"Castración para el autor, aborto para
la niña"
por Joaquín García Huidobro.
Lo que más me impresiona en las imágenes de la
entrevista que le hizo la TV a Belén -la niña de 11 años que resultó embarazada
tras reiteradas violaciones de su padrastro- es su naturalidad. Ella juega con
su muñeca y habla de las mismas cosas de las que hablaría una niña de su edad
que no hubiera sufrido esa tragedia. Su abuela no se dio cuenta de lo que
estaba pasando a su nieta, la llevó al médico solo porque se quejaba por dolores
estomacales.
Una de las cosas terribles en los abusos a
menores es precisamente esa. La víctima no puede gritar, retorcerse o rasguñar
la cara del agresor. Ni siquiera puede deshacerse en lágrimas que le
proporcionen una mínima defensa psicológica. Todo queda guardado en ese lugar
misterioso que es el interior de un niño. Nadie puede asegurar, ni siquiera
ella, que bloqueará esos recuerdos, quizás por años. Hasta que afloren por vías
muy distintas y tengan consecuencias. Para entonces, décadas después, serán
inexplicables.
Las reacciones ante un hecho así son
comprensibles, ¿cómo es que Chile aún no tiene una legislación que permita
resolver esos problemas? "Castración para el autor, aborto inmediato para
la niña", dice la calle.
Quien, en este contexto, aparezca oponiéndose
al aborto será presentado a la opinión pública como un monstruo insensible,
como un personaje de caricatura que solo se interesa por sus sagrados
principios morales sin preocuparse para nada de que esa niña quede hundida en
la desgracia. Además, si es hombre, no tendrá siquiera derecho a abrir la boca,
porque el aborto es un tema sobre el que solo tienen opinión las que son
capaces de gestar.
Pienso, sin embargo, que las cosas no son como
parecen. Más allá de la buena intención de quienes proponen el aborto como
solución para Belén (e incluso le ofrecen pagar un pasaje a Uruguay, donde el
aborto es legal), el hecho es que el recurso al aborto constituye la manera más
directa de sacarse el problema de encima. La niña va al hospital, sale del hospital,
y aquí no ha pasado nada. Todos tan tranquilos.
Hoy discutimos y nos apasionamos por el tema.
Sufrimos por el hecho de que en nuestro querido país ocurran cosas semejantes.
Si en Chile hubiese aborto, ni siquiera sabríamos del tema. Para nosotros, Belén
ni siquiera tendría nombre.
Una violación es algo horroroso, casi
inimaginable, y no hay aborto en el mundo capaz de borrar esa herida. Más bien
se le agrega otra, aunque quien hable de las consecuencias psicológicas del
aborto se expone a sufrir todo tipo de bullying .
El caso de la guagua de Belén nos pone delante
de algunas preguntas fundamentales: ¿Existe algo en nuestras sociedades que sea
absolutamente inviolable? ¿Hay algún bien que debamos respetar de modo
incondicional? Y si ese bien no es la vida humana, entonces, ¿cuál podría ser?
Hay personas, sin embargo, que piensan que no
existe un bien semejante. Consideran que todos los bienes, incluido el derecho
a la vida, pueden ser sacrificados en virtud de un objetivo mayor. En este
caso, por ejemplo, piensan que el bien de la vida del niño o la niña que está
en gestación puede eliminarse a favor del bienestar de Belén. No les faltan
medios para defender su postura, incluido el transformar al no nacido en un
mero conjunto de células.
Además, tienen la ventaja de que ante casos
tan duros como este, resulta difícil y hasta indeseable razonar con frialdad.
Sin embargo, aunque entendamos su postura, lo
mínimo que podríamos pedirles es que la destrucción de esa vida humana se
sujete a ciertas condiciones elementales. Si le vamos a aplicar la pena de
muerte, la niña o el niño no nacido debería contar, al menos, con un abogado
que lo defienda, un tribunal que escuche sus razones para vivir, y una corte a
la que pueda apelar en caso de que el tribunal de primera instancia se
equivoque.
Nada de eso sucede en esta pena de muerte
singular que llamamos aborto. Corremos el riego de que el dramatismo del caso
de Belén nos ciegue hasta el punto de hacer cosas igualmente terribles.
