonces, ¿por qué los estudiantes tienen la facultad de decidir si un colegio puede o no funcionar?


José Luis Larenas.


Señor Director:


Inscripciones en el Partido Humanista.


Debo partir aclarando que nunca he comulgado con las ideas del Partido Humanista (PH) y que jamás firmé un formulario de inscripción en ese partido, ni nada parecido.


Sin embargo, según consta en el Servel, estoy inscrito en el PH desde el 15 de julio de 1999. Así lo acredita un documento que me fue enviado por ese organismo el 7 de junio de 2013, que incluye mi nombre y número de carnet de identidad, sin firma mía en ninguna parte. En la hoja solo aparece, a pie de página, una firma que el Servel identifica como del señor José Feres Nazarala, presidente de la Directiva Central del PH.


El señor Tomás Hirsch afirma en carta publicada ayer: "Hemos afiliado solo a quienes se interesan en participar en nuestro partido. Esas afiliaciones son con firma ante notario, en hojas que indican en forma destacada que se trata de una afiliación". Y para colmo, la secretaria general del partido, Michely Bravo, me escribe una e-carta fechada el 8 de junio de 2013 en la que dice: "Si la información te la entregó el Servel, ellos son los que tienen los datos y fechas de quién se afilió a nuestro partido y cuándo. Nosotros no tenemos esos antecedentes acá". Es decir, el PH no tiene documentos que respalden la identidad de sus afiliados.


Espero que con estos antecedentes a la vista, el señor Hirsch no crea que esto es parte de lo que él llama "odiosa campaña de descalificación al PH".


Creo que corresponde al PH asumir responsabilidades.


Rodrigo Díaz C.
 





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Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

Padre nuestro que estás.....

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A Nuestros Hombres de Armas y nuestros caídos

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