Los contrarios a la pena de muerte, entre
muchos otros argumentos, señalan que es un disparate aceptar la pena capital
cuando los jueces pueden equivocarse y aplicarla a un inocente. La pena de
muerte es irreversible, y esa irreversibilidad es una razón para excluirla. No
veo por qué no podría valer lo mismo para el aborto.
Si ni siquiera a un padrastro violador estamos
dispuestos a quitarle la vida, entonces no se la quitemos al hijo o la hija de
Belén.
Y ahora ¿quién podrá defendernos?
por
Gerardo Varela Alfonso.
Leyendo en la prensa y viendo por la
tele el vendaval de malas ideas y de políticas públicas irresponsables que se
escuchan -las que van a coincidir, lamentablemente, con un período de
contracción económica mundial y chilena-, no pude dejar de pensar en el
Chapulín Colorado y su famosa frase, que titula esta columna.
Terminada la Primera Guerra Mundial y
destronado que fue el Emperador austrohúngaro, asumió un Gobierno socialista en
Austria claramente partidario de una mayor intervención del Estado en la
economía. Sin embargo, ese Gobierno le pidió a Joseph Schumpeter, liberal y uno
de los padres de la economía moderna, que asumiera el cargo de Ministro de
Economía. Enrostrado que le fue su aceptación en ese cargo tan contradictorio
con su forma de pensar, él señaló que si uno ve a una persona a punto de
suicidarse, lo mejor es que haya un médico cerca.
Frente al programa del tipo suicidio
político, institucional y económico que se anuncia, la pregunta obvia que nos
surge es ¿Quién va a ser el doctor que asista a Chile en su delirio suicida?
Nos están tratando de convencer de
que la felicidad y prosperidad de Chile depende de 3 caminos. Una reforma Constitucional,
otra reforma tributaria y una reforma educacional. Las propuestas suponen que
es mejor tener gasto público que ahorro privado (FUT); es mejor potenciar la
educación Estatal que la libertad de elección de los padres, y que es mejor
tener una Constitución que les dé más poder a los políticos que a los
ciudadanos.
Nos enfrentamos a un escenario que no
sé cómo no se nos había ocurrido antes. El camino al progreso está pavimentado
de gratuidad en bienes escasos, derechos sin deberes, impuestos más altos, menos
ahorro privado, Estado rico y ciudadanos pobres y una Constitución menos rígida
que se pueda modificar acorde con el cambio de la temperatura social y
política. La historia mundial y chilena enseñan que esto es una receta para el
desastre político y económico.
Chile va corriendo detrás de la
curva. Quiere ir al Estado de Bienestar del cual países ricos tienen que
arrancar porque no pueden financiarlo. El progreso de Chile no se ha producido
a pesar del "Modelo", sino que gracias a él. Parte esencial del
Modelo es la Constitución Política, que es un antídoto que evita que los
ratones sigan al flautista hasta suicidarse ahogados. Para aquellos que no la
han leído, es bueno que sepan que la tan vapuleada Constitución tiene una
columna vertebral que debe ser cuidada, porque recoge la experiencia histórica
de muchas heridas políticas e institucionales autoinfligidas.
La Constitución consagra un régimen Presidencial
fuerte, con una potestad reglamentaria fortalecida que limita las materias de Ley
a aquellas materias más relevantes para la institucionalidad política y
económica. Reconoce un catálogo de derechos individuales básicos, desde la
libertad de educación y culto que tanto molesta al comunismo, hasta la igualdad
ante la Ley, el derecho de propiedad y de libertad de iniciativa económica.
Establece la separación de poderes y la independencia del Banco Central y
consagra la iniciativa Legislativa exclusiva del Poder Ejecutivo en materia de
gastos. Además, limita la actividad económica del Estado, porque es un
competidor desleal que no puede quebrar, es ineficiente e irresponsable como
administrador, y su crecimiento es a costa de la libertad de los privados.
Finalmente, establece que su columna vertebral no puede ser modificada por
simples mayorías, sino que requiere quórums más exigentes que van desde la
mayoría absoluta hasta los 3/4 de ambas cámaras en las materias más
importantes. Esto no la hace tramposa, porque entonces todas las Constituciones
del mundo lo serían, sino que la hace una Norma Fundamental para la estabilidad
de un régimen democrático.
Un sino de nuestra historia es que
las crisis institucionales de Chile se suceden cada 40 años (1810, 1851, 1891,
1925 y 1973...¿2013?). Confiemos en que la doctora honre a Schumpeter y tenga
la inteligencia y fortaleza para sortear nuestra cita con la historia.
La vía de la intolerancia,
por Axel Buchheister.
La Alcalde de Providencia logró su objetivo de sustituir el nombre de la avenida 11 de Septiembre, después de más de 30 años de ser conocida bajo esa denominación. Una iniciativa que provocará innumerables problemas prácticos, pero que no son insuperables, en la medida en que con el tiempo el nuevo nombre se vaya asentando. Salvo, por cierto, que un nuevo alcalde decida cambiárselo por otro o dar vuelta atrás, lo que no se puede descartar.
¿Qué justifica que la Alcalde gaste energía en eso cuando hay otros problemas más
acuciantes, como las tomas de varios colegios de la Comuna? Se argumenta que es
un nombre que divide; políticamente, se entiende. Eso es un pretexto, porque
desde 1990 hay múltiples calles y plazas que han pasado a denominarse Salvador
Allende o Gladys Marín. ¿Que acaso esto no divide? Por cierto que sí, pero hay
un detalle: pocos se atreven a decirlo, por el riesgo de ser “funados” de las
más variadas formas.
Lo que ha sucedido en realidad es que se ha usado una vía pública para instalar
la intolerancia respecto de lo que piensan y sienten sectores adeptos a la
centroderecha, que no son pocos y probablemente son mayoría en esa Comuna, más
allá de los resultados en las recientes elecciones Municipales. Por lo mismo,
era importante hacerlo: hay que erradicar todo vestigio de una visión distinta,
sobre todo donde es más factible que perdure, y cambiar la verdad histórica,
que no es otra que en los tres años del Gobierno de la Unidad Popular el país
se sumió en una profunda crisis que amenazaba con destruir la economía del país
y acabar con la libertad y la tolerancia. Por ello, el evento que evoca la
avenida, que puso fin a esos aciagos días, es muy significativo para muchos
ciudadanos, que tienen igual derecho que la izquierda a la conmemoración con el
nombre de calles y plazas.
Que han sido exitosos en su objetivo y cada día hay menos dispuestos a defender
sus ideas se refleja en la actitud de los Concejales de la centroderecha, que
prefirieron no asistir en vez de presentarse y dar razones, como corresponde en
la institucionalidad que los rige. Dijeron que la solución era consultar a los
vecinos, lo cual fue la promesa de participación con que llegó la Alcalde al
cargo y que, sin duda, aquí no cumplió. Pero la verdad es que los países y Comunas
no pueden administrarse a punta de asambleísmos, y para eso se escogen Concejales:
representar a los vecinos e intermediar sus peticiones y visiones, de modo que
haya Gobernabilidad. No dar quórum es desconocer el propósito con que los Concejales
son elegidos y una forma de negar la participación a los representados, pero
sobre todo eludir las cuestiones espinudas. Cabe destacar la actitud del Concejal
Manuel José Monckeberg, que asistió, dio sus razones y votó. Los demás no
cumplieron su deber y no se metieron en problemas; nunca conocimos su opinión
sobre el tema.
Para los que dicen que no importa, que es el nombre de una calle no más y que
lo que se ha vivido en torno a ella en estos días demuestra que sí divide, cabe
recordarles las palabras de Winston Churchill: “Un apaciguador es alguien que
alimenta a un cocodrilo con la esperanza de que será el último en ser comido
por él”.
¿Gratuidad: qué novedad?
por
José Joaquín Brunner.
¿Qué de nuevo tienen los
planteamientos sobre gratuidad de la educación superior formulados en nuestro
debate político y académico?
Primero, surgen paradójicamente
cuando alrededor del mundo se difunden esquemas de costos compartidos entre el
Estado, los estudiantes y sus familias. En efecto, la tendencia hacia el cobro
de aranceles es clara y contundente: de Australia a Vietnam, de Pakistán a
China, de Corea a Gran Bretaña, de Armenia a Nigeria y los Países Bajos. En
todas partes la razón de este fenómeno global es la misma: las limitaciones de
la caja fiscal.
Segundo, en paralelo, los estados
promueven la educación superior privada, financiada directamente por quienes se
benefician de ella. De hecho, puede decirse que en Asia y América Latina el
explosivo crecimiento de la matrícula ha sido privatizado por los gobiernos.
Tercero, al contrario, los
proponentes de la gratuidad van a contracorriente. Exigen que el Estado asuma
el costo total de esta enorme empresa educativa; en Chile, más de un millón de
estudiantes, cien mil docentes y cuatro mil millones de dólares pagados
anualmente por concepto de aranceles. En breve, la gratuidad no es gratuita:
impone al Estado un cuantioso desembolso. Y no solo eso. Una parte -estimada en
mil millones de dólares- necesitaría destinarse cada año para comprar la mejor
educación superior disponible en el mercado a fin de proveerla a los
estudiantes provenientes del 20% más rico de la sociedad.
Apelando a San Mateo: a quienes
poseen capital cultural y social en abundancia, más les será dado, y a los que
poseen poco, incluso ese poco les será disminuido.
Cuarto, la idea de aumentar vía
gratuidad el subsidio a la educación superior es particularmente chocante en un
país donde la educación escolar está subfinanciada y la educación temprana
recién comienza a instalarse y expandirse. Desde ya en Chile el gasto por
alumno terciario es incomparablemente más alto que el gasto por estudiante de
la educación primaria y secundaria. Aumentar esta brecha añadiría obstinación a
la injusticia.
Quinto, ¿cuál es entonces el modelo
de gratuidad que se busca implementar en Chile? Implícito en los planteamientos
locales de gratuidad se halla el modelo latinoamericano de educación
universitaria pública y gratuita, donde las élites se forman a costa de la
precaria renta nacional, mientras la mayoría no accede a la educación terciaria
o bien la abandona antes de concluir sus estudios o, en el mejor de los casos,
debe adquirirla en instituciones privadas (algunas de dudosa seriedad).
Sexto, sin embargo el rendimiento del
sistema chileno es superior en varios aspectos clave al del modelo que se
quisiera adoptar: la participación en la educación terciaria es casi 20 puntos
porcentuales más alta; también lo es la participación de los hijos del quintil
de menores ingresos; asimismo la tasa de graduación de jóvenes de menores
recursos es mejor en Chile a la del promedio de la región. Igual ocurre con la
proporción de personas con educación superior completa en la fuerza de trabajo
de 25 a 34 años de edad. En breve: queremos imitar un modelo cuyo desempeño es
inferior al nuestro.
Séptimo, por último, la gratuidad
llamada universal nos conduciría hacia cuatro escenarios negativos. Uno, igual
como sucede en otros países, el gasto por estudiante cae, pues el Estado no
logra financiar adecuadamente un volumen de actividades en continuo aumento;
por consiguiente, la calidad de las instituciones decae.
Dos, el Estado se ve forzado a
abandonar la gratuidad para todos y opta por subsidiar al segmento de alumnos
más favorecidos por su origen sociocultural.
Tres, debe reservar la gratuidad
únicamente para los jóvenes que ingresan a universidades estatales (selectivas
o no), transformando así un pretendido derecho social en privilegio de
minorías.
Cuatro, debe empujar la mayor parte
de la demanda hacia carreras técnicas y una educación a distancia (ofrecida por
proveedores privados, incluso for profit ), segmentando así la demanda a favor
de un número menor de universitarios.
Es hora de revisar a fondo este
inconducente concepto de gratuidad.
Acuerdo energético: El lado B del consenso.
Los grandes consensos políticos, que
permitieron reformas importantes en la década pasada en educación y previsión,
se han ido espaciando en los últimos años. El más reciente, aunque de menor
magnitud que los antes mencionados, se dio hace algunas semanas, cuando el
Gobierno y un grupo de Parlamentarios anunciaron un acuerdo para sacar adelante
dos proyectos de Ley eléctricos en trámite en el Congreso: el primero, sobre
procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (agilizando los tiempos para
obtener las respectivas servidumbres) y el segundo, de fomento a las Energías
Renovables No Convencionales (ERNC), conocido como 20/20 (ahora rebautizado
como 20/25 al alargarse hasta el 2025 la exigencia de tener una matriz
energética con el 20% de ERNC). El acuerdo alcanzado supone tramitar y concluir
su discusión de manera conjunta.
Se busca de esta manera dar un
necesario impulso a una alicaída agenda Legislativa eléctrica, que en los
últimos años sólo ha podido mostrar aprobaciones en el net metering (que regula
la inyección de energía de particulares al sistema) y en algunas normativas de
leña. Grandes proyectos, como el de carretera eléctrica, se han dejado en segundo
lugar por la dificultad política que conlleva su aprobación y tampoco se ve en
el ámbito administrativo una real voluntad para concretar proyectos energéticos
(recordemos que el Consejo de Ministros se ha demorado más de un año en
reunirse para aprobar la primera fase de HidroAysén).
En un escenario de gran preocupación
por el futuro cercano en materia de precios energéticos (en 2010, el precio de
la energía ¡fue más alto en Chile que el promedio de la OECD! Y un reciente
estudio de la Sofofa puso este factor en tercer lugar para explicar la
paralización de más de US$55 mil millones en proyectos de inversión en Chile),
es destacable que se busquen los consensos para avanzar. Sin embargo, la
negociación implicó dar el pase a algunos puntos complejos en el proyecto de
concesiones, por una parte, y por otra, potenciar una propuesta definitivamente
inconveniente como es imponer una cuota de ERNC dando la espalda a las bases de
un sistema energético fundado en la señal de precios que ha sido exitoso por
décadas.
Permisos más rápidos. En simple, el
proyecto de concesiones eléctricas (presentado por el actual Gobierno al
Congreso en mayo de 2012, y que pasó a tercer trámite Constitucional en la
Cámara) apunta a agilizar los permisos de concesiones para el paso de los
trazados eléctricos y, a la vez, salvaguardar los derechos de los propietarios
de los terrenos. Los plazos son hoy demasiado lentos: una concesión definitiva
en teoría debía demorarse 120 días y en la práctica se demora 699. Hay líneas de
transmisión que se están demorando casi 4 años en entrar en operación, el doble
del tiempo total esperado. El proyecto busca poner plazos más cortos a las
autoridades involucradas y simplificar trámites; se moderniza el sistema de
notificaciones a los afectados (hoy hay resquicios de los afectados para no ser
notificados y así dilatar el proceso), y se acelera la tasación de los terrenos
e inmuebles. Quizás, lo más relevante es restringir el plazo de los reclamos y
exigir que sólo se acepten aquellos relacionados con un listado de causas, no
sobre cualquier tema relacionado como es en la actualidad.
Esto último se pone en peligro con
algunos puntos del acuerdo al dejar una definición demasiado amplia -"los
que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar
afectados por la decisión que en el mismo se adopte"-, abriendo una puerta
que podría ir en contra del objetivo de la celeridad que busca el proyecto.
Además, en materia de áreas
silvestres protegidas se acordó exigir que se dé cumplimiento a una serie de
normas de diverso rango, incluyendo los tratados internacionales que Chile ha
suscrito y estén vigentes en esta materia, lo que no contribuye a dar certeza
para los inversionistas. Tampoco ayudará lo siguiente, incorporado tras el
acuerdo: "En el caso que las obras de una concesión ya obtenida atraviesen
tierras pertenecientes a comunidades indígenas, antes de comenzar su
construcción se deberá acreditar haber realizado el procedimiento de la
consulta contemplada en el artículo 6° del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo". La consulta indígena sólo debiera realizarse
en la medida de lo aplicable, de la manera en que es pertinente a cualquier
sector productivo, y considerando que es la primera vez que una Ley chilena la
plasma, se abren inquietudes respecto a que no tenga una interpretación
discriminatoria en contra del sector eléctrico.
El polémico 20/20, hoy 20/25. Esta moción Parlamentaria
ha avanzado rápidamente en las últimas semanas. Tanto el proyecto original
20/20 como el 20/25 ahora propuesto han sido una aspiración de los sectores
ecologistas y de la industria eléctrica dedicada a las energías renovables no
convencionales. En palabras simples, fuerza la incorporación de proyectos de
ERNC estableciendo una meta de participación, sin la debida atención a su
condición de eficiencia y competitividad. En efecto, durante su tramitación no
ha habido ningún esfuerzo serio por estimar los sobrecostos comprometidos en
esta meta, que dicen relación tanto con la real factibilidad de desarrollar
proyectos de ERNC competitivos, como con el costo que genera para el sistema la
incorporación masiva de fuentes de generación que son estacionales e
intermitentes (como la energía solar y eólica). Además, cabe destacar que ya
han surgido en el mercado alternativas de financiamiento a energías renovables
(como por ejemplo, fondos privados para estabilizar precios), lo que resulta en
una solución mucho más eficiente para el desarrollo de las ERNC que obligar al
Estado a licitar bloques para cumplir con cierta cuota de participación.
Así este acuerdo, si bien loable en
su intención de lograr avances en materia energética en el Parlamento, cedió
bastante en un proyecto de buena calidad, como era el de concesiones eléctricas,
promoviendo, a su vez, una Legislación que pone en duda la factibilidad de
bajar los costos energéticos, que es la gran preocupación en este momento. Cabe
esperar que una vez aprobados estos proyectos se centre la atención en
destrabar el desarrollo de planes de generación de base (lo que incluye
termoeléctricas e hidroeléctricas, siendo estas últimas tan limpias y
renovables como las ERNC), que es lo que el país necesita para no obstaculizar
su proceso de crecimiento y progreso.
Derecho a la educación, bloqueado.
Inmediatamente después de las
primarias, algunos colegios Municipales -entre ellos varios principales de las Comunas
de Providencia y Santiago- fueron nuevamente tomados por sus alumnos, para
insistir en las diversas demandas que los estudiantes resumen en educación
gratuita, pública y de calidad. Estas movilizaciones suelen ser iniciadas por
cúpulas estudiantiles minoritarias que, con una política de hechos consumados,
han conseguido, tras sucesivas consultas, votaciones y asambleas consultivas,
respaldos mayoritarios circunstanciales. La voz de aquellos estudiantes que
rechazan o se han abstenido de apoyar la toma ha tenido escasa cabida. En
diversas oportunidades, la opción de continuar con las clases no se plantea,
pues se debe elegir entre continuar la toma o tener lo que se denomina
"horarios protegidos".
Hasta ahora, los apoderados habían
asumido poco protagonismo. Esto, afortunadamente, comienza a cambiar. A los
intentos de algunos padres por reunir firmas en contra de la toma prolongada se
ha sumado un grupo de apoderados que presentaron un recurso de protección para
exigir que la Municipalidad de Providencia entregue el servicio educativo como
sostenedor responsable de los colegios públicos de la Comuna, y han hecho presente
su malestar por la situación que afecta a sus hijos. La Ley General de
Educación establece la obligatoriedad de los sostenedores públicos de
garantizar el acceso a la educación. No ha habido hasta ahora mayor
pronunciamiento de los Tribunales, pero es esperable que lo haya, dada la
repetición y prolongación de estas movilizaciones.
Preocupa la legitimidad que ciertas
autoridades Edilicias intentan otorgarles a estas ocupaciones. Proveer de urnas
para el voto secreto y contar con la presencia de adultos, profesores o
veedores municipales, como ocurrió en un liceo de Providencia, no legitima la
interrupción del quehacer académico y la privación del derecho a la educación
de miles de alumnos.
Es paradójico que las demandas por
mejor educación pública se traduzcan en largos paros y tomas con pérdidas
millonarias en infraestructura, la interrupción de un año académico que ya se
anuncia deberá prolongarse hasta enero, el entorpecimiento del acceso a
beneficios alimentarios y el éxodo hacia instituciones privadas. Y es
bochornoso el caso de las alumnas del Liceo Carmela Carvajal, que votaron para
deponer la toma al comenzar las vacaciones de invierno, anunciando que a su
término evaluarían continuar con la ocupación.
El real respeto de la
institucionalidad y el rechazo resuelto a estas tomas violentas por parte de
todos los actores políticos, y especialmente de los padres y profesores
afectados, son esenciales para resguardar la educación pública. El respaldo de
la ciudadanía al movimiento estudiantil se ha sustentado en la inclusión en la
agenda pública de diversas debilidades que afectan al sistema educacional en su
conjunto, lo que se ha traducido en propuestas, proyectos de Ley y reformas,
muchas de ellas en actual debate Legislativo. Asimismo, la educación es tema
prioritario en la campaña Presidencial. Sin embargo, la insistencia en las
tomas como medio de presión seguramente debilitará ese apoyo, pues la
intransigencia de grupos extremos daña a miles de alumnos de educación básica y
media que no pueden ejercer su derecho a educarse.
Los Tribunales y la aplicación de la Ley antiterrorista.
El Tribunal oral que trató la
acusación contra Hans Niemeyer, consistente en colocar, detonar y fabricar
cuatro artefactos explosivos en distintos lugares y ocasiones, entre agosto y
noviembre de 2011, resolvió declararlo culpable por sólo uno de los cargos.
Además, desestimó la aplicación de la Ley de conductas terroristas, calificando
los hechos sólo bajo los delitos de poseer bombas, previsto en la Ley de
control de armas, y daños a la propiedad.
La resolución de los Jueces de no
sancionar conforme a la Ley antiterrorista no puede sino causar preocupación.
Son variados los casos en que en el último tiempo se ha desestimado condenar a
los inculpados según esta norma en situaciones relacionadas con posesión o
instalación de bombas en lugares públicos. Lo mismo ha ocurrido con ataques
incendiarios en La Araucanía. Es decir, frente a un conjunto de sucesos que,
por su contexto, sin lugar a dudas han buscado causar un clima de inseguridad y
amedrentamiento en diversos sectores de la ciudadanía, no se ha considerado
castigar conforme a dicha Ley. En la práctica, ésta queda sin efecto, porque no
se divisa en qué casos podría ser aplicada, como no fuere en un cuadro de
extendida violencia, que es lo que su existencia pretende prevenir.
Castigar ciertas conductas como
terroristas es una decisión que adopta soberanamente la Ley y la tarea que
compete a los Tribunales es aplicarla de acuerdo al mérito del proceso. Según ésta, configura
un delito terrorista, entre otros, colocar o detonar bombas o artefactos
explosivos con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella
el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie. Aunque el
fallo en extenso se conocerá recién el viernes próximo, en el veredicto que
sintetiza el juicio del Tribunal respecto del hecho, en que la participación
del inculpado se tuvo por plenamente acreditada, se estimó que no se configuró
el delito terrorista dado que se trató de un artefacto de fabricación casera,
de bajo poder destructivo, no siendo así la naturaleza del medio empleado o sus
efectos aptos para provocar dicho temor.
Sostener que la detonación de
artefactos explosivos de bajo poder colocados al azar no produce un efecto
intimidatorio en la población parece una interpretación muy restrictiva de la Ley.
El empleo de una bomba tiene por sí el efecto de atemorizar a individuos
distintos de la víctima directa, cuando es claro que el propósito no era causar
daño específico al banco que recibió el ataque y que el artefacto fue colocado
en la proximidad de un cajero automático, punto al que accede el público en
general a toda hora. Se concluiría así que el acusado colocaba bombas sin
motivo, lo que no guarda sentido. Por otra parte, el tipo penal no exige que
las bombas sean de alto poder -pudiendo ser, literalmente, de “cualquier
tipo”-, como es requerido respecto de otros medios.
El propio Tribunal dejó constancia en
el veredicto de la gravedad que los actos terroristas envuelven para la
seguridad de la sociedad y las personas, como también para las instituciones
democráticas. Los Jueces no pueden ser ajenos a esos valores y tienen que
considerarlos al momento de dictar sentencia, porque al usar criterios
excesivos, no previstos en la Ley, están dejando de aplicar una Legislación que
persigue cautelarlos de un modo más eficaz frente a ataques que tienen gran
capacidad de socavarlos.
Egipto en crisis.
El golpe de Estado ejecutado por el Ejército
egipcio en contra del Gobierno islamista ha puesto al país en una coyuntura
crítica y constituye un símbolo de los efectos que ha tenido el movimiento de
la Primavera Arabe en el mundo musulmán.
Al derrocar al Presidente elegido en
las urnas sobre la base de que éste dirigía al país hacia un proceso de
islamización, y sin dar solución a problemas sociales y económicos urgentes,
los militares han ratificado la condición de árbitros de la política egipcia
que han ejercido desde hace décadas y que se hizo muy patente con la salida del
Mandatario Hosni Mubarak en 2011. Pese a que el Ejército ha prometido llamar a
nuevas elecciones, el rol que está desempeñando nada tiene que ver con el que
debe tener esa institución en un ordenamiento democrático Constitucional, más
aún si se sabe que se ha disuelto el Congreso y se ha arrestado a dirigentes
clave de la Hermandad Musulmana.
Tal como sucedió en Argelia en 1993,
la intervención del Ejército egipcio ha puesto fin al experimento democrático
islamista en ese país. El hecho de que en muchos otros Estados árabes los
sectores fundamentalistas hayan ganado elecciones y ocupen posiciones de poder
abre la interrogante de si es posible que situaciones similares ocurran en
naciones como Túnez o Libia.
Hasta ahora, los sectores islamistas
egipcios han reaccionado sin violencia generalizada -aunque ha habido
enfrentamientos que dejaron varios muertos-, pero dejando claro que no aceptan
la remoción de su Gobierno, lo cual pone las cosas en curso de colisión. Las
nuevas autoridades han señalado que esperan que la Hermandad Musulmana
participe en la vida política del país, pese a que no se entiende cómo podría
hacerlo si sus posibilidades de ejercer el poder por la vía institucional han
sido coartadas.
Correspondencia para deliberar.
Señor Director:
Cambio de nombre.
Los habitantes de Providencia ya
pueden dormir tranquilos pues se acabó la delincuencia, las calles están
completamente limpias de basuras, los estacionamientos dejaron de realizar
cobros abusivos y se terminó la prostitución callejera. Todo eso gracias a que
se cambió el nombre de la avenida 11 de Septiembre, un tema que tenía
angustiados a los habitantes. Sólo falta que, para que todos en Santiago se
vean felices, se cambie el nombre de calles y avenidas llamadas Salvador
Allende y Gladys Marín, y para terminar totalmente con las cosas que nos
dividen, como argumentó la Alcalde de Providencia, que se aprovechen las obras
de remodelación de la Plaza de la Constitución para retirar la estatua de
Salvador Allende.
Héctor Barahona.
Señor Director:
Colegios tomados.
En este país, para votar se necesita
tener 18 años, entonces, ¿por qué los estudiantes tienen la facultad de decidir
si un colegio puede o no funcionar?
José Luis Larenas.
Señor Director:
Inscripciones en el Partido Humanista.
Debo partir aclarando que nunca he
comulgado con las ideas del Partido Humanista (PH) y que jamás firmé un
formulario de inscripción en ese partido, ni nada parecido.
Sin embargo, según consta en el
Servel, estoy inscrito en el PH desde el 15 de julio de 1999. Así lo acredita
un documento que me fue enviado por ese organismo el 7 de junio de 2013, que
incluye mi nombre y número de carnet de identidad, sin firma mía en ninguna
parte. En la hoja solo aparece, a pie de página, una firma que el Servel identifica
como del señor José Feres Nazarala, presidente de la Directiva Central del PH.
El señor Tomás Hirsch afirma en carta
publicada ayer: "Hemos afiliado solo a quienes se interesan en participar
en nuestro partido. Esas afiliaciones son con firma ante notario, en hojas que
indican en forma destacada que se trata de una afiliación". Y para colmo,
la secretaria general del partido, Michely Bravo, me escribe una e-carta
fechada el 8 de junio de 2013 en la que dice: "Si la información te la
entregó el Servel, ellos son los que tienen los datos y fechas de quién se
afilió a nuestro partido y cuándo. Nosotros no tenemos esos antecedentes
acá". Es decir, el PH no tiene documentos que respalden la identidad de
sus afiliados.
Espero que con estos antecedentes a la
vista, el señor Hirsch no crea que esto es parte de lo que él llama
"odiosa campaña de descalificación al PH".
Creo que corresponde al PH asumir
responsabilidades.
Rodrigo Díaz C.